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La juez archiva el caso de abusos en colegios a pesar de los informes periciales que acreditaban los hechos

El dictamen de los servicios sociales de Vitoria, que daba credibilidad al testimonio de los menores, no es considerado una pericial judicial acreditada y no es aconsejable volver a someter a los pequeños a un interrogatorio

La Fiscalía y Clara Campoamor estudian recurrir la resolución judicial, que es provisional y que se podría revocar si aparecieran nuevas pruebas

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El juzgado de instrucción número 3 de Vitoria ha archivado de manera provisional y por falta de pruebas la investigación abierta en 2015 tras la denuncia de cinco casos de abusos sexuales a niños y niñas menores de cuatro años de tres colegios públicos diferentes de la ciudad. Los pequeños habían tenido como nexo común a un mismo docente cuando cursaban Educación Infantil. La resolución judicial, comunicada a las partes el pasado viernes y de la que ha tenido conocimiento eldiarionorte.es, indica que los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento, que acreditaron que los menores habían sido víctimas de abusos, no son una prueba pericial judicial suficiente a pesar de su contundencia. El imputado, además, negó los hechos en su declaración judicial de este verano.

El caso tuvo su origen en una primera denuncia de unos padres, que alertaron en el curso 2012/2013 al Departamento de Educación primero y a los tribunales después de que su hija había sufrido tocamientos. Aquella primera investigación quedó archivada por falta de pruebas. Más adelante, con el apoyo de la asociación Clara Campoamor, otras cuatro familias dieron el paso de presentar una nueva denuncia. En su caso, contaban con informes de prestigiosos profesionales adscritos al servicio municipal de Infancia de Vitoria que acreditaban los abusos. El nexo común entre todos los pequeños, de tres centros escolares distintos, es que habían sido alumnos de un docente muy concreto en diferentes etapas.

Pero este episodio sólo saltó a la opinión pública en el arranque del curso escolar 2015/2016, cuando la primera niña denunciante, que unos meses antes había pedido un traslado de centro para mayor tranquilidad, se topó en ese nuevo colegio con su presunto agresor. Para entonces, el profesor llevaba más de un año investigado, como comunicó a Educación la Fiscalía en 2014 sin que en ningún momento fuera apartado de las aulas. Ello sólo se produjo cuando el asunto trascendió a los medios de comunicación y tras una sonora polémica entre la Fiscalía y la delegada educativa en Álava, Blanca Guerrero.

En paralelo, continuó una investigación judicial no exenta de dificultades. La cortísima edad de las víctimas impidió desde un primer momento que pudieran verbalizar con claridad lo que habían padecido y un informe alertaba del riesgo para ellos de someterles a un interrogatorio judicial. Así pues, los informes periciales de los servicios sociales se convirtieron en un asidero para llevar adelante la causa.

Pero la juez estima que no es una prueba pericial acreditada y que, dada la imposibilidad de tomar declaración a las víctimas, es imposible probar con garantías la autoría de los hechos, ya que el maestro proclamó su inocencia cuando declaró hace unos meses. Además, las grabaciones de aquellas entrevistas con los niños y niñas, que podrían haber servido como base para una nueva pericial, o se han borrado o se han perdido con el paso de los años.

Se trata de un sobreseimiento provisional. Es decir, si surgen nuevas pruebas, como en la anterior ocasión, la investigación podría reabrirse. Además, las partes tienen la posibilidad de recurrir el archivo de la causa. La Fiscalía, según las fuentes consultadas, está estudiando el auto de la magistrada para determinar su posición, al igual que la asociación Clara Campoamor. Algunos de los padres de las víctimas, por su parte, no pueden ocultar su indignación ante la imposibilidad de depurar responsabilidades.

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