“Hay otra Visa 'black' aún más codiciada, al menos en la torre de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. La visa 'black a efectos fiscales' de la que disponían varios consejeros”. Esta es la primera referencia pública de lo que más tarde se acabó popularizando como las “tarjetas black” y que destapó eldiario.es en una información de diciembre de 2013. La noticia revelaba la existencia de tarjetas opacas en Caja Madrid (y más tarde Bankia), que más tarde se investigaron en una causa judicial de cuatro años de duración, que ha sentado en el banquillo a banqueros, políticos, sindicalistas y empresarios. Hasta la condena de este miércoles del Supremo.

Esa primera información sobre las tarjetas “black a efectos fiscales”, de Belén Carreño, tiene su origen en la filtración masiva de casi 8.000 correos procedentes del buzón de Miguel Blesa, gracias a una fuente derivada por el Partido X. Aquella filtración dio lugar a la investigación periodística Los Correos de Blesa y, dentro de la criba que hizo el equipo de redacción de este medio, uno de los emails contenía una mención a las tarjetas opacas.

Era un correo fechado el 1 de septiembre de 2009 en el que el secretario saliente del consejo de Administración (Enrique de la Torre) informaba a su sustituto (Jesús Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. En el correo se detallaba lo que cobraba cada consejero. En copia estaba Miguel Blesa, quien supuestamente había pedido que se transmitiera esta información.

“Tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio [...]), de 25.000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50.000 €”, explicaba el email interno de los consejeros, que advertía en el asunto sobre su contenido “Confidencial”.

De la Torre explica que “en cuanto a tarjetas Black, los Vicepresidentes, Antonio Romero, Bedia y Baquero tienen una cobertura de 50.000 € al año; los demás de 25.000 €”. Los vicepresidentes eran José Antonio Moral Santín, que representaba inicialmente a Izquierda Unida, y Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004.

Pista para la investigación judicial

Pese a la revelación, en la que se destapaba un complemento salarial a los consejeros de la caja por los que no se tributaba al fisco, las “tarjetas black” que popularizó Miguel Blesa no obtuvieron tanta notoriedad pública en 2013. Lograron mucha más réplica en otros grandes medios las informaciones sobre “los pelos” de Aznar, los safaris, los vinos y los coches de Miguel Blesa, no así las visas opacas. Hasta octubre de 2014. Fue entonces cuando sale a la luz que Anticorrupción investiga el pago de 15 millones de euros con estos plásticos en negro.

La investigación judicial tiene su origen en la información publicada por eldiario.es. El correo desvelado de los directivos de Caja Madrid puso sobre aviso a la nueva Bankia rescatada por el Estado, que inició una investigación interna sobre esas “visas black”. La información de la auditoría fue puesta en manos del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que trasladó la documentación a la Fiscalía Anticorrupción. Y todo ello dio paso a la causa judicial de cuatro años que ha acabado con una sentencia firme del Supremo.

Aunque el gasto de las tarjetas opacas no es tan abultado en comparación con otras causas de corrupción investigadas por la justicia, las “tarjetas black” generaron una gran conmoción social en una población azotada por la crisis económica, incluidos los miles de preferentistas que perdieron sus ahorros en Caja Madrid. Las visas en negro fueron el reflejo de una era de impunidad en la que el establishment económico pasaba pagos de hasta 3.547 euros en un solo día bajo el concepto “venta bebidas alcohólicas”.

Ese gasto salía de la tarjeta black de Rodrigo Rato, pero ahí están los 76.642 euros en hoteles de Miguel Blesa, los 47.900 euros que Díaz Ferrán desembolsó en restaurantes de Arturo Fernández, los 3.800 euros en zapatos del diseñador de lujo Manolo Blahnik de Mercedes de la Merced, la televisión de pago, joyas y viajes del sindicalista Francisco Baquero Noriega (CCOO), los videojuegos y la multa de Tráfico de José Ricardo Martínez (UGT) y los 9.782 euros en arte sacro del consejero Jesús Pedroche (PP), entre otros.

Las black reflejaron un modo de actuar en la cúpula del poder económico y de su trasversalidad: el caso no entiende de siglas, afecta a políticos del PSOE y del PP, sindicalistas de CCOO y de UGT, miembros de la patronal, catedráticos y empresarios. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba este mes que la mayor caída del PP en las encuestas se produjeron por estas tarjetas.

Esas visas estuvieron ahí durante muchos años, a la sombra del conocimiento público, pero mantenidas con el de muchos participantes de diferente signo político: el uso de las tarjetas opacas está acreditado desde 1998, cuando entra como presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, hasta 2012, cuando Rodrigo Rato dimite días antes del rescate de la entidad, ya convertida en Bankia.

Muchos acusados, como el propio Rato, se escudaron en “la costumbre” para explicar por qué habían usado y aceptado esa tarjeta sin cuestionarse éticamente su existencia. Una “normalidad” que explotó por los aires con este caso hace más de cuatro años y a la que ha puesto punto final el Tribunal Supremo con su condena. 

[Este artículo es una versión de este tema que se publicó en 2017]

La oposición al cuerpo de inspectores de Hacienda es exigente, sin duda, pero es también una inversión para toda la vida. En el caso de Miguel Blesa –nacido en Linares hace 69 años–, fue algo más: su primer pelotazo. Le permitió conocer a José María Aznar durante la preparación para el examen, hacerse amigo de él y obtener años más tarde la recompensa. En términos monetarios, eso significó pasar de ganar mucho dinero a ser millonario.

En la década 1986-1996, se dedicó a trabajar como asesor fiscal y experto en Derecho Tributario. Su función consistía en conseguir que las empresas que le contrataban pagaran pocos impuestos. Es legal, es legítimo, pero no es precisamente lo que te da los puntos y la reputación necesarias para alcanzar uno de los grandes puestos del sistema financiero.

Sin embargo, el capitalismo español de las grandes empresas y de los grandes amigos tiene sus propias reglas, y en pocos sitios era tan fácil implantarlas como en las cajas de ahorro. El PP ganó las elecciones en marzo de 1996, y seis meses después Aznar colocó al frente de Caja Madrid a su compañero de oposiciones. Había sonado para varios cargos (Argentaria, Telefónica o Endesa), y todos se parecían en algo: empresas públicas que el Gobierno presuntamente liberal de Aznar pretendía privatizar con bicho dentro. El bicho era el presidente, que se quedaría en la compañía sabiendo muy bien a quién debía tanto honor y tanto sueldo.

“Aznar sólo tenía dos amigos íntimos: Juan Villalonga y Miguel Blesa”, asegura un importante dirigente del PP. Pero a diferencia de Villalonga, que voló demasiado alto en Telefónica y acabó quemándose, Blesa supo manejarse bien en el mundo de la política madrileña donde el brillo y el barro son difíciles de distinguir. El presidente de Caja Madrid se movió con la habilidad del insider que sabe qué tiene que ofrecer a cada interlocutor en cada momento. A los suyos, lo que quisieran. A los otros –los partidos de la oposición y los sindicatos–, lo que fuera necesario para tenerlos contentos.

Y no se puede negar que el pacto con CCOO e IU que permitió su nombramiento dejó muy satisfechos a María Jesús Paredes, líder de la federación bancaria de CCOO, y a José Antonio Moral Santín, consejero en representación de IU. Ahora en IU muchos tuercen el gesto cuando oyen el nombre de Moral Santín y hace unos pocos años en CCOO se quedaron de piedra cuando Público reveló el inmenso patrimonio inmobiliario de Paredes y de su marido, nada habitual entre sindicalistas liberados. Son nombres de una época oscura por la que ha habido que pagar un precio muy alto.

Nadie salía perdiendo si estaba cerca de Blesa. Los directivos de la caja, desde luego que no. Su crecimiento desaforado regó los bolsillos de los consejeros. En 2009, último año de su reinado, el Consejo de Caja Madrid cobró 12,4 millones, 4,6 veces más que cuatro años antes. El Consejo, como Bankia después, se llenó de políticos, personajes ya acabados en el partido a los que había que hacer un sitio por los servicios prestados o para que siguieran callados. Un nutrido grupo de militantes del PP vivía de los sueldos de Bankia. FAES también recibía su parte de la tarta. Blesa tenía muchas maneras de pagar su deuda con Aznar.

Y todo por conducir a la entidad financiera a la senda de la aniquilación.

Blesa puede presumir de que los últimos beneficios anuales con él al mando fueron de 360 millones de euros. Era cuando el motor estaba a punto de reventar. Suponía el 3,7% de los recursos propios, cuando en 1995 la caja había ganado el 11,5%. Pero en esa época las inversiones eran más sensatas y sostenibles.

Con Blesa, Caja Madrid absorbió todo el crédito que pudo de lo que ofrecían los bancos del norte de Europa. Pasó de invertir en deuda pública española e inundó de créditos hipotecarios el mercado. Justo antes del estallido de la burbuja, esas hipotecas alcanzaban los 49.000 millones de euros. Todo eso se iba financiando con el dinero que llovía desde Alemania. Se supone que a eso hay que llamarlo burbuja, pero cuando la entrega de dinero a los usuarios sólo se puede financiar con el dinero que se ingresa cada mes desde fuera, se suele utilizar el concepto de esquema Ponzi.

Por cierto, hablando de estafas piramidales, Bernie Madoff acabó en prisión. Blesa acabó con una indemnización de 2,8 millones de euros tras abandonar Caja Madrid en enero de 2010 (para un total de 12,4 millones ingresados por los tres últimos años). Los dos bancos del PP (Caja Madrid y Bancaja) se unieron para sobrellevar el hundimiento, y eso sólo hizo que la catástrofe fuera mayor y que la nueva entidad tuviera que pedir 22.000 millones en fondos públicos.

En 2017, Blesa fue condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de prisión por el caso de las tarjetas black, junto al ex presidente de Bankia, exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que recibió una condena de 4 años y 6 meses de prisión. Se encontraba en libertad a la espera de la resolución del recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo.

4,5 millones en 2008 y 1,86 millones en 2009. Las elevadas sumas de estas dos transferencias llamaron la atención de la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco durante su investigación de la financiación irregular del Partido Popular, hasta el punto de sospechar que el dinero de Caja Madrid tuviera como destino final las arcas del PP.

Pero quien primero protestó, en los correos de Miguel Blesa –ex presidente de Caja Madrid–, por el “despilfarro” de la Fundación Dos de Mayo fue Rafael Spottorno, ex jefe de la Casa Real y entonces director de la Fundación Caja Madrid, patrocinador de la entidad creada por Esperanza Aguirre.

“La desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan aceptables aun con anchas tragaderas”. Esta fue la contundente denuncia en junio de 2009 del entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, ante Miguel Blesa por la transferencia millonaria de fondos a medios de comunicación a través de uno de los entes estrella de Esperanza Aguirre, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, según consta en varios correos electrónicos a los que tuvo acceso eldiario.es. Estos correos electrónicos, que forman parte de la investigación judicial que llevó a Blesa a la cárcel, fueron proporcionados a eldiario.es por una fuente anónima derivada por colaboradores de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X.

Creada para conmemorar el bicentenario de 1808, la Fundación Dos de Mayo contó desde su nacimiento con el apoyo económico de Caja Madrid a cambio de ser su único patrocinador. En total, la propuesta inicial comprendía 10 millones: tres, al principio y los siete restantes repartidos en diferentes proyectos durante cinco años. Y precisamente los proyectos subvencionados y su importe era lo que censuraba Spottorno.

El jefe de la Casa del Rey entre 2011 y 2014 se mostró contrario a otorgar una nueva subvención a Unidad Editorial (empresa editora de El Mundo) para patrocinar ejemplares de una publicación sobre la Guerra de la Independencia en la revista La Aventura de la Historia. En un mensaje remitido a Enrique Ossorio Crespo, del que hizo partícipe al presidente de la caja de ahorro, Miguel Blesa, Spottorno anunciaba su “rechazo” por el “despilfarro” a los proyectos que se le presentaban. Ossorio, que era quien planteaba este acuerdo con Unidad Editorial, era entonces gerente de la Fundación Dos de Mayo (lo fue de 2008 a 2011) y viceconsejero madrileño de Hacienda; consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.

