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Euskadi cierra casi 100 días de estado de alarma con 30.000 sanciones y 464 detenidos, dos en el último día

gráficos policiales

Rubén Pereda / Iker Rioja Andueza

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Este viernes 19 de junio a las 00.00 horas, Euskadi ha puesto fin a casi 100 días de estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, el mayor período de excepcionalidad en democracia. Aunque la intensidad de las actuaciones policiales se ha ido modulando conforme han ido avanzando las semanas y eliminándose las restricciones, las fuerzas de seguridad han continuado imponiendo sanciones y realizando controles hasta el final y las denuncias han superado las 30.000, las identificaciones las 142.000 y los vehículos interceptados los 196.000. Si fueran Fiat 500 y se pusieran en fila, ocuparían 63 veces la distancia entre la academia de Arkaute y Nueva York.

Además, 464 personas han sido detenidas, las dos últimas en los momentos finales, el mismo 18 de junio. Participaban en una fiesta en Hondarribia y se encararon con la Policía. Uno de ellos intentó dar un botellazo a un ertzaina. En el plano judicial, algunos jueces han emitido sentencias remarcando que la acumulación de estas sanciones administrativas por incumplir el estado de alarma no es por sí mismo un delito, por muy criticable que resulte. No obstante, ha habido personas enviadas a prisión en estos meses.

 

En los gráficos se aprecia una primera etapa, muy al inicio, en la que se primó el aviso y la concienciación. Luego llegaron las multas. “La gente echa mano de la picaresca, pero no cuela”, explicaba un agente destinado en Bilbao. Hasta 2.338 boletines de denuncia rellenaron las patrullas el 19 de marzo, día de arranque de un puente festivo, el de San José. Y se registraron igualmente 4.982 identificaciones y 65 arrestos, los topes en ambas categorías. En general, se han ido produciendo picos los fines de semana, aunque el segundo momento de más sanciones fue el fin de semana en que se autorizaron las salidas con niños. El 3 de mayo hubo 879 denuncias. En cuanto a los vehículos, se han realizado controles a casi 200.000.

Por territorios, las denuncias en Bizkaia han sido 15.458, en Gipuzkoa 9.357 y en Álava 5.334. Por cuerpos, la Ertzaintza se ha encargado del 45% de los expedientes y el resto proceden de las Policías locales. 8.972 de las denuncias ya han sido incoadas, es decir, ya han sido valoradas por la Administración. Ninguna pasa de 600 euros -300 si se acoge el denunciado al pronto pago-, salvo que los afectados sean menores de edad, para los que las cuantías son de entre 200 y 300 euros. 5.039 de las multas han sido ya notificadas y hay otras 1.689 “en proceso”. Por el contrario, en 1.755 la comunicación ha sido “infructuosa”. Solamente 1.710 han pasado ya por caja y menos todavía, 869 personas, son los que han registrado alegaciones para intentar evitar la multa.

¿Qué ocurrirá en la nueva normalidad? La Policía ya no podrá hacer uso de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como 'ley mordaza') más allá de sus previsiones ordinarias. Sin embargo, sí podrá controlar el uso de la mascarilla. Pero la sanción vendrá del Departamento de Salud y no del de Seguridad. El procedimiento es que un agente de la Ertzaintza o municipal -pero también puede ser un inspector- levante acta, lo traslade a Salud y éste tramite la multa. Hay un ejemplo en el que ya se aplica este modelo, la Ley de Adicciones: si la Policía observa a alguien fumando en un recinto deportivo, lo comunica a Salud y Salud multa.

En Euskadi, han sido la Ertzaintza y los cuerpos municipales los encargados de controlar las infracciones, ya que la Guardia Civil y la Policía Nacional no han tenido ningún papel a pesar de que el Gobierno central asumió las competencias de Seguridad al igual que las de Salud. Sí el Ejército. El estado de alarma permitió la movilización de recursos civiles e incluso militares. Una dotación de medio centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencia se desplegó por primera vez en Euskadi el 17 de marzo. Llegó a la base militar de Araka, a las afueras de Vitoria, con el objetivo de instalar un hospital de campaña, aunque nunca se llegó a levantar. Después desinfectaron instalaciones e infraestructuras del Estado en marzo, abril y mayo, así como algunas residencias de la Diócesis de Vitoria.

Asimismo, la Ertzaintza creó igualmente un grupo especial con agentes de la UDE (Unidad de Desactivación de Explosivos) para realizar labores de limpieza y desinfección contra la propagación del coronavirus. Bomberos y brigadas de los ayuntamientos se unieron también a esa tarea. Todos estos servicios básicos, así como los sanitarios, pudieron hacer uso de una red de alojamientos acondicionados especialmente y que les permitían no tener contacto con sus familias y allegados.

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