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La complejidad del 'caso De Miguel' retrasa el juicio hasta 2018

Las agendas ya estaban "despejadas" para octubre, aunque el volumen del mayor caso de corrupción del País Vasco ha empujado a la Audiencia de Álava a posponer unos meses más una causa que se inició en 2009

En septiembre el tribunal reunirá a las partes personadas, incluidos los letrados de los 26 imputados, para acordar la "logística" del macrojuicio e ir definiendo el calendario concreto

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Alfredo de Miguel, en los juzgados de Vitoria

Alfredo de Miguel, en los juzgados de Vitoria EFE

Las agendas ya se habían 'despejado' de cara al mes de octubre como previsible fecha de inicio del macrojuicio del 'caso De Miguel', el mayor sumario de corrupción en el País Vasco que incluye 26 imputados y elevadísimas solicitudes de cárcel por parte de la Fiscalía, especialmente contra quien fuera 'número dos' del PNV de Álava y quien da nombre al caso, Alfredo de Miguel, que se expone a 54 años de prisión (15 de cumplimiento efectivo) por 21 delitos de corrupción. Y las necesarias obras para acoger semejante acontecimiento ya están listas en el Palacio de Justicia de Vitoria. Sin embargo, la "complejidad" de la causa, según ha sabido eldiarionorte.es de fuentes judiciales, retrasará el juicio aún más, al menos hasta el arranque de 2018.

El 'caso De Miguel' se originó en 2009, en diciembre, cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció a De Miguel y a otros dirigentes del PNV como Aitor Tellería por haberla extorsionado, según su testimonio, para cobrarle una comisión de 100.000 euros. En marzo de 2010 el asunto saltó a la luz pública cuando la Ertzaintza practicó ocho arrestos, incluido el de De Miguel, entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Tras cinco años largos de investigación y apoyado en tres informes de la unidad de delitos económicos de la Policía vasca,  el juez Roberto Ramos dio la causa por concluida en 2015, mientras que en 2016 el fiscal, Josu Izaguirre, formuló su escrito de acusación después de que la propia Audiencia provincial tumbara los recursos de los imputados. 

Desde entonces, el asunto está pendiente de juicio. En medio, la juez que sustituyó a Ramos en el juzgado de instrucción demoró seis meses el procedimiento por no corregir un auto con una veintena de errores de bulto. Ahora, sobre la mesa de la sección penal de la Audiencia de Álava, tribunal que juzgará este caso, ya se encuentra el voluminoso sumario judicial (impreso podría ocupar una habitación entera hasta el techo) y las solicitudes de absolución por parte de los 26 imputados. Las fianzas, avales y embargos preventivos para hacer frente a las hipotéticas responsabilidades económicas ( 16 millones de euros en el caso de De Miguel) ya están también constituidas.

Fuentes judiciales han confirmado que la idea inicial era señalar la vista para otoño, para lo cual se habían "despejado" las agendas desde el mes de octubre. Sin embargo, desde la Audiencia de Álava se entiende que no hay margen temporal suficiente, con las vacaciones de agosto en medio, para analizar con detalle el sumario y preparar las más de medio centenar de citaciones de testigos. La nueva intención es señalar la vista para los primeros meses de 2018. En no pocas ocasiones los imputados han protestado porque entienden que la dilación del proceso alimenta su indefensión.

Elena Cabero, la magistrada que redactará la sentencia

Dos letrados personados en la causa, sin embargo, sí han confirmado el deseo del tribunal de reunirse "en septiembre" con todas las partes implicadas para analizar la "logística" del procedimiento, que seguramente obligue a celebrar sesiones durante varias semanas por su alcance. Será entonces cuando se fije un calendario más concreto, aunque ya se ha decidido, según informó 'El Correo', que la magistrada Elena Cabero ejercerá de ponente de la causa y que será, por lo tanto, la encargada de redactar la sentencia.

Entretanto, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco ya ha completado los trabajos de reforma en los juzgados de Vitoria para que puedan acoger un juicio con 26 imputados, medio centenar de testigos y amplia cobertura por parte de los medios de comunicación. Una de las decisiones ya adoptadas es que se habilitará una sala de trabajo específica para los periodistas. Está por ver qué decisión adopta el tribunal en relación a la posibilidad de que las cámaras graben o tomen fotografías de los implicados, que a buen seguro reclamarán proteger su propia imagen.

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