Frente común de la oposición en demanda de más ayudas sociales
La oposición formada por el PSE, EH Bildu y el PP han hecho un frente común en demanda de más dinero para cubrir la demanda de las Ayudas de Emergencia Social (AES). Aunque no se trata de un derecho subjetivo (como la RGI que se concede de manera automática por ley si se cumplen los requisitos), las AES se han convertido en los últimos años de crisis en un complemento fundamental para personas sin recursos, que así pueden hacer frente a gastos imprevistos domésticos (desde préstamos, alquileres, cambio de un electrodoméstico básico, reparación de calzado, compra de unas gafas o endeudamiento previo).El Parlamento debatirá el próximo jueves las proposiciones planteadas por los tres partidos para ampliar la dotación presupuestaria destinada a las AES y cubrir toda la demanda. Previsiblemente, los partidos tratarán de pactar una transacción para no dispersar fuerzas.
El Gobierno vasco ha dispuesto para este año una partida de 17,3 millones de euros, la misma cantidad de los últimos años. Cuando los fondos que aporta el Gobierno a cada ayuntamiento (según difentes variables como nivel de inmigración y porcentaje de población en riesgo de pobreza, entre otros) se agotan, son los propios municipios los que se ven la tesitura de hacer frente a la demanda con sus propios recursos. Algo que en muchas ocasiones no pueden hacer por las estrecheces presupuestarias que sufren. La Asociación de Municipios Vascos-Eudel ya dio la voz de alarma en junio, solicitando al Ejecutivo una ampliación de la partida. Pero la respuesta desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha sido la misma desde el primer momento: no hay dinero. El consejero, Juan María Aburto, ha reconocido la imposibilidad de destinar más dinero para financiar las ayudas de emergencia social por falta de disponibilidad presupuestaria.
En esa carta, Eudel le advertía de que las cantidades que ha asignado a cada municipio en concepto de AES “están siendo insuficientes” para atender a las solicitudes presentadas. “Los cambios introducidos en la orden de AES hace que un número mayor de personas puedan acceder a estas ayudas y, en consecuencia, se haya incrementado notablemente el gasto, mientras que la cantidad transferida a los ayuntamientos desde el Gobierno vasco por este concepto es idéntica a la de ejercicios anteriores”. Una parte del incremento en la demanda de AES viene motivada porque el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha eliminado de la orden por la que regula anualmente la concesión de la Ayuda de Emergencia Social (AES) el tope máximo de 8.000 euros, la cantidad máxima de dinero que un solicitante podía tener ahorrada.
Responder en los momentos críticos
La parlamentaria del PSE, Txaro Sarasua, es la impulsora de una de las propuestas que se debatirán el jueves. “Aún reconociendo que las AES no son un derecho subjetivo, la concesión de las mismas debe estar basada en el diagnóstico social actual, así como en considerarlas como preventivas y paliativas de situaciones de exclusión social sobrevenidas por la escasez de recursos económicos, garantizando que responden a las necesidades de las personas en los momentos críticos”.
“La realidad de nuestra comunidad”, añade, “es que la cifra de parados está creciendo de forma continuada, que la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2012 advierte del incremento del número de familias en situación de exclusión social y que la modificación de la orden da entrada a más personas. Todo esto
Por su parte, desde EH Bildu, Belén Arrondo critica que “en los duros momentos de crisis que estamos viviendo, aún sabiendo que las solicitudes de ayuda serán más que el dinero que hay para repartir, el Gobierno ha decidido mantener la misma cantidad que los dos últimos años. Es evidente que esa cantidad es absolutamente insuficiente a la vista de la grave situación que vivimos”. “La no satisfacción de todas las solicitudes pone en cuestión la necesidad y dignidad de las personas. Ante ello, el Gobierno debe adoptar de inmediato compromisos reales, para certificar su compromiso y la iniciativa práctica para atender todas las solicitudes de ayudas en 2013”.
Mientras, desde el PP, su parlamentaria Laura Garrido recuerda que los ayuntamientos que gestionan los fondos del Gobiern vasco destinados a sufragar estas ayudas “han agotado los recursos debido al incremento de demandantes por los cambios en la normativa sobre los límites patrimoniales de las personas beneficiarias y por los efectos de la crisis ”económica“.
