La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido archivar las diligencias de investigación penal abiertas por la financiación de Compromís a raíz de una denuncia del PPCV en la que esta formación cuestionaba el destino de fondos electorales y sus fuentes de ingresos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015.

El PPCV presentó una denuncia el pasado 5 de octubre contra la formación política Compromís (Bloc-Iniciativa-Verds) por un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales y otro delito electoral por falseamiento contable.

En el momento en que se conoció la apertura de las diligencias de investigación, a finales de octubre, el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, calificaba la decisión de “trámite para pedir información” y defendía que el Tribunal de Cuentas no veía ningún problema con las cuentas de Compromís. “La mejor muestra es que no se reduce la subvención que se nos otorga”, argumentaba.

La denuncia del PPCV se sustentaba en un informe del Tribunal de Cuentas en el que, según los 'populares', se ponía de manifiesto “una serie de irregularidades”. Entre ellas, alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda electoral.

Así mismo, indicaba que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros; y señalaba que existía un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros.

Además, según recoge la denuncia, se apreciaba que los recursos declarados eran “a todas luces insuficientes” para hacer frente al gasto electoral declarado -396.000 euros frente a un millón-, por lo que estiman que se han tenido que emplear otros recursos no declarados para el pago de los gastos de la campaña electoral.

De ello el PPCV infería que se había destinado fondos electorales, percibidos como subvención o como aportaciones, al pago de gastos que no tienen naturaleza electoral. Además, agregaban que la contabilidad electoral no recogía el modo o manera en que se habían pagado los cerca de 800.000 euros que se declaran como pendientes de pago a proveedores, “ocultando la procedencia de los fondos destinados a tal fin e impidiendo que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar si tales recursos tienen una procedencia lícita acorde con la ley”.

Casi 12 millones de euros. Es el coste económico de una nueva convocatoria electoral en Andalucía. A falta de presupuestar el carrusel de necesidades logísticas que acarrea una cita con las urnas, el saldo total rondaría los 11,8 millones de las regionales de marzo. Esos últimos comicios supusieron un ahorro de 3,2 millones en relación a las autonómicas de 2012, según la consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

Este hipotético escenario llegará si ningún candidato obtiene mayoría simple en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura. Es decir, el próximo día 5 de julio. Si entonces la actual presidenta en funciones, Susana Díaz, no alcanza el número suficiente de votos… el Estatuto de Andalucía es claro, como marca el artículo 118: disolución del Parlamento andaluz y nueva convocatoria electoral.

Los tres intentos parlamentarios tras el 22M han cosechado otras tantas negativas. Hasta ahora, Díaz sólo tiene el apoyo de los diputados del PSOE (47) frente al voto contrario de PP (33), Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). La historia que arrancó en la ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE e IU y siguió con el nudo electoral puede sumar un nuevo capítulo en las urnas si los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 24M no desbloquean la situación en Andalucía.

Organización para 6,5 millones de votantes

“Una nueva cita debería rondar esa misma cifra”, apuntan fuentes de la Junta. Los 11,8 millones de marzo, “aunque habría que presupuestar y contratar todo nuevo”. ¿Y qué organización necesita? ¿Qué logística?

En números, unas elecciones al Parlamento de Andalucía convoca a casi 6,5 millones de votantes en 772 municipios. La referencia de los últimos comicios marca 86 millones de papeletas de voto impresas y siete millones de sobres, además de 130.000 manuales para las mesas electorales.

En marzo, 3.385 colegios acogieron un total de 9.873 mesas electorales con 29.619 integrantes y 59.238 suplentes. Además de los secretarios de cada Ayuntamiento de la comunidad, los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona o los trabajadores de Correos y de la Oficina del Censo.

Durante el desarrollo de aquella jornada, participaron 4.933 representantes de la Administración andaluza para recabar la información enviada al Centro de Difusión de Datos instalado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja en Sevilla. Este dispositivo fue reforzado con el uso de nuevas tecnologías –4.933 'tablets'– “para agilizar la recogida de datos y su posterior tratamiento y difusión” lo que permitió, según la Junta, conocer la participación “en tiempo real, prácticamente”.

El centro de datos contó, además, con el trabajo de 103 informáticos, 23 operadores para resolver anomalías en el envío de datos y 11 telefonistas para recibir posibles incidencias. La Junta puso también a disposición de discapacitados visuales un material de voto en braille que solicitaron 281 personas y habilitó un número de teléfono de atención ciudadana que recibió más de 2.500 llamadas.

En cuanto al dispositivo de seguridad, durante la jornada electoral del 22 de marzo estuvieron desplegados un total de 10.094 agentes de la Guardia Civil, 6.766 del Cuerpo Nacional de Policía, 2.520 de la Policía Local y 301 efectivos de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía.

Tras una noche electoral de infarto, como no la recuerdo desde hace muchos años, hoy tenemos una España distinta: la España de los pactos. Prácticamente ningún partido podrá gobernar en ninguna comunidad autónoma, ni en grandes ciudades, sin pactar con otros.

Los resultados electorales vuelven a dar la mayoría de votos al PP, seguido por el PSOE, pero entre ambos apenas superan el 50 por ciento, lo que implica que no podrán gobernar solos en la mayoría de los lugares más emblemáticos. Los nuevos partidos han surgido con fuerza. Tanto Podemos y las coaliciones apoyadas por ellos, como Ciudadanos, se abren camino en las instituciones y se convierten en llave de gobierno. Son los pactos de la izquierda los que tienen más posibilidades de progresar porque son los que más mayorías consiguen, tanto en comunidades autónomas como en las grandes ciudades.

También con pactos se gobernará en el puente aéreo Madrid-Barcelona, pero en las dos capitales principales de España el cambio es evidente. Dos mujeres: una activista de la PAH y una jueza retirada han hecho lo imposible, y en las primeras elecciones a las que ambas se presentan consiguen pasar de la nada a poder ser alcaldesas. Ambas tendrán que pactar para conseguirlo, pero el mensaje de los ciudadanos en estas dos ciudades es claro: queremos un cambio en el que las personas sean lo primero.

Parece que los analistas hablan de la pesadilla que se vivirá las próximas semanas para consolidar dichos pactos. ¿Pero de verdad un pacto entre partidos es tan difícil? Yo no lo creo. Si los distintos partidos ponen a las personas en el centro, si todo su afán no se reduce en lograr el poder sino en gobernar para las personas, los pactos serán seguros y fáciles de conseguir. En un país donde la desigualdad se ha incrementado exponencialmente, apostar por reducirla será la clave del éxito.

Para facilitar esos pactos, quiero recordar lo que hace un par de semanas pedían personas como Fainés, de Burundi, o Martha, de Sudán del Sur, FainésMartha que recordaban la importancia de que España sea un país solidario que apueste por la política de cooperación. Apenas hemos oído hablar a los candidatos en estas últimas semanas de cooperación y, sin embargo, esta es una política de pactos y lo ha sido durante muchos años. Pactar por la solidaridad es fácil y permite avanzar por el camino de las personas.

Beatriz, una madre de tres hijos que perdió su casa en un desahucio y no tiene ingresos suficientes para vivir, pide unos ingresos mínimos dignos y unas políticas sociales que le aseguren sus derechos básicos y los de sus hijos. También pide trabajo. Seguro que apostar por estas políticas facilitará a cualquier partido un pacto para luchar contra la desigualdad y la pobreza que se consolidará con fuerza.

Aurora, una mujer joven que lleva muchos años trabajando con salarios que no le permiten llegar a fin de mes, pide un salario digno que se consigue aumentando el salario mínimo y reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y entre los salarios más altos y el salario medio. Teniendo en cuenta que el salario medio en España está en torno a los 1.000 euros, no creo que haya muchos españoles que no apoyen los pactos que busquen un empleo y salario dignos.

Jesús, carpintero autónomo que las ha pasado canutas para mantener su negocio y que aún así ha tenido que seguir pagando más impuestos que las grandes empresas, pide que paguen más impuestos los que más tienen. Creo que no puede haber pacto que no ponga en el centro la justicia fiscal como gran medida redistributiva de la riqueza.

Irene y Carlos, dos activistas que piden mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en las instituciones. La mayoría de los partidos han usado estas palabras en la campaña electoral, así que no será difícil pactar para conseguir unas instituciones más abiertas y que luchen contra la corrupción.

Sólo escuchando a las personas como Fainés, Martha, Beatriz, Aurora, Jesús, Irene y Carlos, y comprometiéndose con sus peticiones, los pactos podrán realizarse de una forma sencilla, segura y con un fuerte apoyo ciudadano. Espero que esto sea lo que mueva a los partidos políticos en las próximas semanas.

El 24 de mayo de 2015 pasará a la historia valenciana como el fin de 20 años de gobierno del PP en la Generalitat, las grandes ciudades y, posiblemente, las diputaciones provinciales. Las elecciones autonómicas, con el escrutinio al 97%, dejan al PP como el partido más votado pero sin posibilidad, ni siquiera con el eventual apoyo de Ciudadanos (C's), de gobernar la Generalitat. De haber un pacto entre las fuerzas de izquierda, una hipótesis que se da por segura, Alberto Fabra estará sentado -si es que sigue en las Corts Valencianes- en los escaños reservados a la oposición.

El próximo presidente valenciano podría ser Ximo Puig. Al menos, su partido, el PSPV-PSOE, ha sido el más votado de la izquierda, con un 20% de los votos y 23 diputados. Le sigue Compromís, 19 y 18%, y Podemos, 13 y 11,57%. C's se ha quedado lejos de las previsiones de las encuestas: sólo el 12% de los votos y 13 escaños. Esquerra Unida se ha quedado fuera del parlamento. Por tanto, los tres partidos progresistas con representación superan la mayoría absoluta: 55 escaños.

Un repaso a los resultados partido a partido.

El PP

El PP se deja un 22,63% de los votos respecto a 2011 (del 49,4% al 25%) y 24 escaños (de 55 a 31). Las elecciones han confirmado la tendencia marcada desde hace más de un año por las encuestas: la descomposición acelerada del partido liderado por Alberto de Fabra, identificado con la corrupción, el despilfarro, la quiebra de la Generalitat y los recortes salvajes.

PSPV-PSOE

Los socialistas se dejan algo menos un 7,28% de los votos y 10 escaños (del 28% al 20% y de 33 a 23 diputados) en un batacazo que, tal vez, sepa a victoria. Pese a obtener el peor resultado de su histsoria, son la fuerza hegemónica de la izquierda y de, haber acuerdo entre los partidos progresistas, Ximo Puig podría ser el nuevo presidente de la Generalitat.

Compromís

Antes de la irrupción de Podemos se veían como ejes del nuevo gobierno valenciano y, a pesar de la irrupción del partido de Pablo Iglesias, lo serán. El partido de Mónica Oltra, el político valenciano mejor valorado, ha sido el gran ganador de la noche. Sube en votos y escaños (de 6 a 19 escaños escaños con un 18 % de los votos). No habrá sorpasso al PSPV pero si una consolidación espectacular de la marca. Oltra se presentó con un lema de campaña claro -“Mónica, la teua presidenta”- y casi lo consigue. Igual hasta lo consigue.

