La interventora del Parlamento Vasco señala irregularidades en tres contratos

La interventora del Parlamento Vasco, Ana Isabel Barriuso, ha emitido en los últimos meses varios informes de “reparo” que figuran en la liquidación de los presupuestos de la institución en 2025, que se está formalizando ahora. En ellos, la alta funcionaria alerta de irregularidades en la tramitación de tres contratos. Cita, por ejemplo, el de traducción del diario de sesiones, que es el acta del pleno, la compra de prensa diaria y la elaboración de un 'dossier' de prensa. También cuestiona algunos gastos del Ararteko, la Defensoría del Pueblo, que es, en realidad, una institución dependiente del poder legislativo.

Sobre el servicio de traducción, la interventora expone que estaba adjudicado a la empresa Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbitzuak y que finalizó en octubre de 2024. Sostiene que, después, se siguió “realizando la prestación sin formalización previa del contrato, ni solicitud de retención de crédito adecuado y suficiente”. No se podía prorrogar y se optó por mantenerlo con facturas emitidas “mensualmente”, a modo de “concatenación” de “contratos menores”. Estos contratos son los que se adjudican sin concurso y no pueden superar los 15.000 euros anuales con la misma empresa. La interventora sostiene que “no se puede” emplear este procedimiento para las traducciones porque el montante total supera esa barrera.

¿Qué opina la Cámara? “En lo relativo a la no adjudicación de los contratos de traducción de los diarios de sesiones a partir de 2025, en 2024, al finalizar el contrato vigente y dado el alto coste del mismo, se decidió cambiar el sistema de acta y se va a implantar a un sistema de vídeo-acta con subtítulos”. “No obstante, la anterior empresa adjudicataria tenía trabajos que habían sido encargados antes de finalizar el contrato. Esos trabajo se realizaron y el Parlamento los pagó en 2025. Ésas son las facturas [cuestionadas por la interventora]. El trabajo estaba ya hecho, porque había un retraso acumulado, y había que pagarlo porque, de otro modo, sería un enriquecimiento injusto por nuestra parte”, explican fuentes de la Presidencia.

La funcionaria menciona también que no se ha hecho una adjudicación ordinaria para el suministro de periódicos. “No existe contrato que sustente la adquisición de la prensa diaria a Bestpress”, recalca. Igualmente, “el contrato con la empresa Rebold Marketing and Communication para la elaboración del dossier de prensa finalizó el 30 de junio de 2025, por lo que se está ejecutando la prestación sin contrato en vigor, mediante contratos menores mensuales”. “Se van encadenando contratos menores”, concluyen los informes internos.

Sobre la compra de periódicos, el Parlamento entiende que se pueden contratar por la vía del contrato menor “prescindiendo del límite cuantitativo” por la especial naturaleza de un producto de precio cerrado. Mencionan la existencia de otras resoluciones sobre disquisiciones similares en los que se ha dado por buena esta forma de proceder. Por otro lado, recalcan que en 2026 ya se regularizó el contrato del dossier, con una nueva adjudicación de unos 42.000 euros a la misma compañía, Rebold Marketing and Communication.

La Mesa del Parlamento, el órgano de dirección de la institución, dio inicio la pasada semana al proceso de liquidación y cierre de las cuentas de 2025, el último ejercicio completo. Es un proceso que incluye también la información sobre el Ararteko, que precisamente en 2025 vio la salida de su anterior titular, Manuel Lezertua, y la llegada del nuevo defensor, Mikel Mancisidor. Se señalan algunos problemas con nóminas, justificación de gastos y designaciones. En este proceso de liquidación se ha abierto un plazo para que los partidos puedan presentar alegaciones antes de que, en su caso, el dictamen sea enviado a la comisión de Reglamento y Gobierno, que es el mismo órgano que cada año aprueba los presupuestos. Los grupos tienen de plazo hasta el 12 de junio para presentar sus “objeciones”.