“La moción de censura ha caducado. No podemos pasarnos toda la legislatura a expensas de declaraciones como que la moción de censura está más cerca que nunca o que estará encima de la mesa durante toda la legislatura. No, por el PP, no”. De este modo Víctor Soler, presidente del PP de Gandia, anunciaba que su formación descarta presentar una moción de censura contra la alcaldesa Diana Morant (PSPV), moción para la cual necesitaría el voto del único concejal de Ciudadanos.

Precisamente sobre esta formación ha sido sobre quien ha cargado las tintas el PP, acusando  la “franquicia de Albert Ribera” de entregar el gobierno “a una lista de perdedores”. Pero el discurso se endureció al acusar al concejal naranja de “chantajear” tanto al PP como al PSPV.

Víctor Soler asegura que la decisión de no presentar ninguna moción de censura es “meditada y reflexionada”, y que ha sido discutida hasta en dos ejecutivas (el Comité Ejecutivo Local el 6 de febrero, y ratificado el lunes día 20). Así el anuncio “no es fruto de ningún calentón, ni de las últimas noticias acaecidas entorno a Ciudadanos”.

El PP se refiere en en este apartado al conocimiento de unas grabaciones a un dirigente de Ciudadanos que “podrían ser constitutivas de diversos tipos penales”. En estas grabaciones supuestamente un miembro de Cs parece afirmar que solo apoyarán los presupuestos municipales de 2017 si el actual gobierno local permite la ampliación del campo de golf, que se encuentra al lado de suelo calificado como agrícola. No obstante los populares también han afirmado que no van a denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ante esta situación Víctor Soler ha solicitado a la alcaldesa Diana Morant (PSPV) y la teniente de alcalde Lorena Milvaques (Compromís), que “no accedan a las pretensiones de Ciudadanos”, que “ahora tienen la oportunidad de gobernar y ya rendiremos cuentas en las próximas Elecciones Locales de 2019”. Será entonces “cuando Ciudadanos deba rendir cuentas ante sus votantes y explicar porque participó de un gobierno de socialistas, nacionalistas y catalanistas independentistas”.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que no es casual que precisamente hoy haya comparecido en rueda de prensa el PP de Gandia para “descartar” una moción de censura, tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial de Valencia en la que se estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Gandia y el Ministerio Fiscal y se rechazaba el sobreseimiento de la causa del denominado Caso Tele 7.

“Nadie quiere estar con el PP”

La contestacion a este anuncia ha salido desde el PSPV, así su portavoz José Manuel Prieto, ha señalado que el PP no presentará ninguna moción de censura ironizando con preguntas retóricas: “¿Cómo querrá alguien gobernar con ellos después de todo el que se está sabiendo? ¿Quien querría estar a su lado con todas las sospechas de dónde fueron a parar millones de euros del dinero público?”.

Prieto advierte al PP de Gandia que tiene dos problemas graves: “El primero de ellos es que el PP no ha asumido la responsabilidad de sus actos ni ha dado las explicaciones pertinentes a la ciudadanía y el segundo problema es de credibilidad, puesto que es imposible saber a ciencia cierta si el PP está dirigido por Torró desde las redes sociales o es el señor Soler quien manda, escondido desde hace tres meses para no dar explicaciones sobre su presunta relación con la trama Púnica”.

Pese al intento de importar de la trama 'Púnica' de Madrid el mecanismo para 'pescar' contratos en la construcción de colegios privados, la mayoría de los contratos obtenidos por la red en la Comunidad Valenciana fue por el posicionamiento en internet. El Ayuntamiento de Gandía bajo la alcaldía del 'popular' Arturo Torró y el propio PP de la capital de La Safor fueron clientes del presunto conseguidor de la 'Púnica', Alejandro de Pedro.

En la declaración de Torró ante el juez Eloy Velasco, instructor de la causa, el exalcalde de Gandia señala al actual diputado autonómico y concejal en la corporación local, Víctor Soler, como negociador de los pagos que adeudaba al presunto 'conseguidor' por trabajos durante las municipales de 2011. “Le quedaban 6.000 o 7.000 euros [en referencia a De Pedro] de la campaña anterior y ahora tenía que preparar la siguiente. Y me dijo Víctor [Soler]: ”Oye este reclama...“. Y yo le dije: ”Pues soluciónalo y págale“, expresa el exalcalde imputado en la causa en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es.

