El ansia de Trump por Groenlandia ilustra cómo se destruye el planeta para sacar beneficio

Destruir el medio ambiente representa un buen negocio para algunos. La amenaza del presidente de EEUU, Donald Trump, de hacerse con la isla de Groenlandia “por las buenas o por las malas” tiene muchos motivos, pero todos se basan en un único hecho: el calentamiento global provocado por los humanos está acabando con el ecosistema helado del Ártico.

La destrucción ecológica convierte el polo norte en una zona apetitosa para la explotación de recursos o el control geopolítico mundial. Ocurre de manera parecida con la contaminación del aire que respiramos, la devastación de bosques o la ruina de ecosistemas enteros para producir bienes a escala industrial.

El Ártico se derrite porque se recalienta a toda velocidad debido al calentamiento global del planeta. La capa de gases emitidos por las actividades humanas retiene la radiación del sol que sube las temperaturas. Al tiempo que esos ecosistemas se quiebran, surge más acceso al petróleo, gas, minerales, tierras raras, rutas comerciales, turismo y control militar. Actualmente, el 50% del territorio ártico es controlado por Rusia. Un 25% por Canadá y solo un 10% por EEUU. ¿Cuánto dominio representa la isla de Groenlandia? Aproximadamente un 20% que hoy ejerce Dinamarca. Ese es el salto de control que supondría el plan anexionista de Donald Trump. Esa es la lucha por sacar tajada de los que causan la destrucción mediante sus emisiones de gases de efecto invernadero.

De poco sirve que instituciones como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisen de los enormes peajes económicos que impone el cambio climático. El FMI, por ejemplo, afirma que “el cambio climático supone una gran amenaza para el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo”. El Banco Mundial ha calculado que los daños climáticos pueden llevar a la pobreza hasta a 132 millones de personas en 2030 por impactos sobre la salud, el alza de los precios de los alimentos o los desastres meteorológicos.

Sin embargo, el beneficio más inmediato manda.

Coches de combustión contra el aire que respiramos

Como el hielo polar, el aire es una de las víctimas de este fenómeno: una buena parte de la cúpula de gases que recalientan el planeta y lo contaminan proviene de los tubos de escape de coches, furgonetas o camiones. Provocan, aproximadamente, un quinto de las emisiones mundiales. Si se concreta, son el 30% en España, el 12% de toda la Unión Europea.

Pero, al mismo tiempo, la industria del automóvil en la UE representa el 7% de su producto interior bruto, según la Comisión Europea, lo que se traduce en unos 1,2 billones de euros. También le calcula Bruselas una facturación general de un billón y exportaciones de 170.000 millones de euros.

Con esa palanca, hace bien poco, la industria automovilística consiguió que se aguara parte de los planes europeos contra el cambio climático: podrán venderse coches con motores de combustión (que queman gasolina o gasóleo) más allá de 2030 cuando el Pacto Verde Europeo preveía sacarlos de las tiendas para esa fecha y recortar así esas emisiones contaminantes.

Habrá nuevos automóviles a la venta de cuyos tubos de escape podrán salir no solo CO₂ sino micropartículas y otros gases nocivos como el dióxido de nitrógeno –que, a su vez, es la base química para la producción de ozono troposférico–.

Bosques quemados para el ganado

Los incendios de los bosques tropicales no son parte de su ciclo natural como ocurre en los boreales o mediterráneos: su humedad intrínseca los protege. Sin embargo, una masa como la Amazonía está soportando desde hace décadas una ofensiva de fuego destinada a servir al negocio de la carne.

Este bosque perdió unos 8,5 millones de hectáreas (el 2,8% de su extensión) entre 1999 y 2010 debido a los incendios forestales, según detectó un estudio de la NASA. Solo en la Amazonía brasileña, esa pérdida creció hasta los 18 millones de hectáreas entre 2019 y 2025.

Entre 1984 y 2022, desaparecieron unos 80 millones de hectáreas arbóreas en la Amazonía mientras la expansión agrícola y ganadera ha ocupado allí unos 84 millones de hectáreas. Queda así “ilustrada la interconexión entre el consumo global de carne y la deforestación en la región amazónica”, como explicaba esta investigación internacional.