Podemos

Podemos se ha quedado lejos de ser la fuerza que lidera el cambio hacia la izquierda pero ha obtenido un resultado meritorio: irrumpe con 13 diputados y el 11% de los votos. Un éxito indudable en una organización construida sin recursos económicos y cuyo candidato y dirección fueron elegidos a pocos meses de las elecciones.

Ciudadanos

Sin apenas representación institucional y con apenas 2.300 militantes, pero Ciudadanos reproducirá su éxito en Andalucía. Ha obtenido 12 diputados y el 12 % de los votos. La suma de sus escaños y los del PP no puede llegar a la mayoría absoluta, por lo que el impulso al cambio que su candidata, Carolina Punset, decía querer impulsar, deberá esperar a mejor ocasión.

EU

EU estaba en el filo de la navaja. Según las encuestas, podía conseguir hasta los cinco diputados que tenía hasta ahora o quedarse fuera de las Corts Valencianes. Finalmente, su combativa labor contra la corrupción –ha destapado el caso que podría acabar con la carrera política de Alfonso Rus- no ha sido premiada por el electorado. El partido de Ignacio Blanco no estará en el parlamento.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido este sábado directamente a los militantes socialistas para pedirles que en las elecciones del próximo 24 de mayo voten a su partido, “yo sé que los socialistas de corazón saben que hay que votar morado”, ha dicho Iglesias, que ha elevado también sus criticas contra el PP.

En el mitin central de la campaña electoral de Podemos en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante, Iglesias ha arropado a su candidato a la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, y ha apelado así al voto socialista después de admitir que ha visto a “Peter Sánchez” cambiar el discurso.

“Pero después no tiene las agallas necesarias”, ha añadido Iglesias ante las cerca de 5.000 personas que -según la organización- han llenado el antiguo Centro de Tecnificación de Alicante.

Así, ha recordado cómo el PSOE y el PP reformaron juntos el artículo 135 de la Constitución y cómo los socialistas han votado en numerosas ocasiones con el PP en el Parlamento Europeo y “no se atreven” a llevar a cabo las políticas sociales que prometen, “nosotros no nos vamos a equivocar, (la canciller alemana, Angela) Merkel nos tendrá enfrente, asumimos que vamos a defender a la gente, no vamos a dar un paso atrás”.

Duros ataques al PP

Muy duros han sido también los ataques al PP del secretario general de Podemos, quien ha vuelto a proclamar que “no puede volver el partido de la mentira y el de la España va bien”.

“Que no vuelvan los zombies, que no vuelvan nunca más”, ha proclamado citando a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, a la actual presidenta, Rita Barberá, y al expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien ha definido como una caricatura de Darth Vader, el personaje de Star Wars, y para quien ha tarareado la marcha imperial de la banda sonora de esa película.

A todos ellos les ha tildado de “traidores a su país”, “mentirosos”, “hipócritas” y “miserables”, tras lo que ha advertido: “A partir del día 24 vamos a limpiar de pijos las instituciones”, y que no vuelvan tampoco “disfrazados de naranja”, ha continuado Iglesias en alusión a Ciudadanos, y para pedir además que “nadie se confunda” porque “el cambio es de color morado”.

Iglesias ha garantizado que Podemos no va a consentir que se destine un sólo euro a la Fórmula 1 mientras haya niños que estudian en barracones, ni a coches oficiales o gastos de altos cargos cuando no hay ayudas a la dependencia, al tiempo que añadía que le “ofende que alguien pueda gastar en un traje lo que un trabajador tarda un año en ganar”. “Es mejor llevar ropa barata que ser un miserable con traje como el presidente” Camps, ha sentenciado.

Podemos “no viene de las tertulias”

Pablo Iglesias ha aprovechado también para contestar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por defender que los dirigentes del PP no vienen de platós ni de tertulias, “nosotros tampoco venimos de ahí, eso sí, vamos a las tertulias a dar la cara”, ha afirmado para acusar después a Rajoy de ser “una avestruz con la cabeza en el suelo” y pedirle que “dé la cara”.

Asimismo, le ha respondido a Rajoy que Podemos viene “de la realidad y no tiene nada que ver con corruptos, con coches oficiales, con quienes tienen cuentas en Suiza y Andorra. Nada que ver con ustedes, señor Rajoy, que son los mayordomos de los ricos”.

“Ha empezado la cuenta atrás para el Gobierno de Rajoy”, según ha dicho Iglesias, quien en una nueva alusión al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que la democracia no se construye con quienes han nacido después de 1978 ni con los dirigentes del PP que eran “parte del régimen y miraron para otro lado”.

“Ni una lección de democracia nos van a dar esos hijos del régimen, tenemos memoria”, ha insistido, además de proponer de nuevo un “pacto entre generaciones, de la gente de abajo, de la gente normal”.

“Despreciados” por su Gobierno

El mitin lo ha cerrado la intervención de Antonio Montiel, quien ha denunciado que Valencia sea “una comunidad empobrecida, que aporta más al Estado de lo que recibe” y ha criticado que los valencianos hayan sido “despreciados” por su gobierno autonómico.

Antes también han intervenido el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, que ha garantizado que si su partido llega a los gobiernos de las comunidades autónomas no habrá “ni un desahucio más sin alternativa habitacional”; y la secretaria de Coordinación, Irene Montero, quien ha advertido al PP: “¡Vamos a decirles fuera, vamos a por ellos, fuera!”.

No ha podido participar en este acto como estaba previsto, el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, a quien una afonía le ha impedido intervenir, aunque Iglesias, ha leído unas palabras suyas animando a los alicantinos a apostar por el cambio.

En los próximos comicios locales sólo las urnas saben hasta dónde va a llegar el apoyo a las nuevas formaciones políticas que no existían hasta hace poco. La mayoría absoluta está en 14 concejales. Si se tienen en cuenta los votos en la capital de las recientes elecciones autonómicas andaluzas, el Partido Popular apenas alcanzó los 29.000 cuando en junio de 2011 rozó los 45.000. El PSOE alcanzaba en las andaluzas los 21.000, irrumpiendo con fuerza Podemos con más de 12.000 y Ciudadanos superando los 10.000 votos. Pero ¿son extrapolables los votos autonómicos en unas elecciones locales? Sabido es que no se presenta Podemos a las municipales y el voto de esta formación heredera de los descontentos del 15 M está muy repartido, hasta el punto que en las elecciones municipales hay nada menos que 15 formaciones políticas.

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador es abogado, y alcalde desde 2003. Además es senador, ha sido parlamentario andaluz, presidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia, cediendo estos dos últimos cargos a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar. Antes del comienzo de la campaña Izquierda Unida le denunció ante la Junta Electoral por aparecer su rostro en los taxis de la capital sin que todavía se pudiera pedir el voto. Tuvo que pedir perdón públicamente -“quizá me haya equivocado”- por una utilización sospechosa de servicios públicos en obras interiores en su vivienda y se le puso en solfa por la contratación de su esposa en la Diputación Provincial siendo presidente de la institución supramunicipal. Se le considera como un político de fácil acceso, campechano, muy cercano a los ciudadanos, siempre a pie de calle, con el despacho abierto a los problemas de la gente, y amante del municipalismo inversor y las obras, pero en los últimos años los movimientos sociales, la oposición y los nuevos partidos políticos surgidos del desencanto del 15 M le tienen crucificado. Este año cierra su lista electoral uno de los símbolos de la derecha almeriense, el médico Juan Megino, ex alcalde y fundador del GIAL, el Grupo Independiente Liberal. Su programa se basa en el lema de la garantía de los últimos años de gobierno y en la efectividad de sus medidas, con nuevas propuestas continuistas para consolidar lo ya hecho, que considera ha modernizado y transformado la capital hasta situarla en Primera División. Repite la mayoría de sus ediles.

Juan Carlos Pérez Navas, actual senador y secretario de Organización del PSOE almeriense, es la gran apuesta del socialismo por volver a la alcaldía de la Plaza Vieja. Perfecto conocedor del aparato interno del partido, ex concejal en la capital, ha sabido integrar a las distintas sensibilidades de un PSOE muy dividido en la ciudad en los últimos años. Considera que los 12 años de gestión del Partido Popular han arrastrado a una ciudad desigual, “sin un avance por igual de todos los barrios, de todas las personas, de todos los sectores de los que están vinculados a la cultura y a los movimientos sociales. No se han preocupado por el empleo ni han sabido aprovechar las oportunidades de la ciudad para generarlo”.

Para Pérez Navas, el PP ha hecho “que la ciudad avance a distintas velocidades” y ha dejado de lado “la participación de los almerienses en la vida municipal y la transparencia en la gestión que ha llevado a cabo. El alcalde tampoco ha sido un alcalde que reivindicara ante el Gobierno de Rajoy las grandes infraestructuras pendientes como la llegada del AVE, el soterramiento o la conexión del puerto con el tren para conseguir que Almería pueda competir en igualdad de condiciones que otras provincias de su entorno y propiciar su desarrollo socioeconómico”.

El compromiso socialista es poner en marcha 5 planes de empleo que contribuyan a reducir la cifra de cerca de 25.000 desempleados en la capital. El segundo objetivo es “equilibrar los barrios de la ciudad dotándolos de infraestructuras, equipamientos y los servicios necesarios”. Creará un Portal “en el que los almerienses van a poder conocerlo todo sobre el Ayuntamiento porque considero un derecho que puedan saber en qué y cómo se gastan sus impuestos y tasas municipales”.

Miguel Cazorla, candidato a la alcaldía por Ciudadanos, llegó a la política local de la mano del GIAL de Juan Megino. Fue concejal del equipo de gobierno PP-GIAL con esta formación. Abandonó la candidatura de Ciudadanos durante un proceso judicial del que salió absuelto, del delito de apropiación indebida del que venía acusado. Entonces él consideró “ruín, mezquino y torticero haberle hecho pasar a mí y a mi familia esta situación de estrés y ansiedad solo buscando deteriorar mi imagen con intereses bastardos y utilizados políticamente para minimizar el esfuerzo que Ciudadanos está haciendo para ser la alternativa al bipartidismo”. Pero Cazorla tiene otra cita con los tribunales, ya que tiene una nueva imputación por presunto delito societario, falsedad documental y apropiación indebida entre los años 2003 y 2010 siendo presidente de la SAT Agricultores Ecológicos de Almería.

Rafael Esteban, es el eterno aspirante de Izquierda Unida a la alcaldía. Formó parte del equipo de gobierno que pactó con el PSOE ante el avance del Partido Popular. Es un conocedor nato de los temas municipales y su voz es muy respetada por los sucesivos alcaldes. Izquierda Unida se mantiene en un baremo estable de voto que le suele dar una horquilla de un máximo de tres ediles, con posibilidad de ser llave de gobierno, pero en las actuales elecciones está delante el desconcertante efecto del ‘frente popular’ salido de la irrupción de Podemos y la división en varios partidos que se ha provocado tras no estar presente en las municipales. En los recientes comicios andaluces Izquierda Unida salió muy tocada por la aparición de lo que los medios de comunicación han venido en denominar ‘fuerzas emergentes’, pero sus dirigentes no ven posible una extrapolación del reciente voto autonómico en los próximos comicios municipales.

