El Gobierno vasco, varios ayuntamientos y un grupo de trabajo de Eudel han acordado un borrador sobre el nuevo decreto que actualizará la regulación de las Ayudas de Emergencia Social o AES en el que determina un límite máximo prestaciones por unidad convivencial que residan en el mismo domicilio. Las AES las abona el Gobierno vasco pero son los distintos municipios quienes hacen llegar estas prestaciones a las personas más necesitadas. Se otorgan para hacer frente a gastos específicos necesarios y para prevenir o paliar situaciones de riesgo o exclusión social.

Las personas receptoras de las AES, entre otros requisitos, deben de ser mayores de 18 años, tener un mínimo de seis meses de empadronamiento, no disponer de recursos suficientes para hacer frente a dichos gastos y, en concreto, para recibir ayudas de alquiler, sea Gaztelagun, PCV o PEV. El objetivo de este borrador de decreto es adecuar la regulación de las AES a la nueva normativa de la RGI, a la ley de procedimiento administrativo, y a la nueva normativa de subvenciones, además de adecuarla a las nuevas realidades sociales que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, informa Europa Press.

El nuevo documento es fruto de un largo proceso realizado con un grupo de trabajo compuesto por cinco ayuntamientos designados por Eudel (Bilbao, Donostia, Vitoria, Barakaldo y Errenteria), además de personal técnico de Eudel y del Gobierno vasco. En este grupo de trabajo se han tratado diferentes oportunidades y riesgos, y el resultado de esta labor ha permitido modificar y mejorar el texto vigente hasta ahora y ha dado lugar al borrador del nuevo decreto, cree el Gobierno.

Entre las propuestas de mejora que se han trabajado, se encuentra la incorporación de las nuevas configuraciones de las unidades convivenciales y la determinación del límite máximo de ayudas de emergencia social por unidad convivencial que convivan en el mismo domicilio. También se plantea una nueva forma de reparto de la financiación a los ayuntamientos basada en indicadores de necesidad. Por un parte, se utilizan como parámetros para el cálculo el número de personas que perciben la RGI y el número de personas que no reciben ninguna prestación. Por otra parte, se tendrá en cuenta el importe financiado por el Gobierno vasco a cada municipio en el año anterior y el importe anual total gastado y justificado por cada municipio.

Para ello, el reparto se producirá a través de dos órdenes anuales, una al inicio del año y otra una vez recibidas las justificaciones de las AES del año anterior. De esa forma, los municipios recibirán el montante mayor de la financiación cuanto antes y las podrán gestionar de inmediato. Una vez redactado el primer borrador del decreto, se inicia ahora el trámite de consulta a órganos especializados.

El nuevo borrador de decreto de las AES también se contrastará con la ciudadanía y las entidades del tercer sector social (Cáritas, Cruz Roja y otras). A partir de hoy se abrirá el plazo de un mes para poder realizar alegaciones al borrador del decreto. Desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se ha asegurado que este mismo lunes los ayuntamientos de vascos han recibido las cuantías económicas de las AES referidas al ejercicio 2025.

La Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales ha certificado la convocatoria, para el año 2025, de las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2025 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito.

A la convocatoria podrán concurrir las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos en la Orden de 1 de junio de 2012, de la entonces Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

Están destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la ayuda se deberán digitalizar y presentar como anexos en la sede electrónica. Las personas solicitantes se deberán dar de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.

También se podrán presentar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales, así como en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Cruz Roja ha alertado de la necesidad de priorizar las donaciones monetarias para ayudar a las personas afectadas por la DANA en varios puntos del país.

“Es una situación compleja de emergencias lo prioritario en la acción humanitaria es que sea ágil, que esté coordinada y que ayude a las personas afectadas en lo básico: el cobijo, la alimentación, el apoyo psicológico y facilitar las comunicaciones”, explican fuentes de Cruz Roja, después de que varios ayuntamientos como el de Toledo estén animando a la población a depositar en centros cívicos y en la propia sede del consistorio mantas, alimentos no perecederos, productos de limpieza, agua, productos de primera necesidad y ropa.

Según Cruz Roja, deben ser los equipos de emergencia sobre el terreno los que determinen las necesidades, tanto en estas primeras 48 horas tras la catástrofe, como en los próximos días. “Deben comprarse solo las cosas que se necesitan y en el lugar en el que sean necesarias para que los recursos lleguen de verdad a las personas afectadas. De paso ayudaremos a reactivar la economía local”.  

En Albacete también hay ya personas movilizadas de forma voluntaria, como Laura, Rocío y Enola, tres jóvenes de la capital que han puesto en marcha una recogida espontánea de comida y ropa de abrigo para las personas que están trabajando Letur, localidad albaceteña que se encuentra entre las más afectadas por las tormentas y en la que todavía buscan a cinco personas desaparecidas.

Laura trabaja en una tienda de frutos secos, que se convirtió en punto de recogida de alimentos y abrigos. “Se ha llenado la tienda, se ha llenado el portal, mucha gente ha venido para ofrecerse a ayudar”, explica la joven. “Nos han dicho que esto es lo que necesitan, comida y abrigo para quienes están limpiando las calles”, explica.

Desde Cáritas Albacete sin embargo también insisten en que todavía se deben evaluar las necesidades reales de las personas afectadas y que la prioridad ahora mismo pasa por las donaciones económicas. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este miércoles poner 4 millones de euros en ayudas a disposición de los afectados por las lluvias torrenciales que ayer inundaron viviendas en distintas localidades de la región.

El portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete de Guillermo Fernández Vara.

También ha dicho que la Junta evaluará los daños producidos en las infraestructuras viarias y en función de esta evaluación determinará si pide al Gobierno de España la declaración de Zona de Emergencia, anteriormente denominada Zona Catastrófica.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de este martes, ha aprobado uno de los hitos de la legislatura: el proyecto de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI). El texto ahora tendrá que ser visado en el Parlamento Vasco y esperar tres meses desde entonces para su entrada en vigor. La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, ha destacado en su presentación que el nuevo modelo mejora todas las cuantías actuales. De ser aprobado tal cual se plantea, la prestación básica para un adulto pasaría de 727,41 a 737,45 euros, el garantizado para pensionistas mejoraría de 834,59 a 934,10 euros y en los supuestos máximos ascendería de 1.127 a 1.327,40 euros (tres adultos, uno pensionista) y de 1.033 a 1.425,72 euros (dos adultos con tres menores al cargo). Son cantidades mensuales abonadas en doce pagas. Sin embargo, la reforma legal de 2022 es un paso atrás con respecto a las cantidades comprometidas en la ley anterior, de 2008, aunque ya hace años que quedaron en papel mojado por sucesivos recortes. Entonces se estableció una cobertura mínima del 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un tope del 135%.