“Alejandro de Pedro, una de las veces que me llamó, aunque esto fue mucho antes, me dijo: 'Oye aquí...'. Y yo le dije: 'Estate tranquilo hombre, que vamos a volver a trabajar”, afirma Torró, que después precisa: “A partir de ahí, yo me desentendí”. Posteriormente, y pese a que indica que habla “por suposiciones”, el exprimer edil afirma que para pagar esa deuda con De Pedro “Víctor [Soler] se busca la vida, ya sea vía cuotas, vía tal o vía lo que sea”. Frente a la insistencia del juez, Torró explica que “Soler le dijo a Dionisio [Ollero, vicesecretario de organización del PP de Gandia] que buscara para pagar a este. Nosotros ingresamos vía cuotas, o algún donativo. Estábamos pelaos”.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Gomuñoz, una empresa que facturó 1,2 millones de euros del Ayuntamiento, de la empresa pública IPG y que, según Interviú, se llevó la mayor contrata de la ciudad a través de una subcontratación, abonó la deuda que tenía con la mercantil de la trama. Y que a tenor de las llamadas interceptadas por el instituto armado, Soler y Ollero fueron los encargados de hacer de intermediarios para que el pago de la deuda se llevara a cabo. Frente a la pregunta del juez a Torró sobre si Ollero recurrió a la empresa Gomuñoz, éste responde: “Igual Dionosio por buena voluntad fue a buscar a alguien para pagar la deuda y poder hacer la web del partido”.

Torró tampoco aclara -pese a reconocer que “no se hizo contrato”- por qué la Agencia Tributaria tiene pruebas de la facturación de Eico y Madiva -empresa de De Pedro- y no hay expediente alguno de esas contrataciones en el consistorio. El exalcalde, frente a la pregunta del magistrado de por qué contrata con Gomuñoz por cerca de 500.000 euros, y reconoce una deuda de 785.000, de los que 200.000 carecen de concepto y documento contractual que lo justifique, responde lacónicamente: “Lo desconozco”.

Ollero también apunta a Soler

Según la declaración del 'número cuatro' del PP de Gandia a la que también ha tenido acceso eldiario.es, Ollero apunta a Soler como el impulsor para que la deuda con el 'conseguidor' valenciano de la 'Púnica' la abonara una empresa. “Un día me dijo el secretario general [en referencia a Soler]: 'Oye, ha llamado este señor [De Pedro], busca una empresa, y ponle en contacto, que nos ayude para la campaña”, declara, para detallar: “Había que montar una web, y como no soy muy entendido en el tema buscaron a estos señores, y me dijeron: 'Busca una empresa para poder subvencionar, que nos pueda ayudar, y tal y cuál. Como, parece ser, que normalmente se hace en política”.

Ollero reconoce que fue “iniciativa suya” recurrir a Gomuñoz “por la amistad con ellos”, y que se lo dijo así al gerente de la empresa: “Tengo un tema del partido, van a llegar las elecciones, a ver si nos puedes echar un cable”. El también expresidente del Gandia CF y constructor afirma que “a veces se han pedido pretensiones a otras empresas y nos han dado dinero”. Y que el PP de Gandia “se financia con la lotería, las cuotas de los afiliados, y alguna aportación de personas y empresas”.

Sobre si Ollero actuó como intermediario ante las empresas para que se presentaran a los concursos en el Ayuntamiento, éste responde que “cuando algún técnico municipal necesitaba especialistas puntuales, y se pedían tres o cuatro empresas para invitarlas, me decían: 'Dionisio, ¿tú conoces?'. Y yo decía que sí, y llamaba, y decía. 'Oye, ves y preséntate”. Eso sí, matiza ante la fiscal: “Quien valoraba las obras eran los técnicos. Yo no proponía a ninguna empresa. Solo hacía eso. No soy ningún intermediario”.

