La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido nombrar este viernes a Mercedes Bautista como nueva fiscal-jefa de Gipuzkoa. Sustituye a Juan Calparsoro, que había sido el que más apoyos ha recibido en la votación no vinculante del Consejo Fiscal, según las fuentes consultadas. Calparsoro, que antes fue fiscal superior vasco y de La Rioja, llevaba un mandato al frente del ministerio público en la provincia.

Peramato ha basado su elección en criterios de “mérito y capacidad” de los aspirantes, en su “amplio currículum y experiencia” y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía, informa Europa Press.

Bautista lleva 33 años como fiscal en Gipuzkoa y es la actual teniente de la Fiscalía de este territorio, la 'número dos' de Calparsoro. Es delegada de Cooperación Internacional desde 2020 y delegada de Igualdad desde 2025. Desde 2008 también es delegada de Menores. Ha sido la primera delegada de violencia de género en la Fiscalía provincial de Gipuzkoa.

“En aumento de la Justicia contra malhechores”. Con la frase recogida en el escudo de Álava ha querido iniciar Carmen Cotelo su mandato como nueva fiscal-jefe provincial. Es la primera mujer que lo logra y sustituye a Josu Izaguirre, que ha estado dieciséis años en el puesto y que se ha significado en casos de corrupción. Cotelo ha tomado posesión este viernes en un acto ceremonial celebrado en una sala de vistas -la misma que fue reformada para dar cabida al macrojuicio del 'caso De Miguel' impulsado por Izaguirre- y con un discurso en el que ha querido destacar la imbricación de la Fiscalía en la sociedad, con las mujeres, con los menores, con los “desvalidos”. “Álava y la Justicia siempre han ido de la mano”, ha solemnizado.

El acto se ha celebrado a mediodía en el Palacio de Justicia de Vitoria. A modo de tribunal, se han dispuesto en la mesa de presidencia la fiscal superior vasca, Carmen Adán, y los fiscales de Gipuzkoa y Bizkaia, Juan Calparsoro y Ana Barrilero, así como la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero. Han estado bajo el escudo de España y flanqueados por las banderas rojigualda e ikurriña. A la izquierda, se han colocado en tres filas la docena de fiscales de Álava, incluido Izaguirre. A la derecha, otra docena de magistrados de la plaza. Unos y otros han comparecido rigurosamente togados. Tras dar lectura al decreto de nombramiento, se ha ordenado al fiscal Manuel Pedreira, padrino de Cotelo, que la invitara a entrar a la sala, como así lo ha hecho. Ambos han realizado una salutación a los invitados mediante una reverencia. En las primeras líneas se han ubicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la viceconsejera Ana Aguirre, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, la diputada Itziar Gonzalo. y mandos de la Ertzaintza, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía de Vitoria y las Fuerzas Armadas, todos ellos uniformados. En el auditorio, entre otros, estaban también repartidos los familiares de Cotelo y un veterano magistrado, Jaime Tapia, que ahora es asesor del Ejecutivo.

“Soy la primera alavesa y eso me llena de orgullo y, como ven, de emoción”, ha pronunciado Cotelo, quien tras el acto se ha abrazado a algunas compañeras al modo de las futbolistas que anotan un gol. La nueva fiscal-jefe, hasta ahora especializada en menores, ha insistido en que “el ministerio fiscal nace por y para la sociedad” y que, además de acusar en los juicios, tiene funciones más desconocidas como las “tuitivas o de protección”. “Visitamos todas las residencias de ancianos en esta función no jurisdiccional”, ha puesto como ejemplo. Y, mirando a la consejera Artolazabal, ha destacado también el proyecto piloto Barnahus para atender a niños que han sufrido abusos.

Cotelo, que ha agradecido el trabajo de sus predecesores -“espero estar a su altura”-, ha apelado a la “cooperación”, al “plus” de trabajar “juntos”. Lo ha hecho en dos vertientes, una interna y otra externa. En la interna ha destacado que todos los 13 fiscales alaveses -y el personal funcionario- están a “disposición” del proyecto. Y, hacia el exterior, ha deseado seguir trabajando de la mano con otras instituciones y ha puesto el ejemplo de la coordinación con la Policía Nacional ante la crisis por la llegada de refugiados ucranianos como consecuencia de la guerra. Los presentes han aplaudido a Cotelo al finalizar el avto.

Adán, quien fue refrendada en su puesto para un segundo mandato el mismo día del nombramiento de Cotelo, también ha tomado la palabra y se ha detenido también en glosar la figura de Izaguirre. Ha destacado su “dedicación, esfuerzo y excelencia”, aunque ha añadido que “la limitación de los cargos es buena”: “Es bueno que haya renovación”. Después, ha definido a la Fiscalía como “una institución comprometida sólo con el interés público” y ha emplazado a todos sus representantes a “mantener la imparcialidad y objetividad ante cada uno de los casos”. “Cuenta con el apoyo especial de los fiscales-jefe de Bizkaia y de Gipuzkoa y, por su puesto, con el mío”, ha finalizado Adán, deseando buena ventura a Cotelo, quien se impuso a otros tres candidatos, Álvaro Delgado y los propios Izaguirre y Pedreira.

A finales de 2019, representantes del sindicato más importante de la Ertzaintza (Erne) regalaron a Juan Luis Ibarra Robles (Sopela, Bizkaia, 1948) un grabado hecho a mano con su figura, el que acompaña a estas líneas. Por aquel momento ya se conocía que Ibarra enfilaba sus últimos momentos como jurista y la central quería agradecer la colaboración del hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la creación de Erne décadas atrás, cuando ejercía de letrado. 

En el dibujo, el magistrado -siempre de traje y corbata y con gafas de montura transparente- aparece sentado y, en apariencia, está ofreciendo una de sus explicaciones pausadas y didácticas. Ibarra, a punto de cumplir los 72 años, ha completado este viernes una larga carrera en el Derecho que inició cuando en 1971 se licenció por la Universidad de Deusto. Los últimos diez años se ha situado en la cúspide de la Justicia vasca -antes fue presidente de la sala de lo contencioso-administrativo también en el TSJPV- y abandona también la presidencia de la Junta Electoral en medio del proceso hacia las autonómicas del 12 de julio.

Su biografía ampliada sitúa el ingreso de Ibarra en la judicatura en 1987 por el denominado “cuarto turno”, reservado para juristas de reconocido prestigio. Su primer destino fue el juzgado de primera instancia número 1 de Bilbao. En solamente dos años ya era magistrado del TSJPV. Allí ha completado su carrera salvo un paréntesis en el que cambió el poder judicial por el ejecutivo. De la mano de su amigo Juan Alberto Belloch, juez y 'superministro' de Interior y Justicia en el último gabinete de Felipe González, entre 1993 y 1996 ejerció de director de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional. En 2003, fue nombrado presidente de lo contencioso-administrativo y, siete años después, llegó al puesto que ahora deja vacante. 

Se define como “no nacionalista”, participó en organizaciones pro derechos humanos y se enroló en la progresista Jueces para la Democracia. En 1998, él y otros magistrados salieron de la asociación de magistrados por una polémica en torno al conocimiento del euskara entre los jueces vascos. Chocó con el sector de Garbiñe Biurrun (Tolosa, 1960), que llegó a calificarle de “nacionalista español”. Precisamente Biurrun -colaboradora de este periódico y que llegó a sonar como candidata de Podemos a lehendakari en 2016- tomará posesión este lunes de manera interina como máxima autoridad judicial vasca. Contó Ibarra a 'El Diario Vasco' que la relación con su colega es ahora buena. “Todos hemos hecho tonterías de jóvenes”, bromeó. Por su parte, en la Junta Electoral será Ángel Ruiz el que lidere este órgano clave para el normal desarrollo de los comicios.

“Se nos va un juez íntegro, buena persona, gran comunicador, luchador por la libertad”, abunda Roberto Seijo, secretario general de Erne. “Es una persona de trato impecable”, abunda Juan Calparsoro, que llegó al cargo de fiscal superior apenas unos meses después que Ibarra al de presidente del TSJPV. Juntos completaron un cambio de caras en la judicatura vasca, más abierta a los medios de comunicación y que, sobre todo, recompuso los puentes institucionales con el Gobierno vasco y con el principal partido, el PNV. Su predecesor, Fernando Ruiz-Piñeiro, procesó al lehendakari Juan José Ibarretxe. Unos años atrás, en 2003, un Xabier Arzalluz con paraguas en la mano encabezó una movilización ante los inicios del 'caso Atutxa', cuyas condenas han quedado anuladas recientemente por Estrasburgo.

“Es una persona que ha cuidado muchísimo las relaciones institucionales con el Gobierno y con el Parlamento. La primera vez que vino un lehendakari a la apertura del año judicial, que fue Patxi López y en 2011, fue con él”, abunda Calparsoro. Ahora las relaciones entre Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno están plenamente normalizadas. Un lehendakari nacionalista como Iñigo Urkullu -y varios de sus consejeros- participan en todas las aperturas judiciales.