El SMI actual en España es de 1.166,66 euros (1.000 euros en 14 pagas), por lo que la prestación básica sería de 1.026,66 euros, casi 300 euros por encima de la propuesta. El 135% (aplicable a familias de tres o más miembros con un pensionista como titular de la RGI) llegaría a 1.574,99 euros, unos 150 por encima del nuevo sistema. La ley de 2008 quedó modificada en tres actos a lo largo de estos años. En 2011, el Gobierno de Patxi López, con Gemma Zabaleta como consejera, pactó con el PP el endurecimiento de la puerta de acceso al sistema al subir de uno a tres años la estancia mínima en Euskadi para pedir las prestaciones. Después, de cara a 2012, se redujeron las cuantías un 7% de manera lineal (no se bajó la cobertura del SMI al 81%, sino que el recorte se aplicaba después al resultante). Finalmente, cuando el SMI empezó a subir de manera clara se desindexó de la RGI y se optó por una actualización de cantidades anual en la ley de presupuestos. Ahora se mantiene ese filosofía. Como cifra base se toman los 491,63 euros del Ingreso Mínimo Vital en 2022 (RGI e IMV quedan ya unidas tras la transferencia y serán gestionadas desde el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide) y se plantea una revisión anual en las cuentas de cada ejercicio aunque se propone que se haga “atendiendo al índice general de precios al consumo en Euskadi [el IPC]” para no hacer perder poder adquisitivo a los perceptores y “sin que la cantidad resultante pueda ser inferior a la renta garantizada mensual que corresponda a una persona beneficiaria individual del ingreso mínimo vital”. Mendia ha precisado que ese “atendiendo” no obliga a subir sí o sí el IPC. Así quedan ahora todas las cuantías, aunque podrían no ser las definitivas si la entrada en vigor se pospusiese a 2023:

No obstante, cada tres meses se hará un barrido para analizar la situación de cada perceptor y ver en qué supuesto del listado se encuadra. El sistema se precisará mucho más seis meses después de la entrada en vigor, el tiempo prometido para el desarrollo del sistema de la RGI mediante un decreto.

“Es un día especial”, ha solemnizado Mendia en euskera en la presentación. “No sólo porque cumplimos con el programa legislativo, sino porque es una ley troncal del autogobierno vasco”, ha apostillado. El sistema vasco de rentas básicas hunde sus raíces en modelos diseñados en la década de 1980, aunque fue con la ley de 2008 cuando se convirtió en derecho por vez primera en España el disponer de un salario social o, mejor dicho, de un mínimo de cobertura de ingresos. Que sea un derecho subjetivo hace que no esté sujeto a disponibilidades presupuestarias o a vaivenes políticos, como otros programas subvencionales. Pueden acceder, siempre que cumplan los requisitos, quienes no tienen recursos pero también quienes necesitan complementar nóminas o pensiones bajas. En abril eran 51.149 los titulares de RGI, aunque los beneficiarios son todos sus convivientes también. Son 29.245 mujeres y 21.901 varones. Se ha llegado a superar con holgura la barrera de 60.000 y el Gobierno vasco defiende que los ERTE de la pandemia han hecho que el sistema no se haya desbordado en estos años. Aunque en su día el Estado cuestionó la competencia vasca para fijar complementos a las pensiones de la Seguridad Social, ahora 12.755 mayores cobran la RGI con normalidad también. Existen 7.845 hogares monoparentales beneficiarios y en 24.353 caso a la RGI se le suma un complemento de 275 euros para el alquiler de viviendas.

Esta reforma saldrá sí o sí, porque el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La pasada legislatura no era así y el rechazo de la oposición hizo que nacionalistas y socialistas terminaran por retirar el borrador. Entonces la RGI era competencia de la parte del PNV de la coalición, con Beatriz Artolazabal como consejera. Ahora, se espera desde el Gobierno que la ley concite apoyos entre la oposición por su carácter estratégico: “Ofrezcamos a la ciudadanía señales de que apostamos por este modelo”. El Ejecutivo ha hecho gala de geometría variable en estos dos años de legislatura y, por ejemplo, pactó los presupuestos sin necesidad con EH Bildu o la ley antipandemia con Elkarrekin Podemos-IU. Y la reforma educativa con ambos. Con PP+Cs hubo entendimiento en la sesión monográfica sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania. Destacan en el Ejecutivo el trabajo de cocina previo para aquilatar todos los artículos. El aprobado es el quinto borrador del proyecto y Mendia ha indicado que “se han incorporado al texto dos centenares de alegaciones” surgidas en esas consultas. Mendia quiere tenerla aprobada en Navidad, para lo cual ha adelantado que se pedirá que el Parlamento celebre sesiones excepcionalmente en julio, un mes inhábil en el reglamento.

La ley -se puede leer en ella- “se estructura en nueve títulos 151 artículos, seis disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales”. Jurídicamente, se plantea una transición de tres meses desde su promulgación en el Parlamento y consiguiente publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hasta la entrada en vigor. Se incide en que las solicitudes pendientes en ese momento serán tratadas acordes a las nuevas condiciones más favorables. También en que se revisarán las cuantías previas conforme a su antigüedad para ajustarlas al nuevo modelo. Recalca el Gobierno que “mejora en todas las situaciones vulnerables” el sistema ahora aplicado, incluso un 40% si hay menores a cargo y un 17% para pensionistas. También se promete “mayor agilidad” en la tramitación y en la respuesta a situaciones de necesidad.

Euskadi encara esta reforma habiendo rechazado en el Parlamento sustituir este modelo por una renta universal y no condicionada -pedida por 22.000 firmas la pasada semana- y tras recibir la gestión del nuevo IMV estatal. Se financia con un descuento de unos 180 millones en el Cupo y supone un ahorro para las arcas autonómicas porque cubre parte del coste y deja a cargo estricto de la RGI el restante entre lo abonado por el IMV y las coberturas previstas en Euskadi, de las más altas en España junto con las de Navarra. Sostiene el Gobierno que “tras más de treinta años de desarrollo, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se ha convertido en una de las principales señas distintivas del autogobierno vasco, un éxito colectivo y un referente fuera de nuestras fronteras”. Se pone al nivel de la Ertzaintza o de Osakidetza. Y se añade: “Con un gasto público y una capacidad de protección similar a la de los sistemas de este tipo que existen en los países de nuestro entorno, las prestaciones vascas de garantía de ingresos protegen de la pobreza severa a la inmensa mayoría de quienes las perciben y reducen drásticamente los niveles generales de pobreza y exclusión social en Euskadi”. La ley recoge como preámbulo que “entre 2008 y 2020, el 60% más acomodado de la población vasca ha experimentado un incremento de sus ingresos, en términos de euros constantes, del 13%” y que “el 10% más pobre, por el contrario, ha experimentado una reducción de sus ingresos del 9%, que hubiera llegado al 21% en ausencia de la RGI”.

Mendia, a preguntas de los periodistas, no ha precisado qué esfuerzo presupuestario requerirá la nueva ley y qué potencial de nuevos beneficiarios accederían a la nueva RGI. Solamente ha dicho que “el Gobierno va a tener en su presupuesto un gasto mayor en RGI por las nuevas cuantías y nuevos supuestos” pero ha añadido que es una reforma “cualitativa” y no “cuantitativa”. “Mejoramos las cuantías pero mejoramos sobre todo pensionistas, discapacidad, hogares con menores, situaciones en que las mujeres estábamos en desigualdad, ... Eran situaciones en las que tanto el Ararteko como el tercer sector, sindicatos o partidos nos habían dado casos concretos”, ha explicado. Preguntada si una cuantía de hasta 1.425 euros puede suponer enfado en trabajadores que no llegan con su nómina a esas cifras, ha planteado que “demagogia se puede hacer siempre” pero ha considerado que el modelo es un “colchón” para toda la sociedad y ha afirmado que las encuestas no apuntan a ese tipo de clima social. Lejos quedan ya los años en que con Javier Maroto como alcalde de Vitoria se promovió una gran recogida de firmas y un señalamiento a extranjeros.

