Un pleno dividido del Constitucional ha desembocado en una sentencia que rectifica la doctrina que el propio tribunal estableció durante la pandemia: el estado de alarma es suficiente para imponer medidas como un confinamiento que, dice ahora el Constitucional, no suponen la suspensión de un derecho sino su limitación. La mayoría progresista del pleno ha sacado adelante una resolución que, tras analizar una ley sanitaria gallega de 2021, anuncia que rectifica su propio criterio y establece que medidas como el confinamiento son viables a través del estado de alarma sin que sea necesario acudir al estado de excepción o de sitio.

Las sentencias del estado de alarma de 2021 fueron el mayor y casi el único varapalo judicial a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Un pleno extremadamente dividido estimó los recursos de Vox y declaró que las medidas que tomó el ejecutivo para hacer frente a la pandemia eran necesarias, pero que el estado de alarma no era suficiente para ponerlas en marcha. Entendió entonces el Constitucional, con numerosos votos en contra, que medidas como el confinamiento habían suspendido los derechos fundamentales de la población y que para eso hubiera sido necesario activar el estado de excepción o de sitio.

El debate se ha reavivado cuando este martes el pleno ha analizado otro recurso de Vox pero contra una ley sanitaria que la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo implantó en 2021 para tomar medidas si había que enfrentarse a una nueva emergencia sanitaria. El pleno, explican fuentes del organismo a elDiario.es, ha estado unido al entender que esa norma gallega es inconstitucional porque entraba en un terreno reservado para las leyes orgánicas, pero se ha dividido profundamente al incluir un párrafo que cambia la doctrina constitucional sobre estos asuntos.

Un comunicado del tribunal explica que ha tomado esta decisión “rectificando su doctrina anterior” establecida en 2021 cuando anuló el estado de alarma. Dice ahora el tribunal de garantías: “El propio decreto de estado de alarma puede establecer limitaciones de alta intensidad en los derechos fundamentales siempre y cuando se ajuste a los requisitos constitucionales necesarios y, en particular, siempre que respete el principio de proporcionalidad”.

Distintas fuentes del tribunal explican a este periódico que esta resolución no afecta a la decisión que tomaron en 2021 sobre el estado de alarma, pero sí genera nuevas reglas de cara al futuro. El Constitucional entiende ahora que confinar a la población en sus casas como se hizo en 2020 durante las primeras olas de coronavirus no suspendió tal cual un derecho fundamental de la población. Y que, por tanto, el estado de alarma sí es suficiente para poner en marcha este tipo de medidas al ser proporcional. Estas mismas fuentes explican que una medida más restrictiva sí podría considerarse como una suspensión de los derechos fundamentales y requerir, por tanto, de un estado de excepción.

El sector mayoritario entiende que desde 2020 hasta la actualidad se ha producido una evolución, no solo de la realidad sanitaria sino de la jurisprudencia y el criterio del Constitucional, en sentencias que por ejemplo han avalado la vacunación obligatoria de niños o han analizado la capacidad para convocar manifestaciones durante la pandemia.

Las deliberaciones del estado de alarma de 2021 divieron profundamente a un tribunal que entonces tenía mayoría conservadora y han vuelto a hacerlo tres años más tarde. Los cinco magistrados del sector conservador han votado en contra de esta parte de la sentencia y han anunciado cinco votos particulares.

El sector conservador, en contra

Los magistrados conservadores han manifestado su posición contraria a la nueva doctrina y han anunciado un total de cinco votos particulares, cuyo contenido se conocerá en los próximos días. Fuentes de este sector explican a elDiario.es que consideran que esta nueva doctrina da carta blanca al Gobierno para imponer restricciones sin someterse al control que implica el estado de excepción, recurriendo al de alarma si lo ven necesario. También entienden que en tres años no se ha producido esa evolución de la doctrina que ha expuesto el sector progresista para sacar adelante su sentencia en sentido radicalmente opuesto al que expusieron en 2021.

El debate sobre el asunto ha llegado a la mesa del TC por iniciativa de Vox, y el recurso que esta formación presentó contra una ley autonómica (Ley de Salud de Galicia) que Feijóo aprobó en solitario y por la que se reservaba la potestad de restringir derechos como la libertad de circulación o el derecho de reunión. En aquellas fechas de zozobra por el COVID, la administración gallega regulaba el número de personas que se podían reunir a la vez en un domicilio o las horas a las que estaba permitido circular libremente por las calles.

La doctrina que en su momento defendió el TC sirvió para que otro recurso, presentado por el Gobierno contra la norma de Feijóo, cayese en saco roto y las decisiones del actual líder del PP fuesen declaradas dentro de los límites de la Constitución. La nueva interpretación dice lo contrario de lo que dijo entonces y asegura que las limitaciones que en su día aplicó el dirigente del PP sólo se pueden adoptar “a través de una ley orgánica, pues constituyen un desarrollo directo de dichos derechos fundamentales”.

Hoy se cumplen cinco años del primer decreto de estado de alarma que nos confinó a todos en nuestras casas durante tres meses para frenar el avance de la pandemia de Covid-19. El impacto tan enorme de esta medida nos lanzó de forma súbita a una experiencia colectiva que iba más allá del miedo a la muerte. Por unas semanas, parecía que como sociedad estábamos decididos a cuidar los servicios públicos de salud y protección a los más débiles, a repensar el modelo productivo, a cuidar el medio ambiente. Sin embargo, desde la pandemia están pasando cosas.  

“Desde la pandemia” es una expresión que solemos utilizar cuando analizamos algunas de las grandes malas noticias que ahora protagonizan el mundo. Hablamos con Luis Miller, doctor en Sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC sobre qué ha cambiado en nuestra sociedad desde aquel mes de marzo de 2020.  

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El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a miles de reclamaciones de hoteles y restaurantes que pedían millones de euros en indemnizaciones al Estado por las consecuencias económicas que tuvieron para sus negocios los estados de alarma y los cierres ordenados durante la pandemia para frenar el avance del coronavirus. Los jueces, en el primer caso que ha llegado a sus manos, han desestimado la petición de un hotel de lujo de Granada de ser indemnizado con más de 417.000 euros. Explican que las medidas puestas en marcha por el Gobierno fueron “necesarias, adecuadas y proporcionales” y que no han generado ningún derecho de indemnización. En el caso de la hostelería, recuerda el Supremo, existieron además ayudas públicas de miles de millones de euros para paliar esos efectos. 

La sala de lo contencioso celebró las primeras vistas sobre este tipo de reclamaciones hace un mes. Las primeras peticiones de empresas de hoteles y restaurantes, sobre todo, de las casi 1.000 que ya se han presentado ante el Supremo y los millares que todavía están en tramitación en el Gobierno. En este caso la empresa que gestiona un hotel de cinco estrellas situado frente a la Alhambra de Granada pedía 417.316,70 euros de indemnización.

Este hotel alegaba, entre otras cosas, que la pandemia no fue “un suceso imprevisto” y no tuvo “efectos inevitables”. La responsabilidad de sus pérdidas económicas y de negocio, añadía el hotel, no podía ser adjudicada a la pandemia sino “a la medida de cierre de establecimientos decretada que en sí misma”. Todas las reclamaciones presentadas denuncian las penurias económicas que provocó en sus negocios la pandemia y las restricciones impuestas con un estado de alarma que, a la postre, ha sido declarado irregular por el Tribunal Constitucional. Entre otros, además de este procedente de Andalucía, el Supremo estudiaba recursos de un grupo con restaurantes en Madrid, Barcelona, Zaragoza, València y Málaga.

El Supremo expone argumentos aplicables en general a cualquier reclamación al margen del caso concreto de este hotel. Explica que, aunque el Tribunal Constitucional anulase los dos estados de alarma, sus medidas eran “necesarias, idóneas y proporcionales a la situación” y que, si no había más motivos, no daban derecho a una indemnización. “De la declaración de inconstitucionalidad parcial no nace en el presente caso un derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial”, afirma la sentencia que ha tenido como ponente a Carlos Lesmes.

Las medidas que tomó el Gobierno, añade, “fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente”. Los cierres y las restricciones, reconoce el Supremo, no eran algo predeterminado pero eso “no es exigible cuando se trata del Derecho de Excepción” ya que “es imposible fijar previamente la ruta de una situación extraordinaria y anómala” como una pandemia de un virus hasta entonces desconocido. En ese caso, además, no se contaba “desde el punto de vista científico con el componente de certeza de un modo indubitado”.

Más de 51.000 millones en ayudas al sector

El coronavirus, recuerda el Supremo, puso en peligro la salud de la población y el colapso de los hospitales de todo el país y mantener la salud de la población daba cobertura a este tipo de restricciones. La vía para resarcir las consecuencias, en todo caso, serían las ayudas públicas, y el Supremo recuerda a esta empresa del sector de la hostelería que esas ayudas existieron y fueron cuantiosas: “Se concedieron ampliamente”. En diciembre de 2020, por ejemplo, el Gobierno afirmó que para entonces ya se habían destinado más de 51.500 millones de euros al sector turístico, la hostelería y el comercio minorista.

“Las restricciones y limitaciones adoptadas tuvieron que ser soportadas por la sociedad en su conjunto”, afirma el Supremo en línea con lo defendido en este pleito por la Abogacía del Estado. Su principal argumento: hace una década los tribunales rechazaron indemnizaciones derivadas del caos por la huelga de controladores aéreos de 2010: “La decisión administrativa del cierre del espacio aéreo se produjo precisamente en garantía de la vida y la integridad de aquellos propios terceros que ahora demandan su responsabilidad”, dijo por ejemplo la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el Partido Popular presentó contra la norma que el Gobierno aprobó durante lo peor de la pandemia para suspender los desahucios de la gente más vulnerable mientras estuviera en vigor el estado de alarma, aunque estuvieran incursos en un proceso penal por ocupación irregular. La mayoría del pleno, con dos votos conservadores en contra, entiende que la medida del ejecutivo central no vulneraba el derecho a la propiedad de los que instaban los desahucios y destaca que solo retrasaba los lanzamientos por “un breve lapso temporal” frente a las alegaciones del PP, que llegó a sostener en público que este real decreto-ley amparaba la ocupación ilegal de viviendas.

La medida fue anunciada por el ejecutivo a finales de 2020, durante el primer año de la pandemia de COVID-19. Un real decreto-ley que fue modificado en marzo de 2021 y que, en la práctica, impedía ejecutar un desahucio o lanzamiento en casos de personas vulnerables sin algún tipo de alternativa habitacional. “El juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma”, decía esta norma sobre los casos que procedían de procesos penales.

El PP cuestionó ante el Constitucional varios puntos de esta norma, alegando que vulneraba el derecho de propiedad de los dueños de las viviendas que habían instado el desahucio, así como su derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta que la medida podía afectar a procesos de lanzamiento y desahucio instados por un juzgado a raíz, por ejemplo, de un proceso penal.

La mayoría del pleno del Constitucional, tal y como ha adelantado El Español y ha confirmado el tribunal de garantías, ha rechazado el recurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Esta medida, dicen los magistrados, no regula el derecho a la propiedad, tuvo un alcance limitado y, respondiendo a una “finalidad de interés social”, incidió de forma “mínima y temporal” sobre los propietarios que, además, “podrá ser objeto de compensación económica” según destaca el propio tribunal.

Esta norma de 2020 y su ampliación de 2021 tampoco vulnera la tutela judicial efectiva de los propietarios como afirmaba el PP en su recurso, sobre el obstáculo a la ejecución de sentencias en casos penales de ocupación ilegal de viviendas. “La ejecutividad de las sentencias no es cuestionada por la norma impugnada, solamente se dilata por un breve lapso temporal, y ello de conformidad con la decisión adoptada por el órgano judicial, una vez ponderadas las circunstancias concurrentes en cada caso”, dice el Constitucional. Este real decreto-ley, concluye, no altera “los elementos estructurales o esenciales del proceso judicial”.