Ossorio es el actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y fue denunciado por acoso laboral por la diputada autonómica del PP Elena González-Moñux. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó por unanimidad el archivo de la denuncia en enero.

Según reconoció un portavoz de Ossorio, “Spottorno, como director general de la Fundación Caja Madrid, opinaba en el Comité Ejecutivo y discutía sobre el programa de actos, como experto que es, de los cuales algunos le gustaban y otros no”. El portavoz explica que “Caja Madrid firmó un convenio en 2007 para financiar el programa de actos conmemorativos del Dos de Mayo [...] en 2008, 2009 y 2010 por más de cinco millones de euros, gastos que se justificaron debidamente”.

“Estamos poco a poco transfiriendo, por intermedio de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, recursos de la Fundación Caja Madrid a determinados grupos de medios de comunicación, muy destacadamente a Unidad Editorial”, expresaba Spottorno en su respuesta a Ossorio, que le pedía en junio de 2009 financiación para la edición de 5.000 ejemplares –11.000 menos que el año anterior– del especial sobre la Guerra de la Independencia, cuya financiación se llevaría a cabo gracias a la supresión del espectáculo Puerta del Sol: una representación teatral del Motín de Aranjuez.

“Hasta ahora llevábamos 575.790 euros de un proyecto denominado Historia completa de la Guerra de la Independencia (que al parecer no era tan completa, porque, según se ve, sigue) de la revista La Aventura de la Historia y otros 750.000 del encarte de los Episodios Nacionales en El Mundo. Total 1.325.000 euros”, le espetaba Spottorno, que recriminaba, además, que la nueva petición pretendía dejar sin guía didáctica a 11.600 profesores y acabar con la “mejor actividad” de la entidad para “dejar sitio a otra subvención a Unidad Editorial... y a las que puedan venir detrás”.

Spottorno también le recordaba las “críticas” que recibió desde el patronato de la Fundación Caja Madrid al presentar la memoria de actividades de la Fundación Dos de Mayo, que “consumían casi 1,9 millones de euros [cifra semejante a la transferencia de 1,86 investigada en el sumario] en un momento de crisis galopante y de recorte de gastos por todas partes”. Entre esas actividades patrocinadas por la Fundación Caja Madrid, el ahora jefe de Zarzuela destacaba el “bonito mural de Vocento”, en cuya inauguración la crónica de ABC ni siquiera mencionó la participación de la fundación.

La fundación, que presidía Esperanza Aguirre, participó sólo en 2008 en la edición de siete publicaciones, de las que dos fueron en colaboración con Espasa (perteneciente al Grupo Planeta); otras dos, con Unidad Editorial; y otros 100.000 ejemplares se difundieron con el periódico ABC. La memoria de la Fundación Dos de Mayo recoge el patrocinio de la entidad que presidía Rafael Spottorno en otras tres ediciones, entre ellas la revista La Aventura de la Historia.

La negativa de Spottorno, que advirtió a Enrique Ossorio de que el nuevo proyecto de subvención para Unidad Editorial “no podría financiarse con los recursos aportados por la Fundación Caja Madrid, según los términos del Convenio Marco de colaboración”, pareció surtir efecto, porque en 2010 desapareció de la memoria de actividades de la Fundación Dos de Mayo.

“No suelo darte la lata con los temas de la Fundación 2 de Mayo”, se disculpaba Spottorno ante Blesa antes de informarle del “despilfarro y las desvergüenza” de la entidad para anticiparle “cómo está la cosa” días antes de la reunión del Patronato que presidiría Esperanza Aguirre, acompañada de Ignacio González y otros siete miembros del Gobierno madrileño.

Mucho antes de ser La Ingobernable, el edificio madrileño ocupado reconvertido ahora en centro social fue protagonista de uno de los planes más polémicos de José María Aznar. Sucedió en 2008, cuando Miguel Blesa era presidente de Caja Madrid –colocado en ese puesto por el propio Aznar– y Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde de la ciudad. En aquel momento, el Ayuntamiento planeaba construir allí un museo que iba a pagar la Fundación Caja Madrid.

La historia salió a la luz con el estallido de los correos de Blesa, publicados, entre otros medios, por eldiario.es. Lo que se desprende en algunos de estos correos es que el expresidente del Gobierno quiso convencer a Miguel Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad. El coste de la operación por esa suma de millones consistía en la adquisición de varios cuadros que pertenecían al artista Gerardo Rueda, que habían sido ofrecidos por el sobrino del pintor a Aznar.

La compra fue rechazada en primera instancia por el entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, posteriormente jefe de la Casa Real y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Los mensajes entre Blesa y Aznar revelan la insistencia del expresidente del PP en que la caja se hiciese con las obras de arte de Rueda. La oposición de Spottorno consistía en el “precio disparatado” que conllevaba la operación. Las conversaciones con el sobrino de Rueda fructificaron ya en 2009 para que el coste inicial se redujese de forma generosa hasta algo más de 6 millones de euros, lo que hizo que Spottorno y su consejo aceptasen la compra. El primer precio había sido de 54 millones.

Incluso el hijo de Aznar, José María Aznar Botella, presionó a Blesa para que aceptase esa operación por las primeras cantidades. “Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho”, le llegó a escribir.

El edificio que hoy es La ingobernable era el lugar clave de la operación. El Ayuntamiento pretendía construir allí un museo pagado por la Fundación Caja Madrid, donde Aznar quería colocar los cuadros que debía comprar antes la entidad financiera.

El inmueble que iba a ceder el Ayuntamiento de Madrid para hacer las veces de museo de dichas obras, complicó la operación por el elevado coste que suponía. José María Aznar medió con el alcalde de la ciudad en 2008, Alberto Ruiz Gallardón, para obtener el edificio. El plan era derribarlo, una operación en la que Gallardón se puso de acuerdo con el expresidente del Gobierno. El problema radicaba, de nuevo, en lo cara de la operación de construcción de un nuevo edificio que debía asumir la Fundación Caja Madrid.

El inmueble cedido por Madrid necesitaba ser derruido para que se construyese otro. Spottorno comunicó entonces a Blesa que serían necesarios “entre entre 69 y 115 millones de euros” para ello. Por esa razón, consideró que lo que tenían entre manos resultaba “inabordable para la Fundación Caja Madrid y por lo tanto debería ser abandonado”.

En junio de 2009, Spottorno volvió a mandar un email al expresidente de la caja para advertirle de que la Comisión de propuestas de la Fundación rechazaba la operación por “inabordable” y “su coste prohibitivo”. Blesa terminó por aceptar su derrota y el proyecto no se llevó a cabo.

La cesión de Botella a Ambasz: también derruirlo

Cuando la alcaldesa Ana Botella empezó a negociar la cesión del edificio a la Fundación Ambasz, tuvo antes que sacarlo del catálogo de los numerosos edificios municipales que había puesto en venta su antecesor en el cargo Alberto Ruiz Gallardón. Una vez fuera de la oferta, Botella cedió el uso del inmueble en marzo de 2013 a la Fundación Ambasz por 75 años. Unos meses después volvió a hacer otra maniobra para que el los planes del arquitecto Emilio Ambasz con el edificio, a los que se había comprometido Botella en el acuerdo, se pudieran llevar a cabo.

El edificio situado el calle Gobernador 39 o Paseo del Prado 30 –contiene las dos direcciones al estar en la esquina– estaba inscrito en el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997 con 'Nivel 2 grado Estructural'. Esta protección fue rebajada el 13 de junio de 2013 a 'Nivel 3 de grado Ambiental'. El plan de la fundación privada era derruirlo y construir un nuevo edificio y de esta manera podía hacerlo.

Un informe de la Dirección General de Control de Edificación (DGCE) criticó ese cambio de protección al no estar justificado. Cuando el edificio fue incorporado al Catálogo “se tomó como criterio que la finalidad de la protección era la conservación del conjunto urbano, de su memoria histórica y se sus elementos significativos no identitarios”, reza dicho informe. En ese sentido, la DGCE recuerda que no había habido ningún suceso que hubiese alterado sus características y, por lo tanto, no estaba justificado el cambio de protección.

Carmena, en contra de la demolición

El Ayuntamiento de Madrid está trabajando en que 'el Sitio de El Retiro y El Prado' entre la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, tras ser incluido en 2014 en la lista de patrimonio mundial en España por el Consejo del Patrimonio Histórico y permanecer más de un año en la misma. La construcción de un nuevo edificio en el que ahora se encuentra La Ingobernable podría comprometer la candidatura, según se desprende de un informe de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del pasado mes de noviembre.

El órgano municipal encargó entonces varios informes para “evaluar la incidencia que la construcción de un edificio singular como es el proyecto de museo en Paseo del Prado nº 30 pudiera tener en la mencionada candidatura” a la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural (DGIPUPC) del Ayuntamiento de Madrid y al Comité Nacional de ICOMOS España, por tratarse, a su juicio, “del organismo más cualificado para valorar esta cuestión”.

Ambos informes entran a analizar de forma detallada tanto la calidad arquitectónica del proyecto presentado, como su incidencia en el entorno urbano en el que se ubicaría. En este sentido, el informe de ICOMOS señala que el proyecto de la Fundación Ambasz consiste en “una operación tan frívola de sustitución de un edificio histórico consolidado por un edificio nuevo (…), es absolutamente negativa por su impacto en el paisaje y supondría comprometer seriamente la evaluación de la candidatura 'El Sitio del Retiro y el Prado' que el Ayuntamiento de Madrid pretende presentar ante la UNESCO para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial como Paisaje Cultural”.

Por su parte, la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento consideró que el proyecto de la fundación privada que incluía una fachada vegetal “niega la condición de pertenencia un conjunto urbano, a un paisaje cultural urbano, deja ciego al edificio en relación con la calle, el histórico Paseo del Prado, y disfraza su fisonomía con un único plano vegetal”.

Atendiendo a dichos informes, el Ayuntamiento de Madrid concluyó en el escrito de Patrimonio que el edificio del Paseo del Prado nº 30 “pertenece a un contexto urbano muy consolidado que, además, constituye un entorno cultural, paisajístico y patrimonial que forma parte ya de la memoria colectiva de la ciudad de Madrid”. Por ello, la sustitución de cualquiera de los elementos que lo conforman “debe garantizar la perfecta integración en un conjunto arquitectónico que trasciende la individualidad de sus componentes, evitando imposturas y estridencias que puedan poner en peligro el entendimiento unitario e integral de este lugar. Además, es necesario reiterar que el Paseo del Prado ha sido declarado, en su conjunto, Bien de Interés Cultural (BIC)”.

La Ingobernable, un centro social en marcha

Una de las cosas en las que trabaja el centro social autogestionado La Ingobernable es en paralizar esa demolición. También lo hacen en constituir un espacio social lo suficientemente dotado y apoyado por la gente que imposibilite el desalojo. Este lunes, se abrirá una sala de niños con actuaciones y teatro para los más pequeños. El colectivo también trabaja en la asamblea del próximo martes en la que se decidirá la estrategia para comenzar a entablar negociaciones con el Ayuntamiento.

Dos años, nueve meses y catorce días. No es una condena. Es el tiempo que ha pasado entre la publicación en este medio de la exclusiva que destapó la existencia de unas tarjetas 'black' en Caja Madrid y el inicio del juicio que dirime las condenas penales este mismo lunes. Un macroproceso con 65 acusados. Lo mejor del establishment español muy cerca de convertirse en pequeños ladrones de guante blanco. “Apropiación indebida” según la Fiscalía. Banqueros, sindicalistas, políticos, empresarios. Un juicio a una era. A los años dorados donde un plástico engrasaba voluntades sin atender a ideologías. Donde el dinero de todos no era de nadie.

Fue en un correo fechado el 1 de septiembre de 2009 el que ha destapado un caso que, como pocos, ha escenificado la versión española de lo que Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, calificó en su momento de “exuberancia irracional”. En aquella misiva electrónica que puso sobre la pista a los audidores de Bankia, el secretario saliente del consejo de Administración (Enrique de la Torre) informaba a su sustituto (Jesús Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. En el correo se detallaba lo que cobra cada consejero. En copia estaba Miguel Blesa, quien supuestamente había pedido que se transmitiera esta información.

“Tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio [...]), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”, explicaba el mail interno de los consejeros.

El mismo día en el que se envió el correo delator, los usuarios de las 'black' (muchos más en realidad de los que sucintamente sugería el correo), habían gastado 7059 euros con sus tarjetas. El propio Blesa tenía la cabeza en otra parte. Pagó al menos 646 euros en un hotel Four Seasons (en ese momento no había ningún establecimiento de la cadena hotelera en España) pero también hizo un abono en el Hotel Arts de Barcelona. El uso de las tarjetas estaba absolutamente integrado y normalizado en el día a día. Blesa también pagó en una gasolinera y en un supermercado, quizá mientras consultaba en su blackberry el correo que ha terminado siendo el detonante del proceso judicial. Usar su 'black' era pura rutina.

Tres años y dos meses tardó ese correo en llegar a eldiario.es (gracias a una fuente derivada por el Partido X) dentro de una masiva filtración de casi 8000 correos. Pero aún se tardó casi un año más (octubre de 2014) en que saltara la noticia de que Anticorrupción investigaba el uso de aquellas tarjetas gracias a una auditoría interna que Bankia impuso tras leer la exclusiva en este diario.

En total, apenas quince millones de euros en una era de impunidad (las tarjetas se usaron desde 1996 hasta al menos mayo de 2012). Pero el juicio tiene un valor más cualitativo que cuantitativo. Lo que se juzga es una forma de gobernar en connivencia entre el poder financiero y el político para saquear las entidades de crédito. “La caja no es mi cortijo” le tuvo que recordar Blesa al hijo de Aznar para no ceder a sus presiones que se traducían en uno de los correos. Los enchufes, el despilfarro y el desenfreno en la Caja que desveló eldiario.es en Los Correos de Blesa no han llegado a tener nunca calificación penal. Pero las tarjetas fraudulentas marcaron la línea roja entre lo moral y lo legal que por fin la Justicia podrá cruzar.

No es este el primer juicio por el despilfarro de los consejeros de las cajas de ahorro. Las cúpulas de Caixa Penedés, Caja del Mediterráneo (CAM), Novacaixagalicia, Caixa Catalunya y Caja Castilla-La Mancha se las han visto con mayor o menor éxito en los juzgados. Pensiones millonarias, operaciones de crédito que resultaron un desfalco, favores inmobiliarios y sueldos desmesurados son algunas de las lindezas que sentaron a sus responsables en el banquillo. Pero ninguna de estas tropelías financieras (que no han supuesto penas de cárcel por el momento), causó el revuelo y la indignación que causó la aparición de las tarjetas black.

Por encima de sus posibilidades

La transversalidad (políticos del PSOE y del PP, sindicalistas de CCOO y de UGT, miembros de la patronal, catedráticos y otros próceres) es una de las chispas que prendieron rápido en la indignación. Pero también lo es el número de afectados por las chapuzas de Bankia (129.000 preferentistas y alrededor de 200.000 accionistas) a los que se les había privado de sus ahorros y que podían observar escandalizados la sincronización entre la gestación de sus estafas y el uso de las tarjetas.

Y, es que, cada fecha importante de la historia de Caja Madrid, y también de su heredera Bankia, está marcada por el extracto de una tarjeta. El 21 de mayo de 2009, el día que la CNMV aprobó el folleto para la emisión de las preferentes, los usuarios black gastaron 4.088 euros. En plena crisis financiera, algunos “beneficiarios” de estos sobresueldos estaban en más apuros que otros. Gerardo Díaz Ferrán, entonces presidente de la patronal y con su grupo empresarial desmoronándose como un castillo de naipes, gastó ese mismo día 600 euros negros en un restaurante de su concuñado, Arturo Fernández. Estos gastos no correspondían a opíparas cenas sino en una devolución a plazos de un préstamo pendiente entre los representantes patronales.

La coincidencia de fechas es una de las claves para entender el resorte del escándalo que provocó que en un país en el que casi no se dimite, se sucedieran las renuncias. Difícil digestión tiene para un preferentista saber que en ese fatídico día en el que se dio luz verde a la colocación de 2.200 millones de euros en preferentes, Carmen Contreras, directora de auditoría de la entidad, se gastara 1.250 euros en un tratamiento de belleza. A cargo de su 'black'. A cargo de los fondos de una caja que precisamente acudía a buscar los ahorros de sus clientes para no quebrar.

Miguel Blesa, presidente entre 1996 y 2010 de Caja Madrid, y auténtico artífice del sistema de sobresueldos mediante las tarjetas, es el único financiero español que ostenta por ahora el dudoso mérito de haber pasado noche en la cárcel por la desastrosa gestión de una caja de ahorros. Las cámaras le fotografiaron saliendo de Soto del Real con una elegante bolsa de viaje de cuero. No se distinguían anagramas, pero la abultada factura de Blesa con su 'black' en Louis Vuitton hace sospechar. El banquero se gastó 3.400 euros en la firma francesa con la visa fraudulenta en apenas un año.

El cese de Blesa al frente de Caja Madrid, el 28 de enero de 2010, tuvo su merecido consuelo en una 'black'. El amigo personal de José María Aznar celebró su destitución gastándose 4.016 euros en Investrónica, el departamento de electrónica de El Corte Inglés. Después de 14 años viviendo a expensas de la Caja de los madrileños, el exinspector de Hacienda tenía que poner al día su equipamiento informático para comenzar su vida privada. Lo normal. El tren de vida que describía la investigación de Los Correos de Blesa, yates, safaris, joyas, se había pagado con las tarjetas fraudulentas. Después de un lustro escuchando que los españoles habían vivido por encima de sus posiblidades, miles de víctimas de la crisis financiera descubrieron que era otro lugar en el que había que mirar.

Rodrigo Rato, sucesor de Blesa al frente de Caja Madrid y presidente de Bankia hasta mayo de 2012, estará en el banquillo junto con los otros 64 acusados. Con el exdirector gerente del FMI y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, las cámaras tampoco han tenido piedad. España entera vio en directo su detención por posible fraude fiscal con sus sociedades patrimoniales, en principio sin relación con las 'black'. Mañana se sentará en el banquillo de los acusados quizá con una de las camisas que pagó con su 'black' en Camisería Burgos, donde llegó a gastar de una tacada 650 euros.

La salida a Bolsa de Bankia, que acabó siendo un pufo para sus miles de accionistas y terminó precipitando el rescate financiero de la entidad, se regó con buen vino. El 20 de julio de 2011, los usuarios de la 'black' se gastaron casi 6.000 euros tras el toque de campana. Rato hizo una compra ese día de 293 euros en vino, garantizando la calidad del brindis de la operación. Otros como Juan Iranzo vicepresidente en aquel momento del think tank de CEOE, de gustos más sencillos, lo celebraron en el Burger King a razón de 25 euros.

Rato no creó las tarjetas pero las perpetuó hasta el día de la nacionalización de la entidad, cuando se frenan radicalmente los gastos. Las últimas horas de uso de las black antes del rescate muestran que no había ningún remordimiento sobre lo que estaba ocurriendo. El plástico fraudulento quemaba en las mismas manos de los que conducían a la entidad financiera, y a todo el país, al rescate bancario. Era 2012, el ejercicio que terminó siendo uno de los años más duros de la recesión. Después de aquel mayo de rescate los españoles pagaron la barra libre de las black a escote. Recortes, recesión y cientos de miles de trabajadores al desempleo. Y un rescate que hipotecó el país y que cuatro años después se sigue sin pagar.

Mañana no se juzga ni a los principales ni a los únicos responsables de la crisis. Pero sí a los que parasitaron las cajas de ahorro de la forma más obscena.

L’eslògan amb què Bankia va sortir a la borsa ara és també una obra de teatre que s'ha estrenat aquest dimarts a la Sala Poliorama a Barcelona i que arribarà a Madrid el 5 d’octubre, on estarà en cartell fins al dia 9 al Teatre Fernán Gómez. El subtítol: “Tarjetas Black: todo lo que quisieron ocultarte”, fa explícita al·lusió a la invisibilització que, segons els creadors de l’obra, ha patit el Cas Bankia de forma deliberada.

Hazte Banquero, creada per impulsors de 15MpaRato, el projecte sorgit del 15-M per portar a judici Rodrigo Rato i altres directius de Bankia, és una adaptació teatral dels correus corporatius de l’expresident del banc quan aquest encara era Caja Madrid: Miguel Blesa. Els missatges electrònics deixen constància de com durant els anys de l'anomenada “crisi” del 2008, el ritme de vida de la cúpula de Caja Madrid s’allunyava substancialment de l’ètica i el respecte a la legalitat exigibles a una banca finalment sufragada amb diner públic. Es tracta de la coneguda trama de les targetes black, desvetllada en exclusiva per eldiario.es: una xarxa de sobrepagaments a polítics, sindicalistes i alts càrrecs de Caja Madrid, on diversos consellers disposaven d'una visa “black a efectes fiscals” amb límits de fins a 50.000 euros.

Els actors Josep Julien, Albert Pérez i Elies Barberà donen vida als personatges més rellevants de la trama mitjançant la dramatització de passatges textuals dels correus i múltiples projeccions explicatives que contextualitzen l’espectador. Tècnicament, la peça empra un format de teatre de dades, però també es pot parlar de teatre documental o open source perquè es basa en un conjunt d’informes, documents o articles verídics i, al mateix temps, permet al públic conèixer d’on surt aquesta informació.

A banda de la tríada d’intèrprets, l’obra té dos clars protagonistes. En primer lloc, la corrupció com un element estructural que no respon, segons el col·lectiu d’activistes 15MpaRato, a un cas aïllat, sinó a una manera de fer sistemàtica en l’àmbit de les elits polítiques i econòmiques espanyoles.

El segon i més reivindicat protagonista per part dels creadors de l’obra és l’acció ciutadana com a garant del descobriment de les corrupteles perpetrades per l’establishment. I és que Els Correus de Blesa es van traslladar a l’opinió pública a través de la Comissió Ciutadana Anticorrupció del Partit X, que va rebre un correu electrònic d’una font anònima que afirmava tenir “(...) una informació de gran volum i molt important” que dibuixava “un quadre clar de la corrupció institucional a Espanya”. La font va facilitar un total de 7.237 correus corporatius de l’expresident, que membres del projecte activista X.net, que treballa en aspectes relacionats amb la democràcia en xarxa, van fer arribar a alguns mitjans de comunicació.

Hazte Banquero està dirigida per l’artista multidisciplinària i activista Simona Levi, implicada en moviments socials europeus de l’àmbit de la lliure circulació del coneixement, la cultura i la informació, així com la defensa d’internet i la lluita contra la corrupció. Participant activa del 15M des de Barcelona, Levi és iniciadora de projectes com 15MpaRato, l’acusació ciutadana que ha obert el judici a la cúpula de Bankia i ha aconseguit la imputació del vicepresident del Govern d’Aznar, Rodrigo Rato, i dels seus presumptes còmplices després d’haver portat el cas a l’Audiència Nacional. Una plataforma que, en paraules d’Agnès Mateus, l’encarregada de presentar l’obra ahir, dia de l’estrena a Barcelona, va néixer per demostrar que “la crisi” era una “estafa” perpetrada per les elits econòmiques, en connivència amb el poder polític. De fet, Mateus va defensar que l’obra no és més que la crisi “explicada des de la sala de màquines”.

Coproduïda per Minoria Absoluta i finançada mitjançant una iniciativa de crowdfounding, la creació vol fugir d’un linxament personal cap a Rato i desmuntar la teoria de les “pomes podrides” però, sobretot, reivindicar la tasca ciutadana a l’hora de fer fluir la informació en un “nou paisatge democràtic de ciutadania organitzada, periodistes ciutadans i ciutadans periodistes”, tal com s’expressa a la plataforma Correosdeblesa.com a través de la qual es pot accedir lliurement als missatges filtrats.

Simona Levi i Sergio Salgado, a partir dels textos elaborats pel grup d’informació periodística i supervisió legal del projecte d’activisme per la democràcia en xarxa Xnet, presenten la història d’una dinàmica fraudulenta continuada que, si no hagués estat per l’activisme de “gent normal i corrent”, tal com va reivindicar Mateus, “hauria tingut un final feliç” per als implicats.