“Hemos mantenido una relación institucional leal y fluida”, señala Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo de Urkullu y que en la pasada legislatura (2012-2016) fue también consejero de Justicia. “El Gobierno vasco es quien gestiona los medios materiales de la Administración de Justicia y en este objetivo hemos avanzado desde la colaboración para modernizar y digitalizar la Justicia en Euskadi. Hemos mantenido una relación estrecha y cercana. Reconocemos la labor realizada. Le deseamos lo mejor en el inicio de su nueva etapa personal”, prosigue Erkoreka.

Ibarra, como otros jueces en Euskadi, vivió escoltado durante años, durante lustros. En el último homenaje a su compañero asesinado por ETA, José María Lidón (Girona, 1951-Getxo, 2001), pidió que la Justicia no deje impunes los crímenes terroristas. “El problema que teníamos en Euskadi era que jueces y fiscales, el poder judicial en general, estábamos ocultos por la presión del terrorismo”, explica Calparsoro.

Pero Ibarra quiso imprimir también un sello social a la Justicia vasca. “Si se rescatan bancos, con más razón a familias desahuciadas”, llegó a proclamar en los momentos más duros de la crisis económica. También puso pie en pared cuando se cuestionó la investigación contra la corrupción del 'caso De Miguel' llevada a cabo por el instructor de Vitoria, Roberto Ramos, y que ha acabado en duras condenas contra exdirigentes alaveses del PNV. “La libertad de expresión cubre eso y muchas más barbaridades”, dijo sobre algunos comentarios de dirigentes nacionalistas, al tiempo que consideró “excepcional” el trabajo de Ramos. Su último caballo de batalla han sido las multas del estado de alarma: en Radio Euskadi llegó a aventurar que el 90% quedarán en nada.

Ibarra se va y deja una vacante muy importante en el poder judicial. La presidencia de Biurrun es solamente temporal y, de hecho, no le faculta para dirigir la Junta Electoral. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya convocó la plaza el 28 de mayo. Fuentes judiciales que en cuestión de días se abrirá el plazo para que se presenten candidaturas. El nombre del nuevo presidente o presidenta del TSJPV podría conocerse a finales de julio para que tome posesión a principios de septiembre.

En mentideros judiciales ya se barrunta el nombre de Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia de Álava, como una posible candidata. Guerrero está encuadrada en el ala conservadora representada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El presidente de la de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, de Jueces y Juezas para la Democracia, reúne también el perfil, según las fuentes consultadas.

El Parlamento vasco acordará la semana que viene con toda probabilidad, a pesar del criterio contrario de los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE), la apertura de una comisión de investigación en torno al fraude millonario en la mayor contrata del Departamento de Educación, la del servicio de comedor de los centros escolares de la red pública. La propuesta es fruto de un acuerdo entre Elkarrekin Podemos y PP ya firmado hace varios meses al que se sumará también EH Bildu.

El escrutinio final de las elecciones de 2016 arrojó un cambio respecto a los resultados provisionales de la noche electoral: la oposición tiene en la Cámara un escaño más (38) que los de los socios de Gobierno (37). Ese reparto de fuerzas, además, se ha ratificado ahora que la representante de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha vuelto al escaño tras varios meses de baja médica. Es precisamente este regreso el que ha reactivado una iniciativa en 'stand by' desde noviembre y que, sin Zabala, no tendría visos de prosperar.

Al no tener ni PP ni Elkarrekin Podemos los votos suficientes para propiciar en solitario una investigación -se exige un mínimo de 15 escaños-, ambas formaciones se han acogido a otra previsión recogida en el artículo 59 del Reglamento de la Cámara y han formalizado una solicitud conjunta. En ella recuerdan que el fraude en los comedores escolares, que consistió en un cártel entre las empresas de 'catering' que supuso un encarecimiento del precio pagado por la Administración y, por extensión, de la tarifa que abonan las familias por el servicio, fue descubierto por la Autoridad Vasca de la Competencia en una investigación que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

PNV y PSE-EE se opondrán

Las fuentes parlamentarias consultadas explican que el deseo de Elkarrekin Podemos y PP es llegar “hasta el final” con el “doble objetivo” de determinar la “responsabilidad” de Educación en este fraude y el quebranto económico que supuso para las arcas públicas. EH Bildu no ha presentado ninguna enmienda de totalidad y sólo ha planteado un ajuste del texto para que, además de la investigación, el Gobierno realice en el plazo de tres meses un “diagnóstico” del servicio de comedores escolares. Desde los grupos proponentes ven perfectamente asumible alcanzar un acuerdo a tres bandas en los días que faltan hasta el pleno en que se votará la creación de la comisión, un asunto ya incorporado al orden del día de la sesión del próximo jueves.

Los partidos que sostienen al Gobierno, sin embargo, se opondrán a esta iniciativa. PNV y PSE-EE ya han registrado una enmienda de totalidad conjunta en la que recuerdan las medidas ya adoptadas la pasada legislatura, entre ellas el rechazo a la comisión de investigación. En aquella ocasión, los nacionalistas acusaron a los impulsores (entonces PP, UPyD y EH Bildu) de querer extender la sombra de la corrupción en Euskadi. Sobre la forma de la cuestión se limitan a reclamar de manera genérica que el Gobierno continúe “mejorando y profundizando en la eficacia y eficiencia en la prestación y contratación del servicio público de comedores escolares”.

Sanción histórica y segunda investigación archivada

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

El asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación.

El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales.

Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.

La corrupción no marca la agenda en Euskadi aunque en los próximos meses se celebrará el juicio mercantil de Hiriko y también mayor juicio conocido en este ámbito, el del 'caso De Miguel' y aunque en los juzgados haya abiertas investigaciones por el fiasco de la planta de purines de Carranza, Epsilon, Hiriko y otros casos que no han trascendido hasta el momento. En la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2017 (con datos relativos a 2016), tampoco hay grandes referencias a este asunto, si bien sí se recoge una alarmante constatación: “Es escaso el número de estos delitos que llegan a una fase de calificación o juicio”.

¿Qué ocurre? La Fiscalía, que no cuenta con una unidad delegada de Anticorrupción, asegura textualmente que los posibles testigos “no suelen colaborar especialmente en la investigación”. Cita que en algunos casos ocurre por su condición de funcionarios y en otros “por no apreciar ventaja alguna en exponer la irregularidad”. También se apunta a que las condenas son más sencillas en otras instancias (en la jurisdicción mercantil, como en el 'caso Epsilon') o incluso en organismos como Competencia, como ocurrió con el fraude de los comedores escolares. Precisamente éste es uno de los casos citados en la memoria y que quedó en nada, como también la causa abierta contra los socialistas Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo por la contratación de las reformas de las sedes del PSE-EE a la constructora del primero, Escoiba.

La corrupción viene recogida en el apartado genérico de los “delitos contra la Administración pública”. En 2016 fueron 210 los “nuevos procedimientos” abiertos con esta etiqueta, 152 en Bizkaia, 33 en Álava y también 33 en Gipuzkoa. “Mantener el impulso procesal”, sostiene el ministerio público, “resulta excesivamente complicado” ya que en Euskadi los casos los asumen juzgados de instrucción saturados y “atareados con muchas otras competencias, no todas de la misma entidad”.

“Resulta imprescindible un conocimiento profundo de la materia económico-fiscal”, se puede leer también en la memoria, en este caso en el apartado relativo a la delincuencia económica. Además, la Fiscalía exige medidas para lograr la “efectiva reparación” del daño provocado por la corrupción y los delitos económicos, es decir, para recuperar el dinero desviado. Los culpables “recurren a maniobras de cambio y transformación de titularidades, utilización de testaferros, titulares ficticios y toda clase de medios para ocultar los bienes a la Hacienda pública o a los acreedores” y la Justicia ha de dotarse de instrumentos primero para localizar ese patrimonio y después para restituirlo.

Respecto a los casos abiertos o a las perspectivas de futuro, la memoria sólo hace referencia, a propuesta del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, a la preocupación existente en el territorio por las reiteradas irregularidades económicas en las juntas administrativas de los concejos, unas entidades locales propias de la provincia. No se menciona, por ser un hecho ocurrido en 2017, el juicio y posterior condena al 'alcalde' de Aretxabaleta, Miguel Acedo, por saquear las arcas del concejo. Pero sí se habla de “desviación indebida de fondos” por parte de los gestores (en plural) y que su actitud “daña el crédito de las Administraciones públicas”.

Año 2015, los juzgados vascos incoaron 105.232 causas. Año 2016, la cifra es de 36.881. A efectos estadísticos, efectivamente, la criminalidad ha bajado drásticamente, tanto como un 65%. ¿Cómo es eso posible cuando los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, crecieron un 4% en la comunidad autónoma en ese mismo período? Esta gran distorsión responde a un cambio normativo que modifica de raíz el cálculo de los delitos. Excepto en los asuntos más graves, como los delitos contra la libertad sexual o la corrupción, en el resto de ocasiones los distintos cuerpos de Policía ya no remiten al juzgado los casos en los que no haya “autor conocido” aunque sí se haya constatado que el ilícito se haya producido.