Manuel Pérez Sola es el candidato de Equo. Su equipo critica “una participación ciudadana burocratizada y encapsulada, como podemos encontrar en el estudio de Transparencia Internacional de 2014, en el que el Ayuntamiento obtiene el segundo puesto más bajo en transparencia. Podemos hablar de estafa democrática al no haber contrapesos de poder como garantía contra el autoritarismo y la corrupción. Destacamos también un paso a nivel ferroviario en el Puche que tras largos años de costosos proyectos sigue sin vías de solución por el constante desencuentro con la administración de la Junta de Andalucía. La desastrosa gestión de la inversión en El Toyo está desembocando en pleitos judiciales con pérdidas multimillonarias como el caso de la Ciudad Digital o el Campo de Golf. Hay que remunicipalizar servicios básicos como el agua y dotar de servicios imprescindibles como éstos a las familias que no pueden hacerles frente. Es fundamental llegar a una ciudad libre de desahucios arbitrando las medidas precisas. La atención a los colectivos más desfavorecidos ha de ser prioritaria y no lo primero en ser sacrificado en tiempos de crisis. El PGOU debe acometer un nuevo modelo de ciudad, que lejos de ser modificada con actuaciones parciales dirigidas a satisfacer a las constructoras, entidades financieras, cadenas hoteleras, etc., esté orientado con criterios de eficiencia, sostenibilidad, justicia social y ecofeminismo.”

Laura Rodríguez-Carretero, vehemente batalladora en las redes sociales, no se da por rendida pese a la debacle electoral andaluza y la guerra interna de su partido en clave nacional, y lucha de forma crítica e incesante para lograr que UPyD entre en el ayuntamiento de la capital, formación que en las municipales de 2011 obtuvo poco más de 2.800 votos, y en las autonómicas de 2015, en la capital, 1946.

Carmen María González, la candidata andalucista, quiere lograr acta de concejal para que el PA vuelva a ser lo que fue en la capital, incluso llave de gobierno obteniendo concejalías en épocas pasadas con el PSOE. Pero desde las divisiones que vivieron las sensibilidades andalucistas esta formación en la capital no acaba de levantar cabeza. En los últimos comicios locales no llegó al millar de votos y en las recientes andaluzas ni siquiera obtuvo quinientos.

Fernando Plaza, candidato de Ahora Almería, ex responsable de Movimientos Sociales de Izquierda Unida, fue desautorizado por el Círculo Local de Podemos para defender las siglas de Pablo Iglesias. Varios candidatos y miembros de Equo y Podemos abandonaron esta asamblea ciudadana. Ganemos Almería Sí Se Puede, que encabeza Carmen Morillas, llegó a denunciar ante la Junta Electoral el uso de su nombre durante las luchas locales por llevar a Almería la autenticidad de los discursos estatales de Ganemos y Podemos.

Antonio Montiel afronta su primera semana de campaña “muy emocionado” y con cinco kilos menos. A apenas diez días de la convocatoria electoral, los sondeos sitúan a Podemos como tercera fuerza en Les Corts, cada vez más cerca del PSPV y por detrás del PP, un partido que vive pendiente de las grabaciones del 'DipuGate'.

¿Cuál es el balance que hace de estos primeros días?

Estoy hablando con la gente, que me transmite mucha ilusión y muchas ganas de cambio. Esta vez los valencianos están buscando el camino del cambio y lo están encontrando. Yo creo que el día 24 habrá una alta participación y una grata sorpresa.

Después de recorrer la Comunitat Valenciana, ¿siente que la gente reclama ese cambio?

Cuando recorres el territorio y visitas Alcoi, Sagunt, Vinaròs, Castellón... tienes una sensación electrizante, porque ves que hay una expectación proactiva que te da mucha fuerza, cada día tengo más fuerzas, porque tienes el privilegio de canalizar el entusiasmo y la ilusión de la gente, una fuerza que tienes que gestionar. Estoy muy contento.

Bajando a la arena, ¿cómo ve el problema de la corrupción en las instituciones valencianas?

Todos los escándalos que se van conociendo me dan mucha tristeza, mucha rabia y mucha vergüenza, pero hace que me reafirme en mi decisión. No podemos permitir que eso continúe ni un día más, porque estamos dando una imagen, no sólo al mundo, sino a nuestros hijos, de que esta sociedad está podrida y tenemos asimilados valores como el individualismo, enriquecimiento, de pelotazo... y tenemos que hacer lo contrario.

¿Se ve presidente de la Generalitat?

Creo que sí y cada día estoy más convencido. Y además lo haré con mucho orgullo y vocación de servicio.

¿Y cuál sería la primera decisión que tomaría?

La primera decisión debería ser paralizar los desahucios, por el valor simbólico que tiene, y después es necesario convocar a las víctimas del metro, que merecen un homenaje y una explicación. Creo que es un deber moral.

Pero para llegar a la Generalitat, parece que será necesario llegar a acuerdos...

Nosotros somos una fuerza de diálogo y queremos hacer un gran acuerdo para salir de la crisis, que requiere de los empresarios, los sindicatos, los agentes sociales, la universidad, los institutos tecnológicos... y tendremos diálogo con el resto de fuerzas políticas.

¿Con todos los partidos?

Lo que será imposible es llegar a acuerdos con quienes han tolerado la corrupción y el despilfarro, y quienes han dirigido las instituciones con prepotencia y soberbia, y también será muy difícil llegar a acuerdos con quienes son tibios y dicen que se puede hablar con todo el mundo con independencia de lo que hayan hecho. No hay más opción que condenar a los corruptos a que salgan de la escena política, a que respondan ante la sociedad y devuelvan lo que han robado.

¿Descarta entonces al PP y Ciudadanos?

Ni los corruptos ni quienes están dispuestos a pasar página. Es necesaria memoria, explicaciones, transparencias y justicia. Ciudadanos se descartan ellos con su ambigüedad ante una situación de emergencia. No se puede apoyar a quienes nos han llevado a esta situación.

¿Y otros acuerdos? ¿Se ha publicado que había un acuerdo firmado con Compromís?

Yo no he pactado nada con nadie ni lo haré nunca antes de las elecciones. Creo que Mónica Oltra ha hecho mucho trabajo en la oposición, como lo ha hecho Ignacio Blanco en Esquerra Unida, y creo que el PSPV ha hecho muy poco trabajo. Lamentablemente han estado muy cómodos en la institucionalidad y han perdido una oportunidad histórica de estar a la altura de las circunstancias.

¿Cómo valoraría que Esquerra Unida se quedara fuera de Les Corts?

Pienso que sería injusto que no estuvieran en las instituciones, porque han hecho un gran trabajo y representan a una parte del ecosistema político. Me gustaría que la pluralidad de la sociedad se trasladara a las instituciones. Yo creo que tendrán un resultado digno.

“No voy a pactar con los populistas”. Así de contundente se mostró Pedro Sánchez hace tan solo seis meses al responder sobre la posibilidad de que el PSOE llegara a acuerdos con Podemos para gobernar y desbancar al PP. Era una época en la que el recién elegido secretario general de los socialistas ni siquiera pronunciaba el nombre del partido de Pablo Iglesias. Medio año después, y tras las elecciones andaluzas, el discurso de Sánchez ha dado un giro de 180 grados y ha abierto la puerta a negociar con Podemos.

Sánchez se hizo con el poder en el PSOE tras la debacle electoral de las europeas, unas elecciones en las que Podemos irrumpió con 1,2 millones de votos. Los socialistas, primero, no supieron ver la amenaza que suponía el partido de Iglesias y, después, su nueva dirección optó por pasar al ataque. En su primer discurso ante los 300 miembros del Comité Federal, Sánchez llegó a advertir de una “coalición de intereses” entre PP y Podemos para “debilitar al PSOE”.

Durante su gira por distintos platós, el líder socialista se empeñó en su negativa a pactar con “los populistas”. “El populismo ha encontrado su plataforma en Podemos”, le dijo a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Esa aversión a la incipiente formación suscitó críticas internas. Dirigentes socialistas le advirtieron de que su “adversario” era el PP y que no podía centrar su tarea de oposición en replicar a Podemos.

El ala izquierda del partido fue tajante: “No debería cerrar ninguna puerta a posibles alianzas postelectorales o de gobierno por la izquierda”, dijo su portavoz, José Antonio Pérez Tapias. Ese pensamiento lo compartían algunos barones, conscientes de que podían necesitar al partido de Iglesias para desbancar a los gobiernos conservadores. 

PSOE: “Los que han cambiado han sido ellos”

Tres meses después, Sánchez ya había modificado su estrategia: dejó de hacer referencias al populismo, mencionó la palabra Podemos y permitió que ese tema pasara a un segundo plano. Sucedió poco después de que en Ferraz vieran como una traición que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono cenaran con Iglesias e Íñigo Errejón.

El viraje ha culminado con la aceptación en Ferraz de que debe adaptarse a la nueva realidad que dibujan las encuestas: el PSOE necesitará a Podemos y Ciudadanos para echar al PP de los gobiernos autonómicos.

La dirección ha dado vía libre a los barones para que encuentren las fórmulas necesarias para gobernar sin establecer una línea global que pueda condicionar los distintos resultados que arrojen las urnas en las trece comunidades. Las únicas líneas rojas ahora son PP y Bildu.

Ferraz atribuye el actual permiso a pactar con Podemos al giro que ha dado la formación de Iglesias hacia la socialdemocracia. “Los primeros que han cambiado son ellos –señalan fuentes oficiales del PSOE–. El programa de mayo no es el de ahora”. La dirección socialista se refiere, en concreto, al cambio de discurso respecto al impago de la deuda –que ha pasado a ser una reestructuración– y “a lo de los etarras”, en referencia a las declaraciones que ha hecho Iglesias este lunes en 'Espejo Público' (Antena 3) en las que ha condicionado las conversaciones con Bildu a la “premisa de la condena del terrorismo”.

“Ellos dicen estar en la socialdemocracia y que son de izquierdas –continúan esas fuentes–. Podemos sentarnos a hablar con ellos, como hemos hecho con IU”.

PP: “La cabra tira al monte”

En el PP están preocupados por que los pactos postelectorales beneficien a los socialistas. “La cabra tira al monte”, responde Pablo Casado en conversación con esta redacción sobre el cambio de actitud del PSOE hacia el partido de Iglesias. “Al final la izquierda intentará pactar y hacer un cordón sanitario en contra del PP, como siempre”, agrega el dirigente conservador, que pide a las demás formaciones que definan ahora los pactos: “Que lo hagan por ambas partes para que luego no se conviertan en pactos de perdedores”. Casado ha instado también a Albert Rivera a que se posicione sobre un posible acuerdo con Podemos y que diga “dónde” lo va a hacer “y en qué sentido”.