Esta sentencia cuenta con dos votos contrarios: los de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Sí entienden que esta norma cruza las líneas rojas establecidas para un real decreto-ley al afectar “de modo intenso” al derecho de los propietarios a disponer de las viviendas ocupadas de forma supuestamente irregular: “Se obliga al propietario a soportar y tolerar el uso sin título de su vivienda por quienes están incursos en un proceso penal y ocupan una vivienda sin título habilitante para ello”, critican.

Pedro González-Trevijano llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional con el horizonte de que su mandato sería solo de seis meses y el objetivo de que los dedicaría a pacificar el tribunal. Un año después ha rebasado ese horizonte e incumplido su objetivo. El legado de este jurista está muy alejado del que él prometió dejar. Cuando acumula seis meses de presidencia caducada ha llevado al Constitucional a sus niveles más bajos de prestigio, en medio de un enfrentamiento abierto con el Gobierno y las dos cámaras legislativas.

Con su decisión de convocar el pleno de urgencia, de no apartarse de la deliberación aunque le afectaba directamente y de votar a favor de paralizar una reforma legislativa, el que fuera rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha unido su nombre al de la mayor crisis institucional generada por ese tribunal en democracia.

González-Trevijano tomó posesión como presidente el 20 de noviembre de 2021, después de llevar en el Constitucional desde 2013. Con un mandato inicial de poco más de seis meses por delante –caducaba el pasado 12 de junio–, se esforzó por transmitir a los periodistas que acudieron al acto que sus intenciones eran calmar las aguas dentro del tribunal. No era un objetivo fácil.

El tribunal de garantías había vivido unos meses convulsos. Las resoluciones sobre el estado de alarma que el Gobierno decretó para frenar la expansión del coronavirus habían fracturado el tribunal hasta el punto de que sus magistrados atravesaban un enfrentamiento público. Por un lado estaban quienes imponían su mayoría para censurar al Gobierno; por el otro, quienes emitían votos particulares para mostrar su disconformidad y criticar a su compañeros.

De aquella época son frases como la de la magistrada María Luisa Balaguer, que dijo que algunos de sus compañeros sostenían “posiciones extrajurídicas poco recomendables”. El también magistrado Cándido Conde-Pumpido dijo de quienes habían decretado la inconstitucionalidad del estado de alarma que lo habían hecho con una argumentación “más propia de un lego que del máximo intérprete de la Constitución”. Tuvo que pedir perdón por esas palabras.

En un ambiente de polarización extrema, González-Trevijano asumió la presidencia tras la última renovación de cuatro magistrados del tribunal, hace ahora un año. Trasladó su intención de encabezar una etapa de consenso, que pretendía reunir a sus compañeros en torno a la cultura del acuerdo y el pacto que requiere un órgano cuyas resoluciones se imponen sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Eso sí, su actuación no había ido dirigida a ese fin en su etapa como magistrado. El ejemplo más reciente era que había elaborado una de las ponencias contra el Gobierno, en la que había incluido unos párrafos más comprensivos con el estado de alarma, que llegaba a definir como una medida “adecuada y necesaria”, para buscar el consenso con los magistrados que no veían por qué había que censurarla. Antes de presentar el texto final a sus compañeros, borró esas frases.

En aquella y otras polémicas, González-Trevijano –que se autodefine como un liberal en el sentido estricto del término, no un neoliberal– ha defendido siempre su perfil institucional, que asegura que es el que aplica en cada decisión que toma. Sus detractores ven la otra cara de ese perfil, que afirman que esconde falta de valentía y determinación. Le acusan, por ejemplo, de plegarse al resto de magistrados conservadores en la ponencia sobre el estado de alarma al eliminar las frases que mostraban comprensión con la medida.

La decisión que el Constitucional tomó el lunes ha creado una fractura total en el tribunal, justo lo que González-Trevijano dijo querer evitar. La diferencia es que aquí carga con más responsabilidad que en cualquiera de las otras ocasiones. Ahora es el presidente: él fijó un pleno para interrumpir la reforma a petición de Enrique Arnaldo, él decidió no abstenerse, votó en contra de que se le pudiera recusar y su voto fue decisivo para que el bloque conservador se impusiera a los progresistas.

De la URJC al Constitucional

González-Trevijano era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy les nombró a él y al juez Enrique López como magistrados del Constitucional. González-Trevijano ha cumplido ya su mandato de nueve años; López solo duró uno, porque le detuvo la Policía Municipal de Madrid después de saltarse un semáforo con su moto. Luego comprobaron que conducía borracho. Tuvo que dimitir y ahora se desempeña como consejero de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso.

Antes de ser elegido por un gobierno del PP, González-Trevijano ya se había mostrado cercano a ese partido. A lo largo de sus años como gestor, los campus de la URJC acogieron entre su personal a varios familiares de políticos del PP. Entre ellos se incorporaron parientes de los exministros, Alberto Ruiz Gallardón y Jaime Mayor Oreja, del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes. Durante su rectorado, además, se produjo el escándalo de los másteres falsos que publicó elDiario.es años después y obligó a dimitir a Cifuentes.

Docentes de esa universidad consultados por este medio —y que prefieren preservar su anonimato— exponen que en la URJC “ha habido mucha familia pero no solo del PP, también de otros partidos”. “Se ha contratado a gente del PSOE para lograr mayor equilibrio y tener mayores apoyos”, añaden. El mandato de González-Trevijano se extendió más de una década, estuvo al frente del rectorado entre 2002 y 2013. Un periodo en el que apostó por “una integración de sectores dentro de la Universidad”, según los profesores entrevistados.

El camino a la presidencia

Los detractores de González-Trevijano ya advertían hace más de un año, tras la polémica sobre el estado de alarma, de que su poder dentro del tribunal estaba creciendo poco a poco, y que en los últimos tiempos se había convertido en el “principal representante de las ideas más conservadoras”. Además, le situaban ya en la carrera para presidir el tribunal.

Sus expectativas para optar a este cargo habían empezado mucho antes, pero se vieron enturbiadas durante los meses en los que el caso Máster estuvo judicializado, ya que a lo largo de su mandato como rector (2002-2013) el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) impartió programas de posgrados a Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, entre otros, que aprobaron sin ir a clase, estudiar o entregar trabajos.

Aunque estalló años después de que abandonase su puesto al frente del rectorado de la URJC, el Caso Máster fue el episodio más controvertido que se produjo durante su mandato universitario. El magistrado del Constitucional llegó a pertenecer al comité asesor del IDP, clausurado después de que elDiario.es destapase las irregularidades académicas que se produjeron en su seno. Entre ellas, la modificación de calificaciones de Cifuentes para concederle un máster en derecho autonómico.

Por aquel entonces fuentes del tribunal consideraron que el escándalo académico “le complicaba” sus opciones. Sin embargo, tras el archivo de gran parte de la causa, González-Trevijano recuperó sus aspiraciones de llegar a la cúspide del tribunal.

En ese camino que inició para asumir la máxima responsabilidad en el Constitucional, el exrector de la URJC también jugó en público con una carta de distensión con el Gobierno, una “supuesta interlocución” con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con la que “entabló cierta complicidad” durante las consultas informales previas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, añaden fuentes jurídicas.

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha firmado tres resoluciones por las que se inicia el proceso de devolución de las multas cobradas por el primer estado de alarma, 786 denuncias cuyo importe asciende a un total de 268.388,45 euros. Además, se archivan todas las denuncias y expedientes derivados de aquella situación. 

El abono se realizará por transferencia bancaria en la cuenta aportada por cada particular. Tras un análisis pormenorizado de cada expediente, el Gobierno de Navarra ha enviado una carta a las 786 personas a las que corresponde la devolución solicitando un número de cuenta en el que realizar el ingreso.

Las tres resoluciones entrarán en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra, momento en el que se podrán efectuar las devoluciones, previsiblemente, antes de la finalización del mes de junio. La primera de estas revoca las sanciones impuestas con la consecuente devolución de la cantidad abonada en concepto de multa.

En cuanto a la segunda resolución, archiva los expedientes sancionadores incoados que no llegaron a finalizarse con sanción. Finalmente, la tercera resolución revoca las sanciones que no se abonaron en el periodo voluntario y fueron traspasadas a la Hacienda Foral de Navarra para la exacción de la deuda por vía de apremio, cesando esta actividad.

Las tres resoluciones alcanzan el 100% de los expedientes tramitados por la Dirección General de Interior en base a denuncias realizadas entre el 15 de marzo de 2020 y el 21 de junio de ese mismo año por la Policía Foral.

En cuanto a las sanciones del segundo estado de alarma, afectadas por la segunda de las sentencias del Tribunal Constitucional, se está trabajando para proceder en el mismo sentido para su revocación, archivo y, en su caso, devolución. Cabe recordar que esta sentencia no afecta a aquellas sanciones interpuestas por incumplimiento de las órdenes forales de Salud, como las relacionadas con el no uso de la mascarilla o el incumplimiento de aforos u horarios por parte de los establecimientos, entre otras.

La inconstitucionalidad del primer estado de alarma, decretada por el Tribunal Constitucional tras un recurso de Vox, sigue coleando en los tribunales dos años después. El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez esta nulidad en un caso penal y ha absuelto de un delito de desobediencia a un vecino de Gandía que en abril de 2020 se negó a entrar en su casa, tal y como le exigían unos policías. Los jueces de la sala de lo penal, en el primer caso que estudian, entienden que la orden de los policías estaba amparada por el estado de alarma y que, por tanto, “resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico”. Había sido condenado a pagar una multa de 1.200 euros por un delito de desobediencia grave que previamente habían avalado tanto un juzgado de Gandía como la Audiencia Provincial de Valencia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que los hechos tuvieron lugar el miércoles 1 de abril de 2020 pasados unos pocos minutos de las siete de la tarde en el distrito de Beniopa, en la localidad valenciana de Gandía. Los policías exigieron a un vecino que entrara en su casa por la vigencia del estado de alarma, e incluso ya le habían impuesto una sanción administrativa. Dos horas después le encontraron en el mismo sitio fumando un cigarro y otra vez se negó a entrar en casa: “Tengo derecho a fumarme un cigarro en la calle, cuando acabe me marcho”. Fue finalmente detenido por un delito de desobediencia.

En ese momento estaba vigente el primer estado de alarma, puesto en marcha dos semanas antes por el ejecutivo central para hacer frente a la primera ola de la pandemia de COVID-19, y además las autoridades habían paralizado toda la actividad no esencial en España. En ese momento la ley impedía a la población salir de sus casas salvo para actividades muy concretas como comprar alimentos, ir a la farmacia o al médico, ir al trabajo o ir a cuidar de personas dependientes.

La primera condena para este vecino de Gandía, defendido en el pleito por el despacho Zapata Boluda, llegó en octubre de 2020: una multa de 1.200 euros por un delito de desobediencia grave. La confirmación de la Audiencia Provincial de Valencia fue dictada en enero de 2021 y el caso puso rumbo a la sala segunda del Tribunal Supremo. Por el camino, cuando toda la documentación y los recursos ya estaban presentados, el Tribunal Constitucional dictó su propia sentencia sobre el andamiaje normativo de la condena: en julio de 2021 estimó un recurso del partido ultraderechista Vox y declaró la inconstitucionalidad de los puntos esenciales del estado de alarma.

Esa declaración de inconstitucionalidad, y la que también afectó al segundo estado de alarma, han tenido un efecto dominó en diversos ámbitos judiciales: en la anulación de sanciones administrativas impuestas a personas que incumplieron alguna de las medidas y también se ha traducido en la anulación de medidas impuestas por las autoridades sanitarias regionales para hacer frente a las distintas olas de coronavirus apoyándose en el estado de alarma. Ahora, según ha sabido elDiario.es, también sirve para anular condenas impuestas por la vía penal a quien desobedeció a la Policía y se negó a cumplir con las órdenes de los agentes.