Hacia el fin de la PCV y facilidades para refugiados y víctimas de violencia de género

La nueva RGI termina por suprimir la PCV creada en 2008 como complemento para el alquiler. Fue diseñada como un abono de hasta 320 euros mensuales también limitados hasta 250 hasta este 2022, cuando ha subido por vez primera a 275. La ley recuerda que se aprobó en 2015 el derecho a la vivienda en Euskadi, que prevé la obligación de que la Administración proporcione un piso digno a quienes cumplan esos requisitos. De manera subsidiaria, si no hay alojamiento físico en el parque protegido, se abona una prestación de igual cuantía que la PCV (la llamada PEV) para acudir al mercado libre. La reforma de la RGI mantiene la PCV hasta que se desarrolle por decreto esta PEV y sortee las diferencias de acceso al sistema de garantía de ingresos y de Vivienda, que no son exactamente homogéneos. La ley prevé expresamente mantener las AES o Ayudas de Emergencia Social como complemento para situación de urgencia a las que no llega la RGI. Seguirán siendo pagadas por las arcas autonómicas y gestionadas por los servicios sociales municipales.

En el caso de la nueva ley, mantiene tres años de empadronamiento en Euskadi y un mínimo de 23 años como norma general para pedir la renta básica. El IMV, en cambio, es posible con un año de residencia. Pero se establecen nuevas excepciones. Por ejemplo, refugiados, víctimas de violencia de género y mujeres afectadas por redes de trata podrán entrar al sistema con solamente estar empadronados, sin tener que recurrir a ayudas excepcionales. También se aplicaría a víctimas del terrorismo o a vascos emigrados. Ahora, en cambio, los llegados de la guerra en Ucrania no pueden pedir la RGI. También si hay menores, dependientes o discapacitados en la unidad de convivencia el requisito de arraigo baja a dos años. No obstante, para demandantes de 23 a 29 años tienen que acreditar llevar un mínimo de un año emancipados.

Lanbide se ha empeñado en agilizar la concesión de ayudas y ha ideado un sistema de “declaración responsable”. Hasta ahora, el solicitante tenía que acreditar todos los requisitos y la Administración comprobarlos antes de que se diera luz verde al pago de las mensualidades. El cambio hará automático el cobro desde el mes siguiente a que se acuda a la ventanilla de Lanbide tras la firma de un documento en el que se garantiza que todo está en regla, aunque luego se hará una revisión. Lo redacta así la ley: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará la resolución que proceda y notificará la misma en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo reconocerá la prestación con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud que se acompañe de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de control e inspección que tiene atribuidas”.

Fin al control “no objetivable” de en qué se gasta la RGI

Se indica igualmente que la RGI es un “doble derecho”, esto es, a cobrar un salario social pero también a asumir un compromiso con la reactivación laboral siempre que sea posible (se excluye a pensionistas ya jubilados o a personas en situación de alta exclusión). Por ello, “salvo causa justificada, las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos no podrán rechazar una oferta de empleo, cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo, acogerse a una situación de excedencia voluntaria o a una reducción de jornada, ni abandonar voluntariamente un curso de formación para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, abstenerse de acudir al mismo o de participar en un proceso de selección para el empleo, propuestos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo”. Eso sí, se regulan mucho más esas excepciones y una de ellas es la conciliación: nadie se va a ver obligado a dejar de atender a una persona dependiente por temor a que le puedan retirar una RGI. Se elimina igualmente el controvertido punto que impedía a los perceptores no gastar el dinero en ciertos gastos que pudieran parecer superfluos y que había supuesto una cierta estigmatización. El Ejecutivo los llama motivos “no objetivables” para extinguir la ayuda y habían hecho de Lanbide una suerte de Policía para controlar que no había mendicidad, absentismo escolar u otros problemas de difícil comprobación.

El Gobierno defiende que la reforma “refuerza la protección de los menores en todos los supuestos”. Explican que “la unidad de convivencia no se podrá quedar sin la totalidad de la prestación si los progenitores han incurrido en algún incumplimiento” y que “en caso de separaciones, si ambos progenitores tienen derecho a la RGI, ambos suman los complementos correspondientes por los menores y monoparentalidad”. Por vez primera en Euskadi “esto ha supuesto una definición legal sobre la monoparentalidad”. Y apuesta por un sistema de suspensiones “parciales” de las cuantías en caso de incumplimientos no graves para no retirar de golpe todos los recursos a un beneficiario. No se tendrán en cuenta tampoco en el caso de mujeres separadas posibles derechos económicos dependientes de las parejas que no sean abonados efectivamente.

Unos 3,3 millones de personas en España sufren graves carencias materiales, según la Tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un 7% de la población española que necesita ayuda para cubrir necesidades básicas porque no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, no puede mantener su vivienda a con una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos o no puede permitirse tener teléfono, televisión o lavadora. Junto al más mediático Ingreso Mínimo Vital, se encuentran las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas a cubrir de manera urgente esas necesidades.

No obstante, existe un entramado “burocrático, innecesario y cruel” para acceder a estas ayudas, lo que dificulta a miles de familias que lo necesitan disponer de las mismas. Así lo afirma la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que estima que las ayudas para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar) alcanzaron en 2020 a 1.428.216 personas, un 43,2% del total de personas con graves dificultades materiales.

Hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura. Por ejemplo, una comunidad autónoma, La Rioja, mantiene un número de perceptores (10.808) que es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355); o Catalunya, con una cobertura del 91%. Por el contrario, en Galicia solo alcanzan al 2% de su población con dificultades materiales graves, o el 3% en Navarra. 

La cuantía de estas ayudas es muy reducida en algunos casos, 235 euros de media por perceptor. Aunque también en esto las diferencias entre comunidades son notables: los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132), y los 91 euros en Andalucía o 177 en Canarias. 

Prestaciones no periódicas y “excepcionales”

En Castilla-La Mancha, estas ayudas son prestaciones no periódicas, de carácter económico, destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, “excepcionales y previsiblemente irrepetibles”, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas. La última convocatoria, correspondiente a 2022, se aprobó a finales del año pasado y beneficiará a más de 6.200 familias de la región gracias a 5,7 millones de euros de presupuesto. Supuso un incremento del 21% con respecto a la cuantía anterior.

Las personas beneficiarias de estas ayudas se deben encontrar en situación de emergencia social, entendiendo como tal aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual, que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un “deterioro o agravamiento de la situación de necesidad, generando procesos de vulnerabilidad social y de riesgo social”. Esta situación se acredita mediante informe social emitido por el trabajador o la trabajadora social de los servicios sociales de atención primaria.

Según la Asociación de Directoras Sociales, son muchas las entidades locales que han incrementado los presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero los “procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales” limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. “Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes”.

La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones es una de las causas de esta situación, por lo que piden modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa. “Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis”, piden que las intervenciones municipales no dificulten la ejecución de estas ayudas. Y para ello proponen que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, lo que permitiría su agilización. También piden que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia. 

“En definitiva, planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales. ¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo”, concluyen.

La agilización de estos procesos es una petición que llevan años realizando también los Colegios profesionales de Trabajo Social. En el caso de Castilla-La Mancha la polémica surgida por la derogación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (la renta básica autonómica) para dar cabida al Ingreso Mínimo Vital (la nueva renta mínima estatal aprobada hace casi dos años) llevo a este colectivo profesional a denunciar “múltiples carencias” en la gestión de estas ayudas por la falta de presupuesto y planificación, y por “una intervención social realizada a base de ”parches y beneficiencia“.