El eslogan con el que Bankia salió a bolsa es ahora también una obra de teatro que se ha estrenado este martes en la Sala Poliorama de Barcelona y que llegará a Madrid el 5 de octubre, donde estará en cartel hasta el día 9 en el Teatro Fernán Gómez. El subtítulo: “Tarjetas Black: todo lo que quisieron ocultarte”, hace explícita alusión a la invisibilización que, según los creadores de la obra, ha sufrido el Caso Bankia de forma deliberada.

Hazte Banquero, creada por impulsores de 15MpaRato, el proyecto surgido del 15-M para llevar a juicio a Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia, es una adaptación teatral de los correos corporativos del expresidente del banco cuando este todavía era Caja Madrid: Miguel Blesa. Los mensajes electrónicos dejan constancia de cómo durante los años de la llamada “crisis” del 2008, el ritmo de vida de la cúpula de Caja Madrid se alejaba sustancialmente de la ética y el respeco a la legalidad exigibles a una banca finalmente sufragada con dinero público. Se trata de la conocida trama de las tarjetas black, desvelada en exclusiva por eldiario.es: una red de sobrepagos a políticos, sindicalistas y altos cargos de Caja Madrid, donde varios consejeros disponían de una visa “black a efectos fiscales” con límites de hasta 50.000 euros.

Los actores Josep Julien, Albert Pérez y Elies Barberà dan vida a los personajes más relevantes de la trama mediante la dramatización de pasajes textuales de los correos y múltiples proyecciones explicativas que contextualizan el espectador. Técnicamente, la pieza emplea un formato de teatro de datos, pero también se puede hablar de teatro documental u open source porque se basa en un conjunto de informes, documentos o artículos verídicos y, al mismo tiempo, permite al público conocer de dónde sale esta información.

Además de la tríada de intérpretes, la obra tiene dos claros protagonistas. En primer lugar, la corrupción como un elemento estructural que no responde, según el colectivo de activistas 15MpaRato, a un caso aislado, sino a una manera de hacer sistemática en el ámbito de las élites políticas y económicas españolas.

El segundo y más reivindicado protagonista por parte de los creadores de la obra es la acción ciudadana como garante del descubrimiento de las corruptelas perpetradas por el establishment. De hecho, los correos de Blesa se trasladaron a la opinión pública en eldiario.es, que recibió el material en bruto a través de una fuente anónima facilitada por el Partido X. La fuente facilitó un total de 7.237 correos corporativos del expresidente.

Hazte Banquero está dirigida por la artista multidisciplinaria y activista Simona Levi, implicada en movimientos sociales europeos del ámbito de la libre circulación del conocimiento, la cultura y la información, así como la defensa de internet y la lucha contra la corrupción. Participante activa del 15-M desde Barcelona, Levi es iniciadora de proyectos como 15MpaRato, la acusación ciudadana que ha abierto el juicio a la cúpula de Bankia y ha conseguido la imputación del vicepresidente del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, y de sus presuntos cómplices después de haber llevado el caso a la Audiencia Nacional. Una plataforma que, en palabras de Agnès Mateus, encargada de presentar la obra ayer, día del estreno en Barcelona, nació para demostrar que “la crisis” era una “estafa” perpetrada por las élites económicas, en connivencia con el poder político. De hecho, Mateus defendió que la obra no es más que la crisis “explicada desde la sala de máquinas”.

Coproducida por Minoría Absoluta y financiada mediante una iniciativa de crowdfounding, la creación quiere huir de un linchamiento personal hacia Rato y desmontar la teoría de las “manzanas podridas” pero, sobre todo, reivindicar la tarea ciudadana a la hora de hacer fluir la información en un “nuevo paisaje democrático de ciudadanía organizada, periodistas ciudadanos y ciudadanos periodistas”, tal como se expresa a la plataforma Correosdeblesa.com a través de la cual se puede acceder libremente a los mensajes filtrados.

Simona Levi y Sergio Salgado, a partir de los textos elaborados por el grupo de información periodística y supervisión legal del proyecto de activismo por la democracia en red Xnet, presentan la historia de una dinámica fraudulenta continuada que, de no ser por el activismo de “gente normal y corriendo”, tal como reivindicó Mateus, “habría tenido un final feliz” para los implicados.

Lo descubrimos en eldiario.es: entre otras sorpresas, los correos de Miguel Blesa escondían información sobre una red de sobrepagos a altos cargos a políticos, sindicalistas y altos cargos de Caja Madrid. La caja, que después quebraría, permitía un gasto de hasta 50.000 euros al año, sin ningún tipo de control fiscal. Los más favorecidos eran los representantes de CCOO, Pedro Bedia y Francisco Baquero y el del PSOE, Antonio Romero.

El descubrimiento de esas tarjetas motivó la apertura de una causa separada del caso Bankia en la Audiencia Nacional. Hoy también ha generado un montaje teatral dirigido por la directora de teatro y activista anticorrupción Simona Levi. Se titula Tarjetas Black: todo lo que quisieron ocultarte y se estrenó ayer, con gran afluencia de público.

La era del Teatro de Datos

Es la cuarta obra de teatro de la italiana Levi, más conocida por su trabajo como activista en X.net y coordinadora del Free Culture Forum. Su idea es oscilar entre el teatro documental, el drama realista y la comedia para narrar una parte fundamental de la historia contemporánea española. Técnicamente, es teatro de datos, según nos argumenta la directora, un estilo “muy de los nórdicos, sobre todo ingleses alemanes”. En este caso consiste en adaptar la obra con gráficos y datos macroeconómicos de Bankia, la quiebra, etc, que están interpretadas en pantalla mientras se desarrolla el drama.

El teatro de datos no es una invención reciente, lo inauguró David Hare en 2009, cuando el National Theatre de Londres le encargó una obra para explicar la crisis financiera. The Power of Yes funciona en dos capas. La primera, una serie de entrevistas dramatizadas a sus protagonistas, desde el Nobel de economía Myron Scholes al filántropo George Soros pasando por Alan Greenspan o Fred Goodwin.

La segunda es un flujo de datos, titulares y

,  que ocupa la pantalla confirmando, contradiciendo o complementando la conversación. Al principio lo llamaron Teatro periodístico. Hoy tenemos otros planes.

La idea es hablar de la economía de manera que todo el mundo la entienda, pero sobre todo aprovechar el formato para subrayar las contradicciones del caso. “En el caso de Bankia hay un gráfico interesante, que las preferentes se vendieron más, justo en el momento de la crisis, y no antes”, dice Levi. Ese gráfico correspondiente está representado por una animación que combina tres cosas; la documentación, los datos económicos y el aspecto psicológico. Esto es: qué estaban haciendo los hombres que vendían y compraban preferentes, y por qué cuando más se venden es justo cuando menos teníamos que haber comprado“.

Es teatro de datos, pero también teatro documental y teatro open source. “Documental porque se apoya en un conjunto de documentos, informes y artículos de prensa; open source porque también damos la opción al publico de ver de dónde sale la información”. Paralelo a la obra, habrá una “linkografía” donde se verán todas las referencias. “El uso de las fuentes es importante porque queremos comparar lo que poasaba dentro y lo que se contaba fuera, asegura Simona. -Sabemos que los partidos hacían declaraciones contundentes de puertas afuera pero que por dentro, la historia era muy diferente”.

De momento, después de sus tres días en el Poliorama de Barcelona ( 5,6 y 7 de julio), vendrá al Teatro Fernán Gómez de Madrid (5,6,7,8, y 9 de octubre). El objetivo es convertir esta porción de historia negra reciente de españa en algo un poco más negro. “Es un espectáculo en el que se entra cabreado pero sale empoderado-asegura Levi. - La obra tiene final feliz porque lo estamos cambiando”.

La jueza de Madrid Esperanza Collazos ha archivado la causa contra Miguel Blesa por la adquisición del Banco de Florida por parte de Caja Madrid cuando él era presidente de la entidad. La magistrada entiende que la decisión de adquirir esa entidad no puso en riesgo a Caja Madrid y que, en cualquier caso, Blesa y su equipo realizaron la operación sin actuar fuera de las funciones que tenían atribuidas, ni para su provecho.

Esta es la segunda batalla jurídica que gana Blesa de los frentes que tiene abiertos. El expresidente de Caja Madrid vio cómo la Audiencia de Madrid anulaba toda la instrucción realizada por el juez Elpidio Silva en relación con el crédito de 26 millones concedido al Grupo Marsans cuando la compañía de Gerardo Díaz Ferrán ya estaba en quiebra. Ahora, se libra de la segunda investigación que le abrió Silva, que motivó su ingreso en prisión provisional en dos ocasiones y durante la que fueron obtenidos los correos de Blesa.

Paradójicamente, los correos incautados en la investigación ahora archivada sirvieron para conocer la existencia de las tarjetas 'black', cuando eldiario.es publicó un mensaje que daba cuenta de los plásticos opacos. Blesa sigue imputado en esta causa, en el marco de la cual tiene embargada su fortuna. Además está en situación de querellado en la pieza de las preferentes, separada del caso Bankia y la Fiscalía ha solicitado su citación como imputado por las retribuciones presuntamente irregulares en la cúpula de Caja Madrid.

En el caso del Banco de Florida, la querellante, Manos Limpias, denunciaba que Blesa se había saltado los controles de la Comunidad de Madrid para realizar la operación. Caja Madrid pagó en noviembre de 2008 un total de 1.134 millones de dólares, que abonó en dos partes. Para la acusación se trataba del triple del valor del precio de mercado.

La jueza Collazos ha decretado el archivo provisional a instancias de la Fiscalía. El pasado 5 de octubre, inspectores del Banco de España declararon en el juzgado que la compra de entidades en el extranjero “no solo era acpetable y no arriesgada sino que, era lo aconsejable, lo más positivo para el mercado bancario español”.

Para apuntalar esta tesis, la jueza recuerda que el Bankia ha recibido tres ofertas de compra del Banco de Miami. La semana pasada trascendió que el Banco de Chile ha comprado la entidad estadounidense, con una plusvalía neta para Bankia de 117 millones de euros, según comunicó el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri a la CNMV.

“Cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico, ni para los socios, ni depositarios, ni cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren de Caja Madrid”, concluye la jueza Collazos.

Por los delitos cometidos durante la investigación a Blesa por la compra del Banco de Florida, Elpidio Silva fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación.

El 16 de enero de 2014, la redacción de eldiario.es daba los últimos retoques a un monográfico de su revista Cuadernos sobre los correos de Blesa. Los mensajes enviados y recibidos en la dirección corporativa del expresidente de Caja Madrid habían comenzado a ser publicados un mes antes, haciendo emerger las aguas fecales del que por entonces se empezó a denominar capitalismo de amiguetes. Los ciudadanos leían estupefactos los manejos de los responsables de la catástrofe financiera de Caja Madrid, la entidad sin cuyo rescate -23.500 millones de dinero público- no se entiende la crisis que ha arrasado España en los últimos años.

A última hora de aquella tarde llegó a eldiario.es un burofax firmado por el abogado de Miguel Blesa. El expresidente de Caja Madrid exigía que se detuviera la publicación de la revista monográfica. En la redacción sorprendió la maniobra, ya que la revista iba a realizar un análisis en profundidad de los correos de Blesa y su significado, pero no iba a desvelar ninguno nuevo, lo que quedaba reservado para el día a día del medio.

Según se supo después, José María Aznar había acudido dos días antes a la Fiscalía de Madrid para denunciar a distintos medios por los mensajes de Blesa que afectaban a su persona y que estaban siendo publicados, por eldiario.es y otros, “con intención difamatoria”. La bandeja de entrada de su íntimo amigo Miguel dejaba un retrato demoledor del expresidente: presunto comisionista en la venta de armamento a Libia, presiones para que Caja Madrid gastara 54 millones en cuadros de un amigo suyo…

Pero aquel 16 de enero registró otro acontecimiento sobresaliente que aún tardaría muchos meses en trascender. A las 18:59 de la tarde, exactamente 60 minutos antes de que entrara en eldiario.es el burofax de Blesa, una mujer se sentaba por primera vez ante la Fiscalía de Madrid para denunciar la identidad de la persona que según ella había filtrado los correos: Elpidio José Silva. Se trataba del juez que había enviado al banquero dos veces a la cárcel por la ruinosa compra de un banco en Florida en 2008, el mismo que había ordenado a la Guardia Civil incautarse de los mensajes alojados en el servidor de Bankia.