El argumento no había sido puesto encima de la mesa por el recurso del condenado ni por la impugnación de la Fiscalía, pero han sido los jueces de la sala segunda los que han decidido aplicar de oficio la inconstitucionalidad del estado de alarma. Para los magistrados resulta “ineludible” tenerlo en cuenta y establecen que la orden que recibió este vecino de Gandía “no tenía otro soporte normativo distinto” de un estado de alarma que ha sido declarado “expresamente inconstitucional”. La orden de los policías de entrar en casa por obligación, dicen los jueces, “resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico, en tanto vulneraba los referidos derechos fundamentales”, lo que según el Supremo convierte la orden en algo “antijurídico”.

El resultado en este caso es que los jueces absuelven al vecino de Gandía acusado de desobedecer a los policías por querer fumarse un cigarro en la calle, por lo que retiran la multa y la mancha en sus antecedentes penales de un delito de desobediencia grave. Los hechos probados no se modifican, pero el Tribunal Supremo sí añade un párrafo al relato de lo que sucedió esa tarde: que el artículo 7.1 del Real Decreto del primer estado de alarma ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Anulación de multas y condenas

Fuentes del Tribunal Supremo explican a elDiario.es que este es el primer caso de estas características que estudian: una condena basada en el estado de alarma. El caso no hubiera acabado igual, por ejemplo, si además de ser condenado por desobediencia hubiera sido condenado también por agredir a los agentes o cualquier otro tipo de delito, que hubiera sido punible con o sin estado de alarma en vigor. Es una sentencia que, con el magistrado Leopoldo Puente como ponente, sí abre el camino a que tribunales y juzgados territoriales apliquen este mismo criterio en casos similares y absuelvan a personas acusadas o condenadas por desobediencia en este tipo de situaciones.

Se trata de una consecuencia más derivada de la declaración de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma decretados por el Tribunal Constitucional a lo largo de 2021. Los magistrados estimaron en ambos casos los recursos planteados por Vox y anularon los puntos fundamentales de ambas normas. En el caso del primer estado de alarma, la mayoría del pleno del Constitucional entendió que se produjo una suspensión de los derechos de los españoles y que, para eso, el Gobierno tendría que haber activado el estado de excepción. En el segundo caso, la mayor censura fue para la decisión del ejecutivo central de delegar gran cantidad de competencias sanitarias en las comunidades autónomas.

Esta es la primera sentencia del Tribunal Supremo por la vía penal en aplicación de esta inconstitucionalidad, pero otras salas ya han hecho lo mismo en los últimos meses. La sala de lo contencioso-administrativo, por ejemplo, ya ha anulado diversas medidas puestas en marcha por la Generalitat Valenciana o el Govern de Baleares basadas en el segundo estado de alarma. Sin embargo, tal y como explicó este periódico, los jueces sí han avalado restricciones impuestas en la ciudad de València al amparo de las leyes sanitarias de 1986 y no de los distintos estados de alarma.

El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en una declaración institucional para confirmar que el Consejo de Ministros había aprobado el real decreto por el que España entraba en estado de alarma. Los contagios por coronavirus habían aumentado exponencialmente la última semana y sus efectos se notaban en los hospitales de todo el país, que ya se encontraban en situación de colapso –especialmente en Madrid, que acumulaba la mitad de los casos–. Los fallecidos se contaban ya por decenas. Desde la entrada en vigor dos días después de la medida histórica que confinaría en sus casas a todo el país hasta que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó un contrato a dedo por 1,5 millones de euros en mascarillas a la empresa Priviet Sportive –desvelado por elDiario.es– del que se benefició el hermano de la presidenta regional, pasaron solamente 14 días. Ocho si se tiene en cuenta la primera fecha que figura en el contrato y que fue rectificada mes y medio después por el Gobierno regional.

Es el tiempo que Tomás Díaz Ayuso tardó en hacer negocios a través de la empresa de un amigo con la administración que preside su hermana. Un trabajo por el que en apenas dos semanas se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que ha reconocido públicamente Ayuso. La dirección del PP elevó esa cantidad a 283.000 euros.

El Gobierno regional ha confirmado que el hermano de la presidenta recibió pagos en el total del año por 283.000 euros pero asegura que las otras tres facturas no tienen relación con el contrato adjudicado por la Comunidad a la firma del amigo de los Ayuso y que obedecen a trabajos que el hermano de la presidenta ha realizado para la empresa. Nadie ha explicado qué tipo de trabajos ni ha enseñado las facturas de momento para justificar unos cobros que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción.

En ninguno de la treintena de documentos que ha facilitado el Gobierno regional a la prensa para tratar de demostrar la “legalidad” de la adjudicación aparece referencia, ni implícita ni explícita, a Tomás Díaz Ayuso en el contrato. Según explicó la presidenta en un comunicado cuando estalló el escándalo y su propio partido deslizaba contra ella acusaciones de tráfico de influencias, el trabajo del hermano de Ayuso –por el que habría obtenido al menos 55.850 euros más IVA– consistió en realizar las gestiones para conseguir el material en China. “La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”, dijo en un comunicado público la Administración regional.

La declaración del estado de alarma había permitido al Gobierno madrileño adjudicar a dedo –sin publicidad ni concurso público– el contrato de 1,5 millones de euros en lo peor de la pandemia. La legislación ordinaria solo autoriza acudir a este tipo de procedimientos sin concurrencia pública para servicios de un máximo de 18.000 euros: los conocidos como contratos menores. Pero la situación de emergencia provocada por la pandemia que vivía el país permitió entonces a las administraciones saltarse los procedimientos para agilizar la llegada de un material que escaseaba en todo el mundo, sin necesidad de cumplir con la tramitación habitual. Fue en ese escenario en el que la empresa propiedad de Daniel Alcázar, un amigo de los Ayuso natural como ellos de Sotillo de la Adrada, sin experiencia previa en el sector sanitario, logró la adjudicación del Gobierno regional. Ese contrato fue también el que permitió cobrar al hermano de la presidenta.

Dos fechas

En la resolución que avala la compra de 250.000 mascarillas a Priviet Sportive por el método de emergencia en la primera ola de la pandemia y que está firmada por la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, figuran dos fechas: en el texto, se asegura que el acuerdo se cerró el 24 de marzo –cuatro días después de las declaraciones de Ayuso prometiendo traer material por su cuenta– pero en la firma, aparece el 1 de abril con un sello poco habitual en los contratos de la administración regional. El documento en cuestión está firmado a mano y carece del código seguro de verificación que permite comprobar su autenticidad, como desveló elDiario.es.

Un mes y medio más tarde, el 14 de mayo de 2020, la Consejería de Sanidad aprobó una resolución posterior con una fe de errores por esta discordancia en las fechas. “Donde dice: Con fecha 24 de marzo de 2020 [...] debe decir: con fecha 1 de abril de 2020”, recoge este otro documento oficial que también firma Ana Dávila-Ponce de León. Según la documentación facilitada por el Gobierno regional, el material llegó en dos lotes a Barajas. El primero, el 17 de abril; el segundo, el 29.

La presidenta madrileña sostiene a día de hoy que ni ella ni nadie de su Gobierno intervino para beneficiar a su hermano en la adjudicación e incluso que desconocía los negocios que por esos días Tomás Díaz Ayuso hizo con la administración que preside, de los que se enteró –dijo– en una reunión en el despacho de Pablo Casado un año y medio después. “De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”, dijo en su primera comparecencia pública después de que estallara el escándalo.

Según la versión de la presidenta madrileña, su hermano Tomás Díaz Ayuso le ocultó su relación laboral con Daniel Alcázar, amigo del pueblo y propietario de la empresa textil y ganadera que se llevó la adjudicación, a pesar de las dificultades que implicaba por aquel entonces conseguir material sanitario en lo que ella misma denominó un “mercado persa” y también pese a la estrecha relación que la dirigente regional mantiene con su hermano.

Alrededor de la fecha del acuerdo con Priviet Sportive SL que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso embolsarse decenas de miles de euros, la Comunidad de Madrid cerró más de una decena de contratos para comprar mascarillas, según los datos de su portal de contratación. El acuerdo con Daniel Alcázar, amigo de la familia Díaz Ayuso, se sitúa entre las más costosas de las grandes adquisiciones en esos días. Vendió cada mascarilla de su lote de 250.000 unidades a 5 euros más IVA, 6,05 euros. A pesar de que el contrato especificaba que el modelo adquirido era FFP2-FFP3, Madrid recibió KN95, un estándar más barato que el que figuraba en el contrato.

Ayuso declara el 20 de marzo que traerá material por su cuenta

Durante las dos semanas que transcurrieron desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta la adjudicación del mencionado contrato el 1 de abril, Ayuso presumió de implicarse personalmente en las gestiones para traer material y ese rastro ha quedado en la hemeroteca. Solo cuatro días después de decretarse la medida –el 20 de marzo–, Ayuso aseguró públicamente que buscaría por su cuenta material sanitario en China tras acusar al Gobierno de crear un “cuello de botella”. Aquellos días, el Gobierno regional también presumió en una nota de prensa de que Ayuso estaba gestionando “personalmente” los pedidos que llegaban del país asiático.

Salvo en el contrato que permitió cobrar a su hermano a través de un empresario amigo de la familia y del que, según repite la presidenta regional, no tenía noticia alguna.

El asunto que la oposición ha puesto en manos de Anticorrupción plantea todavía muchas preguntas. La fundamental: ¿cómo llegó la administración regional a contratar con esta empresa sin experiencia en el sector? Nadie responde sobre eso en el Gobierno de Ayuso.

La presidenta sostiene que nadie de su Gobierno decidió la contratación. Se refiere a sus consejeros, las personas de su confianza en el gabinete. Pero obvia que los altos cargos que firmaron la adjudicación fueron designados directamente por ella, como figura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Entre esos nombres hay uno clave en la adjudicación. El alto cargo que firmó buena parte de los documentos de aquel contrato y que conocía a Tomás Díaz Ayuso de años atrás: Manuel de la Puente Andrés. De la Puente Andrés, entonces director gerente del Proceso Integrado de Salud nombrado por Ayuso a su llegada a la presidencia, fue el encargado de firmar varios de los procedimientos de la adjudicación. Su relación con los Ayuso, según publicó El País y pudo confirmar elDiario.es, venía de muy atrás. También su entonces secretaria, Teresa Requejo, era una vieja conocida de la familia. Años antes había sido compañera de Tomás Díaz Ayuso en la empresa del padre, MC Infortécnica, la sociedad que dejó a deber 400.000 euros a Avalmadrid por un crédito que nunca devolvió. 

El contrato llegó al Consejo de Gobierno presidido por Ayuso el 20 de mayo de 2020, cuando se dio cuenta del mismo por parte del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Junto a esa adjudicación había otras resoluciones de emergencia realizadas para adquirir material sanitario. El secretario general del Consejo certificó que el Gobierno quedaba “enterado” de ello. El primer expediente de la lista era el de Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Ayuso y de Tomás Díaz Ayuso que ya había acordado su comisión.

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El Tribunal Supremo ha concluido que Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León, no era competente para fijar a las 20.00 horas el toque de queda a la población que reside en su comunidad autónoma en virtud del Real Decreto por el que se estableció el segundo estado de alarma.

En una sentencia de 28 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso que presentaron los servicios jurídicos del Estado contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, firmado por Alfonso Fernández Mañueco por el que se consideró como autoridad competente delegada para imponer toques de queda en Castilla y León.

Los hechos se remontan a enero de 2021, cuando Fernández Mañueco adoptó el acuerdo en el que se fijó a qué hora empezaba y terminaba la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en toda la comunidad. Dicho texto fue dictado en virtud de la habilitación conferida a los presidentes de comunidades por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el segundo estado de alarma para contener la propagación del coronavirus.

Los magistrados del Supremo han recordado que después de que se iniciara este procedimiento contencioso-administrativo --y antes de fijar esta sentencia-- el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este segundo estado de alarma y declaró nulos varios de sus apartados.