Estos datos constan en la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2017, que recoge la actividad del ministerio público y los casos más importantes en los que ha trabajado a lo largo de 2016. El documento, de 176 páginas y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, será presentado en la apertura del año judicial vasco, cuya fecha se concretará este viernes después de que en el Estado ese acto protocolario ya haya tenido lugar este martes. Ésta es la primera memoria firmada por Carmen Adán, quien tomó posesión hace unos meses del cargo de fiscal superior en sustitución de Juan Calparsoro y, entre otras cuestiones, alude también a los pocos casos de corrupción que acaban en juicio y a los delitos de odio.

La fiscal Adán sostiene, evidentemente, que ese brusco descenso en las causas no se corresponde con la realidad, aunque es cierto que la tendencia era descendente en los últimos años. De hecho, se aportan otros indicadores que sí permiten comparar el trabajo de la Justicia en 2016 en relación con 2015. En 2016, por ejemplo, la Fiscalía emitió escritos de acusación en 10.342 ocasiones frente a 9.647 del ejercicio anterior. El Ministerio del Interior, asimismo, informó en febrero de que los delitos habían caído un 3% de un año a otro en la comunidad autónoma, un parámetro más normal.

Uno de los focos de preocupación que se recogen en la extensa memoria son los delitos contra la libertad sexual, 509 casos. En Álava se cita que cuando las víctimas de abusos son menores, niños muy pequeños, y cuando los agresores son de su “entorno”, resulta “extremadamente difícil obtener declaraciones” que permitan lograr una condena. También se marca como una prioridad combatir este tipo de casos de violencia sexual a través de Internet. 

Igualmente en lo relativo a violencia de género ha habido más casos que en el año anterior. Es así en Bizkaia, por ejemplo, como muestra el incremento de órdenes de protección a las mujeres víctimas. La memoria recoge abundantes datos estadísticos que muestran el alcance de este fenómeno y algún punto negro, como el “escaso” uso de medios electrónicos de control de maltratadores en Álava por los “condicionamientos geográficos” del territorio. En 2016 sólo consta que se emplearan en una ocasión en esta provincia.

Preocupación por la ciberdelincuencia

Año a año, el apartado de delitos informáticos adquiere mayor protagonismo en la memoria anual de la Fiscalía. Y no sólo se trata de estafas económicas, piratería o intercambio de ficheros pornográficos, hay también casos de tráfico de armas, falsificación de moneda en la 'deep web' y otros episodios de gravedad. El fiscal de Gipuzkoa Jorge Bermúdez, uno de los mayores especialistas en la materia en España, alerta de la “práctica desaparición” de algunos delitos 'clásicos', como el 'phising' el intercambio de archivos ilícitos vía eMule. No es que no se produzcan esos casos, sino que las técnicas se han sofisticado, como ocurre con estafas que acaban en servidores de China y en las que los investigadores se golpean con un muro para localizar a los responsables.

¿Y los 'secuestros' informáticos para solicitar un rescate? Aunque el reciente ciberataque mundial puso al conjunto de la opinión pública en alerta, este fenómeno es más corriente de lo que parece. Bermúdez cita un ejemplo “negativo” de cómo la Justicia aún no se ha acomodado a estas nuevas realidades criminológicas. Alude a que “una gran empresa” sufrió un ataque que inutilizó su tienda 'online' durante cuatro horas, lo que le generó un quebranto económico de 750.000 euros. Los informáticos de la compañía elaboraron un “prolijo” informe de lo ocurrido, pero el juzgado ha archivado el caso sin ni siquiera investigarlo, según denuncia el propio fiscal. La Fiscalía de Álava también alude a cierta sensación de “impunidad” en esta materia. 

Finalmente, la Fiscalía alerta del problema del 'sexting', del intercambio de archivos con contenido sexual por Internet, principalmente por aplicaciones de mensajería instantánea. El problema surge cuando los protagonistas son adolescentes y cuando las imágenes y vídeos “salen del reducido círculo que planeaba su autor y terminan siendo consumidas por grupos bastante más amplios” pero dentro del entorno social del afectado, “lo que incrementa el daño producido”. 

EE.UU. destapa otros dos casos de pornografía infantil

Un año más, la Fiscalía vasca muestra que Estados Unidos colabora activamente con la Justicia española en la persecución de delitos de pornografía infantil. En 2016 hubo dos casos abiertos en Gipuzkoa gracias a los datos facilitados por Estados Unidos fruto de la información que le facilitan Microsoft, Google, Facebook o Dropbox, que realizan rastreos informáticos automatizados de los millones de archivos que manejan. El procedimiento es conocido como PhotoDNA

Bermúdez explicó el pasado año en una entrevista con este periódico que estos rastreos informáticos no pueden ser interpretados como una intromisión ilegítima en la privacidad de los ciudadanos, como ocurrió con los pinchazos telefónicos masivos de la NSA en Europa. Explica que el ‘software’ de detección PhotoDNA es un sistema perfectamente legítimo para combatir una lacra que afecta cada año a decenas de menores. Existen informes periciales que defienden el uso de esta herramienta y abundante información oficial en Internet. Lo compara con los rayos X de un aeropuerto, que analizan el interior de una maleta sin entrar a revisarla en sentido estricto.

Las compañías informáticas trasladan estas informaciones a una ONG estadounidense llamada Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (NCEMEC, por sus siglas en inglés), que es quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP (localizador de un ordenador) sea extranjera, son los enlaces de Seguridad Nacional de cada una de las embajadas los que derivan el caso. En España, es la Policía Nacional la que centraliza las denuncias antes de elevarlas a cada uno de los juzgados en función del domicilio de los sospechosos, como ha ocurrido con los dos casos llegados a Gipuzkoa.

El exfiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, continuará en los próximos años adscrito al equipo de su sucesora, Carmen Adán, del que también forma parte María Jesús Cuartero. El pasado 6 de abril, la Fiscalía general del Estado rechazó una petición de traslado al Tribunal Supremo que había cursado Calparsoro al poco de su relevo, formalizado el pasado 16 de marzo.

Calparsoro, en un movimiento similar al que en su día hizo la también extitular del ministerio público en Euskadi, María Ángeles Montes, concursó para las dos vacantes generadas en el alto tribunal precisamente en la cadena de nombramientos de febrero que le dejaron fuera del ministerio público en Euskadi. Una de ellas era la del polémico titular de Anticorrupción, Manuel Moix. El fiscal general, José Manuel Maza, sin embargo, no ha contado con Calparsoro y ha designado a un fiscal de Castilla y León con experiencia previa en el Supremo y a otro de Murcia, Manuel Campos, que fue consejero en Gobiernos autonómicos del PP y que aspiraba también a un puesto en la Audiencia Nacional.

Calparsoro estuvo al frente del ministerio público en Euskadi durante un único mandato, aunque se prolongó más allá de los cinco años reglamentarios debido a la larga interinidad en el Gobierno de España por la repetición de las elecciones generales. Para la renovación de febrero, este exfiscal de La Rioja nacido en Gipuzkoa y adscrito a una asociación progresista compitió contra Carmen Adán, fiscal-jefe de Bizkaia, y contra su homólogo de Álava, Josu Izaguirre. En el órgano consultivo de Maza, el consejo fiscal, Calparsoro obtuvo cinco votos e Izaguirre cuatro, mientras que Adán apenas logró dos apoyos, aunque finalmente el fiscal general hizo uso de sus competencias para promocionar a Adán.

En su toma de posesión, Maza agradeció a Calparsoro los servicios prestados y presentó a Adán como experta en el “despacho de casos relevantes de corrupción”. Ha destacado en su investigación de asuntos como el 'caso Ibarra' o el 'caso Margüello'. El 6 de abril, Maza también acordó que Ana Barrilero, con experiencia en materias como menores y narcotráfico, asumiría la Fiscalía de Bizkaia. Izaguirre, por su parte, ya había sido confirmado para continuar en Álava para un tercer mandato.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ejercido de maestro de ceremonias en la toma de posesión como nueva responsable del ministerio público en Euskadi de Carmen Adán, acto solemne que ha reunido a un nutrido grupo de autoridades este jueves en Bilbao. Maza, que se decantó en febrero por Adán frente al actual fiscal superior, Juan Calparsoro, y frente al fiscal-jefe alavés, Josu Izaguirre, a pesar de que ambos contaron con más apoyos dentro del Consejo Fiscal (un órgano consultivo), ha presentado a Adán como una jurista brillante, honesta, formada y trabajadora y, además, con experiencia en el “despacho de casos relevantes de corrupción” y de delitos económicos, una “prioridad” para la Fiscalía.

Adán, acompañada en su llegada al nuevo cargo de su familia, de su “padrino”, el fiscal Avelino Ruiz, y de otros compañeros de profesión, ha liderado en los últimos años investigaciones como el ‘caso Ibarra’, de fraude fiscal en la Hacienda de Bizkaia, o el ‘caso Margüello’, el presunto desvío de fondos en externalizaciones de la Sanidad pública. Su predecesor, Juan Calparsoro, reclamó sin éxito a la Fiscalía General que en Euskadi se creara una Fiscalía anticorrupción como existe en otras zonas de España precisamente por la preocupación social que suscitan estos asuntos, refrendada ahora por Maza en su discurso.