Podemos evita analizar el cambio de postura de la dirección del PSOE. A preguntas de eldiario.es, la formación de Iglesias se ha limitado a decir que no es un asunto que hayan tratado. “No vamos a entrar a hacerlo, es cuestión suya”, agrega un portavoz del partido.

“Son una minoría de bloqueo”

Andalucía ha abierto el escenario que prevén las encuestas: un Parlamento más fraccionado en el que el ganador necesite el apoyo o la abstención de otros partidos para garantizarse la presidencia. Tanto PP como Ciudadanos y Podemos han evitado que Susana Díaz sea investida. Desde el PSOE creen que no lo permitirán hasta que pasen los comicios del 24 de mayo.

“Cuando han tenido que posicionarse, lo han hecho con el PP”, señalan desde Ferraz sobre la postura de Podemos en las votaciones en el Parlamento andaluz. “Están obstaculizando la voz del pueblo del que dicen ser los soberanos representantes”,  reprochan esas fuentes. “El PSOE es un partido mayoritario. Ciudadanos y Podemos son una minoría de bloqueo”, concluyen.

La sala dedicada al escritor Ramón María del Valle-Inclán en el madrileño Círculo de Bellas Artes acogió este martes un debate a seis entre representantes de las candidaturas a la Asamblea de Madrid. La temática: las alternativas económicas que los seis partidos presentaban en sus programas para la creación de empleo, el pago de la deuda y la financiación de los servicios públicos.

Organizado por Attac, eldiario.es y la revista Alternativas Económicas y moderado por la jefa de economía de esta redacción, Belén Carreño, los candidatos de PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos mostraron ante una sala abarrotada sus propuestas para atajar la crisis económica que sufre la comunidad junto con el resto del Estado. 

El debate se abrió discutiendo sobre la deuda pública, la posibilidad de reducirla y la compatibilidad de la merma con el crecimiento. “La deuda no es buena ni mala”, aseguró el candidato de Ciudadanos a la presidencia, Ignacio Aguado. Una afirmación en la que coincidió Montserrat Muñoz, número dos de IUCM, con un pequeño matiz: “Depende de cómo se haya generado” abogando de nuevo por una auditoría de la deuda y sin descartar la posiblidad de hacer un impago en el caso de que el resultado del estudio mostrara deuda emitida de forma “ilegal”.

Carmen López, candidata del PSOE a diputada en la Asamblea de Madrid, aseguró que las políticas ejecutadas por el gobierno conservador de Madrid “han sido fallidas y han provocado un aumento de la deuda”. “Cada nuevo madrileño nace con un pagaré debajo del brazo”, añadía el cabeza de lista de Podemos, José Manuel López. López subrayó la incoherencia de la comunidad al no recurrir a las líneas de rescate lanzadas por el Estado por las autonomías, los conocidos por sus siglas como FLA, un punto en el que también coincidió Aguado de Ciudadanos. El consejero de Economía de la comunidad, Enrique Ossorio, aseguró que Madrid no recurría a estos fondos para no perder su oportunidad de financiarse en los mercados aunque fueran más caro.

Todos los partidos, con la excepción del PP, han coincidido en la necesidad de recuperar el impuesto de sucesiones como una vía fundamental para aumentar los ingresos y afrontar el pago de la deuda. También se debatió la recuperación del Impuesto de Patrimonio, bonificado al 100% en la comunidad. “Fue un gravísimo error” eliminarlo, reconoció la representante socialista.

Sin embargo las diferencias en los criterios para cobrar este impuesto variaban: mientras Ciudadanos situaba la cifra exenta por debajo de un millón de euros, excluyendo vivienda habitual y “empresa familiar” -lo que en su opinión liberaría a la clase media-, los candidatos de IU, Podemos y UPyD se mostraban más partidarios de unificar criterios con otras comunidades. Podemos sitúa la cifra exenta en un patrimonio 500.000 euros, incluyendo residencia, y desde IU reconocieron que podría ser posible algunas exenciones como la vivienda habitual pero también teniendo en cuenta su valor.

El debate se convirtió por momentos en un todos contra el Gobierno, representado por Enrique Ossorio, quien intentó defender la gestión llevada a cabo por el Gobierno que preside Ignacio González. “Queremos aplicar un modelo mejorado” para la siguiente legislatura, asegúro el conservador. Ossorio reconoció que para cumplir con los objetivos de déficit y deuda se había recortado en partidas que podía haber mermado la calidad de la prestación de servicios públicos en la comunidad y avanzó que en un entorno económico “más amable” podría ser posible recuperar una parte.

Ossorio sacó pecho con números que situarían a Madrid a la cabeza en creación de empleo y en crecimiento económico. Entre el público se extendieron los rumores de reproche al representante del PP mientras él continuaba con su exposición.

Otro punto en el que los candidatos de PSOE, Podemos, IUCM, Ciudadanos y UPyD se mostraron de acuerdo fue en revisar y revertir los procesos de privatización llevados a cabo principalmente en sanidad. “Se ha puesto en riesgo la salud de los madrileños”, aseguró Ramón Marcos, cabeza de lista de UPyD. Marcos y López, la candidata socialista, abogaron por hacer una revisión de todos los contratos públicos que se han hecho en Madrid en las últimas legislaturas, tildando a los anteriores gobiernos de oscurantistas. Todas las formaciones, excepto el PP, se comprometieron a cancelar estos contratos si las cláusulas legales lo permitían, especialmente los destinados a gestión de la sanidad.

“Los trabajadores de la Marea Blanca demostraron con números que efectivamente el servicio sanitario público es más barato y más eficiente que privatizarlo”, recordó Muñoz de IU. También arrecieron las críticas al modelo de educación concertada o la dependencia. El candidato popular defendió la importancia de los servicios públicos pero, aseguró, que los funcionarios no eran los mejores para desempeñar determinadas tareas “como llevar un banco” y defendió el actual modelo de gestión privada de algunos servicios.

A preguntas del público todos los asistentes se comprometieron a hacer cumplir sus programas como si se trataran de un contrato.

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunitat, Antonio Montiel, ha destacado este martes que en la Generalitat se ha instalado “una corrupción sistémica, pues hasta 11 cargos han tenido que dimitir por casos de corrupción”. Montiel, que ha participado en el programa de Las Mañanas de Cuatro, ha defendido sin embargo que esta corrupción es propia “del PP y no de los valencianos, que somos gente trabajadora”.

Con respecto al caso en el que se ha visto envuelto el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, investigado por la gestión en la empresa Imelsa, Montiel ha afirmado que “esa nueva trama vuelve a demostrar la corrupción sistémica del PP valenciano”. Actualmente en esta comunidad hay más de 100 imputados entre expresidentes, vicepresidentes de la Generalitat, exconsellors, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales y funcionarios.

“Todo lo referido a mí y mis compañeros no es cierto; salvo alguna cosa publicada”, destacó Rajoy cuando salió el caso Bárcenas; y “todo es falso y si hay algo está manipulado” han sido las palabras de Rus. De esta forma, el también secretario general de Podemos en la Comunitat, ha insistido así en que “la corrupción ha sido tan sistémica en el PP que utilizan las mismas excusas unos y otros, Rajoy y Rus. Rus es de la misma hornada de vieja política que Rita Barberá”.

Combatir las políticas de austeridad

En cuanto a la apuesta económica de Podemos, Montiel ha defendido que el objetivo es “ir a la causa de los problemas: las políticas de austeridad que tanto dañan a la ciudadanía”. Así, en un momento en el que cientos de ciudadanos siguen siendo desahuciados por los bancos, el candidato de Podemos ha defendido que “una entidad rescatada por todos los contribuyentes no puede desalojar a una familia sin medios”.

“De lo que se trata es de combatir a la pobreza, no a los pobres”, ha sentenciado Antonio Montiel ante la propuesta de Esperanza Aguirre de “sacar a los ‘sin hogar’ de la calle para impulsar el turismo”. Y, ante la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas, presente en el plató, el líder valenciano de Podemos ha dejado claro que su proyecto es “combatir las causas de la pobreza y las políticas de austeridad, las defienda un partido viejo o un partido nuevo”.

“La Sanidad en España hoy es pública, universal y gratuita.” Esto es lo que repiten una y otra vez el Gobierno y los líderes del Partido Popular, incluso tras el anuncio de la modificación administrativa por la que supuestamente la población excluida va a tener acceso circunstancial a la Atención Primaria, sin tarjeta sanitaria y después de las elecciones de mayo.

Nos gustaría aclarar algunos aspectos y desmontar así las mentiras del Gobierno español.

La reforma que introduce el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012) supone un cambio radical del modelo de sistema sanitario en España, que pasa de ser un modelo basado en el derecho a la salud a un modelo de aseguramiento, en el que hay personas aseguradas y otras no aseguradas. El derecho a la asistencia sanitaria se vincula con determinados requisitos administrativos, el más importante es de carácter laboral. En función de tu relación con la Seguridad Social (INSS) tendrás o no derecho a la asistencia sanitaria: el derecho a la salud depende ahora de tener un trabajo. 

Desde el año 1999 la sanidad no se financia mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, sino exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos directos e indirectos que pagan todas las personas residentes en el estado español, al margen de su situación administrativa o laboral. Las personas migrantes financiamos el sistema de sanidad pública a través de impuestos indirectos, y paradójicamente,  lo han convertido en un sistema sanitario que no podemos utilizar de forma normalizada.

El derecho a la salud sólo es un derecho en tanto que es universal, ya que la salud es un bien común. La transformación de nuestro sistema sanitario en un modelo de aseguramiento individual ataca este derecho según una lógica de mercado rentable para las empresas privadas que gestionan lo público y en cooperación con el mercado de seguros privados de salud. La salud es ahora un privilegio que depende de la situación administrativa individual y quedan excluidas de ese derecho las personas que no cumplan con los requisitos que el sistema impone. 

Este modelo de aseguramiento fragmenta a la sociedad en estratos dependiendo de su nivel adquisitivo: personas que tienen derecho a todo, personas que tienen derecho a algunas cosas, personas que no tienen derecho... Pero, sobre todo, abre la puerta a que cada vez más gente pueda quedar excluida del sistema sanitario: basta con cambiar cualquier requisito en la legislación de la Seguridad Social. Así ocurrió en diciembre de 2013 con las personas españolas emigradas al extranjero. Una disposición adicional en el BOE, la sexagésimo quinta, estableció que “los españoles que salgan del país más de 90 días pierden la residencia a efectos de la Seguridad Social”, y con ello, el derecho a la asistencia sanitaria normalizada.

Según el INE, más de 2 millones de personas hemos emigrado del estado español entre los años 2008 y 2014, de las cuales, más de 250.000 personas teníamos nacionalidad española. En realidad es imposible saber cuántas personas hemos emigrado y se calcula que somos muchas más de lo que dicen las estadísticas oficiales, hasta 700.000 de nacionalidad española emigramos entre 2008 y 2012.