En este sentido, la Sala ha subrayado que al considerarse nula la atribución de competencias a Fernández Mañueco como autoridad delegada del Gobierno para aplicar las medidas previstas en el Real Decreto, se “determina la nulidad” del acuerdo impugnado. “Es que fue dictado en razón de una delegación juzgada inconstitucional”, ha explicado el Supremo.

En siete folios, el tribunal ha insistido en que aunque considerar a los presidentes autonómicos como autoridades delegadas del Gobierno en el contexto de un estado de alarma no sea en sí mismo contrario a la Constitución, los términos en los que se redactó el Real Decreto del segundo estado de alarma determinaron su inconstitucionalidad y nulidad.

Así las cosas, los magistrados han considerado que, por tanto, el acuerdo suscrito por Fernández Mañueco “deba ser considerado igualmente viciado”.

¿POR QUÉ A LAS 20H Y NO A LAS 22H?

La Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo el 16 de enero de 2021 contra dicho acuerdo y solicitó que suspendiera de forma cautelar la entrada en vigor de varios de sus apartados. En concreto, hacía referencia al ordinal primero en sus apartados 1 y 3, en los que se establecía que el toque de queda empezaba a las 20.00 horas y determinaba las excepciones.

La Abogacía sostuvo que esa modificación supuso un exceso sobre los límites de la delegación y que Fernández Mañueco tenía la condición de autoridad delegada solamente dentro del marco de la habilitación que se le había conferido, que no incluía el agravamiento de la restricción de la libertad de circulación, fijada para las 22.00 horas.

En aquel momento los servicios jurídicos de Castilla y León presentaron sus alegaciones y pidieron al Alto Tribunal que inadmitiera el recurso de la Abogacía del Estado por falta de legitimación activa para impugnar el acuerdo de Fernández Mañueco.

El Supremo desestimó el argumento de la Junta y aceptó la medida solicitada el Ejecutivo central. Además, abrió pieza separada para estudiar el fondo del asunto, que es sobre lo que resuelve ahora. En enero de este año, la Junta pidió al tribunal que desestimara el recurso por pérdida sobrevenida de objeto. La Abogacía, sin embargo, se opuso y reclamó al Supremo que siguiera adelante y dictara sentencia.

Los servicios jurídicos de Moncloa consideraron que el acuerdo de Fernández Mañueco no contenía una motivación jurídica más allá de la cita genérica de los artículos 9 y 10 del Real Decreto 926/2020 y de las facultades de flexibilizar, modular o suspender las limitaciones.

La Abogacía insistió en que no había una explicación de por qué se adelantó el toque de queda a las 20.00 horas cuando el Real Decreto lo fijó a las 22.00 horas. Castilla y León defendió “prolijamente” que el término “modular” comprendía la posibilidad de agravar las limitaciones.

El Gobierno vasco ha empezado a devolver este martes lo abonado por las 8.392 multas impuestas por la Ertzaintza y las Policías locales a raíz de incumplimientos relacionados con el primer y el segundo estado de alarma. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco En total, según los datos del Gobierno vasco, se cobraron 8.392 multas (5.417 en el primer estado de alarma y 2.975 en el segundo), con un importe total de 2.550.535 euros (1.652.366 en el primer estado de alarma y 898.169 en el segundo).

“El Gobierno vasco toma esta decisión para subsanar el agravio comparativo que ambas sentencias del TC habían generado con respecto a las personas que han abonado las multas nada más notificarse, por el procedimiento 'pronto pago', cumpliendo así con sus obligaciones ante la administración con la máxima diligencia”, señala el Ejecutivo en una nota publicada este martes.

Para tramitar la devolución, se ha de rellenar un formulario (se puede descargar en este enlace) y enviarlo después en formato digital a través de la página web del Gobierno vasco o entregarlo en las oficinas de atención ciudadana de Zuzenean. El Gobierno vasco responde a las dudas más frecuentes en torno a estas multas en el siguiente documento:

El Ayuntamiento de Bilbao ya ha devuelto el importe del 70,33% de las multas impuestas por incumplimientos de la normativa derivada del primer estado de alarma -entre mayo y junio de 2020- y también ha reintegrado casi el 27% de las sanciones interpuestas durante el segundo estado de alarma -de noviembre de 2020 a mayo de 2021-, tras la anulación de ambos periodos de excepcionalidad jurídica por parte del Tribunal Constitucional.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el consistorio bilbaíno ha facilitado la devolución de los importes de las multas a todas las personas sancionadas, y, de momento, se ha devuelto de momento la cuantía pertinente a todas aquellas personas que han facilitado sus datos para que se hiciera efectiva la devolución.

De esta forma, de las 583 multas pagadas durante el primer estado de alarma se han devuelto 410, lo que supone el 70,33%, a todas las personas que han facilitado el numero de cuenta para proceder al ingreso del reintegro.

Además, de las 1.240 multas pagadas durante el segundo estado de alarma se han devuelto 334, lo que representa el 26,94% de las sanciones impuestas.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que, a partir del 1 de febrero, se empezarán a devolver la multas que fueron impuestas durante los estados de alarma tras ser declarados nulos por el Tribunal Constitucional. En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Erkoreka ha aludido a las sanciones impuestas a las personas que habían incumplido las normas relacionadas con el Estado alarma como las restricciones y las limitaciones de movimiento.

“El hecho de que un Tribunal Constitucional diga que todas las multas impuestas en el fondo son ilegales o son ilegales como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma y que hay que devolverlas todo, significa para los agentes que venían trabajando con especial empeño en el cumplimiento de normas que garantizan la salud pública se hayan sentido desautorizadas”, ha añadido. Asimismo, ha indicado que mucha gente en la calle ha visto que la multa que le impusieron por “actuar con impunidad y por saltarse las normas sin ningún escrúpulo” ahora se la van a devolver, y eso estimula la actitud de desafío de la autoridad y de “desconocimiento de lo que es la autoridad”.

Erkoreka ha recordado que la vasca fue la primera Administración que, al tener conocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, vio claramente que, con aquellos contenidos jurídicos, era “obligado devolver las multas pagadas”. “Lo vimos con claridad porque había unos parámetros jurídicos inexorables”, ha manifestado. El consejero de Seguridad ha señalado que todo esto, en una administración, “no se improvisa de la noche a la mañana” y, tras hacer los contrastes y análisis jurídicos pertinentes y otras series cuestiones de organización, ya está “todo preparado”.

En este sentido, ha adelantado que, a partir del 1 de febrero, día que se publicará una orden dictada por él estableciendo los procedimientos y condiciones para hacer efectiva la devolución, pondrán en marcha todo el proceso y procedimiento para la devolución. Según ha explicado, se pondrán en contacto individualizadamente con todas las personas que hayan pagado una multa, siempre y cuando consten sus direcciones, y recibirán una notificación individualizada con instrucciones de lo que pueden hacer para que se les devuelva el dinero.

Erkoreka ha indicado que el procedimiento será sencillo, ya que en una página web habrá un formulario para rellenar y enviarlo online, aunque también se podrá presentar presencialmente en las oficinas de Zuzenean o en cualquier otra administración pública. El consejero de Seguridad ha señalado que son aproximadamente 8.400 multas impuestas por el Gobierno vasco o por las administraciones locales, salvo las de Bilbao, Vitoria y Barakaldo, que impusieron sus propias sanciones y van a establecer “sus propios mecanismos de devolución”.

Según ha indicado, de esas 8.400 cuyo expediente fue tramitado por el Gobierno vasco, 5.400 serían del primer periodo del estado de alarma y 3.000 del segundo. En total, sería una cantidad de 2,5 millones de euros aproximadamente —1,6 millones del primer estado de alarma y el resto del segundo—. “Cuanto más rápido se pueda gestionar todo esto mejor para todo el mundo”, ha agregado Erkoreka que ha recordado el “esfuerzo inútil” que supuso la puesta en marcha del mecanismo de activación de los procedimientos sancionadores porque, si habitualmente son 500 sanciones al año, había 5.000, para que después fueron anuladas. “Un esfuerzo ímprobo, una utilización de recursos importantísimo para hacer y deshacer una madeja que finalmente queda en nada, es que el Tribunal Constitucional, en esto, casi se puede decir que nos ha hecho un favor muy flaco, no solamente desde el punto de vista de la autoridad sino del esfuerzo que nos ha obligado a llevar a cabo”, ha agregado.

La Audiencia de Badajoz ha fallado a favor de una tienda de ropa que solicitó a su arrendador que la renta se redujese durante el cierre de los comercios no esenciales como consecuencia de la pandemia, con lo que el órgano provincial ha aplicado por primera vez la cláusula 'rebus sic stantibus' aplicable a este tipo de contratos durante el confinamiento.

La decisión forma parte de un complejo proceso judicial entre ambas compañías donde la arrendataria pedía la modificación de la renta a abonar del 14 de marzo al 21 de mayo de 2020.

Según la sentencia, al propietario del local, ubicado en Don Benito, lo arrendó a la firma de ropa en 2005, compañía ésta última que inició en enero de 2019 negociaciones de carácter reservado de preconcurso, y cuya administración fue intervenida en noviembre de ese año.

Por otra parte, la firma propuso en abril de 2020 a la compañía arrendadora la exoneración del pago de la renta del local mientras durase el cierre ordenado de los establecimientos no esenciales, propuesta que no fue aceptada.

La arrendataria defendía que debía tomarse en consideración todas las circunstancias derivadas de la pandemia como son el estado de alarma, el cierre obligado de las tiendas abiertas al público y otras restricciones, y añadía que tras la reanudación de la actividad la caída de la cifra de negocio superó el 50 por ciento, y en los 10 primeros meses de 2020 la facturación fue un 43 % menor respecto al mismo periodo de 2019.

La compañía propietaria admitió por su parte que existieron negociaciones sobre la renta, pero aclaraba que la arrendataria “venía incumpliendo sus obligaciones” de abono tiempo atrás antes de la crisis sanitaria.

La Audiencia considera que “con carácter general los contratos no se pueden modificar, ni siquiera cuando se altere el equilibrio inicialmente pactado, pero el Tribunal Supremo ha admitido la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus para aquellos supuestos excepcionales por irrupción sobrevenida de nuevas circunstancias”. El órgano judicial explica que esta cláusula se puede utilizar “según las cláusulas de cada negocio, pues es obvio que hay muchos contratos cuyas bases no se han alterado con motivo de la crisis”.

En este supuesto concreto, la Audiencia pacense entiende que “el cierre forzoso operado entre el 14 de marzo y el 21 de mayo de 2020 constituye un episodio que se enmarca en el ámbito de la cláusula rebus”, ya que la entidad arrendataria “se vio pronto impedida para ejercer su actividad comercial en el local”. Por tanto, en este periodo la renta “quedó reducida a la mitad”.

En cuanto a la mora en que se encontraba la entidad arrendataria al tiempo del cierre, indica que “no puede ser impedimento para aplicar la cláusula rebus”. 

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique lo dicho por el Tribunal Constitucional y anule varias restricciones impuestas por un gobierno autonómico bajo el paraguas del segundo estado de alarma, anulado por el Tribunal Constitucional. En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público pide anular dos medidas decretadas por la Generalitat Valenciana en enero de este año: limitar las reuniones entre no convivientes e imponer un toque de queda nocturno. 

El caso fue llevado ante el Tribunal Supremo por el abogado valenciano Curro Nicolau una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a Vox y declaró nulos los aspectos clave del segundo estado de alarma. Un Tribunal Constitucional dividido decidió dar la razón a Vox con 6 votos a favor y 4 en contra y estimó el recurso de Vox en un fallo que declaró inconstitucional tanto la prórroga de seis meses como la delegación de determinadas competencias en manos de las comunidades autónomas.