La nueva fiscal vasca, en un breve discurso con muy pocas referencias más allá de lo jurídico, no ha mencionado expresamente la corrupción, pero sí ha manifestado su voluntad de poner la institución al servicio del “interés público”, también en cuanto a la defensa de derechos sociales se refiere. Además, ha leído una pequeña frase en euskara que podría interpretarse a la luz del debate sobre el derecho a decidir abierto en Cataluña y en menor medida en Euskadi. Ha señalado que “la ley no limita la voluntad ciudadana”, sino que “es el mejor instrumento” para garantizar sus derechos.

Adán ha agradecido el trabajo de Calparsoro en estos últimos cinco años largos como fiscal superior. Maza también lo ha hecho y ha destacado el papel jugado por el guipuzcoano en la apertura de la institución y en la difusión pública de su actividad. Su sucesora también ha comprometido una política informativa de transparencia y aperturismo, aunque ha matizado que preservará “absolutamente” los derechos de los ciudadanos que se enfrentan a los tribunales, especialmente los de los imputados en investigaciones penales en curso.

Ha sido precisamente Calparsoro el que ha leído, en euskara y castellano, el real decreto del ministro de Justicia que nombraba a Adán. El fiscal ocupará ahora una plaza en la oficina de Adán, aunque ya sin responsabilidades de primera línea. El tercer aspirante al puesto, Josu Izaguirre, presente también en Bilbao, ha sido refrendado como fiscal-jefe de Álava y continuará allí para un tercer mandato.

También ha tomado la palabra en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que ha aplaudido la “mente analítica” de Adán y su “pasión por la Justicia”. El fiscal general, por su parte, ha tenido un desliz cuando se ha referido a Ibarra como un “antiguo amigo” al que conoció en el primer Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid hace más de tres décadas, órgano en el que Ibarra nunca ha estado.

Más inversiones

La representación institucional que se ha desplazado hasta la sede judicial de Jardines de Albia ha sido amplísima. Además del delegado del Gobierno central, Javier de Andrés, han acudido tres consejeros del Ejecutivo vasco, la titular de Justicia, María Jesús San José, el portavoz Josu Erkoreka y la responsable de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

Maza se ha dirigido a ellos para solicitarles “respetuosamente” que “inviertan” más en el ministerio fiscal, que afrontar un período de renovación y modernización. “Vale la pena hacerlo”, les ha dicho Maza, que ha reiterado su apuesta porque los fiscales asuman también la investigación de los casos penales en lugar de los jueces instructores, como hasta ahora.

Entre el público también ha habido numerosa representación de la Ertzaintza, la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas , así como el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el ‘ararteko’, Manu Lezertua, o los rectores de las universidades vascas. Adán ha pedido disculpas por no poder saludar personalmente a todos los invitados, aunque sí se ha hecho fotografías con muchos de ellos.

Aunque los focos se posaron este miércoles en Carmen Adán, la nueva fiscal superior del País Vasco que sustituye a Juan Calparsoro, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido también mantener a Josu Izaguirre al frente de la Fiscalía de Álava. Será el tercer mandato de este guipuzcoano procedente de Lugo.

Impulsor de investigaciones como el ‘caso De Miguel’, el ‘caso Hiriko’ o el ‘caso Epsilon’, Izaguirre, que se ha impuesto a dos rivales, continuará su carrera en este territorio después de su segundo intento fallido por asumir la jefatura del ministerio público en Euskadi.

Tras la reunión del Consejo Fiscal y los nombramientos acordados por Maza, que han levantado ampollas en órganos tan importantes como la Audiencia Nacional o la Fiscalía Anticorrupción, la nueva estructura del ministerio fiscal en el País Vasco queda con Adán al frente, con María Jesús Cuartero como nueva ‘número dos’ -la anterior falleció en otoño- y con Calparsoro como tercer fiscal adscrito a la Fiscalía superior, aunque ya con menos galones.

Idoia Zuriarrain continúa como responsable de la institución en Gipuzkoa (su plaza no estaba pendiente de renovación), Izaguirre seguirá cinco años más en Álava y toca ahora cubrir la plaza de fiscal-jefe de Bizkaia, vacante con el ascenso de Adán. Será cubierta en los próximos meses.

Los fiscales-jefe de Álava y Bizkaia, Josu Izaguirre y Carmén Adán, competirán contra el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en el proceso de reelección que se inició el pasado 9 de enero y que abre hoy una nueva etapa tras el final, a medianoche de este jueves, del plazo de presentación de candidaturas para la plaza más codiciada de la Fiscalía en la comunidad autónoma. Calparsoro, en el puesto desde 2010 y ‘en funciones’ desde 2015 por la ausencia de Gobierno en España, que ha frenado la renovación de medio centenar de cargos en toda España, cuenta con pocas opciones de continuar un segundo quinquenio, a tenor de la opinión manifestada a eldiarionorte.es por distintos operadores jurídicos.

Calparsoro, donostiarra de nacimiento y de sentimiento, fue máximo responsable de la Fiscalía en La Rioja antes de ocupar esa misma posición en Euskadi. Durante estos años, ha hecho gala de una gran cercanía con los medios de comunicación y ha acercado la institución a la ciudadanía. Sin embargo, esa misma exposición pública le ha jugado también malas pasadas, como la polémica cuando consideró que Inés del Río, una histórica de ETA beneficiada por la derogación de la ‘doctrina Parot’, ya no era una terrorista al salir de la cárcel o cuando manifestó que eran “legítimos” los argumentos de Arnaldo Otegi para no ser inhabilitado como candidato de EH Bildu a lehendakari a pesar de su condena que luego se hizo efectiva.

Sobre sus manos han pasado este quinquenio prorrogado asuntos espinosos, aunque el grueso de ellos no han acabado en condenas penales. Como fiscal superior, archivó la denuncia presentada por el Gobierno del PSE-EE por un supuesto fraude multimillonario en las contratas de informatización de los juzgados y no ha podido impulsar una causa por el dinero perdido en Gipuzkoa con el proyecto de la incineradora como tampoco por el cártel en los comedores escolares destapado por Competencia. Durante este tiempo, ha interrogado por distintos motivos a líderes políticos como Txarli Prieto, Víctor García Hidalgo, Hasier Arraiz, Javier Maroto o José Luis Bilbao.

Uno de sus mayores éxitos es el impulso de acciones legales en favor de los afectados por la comercialización fraudulenta de aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor, las conocidas como ‘preferentes’ vascas. Y una de las cuestiones que deja en el tintero es la creación en Euskadi de un fiscal contra la corrupción, como ha demandado largamente sin éxito. Sí se han especializado profesionales en materias como la discapacidad o el medio ambiente.

Uno de sus momentos más críticos fue el escrito de queja que los jueces vascos, encabezados por Juan Luis Ibarra, enviaron a la Fiscalía general contra su persona por denunciar las “dilaciones indebidas” de la magistrada Ana Torres, responsable de la investigación por la muerte en una carga de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas. El fiscal, públicamente, pidió disculpas: “Mis palabras quizás no fueron las más acertadas”.

Dos rivales duros

Calparsoro afronta una complicada renovación. Además, tendrá enfrente a dos fiscales como peso en la casa como el titular de la Fiscalía de Álava, Josu Izaguirre, y su homóloga en Bizkaia, Carmen Adán. Izaguirre, también donostiarra y euskaldun y que ya intentó sin éxito el salto a la plaza en 2010, se ha destacado como azote de la corrupción desde su oficina de Vitoria, en la que ha dirigido asuntos como el ‘caso De Miguel’ o el ‘caso Hiriko’, aunque también asuntos más sociales y que levantaron gran polvareda como los abusos sexuales en colegios públicos finalmente archivados.

Adán, de perfil más bajo y menos conocida, tiene también una larga trayectoria en la carrera fiscal. Recientemente, ha saltado a la palestra por el ‘caso Margüello’, en el que acusa a altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe por irregularidades graves en contrataciones de Sanidad. En el pasado también lideró el ‘caso Ibarra’ en la Hacienda foral.

Resuelve el Consejo Fiscal

El plazo para la presentación de candidaturas finalizó este jueves a medianoche. Las candidaturas de Calparsoro, Adán e Izaguirre están registradas ya correctamente. Sin embargo, desde la Fiscalía general han explicado a eldiarionorte.es que no se puede descartar que haya más candidatos ya que es posible enviar por correo postal las instancias siempre que la fecha del matasellos sea previa al 20 de enero. Estiman que hasta la semana que viene no se podrán cerrar las candidaturas para todas las plazas, varias decenas, convocadas en toda España.

El procedimiento a partir de ahora requiere una votación del Consejo Fiscal. Sin embargo, su dictamen no es vinculante dado el voto de calidad del fiscal general del Estado. Así ocurrió en 2010, cuando Cándido Conde-Pumpido se decantó por Calparsoro a pesar de que Izaguirre recabó más apoyos en este órgano consultivo. Desde la Fiscalía general apuntan a que la sesión podría producirse “a lo largo de la primera quincena de febrero”.