Los trámites relacionados con la renta de garantía de ingresos (RGI), con la prestación complementaria de vivienda (PCV) y con las ayudas de emergencia social (AES) copan el 70% del intercambio automatizado de datos entre Administraciones vía Internet para la obtención de documentos y certificados o para la realización de otras acciones de control. En 2017, cuando el número de perceptores ha bajado ya de la barrera de 60.000, fueron 4,4 millones las transmisiones en torno a los expedientes de la RGI, el 66,55% de las 6,7 millones de informaciones intercambiadas por el Gobierno vasco con el centenar de instituciones y organismos públicos con los que mantiene convenios para el intercambio de información 'online'. A ellos hay que sumar las consultas relativas al resto de ayudas sociales.

Se da la circunstancia de que en 2017 se ha producido un salto cuantitativo muy notable respecto a 2016, cuando se produjeron 3,3 millones de transmisiones. La digitalización paulatina de la Administración y los convenios que se han ido suscribiendo han hecho que en un quinquenio se haya multiplicado por seis esta interoperabilidad, que se fundamenta en criterios de confidencialidad y de seguridad informática, según ha explicado este martes el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

El principal interlocutor del Gobierno vasco es la Policía Nacional, a quien se han solicitado nada menos que 1,5 millones de identidades (en Euskadi hay 2,2 millones de habitantes). También hay flujos continuos con otros organismos del Estado como el antiguo Inem, la Seguridad Social o la DGT. Igualmente, existen convenios con los ayuntamientos de las tres capitales vascas y con los de Irun, Barakaldo y Basauri, así como con las Diputaciones. En total, más de un centenar de organismos públicos están adheridos a esta red llamada NISAE (“Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de la Administración de Euskadi”).

Según Erkoreka, este sistema “rinde sus frutos”. Tan es así que, según sus datos, “sólo en 2017 el uso de NISAE permitió ahorrar 33,5 millones de euros”. Cada trámite, ha explicado, tiene un coste de 5 euros por término medio. Desde 2013, el ahorro global en papel, personal y otros gastos supera los 75 millones. El consejero ha explicado que Euskadi está muy avanzada en este terreno: con el 4% de la población representa un 20% de las gestiones 'online' con la Administración del Estado.

El renovado decreto de Ayudas de Emergencia Social (AES) incorpora nuevas situaciones que hasta ahora no contemplaba, como la de la pobreza energética, pero sigue sin resolver el debate de fondo: ¿debe tener esta ayuda un carácter subjetivo, es decir, concederse por ley si el solicitante reúne las condiciones? El Consejo Económico y Social (CES) acaba de pronunciarse respecto al nuevo decreto de las AES, considerando adecuada su modificación, pero apunta que  “lo realmente necesario es abordar un debate sobre el carácter de derecho subjetivo o no de las Ayudas de Emergencia Social y su insuficiencia presupuestaria”.

Las AES son un subsidio que permiten sacar de apuros puntuales a los ciudadanos con más necesidades y que habitualmente también perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que sí es un derecho subjetivo. Estos apuros puntuales pueden ir desde la compra de un electrodoméstico considerado básico en un hogar (como un frigorífico) hasta las gafas para uno de los hijos del solicitante de la ayuda. La ayuda la torga el Gobierno vasco a los ayuntamientos, que a su vez tienen trato directo con los peticionarios. Cuando el Ejecutivo agota la partida, son muchas los propios municipios los que echan mano de sus propios recursos para satisfacer la demanda. El año pasado la ayuda alcanzó a 22.000 personas.

El proyecto del Ejecutivo no cuestiona las Ayudas de Emergencia Social vigentes, sino que modifica el decreto existente debido a un requerimiento del Parlamento vasco que, en marzo del año pasado aprobó por unanimidad una proposición para que se tuvieran en cuenta las nuevas realidades y necesidades no cubiertas de pobreza y exclusión social. “La revisión”, según el CES, “llega tarde con respecto al mandato del Parlamento vasco”, que pidió que se abordase en 2015 y fuera aplicada en 2016.

Entre los cambios que introduce la nueva norma está la incorporación de nuevas casuísticas derivadas de la crisis económica, como la de la pobreza energética, que constituye uno de los motivos que impulsaron la modificación. También se destaca la seguridad jurídica que ofrece en torno a la consideración de la Prestación Complementaria de Vivienda como un ingreso computable para la determinación de los recursos y el patrimonio.

El CES también respalda el mayor protagonismo de las y los profesionales de los servicios sociales de base para modular el acceso a las ayudas, “puesto que el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación no implica necesariamente que esta ayuda sea el modo más adecuado de atender determinadas situaciones de falta de recursos y/o exclusión”. Eso significa, que los profesionales de los servicios sociales (a los que se dirigen los ciudadanos con necesidades) tendrán más capacidad de decidir quién recibe las AES.

El Consejo advierte de la incompatibilidad de las ayudas de emergencia social para gastos de alquiler con la prestación económica contemplada en la nueva ley de vivienda, al tiempo que subraya que este hecho pone en evidencia “la necesidad de revisar todo el sistema para clarificar la normativa aplicable y garantizar que cada ayuda se destine a su fin concreto, así como que cada situación de necesidad tenga una respuesta igualmente concreta”.

PNV y EH Bildu pactan que los gobiernos locales tengan voz y voto en el Consejo de Finanzas a la hora de establecer el reparto de los recursos económicos que les afectan, "dentro de los límites que marca la Ley de Territorios Históricos", precisan los peneuvistas

El texto reconoce la posibilidad de que los entes locales realicen consultas populares y éstas sean vinculantes

Las instituciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, ya tienen por fin y tras 35 años de espera, una regulación propia a la que agarrarse y que finalmente se va a denominar, Ley de Régimen Local. La confirmación de que los gobiernos municipales dispondrán de una financiación suficiente para hacer frente a los pagos de las Ayudas de Emergencia Social y el hecho de que los consistorios queden representados en el Consejo Vasco de Finanzas, es decir, tengan voz y voto, antes solo era voz, en asuntos relacionados con su financiación, han sido claves para cerrar el pacto que PNV y EH Bildu venían fraguando desde hace meses y que ya es una realidad.

El reparto de fondos en el Consejo de Finanzas y las AES han sido los principales escollos de la negociación entre ambas formaciones. Para la coalición soberanista estos puntos eran irrenunciables. El proyecto de ley remitido a la Cámara por el Gobierno vasco en noviembre de 2014 ya recogía la participación en pie de igualdad –aunque solo en determinadas materias- de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas. Pero quedaba por definir cómo se cerraba esa presencia con voz y voto a la hora de decidir el reparto de los recursos económicos que van a los ayuntamientos. Desde EH Bildu insistían en que el “principio de suficiencia financiera de los ayuntamientos vascos” quedase reflejado y bien cerrado en el articulado. Y se muestran satisfechos con el resultado. “Queda definido el ámbito competencial de las entidades locales de forma explícita y se asegura su suficiencia financiera. La Ley se dota de herramientas que permiten un reparto de recursos económicos de manera equilibrada. Concretamente es el punto cinco del artículo 106 en el que se menciona que los representantes de la entidades locales van a participar con voz y voto de la modificación de la Ley de Aportaciones, una vez que se establezca la metodología de reparto” ha resaltado Dani Maeztu, de EH Bildu.