El letrado llevó ante la sala tercera del Supremo el Decreto 2/2021 de enero de la Generalitat Valenciana en la que el ejecutivo regional de Ximo Puig establecía diversas restricciones a través del entonces vigente estado de alarma: limitaciones a las reuniones entre dos personas no convivientes, toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas y cierres perimetrales selectivos en los municipios más afectados durante los fines de semana, entre otras cosas. Ahora la Fiscalía, por primera vez en una gran cantidad de recursos interpuestos por este letrado, le ha dado la razón parcialmente.

El fiscal Ricardo González Cerrón ha pedido a la sala tercera que estime parcialmente el recurso y que declare la nulidad de estas dos primeras medidas, que ya no están vigentes, al entender que se ven directamente afectadas por lo que dijo el Tribunal Constitucional el pasado mes de octubre. Dice la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico: “Procede declarar tal nulidad del citado Decreto, si bien limitando dicha declaración de nulidad a aquel contenido que tenga su base en preceptos” del segundo estado de alarma ahora anulado.

El Constitucional dijo en su sentencia sobre el segundo estado de alarma que las medidas impuestas al amparo del segundo estado de alarma no suspendieron los derechos fundamentales de los españoles - como sí entendieron en el caso del primer estado de alarma - pero que el Estado delegó en las comunidades autónomas privando al Congreso de la capacidad de control sobre las medidas que se ponían en marcha en los distintos territorios. Las medidas, dijo el Constitucional, fueron “necesarias, proporcionadas y adecuadas” pero el Congreso “se desapoderó de su potestad, ni suprimible ni renunciable, para fiscalizar la actuación de las autoridades gubernativas durante la prórroga”.

El decreto del ejecutivo valenciano en su preámbulo especificaba que la norma se ponía en marcha a través de los mecanismos del Real Decreto de estado de alarma de 25 de octubre, y eso según la Fiscalía lleva a su nulidad en los aspectos afectados por la sentencia del Constitucional. Uno de los artículos anulado era el que facultaba a las comunidades autónomas a fijar el horario del toque de queda y el otro permitía reducir el número de no convivientes que podían reunirse a menos de seis personas.

Ahora la decisión está en manos de la sala tercera del Tribunal Supremo, que por primera vez cuenta con el aval de la Fiscalía para echar para atrás una restricción impuesta durante un estado de alarma, aunque en este caso sean medidas que ya no están en vigor. Una hipotética estimación por parte del Tribunal Supremo no implicaría una anulación efectiva de todas y cada una de las medidas tomadas por las comunidades autónomas que se vean afectadas por la sentencia del Constitucional. Dijo el pleno en esa sentencia: “Esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad no afecta por sí sola, de manera directa, a los actos y disposiciones dictados sobre la base de tales reglas durante su vigencia. Ello sin perjuicio de que tal afectación pudiera, llegado el caso, ser apreciada por los órganos judiciales que estuvieran conociendo o llegaran aún a conocer de pretensiones al respecto”.

Las empresas no pueden quitar el ticket restaurante a sus trabajadores aunque haya un estado de alarma y muchos de ellos estén teletrabajando por causas de fuerza mayor. El Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia firme sobre este asunto anulando en firme la medida de la consultora tecnológica Capgemini de retirar el ticket restaurante a miles de trabajadores durante el primer mes y medio de pandemia. Los jueces del pleno de lo social confirman lo que dijo en primera instancia la Audiencia Nacional y recuerda que estos ticket restaurante formaban parte de su estructura salarial y esta condición no puede ser modificada de forma unilateral por la empresa.

La sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, estudia el caso de la consulta tecnológica Capgemini que eliminó los ticket restaurante de sus trabajadores desde el 14 de marzo en que arrancó el estado de alarma hasta el último día de abril de 2020. La empresa explicó que esta medida, que afectó a 5.000 trabajadores, se ponía en marcha “dada la situación actual de confinamiento” y excluyendo a los que siguieron trabajando presencialmente en las oficinas de la empresa o de sus clientes.

Varios sindicatos llevaron la medida a los tribunales al entender que se trataba una modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuesta de manera unilateral por la empresa, pasando además por encima del procedimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores. En este caso, el Supremo recuerda que, en este caso, los pactos suscritos entre empresa y trabajadores integrado y consolidado los ticket restaurante “en la estructura salarial de los trabajadores”.

Ahora la sala de lo social del Tribunal Supremo, con la magistrada Concepción Ureste como ponente, ha establecido que en este tipo de casos la empresa no podía retirar los ticket restaurante aunque los trabajadores se hubieran ido a casa a seguir con sus labores. Los jueces empiezan por explicar que esta modificación no duró mucho tiempo, apenas un mes y medio, pero que sí tuvo “una afectación cuantitativa elevada” sobre 5.000 trabajadores. Afectó, además, a un concepto económico que “había pasado a integrar y consolidarse en su estructura retributiva”.

El bolsillo de los trabajadores, dice el Supremo, lo notó a razón de 5,40 euros por cada día laborable efectivamente trabajado, algo con “relevancia económica”. Esto se hizo por parte de Capgemini sin que la empresa haya explicado además, en su recurso, si existieron “compensaciones de la medida en cuestión” para paliar el dinero que dejaban de cobrar sus trabajadores, que al fin y al cabo seguían comiendo todos los días.

Esto significa que la empresa se saltó lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores provocando, dice el Supremo, “inexorablemente la nulidad de la medida de supresión de los tickets comida mientras durase el estado de alarma, por suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en cuanto a la retribución” tal y como dijo también la Audiencia Nacional al resolver el recurso de los sindicatos. Esto sería igual, dice el Supremo, si estuviéramos hablando de un concepto extrasalarial.

Los magistrados del pleno de la sala de lo social del Tribunal Supremo insisten, en el tramo final de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, en que en este caso en particular empresa y trabajadores habían suscrito pactos que habían convertido los tickets restaurantes en parte de la “estructura salarial de los trabajadores”. Un dinero que cobraban incluso en supuestos de jornada continuada sin descartar ni excluir los días teletrabajados “mediante el uso de nuevas tecnologías”. Otra cosa es que los acuerdos estuvieran desglosados e hilasen más fino sobre este tipo de jornadas teletrabajadas.

Salario o compensación

En los últimos años el Tribunal Supremo ha dictado numerosas sentencias sobre los ticket restaurante que las empresas dan a sus trabajadores para el gasto diario en comidas y sobre su naturaleza legal. En el caso de Capgemini los jueces han concluido que es un concepto salarial ya que se pagaba de manera independiente a que los trabajadores tuvieran o no un gasto en comida. En otros casos, cuando se demuestra que responde a un gasto concreto, se trata como una compensación.

Una sentencia reciente del Supremo, por ejemplo, establece que un ticket restaurante no tiene por qué formar parte del salario aunque se cobre mes a mes en la nómina si empresa y trabajadores han decidido que se trata de un complemento. Esta decisión del Supremo, por ejemplo, dejó fuera la cantidad de los ticket restaurante de los cálculos de revisiones salariales, pagas extra, variables, bonus, complementos o la incapacidad temporal durante una baja.

En ambos casos, dice ahora el Tribunal Supremo en esta última resolución, “la conclusión alcanzada permanecería inmutable”. Cualquier cambio, aunque los ticket restaurante tuvieran naturaleza indemnizatoria, exige pasar por lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Explica el Supremo: “Los cambios sustanciales introducidos respecto de su alcance también tendrían que tramitarse con arreglo al dicho precepto, de manera que, preterida su aplicación, la consecuencia que se anudaría sería igualmente la de estimación de la demanda acordada en la instancia”.

La catedrática María Luisa Balaguer (Almería, 1953) lleva casi un lustro en el Tribunal Constitucional, donde confronta desde la minoría progresista las sentencias más polémicas del órgano de garantías. Reconoce que suele tener poco “éxito” en sus posicionamientos y que ha llegado a quedarse “solísima” en algunos votos particulares. De hecho, cuestiona que el tribunal se desentienda de muchas tensiones sociales. “Yo tengo un concepto de Constitución y de Derecho Constitucional material enraizado en que la sociedad nos tiene que entender. Por ejemplo, en la sentencia sobre el estado de alarma creo que el Tribunal Constitucional desoyó los valores que estaban en conflicto”, subraya. 

Recibe a elDiario.es en su despacho del Constitucional, una estancia soleada y abarrotada de libros y manuales jurídicos que abandonará en los próximos días, cuando desembarquen los cuatro nuevos magistrados que acaban de recibir el aval del Congreso. Aunque a ella no le toca marcharse todavía, la tradición dispone que hay cambio de despachos cuando hay recién llegados. Balaguer, con una dilatada trayectoria como profesora universitaria y abogada, se dice ajena a las polémicas “de salón” que han rodeado los últimos nombramientos. No cree que el voto de ningún magistrado esté “condicionado” por un partido político. Y se pone de ejemplo a sí misma. Aunque fue militante socialista y se reconoce “republicana” y “marxista”, presume de haber puesto sentencias contra la izquierda.  

Acaba de publicar el libro El feminismo del siglo XXI. Del MeToo al movimiento Queer (Huso), en el que analiza el momento en que se encuentra el feminismo y se adentra de lleno en algunos de los debates que han abierto heridas en el movimiento, como la autodeterminación del género. Se muestra sorprendida por el desinterés de la academia en la ley trans y critica que una norma “tan importante” haya generado un debate en redes que va a “la descalificación y la ofensa”. No obstante, afirma que el recorrido que se va a producir en el Congreso puede dar “una buena ley”. Balaguer se muestra partidaria de regular el consentimiento en los delitos contra la libertad sexual y de abolir la prostitución, que considera inconstitucional en lo que está relacionado con la trata o con la explotación del cuerpo de la mujer. 

Tras un periodo de crecimiento exponencial están apareciendo fracturas cada vez más profundas en el movimiento feminista en relación a hechos como la autodeterminación de género que usted analiza en el libro. ¿Qué le lleva a entrar de lleno en este debate? 

A mí me interesa la vertiente constitucional, ver cómo la seguridad jurídica que es necesaria en una inscripción de un Registro Civil podía llegar a tener algunas modificaciones que produjesen inseguridad. Ahí es donde se queda instalado el final de la obra, que concluye que el Registro Civil tiene que gozar de seguridad jurídica y que esa seguridad jurídica, más allá de la encarnizada controversia que había en Twitter o Facebook, era perfectamente posible. Nuevos grupos sociales como las personas trans o las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento constitucional. 

El debate habrá sido el que habrá sido, pero creo que en una teoría feminista el movimiento trans se integra perfectamente. No hay ningún problema porque la diversidad sexual es algo que afecta al movimiento feminista, que es contemporáneo y entra en la proyección hacia el futuro de una nueva teoría que enlaza con la democracia. Puede haber habido un enfrentamiento puntual y personal pero como colectivo, el colectivo trans es perfectamente asumible por el movimiento feminista. Y estoy completamente segura de que la tradicional autodeterminación del género es perfectamente identificable con un cierto feminismo. 

Usted afirma que el movimiento queer propicia una “fractura” entre el feminismo y el movimiento LGTBI en temas cruciales (prostitución, vientres de alquiler, relaciones sexo/género)… ¿Pero no cree que ese riesgo de ruptura también existe dentro del propio movimiento feminista?

Esto es complicado de decir porque en el movimiento feminista en sentido estricto –considerando como feminista el mainstream que hay en el discurso feminista que va desde Lidia Falcón, que lo vinculaba a un partido político, hasta un cierto reformismo social de mujeres que militan incluso en partidos de la derecha o de jóvenes que no militan en partidos– la agenda está compartida de una manera cuasi universal. 

Que haya algunos partidos como Unidas Podemos o Más Madrid que consideran que todavía hay un debate sobre la legalización de la prostitución o los vientres de alquiler no creo que suponga una ruptura ni un contraste demasiado nítido. De hecho, considerar abierto un debate a mí no me parece mal. Si en lugar de adoptar una actitud radicalizada se intentase el diálogo entre los grupos, probablemente se unificaría la terminología y no se llegaría a ningún grado de violencia simbólica en el sentido de maltratarse por las redes sociales. ¿Quién no va a pedir seguridad jurídica? Las propias personas trans estarían interesadas. Pero en vez de abrir un diálogo en ese sentido lo que se suele hacer es descalificar. Esto está en la línea de los tiempos porque el discurso filosófico que produce la humanidad es de confrontación. 

