Qué falló con la víctima de violencia machista de Ibiza: un dispositivo en duda y una orden de alejamiento insuficiente

La agresión machista ocurrida en Sant Antoni (Eivissa) y que casi provocó la muerte de la víctima, una mujer de 31 años y nacionalidad española que continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha puesto el foco en los sistemas de protección –o más bien, de disuasión, como han señalado los colectivos feministas– que fueron “insuficientes” para evitar una brutal agresión en su domicilio, en el barrio de Can Tomàs, por parte de su expareja.

El presunto agresor, que ingresó el pasado martes en prisión preventiva, tenía una orden de alejamiento de cien metros durante tres años respecto a la víctima, quien portaba un dispositivo telemático de control que conecta con la Sala Cometa –de competencia estatal–, a través de la cual se coordina a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de violencia machista. Pero la orden ni el dispositivo fueron una medida efectiva para evitar lo que ocurrió.

Los familiares de la mujer, quienes se personaron en la vivienda de su hija y se toparon con el ahora detenido (de hecho, la madre y la hermana también fueron agredidas y necesitaron atención hospitalaria), denunciaron públicamente que la pulsera antimaltrato que llevaba la mujer no había funcionado, una versión que choca desde el principio con la del Ministerio de Igualdad, que aseguró a elDiario.es que el dispositivo sí había funcionado “correctamente” y han explicado que habían pedido a la autoridad judicial encargada del caso que ampliara la orden de alejamiento a 350 metros al considerarla “insuficiente”. El agresor había sido condenado apenas 40 días antes por dos delitos de violencia de género mediante los que se le establecieron dos penas de trabajos a la comunidad de 20 meses cada una, según Diario de Ibiza. 

De hecho, la hermana de la víctima aseguró que el dispositivo ya había emitido la alerta cuando los agentes llegaron al domicilio, así como que su llamada, al llegar al domicilio y encontrarse la escena atroz, fue el primer aviso que se dio a la Guardia Civil de Sant Antoni, a quien corresponde actuar en estos casos dentro del término municipal donde se produjo la agresión. En el informe que elaboraron tras la intervención los agentes consta que fueron alertados por esta llamada y no a través del sistema de seguimiento Cometa, según el mismo medio local, un extremo que Guardia Civil ni confirma ni desmiente.

El Ministerio reitera a elDiario.es que Cometa registró todos los posicionamientos del agresor y de la víctima y asegura a primera llamada por este servicio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hizo a las 10.01 y que a las 10.13 se les volvió a llamar y pudo confirmar que la Guardia Civil estaba con la víctima. También subrayan que todo está registrado, aunque no han podido corroborarlo con documentación, e insisten en que el juzgado fue alertado de que esa distancia, los cien metros, es insuficiente para la mejor protección de la víctima por este servicio.

Una medida disuasoria

Los colectivos feministas de Eivissa han cuestionado la eficacia de la orden de alejamiento de cien metros que protegía a la mujer presuntamente agredida por su expareja. Una portavoz de Emprendada Feminista, Maria Cardona, considera que esa distancia era “claramente insuficiente” y que la ampliación solicitada por el Ministerio de Igualdad era “fundamental”. No obstante, advierte de que incluso los 350 metros que se plantearon “tampoco la hubieran salvado necesariamente”. 

Desde el movimiento feminista han lamentado la gravedad del estado de la víctima y han reiterado que, aun si la pulsera se hubiera activado cuando tocaba, con estos cien metros, en la mayoría de los casos no da tiempo a actuar. A su juicio, tanto las órdenes de alejamiento como los dispositivos telemáticos cumplen sobre todo una función disuasoria: ofrecen a la víctima una sensación de protección y marcan al presunto agresor una línea que no debe cruzar.

En ese sentido, objetan que la idiosincrasia de la isla no es la misma que la de una ciudad, señala la representante de Dones Progressistes, Dessiré Ruiz. Eivissa es un territorio insular, con población dispersa y tiempos de desplazamiento que poco tienen que ver con los de una gran ciudad, donde la presencia policial es más constante y la intervención puede ser más inmediata.