En esa misma reunión del Consejo Fiscal deberán valorarse las candidaturas a otras dos plazas convocadas en Euskadi. También se renueva la Fiscalía de Álava. Izaguirre, si no consigue el ascenso, optará también a la reelección para un tercer mandato. Hay más candidatos pero su identidad no ha trascendido. Finalmente, también se cubrirá la vacante de teniente fiscal de Euskadi, el ‘número dos’ de la institución. La anterior titular de la plaza, Blanca Gómez, falleció en otoño. Aspira a ese puesto María Jesús Cuartero, que ya es colaboradora de Calparsoro en la Fiscalía del País Vasco.

Una denuncia penal del principal sindicato de la Ertzaintza (ErNE) contra altos cargos del Departamento de Seguridad, incluido el ‘número dos’ de Estefanía Beltrán de Heredia, Josu Zubiaga, ha terminado por poner al desnudo los retrasos en los juzgados de instrucción de Vitoria, ya en el punto de mira de los operadores jurídicos desde hace varios meses. El próximo 3 de febrero se cumplirán seis meses desde que Erne registró la querella, el plazo máximo que marca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar cualquier delito, y el asunto ni siquiera se ha sometido a consideración, según han confirmado fuentes judiciales y sindicales a eldiarionorte.es.

En pleno verano, Erne se querelló contra Zubiaga y también contra el entonces viceconsejero de Administración y Servicios, Iñaki Gurtubai, y contra la directora de Recursos Humanos, Miren Karmele Arias. La central entiende que promovían el “enchufismo” en la Ertzaintza al asignar ‘a dedo’ determinadas plazas a personal de confianza. Estos funcionarios pasaban a estar adscritos directamente al viceconsejero de Seguridad con un código específico. “Son nombramientos ilegales”, remarcó en su día el sindicato en la primera iniciativa penal que había abierto en su historia contra el Gobierno.

Pero la causa judicial ha consumido más de cinco meses y medio en los tribunales sin que la investigación ni siquiera se haya iniciado. Primeramente, el 5 de agosto, un juzgado de Bilbao se inhibió al entender que el asunto debía analizarse en Vitoria, como capital del País Vasco y sede del Departamento de Seguridad. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria, que en tres meses ni dio registro a la documentación remitida desde Bilbao.

Finalmente, el 30 de noviembre, la magistrada María Eneida Arbaizar resolvió que no estaba de guardia cuando llegó el expediente y dictaminó que el órgano competente era Instrucción 2. Esta sala tampoco inició el procedimiento, incluso a pesar de que en diciembre Erne registró una ampliación de denuncia. Y, en un nuevo giro de los acontecimientos, el 16 de diciembre el caso regresó a las manos de Arbaizar. Empeñada en que el asunto no es de su competencia, esta togada ha elevado una consulta al decanato para que dictamine qué sala debe analizar la demanda sindical. Lo hizo el 11 de enero, casi un mes después de volver a recibir el expediente.

Entretanto, Erne ha remitido ya dos escritos de queja por lo sucedido. El primero ha llegado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, con el ánimo de que el asunto sea tratado en la Sala de Gobierno, el máximo órgano de la judicatura vasca. El fiscal superior, Juan Calparsoro, también está informado, al igual que el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre. “El sindicato espera que se resuelva el problema. Lo que es evidente es que aquí hay responsabilidades por parte de los jueces, de algunos jueces. En casi seis meses no han hecho nada. Es un escándalo y vamos a ir a por todas”, critican desde Erne, que valora igualmente elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el único órgano competente para imponer medidas disciplinarias contra los magistrados.

Otros casos de dilaciones

Este caso recuerda poderosamente a la denuncia presentada por UPyD en 2014 contra el Gobierno vasco, en aquella ocasión por supuestas irregularidades en la contratación de espacios publicitarios en ‘Deia’, Onda Vasca y el resto de cabeceras del Grupo Noticias. El expediente estuvo más de un año dando vueltas por distintos juzgados hasta que finalmente recayó en Instrucción 4.

Su titular, María Eneida Arbaizar, también ha sido objeto de duras críticas después de que emitiera un auto plagado de errores como cierre de la investigación del mayor sumario de corrupción en el País Vasco, el ‘caso De Miguel’ que afecta de lleno a exdirigentes del PNV de Álava. Arbaizar, que heredó el juzgado del impulsor de esa causa, Roberto Ramos, sólo tenía que recopilar las acusaciones de las partes y decretar las medidas cautelares de cara al juicio. Pero incurrió en 21 imprecisiones, algunas de calado. La magistrada corrigió su resolución judicial seis meses después, lo que ha dilatado aún más un procedimiento iniciado en diciembre de 2009.

En los juzgados de Vitoria tampoco hay noticias del ‘caso Hiriko’, la investigación en torno a la pérdida de unos 18 millones de euros en ayudas públicas para el impulso del coche eléctrico vasco. En este caso, Instrucción 3 tardó casi un año entero en dar curso a la denuncia de la Fiscalía y en citar a declarar a los imputados. Desde entonces, hace ahora once meses, no ha habido avances significativos. El ‘caso DenokInn’, vinculado al anterior, arrancó en primavera del pasado año y continúa en ‘stand by’.

Fuentes judiciales explican que los problemas también se están haciendo notar en asuntos ordinarios de delincuencia común. La Fiscalía, por ejemplo, solicitó que se ampliara el plazo ordinario de seis meses a año y medio para un asunto concreto y la Audiencia de Álava ha dado la razón al imputado y cerrado la fase de instrucción sin estar debidamente concluida ya que el juzgado respondió fuera de plazo a esa petición del ministerio público.

El decano va a intervenir

Pero no todo son malas noticias. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial premió al titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria y decano de los jueces alaveses, José Luis Núñez, por dirigir la sala más eficaz de España. Este organismo valoró “un tiempo de respuesta extraordinariamente bajo y un elevado rendimiento” y la “labor, dedicación, esfuerzo y profesionalidad” del magistrado, con once años de experiencia en la plaza.

el Consejo General del Poder Judicial premió al titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria y decano de los jueces alaveses, José Luis Núñez

Y precisamente el decano tendrá en sus manos el futuro de la denuncia de Erne. Según ha explicado a este periódico Núñez Corral, el 11 de enero recibió la cuestión de competencia formulada por la titular de Instrucción 4 y espera resolver en breve. Sobre el fondo de la cuestión, el magistrado sostiene que “hay que velar escrupulosamente por la normativa de reparto entre juzgados” pero que “el servicio de Inspección del CGPJ ejerce con rigor sus funciones cuando detecta disfunciones”.

La letrada de la familia del joven Íñigo Cabacas, fallecido en abril de 2012 tras recibir un pelotazo en una carga policial de la Ertzaintza, registró dos quejas contra la juez de Bilbao Ana Torres por, entre otros motivos, los retrasos en la investigación de unos hechos tipificados como “homicidio imprudente” y que no se han aclarado cuatro años y medio después. La primera denuncia, ante el decanato de jueces, quedó archivada y ahora es la Fiscalía la que da también carpetazo a la segunda tras haber realizado diligencias informativas. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que públicamente había defendido una mayor celeridad en un caso tan sensible, insiste en la importancia de “respetar los plazos procesales”, pero archiva la causa porque no hay base para iniciar ningún tipo de procedimiento.

La polémica surgió con la entrada en vigor de la nueva normativa procesal penal en España en diciembre de 2015. Desde entonces, los procesos judiciales tendrían un plazo máximo de instrucción de seis meses salvo excepciones. Por lo tanto, los asuntos abiertos antes de esa nueva ley decaerían en junio de 2016. La abogada de la familia de Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, realizó en abril un último intento de impulsar la investigación solicitando nuevas pruebas y declaraciones. Es una opinión compartida, incluso por la juez Torres, que hubo más policías que dispararon la noche de autos más allá de los seis ertzainas que están imputados, lo que hace virtualmente imposible que un juicio pueda fijar con detalle las responsabilidades reclamadas por el entorno de la víctima.

La letrada se quejaba de no fue hasta junio, horas antes del final del plazo, cuando la juez respondió a su solicitud, incluso a pesar de que en mayo la había reiterado. En medio, el propio Calparsoro declaró públicamente que apreciaba “dilaciones indebidas” en este asunto que lleva más de cuatro años en los juzgados de Bilbao sin aparentes avances.

Finalmente, en junio la juez acordó una prórroga de la investigación de seis meses, aunque únicamente para dar cauce al recurso ante la Audiencia de Bizkaia presentado por la familia tras el rechazo de las pruebas e imputaciones presentadas en abril. En paralelo, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una queja a la Fiscalía General del Estado por las palabras de Calparsoro, que tuvo que pedir disculpas a la magistrada Torres. Esta protesta llegó con Calparsoro ‘en funciones’ y a la espera de un nuevo Gobierno central que pueda renovar o no la confianza en el jurista guipuzcoano.