¿Cómo casa eso con la necesidad de un movimiento feminista fuerte que haga frente al auge de la extrema derecha, que amenaza no solo con frenar la conquista de nuevos derechos, sino con volver atrás algunas conquistas? 

Un movimiento como el feminista –como el que en su día fue el movimiento obrero o el movimiento para la paz–, que son movimientos de sinergias colectivas muy amplias, no se detienen nunca porque haya fricciones. La historia avanza en un sentido. Y ahora lo que le importa a la agenda feminista muy fundamentalmente es el tema de la corresponsabilidad en la familia y de que la mujer no retrase su proyecto existencial como consecuencia de un retraso en la legislación o la interpretación de normas. 

El MeToo, la sentencia de 'la manada'... Parece claro que las últimas movilizaciones, que nos han llevado a lo que usted llama feminismo de masas, están atravesadas por los delitos de violencia sexual. ¿Hay que redefinir el consentimiento? 

Es un tema que se revela como importante y trascendente jurídicamente cuando se cuestiona desde el punto de vista procesal. Una de las maneras de arbitrar medidas sería a través de una teoría del consentimiento regulada con una especie de contrato sexual, que exista una especie de mecanismo de defensa de la mujer. El cúmulo de noticias que nos pesan todos los días lo hace inevitable. Tiene que haber una manera de que el patriarcado no sea tan ostensible porque las mujeres no se sienten seguras. En una democracia hay que exigir que la desigualdad entre hombres y mujeres no llegue a que las mujeres no puedan pasar por la calle a determinadas horas. 

¿Le parece apropiada la regulación que propone la ley de libertad sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí'?

No lo veo mal a expensas de que se pueda modificar algún aspecto. De lo que se trata es de que en el momento procesal oportuno tanto el juez como las partes tengan la posibilidad de practicar esa prueba, tanto si son signos inequívocos como si se trata de un tema deducible. La exigencia de consentimiento me parece bien. Lo importante es que en nuestro ordenamiento jurídico tengamos una manera de probar que una mujer, cuando no quiere, no quiere. 

El CGPJ, en su informe, criticó precisamente la definición del consentimiento que hace ese texto al entender que no se determina qué circunstancias dan lugar a ese consentimiento, sino cuándo se puede entender que no lo hay.

Eso no tiene importancia, lo importante es que se regule. En el proceso de elaboración de la ley en el Parlamento es donde hay que crear la terminología precisa y se puede aquilatar. Si las formas de regulación son inseguras, se pueden corregir. Y eso se irá viendo cuando vaya transcurriendo la situación y vaya creándose alguna jurisprudencia. Los mecanismos que el derecho utiliza para hacer fehaciente un hecho son muchísimos.

En su libro habla del modelo sueco, donde en 2018 se aprobó una legislación en la que el delito de violación ya no se define por la existencia de violencia o amenazas, sino que se centra en la ausencia de consentimiento. ¿Por qué lo considera interesante? 

El modelo sueco es una especie de paradigma para interpretar ciertos derechos que el feminismo ha conseguido allí con más rapidez. En el tema del consentimiento, es el sistema más explícito que hay con una legislación en la que el delito de violación ya no se define por la existencia de violencia o amenazas, sino que se centra en la ausencia de consentimiento. Si este no existe, es violación. A la hora de evaluar el consentimiento, los jueces tienen en cuenta si se expresó con palabras, hechos o de otro modo que haya dado origen a una relación recíproca. 

El proyecto de la ley trans contempla la autodeterminación de género. En su libro dice que el cambio de sexo sin límite de retractación podría atentar contra la seguridad jurídica de terceros. ¿En qué sentido?

En derecho, el concepto de terceros viene del latín y significa erga omnes, para todos, y hace referencia a que lo que pueda sentir yo como persona tiene una trascendencia social. El libro salió antes del proyecto, que tiene tres o cuatro correcciones que habría que estudiar para ver si garantizan o no la seguridad jurídica. Hay medidas de garantía pero habría que ver si son suficientes en relación con lo que el Registro Civil necesitaría como efectos de terceros. Igualmente, el recorrido que se va a producir en el Congreso puede dar una buena ley. 

Lo que más me ha sorprendido de este asunto es que no haya apenas posiciones jurídicas en relación con un proyecto de ley que debería interesar a la academia. Hay una especie de muda situación con respecto a la sustancia pero de realzar sistemáticamente las formas. Me cuesta mucho entender que se pueda aprobar algo tan importante sin un debate. Ha habido únicamente un debate en redes, virtual, que va solo a la descalificación y la ofensa. Esto no es muy razonable en una democracia. 

También dice que habría que “controlar” otras situaciones de fraude legal que ocasionarían injusticias muy tangibles a las mujeres. ¿A qué se refiere concretamente? 

Me refería al tema del deporte, aunque eso es algo que se puede mandatar a un reglamento, no haría falta que estuviera en la ley. Siempre ha habido un baremo biológico que era el que equilibraba. Si ahora no existe se puede producir una situación injusta para las mujeres. Si, por ejemplo, como ha ocurrido en Estados Unidos, una persona trans está interviniendo como mujer, desde el punto de vista biológico esas personas tienen mucha más fuerza que las mujeres. 

Desde su punto de vista, la regulación de la prostitución sería inconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué principios constitucionales conculcaría?

La prostitución sería inconstitucional en lo que está relacionado con la trata o con la explotación del cuerpo de la mujer, que van claramente en contra de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, sí podría haber alguna ley que pudiera dotar de constitucionalidad a determinadas actuaciones que una mujer ejerza con su cuerpo. 

¿Usted es partidaria de la abolición de la prostitución? ¿Por qué cree que ningún Gobierno ha dado pasos en ese sentido? 

Sí, soy partidaria de la abolición y de regular la abolición. Esto está en consonancia con los países europeos. Un país vecino como Francia, por ejemplo, está sancionando económicamente el consumo de prostitución. Estamos en un concierto internacional y en ese concierto España se posiciona. Todo es un proceso, reciente, pero es un proceso. 

¿Cree que el Gobierno actual apostará por una ley de abolición de la prostitución?

Yo creo que sí. Debería. No creo que hubiese demasiado problema en el Parlamento en las fuerzas de conjunto en regular una abolición de la prostitución con una ley técnicamente correcta. 

¿Considera que las sentencias que ponen el límite de la laboralidad en el sexo y que sí permiten el alterne [captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas] están de alguna manera dejando desamparadas a las prostitutas? 

No, no estoy de acuerdo. El feminismo ha hecho una lectura derrotista de esta sentencia, que a mí sí me parece muy rentable. La resolución apela al Código Civil y, entendiendo que el objeto de la prestación es inconstitucional, llega a la conclusión y dice literalmente que la prostitución en nuestro ordenamiento es inconstitucional. Así que no veo razón para que el alterne se pueda declarar inconstitucional. La palabra alterne, en sí misma, no está definiendo absolutamente nada. Hay salas de fiestas, situaciones de alto voltaje sexual que puedes compartir o no... pero no creo que eso esclavice. Y, si esclaviza, la situación entraría en otro camino, que sería la trata. 

El Tribunal Constitucional está inmerso en un proceso de renovación. ¿Cree que la elección de determinados perfiles poco independientes contribuye al desprestigio de la institución? 

Yo esas cosas no las creo. Ni siquiera creo que haya personas más dependientes o menos independientes. Yo de joven militaba en el Partido Socialista y cuando entré en el Consejo Consultivo de Andalucía, que depende de la Junta de Andalucía, entendí que no podía militar en un partido dictando resoluciones de carácter general. Cuando llegué al Tribunal Constitucional hacía veinte años que no era militante lo cual, desde el punto de vista administrativo, puede llegar a ser un acto más o menos elegante, pero desde el punto de vista interno no voy a poder evitar tener mi ideología de izquierdas, ser republicana, ser marxista... ni lo deseo. Ahora bien, cuando estoy en un tribunal, he tenido que dictar sentencias contra el Partido Socialista o el Gobierno siendo yo ponente. Son cosas que comprendo que estén en la prensa, pero esas cosas no las creo. No creo que un magistrado tenga su voto condicionado por un partido político. No tendría mucho sentido en las personas que vienen aquí, que tienen una edad, unas circunstancias... No lo veo, la verdad. 

¿Qué opina de la polémica sobre el nombramiento de Enrique Arnaldo?

Tampoco veo la polémica. Tengo ganas de conocer a este señor y ver cómo se comporta en un Pleno, cómo estudia los asuntos... Ahí es donde tendrá que demostrar más allá de las controversias políticas que pueda tener. Estas situaciones las veo de gabinete, de salón, son una manera de distraerse. A mí me interesa un determinado concepto de interpretación de las normas que, como no tengo mucho éxito, las llevo siempre a votos particulares. Yo tengo un concepto de Constitución y de Derecho Constitucional material enraizado en que la sociedad nos tiene que entender. Por ejemplo, en la sentencia sobre el estado de alarma creo que el Tribunal Constitucional desoyó los valores que estaban en conflicto. 

¿Considera que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un campo de batalla política? Precisamente en su voto particular del estado de alarma dijo que había una “polarización extrema” en el tribunal.

Sí, una polarización extrema pero que no necesariamente va referida a partidos políticos sino al entendimiento de lo que es la función constitucional. Aquí hay dos visiones de la interpretación de la Constitución que están perfectamente delimitadas, aunque a veces se mueven. La Constitución es un pacto social y ha de actualizarse cada vez que se produce una sentencia. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Ciudadana en la que me quedé solísima haciendo un voto particular frente a diez hombres y una mujer... No me parece lógico que el tribunal desoyera la tensión que se produjo en la sociedad con esa norma, aprobada por un partido político que en ese momento tenía mayoría absoluta y que fue contestada de la manera que fue contestada. Yo iba a todas esas manifestaciones en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana como actora, no me multaron de chiripa. A una señora que estaba allí le pusieron una multa de 2.000 euros porque un policía le dijo que era la organizadora. La multa la pagamos entre todos los que estábamos allí. Eso es una inseguridad jurídica tremenda. Dejen a la gente que se manifieste. 

¿Puede el Tribunal Constitucional permitirse obviar la ley de igualdad con una composición como la actual? Hay nueve hombres y dos mujeres. Con el nuevo reparto solo habrá una mujer más. 

Sí cumple la ley de igualdad, que es una ley de progreso que parte de la consideración de que es inviable que en determinados organismos constitucionales puedas cumplir la paridad. En todo caso, esto es una larga historia. No todas las mujeres son feministas ni todos los hombres son machistas. Es muy importante entender que en el Tribunal Constitucional hay nombres muy feministas. Mi compañero Juan Antonio Xiol siempre se me une y alguno más puedo decir. Los valores del feminismo se aíslan de la condición biológica. Eso es muy importante para una sociedad. 

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) sugirió a los partidos que las cuatro nuevas incorporaciones del Tribunal Constitucional fueran mujeres. ¿Qué le parece? 

Me parece muy bien, pero no les han hecho caso. Creo que hay mujeres igualmente capacitadas que los hombres. 

¿Por qué cree que la cúpula judicial –ya sea en el Poder Judicial o en otros órganos como el Constitucional– es más inaccesible para las mujeres que para los hombres? ¿Hay discriminación de género? 