La hora exacta en la que arranca el testimonio de la mujer ante la Fiscalía figura en el sumario de la causa que el pasado miércoles archivó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Civil y Penal evitaba con su decisión que Silva se enfrentara desde el banquillo a una pena de cárcel, al estimar el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por la jueza Susana Polo. Pocas veces la Sala desautoriza así al magistrado que ha instruido la causa y que, una vez finalizado el trabajo, ha decidido enviarla a juicio. De no ser por el auto de la Sala de lo Civil y Penal, Silva hubiera sido juzgado por un delito de revelación de secretos y otro de infidelidad en la custodia de documentos, que pueden ser castigados hasta con cinco años de cárcel.

Entre aquella tarde del 16 de enero 2014 y este 15 de junio 2015, fecha del archivo, transcurre la rocambolesca historia de cómo la Fiscalía de Madrid se fijó como objetivo encarcelar a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa. Y de cómo lo hizo a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante despechada, que admite en público su rencor, y que ha sazonado su relato con acusaciones a Silva de brujería y sofisticadas tramas de espionaje. A pesar de que la Policía puso por escrito su desconfianza, la Fiscalía solicitó que fuera declarada testigo protegido, y la jueza Polo lo autorizó. Durante cinco meses, Susana García Romera fue TP 1/14, la “prueba de cargo” contra Elpidio Silva.

García Romera es una mujer de mediana edad que se sintió atraída por el perfil público de Elpidio José Silva, en la época en que el magistrado reinaba en los platós de televisión y encarnaba el papel del juez valiente, al que no le importa embestir al poder. Silva mantenía una actividad frenética en las redes sociales y la inmensa mayoría de las cuentas que seguía en Twitter pertenecían a mujeres. Así se conocieron. Una noche hablaron durante horas por teléfono y, según contó ella a la Policía y los fiscales, el 8 de agosto llamó a la puerta de su casa. Cuando abrió, sin mediar palabra, el juez la besó impetuosamente. A una semana de convivencia en Galicia en agosto siguió otro mes y medio en Madrid, en el domicilio de Silva. Y ahí acabó la corta y, al parecer, tormentosa relación.

De aquellos días de convivencia, García Romera describe al juez como un tipo despótico, iracundo, que sufre un trastorno “obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza”. “Es capaz de montar en cólera si han caído dos migas al suelo que recogía inmediatamente con el dedo, mantiene todas las puertas siempre cerradas, tira de la cadena 6 ó 7 veces cada vez que va al aseo…”, contó aquel 16 de enero a la Fiscalía. Sin documentarlo, aunque en principio aseguró tenerlo grabado, la testigo relató que Silva la llegó a acusar de “enviada de Blesa” porque no fue a comprarle una medicina para la tensión. Por otra parte admite que, llevada por los celos, espiaba las cuentas de Twitter y Facebook de su amante.

Después de irse de casa de Silva, García Romera conoció a otras mujeres a través de las redes sociales que “habían pasado por lo mismo que ella”. Una de éstas es Alba Ledo, quien creía haberse hecho un esguince por la “magia negra” de Silva. Ledo presentó a Romera a un tal Alberto, supuesto policía retirado por una lesión. Se trataba de Alberto Henarejos, del que no consta que haya sido policía nacional y del que la Fiscalía aseguró a García Romera que tampoco pertenecía al CNI, como ella sospechaba. Este hombre fue quién convenció a la mujer de que fuera a la Fiscalía a contar lo que sabía de Silva. En la segunda declaración en Fiscalía –al día siguiente de la primera-, Romera declara sentirse engañada porque no le van a pagar el viaje y la manutención y amenaza con no seguir adelante.

“Una pequeña habitación verde”

Sin embargo, lo hace y cuenta que los correos, según decía Silva, estaban “en una pequeña habitación verde” de su casa. El exjuez le contaba que tenía un teléfono secreto para hablar con el Gobierno venezolano y un día le confesó que los “gestos pacíficos” del 15M ya no servían para nada y que mejor dejara de frecuentar sitios como El Corte Inglés, Mc’Donalds o Starbucks. “Él presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17, y cuando ella le hacía ver que eso le escandalizaba, él le decía que estuviera tranquila que eso ya estaba prescrito”, transcribe la Fiscalía de la declaración de la mujer.

Pero eso carecía de relevancia para la Fiscalía: lo interesante es que ella aseguraba que le había visto dar a Silva un pen drive a un abogado y que dentro estaban los más de 8.000 mensajes recabados durante la instrucción del caso Blesa. La mujer reconoció que nunca vió los correos y que tampoco tenía certeza de que contenía ese pen drive, pero a la Fiscalía ese testimonio le cuadró con las diligencias que había abierto de oficio en cuanto se comenzaron a publicar los mensajes.

A las órdenes de Manuel Moix, la Fiscalía solicitó que la mujer fuera declarada testigo protegido, una figura que suele estar reservada a las personas que denuncian delitos de crimen organizado y terrorismo. De poco sirvieron las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, que también tomaron declaración a la mujer. Los policías tuvieron que escuchar el relato de García Romera sobre la supuesta capacidad de Silva para pinchar teléfonos ya sin ser juez. Contenidos, los agentes recomendaron a la jueza Susana Polo que no siguiera adelante porque la mujer pecaba de “cierta credulidad”. Ni la Fiscalía, ni la magistrada hicieron el mínimo caso.

Elpidio Silva tenía ya por entonces complicado volver a ejercer la carrera judicial. El TSJM terminó condenanado a Silva a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos cometidos en la investigación al exbanquero, entre ellos prevaricación. El Tribunal Supremo ratificó después la condena por unanimidad, certificando la expulsión definitiva de la carrera de Elpidio Silva. Pero el caso de la testigo protegida iba más allá. Por los dos delitos, Silva podría ser condenado a 5 años de prisión. Aún sin antecedentes, iría a la cárcel. Detras de ambos procesos, el hasta hace poco fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el mismo que no apreció delito en la fuga de Esperanza Aguirre de los policías municipales. Moix acaba de ser ascendido al Tribunal Supremo.

Del contenido de los correos que supuestamente había filtrado Silva, la Fiscalía de Madrid no apreciaba delito alguno. Eran una prueba nula, obtenida ilegalmente según la Audiencia de Madrid, y nada había que examinar. Lo que se debía a hacer era perseguir al que había filtrado su contenido a los medios, a pesar de que eso había permitido a los ciudadanos conocer uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España, aseguró un portavoz de la Fiscalía de Madrid a los pocos días de las primeras revelaciones.

Meses después, la Audiencia Nacional permitía incorporar al caso Bankia los correos de Blesa que fueran relevantes para la investigación. Los numerosos recursos de la defensa de Blesa apelando a su intimidad no servían para nada. Los correos no eran del exbanquero sino de Bankia. Por fin se investigaba su contenido, no la filtración.

Ante los agentes y fiscales, García Romera reconoció que reclamaba a Silva una deuda de 1.000 euros por la corrección de su libro La justicia desahuciada, motivo por el que se había desplazado a la casa del exjuez en Madrid. Además de indicios de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, la jueza Polo apreció indicios de violencia psicológica en el trato de Elpidio Silva a García Romera.

De testigo a querellada

El pasado 13 de julio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid archivó la causa contra Silva. “Las diligencias de instrucción practicadas no ponen de manifiesto que el imputado haya maltratado psicológicamente a Doña Susana García Romera, ni que la haya vejado, insultado, ni amenazado. Ambas partes sostienen versiones contradictorias y la sostenía por Doña Susana no viene corroborada por elemento alguno periférico pues la grabación aportada no viene a refrendar la conduta vejatoria que imputa al denunciado”, afirma el auto de archivo, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En la grabación a la que se refiere el auto, como recoge la misma resolución judicial, Silva no desprecia ni insulta a la mujer, pero ella sí le llama “gentuza” y “desgraciado”. La defensa de Silva se ha querellado contra García Romera por denuncia falsa, tanto en referencia a las acusaciones de revelación de secretos y fidelidad en la custodia de documentos, como por la de maltrato psicológico.

Susana García Romera mantuvo durante cinco meses la condición de testigo protegido, cobrando en total 4.000 euros de la Comunidad de Madrid, a razón de 798,76 euros mensuales. Mientras seguía utilizando las redes sociales, desapareció del domicilio del que había informado al Juzgado para que la Guardia Civil la protegiera. No acudió a dos citaciones en el juzgado para declarar, ni a otras tres con el organismo que le iba a conseguir una vivienda. La jueza ordenó a la Policía su localización, pero no fue posible. En octubre de 2014, la jueza Polo no tuvo más remedio que retirarle la condición de testigo protegido. Susana García Romera ya no era TP 1/14.

Meses después, la mujer reapareció y tras declarar finalmente ante la juez, parecía que la causa no daba para más. Pero para sorpresa de los abogados de Silva, la jueza dictó auto de transformación en procedimiento abreviado –el procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de prisión- y Silva se vió abocado de nuevo al banquillo.

La jueza Polo acusaba a Silva de “vender” los correos, una supuesta intención que el acusado habría comentado a García Romera y de la que ésta no había llegado a saber nada. La magistrada incluso escribía en el auto que García Romera declaró que Silva llegó a comunicarle que los había vendido [los correos] a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es“. Este medio desmintió esa afirmación rotundamente, ”dado que los emails llegaron a través de una fuente anónima derivada del Partido X y eldiario.es no ha sobornado a fuentes por esta ni por ninguna otra información“. En la primera declaración de la testigo que aparece en el sumario, Romera se refiere a Escolar como ”periodista de El Mundo“.

Sólo el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha impedido que, con tales argumentos, la causa de la filtración de los correos de Blesa llegara a juicio. “Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse”, dice la Sala en su auto sobre quien fuera TP 1/14. La resolución es acordada por unanimidad por tres jueces, uno de ellos José de la Mata Amaya, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la causa contra el exjuez Elpidio José Silva, al que el Ministerio Público acusaba de haber filtrado los correos de Blesa, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM corrige así a la instructora del caso, la jueza Susana Polo, quien había dictado auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra Silva, a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante en su contra, quien también acusa al ahora abogado de practicar “magia negra” contra ella.

Silva escapa así de una posible condena de cárcel hacia la que se dirigía la actuación de la Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, recientemente premiado con una plaza en el Tribunal Supremo. Silva era acusado de un delito de revelación de secretos e infidelidad de documentos por haber supuestamente filtrado los correos que había obtenido durante la instrucción del denominado caso Blesa. Por decisiones adoptadas durante aquella instrucción, la Fiscalía ya había conseguido la inhabilitación del juez, entre ellas haber enviado en dos ocasiones a la cárcel al expresidente de Caja Madrid. Manuel Moix es el fiscal que informó de que la fuga de Esperanza Aguirre de la Policía Municipal fue una falta y no un delito.

La publicación de los correos de Blesa permitió a los ciudadanos conocer la dinámica de favores e irregularidades de Blesa y su equipo al frente de Caja Madrid, cuyo rescate por 23.500 millones de dinero público está en el epicentro de la crisis financiera española. Y no solo eso: cómo ha reconocido el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, uno de aquellos correos, publicado por eldiario.es en diciembre de 2013, permitió a la actual dirección conocer la existencia de las tarjetas black e iniciar una investigación interna que ha acabado en un proceso judicial en la Audiencia Nacional.

