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Estados Unidos rastrea ordenadores españoles para combatir la pornografía infantil

Un agente de Policía Nacional, en una operación contra la pornografía infantil

Iker Rioja Andueza

Estados Unidos colabora activamente con la Justicia española en la persecución de delitos de pornografía infantil desde hace un par de años gracias a la información que le facilitan Microsoft, Google, Facebook o Dropbox, que realizan rastreos informáticos automatizados de los millones de archivos que manejan. Ya se han abierto numerosas causas penales en distintos puntos de España, aunque la Embajada explica que no dispone de una estadística concreta. De momento, ninguna de las denuncias estadounidenses ha completado su periplo judicial y siguen abiertas las investigaciones, por lo que persiste la duda sobre si los jueces aceptarán estas inspecciones informáticas como prueba.

Es la Fiscalía del País Vasco la que revela este procedimiento, conocido como PhotoDNA, en su memoria anual, hecha pública hoy con motivo de la apertura del año judicial. Jorge Bermúdez, fiscal en Gipuzkoa especializado en delitos informáticos, argumenta en conversación con eldiarionorte.es que estos rastreos informáticos no pueden ser interpretados como una intromisión ilegítima en la privacidad de los ciudadanos, como ocurrió con los pinchazos telefónicos masivos de la NSA en Europa. Explica que el ‘software’ de detección PhotoDNA es un sistema perfectamente legítimo para combatir una lacra que afecta cada año a decenas de menores. Existen informes periciales que defienden el uso de esta herramienta y abundante información oficial en Internet.

Los casos llegan a los juzgados españoles después de un largo periplo. Microsoft es el creador del ‘software’ PhotoDNA y otras ‘grandes’ como Facebook, Google o Dropbox lo emplean bajo licencia para rastrear sus archivos, miles de millones cada día. Esta aplicación funciona convirtiendo cada archivo (texto, fotografía o vídeo) en un ‘hash’ o código alfanumérico de veinte caracteres. De esta manera, cuando alguien copia o difunde alguno de los archivos considerados peligrosos (hay una base de datos específica de pornografía) surge una alerta instantánea.

Las compañías informáticas trasladan estas informaciones a una ONG estadounidense llamada Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (NCEMEC, por sus siglas en inglés), que es quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP (localizador de un ordenador) sea extranjera, son los enlaces de Seguridad Nacional de cada una de las embajadas los que derivan el caso. En España, es la Policía Nacional la que centraliza las denuncias antes de elevarlas a cada uno de los juzgados en función del domicilio de los sospechosos.

Bermúdez, uno de los juristas más reconocidos en materia informática, ha elaborado un argumentario para los fiscales de toda España en caso de que los abogados defensores puedan poner pegas al PhotoDNA. “En primer lugar, no se accede al contenido de la comunicación, sino que se realiza un análisis mecanizado”, destaca. Apostilla que sería como un control de rayos X en un aeropuerto, que permite comprobar el interior de una maleta sin entrar en ella. Sostiene, además, que los internautas “autorizan” esas inspecciones al aceptar los términos de uso de las distintas plataformas, esos largos contratos que los usuarios habitualmente firman sin leerlos.

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