A esa configuración territorial se suma, además, la rigidez del sistema judicial. Una vez fijada la distancia de la orden de alejamiento, ampliarla requiere nuevos trámites que no siempre se resuelven con la urgencia que demandan situaciones de riesgo, continua Ruiz. Desde la asociación critican además la falta de coordinación efectiva entre el juzgado, el sistema de seguimiento telemático y las fuerzas de seguridad, lo que dificulta ajustar la protección a las circunstancias específicas del territorio y del historial del agresor: “Las herramientas existen, pero el sistema tiene que afinarse”.

Esto hace que, cuando una persona está decidida a agredir o incluso matar, es muy complicado que una pulsera tenga “un efecto absoluto”, añade Cardona. Por otro lado, cualquier fallo en el sistema puede generar una sensación de impunidad en el agresor y aumentar la desprotección y el miedo en la víctima, dificultando que pueda mantener una vida cotidiana con normalidad. 

También se suma el hecho de que los juzgados de Eivissa están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder la antigua sede, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial de la isla (y otros ámbitos profesionales) por la carestía de la vivienda. A finales del año pasado se creó un nuevo juzgado de Violencia Sobre la Mujer en las Pitiusas por la sobrecarga que tenía el primer juez encargado de esta materia, que había llegado a un número límite de casos. En 2025 ingresaron en el órgano judicial especializado en violencia machista 1.137 casos a falta de contabilizar el cuarto trimestre, según datos oficiales del Poder Judicial. Es decir, más de mil casos o denuncias por presuntos delitos que han sido recibidos formalmente por ese juzgado y que, por lo tanto, pasan a formar parte de la carga judicial.

Los juzgados de la isla están especialmente desbordados. Sobre todo, desde que en el año 2019 un incendio provocado hizo arder los antiguos juzgados, pero también por la falta de funcionarios en el sistema judicial por la carestía de la vivienda

La investigación, en curso

Las instituciones insulares y autonómicas de Eivissa y Balears han condenado la agresión y trasladado su apoyo a la víctima y a su entorno. El Consell d'Eivissa solicitó formalmente la semana pasada que se convocara con carácter urgente el comité de crisis de violencia de género ante la “preocupación institucional” generada por la denuncia de la familia. El objetivo, según la institución, es esclarecer si el sistema Cometa activó correctamente los mecanismos previstos y analizar de forma coordinada la respuesta de todos los servicios implicados.

En cuanto al Govern, reclamó a la Delegación del Gobierno toda la información oficial disponible y una reunión específica para aclarar si se produjo algún fallo en las medidas de protección. El Ejecutivo autonómico recordó que ya solicitó datos sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas en septiembre sin obtener respuesta y ha instado al Estado a garantizar la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista. Mientras tanto, el servicio 24 horas del IbDona mantiene el seguimiento del caso y la atención a la mujer y su familia, añadió el Govern en el mismo comunicado. 

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que aguardará al avance de la investigación policial y al procedimiento judicial en marcha antes de ofrecer valoraciones adicionales, para no interferir en las diligencias. Por ello, no se ha pronunciado de momento sobre los posibles fallos del dispositivo de seguimiento de la víctima.

Intervención quirúrgica urgente por la agresión

La mujer, que continúa ingresada en la UCI de la Policlínica, como ha informado a elDiario.es el área de Comunicación del centro hospitalario, necesitó una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso por un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa consecuencia de la agresión. Además, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar cuatro días más tarde una nueva intervención debido a la evolución de un delicado cuadro clínico.

La paciente también presentaba un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones. La paciente, que permanece bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, padece además múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico de la Policlínica, de hecho, ha estado trabajando durante la última semana para estabilizar su estado.

El mismo martes que su expareja tenía que ser sometida a una neurocirugía, el presunto agresor pasaba, a las nueve de la mañana, a disposición judicial en los juzgados de Eivissa. El juez dictó para él prisión provisional y sin fianza por un delito de violencia de género.