La mayoría de quienes emigramos de España no lo hacemos por  “impulso aventurero”, como dice el Gobierno, sino que nos vemos obligados a ello debido a las nefastas políticas laborales del mismo. El paro, la precariedad laboral y la falta de una expectativa de futuro es lo que motiva  a la mayoría a salir del país. Con 4 millones y medio de personas sin trabajo, un 50% de paro juvenil y una desigualdad social cada vez mayor, emigrar es la única alternativa que nos brinda el Gobierno de España. Y ya no sólo el Gobierno, sino también el nuevo Rey de España lo afirma.

“Las aventuras” se convierten fácilmente en pesadillas para muchos de los españoles emigrados si en el extranjero se nos ocurre ponernos enfermos. Con el fin de ayudarnos entre nosotros, el grupo de Sanidad de Marea Granate estamos recogiendo en una guía la información de carácter sanitario que el emigrante pueda necesitar, guía colaborativa y abierta que iremos completando con las aportaciones de todas.

España era un país que estaba dotado de un sistema sanitario público universal, a un coste económico inferior al del resto de los países europeos con sistemas sanitarios similares y con unos resultados de salud excelentes. El trabajo de erosión e integración de este sistema sanitario al mercado que está llevando a cabo el Gobierno va dejando fuera cada vez a más personas, y para ello no duda en propagar infundios y mentiras (muchos de ellos típicamente xenófobos) como que el sistema sanitario no es sostenible, que las personas inmigrantes no contribuyen económicamente y que colapsan los servicios de Urgencias, o que las personas que emigramos de España no hemos sido excluidas del mismo. Siguiendo la lógica del Gobierno español de que las personas emigradas somos un colectivo débil y fácilmente atacable, no es raro que los emigrantes hayamos sido también excluidos del derecho a votar.

Por todas estas razones, Yo Sí Sanidad Universal y Marea Granate vamos a trabajar juntos para denunciar públicamente la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Para ello lanzaremos una campaña el día 24 de abril, para lograr la recuperación y mantenimiento del sistema sanitario público, universal y gratuito en el momento de uso por el que lucharon quienes nos precedían y al que tenemos derecho todas las personas. Esta campaña, entre otros, también irá dirigida al actual Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que, al igual que el resto de líderes del Partido Popular, tienen una visión muy particular de lo que significa “sanidad universal”.

Este jueves se reunía el comité de campaña de Podemos, encabezado por Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, con los 13 candidatos autonómicos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo para preparar el terreno de cara a los próximos meses. La formación de Pablo Iglesias se ha marcado como grandes objetivos la victoria electoral en Madrid y en la Comunitat Valenciana.

Así, el próximo martes está previsto que el 'Comando central electoral' de Podemos, que coordina la secretaria de Análisis Político y Social, Carolina Bescansa, se desplace hasta Valencia, donde la formación de Pablo Iglesias ve serias posibilidades de ser el partido más votado.

En este sentido, el líder y candidato de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha señalado en más de una ocasión que se ve capacitado para liderar el cambio en la Generalitat después de una etapa de dos décadas del PP en el Gobierno valenciano que ha dejado en la “miseria” a la Comunitat.

Montiel se muestra seguro de que pueden ser la fuerza mayoritaria y la “voz del cambio” en las próximas Corts Valencianes, ya que son una fuerza “nacida para ganar y gobernar”, aunque son conscientes de que ese cambio en la Generalitat pasa por un gobierno “plural” que tienen la intención de “encabezar”.

Estancamiento en las encuestas

No obstante, parece que en los últimos meses se ha estancado el crecimiento de Podemos en las encuestas donde, si bien se consolidan como tercera fuerza política, todavía están por detrás del PSPV y, sobre todo, muy lejos del Partido Popular, que también parece haber visto como se ha frenado su caída en picado.

De este modo, la formación liderada por Montiel podría conseguir entre 15 y 20 escaños, un número ligeramente inferior al que obtendrían los socialistas pero muy lejana del PP, al que todos los sondeos dan como ganador el 24 de mayo con más de 33 escaños (una veintena de diputados menos que hace cuatro años).

Microcréditos para financiar la campaña

Podemos ha puesto en marcha un programa de microcréditos para que los ciudadanos puedan financiar la campaña electoral con importes de entre 100 y 1.000 euros que se devolverán en seis meses sin intereses. En la primera oleada pretenden recaudar 120.000 euros.

La era de 'absolutismo' del Partido Popular en la Comunitat Valenciana parece que llega al final tras dos décadas de gobiernos autonómicos (Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra), al menos eso es lo que aventuran las encuestas, que auguran una debacle electoral del PP, que podría perder más de 20 diputados respecto a 2011 -cuando obtuvo una contundente mayoría absoluta de 55 escaños sobre un total de 99-.

De confirmarse estos vaticinios, que no le permitirían revalidar el gobierno ni con el apoyo de la pujante Ciudadanos de Albert Rivera -con Carolina Punset a la cabeza-, los populares deberían abandonar el Palau de la Generalitat -previo acuerdo de la izquierda-. ¿Pero cuáles son las razones de este previsible descalabro?

1.- Los numerosos casos de corrupción que salpican al PPsalpican al PP, que ha llegado a tener en Les Corts hasta once diputados imputados en diversas cuestiones. Éste ha sido el principal caballo de batalla del president Fabra en los últimos tiempos, que ha tenido que lidiar con sus imputados en el parlamento valenciano y con sus alcaldes procesados -con mayor o menor éxito, como Sonia Castedo o Milagrosa Martínez- para que abandonen las instituciones.

Además, el jefe del Consell ha tenido que presenciar el continuo desfile de altos y exaltos cargos populares por los tribunales valencianos para testificar en diferentes causas judiciales -Gürtel, financiación irregular, Nóos, Brugal, Emarsa, caso Blasco...-, con algunos exdirigentes ya condenados e incluso ingresados en prisión (Rafael Blasco, Carlos Fabra, Hernández Mateo...).

2.- La quiebra económica. Las arcas de la Generalitat Valenciana están vacías, con una situación próxima a la quiebra, en gran parte por culpa de la gestión del propio Gobierno autonómico, que ha sido víctima del despilfarro del pasado con inversiones millonarias e innecesarias. Pufos como la Fórmula 1, que le han costado a los valenciano más de 300 millones de euros, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, el Aeropuerto de Castellón...; abuso del clientelismo, con adjudicaciones a 'amigos', como es el caso de las residencias; sobrecostes en proyectos megalómanos, como ha sucedido con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

A estos hechos se le suma la infrafinanciación -el modelo no será revisado tampoco en 2015- que padece la Comunitat Valenciana, que cada año recibe de las transferencias del Estado alrededor de 1.500 millones de euros menos de los que correspondería, un déficit que debe ser compensados por medio del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Pago a Proveedores. Este dinero, aunque sin intereses, debe ser devuelto al ministerio de Hacienda. Además, existe una deuda histórica valorada en unos 15.000 millones de euros del Estado con la Comunitat Valenciana.

3.- Los recortes. Esta situación de quiebra técnica económica ha obligado al Consell de Alberto Fabra a tomar decisiones polémicas y controvertidas, unas decisiones que han pasado por la aplicación de EREs y la eliminación de organismos y empresas públicas. El más escandaloso de esos cierres fue el que afectó a la radio y televisión públicas valencianas (RTVV), que dejó en la calle a uno 1.800 trabajadores. El 29 de noviembre de 2013, después de que el juez declarara nulo el ERE del ente público, el Gobierno autonómico ejecutaba la sentencia a muerte de Ràdio 9 y Canal 9, una ejecución retransmitida en directo por la propia televisión valenciana.

Estos recortes también han afectado a servicios públicos, como la educación -con eliminación de unidades y proliferación de barracones ante la falta de nuevas infraestructuras educativas-, la sanidad -con cierre de servicios e inversiones pendientes de ejecución- y la dependencia -donde se ha aplicado un copago que se ha encontrado con la contestación pública de los usuarios de estos servicios y el rechazo de los tribunales-.

4.- Candidato débil y cuestionado. El president Fabra, por fin nominado candidato por el dedo de Mariano Rajoy tras una tensa espera, no acababa de convencer en la dirección del Partido Popular, que ha tanteado sin éxito posibles alternativas al líder de los populares valencianos (González Pons, García Margallo...). Finalmente, Génova se decantó por el amortizado Alberto Fabra, previsiblemente candidato a gestionar una victoria pírrica, sin apenas opciones de gobierno.

Así mismo, estamos ante un líder cuestionado internamente por pesos pesados del PP valenciano, como su actual vicepresidente (el dirigente alicantino José Císcar), el presidente de la Diputación de Valencia (Alfonso Rus) o la eterna alcaldesa de Valencia (Rita Barberá), enfrentada a Fabra y muy próxima a Mariano Rajoy. Precisamente, los barones provinciales del PP se negaron a suscribir un documento de apoyo a la candidatura del jefe del Consell con la excusa de que no era necesario.

5.- La crisis y el desgaste del Gobierno de Rajoy. Evidentemente, al PP valenciano también le va a pasar factura la situación nacional. La Comunitat Valenciana no es ajena a la crisis económica global, y si en su día se aprovechó del boom de la construcción, posteriormente fue una de las principales víctimas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con el consiguiente incremento exponencial del paro. A pesar de que Alberto Fabra se empeñe en vender -al igual que Rajoy- la recuperación económica, lo cierto es que la Comunitat Valenciana tiene alrededor de 100.000 trabajadores menos que cuando empezó la crisis -se han perdido 61.000 empleos en la 'era Fabra'-.

Y los populares valencianos tampoco son ajenos al desgaste del Gobierno de Mariano Rajoy, con sus incumplimientos de promesas electorales y recortes, así como las polémicas reformas laboral y educativa aplicadas por Madrid.

El candidato de Podemos a la presidencia de la Generalitat, Antonio Montiel, ha defendido hoy que las candidaturas autonómicas de esta formación incluyen a gente “marcada por el compromiso, la generosidad y la coherencia”, y preparada para gobernar dada su “solvencia profesional y ciudadana”.

Podemos ha presentado en el Jardín Botánico de Valencia sus listas autonómicas, que encabezan en Alicante Llum Quiñonero y en Castellón César Jiménez, tras un proceso de primarias que, según Montiel, solo se ha corregido por razón de género y en seis casos puntuales por circunstancias personales de los aspirantes.

Montiel ha anunciado que mañana iniciarán la primera oleada de microcréditos para que los ciudadanos financien la campaña electoral de Podemos, con importes que varían entre los 100 y los 1.000 euros, que se devolverán en seis meses sin intereses y que en esta primera fase busca recaudar 120.000 euros.

El candidato a la presidencia de la Generalitat ha afirmado que pretenden ser la fuerza mayoritaria y “la voz del cambio” en las próximas Corts Valencianes, ya que han “nacido para ganar, para gobernar”, y por ello quieren “encabezar” el futuro Gobierno “plural” de la Generalitat.

“Mano tendida”

Según ha dicho, tendrán “la mano tendida a cualquiera” que asuma un programa que ponga en el centro de la acción política al ciudadano e incluya una “decidida lucha” contra la corrupción y la “dignificación” de la Comunitat, y que “no busque solo una silla”.