Lo que no trascendió antes del verano –lo adelantó eldiarionorte.es en septiembre- es que Goirizelaia había formalizado dos quejas por esta situación. La primera, ante el decanato de jueces de Bilbao, quedó archivada tras no hallar el decano, Aner Uriarte, “apariencia” de responsabilidades disciplinarias una vez escuchada la juez Torres, según manifestó a este periódico. El fiscal Calparsoro, en cambio, sí inició diligencias sobre este asunto y pidió informes a la fiscal del caso, Pilar Jiménez. Esta semana, en cambio, ha dado por concluido este expediente al no hallar base para continuar con la causa, aunque sí insiste en genérico en la necesidad de que la Justicia sea ágil como garantía del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Se da la circunstancia de que la polémica vivida en junio se podría repetir perfectamente en diciembre. Cuando vuelva a acercarse el final del plazo quedará patente que los avances de la investigación en estos meses han sido nulos. En noviembre la Audiencia de Bizkaia resolverá el recurso sobre el escrito de Goirizelaia de abril y ordenará, en su caso, la práctica de las pruebas y declaraciones solicitadas, aunque el plazo para completarlas sea de apenas unas semanas tras varios meses de parón. Si no, el ‘caso Cabacas’ caminará o hacia un juicio con los actuales mimbres y los actuales imputados (que defienden que no son los únicos que dispararon, por lo que hay una duda razonable de su culpabilidad) o hacia un seguro que polémico archivo definitivo.

El Tribunal de Cuentas del Estado ha iniciado un “procedimiento de reintegro por alcance” como consecuencia de “supuestas irregularidades contables” en relación a la liquidación del contrato de construcción de la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa), decisión adoptada en 2012 por la Diputación de Martin Garitano (EH Bildu) después de que este macroproyecto fuera puesto en marcha en la anterior legislatura, con el PNV, con un coste total de aproximadamente 225 millones. De prosperar el procedimiento iniciado por el máximo órgano fiscalizador español, los responsables del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK) deberán devolver de su bolsillo el quebranto económico que generó parar una infraestructura en marcha, unos 8,2 millones en indemnizaciones a las contratistas, según algunas estimaciones.

El edicto del Tribunal de Cuentas emitido en Madrid el 26 de septiembre de 2016 en el que se recoge el inicio de este nuevo procedimiento judicial con la incineradora como telón de fondo, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, no especifica aún quiénes serían, con nombre y apellidos, los cargos políticos que tendrían que afrontar un juicio y eventualmente la devolución del dinero supuestamente despilfarrado. En todo caso, se trata de un proceso judicial en toda regla, ya que el Tribunal de Cuentas del Estado tiene función jurisdiccional plena para los ilícitos contables (que no son delitos). En Euskadi, el caso más sonado ha sido la reciente condena al exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso y a otros concejales del PP a devolver 400.000 euros por el oneroso alquiler de unas oficinas al conocido empresario Gonzalo Antón.

Se da la circunstancia de que hace apenas unas semanas el fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, archivó una investigación penal abierta contra GHK por los mismos motivos. Calparsoro no halló indicios de delito y estimó que las acciones para paliar el quebranto económico ocasionado por la suspensión del contrato de la incineradora, algo que da por sentado, debía impulsarlas en la vía civil la Diputación actual, en manos de PNV y PSE-EE y que ha recuperado el proyecto guardado en un cajón por EH Bildu.

La investigación del Tribunal de Cuentas se apoya en una auditoría sobre las cuentas de GHK elaborada por el Tribunal de Cuentas autonómico (sin competencias para exigir la devolución del dinero en caso de irregularidades) a instancias del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. El informe, finalizado en 2014 y publicado este pasado mes de mayo en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), habla de que GHK acordó una indemnización de 8,2 millones a las contratistas de Zubieta tras la rescisión del contrato sin que existiera “una liquidación o certificación final de los trabajos realizados que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos”. En sus alegaciones, los antiguos responsables de GHK explican que la liquidación se realizó de manera ajustada.

El fiscal superior del País Vasco ha cerrado definitivamente la investigación que tenía abierta sobre las posibles “responsabilidades civiles y/o penales” por parte de los gestores del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK), controlada entonces por EH Bildu, en relación con la incineradora de Zubieta y el supuesto quebranto económico para el erario público mientras la Diputación estaba en manos de la coalición independentista y dirigida por el diputado Martín Garitano.

Con todo, Carlparsoro, en su decreto de archivo, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, reconoce que ha habido un “perjuicio patrimonial” para el erario público por la actuación de los gestores de la coalición independentista e indica que su “reclamación corresponde a la Diputación de Gipuzkoa”.

Durante la anterior etapa, los responsables de EH Bildu paralizaron la construcción de la incineradora -que ahora se ha vuelto a poner en marcha, tras la vuelta al Gobierno de la diputación del PNV y PSE- y los detractores de esa decisión han acusado desde entonces a los gestores soberanistas en Gipuzkoa de haber ocasionado con esa política un “quebranto económico” a las arcas públicas del territorio.

Ante la “temeraria” gestión del consorcio (GHK), el socialista Denis Itxaso -ahora diputado de Cultura de Gipuzkoa y entonces presidente de la Mancomunidad de San Marcos- solicitó la reapertura de las diligencias iniciadas de oficio por el fiscal en julio de 2013 y archivadas provisionalmente seis meses después.

En un decreto del fiscal superior del pasado 15 de septiembre, Juan Calparsoro asegura que “tras analizar la nuevas pruebas y demás diligencias practicadas” durante los últimos meses, “no se han acreditado elementos necesarios para el ejercicio de acciones penales, sin perjuicio de más pruebas que en el futuro puedan obtenerse”. “Para hablar de delito”, explica Calparsoro, “se exige una actuación claramente arbitraria y carente del más mínimo fundamento, con desviación de los fines a los que sirven las administraciones públicas”. Algo que el fiscal no ve en este caso.

El fiscal descarta también el delito de “prevaricación admnistrativa”. El fiscal tampoco aprecia una “intención deliberada y plena conciencia de ilegalidad del acto realizado”, ni la existencia de dolo alguno. Ni tampoco que haya una “contradicción patente, notorio e incuestionable” con el ordenamiento jurídico o que en la resolución dictada por los gestores de EH Bildu “lo sea sin cumplir lo que legalmente esté preceptuado con carácter esencial”.

Pero queda la responsabilidad civil. El fiscal no cierra la puerta a la existencia de un “perjuicio patrimonial” que, en todo caso, precisa, la reclamación deberá ser ejercitada por la institución foral. En materia de responsabilidades civiles por “indemnizaciones de daños y perjuicios exigibles a los responsables de la paralización de la infraestructura o a los que licitaron y celebraron los contratos con las empresas constructoras que posteriormente se paralizaron y con los bancos para la obtención de los créditos que luego no se utilizaron, o ambos. corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa su reclamación, al ser la perjudicada patrimonial”, apunta en su decreto de archivo.

Un juez rechaza la demanda contra los bancos

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decidió reabrir la investigación que él mismo inicio de oficio el 18 de julio de 2013 en relación con las implicaciones de la nueva política sobre los residuos de las autoridades de Bildu en Gipuzkoa y sus implicaciones para el erario público. La decisión de un juzgado de rechazar la demanda contra los bancos con los que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) cerró la financiación para construir las incinerado en Zubieta -infraestructura desechada por Bildu al llegar al Gobierno- ha sido el motivo principal de que Calparsoro haya decidido poner la lupa de nuevo sobre este caso.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián desestimó a principios de 2015 la demanda que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) interpuso contra La Caixa, el Santander y la consultora Price WaterHouse Coopers Corporate Finance porque consideraba que estas entidades bancarias hacían un “uso abusivo” de los contratos de cobertura de tipo de interés ('swaps') de los créditos para financiar la incineradora, aprobados en la pasada legislatura. Al abrir la primera investigación, el fiscal valoró, entre otras cosas, el “coste económico para las arcas públicas pues deben pagarse las indemnizaciones a las empresas contratadas”, en alusión a las empresas adjudicatarias para construir la incineradora -rescisión de contratos que ya supuso el pago de más de 8 millones de euros de dinero público-. Calparsoro, en su primer decreto de archivo del 17 de enero de 2014, ya apuntó que, pese a la decisión de no construir las incineradora, “deben pagarse los intereses de los préstamos y créditos obtenidos de las entidades financieras”. Solo en concepto de intereses, mensualmente se destinan 600.000 euros, según datos del propio consorcio.

'Swaps tóxicos'

Pese a la entonces sentencia favorable a los bancos -lo que implica que Gipuzkoa tenía que seguir pagando unos 'swap tóxicos' que siempre ha considerado “abusivos”- el consorcio, entonces en manos de EH Bildu, destacó que Gipuzkoa se iba a “ahorrar un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”.

Con la llegada a la Diputación, hace poco más de un año, del PNV y PSE-EE, el nuevo equipo gestor aprobó a finales de julio pasado la licitación de las obras de la incineradora, con una inversión de 220 millones de euros con un sistema público privado “necesario” porque GHK arrastra unas pérdidas por la “desastrosa gestión de Bildu superior a los 40 millones de euros”, lo que hace “implanteable” soportar el peso de la inversión en capital público, según destacó en una entrevista en este periódico el diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio.