Con la 'operación Taula' acechando el PP, la tres imputaciones que acarrea el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, podrían suponer un lastre añadido para un partido diezmado en su tarea de oposición por la eclosión de numerosos casos de corrupción. Así, y frente al temor de que Torró se vea afectado por más procesos judiciales, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha presionado para evitarse un nuevo problema. Y ha provocado que este miércoles el exalcalde renuncie a la presidencia del PP en la ciudad.

De hecho, Torró ya había presentado el lunes su renuncia como presidente de la formación conservadora ante el Comité de Dirección y Ejecutivo del PP de Gandia. Una dimisión que se producía días después que el exalcalde abandonara el Ayuntamiento y sumara una nueva imputación por una adjudicación a una TV afín a su entorno, según denunció el PSPV-PSOE. Sin embargo, la ejecutiva local rechazó la dimisión de Torró. Con ello, mantenía al exalcalde al frente del partido hasta la celebración del congreso local del PP, que, según marca los tiempos de los populares, se deberá celebrar después del nacional, el autonómico y el provincial. Aunque según indica el periódico local Gente de la Safor, “si desde el partido se hubiera sabido que la renuncia era una exigencia de la dirección territorial, la habríamos aceptado”.

El rechazo de la ejecutiva a su renuncia hizo actuar al PP valenciano. Bonig expresó que la presidencia de Torró al frente del partido en Gandia era “absolutamente provisional” y que en realidad quien ejercía el mando era el secretario general del PP local, Víctor Soler, citado como imputado por la Audiencia Nacional como Torró en el marco de la 'operación Púnica'. “Si sale algo más deberá abandonar la formación”, sentenció. Al margen de sus declaraciones, y según ha desvelado Torró en su comparecencia de prensa para anunciar su dimisión, Bonig se puso en contacto con él y le recordó como ya habían hablado en otras ocasiones que “hay una línea roja que no se pueda pasar”.

Pese a que este renuncia es una cesión de Torró frente a las “indicaciones de Valencia”, el exalcalde lo ha negado. “Nadie me tira. Me voy porque quiero y para evitar polémicas”, ha afirmado. “Entiendo el mensaje de renovación de Bonig, y por eso me marcho”, ha añadido, para recalcar: “No estoy imputado en nada”. Torró se encuentra imputado por la compra ruinosa de un complejo de ocio -conocida como 'operación Aplauso'-, por las adjudicaciones a empresas vinculadas a la trama 'Púnica' y por el 'caso Tele 7'.

Pese abandonar este jueves el Ayuntamiento, el exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) no hará lo mismo con los juzgados. A la imputación en la 'operación Púnica' y en la compra ruinosa de un complejo de ocio, el juzgado número 3 de Gandia le ha añadido una más. El juez le ha citado en calidad de investigado -imputado antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal- por un presunto delito de malversación en la adjudicación del servicio audiovisual de Gandía.

La operación que ahora investigan los tribunales arrancó nada más llegar Torró a la alcaldía de la ciudad en 2011. Con la excusa de la crisis económica, cierra la televisión pública existente. Y, a continuación, adjudica ese servicio a dos televisiones a través de un procedimiento de invitación por una cantidad de 7 millones de euros, si se cuenta la prórroga vigente de 3 millones. Una de las agraciadas es Comarques Centrals Televisió SL, propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia y detenido en la operación 'Taula', Alfonso Rus, según publicó El País.

La otra empresa beneficiaria levanta más sospechas. Se trata de Inversiones Especiales Mediterráneo SL, que emite con la marca de Tele 7. La mercantil, tal como relevó el grupo municipal socialista, es propiedad de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el exalcalde. Sin embargo, tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas de Gandía concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro del exalcalde, ya que éste sería el verdadero dueño de la empresa. Con esa conclusión, llevaron al juzgado el caso por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso de poder por “adjudicarse a él mismo una contrata sin publicidad ni concurrencia”.

El juez, además, también ha citado como testigos a los ediles y exmiembros del equipo municipal Vicente Gregori y Víctor Soler -diputado autonómico cercado por 'Púnica'- y a los extrabajadores de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Daniel Furió Moncho -hijo de una exedil del PP y socia empresarial de Torró- y Cristina Serrano, exasesora de los exconsellers Rafael Blasco, Juan Cotino y Esteban González Pons. Furió Moncho y Serrano fueron los que firmaron la licitación del servicio de televisión.

