El Parlamento Vasco rechaza la renta básica universal de 900 euros y vuelve a apelar a la reforma de la RGI

Los 48 escaños que PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox lograron en las elecciones autonómicas de 2020 -aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha podido votar al estar en cuarentena tras haber dado positivo en COVID-19- han rechazado este jueves la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegaba al Parlamento Vasco con el aval de 22.075 firmas para establecer una nueva renta básica incondicional universal (RBI) de 900 euros mensuales actualizable con el IPC para evitar el efecto de la inflación. Las coaliciones de izquierda EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sí han respaldado este modelo defendido desde la tribuna por una ciudadana, Itziar Guerendiain. Conocido el portazo, dos de sus compañeros han considerado que Euskadi “ha perdido una oportunidad histórica” y han mostrado especial enfado con los socialistas al tiempo que entiende que “no es casual” que los partidos del Gobierno se hayan unido a las fuerzas de la derecha.

El 'no' estaba ya claro de antemano. El Ejecutivo de PNV y PSE-EE llegaba a la Cámara con un informe desfavorable a la tramitación de esta ILP. Aprobado el 8 de marzo, el Gobierno recalcó como argumento principal que tiene “comprometida” y “muy avanzada” una ley para “reforzar” y reformar la renta de garantía de ingresos (RGI) teniendo en cuenta, además, la reciente transferencia del ingreso mínimo vital (IMV). Se da la circunstancia de que la pasada legislatura ya se rechazó otra ILP -aquélla con más de 50.000 apoyos ciudadanos- por el mismo motivo aunque terminó el mandato sin que llegaran los prometidos cambios en la RGI.

Dentro del hemiciclo, Guerendiain ha señalado: “Nos preguntamos, les preguntamos a ustedes, señoras parlamentarias y parlamentarios, si no es ahora el momento de acabar con la pobreza en Euskadi, cuando según el Informe Foessa publicado a principios de este año, una de cada seis personas a nuestro alrededor está viviendo en situación de exclusión social; un 17,6% más que en 2018. Nos preguntamos si no es ahora el momento de acabar con la riqueza, cuando la diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan ha aumentado un 18% desde la crisis de 2008. Cuando las rentas más altas han seguido creciendo un 20%, mientras las más bajas se han reducido un 3%; un grupo donde casualmente estamos sobrerrepresentadas las mujeres, las personas migrantes, las familias con menores a cargo y las personas jóvenes. Nos preguntamos si hoy, cuando 115.000 hogares en Euskadi −el 10,3% de la población− están dependiendo de una persona que sufre inestabilidad laboral grave, no es ya el momento de buscar nuevas medidas de política económica que puedan garantizar el derecho a una vida digna, más allá de la ocupación, o no, de un puesto de trabajo”. Y ha añadido: “Frente a esta idea de que la renta básica incondicional es una utopía financiera y socialmente insostenible, los variados proyectos piloto que se han llevado a cabo en todo el mundo, y también los modelos de financiación que se han desarrollado en numerosas investigaciones −también con datos a nivel de Euskadi− están demostrando que la implantación de una renta básica incondicional sería perfectamente asumible por nuestra comunidad”.

Fuera han considerado que “el camino no se acaba aquí”. “No pararemos hasta lograr una RBI en Euskadi”, han clamado. Su propuesta es que haya un “plan piloto” como el explorado en Catalunya para valorar si es o no viable el modelo. “Sigamos soñando, sigamos luchando, sigamos trabajando. A pesar del 'no' del Parlamento, sigue siendo el momento de la RBI”, han asegurado desde la plataforma promotora, que también ha contado con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en la rueda de prensa. “El horizonte no es reducir las desigualdades, sino conseguir la igualdad”, ha argumentado en euskera en defensa de la iniciativa la abertzale Eraitz Sáez de Egilaz. “En territorio alavés son suficientes alrededor de unos 4.500 votos para obtener un escaño en esta cámara. Aquí tenemos 22.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas vascas que merecen que se tome en consideración su propuesta en esta Cámara”, ha querido remarcar Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. Han señalado que es “un lujo” y “emocionante” debatir iniciativas ciudadanas en el legislativo.

Desde la bancada del PNV, Aitor Urrutia ha subrayado que no caben soluciones “fáciles” o “mágicas” para “problemas complejos”. Y ha explicado que no le parece “progresivo” ni socialmente equitativo que se abone una prestación “independientemente de sus otras fuentes de renta”. “El actual modelo vasco de renta de garantía de ingresos, que va a ser mejorado, es muy similar a las coberturas que se producen en sistemas de otros países europeos”, ha apostillado la socialista Gloria Sánchez. Laura Garrido ha intervenido mirando a los palcos donde se hallaban los promotores de la ILP. “La prestación no puede ser un fin en sí mismo. No es el modelo económico que defiende el PP. La mejor política social es el empleo”, ha argumentando obviando que, además de a los 'populares', representa igualmente a Ciudadanos. Vox ha despachado el tema asegurando que es “una vía de entrada del comunismo en el sistema capitalista”. “Con esto queda todo dicho”, ha remachado Amaia Martínez Grisaleña.

En Euskadi existe la RGI desde 2008, que es el salario social de las personas sin ingresos o con pensiones y nóminas bajas. En 2011 sus cuantías se vieron rebajadas en un 7% y se elevó a tres años de empadronamiento la estancia mínima para solicitarla, con alguna excepción. La edad mínima es de 23 años. Cuando el SMI empezó a subir de manera importante, esta prestación se desindexó para dejarla al albur de los presupuestos que plantee cada año el Gobierno de turno. Así, la cuantía básica actual para una persona es de 727,40 euros cuando en aplicación de la literalidad de la ley de 2088 serían 975,33. En 2022 se ha subido la PCV que la complementa para los gastos de vivienda de 250 a 275 euros, si bien en 2008 la cuantía máxima era de 320 euros. A la RGI se le añade ahora el IMV, que ya es gestionado por la comunidad autónoma. Generalmente tiene umbrales más bajos que la RGI, aunque permite pedirla con un año de residencia y es más ventajosa para las familias más numerosas. La RBI plantea un modelo individual -no familiar- a partir de tres meses de arraigo en Euskadi. La cuantía estándar se preveía para todos los mayores de 18 años y menores emancipados y había previsión de pagas menores para los adolescentes y niños.