Moix ordenó abrir diligencias contra Silva el 19 de diciembre de 2013, en plena vorágine mediática por la publicación de los correos. El 14 de enero, el expresidente del Gobierno José María Aznar denunció ante la Fiscalía a eldiario.es y otros medios por los correos en los que él aparecía y que consideraba habían sido publicados con “intención difamatoria”. Dos días después de la denuncia de Aznar, la testigo se presentó en la Fiscalía de Madrid para aportar su relato. La declaración en la Fiscalía arrancó a las 18.59 horas del 16 de enero. Exactamente 60 minutos después, la defensa de Miguel Blesa envió un burofax a eldiario.es amenazando con medidas legales si distribuía los ejemplares de la revista 'Cuadernos', dedicada en su número 4 a un especial sobre los correos del expresidente de Caja Madrid.

“Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse”, dice la Sala en su auto sobre la examante de Silva, que también le reclama 1.000 euros por un supuesto trabajo.

El recurso de la defensa

Los abogados del exjuez, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal, habían recurrido el auto de transformación en procedimiento abreviado de la jueza Polo en reforma, subsidiario de apelación. La magistrada rechazó el recurso de los letrados, pero finalmente la Sala de lo Civil y Penal del TSJM les ha dado la razón. Los letrados alegaban “inexistencia de suficientes indicios racionales de criminalidad” por el testimonio de la mujer, quien llegó a ser declarada testigo protegido y recibió una asignación mensual por ello. La testigo reconoció en su interrogatorio ante la juez que nunca llegó a ver los supuestos correos de Blesa que guardaba Silva, como destaca el auto del TSJM.

Por otra parte, la defensa de Elpidio Silva denunciaba “incoherencia y falta de lógica en la redacción de los hechos”. En este apartado recogía el contenido de un informe policial que recomendaba a la jueza instructora no seguir adelante con la causa porque el testimonio de la mujer peca de “cierta credulidad”. Ese informe tiene fecha de 22 de mayo de 2014. A pesar de ello y de que la testigo ha estado desaparecida durante meses, sin acudir a las citaciones judiciales, la causa se ha archivado más de un año después.

La testigo perdió la condición de protegido después de las incomparecencias, utilizar al tiempo las redes sociales y revelar a terceros su situación, según argumentó la jueza Polo. Para entonces ya había recibido 4.000 euros por su carácter de testigo protegido a cuenta de la Comunidad de Madrid.

En el auto del TSJM, los jueces destacan que Romera realizó ante la Fiscalía declaraciones de “dudosa credibilidad”: que Silva tenía un teléfono secreto con el que está en contacto con altos dirigentes de varios países, entre ellos Venezuela, que era de la opinión de que no bastaban ya las manifestaciones pacíficas, sino que había que empezar a poner bombas, que estaba en contacto con grupos armados y que, a partir de entonces, no fuera al Corte Inglés, Mc'Donalds', ni Starbucks, y que el imputado presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17. Afirmaciones que se reiteran en su declaración judicial“.

“El tema de la declaración de Naseiro es estremecedor”. El ex juez Elpidio Silva entiende que el “miedo” del antiguo tesorero del PP, Rosendo Naseiro, ofrece la “tremenda realidad” de “un partido político que se ha financiado durante muchos años de manera ilegal”. Y que José María Aznar, como máximo responsable, “lo sabía todo, que era una caja B”.

Silva añade que los papeles de Naseiro desvelados en exclusiva por eldiario.es “como mínimo” deben derivar en “una responsabilidad política tremenda” y después, continúa, en una investigación “a todos los niveles, por supuesto a nivel judicial”. Existen “indicios, alertas y evidencias que sirven y justifican una investigación muy a fondo de lo que ha sucedido en ese partido”, manifiesta en declaraciones a eldiario.es Andalucía.

El magistrado, al que el Tribunal Supremo apartó de la carrera judicial por la investigación del caso Blesa, destaca las circunstancias que motivaron a Naseiro a acudir “a un notario, por lo que pueda pasar”. “¿Pero qué es lo que puede pasar?”, se pregunta, “¿qué miedo tenía ese señor? ¿Temía por su vida, por su integridad física?”. Una situación que evidencia “que todo lo concerniente a la caja B era de pleno conocimiento de José María Aznar, que tenía la presidencia del Gobierno y el máximo cargo de responsabilidad en el PP antes que Mariano Rajoy”.

Sobre su inhabilitación, Elpidio Silva dice que seguirá “adelante” para demostrar con un “recurso de amparo al Constitucional” que su condena por prevaricación “es una farsa” que busca impedir “que se luche contra la corrupción”. Por esto, apura, “se mata al mensajero” en una “historia” que califica como “macabra, tenebrosa, aberrante”.

El ex juez del caso Blesa y fundador del partido Movimiento RED ha hecho estas declaraciones en un acto de apoyo a la candidatura municipal de EQUO al Ayuntamiento de Sevilla, encabezada por el alcaldable Esteban de Manuel. Silva entiende esta participación en aras de la necesaria convergencia de “todas las fuerzas de progreso y que estamos contra la corrupción”. Un “frente amplio” que debe impedir el regreso “al ciclo del ladrillo, comisión y vuelta a empezar”.

La testigo protegida que acusa a Elpidio Silva de filtrar los correos de Blesa asegura que eldiario.es compró esa información. Es falso

El juez Elpidio Silva acaba de ser imputado, acusado de filtrar los correos de Miguel Blesa. No es un asunto menor: podría acabar en prisión. Se enfrenta a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Todo el caso se sujeta sobre un testimonio peculiar: el de una mujer, Susana García Romera, que se presenta como su examante. En su primera declaración ante la Policía y la Fiscalía, esta testigo aseguró que Silva practicaba “magia negra” contra ella y le había pinchado su teléfono. La mujer incluso aseguró que temía que le mandara “un sicario”.

La Policía no se tomó demasiado en serio aquella caótica acusación. En su informe, los agentes aseguraron que esta mujer pecaba de “cierta credulidad” y que los indicios que aportaba eran “de escaso valor probatorio”. Pese al informe policial, la jueza que lleva el caso, Susana Polo, decidió abrir una causa contra Elpidio Silva con el testimonio de esta mujer como principal y casi única prueba. Además, dio a la mujer el estatus de testigo protegida.

Casualmente, la declaración de esta mujer ocurrió apenas una hora antes de que Miguel Blesa nos enviara un burofax, amenazando a eldiario.es para que no siguiese publicando sus correos.

El vodevil de la testigo protegida de la magia negra no acabó aquí. Durante meses, Susana García Romera estuvo cobrando por su colaboración con la justicia –en total, 4.000 euros–, pero la testigo desapareció. Durante meses, la causa contra Elpidio Silva ha estado parada y ahora acaba de resurgir.

En su auto de hace unas horas, la jueza Susana Polo revela que la testigo García Romera también acusa a eldiario.es de participar en esta filtración, pagando por la información. Este es el párrafo en cuestión:

Ante una acusación así de grave –pagar un soborno a un juez para que incumpla la ley y nos filtre una información–, como director de eldiario.es tengo seis cosas que decir:

1. Es completamente falso que eldiario.es haya comprado esta información ni ninguna otra. Pagamos a los periodistas, nunca a las fuentes. Otros medios lo hacen. No eldiario.es, por una razón: porque prefiero perder una exclusiva que fomentar que alguien pueda fabricar una noticia falsa para ganar dinero vendiéndola.

2. Es completamente falso que el juez Elpidio Silva fuese la persona que nos entregó los correos, ni gratis ni pagando. La Constitución ampara el derecho de los periodistas al secreto profesional y a no revelar sus fuentes. No desvelaré quién nos pasó esa información, una fuente anónima que fue derivada por el Partido X. Pero si la jueza tiene a bien llevarme a declarar como testigo antes de mencionarme en algún otro auto –cosa que hasta ahora no ha hecho–, sí testificaré que Elpidio Silva no fue.

3. Tampoco es exacto que la testigo García Romera asegurase que Elpidio le hubiese dicho que iba a vender los correos “a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es”, como afirma el auto. En realidad, dijo esto otro, según aparece en el propio sumario judicial, en la declaración de la propia testigo ante el fiscal:

Supongo que si la jueza Susana Polo explicase en su auto que la testigo se refería a “Ignacio Escolar de El Mundo”, y que García Romera sabe que pagué al juez por los correos porque lo he confesado yo mismo en la intimidad de Twitter (delante de mis mejores 470.000 amigos), lo mismo la acusación tenía algo menos de credibilidad.

4. He dado instrucciones a nuestros abogados para que estudien acciones legales contra la testigo Susana García Romera, que nos acusa falsamente de sobornar a un juez para comprar información.

5. Gracias a aquella investigación periodística de eldiario.es con los correos de Blesa, se destapó el caso de las tarjetas 'black'. Cuando publicamos aquella exclusiva, en diciembre de 2013, la Fiscalía no movió un dedo, salvo para defender el derecho a la intimidad de Miguel Blesa y advertir a los medios de que “la mera difusión” de esos correos podría ser un delito. Es lamentable que la prioridad de la justicia fuese esa, y que hoy el juez Elpidio Silva se enfrente a penas de cárcel más severas que las de muchos de los dirigentes de esa caja quebrada a los que intentó procesar.

6. Moleste a quien moleste, eldiario.es no se va a callar.

La jueza Susana Polo pretende enviar al banquillo a Elpidio Silva, acusado de haber filtrado supuestamente los correos de Miguel Blesa. La magistrada basa su decisión únicamente en el testimonio de una testigo, que le acusa de haber hecho “magia negra” contra ella. Susana García Romera llegó a decir que como resultado de esa práctica se cayó y se produjo un esguince. El auto por el que la jueza procesa al instructor que envió al expresidente de Caja Madrid a prisión en dos ocasiones se fundamenta en las afirmaciones de la testigo. García Romera afirma ser la expareja de Silva y declaró que “el imputado le manifestó que iba a filtrar los correos”.

Silva se enfrenta a cuatro años de prisión, acusado de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos por haber filtrado supuestamente la correspondencia de Blesa. El exmagistrado tuvo acceso a ella como parte del proceso que instruía contra él por la compra del City Bank of Florida cuando dirigía la caja de ahorros que tuvo que ser rescatada con dinero público.

La Fiscalía solicitó que se investigara la filtración. Se da la circunstancia de que esa orden la dio el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que también impulsó la denuncia contra Silva por su instrucción del caso Blesa y que terminó con la inhabilitación del juez. A raíz de su escrito, Susana Polo inició diligencias que han acabado con la apertura de un procedimiento abreviado contra el exmagistrado por revelación de secretos.

La argumentación de la jueza Polo se sustenta básicamente en el testimonio de García Romera, que fue testigo protegida y terminó perdiendo esa condición por no responder los requerimientos del juzgado. Gracias a esta condición, obtuvo 4.000 euros de la Administración. Ella acusa al exjuez de deberle 1.000 euros como pago por la corrección de su libro.

La Policía concluyó que los indicios en la causa no podían sustentar una investigación y que la testigo pecaba de “cierta credulidad” en sus acusaciones sobre la filtración de los correos. A pesar del informe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguió adelante con la causa.

La que dice ser examante de Silva aseguró que el juez le habló “reiteradamente” del contenido de los correos y que había “terceros” que le ayudaban a custodiarlos. Otro de los argumentos en los que se basa la jueza es que Susana García Romera afirma que el imputado “le manifestó que iba a filtrar los correos”. Da por bueno igualmente el testimonio de que Silva entregó esa correspondencia al abogado del Partido X “que estaba ayudando al señor Silva a filtrar los correos”. Ese testimonio lo apoya otra de las amantes del exjuez, que asegura que así se lo dijo él.

Tras resumir las afirmaciones de la testigo y aludir a “documentales obrantes en la causa”, la jueza da por sentado que el exjuez pudo cometer “un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos”. Esa conducta está penada con hasta cuatro años de cárcel.