En los tiempos en que el cúmulo de casos de corrupción se sucedían, los diputados del PP representaron durante varios meses el tercer grupo parlamentario más numeroso en el hemiciclo valenciano. Una presencia de parlamentarios investigados que, pese a no alcanzar las cifras de entonces, puede retornar a las Corts Valencianas con la eclosión de la operación 'Taula'. Todo queda a expensas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Debido a las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal, la Guardia Civil ha citado como imputado al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, miembro del sector cristiano del partido y actual diputado autonómico, Miquel Domínguez. Una calificación que tendrá que confirmar el TSJCV por ser aforado. La situación no es la primera vez que se produce durante esta legislatura. Hay dos casos más.

El primer que fue citado con esa consideración fue Víctor Soler, diputado autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Gandia. Considerado como el sucesor del exalcalde de la capital de La Safor, Arturo Torró, la citación la realizó la Audiencia Nacional por su relación con la trama 'Púnica'. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soler actuaba presuntamente de intermediario con el objetivo de que la contratista Gomez Muñoz sufragara supuestamente los servicios de las empresas de la red.

Lo mismo le ha sucedido al exportavoz del grupo parlamentario, Jorge Bellver. Su citación como imputado se produjo por autorizar el cobro de sobresueldos a directivos de la mercantil Valencia Plataforma Intermodal (VPI), mecantil pública dependiente del Puerto de Valencia, cuando formaba parte del consejo de administración de la empresa portuaria. Al ser aforado, es el TSJCV quien debe ratificarla.

Pese a esta acumulación de integrantes del PP investigados, si el TSJCV confirmara la imputación de los tres la cifra aún quedaría lejos de la alcanzada en antaño. Entonces había nueve imputados. Por el caso 'Gürtel' estaban imputados los diputados autonómicos Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla. A ellos, se sumaba la presencia de los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi -ambos investigados en la trama de 'Brugal'- y del exconseller Rafael Blasco, imputado por el caso Cooperación y ahora cumpliendo condena en la cárcel por esos hechos.

La Generalitat suprimirá el copago farmacéutico a discapacitados y pensionistas con rentas menores a los 1.000 euros mensuales que accedían gratis a las medicinas hasta el ’decretazo’ sanitario de 2013 aprobado e implementado por los gobiernos del PP en Madrid y Valencia.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en su comparecencia en les Corts Valencianes, donde ha explicado las líneas maestras de su proyecto. Montón aprobó nada más llegar al cargo la reversión de las medidas que privaban de asistencia médica y hospitalaria a los inmigrantes sin papeles.

Su anuncio es conforme al Acord del Botànic, el acuerdo suscrito por los dos partidos del gobierno valenciano (PSPV-PSOE y Compromís) y Podemos, su apoyo parlamentario. Y ha sido aplaudido por su partido, el PSOE. Ignacio Subías, responsable socialista de Sanidad, ha agradecido a la conselleria que las líneas diseñadas “estén todas encaminadas a devolver a la Sanidad valenciana el prestigio y la calidad que perdió con los sucesivos gobiernos del PP” así como “la fortaleza y el valor que está mostrando para hacer frente al enorme reto de que la Sanidad vuelva a ser universal, equitativa y gratuita”.

El dirigente socialista ha agradecido que sus primeras medidas en el Consell “estuviesen encaminadas a aprobar el decreto de Sanidad Universal que devuelve la atención a los inmigrantes y personas que fueron excluidas del sistema, así como a comprometerse a revisar los conciertos sanitarios y eliminar el copago a dependientes, discapacitados y pensionistas con pensiones inferiores a los 1000 euros”.

“El PP mercantilizó y privatizó la sanidad y provocó recortes que supusieron pérdidas de derechos, pero el nuevo Consell ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas, que una sociedad más que regirse por dinero e intereses se puede regir por valores”, ha señalado Subías, quien ha insistido en que “es consciente de que tenemos que centrarnos en nuevos compromisos, pero es imposible hacerlo sin hablar antes de las consecuencias de 20 años de desgobierno”.