Por lo mismo de siempre. El tema de la discriminación de la mujer, más allá del trazo grueso, tiene un camino muy sutil. ¿Crees que es cómodo trabajar con diez hombres? Es incomodísimo. Nunca ven la hora de terminar sus argumentos, de irse a sus casas, de escucharse ellos... Yo eso lo veo mucho menos en las mujeres. Nosotras tenemos un concepto acumulado generacionalmente muy distinto de la vida. Y luego está la situación de decisionismo informal que se produce entre los hombres. Las mujeres no la tenemos porque no tenemos la cobertura para hacerlo. Yo no le puedo ofrecer a nadie que venga al Tribunal Constitucional. Probablemente eso lo pactaron los hombres. Ya está todo dicho. 

La sentencia y los votos particulares del Tribunal Constitucional sobre el segundo estado de alarma dejan en evidencia, por tercera vez en apenas unos meses, las profundas divisiones que atraviesa el pleno a la hora de analizar el encaje legal de las medidas que tomó el Gobierno en la pandemia. La mayoría de los magistrados entienden que el Congreso claudicó a la hora de controlar al Gobierno durante este segundo estado de alarma, mientras que hasta cuatro votos particulares avalan la solución del Ejecutivo al mayor quebradero de cabeza legal de la pandemia: delegar en las comunidades autónomas la modulación de algunas restricciones.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia indican la interpretación que los tribunales hacen de las leyes e incluso marcan las leyes que las autoridades ponen en marcha. En ese sentido, tres sentencias y más de una decena de votos particulares dejan muy lejos el acuerdo sobre la gestión de una pandemia inédita. En el seno del tribunal de garantías algunos entienden que estas líneas maestras que legan para el futuro son poco claras y están poco adaptadas a la realidad de una crisis sanitaria de esta magnitud.

En este tercer caso los magistrados y magistradas también han estudiado un recurso del partido ultraderechista Vox, aunque sin el mismo éxito de otras veces. El Constitucional, por ejemplo, ha decidido avalar algunas medidas como el toque de queda nocturno, la limitación a las reuniones de no convivientes o en lugares de culto y los cierres perimetrales de comunidades autónomas. En este caso, entiende el pleno, se limitaron pero no se suspendieron los derechos fundamentales de los españoles y fueron, por tanto, medidas “necesarias, proporcionadas y adecuadas”.

Tampoco ven un problema en que el Gobierno decidiese prorrogar el segundo estado de alarma durante medio año. Eso, dice la mayoría del pleno al rechazar los argumentos de Vox, no vulneró sus derechos políticos. Pero apuntan a la propia cámara baja cuando dicen que “no es su duración, por sí sola y sin más, lo que merece censura constitucional, sino el carácter no razonable o infundado de la decisión por la que se fijó tal plazo”. Para la mayoría del pleno el Congreso “hizo propio, de manera automática, el propuesto por el Gobierno” y, además, porque al delegar en las comunidades autónomas “vino así a desapoderarse de su exclusiva responsabilidad constitucional para reformar o no” las medidas o sus condiciones.

Cuando debatieron el primer estado de alarma, los magistrados centraron su discusión en si derechos fundamentales como la movilidad se habían visto suspendidos o solo limitados con el confinamiento. Concluyeron que se habían suspendido de facto y que el paraguas del estado de alarma no era suficiente: el Gobierno tendría que haber recurrido al estado de excepción. Ya entonces hubo hasta cinco votos particulares de magistrados discrepantes que apuntaban en la misma dirección: esos derechos no se suspendieron de forma efectiva al existir excepciones que, por ejemplo, permitían salir de casa, y en cualquier caso hay que examinar estas medidas en el marco de una pandemia inédita.

El debate se reprodujo cuando el tribunal de garantías tuvo que examinar si la suspensión de plazos del Congreso durante lo peor de la primera ola había cercenado los derechos políticos de Vox. La mayor parte entendió que sí y que el Gobierno podría haber optado por otras medidas mientras que los discrepantes incidieron en la misma idea: la medida era proporcional y necesaria, los diputados ultraderechistas tuvieron numerosos cauces para ejercer su control al Gobierno y, recordaron, el propio Constitucional suspendió plenos y plazos para evitar contagios entre los magistrados.

El reproche ha vuelto a surgir en esta tercera sentencia, que el Constitucional ha sacado adelante nuevamente dividido con seis votos a favor y cuatro en contra. Además de censurar la prórroga de seis meses, declara inconstitucional la solución que propuso el Gobierno para hacer posible la imposición de restricciones: delegar en las comunidades autónomas. La capacidad de adelantar el toque de queda o restringir aún más las reuniones de no convivientes sin pasar por manos de la cámara baja, dicen, dejó al Congreso “privado primero, y se desapoderó después, de su potestad, ni suprimible ni renunciable, para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas durante la prórroga”.

El régimen de control quedó “cancelado”, dice la mayoría del pleno. Igual que en el primer estado de alarma el derecho a la movilidad de los españoles quedó “suspendido” y de la misma manera en que los derechos políticos de los diputados de Vox, según el Constitucional, quedaron cercenados. Los votos particulares evidencian, sin embargo, que el tribunal de garantías ha sido incapaz de llegar a un consenso en los tres casos con argumentos especialmente contundentes en lo relativo al segundo estado de alarma.

Una “inadecuada valoración de oportunidad política”

Uno de los votos particulares viene firmado por el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Juan José González Rivas. Un escrito de 16 folios que expone cinco conclusiones y que asegura en primer lugar que los seis meses de prórroga eran una duración “razonable”. Niega también el presidente –que será próximamente renovado y sustituido– que el Congreso fuera privado de sus instrumentos de fiscalización y que, además, fue una “mera delegación, manteniendo los controles propios de la autoridad delegante que era el Gobierno y que podía revocar en cualquier momento”. El marco normativo propuesto por el Gobierno y aceptado por el Congreso, finaliza, ofreció “suficiente certeza”.

En sentido similar se pronuncia Cándido Conde-Pumpido. El exfiscal general asegura que esta gestión descentralizada de las restricciones “no significa ni el desapoderamiento del Congreso de los Diputados, ni una supuesta dejación u omisión en el ejercicio de las funciones de control que le son propias”. Para Conde-Pumpido el Congreso pudo seguir ejerciendo control sobre todas estas medidas y delegar en los ejecutivos regionales, además, “es propio del funcionamiento de nuestro Estado autonómico”. María Luisa Balaguer, por su parte, desliza que el fallo de sus compañeros no respeta el margen de actuación del Congreso. Asegura que: “debe, en cambio, respetarse la autonomía de la Cámara cuando decide con qué grado de intensidad y mediante qué fórmula intervendrá en el seguimiento de la declaración del estado de urgencia, y no asumir que está realizando una autorestricción de funciones de alcance inconstitucional”.

Balaguer entiende que el fallo del Constitucional entra a valorar incluso la “oportunidad política” de la actuación del Congreso a la hora de delimitar el segundo estado de alarma. Asegura la magistrada que “el respeto al margen que la Constitución ofrece al Congreso, sin definir un límite temporal expresamente, exigía de la jurisdicción constitucional en este caso una autocontención que no se ha dado, aproximándose el juicio realizado a una inadecuada valoración de oportunidad política”. Sus compañeros, critica una vez más, acuden a “valoraciones originalistas y sumamente formalistas, deja sin cobertura legal las medidas adoptadas, con un alto grado de consenso entre las distintas autoridades y poderes implicados”. Esto, dice Balaguer, “pone en tela de juicio la capacidad del propio Tribunal para asumir su posición –y los límites intrínsecos de sus facultades interpretativas– y sus propias obligaciones positivas como parte integrante y fundamental del Estado que es”. 

Una crítica que lanza también el cuarto magistrado discrepante, Juan Antonio Xiol, al apuntar a la falta de capacidad del actual Tribunal Constitucional para mirar más allá de las cuatro paredes de la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Plantea “una llamada de atención sobre el carácter excesivamente autorreferencial que a mi juicio tienen habitualmente las argumentaciones del Tribunal Constitucional” y cita a Wittgenstein y Rousseau para alertar del “riesgo de creación de un lenguaje propio” y “de aislamiento respecto de la comunidad jurídica a la que compete un papel activo en la interpretación de los enunciados constitucionales”.

“Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma” (Santiago Abascal, 25 de marzo de 2020).

“La mayor vulneración de derechos de la historia fue inconstitucional. Solo VOX votó en contra” (Santiago Abascal, 14 de julio de 2021).

Un año y medio separan ambas afirmaciones de Santiago Abascal Conde. Una cosa y la contraria. La primera fue pronunciada con toda solemnidad en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando su partido votó a favor de prorrogar por primera vez el estado de alarma. La segunda cuando el Tribunal Constitucional estimó su recurso y anuló el confinamiento implantado por ese mismo estado de alarma. En los últimos meses el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales algunas de las principales medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la primera ola y lo ha hecho estimando los recursos de Vox. Recursos, en algunos casos, contra medidas que el propio partido no solo apoyó sino que se las arrogó como suyas.

El caso del primer estado de alarma es el más claro. Para cuando fue implantado por el Gobierno el 14 de marzo Santiago Abascal y los suyos llevaban varios días siendo muy contundentes al pedir su implantación. Dos días antes Abascal avalaba la idoneidad del estado de alarma en este vídeo difundido por el partido en Twitter: “Creemos que el Presidente del Gobierno debe hablar con los líderes de los partidos para evaluar, incluso, la necesidad de decretar el estado de alarma previsto en la Constitución y que da respuesta a catástrofes y epidemias”.

Hora y media después lo hacía desde su cuenta personal de la red social. “¡Decrete el estado de alarma y ponga todos los recursos a detener la pandemia!”, dijo Abascal en un mensaje. La cuenta oficial de Vox rebotaba este mensaje: “Le pedimos al Gobierno que valore decretar el estado de alarma”. El tuit añadía un emoticono de una sirena de ambulancia para reforzar la importancia de la petición.

El mismo 14 de marzo en el que el Gobierno decretada el estado de alarma Abascal celebraba la medida y presumía de marcar el camino al presidente, Pedro Sánchez. “Más vale tarde que nunca”, dijo el líder de Vox.

Para entonces casi todos los representantes políticos acusaban al Ejecutivo de coalición de estar actuando tarde. Pablo Casado, líder del Partido Popular, afirmó que decretar el estado de alarma era una “necesidad urgente” o incluso “un clamor”. El mensaje fue reforzado por los representantes de la formación ultraderechista el 25 de marzo cuando el Congreso convalidó la primera prórroga para mantener el estado de alarma hasta el 12 de abril.

“Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma el martes 10 de marzo (...) y lo hicimos por patriotismo, imagínese lo que nos costaba ampliar sus poderes (...) creemos que debe usted tener todo el mando y toda la responsabilidad para dirigir todos los esfuerzos del Estado contra la pandemia”. Santiago Abascal subió a la tribuna para reprochar al Gobierno su tardanza en aplicar esta medida y la prórroga salió adelante con el voto a favor de toda la cámara salvo las abstenciones de ERC, Bildu, JxC y la CUP.

Ese día Vox, como otros partidos, presentó una serie de propuestas para modificar el estado de alarma que no salieron adelante y que en ningún caso pedían limitar el confinamiento o se corresponden ni remotamente con lo que luego recurrieron ante los tribunales. Proponían que el estado mantuviese el mando en Catalunya, que los convivientes pudieran ir juntos en coche, que se suspendieran los procesos de prueba de acceso a la función pública, que los inmigrantes sin papeles pagasen la atención sanitaria recibida, que se suspendiera la concesión de indultos, que se flexibilizaran los impuestos para autónomos afectados, que no se subvencionasen medios o partidos políticos y que el ejecutivo tuviera que dar cuenta semanalmente ante el pleno del Congreso. Nada de evitar el confinamiento.

El volantazo llegó pocos días después. Vox se lanzó a capitalizar políticamente el drama social y el 6 de abril anunciaba que rompía relaciones con el Ejecutivo. El dirigente Jorge Buxadé explicaba que el estado de alarma suponía una “vulneración de derechos y libertades de los españoles”. Tres días después el partido votaba en contra de la segunda prórroga. No había pasado ni un mes desde aquellas intervenciones públicas implorando al Gobierno que impusiera el estado de alarma y Abascal hablaba ya del “encarcelamiento de los españoles” aunque no renegaba del confinamiento.