En la misma línea se ha referido a este punto el portavoz del PNV, Joseba Zorrilla. “Dentro de los límites que marca la Ley de Territorios Históricos (LTH), los municipios dan un paso muy importante, el tener voto y no solo voz, en el Consejo Vasco de Finanzas en todas las materias que les afectan. Es una circunstancia que les pone de igual a igual con el resto de instituciones del entramado vasco, Diputaciones y Gobierno. Todo es mejorable, pero se establece un justo equilibrio para que los ayuntamientos no se vean minusvalorados. Van a tener visibilidad institucional”, añade el portavoz jeltzale en la comisión.

Sistema de garantías

Otra reivindicación histórica de los Ayuntamientos, como la financiación de las AES, quedan también resuelta. Los consistorios se han visto obligados a adelantar de sus fondos el pago de estas prestaciones cada vez que la aportación del Gobierno se agotaba. Ahora, con la nueva Ley, se establecen mecanismos compensatorios para los entes locales que se vean inmersos en esta situación. Esta es una medida transitoria ya que se contempla “la puesta en marcha de una comisión técnica en la que participan diversos estamentos, Gobierno vasco, diputaciones y EUDEL, (la Asociación de municipios vascos) y fruto del análisis que realicen, se planteará una modificación de todo el sistema de garantías vigente”, ha detallado el peneuvista Zorrilla.

El texto reconoce la posibilidad de que los entes locales realicen consultas populares y estas sean vinculantes, según ha explicado Dani Maeztu, algo que ya aparecía en el anteproyecto.

La norma pactada entre el PNV y EH Bildu articula un modelo que integra a los gobiernos locales en la estructura institucional vasca con una cartera de servicios claramente delimitada, un listado de competencias municipales así como la financiación suficiente para llevarlas a cabo. En definitiva, gozan de una mayor autonomía y cuenten con una financiación garantizada, según los firmantes del texto. “Nuestros ayuntamientos se convierten en verdaderos poderes locales y no meros prestadores de servicios”, ha asegurado Zorrilla. 

Euskadi es la única comunidad que carece de una Ley Municipal y éste es el tercer intento de los gobiernos vascos, en las últimas legislaturas, para sacarla adelante. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu aprobó en noviembre de 2014 el proyecto que ahora se afronta el último paso de su tramitación. El dictamen que deberá aprobarse en comisión y después ratificarse por el Pleno del Parlamento vasco.

Socialistas, populares y UPyD han mostrado su rechazo al acuerdo desde que se conoció que las dos formaciones nacionalistas, partidos que representan al 80% de los municipios en Euskadi, ultimaban el acuerdo, hace ya dos semanas.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu accede a modificar el decreto de regulación de las AES, Ayudas de Emergencia Social, que deja fuera de la cobertura a los demandantes que dispongan de bienes patromoniales.

La medida pretende que la prestación llegue a aquellas personas que no tienen liquidez para afrontar ciertos gastos específicos pero que se les niega la ayuda por ser titulares de inmuebles.

Los cambios implicarán, a juicio de los grupos solicitantes, un aumento presupuestario para el 2016 para cubrir situaciones no atendidas hasta ahora.

El Gobierno vasco ampliará los requisitos para acceder a las Ayudas de Emergencia Social. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu accede a modificar el decreto de regulación de las AES que deja fuera de la cobertura a los demandantes que dispongan de bienes patrimoniales. Se estudiará la supresión del límite patrimonial para acceder a esta prestación. La medida pretende que la ayuda llegue a aquellas personas que no tienen liquidez para afrontar ciertos gastos específicos pero que se les niega la ayuda por ser titulares de inmuebles.

Este límite se fijó en la Ley para impedir que nadie que no precise esta ayuda pueda acogerse a la prestación. Pero en la práctica lo que sucede es que hay personas sin liquidez para atender situaciones de emergencia y que tampoco pueden vender sus propiedades para resolver esas dificultades.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu responde así a la propuesta aprobada por el Parlamento vasco, con los votos favorables del PSE, impulsor de la iniciativa, del PNV, EH Bildu y UPyD. El PP se ha abstenido en la votación. La proposición insta al Gobierno a que tenga en cuenta tanto sus propios Informes- Encuesta de Pobreza y desigualdades del Gobierno vasco- como los de las diferentes Organizaciones Sociales, que ponen de manifiesto nuevas realidades y necesidades no cubiertas. Estas desatención provoca situaciones de pobreza y exclusión social, dé los pasos necesarios para modificar a lo largo del año 2015 el Decreto 4/2011, con el fin de que puedan acceder a las Ayudas de Emergencia Social las personas que no cuenten con liquidez para atender gastos específicos que prevean o palien situaciones de exclusión social, así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas.

Los cambios implicarán, a juicio de los grupos solicitantes, un aumento presupuestario para el 2016 para cubrir situaciones no atendidas hasta ahora.

El PNV se opone a dar más dinero a los ayuntamientos para sufragar las Ayudas de Emeregencia Social, pero sí prevé aumentar en 2,17 millones de euros la subvención a EITB.

Al Gobierno vasco ya no le queda más dinero para las Ayudas de Emergencia Social (AES). El Parlamento vasco ha pedido de nuevo al Ejecutivo que amplíe este año la dotación presupuestaria para las AES, pero el PNV -que ha votado en contra- ha dicho que a día de hoy “no es posible” por falta de “disponibilidad” de recursos. Además, ha añadido que las AES no son un derecho subjetivo, como sí los es la Renta de Garantía de Ingresos, y que, por lo tanto, no existe una obligación legal de dotar esa partida. Pero mientras el Gobierno se queda sin dinero para las AES, sí que prevé aumentar la partida que anualmente inyecta a EITB. Las cuentas de la Radiotelevisión pública vasca para 2015 prevén aumentar en un 2,1% la subvención pública del Gobierno, que será de 109,8 millones de euros frente a los 107,63 del presupuesto de 2014. Al menos esa es la pretensión de su directora, Maite Iturbe, que no cuenta con el respaldo de la oposición.

Es el contraste de una situación que viven con pesar los ayuntamientos. La mayoría de ellos tienen que echar mano de sus fondos propios después del verano para hacer frente a la demanda de sus vecinos. La presión de la oposición y de los ayuntamientos posibilitaron que el Gobierno accediera a finales del año pasado a aumentar en dos millones la partida (fijada en 17,5 millones), pero en esta ocasión el PNV se muestra firme en su negativa. La dotación prevista para 2015 es de 20,5 millones. Mientras los grupos de la oposición han insistido en que se trata de una cuestión de “voluntad política”, la parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha apelado a la falta de dinero y ha reiterado que las AES tienen un carácter de subvención.

Aunque no se trata de un derecho subjetivo (como la RGI que se concede de manera automática por ley si se cumplen los requisitos), las AES se han convertido en los últimos años de crisis en un complemento fundamental para personas sin recursos, que así pueden hacer frente a gastos imprevistos domésticos (desde préstamos, alquileres, cambio de un electrodoméstico básico, reparación de calzado, compra de unas gafas o endeudamiento previo). Cuando los fondos que aporta el Gobierno a cada ayuntamiento (según difentes variables como nivel de inmigración y porcentaje de población en riesgo de pobreza, entre otros) se agotan, son los propios municipios los que se ven la tesitura de hacer frente a la demanda con sus propios recursos.

A pesar de la escasez de fondos para las AES, lo cierto es que Euskadi cuenta con el mejor sistema de protección social de España gracias a la RGI. Una ayuda que contribuye a que las tasas de pobreza de Euskadi sean inferiores a las de cualquier otra comunidad autónoma y que acerca al País Vasco a las políticas de protección social de países como Francia, Holanda o Dinamarca.