En la citada entrevista, Asensio apuntó que la paralización de la construcción de la incineradora, decidida por EH Bildu en 2011 cuando llegó al gobierno en la Diputación, está cifrada en “más de 40 millones”. Y, además aseguró entonces que “por dar una cifra que es incuestionable por nadie recordaré que Bildu recibe GHK en números negros y lo deja, cuatro años después con 40,7 millones de números rojos, pérdidas vaya. Son sus propias cuentas. Es es la situación heredada”.

En Euskadi, los jueces dictaron 790 órdenes de protección y 689 de alejamiento en 2015. Además, se acordó el control mediante dispositivos telemáticos o electrónicos de las medidas de alejamiento en 29 procedimientos (16 de ellos para el control de la pena de alejamiento y en 13 casos para el control de la medida cautelar de alejamiento). Y pese a todo ese año tres mujeres fueron asesinadas en el País Vasco.

El reproche social ha crecido de tal manera y las campaña de sensibilización institucionales y de grupos feministas en favor de la denuncia de este tipo de delitos de violencia de género que las causas se multiplican en los juzgados. “No hay más delitos que antes”, precisa el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, “lo que se constata es que se presentan más denuncias”. Los procedimientos por violencia de género se incrementaron en 2015 un 2,11%, según los datos de la Memoria Fiscal relativa a ese año y que este periódico ya adelantó parcialmente a principios de mes. Y también han crecido las condenas.

De los 5.680 de 2014 se ha pasado a los 5.800 procedimientos. Y se han dictado 1.640 sentencias condenatorias, de las cuales más de la mitad (el 55,42%, exactamente) se producen por conformidad entre la acusación y la defensa de la persona que ha cometido la agresión sexual. Las condenas también crecen ya que en en 2013 fueron 1.437 y en 2014 1.362.

Cambios legales

Pero la Fiscalía considera que las herramientas que tienen en la mano los jueces y fiscales para detener esta sangría son claramente insuficientes. Y algunos de los apartados del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mejorables. Así, la Memoria de 2015 hace suya la sugerencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial de introducir en la legislación procesal la “posibilidad de aplicar la libertad vigilada del investigado con carácter cautelar mientras dure el procedimiento, al considerar que las medidas de alejamiento son, en muchas ocasiones, insuficientes, no se puede controlar de manera eficaz y no protegen debidamente a las víctimas de estos delitos”.

Mayoritariamente el parentesco de las 3.488 víctimas con el agresor -en los casos analizados en la Memoria de 2015- reflejan que son el cónyuge (28,23%), la expareja de hecho (24,82%) y la pareja de hecho (19,58%) y, ya a más distancia, la novia (14,73%) y el excónyuge (12,16%).

El movimiento de la Fiscalía es de calado porque desde los movimientos feministas y las asociaciones de mujeres siempre han criticado que la “doble victimización” que muchas veces supone para la mujer la respuesta dada desde los juzgados a las denuncias contra sus agresores.

El fiscal Calparsoro defiende, además, que sería “importante” también que se suprima la circunstancia atenuante de haber confesado a las autoridades el delito cometido (recogido en el artículo 21.4 del Cógido Penal) cuando sean casos de violencia machista y tenga como resultado la muerte de la mujer, bien sea asesinato u homicidio, “cuando la ejecución del hecho o las circunstancias que lo rodean permitan sin dificultad atribuir la autoría al varón de la pareja sentimental, haciendo inoperante la motivación que justifica, con carácter general, su apreciación”.

El debate abierto en el seno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha prendido ya en la Fiscalía vasca y ahora debería tener su continuidad en el legislador, toda vez que cuando se produce un hecho de violencia machista y otra mujer es asesinada todas las instituciones y partidos consideran que debe haber “tolerancia cero” contra esta lacra que anualmente se lleva a la tumba de media unas 70-80 mujeres.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado en rueda de prensa esta mañana que la abogada de la familia de Íñigo Cabacas, fallecido en 2012 tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza, ha presentado una queja formal por los retrasos de la juez encargada de la investigación, la magistrada Ana Torres. Mientras esa misma queja ante el decanato de jueces de Bilbao ha quedado archivada, Calparsoro ha explicado que sí ha iniciado “diligencias informativas” para aclarar su contenido.

Como ha adelantado eldiarionorte.es, la letrada de la familia Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, presentó en junio un doble escrito de queja contra la juez Torres. Lo hizo porque el plazo legal para dar por concluida la investigación expiraba sin que la magistrada hubiese respondido a las últimas solicitudes de imputaciones de la acusación particular (registradas en abril) y porque el caso quedaba abocado o al archivo o a un juicio contra seis ertzainas aunque hasta la juez asume que más policías que ellos dispararon pelotas de goma en la actuación policial investigada.

El primer escrito de queja (que no es una denuncia o querella) fue desestimado por el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que no halló “apariencia” de responsabilidades disciplinarias en la actuación de Torres y, por lo tanto, no elevó su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de los jueces. El segundo, remitido a la Fiscalía, sí ha sido admitido a trámite, según ha explicado hoy Calparsoro. Abrió diligencias en junio para analizar si efectivamente ha habido retrasos deliberados en una causa abierta en 2012 y que en 2016 todavía no arroja conclusiones claras.

Se da la circunstancia de que Calparsoro ya criticó públicamente las “dilaciones indebidas” en este procedimiento judicial. Este comentario le valió la reprobación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que atendió la protesta de la juez afectada. Los jueces vascos elevaron ante la Fiscalía General del Estado una queja formal contra el fiscal superior vasco, que se vio forzado a pedir disculpas por lo sucedido.

La falta de respuestas en la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao por la muerte en 2012 en una carga policial de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente”, ha llevado a la letrada de la familia, Jone Goirizelaia (ahora parlamentaria de EH Bildu), a registrar una doble queja contra la magistrada responsable del caso, Ana Torres.

La abogada, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, habla de “falta de respeto” del juzgado hacia la familia de la víctima al no haber obtenido respuesta a unas solicitudes de imputaciones de ertzainas realizadas cuando el plazo legal para cerrar la investigación estaba a punto de expirar y era más urgente que nunca tomar decisiones. Incluso aprecia un posible delito de revelación de secretos al haber aparecido en prensa el contenido de ese documento judicial al que no se había dado respuesta oficialmente.

La primera de las quejas se tramitó ante el decanato de jueces de Bilbao y ha quedado archivada. En cuanto al segundo escrito, remitido a la Fiscalía, este periódico no ha podido conocer en qué fase se halla el expediente.

La polémica en torno al futuro de la investigación del ‘caso Cabacas’, que lleva más de cuatro años en el juzgado, tiene su origen en la reforma procesal que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015. A partir de entonces, se fijaba un límite de seis meses (prorrogable si estaba justificado) para todas las causas penales, lo que implicaba que las abiertas en ese momento decaerían en junio de 2016. Llegado ese momento, y tras varios meses sin movimientos en el juzgado, la investigación de la muerte de Cabacas quedaba abocada al archivo o a un juicio contra seis ertzainas imputados aunque hay pruebas –y así lo reconoció la juez- de que no fueron los únicos que dispararon, sino los únicos que lo admitieron.

Goirizelaia trató de dar un último impulso a esta causa solicitando en abril distintas declaraciones. Y la abogada lamentó que llegado el fin del plazo la juez Torres ni siquiera hubiese contestado sí o no a esa petición. Entretanto, el fiscal superior, Juan Calparsoro, criticó también que tras cuatro años de investigación no hubiese conclusiones claras en torno a este suceso.

Sin avances en el sumario

Finalmente, a última hora se acordó dar seis meses más a la investigación con una fórmula extraordinaria aceptada por el ministerio fiscal. La juez Torres no accedió a los 18 meses de prórroga que pedía Goirizelaia y argumentó que el nuevo plazo más breve sólo se justificaba por la posibilidad de que la Audiencia de Bizkaia diera la razón a la familia y ordenara tramitar las peticiones cursadas en abril y rechazadas por la juez varias semanas después y al borde del 7 de junio, sin tiempo material para ningún movimiento. En ningún momento se aludía a la necesidad de practicar nuevas pruebas y, de hecho, a falta de dos meses para el segundo plazo no ha habido ni un solo avance en el sumario, según fuentes judiciales.

Fue en esas fechas cuando Goirizelaia registró la doble “queja”, que no “denuncia” o “querella” a pesar de que se cita expresamente un posible delito, contra la magistrada titular del juzgado número 10 de Bilbao. La primera llegó al decanato de jueces, competente en la materia. El juez decano, Aner Uriarte, explicó a este periódico que desestimó la petición de investigación solicitada al no ver “apariencia” de ninguna responsabilidad disciplinaria tanto por los retrasos como por la publicación en prensa de ese escrito al que no se había dado trámite. Tras dar audiencia a Torres como fija el reglamento de 1996, Uriarte optó por no elevar el asunto al Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El segundo escrito estaba destinado al fiscal vasco, Juan Calparsoro. La Fiscalía, a preguntas de este periódico, no ha querido concretar el estado en que se encuentra la queja de la letrada Goirizelaia.

Se da la circunstancia de que en aquellos tensos días de junio la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) salió en defensa de su compañera y elevó precisamente una reprobación contra Calparsoro ante la Fiscalía General del Estado por sus “injustificadas críticas” al desarrollo de la investigación del ‘caso Cabacas’. Calparsoro se vio obligado a pedir disculpas públicamente.