Por ello, y durante su intervención, el portavoz de sanidad ha lamentado que seamos la comunidad que menos dedica por habitante y año; la autonomía con menos centros y camas hospitalarias, con mayores listas de espera o con un sistema sanitario “más oscurantistas”.

Además, “y pese a las dificultades económicas y de financiación con las que cuenta la conselleria, donde este año se prevé que falten 1.100 millones para llegar a fin de año”, Subías ha instado a la consellera a tener “una actitud decidida para revertir las concesiones, empezando por una estricta fiscalización de las mismas; prestar la adecuada atención a la salud bucodental, mental y a crónicos, que el PP abandonó; reducir drásticamente las listas de espera; democratizar el sistema, ‘represtigiar’ a los profesionales y agilizar la atención primaria para que sea atendida en un periodo máximo de 24 h.”.

La nueva presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, empieza a marcar diferencias con su antecesor, Alberto Fabra, y lo hace en el que ha sido uno de los principales puntos débiles del PP en los últimos años, la corrupción. La nueva etapa del partido fuera del gobierno de la Generalitat relaja las 'líneas rojas' contra los dirigentes imputados en casos de corrupción y no actuará contra ellos hasta que no se abra el juicio oral “como marcan los estatutos”, afirma Bonig.

En la legislatura anterior Alberto Fabra fue mucho más contundente con los casos de corrupción y el PP instaba a los dirigentes afectados a abandonar sus cargos representativos y la militancia cuando eran imputados. Este era “un criterio respetable”, el de Fabra, según la nueva presidenta 'popular',pero ahora “aplicamos otro”, que considera “el más correcto”.

La situación se ha dado cuando todavía no se han cumplido los primeros 100 días de la nueva legislatura autonómica con la imputación desde la Audiencia Nacional del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y la citación como imputado del diputado Víctor Soler, que debido a su aforamiento se deberá desviar al TSJCV. Ninguno de los políticos involucrados en la trama 'Púnica' por su gestión en el ayuntamiento en la pasada legislatura ha dimitido, y la dirección del PP valenciano les ha abierto expediente pero no va más allá.

Isabel Bonig asegura que la lucha del PP contra la corrupción es “total y absoluta”, pero que se limitará a lo que aparece en los estautos. Esto quiere decir que se abre expediente cuando se imputa a un militante que ocupa un cargo, y que si aparecen “pruebas contundentes” sí que hay una actuación inmediata. Pero entiende que esta contundencia la aportan grabaciones de voz y no, como en el caso de Gandia, que la Guardia Civil afirme que el exalcalde ocultó 900.000 euros en facturas a la Púnica. Así el procedimiento será hacer una suspensión cautelar de militancia cuando se abra juicio oral a los imputados, que llegará a la expulsión si es condenada, o la readmisión si no se la condena.

Y es que no es lo mismo estar gobernando que no, así lo ha insinuado Isabel Bonig al decir que el del President de la Generalitat, Alberto Fabra, “era un criterio determinado, en una situación determinada y con un presidente que consideró que ese era el criterio”, pero que “ahora hay otra situación”. Además Bonig ha hecho su lectura en la dialéctica política afirmando que “no podemos dar armas a la oposición (a los partidos que actualmente apoyan al gobierno valenciano) para que utilice la justicia para hacer política”.

Antecedentes

En la pasada legislatura el PP tuvo un total de 11 renuncias de diferentes diputados (además de otros cargos inferiores y municipales) por diferentes casos de corrupción. Fueron los 8 diputados involucrados en la trama 'Gürtel' (Ricardo Costa, Juan Cotino, Yolanda García, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Vicente Rambla, David Serra y Alicia de Miguel), y otros como los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por el caso 'Brugal', además de de Pedro Hernández Mateo (éste ya condenado y en prisión).