En 2013 se formalizaron 6.089 solicitudes de ayudas, de las que se concedieron 5.050.

El Ayuntamiento espera gestionar este año alrededor de 4,3 millones de euros, dinero que concede íntegramente el Gobierno vasco.

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá el lunes el plazo para solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES). Los ciudadanos podrán inscribirse en las oficinas automáticas ‘Bilbao Click’ situadas en los Centros Municipales de Distrito. En 2013 se formalizaron 6.089 solicitudes de ayudas, de las que se concedieron 5.050, lo que supone el 83% del total. La cantidad media por ayuda ascendió a 872 €.

El 74% del presupuesto de las AES otorgadas se destinó a la vivienda, ya fuera para hacer frente al pago hipotecario o de alquileres, o bien para el correcto mantenimiento de la misma. Las AES se gestionan a través del dinero que otorga el Gobierno vasco a cada municipio, una partida que se asigna en función de diferentes variables como tasa de pobreza, nivel de paro e inmigración. El Ayuntamiento de Bilbao espera que el Ejecutivo vasco destine alrededor de 4,3 millones de euros, teniendo en cuenta la cantidad concedida, en total, a lo largo del año pasado.

En los últimos años, la partida de AES se ha agotado en casi todos los municipios vascos para el mes de agosto. A partir de ese instante, cada municipio se las ingenia para seguir atendiendo las demandas de sus vecinos. En algunos casos optan por ampliar la partida con sus propios fondos, mientras que otras veces directamente cierran la ventanilla por la falta de recursos. Las reclamaciones al Gobierno de Vitoria para que aumente la partida y cubra todas las necesidades han sido recurrentes.

El Ayuntamiento de Vitoria asegura que el déficit de 280.000 euros estimados para estas ayudas sociales, de competencia del Gobierno vasco, se cubrirán con un remanente del Departamento de Bienestar Social.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica, ha querido lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad entre los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social (AES). Aunque la partida de un millón de euros pactada entre el PP y el PNV en los presupuestos del 2014 para abonar estas ayudas de competencia autonómica no será suficiente para cubrir el déficit proyectado -280.000 euros-, en caso de necesidad disponen de un remanente en el Departamento. “Se podrán asumir con el vinculante del departamento sin que sea necesario hacer una modificación presupuestaria como ocurrió el pasado año cuando se acabaron los fondos y el Gobierno vasco no los repuso”, explica la concejala del PP, que añadía tajante que los beneficiarios podrán cobrarlas hasta el 31 de diciembre del 2014.

Domaica reitera el anuncio sobre la suficiencia financiera municipal para cumplir las AES justo un día después de que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, acusara al Gobierno vasco de «dejar tirados» a los perceptores de ayudas sociales por suspenderlas cuando ve agotada su partida anual. El regidor reprocha que sea el Ayuntamiento quien recurre a la ‘hucha’ municipal para complementar las subvenciones hasta fin de año. Solo el pasado año 2.100 personas de media al mes fueron perceptoras en Vitoria de este recurso social.

Desde EH Bildu critican que no se hayan puesto sobre la mesa la cantidad total necesaria cuando ya cuentan con esa estimación de déficit. “¿Por qué no han puesto el dinero suficiente para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía al pactar los presupuestos. Quién no ha querido poner el dinero, el PNV o ustedes, el PP?”, recrimina la portavoz municipal de EH Bildu en Vitoria, Iratxe López de Aberásturi. “Los presupuestos son la priorización de lo que queremos hacer. Ni el Gobierno vasco ni el gobierno de este

El imparable aumento del paro ha puesto a prueba los cimientos del Estado de Bienestar en Euskadi, que de momento aguantan a duras penas los embates de la crisis.

El copago de los medicamentos, los desahucios implacables, la falta de presupuesto para las Ayudas de Emergencia Social y el incremento de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos conforman un escenario preocupante para 2014.

“2013 es un año para olvidar”. Raúl G., con 58 años y pintor de profesión, jamás se imaginó que a las puertas de la jubilación se iba a ver en su situación actual: cobrando el subsidio de desempleo, sin esperanzas de encontrar un trabajo mínimamente estable y condenado, en el mejor de los casos, a “saltar de chapuza en chapuza” hasta que pueda jubilarse. Una fecha que la ve “muy lejana”. Raúl G. es un producto de la crisis y una prueba de que el imparable aumento del desempleo ha puesto a prueba los cimientos del Estado del Bienestar en Euskadi, que antes de la crisis se creía firmemente asentados y ahora, seis años después, se tambalean. 2013 ha sido un año muy duro para la solidaridad.

Con todo, Euskadi puede presumir de contar con el mejor sistema de protección social de España al garantizar el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a todos los ciudadanos sin recursos. Sin embargo, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide acumula quejas por su gestión de la RGI y la bolsa de perceptores cada vez ha ido creciendo más durante 2013. Hasta el punto de que la pregunta ya ha empezado a rondar entre expertos y políticos: ¿Hasta cuándo puede aguantar el sistema?. El que no aguanta es el de las Ayudas de Emergencia Social. Los ayuntamientos y los partidos de la oposición se han cansado de reclamar más dinero al Gobierno. Y solo al final de año ha accedido a desembolsar dos millones más (para un total de 19). El compromiso para 2014 es incrementar la partida.

Aunque con retraso respecto al resto de España, los vascos han tenido que hacer frente este 2013 al copago de los medicamentos. El Gobierno vasco se resistió hasta el último momento, pero ha tenido que ceder. Al menos, ha ideado una fórmula para compensar a los ciudadanos con menos recursos. Sistema que será efectivo desde enero.

Dos desahucios al día

También se han buscado fórmulas para paliar el drama de los desahucios, una pesadilla que ha sacudido con fuerza a Euskadi y que es la culminación del proceso de exclusión social. Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados vascos en el primer semestre del año han sido 449, es decir, dos al día. Un movimiento como la plataforma de Stop Desahucios se ha mostrado muy activa en los tres territorios, hasta constituirse en el principal punto de referencia de las familias afectadas y la única esperanza de poder detener el lanzamiento.

Otra de las lacras que han sacudido el País Vasco durante 2013 es la violencia de género. Casi 5.000 mujeres reciben protección de la Ertzaintza para hacer frente a situaciones de violencia de género o doméstica. Es una cifra que en los últimos años siempre ha ido al alza. Las medidas de protección que presta la Ertzaintza varían en función del riesgo y de las circunstancias concretas de cada víctima, pueden ir desde la formación en medidas de autoprotección hasta el establecimiento de un sistema de seguridad para la víctima mediante escolta personal.

Y como colofón al año, el Gobierno central aprueba el anteporyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, popularmente conocida como la nueva 'ley del aborto'. En Euskadi, ha puesto en pie de guerra a los partidos (incluso algunos miembros del PP vasco se han desmarcado), instituciones y sociedad en general, cuando hasta ahora se trataba de una cuestión que en la comunidad autónoma discurría con normalidad.

En el sector de la Educación, el año ha transitado en calma para la red pública. Sin embargo, en la red concertada los tambores de guerra empezaron a sonar con el comienzo del curso 2013-2014 y no han dejado de hacerlo. Los colegios concertados, especialmente los de corte religioso, están pasando por el peor momento de su historia educativa. Las concentraciones, paros y huelgas se han sucedido y las espadas siguen en todo lo alto.