Una vez conocidos los candidatos de la coalición de Podemos y de Ciudadanos, la única incógnita de cara a las próximas elecciones vascas será si Arnaldo Otegi puede o no concurrir como cabeza de cartel de la marca de la izquierda abertzale, EH Bildu. Sobre él, como complemento a su condena de cárcel por el ‘caso Bateragune’ por colaboración con ETA, pesa una inhabilitación como cargo público hasta 2021 y la Fiscalía, apoyada por PP, UPyD, Ciudadanos y la agrupación de víctimas Covite, ha activado ya todos los resortes legales para hacer cumplir esa sentencia antes de los comicios. Otegi insiste en que no hay ‘plan B’ porque las reclamaciones contra él no tienen recorrido jurídico.

La coalición EH Bildu (formada por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba) conoce bien (y lo sabe rentabilizar) lo que es iniciar una campaña a la espera de una comunicación del Tribunal Constitucional, que es donde con toda probabilidad acabará el contencioso que se iniciará en la Junta Electoral de Gipuzkoa e irá recorriendo otras instancias.

El precedente es de 2011, cuando la formación recibió a ultima hora el plácet para concurrir a las elecciones municipales y forales tras sortear su ilegalización. Algunas voces, sobre todo el PSE-EE, insisten en que persistir en la batalla jurídica sólo beneficiará a Otegi al alimentar su victimismo.

Sea como fuere, la pugna jurídica ha devuelto a primer plano a la izquierda abertzale sin necesidad de presentar un programa electoral. En los últimos años, EH Bildu había perdido fuelle con la irrupción de Podemos y ya no parece en condiciones de ser la alternativa al PNV, como en 2012.

Otegi, histórico líder de HB, EH y Batasuna, salió en marzo de la cárcel de Logroño tras seis años entre rejas. Además de la pena de prisión, en su sentencia se recogía también la condena de inhabilitación hasta 2021. ¿Cuál es el problema? Existe un precedente, el de Iker Casanova, también de EH Bildu, que pudo ser parlamentario en la actual legislatura vasca, ya que el fallo judicial nunca precisó para qué cargos era efectiva la inhabilitación. A ello se agarra la izquierda abertzale en lo jurídico, aunque en lo político prefiere lanzar un mensaje de “desobediencia” a España.

Otegi ha llegado a decir que no habrá Ejército o Guardia Civil que le impidan acceder al Parlamento Vasco. O también, más poético, que podrán “cortar todas las flores, pero no detener la primavera”.

Precedente del parlamentario Casanova

EH Bildu está tan convencida de que no prosperarán las impugnaciones contra la candidatura de Otegi por este precedente de Casanova que hace unos meses, cuando se ventilaba su condena de cárcel y se confirmó en un auto la inhabilitación hasta 2021, ni siquiera presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. “No hay plan B”, repiten desde la coalición. No hay candidato alternativo (aunque la número uno por Álava, Miren Larrión, tiene mucha proyección) y Otegi estará en la campaña ocurra lo que ocurra en los tribunales.

Entretanto, la Fiscalía ha buscado nuevos argumentos para sortear el precedente de Casanova. Uno de ellos, según el escrito del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es que la inhabilitación para cargo público tiene una accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, para que no pueda ser votado en las urnas.

Esta circunstancia no se daba en el caso de Casanova. “El nombre de Otegi no aparecerá en las papeletas”, ha llegado a garantizar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Pero ni siquiera esta argumentación es aceptada por todos los juristas. Quien más claro lo ha dejado es el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que ha declarado que “hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu” y que la jurisprudencia abierta por la inhabilitación de Casanova es de aplicación también para Otegi, porque la inhabilitación para el sufragio pasivo es una “accesoria” del veto a ser cargo público, no otra condena adicional.

No obstante, Calparsoro “acata” las directrices de Zaragoza porque en derecho “nada es blanco o negro” y existen “márgenes para la interpretación”. Apela a que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, pedía este viernes perdón por sus críticas a la jueza que instruye el 'caso Cabacas', la investigación de la muerte del hincha del Athletic Íñigo Cabacas por un pelotazo lanzado por un ertzaina. Y la razón de esa actitud -después de haber cargado contra la investigación por lo que el fiscal considera “dilaciones indebidas” en el proceso judicial atribuibles a la magistrada Ana Torres- hay que buscarla en un escrito remitido el pasado 7 de junio por la propia juez a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco en el que la jueza encargada del caso se defiende de estas críticas y del malestar que le ha generado que el propio fiscal superior cuestionara su trabajo al frente del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao en esta causa.

Según un escrito que adelanta en parte el diario El Mundo, la magistrada acusa al fiscal superior de lanzar graves y falsas acusaciones contra su trabajo y de trasladar una imagen distorsionada de este proceso y de la justicia. La magistrada Torres llega incluso a señalar que esa lluvia de críticas perjudican la consideración profesional de su trabajo.

La jueza recuerda que durante estos años de instrucción se han tomado 67 declaraciones de testigos, además de las seis personas que están imputadas, y la acusación particular que en nombre de la familia Cabacas lleva la letrada Jone Goirizelaia ha remitido unas 40 peticiones de diligencias, además de todas la pruebas periciales practicas, las pruebas documentales e, incluso, la reconstrucción que se hizo en el lugar donde cayó Cabacas herido de muerte, en un callejón de la capital vizcaína. La Sala de Gobierno ha mostrado su apoyo a la jueza ante lo que considera son criticas “injustificadas”.

Críticas también en la Memoria Fiscal

El escrito ha sido remitido a la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco, que preside Juan Luis Ibarra, el pasado 7 de junio, justo un día después de que la propia jueza acordara -con el apoyo precisamente de la fiscal del caso, que desoyó el planteamiento del fiscal Calparsoro de cerrar la investigación ya- ampliar seis meses más la instrucción del caso. En su auto, la magistrada basaba su decisión en la necesidad de prevenir un acuerdo de la Audiencia Provincial de Bizkaia que revoque las recientes denegaciones de las pruebas solicitadas por la acusación particular ante el juzgado, pero la resolución no incluía la práctica de ninguna diligencia de investigación más.

No habían sido las primeras críticas de Calparsoro. De hecho, la Memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2014, difundida a finales de septiembre de 2015, ya lamentaba que el 'caso Cabacas', la muerte del hincha del Athletic en 2012, siguiera sin resolverse en el juzgado. Lo que, a juicio del ministerio público, además de suponer un “sufrimiento agravado para la familia”, afecta a la Ertzaintza, ya que su “modo de funcionamiento policial está en cuestión”.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera fundamental la protección de las cuatro hermanas menores que residen en Álava y que han sido sometidas a la mutilación genital femenina en Mali, el país de origen de sus padres. “La Fiscalía de Menores es la que tiene que velar por la protección y la custodia de las menores”, ha indicado el fiscal superior en conversación con este diario. Serían medidas de protección o medidas cautelares de carácter civil en las que incluso “podría retirarse la patria potestad a los padres de la niñas, si se comprueba que se ha producido el delito y que ha habido una falta de vigilancia por parte de los padres”, apunta el máximo responsable del ministerio público en Euskadi.

En cualquier caso, Calparsoro no ha querido adelantar las medidas que se van a adoptar en este caso, que lleva la Fiscalía de Menores de Álava tras la denuncia interpuesta en 2014. Los datos sobre la denuncia que obran en poder de la Fiscalía es que los abuelos de las cuatro hermanas habrían aprovechado el viaje de vacaciones a Mali en 2013 para someter a sus nietas a la ablación, una práctica que en ese país africano sufre el 98% de las mujeres. Los médicos forenses comprobaron que las niñas habían sufrido la mutilación del clítoris y, en principio, no consta que los padres pusieran impedimentos.

Todo esto está encima de la mesa de la fiscalía para adoptar las medidas de protección y de garantías de salvaguarda y custodia de las menores. “En este caso, la nacionalidad de las menores es igual. Lo que cuenta es la residencia, que es en Vitoria, para adoptar las medidas de protección que se fijen finalmente”, explica Calparsoro.

Competencia de la Audiencia Nacional

Pero al margen de la vía civil, está también la posible investigacion penal del delito de ablación, con todas las complicaciones legales que tiene al haber cometido presuntamente en un país extranjero. La última reforma sobre la justicia universal realizada en esta legislatura por el Gobierno del PP no afecta a este caso, un delito, el de la ablación cometido en un país extranjero a una residente española, que puede ser investigado en nuestro país. “Es complicado, sin duda, pero en cualquier caso la encargada de la investigación del posible delito sería la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, precisa Calparsoro.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, se advierte de que “el problema ha aumentado y se ven más casos”. Alrededor de 1.063 niñas de un colectivo de 3.600 mujeres originarias de los países donde se sigue ejecutando este rito -entre ellos Chad, Gambia, Malí, Senegal, Sudán, Yemen, Somalia, Guinea, Yibuti y Egipto- podrían estar en riesgo, según apuntan los datos de 2014, y desde Salud lamentan que “parte de estas mujeres ya han sufrido la mutilación”.