Acusación a eldiario.es sin contrastar

El auto recoge que García Romera declaró que Silva llegó a comunicarle que los había vendido [los correos] a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es“. Este extremo es absolutamente falso, dado que los emails llegaron a esta redacción a través de una fuente anónima derivada del Partido X y eldiario.es no ha sobornado a fuentes por esta ni por ninguna otra información. Además, en el sumario figura que en la primera declaración de la testigo se refirió a Escolar como ”periodista de El Mundo“.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha puesto esta acusación en manos de sus abogados y estudia emprender acciones legales.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha confirmado que los correos electrónicos intervenidos al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa serán investigados en la causa de las 'tarjetas black' y ha defendido que Bankia accedió a su contenido por tener un indudable “interés empresarial” para fiscalizar las retribuciones de los entonces miembros de alta dirección, sin que ello suponga una vulneración en su derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado desestima el recurso presentado por la defensa del ex banquero solicitando que quedara sin efecto la incorporación de los emails que se intercambiaron los antiguos directivos con visas 'black', al entender que habían sido “ilícitamente obtenidos” y conculcaron sus derechos fundamentales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 no aprecia que el acceso de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC), por encargo de Bankia, a los correos electrónicos careciera de “justificación” o fuera “desproporcionado” ya que tenía por objeto realizar un análisis de las remuneraciones percibidas o devengadas por los entonces directivos de una entidad, que tras integrarse en el grupo financiero, ha necesitado “una importantísima provisión de fondos públicos para garantizar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de sus obligaciones frente a depositantes y terceros”.

Por ello, entiende que se trata de una medida “idónea” y “necesaria” para fiscalizar las retribuciones de esos trabajadores, “siendo sin duda de interés empresarial el analizar dicha cuestión”. Explica que el proceso de comunicación entre los directivos “ya había concluido” en el momento en el que los correos fueron analizados y estos se albergaban en el servidor de la empresa.

Se refieren a actuaciones derivadas de su profesión

En este sentido, argumenta que el contenido “en ningún caso” puede considerarse de carácter personal o íntimo “al no afectar a ninguno de los espacios reservados a la intimidad, desde el momento en que se refieren a actuaciones derivadas del ejercicio de su trabajo profesional, en el marco de la entidad bancaria de la que era presidente”.

Reconoce que los emails presentan una cierta información que puede ser “incriminatoria” en la medida en que permite conocer el carácter “opaco” de las tarjetas, pero ello “no convierte en personal o íntimo lo que es estrictamente profesional en tanto viene referido al régimen retributivo de los directivos de la entidad”.

“Nos encontramos ante un documento digital que contiene una comunicación ya realizada o producida, que no forma parte ya de la comunicación propiamente dicha, y cuyo contenido tendrá que ser objeto de protección, en su caso, por normas diferentes a la vulneración del derecho fundamental contemplado en el artículo 18,3 de la Constitución”, concluye en referencia al secreto de las comunicaciones.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aseguró este miércoles que cree que fue Elpidio José Silva quien, “directa o indirectamente”, filtró los correos electrónicos que envió desde su dirección corporativa y que sirvieron, entre otras cosas, para descubrir la existencia de la tarjetas 'black' a través de una información de eldiario.es. Sin embargo, en la misma declaración como testigo en la causa que se sigue contra Silva, ni siquiera reconoció haber escrito esos correos. Esto es, acusó a Silva de filtrar unos correos que no recuerda. A la pregunta de si admitía la autoría de los mensajes, Blesa se limitó a admitir que, si han aparecido en la prensa, “serían” suyos.

La defensa de Silva solicitó la declaración de Blesa en la causa que originó una querella de la Fiscalía de Madrid, que imputa al juez en excedencia un delito de revelación de secretos, castigado con cárcel. Considera que, antes de seguir acusando a su defendido de la filtración de los correos, el autor debería confirmar su veracidad. Pero no fue posible. La jueza del TSJM Susana Polo aceptó la petición de Blesa de no contestar a preguntas sobre correos que le pudieran incriminar en otros procesos que hay abiertos contra él, entre ellos el de las tarjetas 'black' o las preferentes, por lo que la defensa de Silva solo pudo interrogarle por mensajes electrónicos que no son objeto de investigación judicial.

Y cuando se le interrogó por determinados correos, la respuesta de Blesa fue en la mayoría de los casos que no recordaba. En una ocasión dijo que se negaba a contestar por temor a ser imputado por un delito de tráfico de armas. Se refería al correo electrónico que publicó infolibre.es en el que quedaba en evidencia que el banquero buscó a su amigo Aznar un trabajo de comisionista para una empresa de armas. Blesa expresó ese temor después de asegurar que la empresa Einsa no se dedica al armamento, detallaron las citadas fuentes.

Tampoco recordó Blesa haber escrito que Esperanza Aguirre “no tiene ni puta idea”, ni los mensajes que se intercambió con el hijo de Aznar en los que este le abroncaba por no haber obligado a Caja Madrid a cobrar unos carísimos cuadros de un amigo de la familia del expresidente del Gobierno.

La defensa de Silva pudo preguntar por estos correos porque están incorporados a la causa contra Silva, dentro de la denuncia que presentó ante la Fiscalía José María Aznar en la que aseguraba que se atentaba contra su honor. El caso, sin embargo, no adquirió cuerpo hasta que la Fiscalía de Madrid presentó una querella por la filtración de los correos basándose en una testigo, que llegó a estar protegida, y que acusa a Elpidio Silva de practicar contra ella “magia negra” y “exorcismos”.

La policía aconsejó no continuar la investigación por el carácter endeble y contradictorio de las acusaciones de la mujer, pero la jueza llegó a otorgarle el estatus de testigo protegido, con el apoyo de la Fiscalía. La mujer desapareció durante meses y solo hace dos semanas compareció ante la jueza, tras varios requerimientos, para ratificar sus acusaciones. Todas las personas a las que vincula con la filtración de los correos han negado en sede judicial la versión. La mujer admite que nunca llegó a ver los correos. Aun así, la Fiscalía y la jueza se resisten a archivar la causa contra Silva por la filtración de los correos.

Blesa dejó claro en varias ocasiones que los correos son una prueba “ilegalmente obtenida” y que fueron utilizados en un “gazpacho de argumentos” para su incriminación en la Audiencia Nacional. “Diga lo que diga, va a ser malinterpretado”, llegó a asegurar. El exbanquero, por el contrario, recordó varios correos de temática personal, nada que ver con su gestión en Caja Madrid, por los que le preguntó la fiscal.

Como en otras ocasiones, la presencia de Blesa en los juzgados provocó la protesta de un grupo de preferentistas que aporrearon el coche del expresidente de Caja Madrid al término de su declaración.

La insistencia de la Fiscalía de Madrid por imputar a Elpidio José Silva un delito castigado con cárcel, por la supuesta filtración de los correos de Blesa, puede complicar el futuro judicial del autor o receptor de esos mensajes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido la petición del juez en excedencia para que declare como testigo en la causa el expresidente de Caja Madrid.

El abogado de Elpidio José Silva considera necesario que Blesa confirme la veracidad de los correos electrónicos antes de seguir acusando a su defendido de haberlos puesto en manos de los medios de comunicación. El exbanquero está citado para el viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana.

Los correos electrónicos, que Silva ordenó incautar en el transcurso del conocido como ‘caso Blesa’, han sido reclamados por la Audiencia Nacional –con muchos filtros– en la pieza separada del ‘caso Bankia’ que investiga las preferentes, un producto financiero que arruinó a miles de clientes y que fue comercializado cuando Miguel Blesa presidía Caja Madrid. Pero donde los correos se convierten en un instrumento más peligroso para el exbanquero es en otra pieza separada del 'caso Bankia', la de las tarjetas ‘black’. Solo en esta investigación, Blesa está imputado por apropiación indebida y administración desleal y le ha sido impuesta una fianza civil de 16 millones de euros.

De hecho, fue un correo publicado en diciembre de 2013 por el diario.es el que permitió conocer a la actual dirección de Bankia la existencia de las tarjetas 'black' y ordenar una auditoría interna. En el mensaje, el secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre se refiere a los plásticos para consejeros y directivos como tarjetas “black a efectos fiscales”.

La Audiencia de Madrid anuló la incautación de ese correo y los más de 8.000 restantes del 'caso Blesa', así como el resto de la instrucción. Una querella de la Fiscalía derivó en un proceso contra Silva, que acabó condenado a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos, entre elllos prevaricación. Pero para entonces, los correos electrónicos ya habían salido a la luz, poniendo de manifiesto las prácticas clientelares y el desfalco de la entidad que, ya convertida en Bankia, tuvo que ser rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público.

La obligación de decir la verdad

La declaración como testigo de Blesa fue rechazada en un primer momento por la jueza que investiga el caso de la filtración de los correos, Susana Polo. Pero los argumentos de la defensa de Silva en su recurso terminaron por convencerla: el exbanquero tiene derecho a declarar en una causa que le afecta, pero además tiene que acreditar que lo divulgado se corresponde con los originales.

Blesa, por tanto, deberá reconocer como auténticos los correos que le señalan en la causa de las preferentes y las tarjetas 'black', ya que al comparecer como testigo tiene obligación de decir la verdad. Hasta ahora, la defensa de Blesa ha perseguido por todos los medios que los correos no sean utilizados en las investigaciones que se siguen contra él, alegando que se trata una prueba anulada por la Audiencia de Madrid y que son propiedad de su defendido, y no de Bankia.

Esos correos electrónicos no sólo describían prácticas de dudosa ética por parte de políticos y banqueros, también evidenciaban la comisión de distintos delitos que aún son investigados por la Justicia. El pasado septiembre, el juez Fernando Andreu admitió la incorporación de una parte muy pequeña de esos correos a la investigación de las preferentes. Por otra parte, varios mensajes de los correos incautados en su momento por Silva y otros que ha aportado recientemente Bankia figuran ya en el sumario.

El 1 de septiembre de 2009, el secretario saliente del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, escribió un correo electrónico al entrante, Jesús Rodrigo, poniendo en copia a Miguel Blesa. En un párrafo de ese mensaje describe la dinámica de los plásticos opacos: “Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.

Blesa defendió en su declaración ante el juez el 16 de octubre pasado que las tarjetas ‘black’ eran un complemento retributivo de “libre disposición”. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente de Caja Madrid no acertó a dar una respuesta coherente al juez Fernando Andreu cuando éste le preguntó por el artículo 24 de la Ley de Cajas, que prohíbe a los consejeros cobrar por gastos no relacionados con la asistencia a reuniones. Tampoco convencieron al juez las respuestas de Rato y Blesa que Andreu impuso a ambos fianzas civiles de 3 y 16 millones, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena.

La testigo de la “magia negra”

Pero la citación de Blesa se produce en el marco de otra causa muy distinta, donde el imputado es Elpidio Silva. Como en el juicio que le ha valido la inhabilitación, el motor del proceso es la Fiscalía de Madrid, que abrió diligencias previas a raíz de la declaración de una examante de Silva, según se presenta ella misma, quien acusa al juez en excedencia de haber filtrado los correos. La mujer se presentó en la Fiscalía dos días después de que José María Aznar denunciara en ese mismo órgano a eldiario.es y otros medios por el supuesto “contenido difamatorio” de los mensajes que aludían a su persona. La declaración está fechada 60 minutos antes de que el abogado de Blesa remitiera un burofax a esta redacción amenazando con una querella.

La jueza Susana Polo continuó con la instrucción incluso después de que la Policía se lo desaconsejara por escrito dada la debilidad de los indicios presentados por la mujer. Susana García Romera, que así se llama, acusó a Silva de practicar contra ella “exorcismos” y “magia negra” en sus declaraciones ante la Fiscalía y los agentes. Se convirtió en la testigo protegido TP/14 y llegó a cobrar 4.000 euros de fondos públicos en ese concepto.

Pero después se esfumó. Dejó de acudir a los requerimientos del proceso, se le retiró la condición de testigo protegido y el tribunal ordenó a las Fuerzas de Seguridad su localización. El pasado miércoles, por fin, se presentó en el TSJM para ratificar que Silva filtró los correos a pesar de que reconoce que ella nunca los vio. En su declaración alegó que no había sido localizada porque va de casa en casa de amigos por temor al juez.

Después del dineral que José Antonio Moral Santín cobró durante años en Caja Madrid y Bankia, tanto en blanco como en 'black', yo vería con buenos ojos que aun cobrase un último pellizco: un anticipo editorial por sus memorias. Y que las escribiera, claro.

En España cualquier Bono escribe y publica sus plomizas memorias, pagadas a precio de oro, ¿y vamos a perdernos la apasionante vida de Moral Santín? Si no encuentra editorial que se lo financie, yo mismo abro un crowdfunding, que seguro que no faltan lectores con ganas de saberlo todo sobre el personaje. Pero todo, todo.