El líder de Vox fue extremadamente contundente a la hora de apoyar la continuidad del confinamiento pero bajo un “estado de alarma alternativo” de su partido. Abascal quiso dejar claro que eran “unas medidas que contemplan la continuidad del confinamiento”. “Lo digo solemnemente porque sé que los lacayos de los medios van a mentir (...) sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus casas. Los medios van a decir lo contrario (...) Nuestra propuesta de estado de alarma alternativo contempla la medida de confinamiento”. Su propuesta, efectivamente, proponía modificar el estado de alarma y por tanto mantenerlo sin retirar la existencia del confinamiento.

El recurso de Vox anunciado ese mismo día llegaba veinte días después al Tribunal Constitucional. Un recurso que aseguraba que el artículo 7 del Real Decreto de estado de alarma, el que regulaba el confinamiento, “supone una derogación de la libertad de circulación y de la libertad de residencia pues mediante este precepto el Gobierno ha impuesto el confinamiento de la totalidad de la población residente en el territorio nacional y, con ello, una suspensión del derecho fundamental”.

Un Constitucional partido por la mitad terminó dando la razón a Vox. No lo hizo en todos los aspectos de su recurso pero sí fue bastante claro a la hora de entender que el paraguas del estado de alarma no era suficiente para suspender el derecho a la libre circulación. Los magistrados discrepantes entendieron que el confinamiento no había suspendido ese derecho, sino que sólo lo había limitado. La sentencia también dejó caer que la opción correcta habría sido el estado de excepción, más restrictivo y que nadie pidió en esas fechas.

El 'cierre del Congreso'

“Le rogamos encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias y en comisiones” (Macarena Olona, 10 de marzo de 2020).

“Meritxell Batet secuestró el Congreso de los Diputados” (Macarena Olona, 5 de octubre de 2021).

El coronavirus no tardó en llegar al Congreso de los Diputados. En las primeras semanas de marzo parlamentarios como Irene Montero, Pablo Iglesias, Ana Pastor o Carmen Calvo fueron algunos de los que tuvieron que confinarse después de dar positivo. Algunos de los primeros fueron miembros del grupo parlamentario Vox: el positivo de Javier Ortega-Smith provocó que, por cautela, el grupo de extrema derecha no acudiera al Congreso mientras se iban confirmando los positivos, entre otros, de Santiago Abascal y Macarena Olona.

El positivo de Ortega-Smith se conoció el 10 de marzo. Dos días antes el partido había reunido a 9.000 fieles en Vistalegre y los positivos del resto de compañeros de bancada fueron sucediéndose a lo largo de la semana. Ese mismo 10 de marzo, tal y como reveló elDiario.es, la propia Olona se dirigió por carta a Batet rogando “encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias y en comisiones previstas esta semana y hasta el momento en que tengamos la certeza de que podemos desarrollar nuestra actividad en el Congreso sin riesgo alguno para la salud”.

Ese mismo día Batet suspendió la actividad del Congreso durante una semana por la ausencia de los 52 diputados de Vox y la actividad de la Cámara Baja quedaba en mínimos con todo acaparado por el COVID-19. El 19 de marzo, además, la Mesa suspendía el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se estaban tramitando en ese momento. En la práctica: los plazos no se habrían acortado cuando se levantase la suspensión. En ese momento, por ejemplo, estaba tramitándose leyes como la de eutanasia y los partidos tenían que presentar sus enmiendas.

Vox pasó en apenas unos días de solicitar la suspensión de la actividad del Congreso a pedir la reconsideración de esta decisión por parte de la Mesa. Aseguraba en su escrito que la medida estaba limitando el derecho de sus diputados a fiscalizar la acción del Gobierno en un momento crítico. Su recurso de amparo fue admitido a trámite por el Constitucional en junio de 2020, cuando la estrategia judicial de Vox ya había sido completamente desplegada: la formación ultraderechista había abierto también la vía penal sumándose como acusación popular a la denuncia de un abogado -condenado posteriormente por estafa- contra el 8M feminista. También había anunciado una querella contra Sánchez y miembros del Ejecutivo por la gestión de la crisis sanitaria.

Ambas iniciativas penales fracasaron pero el Tribunal Constitucional volvió a darles la razón. La mayoría del Pleno entendió que la medida de la Mesa cercenó sus derechos políticos y que se impidió de forma efectiva el control del ejecutivo. Ese mes de abril tanto Vox como el Partido Popular presumían del aluvión de iniciativas que habían presentado en las cámaras relacionadas con la pandemia, más de 1.600 en el caso de la formación de Abascal.

Esto fue tenido como un argumento por el Tribunal Constitucional una vez constatada por la mayoría del pleno la vulneración de los derechos políticos de Vox. Los archivos del Congreso recogen cómo esos días tanto el grupo como los diputados presentaron cientos de iniciativas relacionados con la pandemia pero también sobre las pitadas al himno nacional en eventos deportivos o sobre el adelanto electoral de la Federación Española de Futbol.

Los magistrados discrepantes recordaron dos cosas en sus votos particulares. Que el propio Constitucional suspendió plazos y plenos durante lo peor de la primera ola y que todo este aluvión de iniciativas parlamentarias no podían ser tenidas en cuenta “a peso” sin mirar de qué era cada una.

El segundo estado de alarma

La tercera sentencia del Constitucional no tiene ningún tipo de contradicción en el origen del recurso presentado por Vox. Para cuando el Gobierno planteó el poder imponer un segundo estado de alarma en octubre de 2020 para hacer frente a las sucesivas olas previas al comienzo de la vacunación el partido ultraderechista ya había desplegado toda su artillería legal y política: incluso llegó a convocar a cientos de personas en coche en Madrid para protestar contra la medida.

La oposición pública de Vox a este segundo estado de alarma no tuvo dobleces y la victoria llegó hace unos días cuando el Constitucional anunció la estimación de su recurso. La mayoría del pleno, nuevamente dividido y con votos en contra, entendió que el ejecutivo había delegado sus competencias de manera irregular para, por ejemplo, ampliar el toque de queda nocturno o restringir el número de no convivientes que podían juntarse en reuniones. El partido lo celebró en redes sociales con uno de sus célebres lemas: “Solo queda Vox”.

El Tribunal Constitucional también considera que algunas de las medidas principales del segundo estado de alarma, el declarado el pasado mes de octubre, son inconstitucionales. Fuentes del organismo adelantan a elDiario.es que el pleno ha decidido estimar el recurso de Vox con seis magistrados a favor y cuatro en contra, que emitirán sus votos particulares sobre la prórroga de seis meses del estado de alarma y la delegación de competencias en las comunidades autónomas.

El partido ultraderechista recurrió algunas de las medidas y restricciones principales impuestas durante este segundo estado de alarma para hacer frente a las sucesivas olas de la pandemia previas al comienzo de la vacunación. Entre ellas, medidas como el toque de queda nocturno o la limitación al número de no convivientes que podían coincidir en reuniones.

El Constitucional explica en un comunicado que declara nula tanto la prórroga de seis meses como la delegación en las comunidades autónomas. Eso implica que no declara nulas medidas como el toque de queda o la limitación al número de personas que pueden reunirse pero sí los artículos que permitían a los gobiernos autonómicos, por ejemplo, adelantar el toque de queda a las diez de la noche y reducir el número de personas que se podían juntar. También queda anulado el artículo que fijaba límites a las personas que podían reunirse en lugares de culto, dejando la cuantificación en manos de la autoridad competente delegada.

Según informa el Constitucional en un comunicado, lo que no consideran ajustado a la Carta Magna “no es la duración de la prórroga, por sí sola y sin más, sino el carácter no razonable o infundado”. Para la mayoría del pleno esa determinación de seis meses “se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga finalmente concedida”.

También censuran los magistrados que se designara a las comunidades autónomas como autoridades competentes delegadas. Contraviene, dicen, la Ley que regula los estados de crisis y fue además acordado “con carácter permanente la delegación sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno, de lo que las Autoridades delegadas pudieran actuar en sus respectivos ámbitos territoriales”. 

El pleno ha vuelto a partirse por la mitad como en sentencias anteriores sobre el estado de alarma y las medidas del ejecutivo central. Seis magistrados han votado a favor de estimar el recurso y cuatro lo han hecho en contra. Son María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, que emitirán sus votos particulares.

Tercera sentencia a favor de Vox

Se trata de la tercera sentencia del tribunal de garantías sobre un estado de alarma o medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. El pasado 14 de julio un pleno igualmente dividido estimaba otro recurso de Vox y declaraba inconstitucional el confinamiento establecido por el Gobierno durante lo peor de la primera ola. Los jueces, con seis a favor y cinco en contra, entendieron que la cobertura legal del estado de alarma era insuficiente para una medida que, según su criterio, suspendía de forma directa el derecho fundamental a la libre circulación.

Una segunda sentencia en sentido similar llegó hace apenas unas semanas, cuando el mismo Constitucional estimó otro recurso de los ultraderechistas y declaró inconstitucional la suspensión de plazos en el Congreso durante las primeras semanas de la primera ola. Lo hizo con un pleno nuevamente dividido con seis votos a favor y cuatro en contra y con la mayoría entendiendo que los derechos políticos de los diputados de Vox se vieron vulnerados por la medida de la Mesa de la cámara baja.

En ambos casos hasta cinco miembros del pleno han dictado siete votos particulares contrarios procedentes tanto del sector progresista como del sector conservador. En cuanto al primer estado de alarma, los discrepantes entendieron que no era necesario declarar el estado de excepción para imponer un confinamiento que, además, no suspendía sino que limitaba el derecho a la movilidad. En cuanto a la decisión de la Mesa del Congreso, los magistrados discrepantes llegaron a la conclusión de que la cámara baja no echó el cierre por completo y que los más de 50 diputados de Vox tuvieron otras vías para controlar la actividad del ejecutivo esas semanas.

La votación se ha celebrado después de que el Gobierno y el Partido Popular hayan hecho público su acuerdo, todavía por materializar, de renovar a cuatro magistrados con el mandato caducado desde mediados de 2019. El presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca, Fernando Valdés y Andrés Ollero serán sustituidos por Concepción Espejel, Juan Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo. La próxima renovación de los cuatro magistrados nombrados por el Gobierno y el CGPJ llegará el verano del año que viene.

El Gobierno de Navarra ha ordenado anular las multas interpuestas durante los tres primeros meses de la pandemia y devolver las ya cobradas por la Hacienda Foral. Así lo ha manifestado este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, tras analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el primer estado de alarma. En concreto, entre el 15 de marzo y junio de 2020, la Policía Foral interpuso un total de 3.582 denuncias. De estas, 923 concluyeron en resolución de sanción y 453 fueron abonadas en pronto pago. Según ha indicado Remírez, la media de las multas ronda los 350 euros, por lo que ha estimado un volumen de devolución que ronda los 160.000 euros sólo en el caso de las abonadas rápidamente.

“Todavía está por concretar. No es tarea fácil realizar el seguimiento y parametrización de todas ellas. Pero el interés es establecer el procedimiento más ágil para su devolución”, ha reconocido en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo, que dado luz verde al proyecto de Presupuestos para 2022. De esta forma, Remírez ha explicado que “se ha dado orden de paralizar los cobros pendientes y devolver aquellos importes que hayan sido abonados”.

El portavoz del Ejecutivo foral ha indicado que el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno y la Federación Navarra de Municipios y Concejos han acordado realizar un trabajo conjunto entre las tres administraciones para hacer una valoración de los efectos de esta sentencia del Alto Tribunal. “Esta decisión ha sido trabajando desde la colaboración de nuestros servicios jurídicos con los de la Delegación y lo hemos trasladado a la FNMC para que lo trasladen en el ámbito de las competencias de las entidades locales”, ha dicho.