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel tacha de "insuficiente" la ampliación de dos millones de euros del Gobierno vasco y reivindica el 100% de financiación.

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel ha considerado “claramente insuficiente” la ampliación en dos millones de euros de la partida destinada a las Ayudas de Emergencia Social (AES) hecha por el Gobierno vasco. El responsable del área de Acción Social de Eudel, Ibon Uribe, ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta de las dificultades que atraviesan los ayuntamientos para hacer frente a la demanda de los vecinos. “Es necesario”, ha recalcado Uribe, “asegurar el 100 % la financiación de las AES porque, aunque son ayudas subvencionables y no un derecho subjetivo como la Renta de Garantía de Ingresos, para los ayuntamientos son una prioridad”.

Las AES se conceden a personas sin recursos y van destinadas a pagar gastos de alquiler y alojamiento, recibos de gas, agua y luz y préstamos hipotecarios, entre otras necesidades. Aunque son gestionadas por los municipios por ser la institución más cercana al ciudadano, las financia el Gobierno vasco. Este año la cuantía consignada fue de 17,3 millones, la misma que en los dos anteriores, y se agotó antes de verano. Desde ese momento, son los ayuntamientos los que se han hecho cargo de las solicitudes con sus fondos propios. El Gobierno ha ampliado la partida en dos millones para el mes de diciembre y para el próximo año se han presupuestado 20,5 millones de euros.

La asignación del Gobierno vasco para las tres capitales vascas y nueve municipios -los vizcaínos de Barakaldo, Getxo, Ermua, Basauri, Santurtxi, Sestao, Leioa, Galdakao y el alavés de Llodio- ha sumado 10,3 millones, y la aportación adicional que esos consistorios han tenido que hacer porque “no era suficiente” ha alcanzado los 5,7 millones.

Eudel viene reivindicando desde 2008 la necesidad de que el Gobierno vasco dote de “financiación suficiente” a quienes gestionan esta competencia. Aunque no se ha pronunciado sobre si el dinero consignado para el próximo año podrá cubrir todas las necesidades, ha recordado que en 2010, con una situación económica mejor, el presupuesto del Gobierno solo cubrió el 75% de las AES.

El Ejecutivo habilita una partida extraordinaria en diciembre para ampliar la dotación de este año, que se agotó en verano.

Los ayuntamientos han tenido que poner de sus fondos más de cinco millones para hacer frente a la demanda de sus vecinos.

Dos millones de euros más este año para las Ayudas de Emergencia Social (AES). Este ha sido el anuncio del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, en el Parlamento. Aburto es consciente de que este esfuerzo “no va a ser suficiente” para hacer frente a todas las necesidades. Los dos millones de euros servirán para ampliar este año la dotación las Ayudas de Emergencia Social (AES), cuya cuantía para 2013 ascendía a 17,3 millones y se agotó prácticamente en verano. Esto obligó a que la mayoría de ayuntamientos hayan tenido que ir echando mano de sus fondos propios para hacer frente a la demanda de sus vecinos. La presión de la oposición y de los ayuntamientos ha posibilitado está búsqueda de recursos adicionales por parte del Ejecutivo, que desde verano ha sido bombardeado en el Parlamento con mociones, interpelaciones y proposiciones no de ley para que aumente el dinero. La oposición en pleno formada por el PSE, EH Bildu, UPyD y PP han hecho un frente común en esta línea.

Aunque no se trata de un derecho subjetivo (como la RGI que se concede de manera automática por ley si se cumplen los requisitos), las AES se han convertido en los últimos años de crisis en un complemento fundamental para personas sin recursos, que así pueden hacer frente a gastos imprevistos domésticos (desde préstamos, alquileres, cambio de un electrodoméstico básico, reparación de calzado, compra de unas gafas o endeudamiento previo). Cuando los fondos que aporta el Gobierno a cada ayuntamiento (según difentes variables como nivel de inmigración y porcentaje de población en riesgo de pobreza, entre otros) se agotan, son los propios municipios los que se ven la tesitura de hacer frente a la demanda con sus propios recursos. La Asociación de Municipios Vascos-Eudel ya dio la voz de alarma en junio, solicitando al Ejecutivo una ampliación de la partida.

Esfuerzo solidario

Hasta ahora, la respuesta desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales había sido la misma: no hay dinero por falta de disponibilidad presupuestaria. Según el consejero, los dos millones adicionales van a servir “para paliar el esfuerzo solidario realizado por muchos ayuntamientos en una competencia que no les corresponde”.

Sin embargo, Aburto solo recibió críticas desde la oposición. PP, PSE, Bildu y UPyD han denunciado que ese dinero no bastará para garantizar todas las ayudas yque si ahora ha cedido a ampliar la partida es “única y exclusivamente” por la presión a la que le ha sometido el Parlamento. “Los ayuntamientos ya han puesto de sus fondos más de cinco millones de euros”, ha asegurado Txaro Sarasua (PSE).

El Gobierno Vasco ha presupuestado de cara a 2014 un total de 20,5 millones de euros para las AES, lo que supone un 18,5 % más que la cantidad consignada para este año.

La Cámara aprueba una proposición no de ley con los votos de toda la oposición instando al Ejecutivo a ampliar la partida para las Ayudas de Emergencia Social.

El PNV se queda solo en defensa del Gobierno: "Tenemos toda la voluntad política, pero no hay dinero. No podemos firmar algo que no podemos cumplir".

Los ayuntamientos no disponen de recursos para afrontar las demandas de los ciudadanos.

El debate sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES) se ha convertido en algo recurrente en el Parlamento en los últimos años. La Camara ha dado un toque de atención al Gobierno al aprobar una proposición no de ley en la que le insta a ampliar la partida de AES, dado que los ayuntamientos han agotado los fondos consignados inicialmente. Todos los partidos de la oposición sumaron sus votos en esta demanda, recordando al Ejecutivo que las “AES evitan desahucios”. El PNV no apoyó la propuesta porque “el Gobierno no tiene dinero. No podemos firmar algo que no podemos cumplir”, aseguró la parlamentaria jeltzale Amaia Arregi.

Las AES suponen un complemento fundamental para personas sin recursos, que así pueden hacer frente a gastos imprevistos domésticos, desde préstamos, alquileres, hipotecas, cambio de un electrodoméstico básico, reparación de calzado, compra de unas gafas o endeudamiento previo. Los 17,3 millones de euros que ha repartido el Gobierno entre los ayuntamientos (que son los que gestionan la ayuda directamente con los ciudadanos) es la misma los últimos años. Esos fondos ya se han agotado y ahora son los propios municipios los que deben hacer frente a la demanda con sus propios recursos. EH Bildu y el PSE transaccionaron la propuesta que después fue apoyada por PP y UPyD, evidenciando la soledad del PNV, el partido que sostiene al Ejecutivo. Una postura muy diferente de la que mantuvo la legislatura pasada cuando estaba en la oposición. Entonces, el PNV reclamaba al Gobierno socialista que cubriese toda la demanda, aunque las AES non son un derecho subjetivo (exigible por ley), como sí lo es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Eva Blanco, parlamentaria de EH Bildu, enfatizó que las AES permiten a “miles de familias” llegar al final de mes. “Es una prestación que sirve para pagar la comunidad, el recibo de la luz, endeudamiento...Resulta incomprensible que el Gobierno no aumente la partida , máxime viendo lo mal que lo están pasando los ayuntamientos. La falta de recursos que esgrime el Gobierno es una excusa barata”.

