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Un auto con 21 errores retrasa seis meses el juicio del 'caso De Miguel'

La magistrada María Eneida Arbaizar aprobó en mayo una resolución con importantes fallos, como errores en los delitos, en las fianzas e incluso en la lista de imputados

Ahora, en noviembre, rectifica y empiezan a correr los plazos para la celebración de la vista oral del caso de corrupción más importante del País Vasco

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Alfredo de Miguel, en la entrada de los juzgados

Alfredo de Miguel, en la entrada de los juzgados EFE

Un auto plagado de errores de la juez de Vitoria María Eneida Arbaizar ha retrasado durante al menos seis meses la celebración del juicio por el ‘caso De Miguel’, el mayor sumario de corrupción abierto en el País Vasco y que suma 26 imputados. La magistrada, que no ha liderado la investigación, sustituyó al titular de la instrucción, Roberto Ramos, con la causa ya cerrada pero con algunas cuestiones procedimentales pendientes. Entre ellas, la resolución de apertura del juicio, un mero trámite de recopilación de las peticiones de condenas formuladas por la Fiscalía y las acusaciones (Gobierno vasco, Diputación de Álava y Diputación de Bizkaia). Aquel documento fue expedido el 12 de mayo pero incluía 21 fallos de importancia, entre ellos la ausencia de un imputado, la doble imputación a otra de las procesadas, omisiones de delitos graves, errores en la cuantía de las multas económicas y hasta la ausencia de plazo para abonar las fianzas.

La Fiscalía, las otras acusaciones y los abogados defensores exigieron una aclaración urgente a la juez Arbaizar por “una serie de errores materiales o aritméticos, así como ciertas omisiones”, según asume ella misma. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no es posible la modificación de resoluciones judiciales una vez firmadas, si bien admite aclaraciones si hay que aclarar “conceptos oscuros” o “errores materiales”. El plazo ordinario para hacerlo es dos días ‘motu proprio’ o tras la notificación por parte de alguna de las partes afectadas. Sin embargo, la juez defiende que los errores técnicos puedan subsanarse en cualquier momento.

Así las cosas, ese auto aclaratorio que posibilita la apertura de juicio ha llegado medio año después, el 9 de noviembre de 2016. En principio, ha desplegado ya todos sus efectos aunque textualmente la magistrada ha redactado que rectifica “el auto dictado con fecha 12 de junio de 2016”, un nuevo error.

En la parte dispositiva de la resolución judicial figura una larga lista de 21 puntos, tantos como fallos en el texto original. En la relación de imputados, por ejemplo, había desaparecido una de las 26 personas procesadas, Josu Montes, responsable de la sociedad mercantil Ortzi Muga, presunta receptora de pagos irregulares. En cambio, una de las supuestas testaferros de Kataia Consulting, la asesoría pantalla que empleó el que fuera dirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel, para cobrar comisiones ilegales, aparece citada en dos ocasiones. Se trata de la esposa de Koldo Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia.

A nueve de los 26 imputados se les asignaban menos delitos de los señalaba la Fiscalía y a ocho de ellos se les solicitaba una multa económica diferente a la exigida por las acusaciones. En uno de los casos, la diferencia de la sanción es de 500.000 euros y de más de 3 millones de euros en el caso del comiso. Asimismo, se había omitido fijar un plazo para el depósito de las fianzas o de los avales bancarios equivalentes. 

Estos problemas han causado indignación en varias de las partes personadas en el ‘caso De Miguel’. De entrada, la celebración del juicio de un caso cuya investigación arrancó en diciembre de 2009 se ha retrasado seis meses más. Es el tiempo que ha pasado desde que se notificó el primer auto sin que haya entrado en vigor por los errores. Sólo ahora los letrados de los imputados pueden empezar a preparar sus escritos de defensa y correrán los plazos para fijar fecha a la esperada vista oral, para la que se han tenido que realizar obras de acondicionamiento en la Audiencia Provincial de Álava por el volumen del caso.

En principio, el plazo ordinario para que los abogados entreguen sus escritos de defensa se agota el 13 de enero, si bien varios de ellos han explicado a eldiarionorte.es su deseo de contar con 20 días hábiles adicionales, hasta el 10 de febrero, para disponer del mismo margen del que dispuso para analizar la causa y calificar el fiscal, Josu Izaguirre. Algunos de ellos han presentado ya recursos para conseguirlo.

Sea como fuere, sólo cerrado ese plazo se podrá señalar ya en el calendario la fecha del juicio. Las fuentes consultadas ven complicado que sea posible antes del verano. Movilizar a 26 imputados, a sus letrados, a varias acusaciones y a decenas de testigos exige tiempo para cuadrar agendas.

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