Pero en estos casos ya se mostraron las discrepancias internas, cuando Fabra tuvo que advertir en público a Milagrosa Martínez por su resistencia, cuando los diputados del PP recogieron firmas para el indulto del condenado Hernández Mateo, y el mismo Cotino mostró su disconformidad de criterios. Las discrepancias además también se elevaron hasta tonos desafiantes como el del diputado Andrés Ballester, o el también imputado ex concejal de Valencia, Alfonso Grau. Además, estas líneas fueron de difícil aplicación en los ayuntamientos, dado que Fabra reconoció su limitado poder circunscribiéndolo sólo a las Corts Valencianes.

Casos diferentes fueron los de Rafael Blasco que, pese a estar imputado por corrupción (hoy ya condenado), fue expulsado por hacer duras acusaciones a Alberto Fabra en un programa de televisión. Además quedaron sin expulsión Alfonso Rus (las Corts ya estaban disueltas) que sí fue suspendido de militancia, y Felipe del Baño, debido a que su imputación no era por corrupción sino por un delito administrativo.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha indicado este miércoles que el partido ha abierto un expediente informativo al exalcalde de Gandia Arturo Torró y al diputado autonómico y concejal Víctor Soler, que “se abre automáticamente cuando se imputa a un militante que ocupa un cargo en el PP”. Asimismo, ha subrayado que si aparecen “pruebas contundentes” sobre la implicación de ambos dirigentes populares en el 'caso Púnica', el partido “actuará”.

Así lo ha indicado Bonig en declaraciones a los periodistas en Les Cortes después de que Torró y Soler recibieran el martes sendas llamadas telefónicas desde la Audiencia Nacional para que comparezcan ante la misma, con el fin de ratificar la declaración prestada por ambos ante agentes judiciales a principios del mes de junio sobre 'Púnica'.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha suspendido la declaración de Soler y ha preguntado a Les Corts Valencianes si tiene acta de diputado, lo que le convertiría en aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La presidenta del PPCV, preguntada por si han variado la 'línea roja' de la etapa de Alberto Fabra, ha respondido: “No voy a entrar en si líneas rojas, azules o verdes”. Bonig ha asegurado que “la lucha del PP contra la corrupción es total y absoluta”, pero ha resaltado que el Partido Popular “aplica sus estatutos a nivel nacional y lo pactado por el PP y el PSOE en el seno del Congreso de los Diputados”.

En este sentido, ha señalado que “cuando automáticamente se imputa a una persona que es militante y que ocupa un cargo en el PP, se abre un expediente informativo, que va evolucionando a medida que se van conociendo los hechos”.

Asimismo, ha resaltado que “si hay pruebas contundentes de cualquier tipo de irregularidad o fraude, no tengan ustedes la menor duda de que el Partido Popular actuará de forma contundente”.

Sobre este asunto, ha hecho hincapié en que “el PP ha actuado en otros casos. Si sale como en Púnica en Madrid unas grabaciones y se reconocen voces o cualquier documento, en este caso o en cualquier otro, hay que actuar”.

En esta línea, y a modo de ejemplo ha manifestado que “si a un cargo público les descubren una cuenta en Suiza y no da explicaciones en 24 horas, no hay que esperar a que le impute un juez, se tiene que marchar”.

“Cuando se abra juicio oral, ya se pasa a la suspensión cautelar que acaba con la expulsión si una persona es condenada o a la readmisión sino lo es”, ha añadido. Asimismo, ha señalado que no hace nada “distinto” a lo del PSPV que, según ha asegurado, mantienen en las Corts “a dos imputados: al señor Boix, que fue imputado junto al señor Orengo por una cuestión en el Ayuntamiento de Gandia, y al alcalde de Alfàs del Pi, Vicent Arqués, por cuestiones de corrupción urbanística”. Por su parte, fuentes del PSPV han negado la imputación de Boix.

“Confío en su inocencia”

Isabel Bonig ha pedido “tranquilidad” y ha instado a esperar a que se les cite y sepan “de qué se les imputa”. Asimismo, a preguntas de los periodistas, la dirigente 'popular' ha indicado que ha hablado con Torró y con Soler y “me han convencido las explicaciones que me han dado y no tenían ningún problema en poner el cargo a disposición del partido. Yo confío en su inocencia mientras no se demuestra lo contrario, son inocentes”.

