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61.594 familias necesitan ayudas sociales

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

61.594. Ese es el número de familias que tuvieron que recurrir el pasado mes de agosto a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal ayuda social con la que cuenta Euskadi para luchar contra la pobreza. Según los datos recogidos en un informe del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide (organismo que gestiona esta ayuda), se trata del récord histórico desde que se creó esta prestación a finales de la década de los ochenta del pasado siglo. Fue en ese momento cuando el Gobierno vasco puso en marcha su primer plan de lucha contra la pobreza que posteriormente se elevaría a la categoría de ley.

La radiografía de los perceptores que ofrece el informe refleja que el 60% de las familias está encabezada por una mujer. En cuanto a las edades, la franja con más peso es la que va de los 30 a los 44 años, con casi 24.000 perceptores. Un 28% del total son pensionistas que o bien completan sus ingresos con una parte de RGI o directamente la perciben íntegra al carecer de otros recursos.

Con el paro desenfrenado, las familias que se beneficiaron de estas ayudas tocaron techo el mes de septiembre del año pasado, cuando llegaron hasta las 59.900. A partir de ese instante se fueron estabilizando e incluso disminuyendo ligeramente (58.286 en abril). Sin embargo, el recrudecimiento de la crisis hace que la lista suba de manera inexorable y que los perceptores tiendan a perpetuarse debido a las dificultades de colocación que ofrece en estos momentos el mercado de trabajo.

650 euros

Entre los requisitos para acceder a la RGI (además de carecer de recursos económicos) figura el de estar empadronado y tener residencia efectiva en el País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se cumple ese requisito, se acepta el empadronamiento al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de solicitud si se pueden acreditar cinco años de vida laboral remunerada. Se hace una excepción con las personas que cobran una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico, que solo deben cumplir el año de empadronamiento.

Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores. Estos requisitos se introdujeron en 2011, lo que supuso un endurecimiento en el acceso a estas ayudas. En la actualidad, un perceptor que vive solo puede cobrar 650 euros al mes, que suben a 923 en el caso de tratarse de un matrimonio con dos hijos. A lo largo del año pasado, el Gobierno vasco gastó más de 400 millones de euros entre la RGI, las Ayudas de Emergencia Social y el Complemento de Vivienda (ayuda para el alquiler).

El actual sistema de garantía de ingresos de Euskadi (conformado por la RGI, la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social) es el elemento más decisivo a la hora de luchar contra la pobreza. Según apunta el especialista Luis Sanzo, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en el caso de las personas que se mantienen en situación de riesgo en la dimensión de ingresos “el acceso al sistema permite reducir sustancialmente la distancia de los ingresos disponibles respecto al umbral de pobreza”. En un trabajo sobre esta cuestión, resalta que “a diferencia de la percepción social dominante, al margen del sistema ocupacional y de las prestaciones generales del sistema de desempleo y Seguridad Social, el principal elemento que contribuye a la prevención de la pobreza en Euskadi sigue siendo el sistema de garantía de ingresos, con una demanda a organizaciones del tercer sector que sigue resultando claramente minoritaria entre los colectivos en riesgo”.

“Gracias a este sistema de protección”, apunta, “Euskadi se aleja por completo de la realidad española, incluyendo la que caracteriza a zonas de desarrollo económico comparable, como por ejemplo Cataluña. A diferencia de esta comunidad, actualmente definida por tasas de pobreza comparativamente altas en Europa, Euskadi se sitúa en el polo de los territorios con menor incidencia del riesgo de pobreza de ingresos”.

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