Imaginen un relato en primera persona, donde el exrepresentante de IU en la caja madrileña nos contase su fascinante biografía. Empezando por su juventud, uno de los mejores ejemplos de esa evolución que tantos vivieron con la democracia, desde el marxismo-leninismo hasta los consejos de administración. Las memorias de Moral empezarían con el obligado relato de universitario antifranquista, para seguir con su militancia en el comunismo más ortodoxo, el prosoviético, durante los años de la Transición (llegó a ser dirigente del PCPE nada menos).

Su autobiografía continuaría con su actividad política en la recién creada Izquierda Unida, rama madrileña. Fue parlamentario regional, y de ahí pasó a presidir Telemadrid. Pero lo sustancial de esos años está en su intimidad con los dirigentes regionales de IU; los mismos que hoy están hundiendo los últimos restos de la organización, y que tantas explicaciones deben a sus militantes. Moral Santín podría contar tantas cosas sobre aquellos años mágicos, ¿verdad, Ángel Pérez y compañía?

Si Moral escribe todo lo que sabe, calculo que ya habríamos superado el millar de páginas, y aún queda lo mejor, la parte más sustanciosa: Caja Madrid.

Moral Santín debe de ser una de las personas que más sabe sobre el saqueo de la caja madrileña. Estuvo en todos los ajos, como miembro del consejo, como vicepresidente de la caja, como representante en numerosos organismos vinculados a la entidad. Por todos cobró, y en todos dejó huella.

Nos encantaría conocer las interioridades de aquella caja de ahorros que el poder político y económico madrileño convirtió en la bombona que más gas metía en la burbuja, a base de financiar grandes proyectos públicos y privados, repartir dinero a manos llenas, a menudo para comprar lealtades, y contribuir con todo su músculo bancario al enloquecido modelo de desarrollo madrileño. Y nadie como Moral Santín para contarnos, con todo detalle, las mil reuniones y comidas en que se repartía el pastel. Caja Madrid es la caja negra de la larguísima década prodigiosa que vivió la Comunidad de Madrid desde mediados de los noventa hasta el comienzo de la crisis, bajo la presidencia de Blesa. Y una copia de esa caja negra debe de estar en el cerebro de Moral Santín.

Hoy nos escandalizan las tarjetas 'black', pero esa es la parte menos interesante de su biografía. La imagen de Moral Santín yendo todas las semanas al cajero como si fuese un jubilado con la cartilla, sacando cada vez 300 o 600 euros, tiene poco que contar. Es la rutina del saqueo, sin más.

Si le falla la memoria a la hora de escribir, que no se preocupe, que podrá ayudarse con un detallado sumario judicial y varios miles de correos electrónicos. Y si lo que le falta es tiempo y tranquilidad para escribir, que tenga paciencia: al paso que van las investigaciones, quizás acabe pasando una temporada en Soto del Real, lugar privilegiado para concentrarse y escribir sin prisa.

Venga, anímese, don José Antonio, que lectores no le faltarán.

El presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su mano derecha, Ildefonso Sánchez Barcoj, probablemente no preveían en 2005 que la entidad se fusionaría con otras seis, alumbraría Bankia y que, ya siendo presidente Rodrigo Rato, ésta se convertiría en protagonista del desastre financiero español, con un rescate por valor de 23.500 millones de euros de dinero público. Pero algo les decía que eran tiempos de hacer crecer su patrimonio todo lo posible. En un correo electrónico que envía el director general de la Caja a Blesa en 2005 Sánchez Barcoj comenta una “gratificación extraordinaria” para el presidente en los siguiente términos: “Disfrutemos, por si algún día llegan las vacas flacas”.

El mensaje está incluido en los correos electrónicos que Bankia entregó a Price Waterhouse Coopers (PwC) para la elaboración de un informe 'forensic', al que ha tenido acceso eldiario.es, y con el que Anticorrupción atribuye nuevas responsabilidades a Blesa y otros miembros de la cúpula de Caja Madrid. “Presidente, adicional a la variable por la consecución por encima de los 10 puntos, te abono además 17.400 euros por exceso aportación fondo de pensiones, ya que la regularización de diciembre la había hecho con el supuesto de RV (retribución variable)=10. Disfrutemos, por si algún día llegan las vacas flacas... Un saludo”, dice Barcoj en su mensaje.

De hecho, Anticorrupción considera a Blesa y Sánchez Barcoj responsables del exceso de aportaciones al plan de pensiones como “gratificación extraordinaria” que se aborda en el citado correo electrónico. También apunta a ellos al atribuir la individualización de las retribuciones fijas en Caja Madrid y el “conocimiento y reconocimiento” de la manera en la que se fijaban los sueldos variables de la alta dirección, todas ellas conclusiones previas del citado 'forensic'.

Anticorrupción atribuye a Blesa y el resto un delito de societario de administración desleal cometido entre 2007 y 2010, que será investigado en un juzgado ordinario de Madrid y no en la Audiencia Nacional. Los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol consideran que ni la pieza principal del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa, ni la separada de las 'tarjetas black', podrían unirse a otra de retribuciones, por objeto de lo investigado y falta de coincidencia en los periodos de tiempo. 

La fecha del correo de Barcoj a Blesa, de 23 de febrero de 2005, queda fuera del periodo analizado por PWC y objeto de la investigación de las retribuciones irregulares. Aún así, los autores del 'forensic', consideran “importante poner de manifiesto que, de acuerdo con este correo electrónico, la irregularidad detectada sobre el concepto 'gratificación extraordinaria'” venía cometiéndose desde, al menos, ese ejercicio“.

Anticorrupción también acusa a Blesa de asignarse una indemnización de 2,73 millones de euros que le fue abonada a su salida de Caja Madrid, en 2010. Según PWC, no hay constancia de que fuera aprobada por la Comisión de Retribuciones o el Consejo de Administrción, a los que se informó un año después de que Blesa abandonara la Caja.

Otro correo demuestra que tres días antes de que se le abonara la compensación se consultó a un despacho de abogados externo. Uno de los socios del despacho, Martín Godino, escribe al director de Recursos Humanos de Caja Madrid, Federico Navarro, el 29 de diciembre de 2009. En él advierte de que “la claúsula de no competencia del contrato del Sr. Blesa, en lo que se refiere a la compensación por la misma, es un modelo de oscuridad”.

El director de Asesoría Jurídica del FROB, Alfonso Cárcamo, remitió el pasado 26 de diciembre una nota “confidencial” a la Fiscalía Anticorrupción con las conclusiones del 'forensic' encargado a PWC. La principal, que la cúpula de Caja Madrid cobró entre 2007 y 2010 un total de 14,8 millones de euros de forma irregular. Esta cantidad se suma a los 15,2 millones de euros que los consejeros y otros directivos gastaron con las 'tarjetas black', sin que la entidad o ellos declarasen esos ingresos a Hacienda.

Los fiscales han pedido a Andreu que incorpore los 'correos de Blesa' a la investigación de las 'tarjetas black'. Fue uno de esos correos electrónicos, publicado por eldiario.es en diciembre de 2013 el que reveló la existencia de esos plásticos. Pero el informe 'forensic' de PWC incorpora otros de Caja Madrid no incluidos entre aquellos y que también servirán para la investigación de las retribuciones irregulares en un juzgado de Madrid.

Los mismos protagonistas del mensaje de 2005 sobre unas eventuales “vacas flacas” en el futuro, aparecen en otro de los correos desconocidos hasta ahora. Otra vez, Sánchez Barcoj escribe a Blesa. Han pasado 4 años desde el comentario sobre su incierto futuro y ambos están discutiendo sobre la indemnización a Enrique de la Torre, otro de los imputados por las 'tarjetas black' y responsable directo de los plásticos. De la Torre aprieta a sus superiores para sacar el máximo dinero posible de su salida de la entidad y éstos se resisten.

El 16 de julio de 2009, Sánchez Barcoj le escribe a Blesa: “Yo le he dicho que yo no quiero que hacienda se forre, pero que NO puede ser indemnización y que eso ya quedó muy claro en su día y así se hicieron los préstamos de los que disfruta a un interés muy moderado. Por si te ataca, aunque no creo”.

“Un pequeño incumplimiento contable”

Hay otro correo electrónico que afecta al exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno. “En 2011 percibió 232.500 euros por la extinción de su relación (con Caja Madrid), siendo nuevamente dudoso que ese hecho no se hubiera producido a instancia o iniciativa del mencionado directivo y por ello sin obligación de indemnizar”, asegura en este caso el FROB.

En uno de estos mensajes, escrito el 27 de diciembre de 2007, el jefe de Recursos Humanos, Federico Navarro, propone a Sánchez Barcoj una fórmula para “el caso especial de Spottorno a efectos de dotación contable ILP (incentivo a largo plazo) y póliza aseguramiento”. Presidente de la Fundación Caja Madrid desde 1993 a 2011, de él dice el director de Recursos Humanos: “Es el único que no está en nómina Caja y por tanto, téoricamente habría que hacerlo vía Fundación. Quizá para no tener que constituir una póliza específica ni aflorar la dotación en Fundación (Patronato, desviación presupuestaria...) podríamos incluirle con el resto de Directores dentro de Caja”. A continuación, Navarro admite: “Puede que con esto cometamos, en todo caso, un pequeño incumplimiento contable, pero evitamos difusión. Espero que me digas”.

El tribunal que condenó a Elpidio José Silva ha rechazado la pretensión de Gerardo Díaz Ferrán de que el exjuez abonara los honorarios de su abogado mientras instruyó el denominado caso Blesa. Silva fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación y a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán en concepto de daños morales, pero el que fuera presidente de la CEOE aspiraba igualmente a que le costeara el abogado durante la investigación por el crédito que Miguel Blesa concedió al Grupo Marsans cuando era presidente de Caja Madrid.

El abogado de Díaz Ferrán alegaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “omite pronunciamiento alguno” en cuanto a la petición de su defendido y pedía que se reparase esa ausencia. Para el empresario encarcelado, la “injusta reapertura” del caso Blesa le obligó a pagarse un abogado y este perjuicio es distinto “al daño moral sufrido” que recoge el fallo del TSJM.

El tribunal no lo cree así y rectifica a la defensa de Díaz Ferrán. “Se ha examinado la petición que aquí se reproduce y el tribunal no la ha acogido”, señala en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Y añade que, además de no estar probado el supuesto perjuicio que la investigación habría causado a Díaz Ferrán, su abogado debió haber presentado esta aspiración durante el proceso. Ahora, continúa, “se pretende que sean determinados (los daños) en ejecución de sentencia, pretensión totalmente inadmisible”.

Es el argumento que en su recurso presentó la defensa de Silva, que aprovechó el escrito para dejar caer que quizá el abogado de Díaz Ferrán se pagó con cargo a la tarjeta 'black' de la que disfrutó el también exconsejero de Caja Madrid. Lo que buscaba Díaz Ferrán, se quejaba el letrado Gonzalo Boye, además del pago, es provocar un retraso en la tramitación del recurso contra la sentencia condenatoria que presentará su defendido ante el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán se presenta desde hace meses como alguien en la más absoluta miseria. Un año después de ingresar en prisión, el expresidente de la patronal solicitó al Juzgado de lo Mercantil que desbloqueara su pensión para pagar “productos alimenticios y de higiene personal” que no suministra la prisión y que deben ser adquiridos en su economato. Su esposa, Raquel Santamaría, depende de él, añadía, y está en riesgo su propia “subsistencia”. El juzgado rechazó tal solicitud alegando que lo que solicitaba el matrimonio ya estaba “garantizado” por la administración concursal de sus empresas.

Dinero en el extranjero

A principios de este año, Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán, dijo a la Policía, durante una declaración en la prisión de Picassent, que Díaz Ferrán tiene dinero escondido en Hong Kong y que mantiene el control sobre sociedades radicadas en Argentina a través de firmas interpuestas.

Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 por varios delitos relacionados con el vaciamiento del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El juez Eloy Velasco impuso entonces una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la cárcel. En junio de 2013, la Audiencia Nacional rebajó la fianza a 5 millones.