Inquirida por si han cambiado los criterios que aplicaba antes el PPCV -que pedía dejar el cargo en el momento de la imputación-, Bonig ha destacado que era “un criterio respetable”, pero ahora “aplicamos otro, que es claro y contundente” y que considera “el más correcto”.

Al respecto, e inquirida sobre si entiende que el criterio aplicado por Fabra no era correcto, ha respondido: “No me van a encontrar en enfrentamientos. Era un criterio determinado, en una situación determinada y con un presidente que consideró que ese era el criterio”, y ha resaltado que “ahora hay otra situación”.

“A la vista de los casos uno va a aprendiendo”, ha dicho la presidenta popular, quien ha indicado que “ha habido casos que han acabado en condena y otros que han acabado archivandose”. En este último caso, se ha preguntado: “¿Quién repara el honor y el daño a esa gente?”.

“Un mínimo de pruebas”

También ha señalado que “no podemos dar armas a la oposición para que utilice la justicia para hacer política”. “La corrupción no es del PP, es en general y, por tanto, las respuestas tienen que ser contundentes, pero un mínimo de pruebas”, ha añadido.

Para Bonig, hay que ser “contundentes” cuando existan “pruebas” y ha pedido a la oposición que actúe del mismo modo que lo hace la formación 'popular'. “La gente es inocente, mientras no se demuestre lo contrario un mínimo, aunque es verdad que los cargos públicos tenemos un plus de responsabilidad”, ha resaltado.

Cuando se están contando los 100 días de la legislatura en las Corts Valencianes, el PP vuelve a revivir una de las peores pesadillas del pasado periodo político, las imputaciones de sus dirigentes. Y con ello el partido tiene que volver a desempolvar uno de los elementos que más divisiones internas provocaron como fueron las 'líneas rojas' contra la corrupción que pretendió establecer Alberto Fabra.

Se trata de la imputación conjunta del diputado Víctor Soler y de l'ex alcalde de Gandia, Arturo Torró, dentro de la trama púnica, por sus gestiones cuando dirigían el ayuntamiento gandiense la pasada legislatura. Ambos fueron llamados a declarar como imputados en la Audiencia Nacional por el juez Velasco que instruye la causa, pero el primero de ellos, como aforado por ser diputado autonómico, tendrá que ser juzgado en el TSJCV.

Ante esta situación de diputado-imputado las miradas se han vuelto hacia la nueva presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, para preguntarle sobre si se aplicarán las 'líneas rojas', y la contestación ha sido que no van a ser estrictos: “los Estatutos del partido sólo exigen la dimisión de cualquier cargo público cuando se haya dictado apertura de juicio oral contra el mismo”. Este margen durante la época Fabra se ha utilizado para presionar al encausado para obligarle a dimitir, y ahora se tendrá que ver cuál es el recorrido que le queda a Soler.

Por lo que respecta a Arturo Torró el mismo exalcalde afirmó el junio pasado, tras prestar declaración ante la Guardia Civil cuando se realizaron los registros en diferentes ayuntamientos, que “no tardaría ni un minuto” en dimitir si fuera imputado; ha pasado no un minuto, sino un día, y Torró se mantiene como concejal del PP. Esto lo decía cuando se le atribuía la contratación de una empresa de la trama 'Púnica' por 15.000 euros, asegurando que era un precio “ridículo”. No obstante la propia Guardia Civil posteriormente acusó al exalcalde del PP de haber ocultado 900.000 euros en facturas a estas mismas empresas.

Es más, Arturo Torró y el PP de Gandia casualmente anunciaban el mismo día en que se conocía su imputación, que están tratando con la dirección estatal de Ciudadanos una moción de censura contra la alcaldesa socialista Diana Morant. Desde el PSPV se considera que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la imputación, y han pedido la dimisión de ambos ediles.

El exalcalde de Gandia Arturo Torró y el diputado del PP en las Corts Valencianes Víctor Soler, han sido citados a declarar como imputados en la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones por la conocida como 'trama púnica'.

Según ha explicado el propio PP de Gandia en esta declaración Torró y Soler “ratificarán” las declaraciones que prestaron ante la Guardia Civil el pasado mes de junio. No obstante, según el propio cuerpo armado, Torró habría ocultado cerca de 900.000 euros en facturas a empresas de la 'Punica', facturas de las que posteriormente se desentendió el propio exalcalde.