En este periodo puede constatarse cómo se ha sacado provecho económico de esa destrucción: Brasil es el primer exportador de carne de ternera del mundo con un mercado internacional de más de 150 países. Su producción de carne ha pasado de 2,1 millones de toneladas en 1960 a más de 41 millones de toneladas de las que más de 10 millones son de vacuno.

En 2004, Brasil exportó aproximadamente un millón de toneladas de carne de ternera, según la asociación de productores y en 2025 batió todos sus récords al alcanzar los 3,5 millones con lo que ha más que triplicado las ventas en dos décadas. Paralelamente, los ingresos han pasado de algo más de 1.700 millones de euros en 2004 a 15.900 millones de euros en 2025.

Y no todo es pasto. Los campos abiertos en el bosque húmedo tropical (a los que se ha añadido la destrucción de la sabana tropical de El Cerrado) a base de abrasarlo también se dedican a cultivar intensivamente soja que, en su mayoría –entre el 70% y el 80% según la FAO o la OCDE–, se dedica a fabricar piensos con los que alimentar, por ejemplo, los cerdos de la industria porcina europea y española. Los principales exportadores mundiales son Brasil, EEUU y Paraguay. Los principales compradores mundiales: China, Argentina y España.

Un mar seco, un mar muerto

En Asia central, entre Kazajistán y Uzbekistán, el regadío intensivo de campos de algodón secó el cuarto lago más grande de la Tierra. El agua extraída de los ríos Amu Daria y Syr Daria no llegaba al mar de Aral hasta que fue desecado casi por completo. De 68.000 km² pasó a menos de 7.000. Ahora hay allí un cementerio de barcos varados que, eso sí, se vende como un atractivo turístico. Mientras, hasta el clima de la zona se ha modificado por la pérdida del mar interior.

Es un ejemplo radical de “los impactos ambientales de la agricultura” como los llama la FAO. O la destrucción natural que conlleva el sistema agrícola intensivo mediante lo que la misma organización de la ONU define como “prácticas poco sostenibles”. Utiliza el 70% del agua dulce, ocupa el 50% del suelo habitable del planeta. También está detrás del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si la muerte del mar de Aral estuvo provocada por la Unión Soviética, el sistema opuesto de EEUU también tiene sus cadáveres agroecológicos: En al golfo de México, que Donald Trump llama golfo de América, se forma cada verano “una zona muerta de 16.000 km² –casi tanto como toda la provincia de Zaragoza– como resultado de la contaminación de nutrientes vertida desde la cuenca del río Mississipi”, como admite la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU.

Los nutrientes son fertilizantes agrícolas y son aplicados intensivamente en el llamado Círculo del maíz, muchos kilómetros aguas arriba de la desembocadura. De media, los cultivos se quedan un 40% de los fertilizantes añadidos (nitrógeno y fósforo). El sobrante se filtra a la corriente hasta llegar al mar en el golfo. El cálculo es de 1,5 millones de toneladas de fertilizantes cada año. Entre 1990 y 2023, los estados del Círculo del maíz aumentaron en un 26% el uso de fertilizantes, según los datos federales. La patronal del maíz afirma que su sector genera unos 150.000 millones de dólares cada curso.

Esos vertidos favorecen un estallido de crecimiento de algas que consumen el oxígeno y bloquean la luz del sol. Cuando las algas mueren acaban con el oxígeno lo que hace imposible la vida acuática.

¿Lejano? Se trata del mismo patrón que ha sucedido en el mar Menor de la Región de Murcia donde los vertidos de fertilizantes han llevado a la laguna al borde del colapso ecológico. El sector hortofrutícola de la región exporta más de dos millones de toneladas y más de 3.000 millones de euros, según la Asociación de productores-exportadores de frutas y hortalizas de la Región Murcia.

El plan del Ministerio de Transición Ecológica para recuperar el ecosistema tiene un presupuesto de 675 millones de euros púbicos.