Cualquier pacto postelectoral contará con “la conformidad de la ciudadanía” y será “absolutamente transparente, público y democrático”, ha afirmado Montiel, quien ha destacado que no van a crear “comités de enlace” ni fórmulas de reuniones en despachos o reservados de hotel para “hablar de repartos de puestos o Consellerias”.

El también secretario general de Podemos en la Comunitat ha afirmado además que serán “el grupo más numerosos” de valencianos en las próximas Cortes Generales, para mejorar las condiciones de vida de los valencianos.

“No somos la izquierda valenciana”

“Nosotros no somos la izquierda valenciana, somos una mayoría que pensamos que será mayoría de gobierno, y por tanto no queremos jugar a las clasificaciones tradicionales de izquierda y derecha”, ha indicado Montiel, quien ha explicado que tienen propuestas que no son ni de un ámbito ni de otro.

Asimismo, ha resaltado que la Comunitat ha sido el territorio autonómico donde más personas han concurrido para ser candidatos autonómicos, un total de 179, y ha aseverado que el orden de las listas es una decisión de la ciudadanía, que ha optado por las personas “más idóneas para representar la pulsión de cambio”.

La cabeza de lista por Alicante, Llum Quiñonero, ha manifestado que han venido “para hacer frente al desastre, para señalar a los criminales con sus nombres y hacerles pasar por la justicia” en un momento “crucial”, así como para “servir de puente” en la profundización de la democracia.

El cabeza de lista por Castellón, César Jiménez, ha afirmado que van a “revertir” problemas como la corrupción y “cambiar las cosas” en la Comunitat Valenciana, y ha destacado la actitud “proactiva” de distintos colectivos que les están haciendo llegar sus propuestas para el programa electoral.

La que fue directora de Instituciones Penitenciarias en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se había planteado volver a la política activa, pero el compromiso de Ángel Gabilondo la convenció. Si pierden, promete quedarse en la oposición: “Soy una persona muy seria”.

Si Ángel Gabilondo no fuera el candidato, ¿habría aceptado ir en la lista del PSOE?

Pues no sé qué otro podría haber sido el número uno. Yo he aceptado ir en la lista de Ángel Gabilondo, en esa lista.

¿Por qué ha decidido ser la número cuatro en la candidatura?

Yo salí hace tres años de una responsabilidad política muy intensa y agotadora. Volví a mi vida cotidiana, a mi trabajo de siempre. He escrito un libro, he colaborado con medios de comunicación, viendo la política desde otra óptica. Para nada estaba en esta idea de volver a incorporarme de manera activa. Y, bueno, cuando me propuso Gabilondo que formase parte de su equipo, pues se trastocó mi plan vital porque creo que este es un momento para los compromisos y que, a pesar de que la comodidad personal es muy tentadora, vale la pena estar en la brecha.

Y él es un ejemplo porque ni siquiera es militante del PSOE pero ha entendido que puede jugar un papel fundamental para que la derecha no siga consolidando sus mayorías en Madrid. Si él se ha comprometido, ¿cómo no me voy a comprometer yo?, que además soy militante. Tiene que ver mucho con su personalidad y con su forma de ver la política, que comparto mucho. Es fundamental entender la función pública de una manera abierta, escuchando los cambios que se dan en la realidad y pensando en las personas.

¿Se lo pidió solo Gabilondo o ha estado en contacto con la gestora?

Lo determinante es que me lo pidiese Gabilondo, claro. Otras personas también me han animado a esto, pero no voy a hacer una relación de todas las personas con las que hablé.

¿Qué le parece la decisión de Pedro Sánchez de destituir a Tomás Gómez?

Yo ya me incorporé a la candidatura de Gabilondo una vez que ese proceso había concluido. No he participado de ninguna manera en esa decisión de que esta fuera la candidatura a la Comunidad de Madrid. Seguramente se pudo hacer mejor de lo que se hizo. También tengo que ser sincera y comparto que ganar Madrid es esencial para que no se consoliden las políticas de derechas en España y creo que Gabilondo es un buen líder para ese objetivo. Y que hay que ser generosos en política: estamos al servicio de las ideas, de las personas y de los proyectos. Hay que saber que en cada momento tú puedes jugar un determinado papel, y, si ese papel es estar más en segunda línea, pues estás más en segunda línea.

¿Cree que Tomás Gómez no podía ganar Madrid?

Yo no lo sé. No he participado en ese debate ni en esa reflexión que se ha hecho que parece que ha sido compartido de manera muy mayoritaria por la gente que compone los órganos de dirección del PSOE. El resultado que Gómez había tenido hasta el momento no era bueno. El proceso de renovación es un proceso general que viene con los tiempos y con la necesidad de ofrecer unas formas de acción política diferentes y unas personas también diferentes.

¿Va a tener el resultado que obtengan un mensaje en clave interna?

Yo no estoy interesada en absoluto en los mensajes en clave interna. Tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y con las ideas de progreso que es intentar que las ideas progresistas ganen en Madrid, que recuperemos las políticas públicas, que volvamos a tener una sanidad y una educación públicas como necesitamos. Esa es la valoración principal, las valoraciones políticas ya las harán quienes las hagan en los órganos que procedan. Yo no estoy en eso.

¿Cree que es un buen momento para entrar a formar parte del PSM?

Me parece obligado, ya tengo el traslado hecho de mi ficha al PSM.

¿Puede sentar mal la llegada de gente externa o de fuera de Madrid a la organización para la lista?

¿Qué es ser de fuera de Madrid? Yo he desarrollado toda mi acción política en los últimos 15 años en la capital. He sido diputada en el Congreso, alto cargo del Estado en Madrid. No me considero en absoluto ajena. Creo que esa es una aportación bien interesante a la vida política autonómica y local, el que personas que tenemos una mirada más general y más global sobre la sociedad volquemos esa mirada también a la acción pública, sobre todo cuando es una mirada llena de compromiso y perspectiva social.

¿Tiene pensado llevar a cabo algún tipo de actividad orgánica en el PSM?

No, para nada. Tengo previsto dedicar todos mis esfuerzos a que la candidatura gane las elecciones en la Comunidad de Madrid. Eso es a lo único a lo que me voy a dedicar.

¿Qué prefiere ser: diputada o consejera de Interior?

¡Anda que no vas deprisa! Han convocado hoy las elecciones. Fíjate si falta tiempo... Todavía tenemos que hacer la campaña, salir los resultados, ganar en solitario o en compañía...

En el caso de que el PSOE no gane o no logre hacer gobierno, ¿aguantará los cuatro años en la Asamblea de Madrid?

Sí, claro. Soy una persona muy seria.

En un escenario en que el PSOE solo tenga la alternativa de dar el gobierno al PP o a Podemos, ¿por cuál se decantaría?

Esto es una pregunta que en este momento carece de sentido de la realidad. Después de las elecciones hay que ver qué dicen los ciudadanos, que son los que tienen la palabra, y a partir de ahí ver cuáles son las opciones de gobierno. Yo creo que en el momento político en el que vivimos va a ser difícil que haya mayorías absolutas de nadie, así que habrá un territorio ahí interesante para el debate y para el acuerdo o el desacuerdo. Si me preguntas por mi posición personal, mi opinión siempre está del lado de los progresistas y de la izquierda.

¿Entonces entre los recortes del PP y lo que Pedro Sánchez ha denominado populismo de Podemos, se queda con el populismo de Podemos?

Si me quedase con el populismo de Podemos, estaría en una candidatura de Podemos, no en una del PSOE. Yo me quedo con las ideas progresistas, con la defensa de lo público, con el planteamiento más social posible y más favorable a la igualdad que nadie pueda imaginarse, porque eso forma parte de mi ADN. Yo me quedo con eso y por eso voy a pelear. Los demás ya verán cuáles son sus posiciones y si se acercan a ese modelo o no.

A mí las utopías me parecen muy interesantes y las he defendido durante mucho tiempo, pero lo interesante, me parece, es que encontremos utopías practicables, es decir, que seamos capaces de cambiar la realidad, no solo de hacer bonitos discursos y palabras, porque creo que la gente lo que quiere es gobernantes que hagan que la sociedad mejore, sea más igualitaria, que la investigación avance, que las escuelas tengan el mayor nivel de excelencia, que la sanidad funcione, sea inclusiva y llegue a todo el mundo.

¿Podemos es utópico?

Yo no digo que sea utópico. Todas las opciones políticas que tienen un respaldo social dejan de ser utópicas para entrar en la realidad. Podían ser utópicas antes de haberse presentado a las elecciones, pero ahora son una fuerza muy real con propuestas muy reales que tendrán que contrastar con el mundo en el que vivimos para que puedan ser factibles.

Dijo que Teresa Rodríguez hacía un análisis simplista del resultado de las elecciones porque erosionaba al bipartidismo, ¿le parece simplista el discurso de Podemos?

Yo lo hice en un momento en el que estaba escuchando una opinión sobre el ascenso de Ciudadanos. Que alguien desde una posición nítidamente de izquierdas valore positivamente el ascenso de Ciudadanos porque eso va contra el bipartidismo me parece una forma muy simplista de analizar la realidad y un poco apolítica. Porque tú puedes valorar que es interesante que la derecha tenga diferentes partidos, pero valorarlo porque eso rompa o no el bipartidismo no me parece lo más interesante.

¿El ascenso de Ciudadanos puede venir bien a la izquierda porque fragmenta a la derecha?

Tampoco creo que haya que ser tan utilitaristas. El ascenso de Ciudadanos refleja que hay una parte del electorado que quiere apoyar ideas conservadoras pero no quiere votar al PP. Y ha encontrado un referente político, que es Ciudadanos, aunque ya tenía otro, que es UPyD. Desde una óptica más político-partidista pues, efectivamente, ha sido una rémora para el equilibrio y las posibilidades de la izquierda que los votos de la derecha estuvieran concentrados en un solo partido y situaciones más favorables para que se puedan producir cambios.

¿Descarta a Ciudadanos como un posible partido con el que pactar tras las elecciones?

Me preguntas por unas cosas que ni son mi competencia en este momento ni están puestas sobre la realidad. En España hay una percepción demasiado crítica con los pactos y con la necesidad que hay de entenderse, cosa que es contradictoria con que no nos gustan las mayorías absolutas. Si no queremos mayorías absolutas, tiene que haber pactos y una capacidad de entenderse. Eso es lo que se deberá hacer. Y cuando esté sobre la mesa, habrá que explicarle a la ciudadanía por qué optas por una cosa o por otra. Eso es un futurible, y ya veremos cómo se presenta y los programas. En ese momento se verá qué es lo útil para sacar ideas progresistas adelante.

Tanto usted como Gabilondo formaron parte de Gobiernos de Zapatero. ¿En qué se diferencia la actividad que desarrollarán en la Asamblea de Madrid de esos Gobiernos?