Al mismo tiempo, el PP ha asegurado que aprovechará esta comparecencia para nombrar procurador, para personarse en la causa y para solicitar el sobreseimiento del proceso en contra de ambos, ya que “no existe prueba alguna de cualquier implicación en el caso Púnica”.

“Desde el primer momento, noviembre de 2014, hemos estado colaborando con el magistrado Velasco, mandándole documentación y poniéndonos a su disposición para todo lo que quiera requerir”, ha explicado la formación 'popular' de Gandia, que ha añadido: “Nunca hemos tenido nada que ocultar respecto de esta investigación y siempre hemos actuado y actuaremos con luz y taquígrafos”.

Ante esta situación, el PP de Gandia ha contactado con el PPCV y su presidenta, Isabel Bonig, le ha informado que “los Estatutos del partido sólo exigen la dimisión de cualquier cargo público cuando se haya dictado apertura de juicio oral contra el mismo”.

Reacciones

Esta llamada como imputados ha sido conocida el mismo día en el que se ha conocido que el actual Ayuntamiento de Gandia se personará en dicho caso, pero también que el PP ha contactado con Ciudadanos para intentar impulsar una moción de censura contra la alcaldesa socialista Diana Morant.

Tras conocerse los hechos el portavoz socialista, Jose Manuel Prieto, ha pedido la dimisión inmediata de Torró y de Soler. Además ha añadido que “la más que posible implicación en la trama Púnica, que supone la financiación ilegal del PP en Gandia, reafirma que los actuales concejales del PP no están legitimados para volver a gobernar esta ciudad”.

Desde Compromís el portavoz en las Corts, Fran Ferri, ha criticado que “comienza una nueva legislatura y vemos cómo la historia se repite, comienza el rosario de imputaciones por corrupción a diputados del PP en Les Corts que se niegan a dimitir”. Además ha añadido que “es vergonzoso que tanto Torró como Soler hayan reaccionado a su imputación afirmando que no piensan dimitir de sus cargos. Pero aún es más vergonzosa la actitud de la señora Bonig, que parece que no ha aprendido nada de los errores de Camps y Fabra y lejos de exigir responsabilidades se dedica a tratar de quitarle importancia al caso de la Púnica, justificando lo injustificable ”.

Recién estrenada la legislatura podrían empezar a repetirse viejas costumbres en las Corts Valencianes, con diputados del PP acechados por la imputación por corrupción.

El primer caso podría ser el de Víctor Soler, concejal de Gandia, que tomará posesión de su escaño el próximo mes de septiembre cuando se vuelva a abrir el curso político. La causa, la que marca de cerca al anterior gobierno del PP de Gandia de Arturo Torró: la trama Púnica.

Para empezar cabe destacar que ni Torró ni Soler se encuentran imputados por dicha trama que en los últimos meses ha salpicado al PP de Gandia. No obstante las declaraciones del presunto cabecilla de la Púnica en la Comunitat Valenciana, Alejandro de Pedro, y un empleado de este también detenido, Javier Bueno, han apuntado tanto a Arturo Torró como a Víctor Soler (exconcejal de contratación) por haber realizado presuntamente pagos irregulares a través de una constructora de la ciudad Construcciones Gomuñoz.

Según las declaraciones que habrían hecho De Pedro y Bueno ante la UCO de la Guardia Civil, la constructora sería la que habría pagado los gastos de la campaña de posicionamiento en las redes del Ayuntamiento de Gandia y de Arturo Torró, tras la mediación de los ediles del PP, todo a cambio de otras prebendas y tratos de favor desde la administración pública.

La trama que investiga el juez Eloy Velasco cuenta en el sumario con grabaciones de llamadas entre los implicados que demostrarían estas irregularidades. En el caso de que finalmente Víctor Soler tomase posesión del escaño la investigación la debería realizar el TSJCV como tribunal competente al afectar a una persona aforada. La presidenta del PP, Isabel Bonig, heredaría así también uno de los rincipales dolores de cabeza que tuvo que afrontar su predecesor, Alberto Fabra.