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Podemos propondrá cambiar la ley para fijar la opción de revocar cargos electos a mitad de mandato

Es una de las propuestas que incluirá en su programa para el 22M y sería la ciudadanía la que impulsara la recogida de firmas para ello y posteriormente se votaría.

Otro de los compromisos pasa por facilitar el conocimiento a tiempo real de los extractos bancarios de todas las consejerías y entes instrumentales para más transparencia.

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Teresa Rodríguez y Juan Moreno Yagüe.

Podemos ha avanzado este miércoles los ejes de su programa en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, donde todavía queda mucho por concretar -e incluso puede que varias ni estén entre las competencias de la autonomía- pero de momento destacan el compromiso de hacer públicos los extractos bancarios de las consejerías en tiempo real, crear un método de respuesta a los procedimientos de emergencia ciudadana, establecer la posibilidad de revocación de cargos electos -como ya ocurre para los de partido- y racionalizar la administración con una reducción de los responsables políticos en los entes instrumentales. El programa se presentará este viernes y deberá aprobarse el 4 de marzo, pero ya hay ideas sobre la mesa que han ido elevando los equipos de expertos que participan en el proyecto.

De lo primero ha hablado el número 2 de la lista por Sevilla, Juan Moreno Yagüe, quien ha expuesto que la posibilidad de revocación no quiere decir que sea obligatoria, sino que dependerá de que la ciudadanía quiera solicitarla, por ejemplo por la imputación de un cargo electo, una cuestión que sólo podría plantearse cumplida la primera mitad de mandato y para la que será necesario reunir un número determinado de firmas (no menos del 20% del electorado). Una vez puesta sobre la mesa la posibilidad de revocación, se votará en un referéndum entre todo el electorado, y si el examinado reúne menos respaldos de los que obtuvo en los comicios, quedaría destituido. Si fuera el presidente de la Junta de Andalucía el sometido a este proceso, en el momento en que se apruebe su revocación, se deberían convocar nuevas elecciones autonómicas, mientras que si es un diputado, tanto del gobierno como de la oposición, se pasaría al siguiente de lista.

En todo caso, esto obligará a una reforma de la ley, que Podemos ha prometido impulsar. De este modo, la revocación funcionaría como una especie ILP (iniciativa legislativa popular), y se habilitará una oficina en el Parlamento de Andalucía para facilitar este proceso y todos los relacionados con la participación. Dicha oficina, por ejemplo, podrá asesorar en la recogida de firmas, para "evitar el veto que existe ahora para la ILP". La candidata a la presidencia, Teresa Rodríguez, ha ejemplificado que podría ocurrir por ejemplo si se imputa a un cargo electo, a los que ha achacado que de manera generalizada se refugien en la figura del aforamiento. Con ello, "sería la ciudadanía la que controlara la responsabilidad política mientras los tribunales hacen su trabajo, porque no se puede es tener un sistema en el que se entregue un cheque en blanco a los cargos electos", ha abundado.

También ha explicado Juan Moreno Yagüe la propuesta para hacer más accesible la información contable de la administración. Podemos pretende que los extractos bancarios de todas las consejerías y entes instrumentales puedan ser conocidos en tiempo real por los ciudadanos, o sea, "para ver cómo se mueve un dinero" cuyo camino ya está informatizado. El también abogado entiende que "supondrá un plus de presión para el funcionario pero también una garantía" en la lucha contra la corrupción que "no tiene precedentes" y va "mucho más allá" que el portal de transparencia que ha prometido el PSOE-A. "El objetivo es darle toda la vuelta a ese modelo de transparencia que nos están vendiendo", ha incidido. Pero además, entiende que este conocimiento puede tener otro efecto y es fomentar las inversiones porque los emprendedores y las empresas tendrán un conocimiento más preciso del manejo de los fondos públicos y por tanto de las oportunidades de negocio.

Por su parte, Auxiliadora Honorato, del consejo ciudadano a nivel estatal, se ha encargado apuntar las propuestas relacionadas con el funcionamiento de la administración, y ha resaltado que "hay un problema en la organización porque hay mucho personal designado directamente por los políticos". Cree que "este sistema expulsa a los funcionarios más independientes y no permite que los mejores estén al mando". La propuesta pasa por imponer un método en el que se priorice la concurrencia en función de la capacidad. En la misma línea, ha opinado que es necesaria "una drástica reducción de los altos cargos en las consejerías". De hecho, "lo que sobra en la administración paralela son los responsables políticos y debe ser racionalizada para que haga su trabajo, no ejerza competencias que no suyas pero tampoco recurra tanto a las subcontratas". Se trata, ha continuado, de meter mano a esa "gran capa de personal a dedo que obedece a una estructura clientelar". Para ello se hará una auditoría de todos estos entes instrumentales en los que "todavía hay mucha opacidad" y con ello cifrarán la reducción necesaria.

Sobre los sueldos

Por otra parte, ha abogado por profundizar más en las garantías que ofrece el derecho administrativo recuperando las funciones que se han privatizado. Proponen una ley para regular los procedimientos de emergencia ciudadana, es decir, que se reduzcan los plazos y haya una dotación de recursos para dar respuesta rápida y eficaz a necesidades que en un momento puedan plantear los andaluces. "Desde Podemos creemos que el cambio significa dotarnos de la mayor democracia posible", ha precisado.

En este contexto ha tocado hablar de los sueldos, para diputados y miembros del gobierno. Se propone que en caso de que la persona no tuviera un salario previo, cobraría 1.930 euros (más o menos tres veces el salario mínimo interprofesional y con determinados pluses por ejemplo por cargas familiares especiales), mientras que los que contaran con una ocupación mantendrían el que hubieran percibido hasta los límites fijados en estos momentos para los emolumentos de los parlamentarios y altos cargos. En este sentido, Teresa Rodríguez, ha explicado que se trata de evitar que se llegue a la política para enriquecerse y "huir de su profesionalización". Pero tampoco se trata de que nadie se empobrezca, de ahí que no se busque bajar el salario a un funcionario que por ejemplo dé el salto a la política con Podemos. Esto supondrá que haya quien cobre más que el que ostente la presidencia o que los diputados perciban diferentes salarios, pero eso no preocupa a Podemos.

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