El Gobierno de Zapatero era del Estado y el de Gabilondo será un Gobierno autonómico. Ahí hay una primera diferencia fundamental. Cada uno de nosotros en nuestro ámbito hemos expresado en nuestra gestión una forma de actuar y de entender la política, de intentar transformar de una forma progresista la ciudad. Y eso es lo que vamos a intentar llevar en este caso a la acción de la Comunidad, un ámbito en el que se desarrolla algo tan importante para la vida de los ciudadanos como son los servicios públicos. Como ambos hemos trabajado en ese ámbito, creo que nos vamos a sentir cómodos en eso como estábamos cómodos en el Gobierno de Zapatero.

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el PSOE si gobierna?

Lo primero que tiene que hacer es, antes de ganar las elecciones, escuchar mucho a todo el mundo y tratar de acertar en las propuestas que se hagan para resolver los problemas de las personas. Tiene que haber una prioridad básica, que es la lucha contra la pobreza, fundamental en todos los Gobiernos y todos los ámbitos en este momento en el que, producto de la crisis y de la forma en la que se ha gestionado, se ha producido esta dualización tan brutal de la sociedad. Que no volvamos a encontrarnos con fenómenos que, en la intensidad con la que los conocemos ahora, ya no los íbamos a conocer en el futuro, como es la pobreza y sobre todo la pobreza infantil. Esa tiene que ser la primera prioridad y, desde luego, la defensa de los servicios públicos y de la gestión pública de los mismos. Esas tienen que ser las dos prioridades: políticas sociales, lucha contra la pobreza y gestión pública de los servicios públicos.

Mónica Oltra (Neuss, Alemania, 1969) es la candidata de Compromís a gobernar la Comunidad Valenciana. Lidera Iniciativa del Poble Valencià, una escisión de Esquerra Unida que forma parte de la coalición, y ha protagonizado sonadas críticas al PP por los casos de corrupción.

La aspirante a presidir la comunidad evita ser tajante en sus respuestas sobre pactos poselectorales y recuerda que todo dependerá de las urnas, pero tiene claro que al único que no apoyará será al PP. El PSOE lo tiene difícil por el “lastre” que tiene por haber aceptado las imposiciones de la troika. En cuanto a Podemos, dependerá del programa.

Quiere ser presidenta valenciana, pero parece que los resultados van a dar un Parlamento muy fragmentado. ¿Cuál es la composición perfecta de su gobierno?

Va a ser diverso más que fragmentado, que tiene unas connotaciones negativas que no comparto. Va a ser diverso en función de lo que la gente vote. Para mí no hay composiciones perfectas porque al final la composición perfecta es la que sale de las urnas. Obviamente, todo el mundo quiere tener cuanta más influencia y apoyo, mejor.

¿De qué otro partido le gustaría tener el apoyo para gobernar?

De todos los que quieran apoyar. Lo lógico es que estuviéramos hablando de fuerzas políticas que se sitúan en la izquierda y que no fueran las fuerzas tradicionales que han aceptado las imposiciones de la troika y el dogma neoliberal. Me encantaría un Parlamento multicolor, con diálogo, donde la palabra fuera protagonista y el peso del gobierno recayera sobre fuerzas políticas que se situaran en el discurso conciliador.

Entiendo entonces que apuesta por Podemos y Esquerra Unida, y que descarta a PSOE y PP.

De entrada solo descarto al PP porque, entre otras cosas, es un partido que está podrido de arriba abajo. A partir de ahí, quien se sitúe en las propuestas que antepongan las personas al poder será bienvenido. El PSOE tiene un lastre muy grande respecto a haber aceptado los mandatos de la troika y a haber empleado en este país las políticas de los recortes.

En otra entrevista dijo que hay gente en el PSPV que es casta y gente que no. ¿Es Ximo Puig casta?

No diría tanto, pero sí es una persona que lleva muchísimo tiempo en los alrededores del poder. Ya era jefe de gabinete de Lerma. No es una apuesta por la renovación y por el cambio de personas dentro de la política, que también es importante. ¿Eso lo convierte en casta? Yo diría que no, pero sí en una persona que no es precisamente la renovación.

Si Compromís tuviera que dar apoyo a otro partido para que gobernara, ¿a quién prefiere dárselo?

Nos encantaría que eso no tuviera que ser así y que los apoyos los recibiéramos nosotros. Pero a alguien que se pareciera más a nosotros en los planteamientos, en la política, en la trayectoria, en las cosas que ha defendido.

La irrupción de Podemos ha coincidido con las mejores expectativas de Compromís, ¿cree que va a frustrarlas?

Creo que no, entre otras cosas porque cuando uno se presenta a las elecciones y está en política, que la democracia no le frustre porque, si no, tiene mal asumido esto de ser demócrata. Lo mejor es estar en sintonía con los ciudadanos, trabajando bien, que es lo que hemos hecho desde Compromís, definiendo nuestras propuestas, planteando modelos alternativos, luchando por una democracia fuerte y contra la corrupción y los corruptos. Esa es nuestra carta de presentación. Si recibe el apoyo de los ciudadanos, lo sabremos el día 24 de mayo.

¿Cuáles serían los requisitos para pactar con Podemos?

El programa, las propuestas. No un programa basado en la renuncia, ni tampoco en el disimulo del “no vamos a decir esto por si sienta mal”. Hay que ser honestos con lo que uno piensa, con el proyecto de transformación que tiene encima de la mesa. Hemos planteado nuestras prioridades: un plan de choque social y un plan de choque democrático; cambio de modelo productivo; cambios profundos en la concepción del poder, que no es acumularlo ni asaltarlo sino limitarlo tanto en lo económico como en lo político.

¿Ve al Bloc [el partido mayoritario dentro de Compromís] dispuesto a pactar con Podemos?

Esto es una cuestión del conjunto de Compromís y va mucho más allá. Hemos aprobado nuestras listas con un censo de más de 40.000 personas. Nuestro proyecto va mucho más allá de los partidos que lo componen e incluso de las personas que son simpatizantes o que en un momento han participado en nuestras decisiones internas. Esto es una decisión colectiva, no es una cuestión de uno o dos partidos. Entiendo que nuestra trayectoria siempre ha estado marcada por los programas, las ideas y las propuestas. Eso va a seguir siendo así.

¿Cómo van a decidir internamente los partidos que integran Compromís con qué otra fuerza se puede o bien pactar para gobernar o bien dar el apoyo para que gobierne?

Tenemos órganos que deciden estas cuestiones. Cada partido supongo que tendrá sus propias normas. Nosotros tenemos las nuestras. No me gusta mucho aventurar y especular sobre estas cuestiones porque esto va a depender del día 24. Como ciudadana nunca me ha gustado que se especule y mercadee mucho con mi voto. Tampoco me gusta hacerlo desde el otro lado. El resultado electoral muchas veces deja las cosas muy claras, no hay mucho margen para estar dándole vueltas.

¿En qué se diferencia su programa del de otras opciones de izquierdas?

Desde el principio hemos marcado bastantes diferencias. Fuimos los primeros en denunciar la situación generalizada de corrupción. Al principio se reían de nosotros. También en la concepción del poder y su limitación; de combinar la democracia representativa con la democracia directa. Hemos sido los únicos que hemos propuesto mecanismos de insaculación [sorteo] para la designación de determinados órganos. Este tipo de cosas no las ha propuesto nadie más.

Hemos sido la fuerza política que más ha apostado por los temas medioambientales (la gestión de residuos, la rehabilitación energética de viviendas, la protección de los bosques, la gestión del agua...). Defendemos los intereses valencianos y eso lo perciben los ciudadanos. Llevamos diciendo muchísimos años que no puede ser que seamos la única comunidad autónoma pobre en términos de PIB que paga a comunidades más ricas. Esto es una anomalía democrática. Estamos muy pegados a la proximidad democrática. No se manda nadie desde un despacho en Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer.

Podemos tiene un despacho en Madrid.

Y otros también. No estaba pensando tanto en Podemos como en Génova o en Ferraz, pero sí, también puede ser.

Aparte del rechazo a la troika y el dogma neoliberal, ¿tiene otras líneas rojas para apoyar a otros partidos?

La corrupción y la decencia política. Estamos en emergencia democrática. En esta comunidad tenemos exconsejeros, exconsejeras o expresidentes imputados, procesados o condenados. Cuando imputen a Camps por la Fórmula 1 serán quince. No se llega a esa situación de la noche a la mañana, sino con una profunda degeneración democrática, que tiene un responsable: el PP. Hasta que no se regenere hay que hacerle un cordón sanitario democrático.

¿Lo fundamental es echar al PP del Gobierno sea como sea?

No, lo fundamental es construir otras políticas donde no se excluya a un tercio de la población de la sociedad porque no tiene una vida digna. Otra política donde el dinero público no se desvíe a intereses particulares. Otra política donde el medioambiente sea un eje alrededor del que pivoten las políticas, donde la protección de la infancia sea una realidad. Lo prioritario es construir otra política, no echar a nadie.

Pese a todo, parece que el PP puede seguir siendo la fuerza más votada. ¿Les da igual a los ciudadanos lo que han hecho en estos años?

No creo que les dé igual. Cuando se habla de fuerza más votada hay que matizar, porque las encuestas ahora mismo le dan un 30%. Eso significará que el 70% votará a otras opciones. Hay una parte de voto del PP que es ideológico y van a votar el PP haga lo que haga. Eso forma parte de una falta de cultura política. No puedes ser de un partido político aunque te robe, pero sí hay personas para las que es su opción y votan en ese marco de “estos son los míos”. El apoyo que se le ha retirado al PP es importante, al menos lo que dicen las encuestas, aunque habrá que ver cómo acaba en las urnas.

¿Cuál es su receta contra la corrupción?

Más democracia, más control, incorporar a los ciudadanos al control público y no dejarlo siempre en manos de los políticos. En este momento el que tiene que ser controlado elige a los controladores. Eso no es inteligente desde el punto de vista democrático. También hay que generar una política de participación, de que la opinión de la gente cuente no solo cuando vota cada cuatro años. Son importantes los códigos éticos y la limitación de los cargos.

Cuando dice facilitar el control de los ciudadanos, ¿a qué se refiere?

En los órganos estatutarios, como la Sindicatura de Cuentas o la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano), son tres personas las que se eligen: dos por el Parlamento a propuesta del partido mayoritario. Hay que invertir esto. Tienen que ser dos que se elijan a propuesta del partido o los partidos que no hayan apoyado al Gobierno y uno a propuesta del partido que está en el Gobierno. Y, además, incorporemos dos ciudadanos por el mecanismo de insaculación –un sorteo como en el que se eligen a los miembros de un jurado o de las mesas electorales–. También se deben publicar las cuentas y las facturas en los municipios y en la autonomía. A más transparencia, más dificultad para desviar el dinero público.

Compromís apuesta por lo público, promete ayudas sociales y creación de empleo a través de un plan de industrialización. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Hay dinero?

Más que prometer, nosotros nos comprometemos con la política social. No es posible que haya familias enteras que están excluidas de la sociedad. La política social es prioritaria, la gente tiene que poder tener una vida digna y unos ingresos garantizados. Los poderes públicos tienen que ser un sostén y una red para que nadie se caiga de ella.