Mientras, Txaro Sarasua, del PSE resaltó la condición de ayudas “preventivas y paliativas”, que tienen las AES. “Cualquier persona puede pasar una mala racha y quedarse sin ingresos. Cualquiera puede tener necesidad de recurrir a estas ayudas. Y cuando las necesite, ¿qué se le dice? ¿Qué no hay dinero?. Los ciudadanos con dificultades necesitan la ayuda del Gobierno”.

La parlamentaria del PNV, Amaia Arregi, se defendió argumentando que no se trata de falta de voluntad política, sino de falta de dinero. “Es injusto presentar al Gobierno como si estuviera despreocupado de la situación. En 2014 hay intención de subir la partida, pero ahora es imposible”.

La parlamentaria de EH Bildu, Eva Blanco, ha rechazado el argumento del Gobierno de que no hay más dinero para AES. “Es cuestión de voluntad política. Cada vez es más gente la que precisa ayuda. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con el PSE y con el PP para presentar una posición común, pero vamos a ser inflexibles en que se cubran todas las necesidades y en que se prevean más fondos en los presupuestos del próximo año”.

En esta línea, Blanco advirtió de que el Gobierno dirigido por el PNV está “dando por buena la precariedad actual. El Ejecutivo es el que tiene que garantizar la cohesión social”.

PSE, EH Bildu y el PP han presentado tres proposiciones no de ley en el Parlamento exigiendo más dinero para la cobertura de las Ayudas de Emergencia.

El Gobierno se resiste a aumentar la partida de 17,3 millones de euros alegando que no hay más recursos.

Los ayuntamientos, desbordados ante el incremento de la demanda de los ciudadanos.

La oposición formada por el PSE, EH Bildu y el PP han hecho un frente común en demanda de más dinero para cubrir la demanda de las Ayudas de Emergencia Social (AES). Aunque no se trata de un derecho subjetivo (como la RGI que se concede de manera automática por ley si se cumplen los requisitos), las AES se han convertido en los últimos años de crisis en un complemento fundamental para personas sin recursos, que así pueden hacer frente a gastos imprevistos domésticos (desde préstamos, alquileres, cambio de un electrodoméstico básico, reparación de calzado, compra de unas gafas o endeudamiento previo).El Parlamento debatirá el próximo jueves las proposiciones planteadas por los tres partidos para ampliar la dotación presupuestaria destinada a las AES y cubrir toda la demanda. Previsiblemente, los partidos tratarán de pactar una transacción para no dispersar fuerzas.

El Gobierno vasco ha dispuesto para este año una partida de 17,3 millones de euros, la misma cantidad de los últimos años. Cuando los fondos que aporta el Gobierno a cada ayuntamiento (según difentes variables como nivel de inmigración y porcentaje de población en riesgo de pobreza, entre otros) se agotan, son los propios municipios los que se ven la tesitura de hacer frente a la demanda con sus propios recursos. Algo que en muchas ocasiones no pueden hacer por las estrecheces presupuestarias que sufren. La Asociación de Municipios Vascos-Eudel ya dio la voz de alarma en junio, solicitando al Ejecutivo una ampliación de la partida. Pero la respuesta desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha sido la misma desde el primer momento: no hay dinero. El consejero, Juan María Aburto, ha reconocido la imposibilidad de destinar más dinero para financiar las ayudas de emergencia social por falta de disponibilidad presupuestaria.

En esa carta, Eudel le advertía de que las cantidades que ha asignado a cada municipio en concepto de AES “están siendo insuficientes” para atender a las solicitudes presentadas. “Los cambios introducidos en la orden de AES hace que un número mayor de personas puedan acceder a estas ayudas y, en consecuencia, se haya incrementado notablemente el gasto, mientras que la cantidad transferida a los ayuntamientos desde el Gobierno vasco por este concepto es idéntica a la de ejercicios anteriores”. Una parte del incremento en la demanda de AES viene motivada porque el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha eliminado de la orden por la que regula anualmente la concesión de la Ayuda de Emergencia Social (AES) el tope máximo de 8.000 euros, la cantidad máxima de dinero que un solicitante podía tener ahorrada.

Responder en los momentos críticos

La parlamentaria del PSE, Txaro Sarasua, es la impulsora de una de las propuestas que se debatirán el jueves. “Aún reconociendo que las AES no son un derecho subjetivo, la concesión de las mismas debe estar basada en el diagnóstico social actual, así como en considerarlas como preventivas y paliativas de situaciones de exclusión social sobrevenidas por la escasez de recursos económicos, garantizando que responden a las necesidades de las personas en los momentos críticos”.

“La realidad de nuestra comunidad”, añade, “es que la cifra de parados está creciendo de forma continuada, que la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2012 advierte del incremento del número de familias en situación de exclusión social y que la modificación de la orden da entrada a más personas. Todo esto

Por su parte, desde EH Bildu, Belén Arrondo critica que “en los duros momentos de crisis que estamos viviendo, aún sabiendo que las solicitudes de ayuda serán más que el dinero que hay para repartir, el Gobierno ha decidido mantener la misma cantidad que los dos últimos años. Es evidente que esa cantidad es absolutamente insuficiente a la vista de la grave situación que vivimos”. “La no satisfacción de todas las solicitudes pone en cuestión la necesidad y dignidad de las personas. Ante ello, el Gobierno debe adoptar de inmediato compromisos reales, para certificar su compromiso y la iniciativa práctica para atender todas las solicitudes de ayudas en 2013”.

Mientras, desde el PP, su parlamentaria Laura Garrido recuerda que los ayuntamientos que gestionan los fondos del Gobiern vasco destinados a sufragar estas ayudas “han agotado los recursos debido al incremento de demandantes por los cambios en la normativa sobre los límites patrimoniales de las personas beneficiarias y por los efectos de la crisis ”económica“.

Los socios presupuestarios pactan abonar las ayudas concedidas a los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y retomar la tramitación de los expedientes en curso para evitar demoras en los pagos.

El dinero destinado a esta asistencia se cubrirá con la partida correspondiente a ayudas municipales que se ampliará en caso necesario.

La concesión de la prestación se regirá por los mismos criterios que los empleados en la adjudicación de la AES.

Los socios presupuestarios en el Ayuntamiento de Vitoria, PP y PNV, han logrado reconducir el malentendido sobre la gestión de las Ayudas de Emergencia Social que provocó un cruce de acusaciones entre el portavoz peneuvista Gorka Urtaran y la concejala de Bienestar Social Ainhoa Domaica. Finalmente han plasmado en un documento las pautas a seguir para garantizar la cobertura de las ayudas de emergencia social congeladas por el Gobierno vasco desde agosto por falta de fondos.

El nuevo acuerdo prevé abonar hasta fin de año las ayudas concedidas a los perceptores, respetando su concepto, cuantía y duración, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente a ayudas municipales. El pacto consensuado contempla un incremento de la cantidad destinada en caso de que fuera necesario para atender toda la demanda.

En cuanto a la tramitación de las AES que estén en curso, para evitar demoras en su percepción y no duplicar el trabajo de los servicios sociales de base, se retomará la tramitación de inmediato sin obligar a los demandantes a repetir el papeleo. Los nuevos expedientes se tramitarán como ayudas municipales manteniendo los mismos criterios de aplicación que las AES.

El documento incluye además un emplazamiento al Gobierno vasco a ampliar la partida presupuestaria destinada a las Ayudas de Emergencia Social para dar respuesta a toda la demanda.