¿Hay dinero? Hay un margen en los tributos pero esto tiene que arreglarse a través de un sistema de financiación justo. Pagamos a comunidades más ricas como Castilla y León sus servicios públicos, cuando no tenemos para cubrir los nuestros. No puede ser. Esto lo tendrá que entender el Gobierno del Estado en la política o en los tribunales. Es un sistema vencido, porque caducó el año pasado y hay que renovarlo. No queremos ser más que nadie pero tampoco menos.

En la línea de sumar votos de izquierda ante el descenso que se le augura (y del que se ha servido un aperitivo en las elecciones andaluzas), Esquerra Unida irá a las elecciones de la mano de Esquerra Republicana, Els Verds y Alternativa Socialista (escisión del PSOE formada en 2013). Si atendiésemos a los resultados de los últimos comicios, de 2011, EU, que obtuvo 144.000 votos, hubiera logrado sumar así 43.000 de los dos primeros partidos, más los que pudiese ahora arrancar de Alternativa. Aunque es evidente que no podemos hacer esa extrapolación y que los sondeos apuntan a una bajada de intención de voto hacia estas formaciones, la idea de la confluencia es la más inteligente ante la dispersión del voto de izquierdas.

De todos modos, un mejor contrapeso de su previsible caída realizaría EU si hubiese confluido también en una candidatura coaligada con Podem, gran beneficiaria de su enflaquecimiento y una formación con la que comparte una gran parte de puntos programáticos, algo que sí ha sido posible para algunas elecciones, pero no como pacto global tampoco para las locales.

No obstante, previsiblemente Podem y Esquerra Unida no deberían tener grandes problemas para realizar actuaciones convergentes de cara a la investidura de un candidato de la actual oposición. En principio, tampoco habría muchas distancias iniciales en cuanto a proyectos con Compromís. La duda está en los candidatos a presidente que cada uno estaría dispuesto a apoyar, pues si en un principio cabría pensar que un Ximo Puig al frente de la lista más votada podría haber obtenido el apoyo de un tripartito, digamos, “tradicional”, la aparición de Podem y Ciutadans cambia bastante las cosas.

Tanto Podemos como el PSPV son esclavos de sus palabras y toma de posturas iniciales, y también de las elecciones nacionales que quedarán por celebrarse tras las autonómicas: no sería coherente que Podem diese su sí (¿quizás sí una abstención?) a un miembro de “la casta” ni que los socialistas apoyasen a Antonio Montiel, candidato del partido que es su segundo rival estatal tras el PP. En este escenario, quizás Mónica Oltra podría salir favorecida, aunque también es posible que los partidos piensen, de un vez por todas (no estaría mal) en clave autonómica más que en la estrategia electoral. Todas estas piezas-candidato seguro que también están haciendo sus movimientos conversacionales en estos días.

Ciutadans será clave en el proceso. Es difícil, por los mismos motivos que dificultan un apoyo de Podem al PSPV, que la formación de Carolina Punset de su respaldo a Alberto Fabra, aun suponiendo que los votos de ambos sumasen una mayoría.

¿Y qué decir de los movimientos del errante y descaminado Toni Cantó? El candidato de UPyD a presidir la Generalitat es uno de los que más claro ve lo que cambian las cosas en unos meses. De formación emergente destinada a copar el centro desencantado con los grandes partidos a formación dividida en vías de desaparición. En él observamos los desesperados intentos por avanzar con cada vez menos casillas seguras: de Ciudadanos a UPyD (como le ha recordado Punset), de rechazar la coalición con Ciudadanos a ser uno de sus principales defensores cuando ve que sus piezas, con una reina tocada de muerte, van a perder la partida. Cantó quiere, sobre todo, permanecer en política, pero ahora se encontrará con que va a ser difícil que sea algo más que un peón en unas listas de Ciutadans ya elaboradas.

Un interesante tablero el de este juego político, cuyo ganador final esperemos que ningún jugador olvide que debe ser la ciudanía de la Comunidad Valenciana.

Podemos ha presentado este miércoles su programa para las elecciones autonómicas de Andalucía del 22 de marzo y que incluye 433 medidas. La candidata a la presidencia por este partido, Teresa Rodríguez, lo ha definido como un programa elaborado con “solvencia, rigor y valentía”. Una de las cuestiones novedosas con respecto a otros programas es que incluye una memoria económica en la que cuantifican en 215 millones de euros el coste de poner en marcha, durante los 100 primeros días, las 30 medidas más votadas en el proceso de elaboración del documento.

Las 10 primeras propuestas

Entre las primeras propuestas de su programa están: apostar por la gestión pública de los servicios sanitarios, medidas de transparencia, declaración de emergencia habitacional para evitar desahucios, priorizar el presupuesto para que la educación responda a las necesidades que se le demandan y la exigencia de un certificado de solvencia laboral para que no haya contratos públicos con empresas que no respeten los derechos de sus trabajadores.

Se incluyen también entre las diez primeras: encargar una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía, buscar progresivamente la media europea en inversión en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) como clave en el “nuevo modelo productivo”, “reactivación y desarrollo total” de la Ley de Dependencia, priorizar la economía social y declarar “procedimientos de emergencia ciudadana”.

En cuanto a los principales ejes del programa, han destacado los siguientes:

Economía

En materia de empleo, figura la citada propuesta de imponer la exigencia de un certificado de solvencia laboral, que emitiría la Junta de Andalucía, para que las empresas que concurran a concursos públicos garanticen los derechos de sus trabajadores, cosa que entienden que ahora no se produce.

“No somos capaces de prometer resultados inmediatos y cuantificados en términos de empleo”, ha reconocido Teresa Rodríguez en relación a cómo esperan solucionar el mayor problema que tiene Andalucía, que es el paro. Sí ha dicho que se comprometen a debatir sobre “un nuevo modelo productivo que necesita Andalucía” donde las pymes y empresas de economía social “serán prioridad porque son las que están creando empleo”, igual que la I+D+i o la apuesta por sectores estratégicos como el agrario.

Transparencia

Varias medidas estaban anunciadas, como la posibilidad de revocación de cargos electos o la oficina de participación en el Parlamento de Andalucía. Pero han presentado otras nuevas: una ley de lobbies, para tener registrados los grupos de interés con implicaciones en las administraciones y que también obligue a publicar las actas de los encuentros que se produzcan, por ejemplo, con bancos; y una reforma de la Cámara de Cuentas, que entre otras cosas consideran que debe estar formada por jueces para profesionalizarla o que pueda presentarse como acusación particular en procesos ante los tribunales.

Vivienda

En este tema, harán un estudio para cuantificar la realidad de los desahucios. Entienden que los desahucios podrían paralizarse con la Ley de Emergencias de Andalucía en la mano, tal y como está redactada en estos momentos. Han abogado también por reformar la Ley de Consumo, para garantizar que no se corten los suministros básicos, como la luz y el agua, a personas que no pueden pagarla.

Teresa Rodríguez ha defendido también que “la primera medida que ha adoptado Podemos en su programa es autolimitarse”. Por eso, ningún cargo político de Podemos podrá cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional o percibir más dinero del que cobraba en su empleo previo si lo tuviera.

Y en este punto ha subrayado: “No tiene sentido que los cargos políticos estén cobrando dietas, por ejemplo, mientras que no se están pagando las ayudas a la dependencia”. También ha citado la intención de limitar el tiempo en el poder a dos legislaturas y establecer la ya mencionada figura de la revocación.

“No vamos a formar parte de Gobiernos de austeridad”, ha dicho en referencia a posibles pactos si, tras los comicios, como pintan las encuestas, ningún partido obtiene mayoría absoluta. En todo caso, ha garantizado que cualquier pacto se decidiría por referéndum.

Cerrarán en el velódromo de Dos Hermanas

El secretario de Organización, Sergio Pascual, se ha mostrado muy “satisfecho” por el pronunciamiento de la Junta Electoral de Andalucía, “que ha entendido la centralidad que tiene Podemos en la campaña” tras haber forzado a la televisión pública (RTVA y TVE) a tenerlos más presentes en su cobertura. Ha hablado también de que Podemos está a punto de conseguir los “me gusta” en la red social Facebook que tiene el PSOE-A o de que Teresa Rodríguez ha logrado en muy poco tiempo casi 60.000 seguidores en Twitter.

En cuanto a la campaña, Podemos ha confirmado que el secretario general, Pablo Iglesias, estará en Málaga el día 14; en Cádiz, el 19; y en Sevilla, para la clausura, el 20, que será en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla) –por cierto, sitio talismán de José Luis Rodríguez Zapatero–, con el riesgo de que tiene capacidad para unas 18.000 personas.

“Las ganas de cambio no caben ni en el velódromo ni en ningún sitio”, ha respondido Sergio Pascual, cuando se le ha preguntado por lo ambicioso del escenario. En la apertura de campaña, el día 6 en Sevilla, en el Muelle de la Sal, participará, como estaba previsto, Íñigo Errejón, quien también asistirá a mítines el día 7 en Córdoba; y en Granada, el 8.

Errejón coincidirá también con Pablo Iglesias el 19 y el 20. Durante el resto de los días visitarán todas las capitales de provincia, además de ciudades como Algeciras, Marbella, Jerez de la Frontera, Osuna, Morón de la Frontera y la citada Dos Hermanas.

El PER ha desatado una guerra electoral entre el PSOE-A y Podemos. Todo después de que el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, haya dicho en un comunicado que Podemos estudie incorporar a su programa electoral medidas para prescindir del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) -antiguo PER- en un plazo de unos diez años, “sin poner sobre la mesa, números, alternativas y memoria presupuestaria”.

La candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha negado este lunes que su formación pretenda “quitar el PER”, al tiempo que ha criticado que el PSOE-A haya sacado este tema durante la precampaña de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. En un comunicado, la todavía eurodiputada ha subrayado que “no todo vale en política” y ha criticado que se haya usado la Diputación de Sevilla para ello. “Es intolerable la utilización que hacen de las instituciones”, ha dicho. Es más, ha calificado de “repugnante” que el PSOE “se ponga a la altura del PP, a la hora de utilizar PER como arma arrojadiza”.

En términos parecidos se ha expresado la número 3 de Podemos por Sevilla en las listas de Podemos, Mari Carmen García, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y portavoz internacional de Vía Campesina. “Somos la gente del medio rural las que sufrimos en nuestras propias carnes la utilización partidista que se hacen de estos fondos”, ha recordado. “Lo que sí pedimos es que se repartan de una forma transparente, y que sirvan de una vez por todas para crear riqueza y empleo en el  medio rural, que está sufriendo el exilio de nuestra gente”, ha apostillado.

En este sentido, desde Podemos han ahondado en que su propuesta pasa por evitar que estas subvenciones sean “utilizadas con fines partidista y de control social”. Por ello, quieren en los consistorios “bolsas de empleo públicas y transparentes que impidan el reparto de contratos con fines electoralista y que no permita a los políticos, sean del partido que sean, dar trabajo a su antojo”.