El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo, con dictamen favorable del Consejo de Estado, para la interposición, por parte del presidente del Gobierno de España, de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la ley trans de la Comunitat Valenciana.

Estas modificaciones, que se enmarcan dentro de la Ley valenciana de Medidas Fiscales, de Gestion Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se refieren al derecho a la identidad sexual y a la expresión de género de las personas trans.

Sin acuerdo

La Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acordó iniciar negociaciones, no habiéndose alcanzado acuerdo en relación con los preceptos que motivan la interposición del recurso.

El Gobierno invoca asimismo la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos de la Ley autonómica impugnados.

Fundamentos jurídicos

Las principales controversias relativas a esta norma se refieren a las modificaciones operadas en la normativa trans de la Comunitat valenciana, observadas por los Ministerios de Igualdad; Sanidad; Juventud e Infancia; y Educación, Formación Profesional y Deportes.

La Ley introduce modificaciones y suprime algunas disposiciones en relación con una ley autonómica anterior -Ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valencianaque tenía por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar los derechos de las personas trans.

El Gobierno considera que se vulnera la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.1º de la Constitución Española (CE) de “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales’’, con base a la cual, la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha regulado el contenido primario (o las posiciones jurídicas fundamentales) del derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, directamente vinculado con los derechos reconocidos en la Constitución Española.

Se considera que varios artículos de la Ley valenciana, en tanto que modulan la prohibición de las terapias de conversión, vulneran derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, patologizan a las personas trans y contravienen obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa, vulneran, además del artículo 149.1.1ª de la Constitución, los artículos 10, 14, 15 y 18, 149.1.16ª y 149.130ª de la Norma Fundamental.

Concurren, por tanto, los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de varios preceptos de la Ley 5/2025, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

El grupo plurinacional de Sumar ha presentado en el Congreso una pregunta escrita al Gobierno para reclamarle que ponga en marcha el reglamento al que obliga la Ley Trans para que los extranjeros puedan modificar su nombre y sexo legal. Dos años después de que la norma entrara en vigor, el Ejecutivo aún no habilitado los procedimientos para que estas personas puedan ejercer un derecho que el texto les reconoce, un incumplimiento que impacta en su día a día y que llevan meses denunciando las organizaciones LGTBI.

Una situación que “está generando no solo una evidente inseguridad jurídica sino situaciones de clara discriminación”, apunta Sumar en la pregunta, registrada por las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada. El texto se hace eco de la dificultad que están teniendo personas trans extranjeras que no pueden modificar sus datos en sus países de origen, incluidas solicitantes de asilo, para acceder a la rectificación registral. La ley dio en marzo de 2023 un año al Gobierno para “habilitar la vía reglamentaria” adecuada con este fin, pero a día de hoy ningún ministerio se responsabiliza de llevarlo a cabo.

“Hay casos de personas afectadas incluso teniendo reconocido el derecho de asilo con motivo de su condición [ser LGTBI] y el peligro que comportaba seguir viviendo en el país de origen”, señala la pregunta. Entre ellas, está Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia a la que el Ministerio del Interior reconoció el estatus de refugiada precisamente por ello. “El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, decía en conversación con elDiario.es.

Organizaciones LGTBI como la Plataforma Trans fueron las primeras en dar la voz de alarma y registraron varias quejas al Defensor del Pueblo, que ha reclamado a Interior que ponga en marcha el reglamento. La realidad es que la situación está sometida a una enorme disparidad y hay quienes sí están logrando cambiar sus datos gracias al apoyo o asesoramiento de entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia que al no existir un procedimiento reglado, depende en muchos casos de la buena voluntad del funcionario de las oficinas.

Por ello, Sumar urge al Gobierno y le pregunta la razón por la que aún no se ha desarrollado el reglamento y si “tiene sobre la mesa” un calendario para su aprobación. Además, le interroga sobre qué cartera es la responsable de hacerlo, ya que la legislación solo se refiere a la “autoridad competente” y todos los ministerios (Interior, Igualdad, Justicia, Exteriores y Política Territorial) derivan a otro al ser preguntados por elDiario.es.

Las preguntas de Sumar se añaden así a las que también ha registrado Podemos en los últimos meses. Precisamente en una respuesta parlamentaria remitida hace dos semanas al partido de Ione Belarra, Interior se limita a asegurar que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.

Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce.

“Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal.

“El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante.

Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas.

“Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento.

Depender de la voluntad del funcionario

Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR.

Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada 'tarjeta roja'. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz. 

La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista. 

La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”. La Federación Estatal LGTBI también se ha sumado a la queja y ha denunciado el “incumplimiento sistemático” de la ley por parte del Ministerio del Interior, al que reclama la puesta en marcha del reglamento.

Nadie asume la responsabilidad

En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.

El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta.

Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha.

Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación.

“La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de 'autoridad competente' y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”.

Desde su experiencia como abogado de extranjería, Francisco Solans reconoce la dificultad que podría entrañar para los funcionarios encontrar por su cuenta la fórmula. “La Ley de Extranjería establece que tanto la Policía como las Oficinas de Extranjería son las encargadas de obtener los datos de identificación de los documentos del país de origen”, indica el letrado, que apunta a que la posible solución debería pasar por registrar el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil –donde lo hacen los españoles– para que después las Oficinas de Extranjería o la Policía “sí pueda hacer el cambio”. “Siendo tan complejo, es aún más importante que se desarrolle el procedimiento”, añade. 

No es una cuestión superficial. Llevar en los documentos oficiales un nombre y un sexo legal que no se corresponde con su identidad les afecta “cada día”, dice Dina El Omary. Sobre todo, cuando su apariencia física ya no se corresponde con esos datos que aparecen en tarjetas como la sanitaria o la del banco o en sistemas internos en el ámbito laboral o estudiantil. “Me genera problemas en el trabajo, en el hospital, ante las administraciones o con la Policía. Cada trámite se convierte en una explicación, una duda y una exposición innecesaria”, denuncia la mujer, que lamenta la “dura sensación” de haber dejado un país “para huir de una forma de sufrimiento” y haberse encontrado en España “con otra, distinta, pero constante”. “Cuando llegué no me imaginaba que, siendo refugiada reconocida, seguiría viviendo sin documentos que me representen”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra la modificación por la llamada 'Ley Trans' de la Comunitat Valenciana al considerar que puede “vulnerar el libre desarrollo de la personalidad” y el derecho a la intimidad personal de las personas transexuales menores de edad.

El Defensor del Pueblo recurrió la modificación llevada a cabo por la Generalitat Valenciana, tras la llegada al Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox, en relación con el párrafo segundo del artículo 16.2.b) de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, incorporado mediante el artículo 136 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

En concreto, la institución se refiere en su demanda a que, “para iniciar el tratamiento farmacológico contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.

El organismo que dirige Ángel Gabilondo alegaba que se podría “vulnerar” el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución Española) y el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Carta Magna) de las personas trans menores de edad.

Después de un verano marcado por los incendios y por las reclamaciones laborales de los bomberos madrileños, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha abordado el tema en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este lunes (donde ha dejado una controvertida frase: “para mí, no hay un genocidio en Gaza”). El primer edil ha encarado las críticas del cuerpo que lucha por la extinción de incendios desde una perspectiva inesperada, al responsabilizar a “la infame Ley Trans” del retraso en la incoporación de 126 efectivos a plantilla municipal.

“Vamos a llegar al compromiso en ese convenio colectivo que hemos firmado con el cuerpo de bomberos y con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid de alcanzar los 1.750 efectivos, y hemos convocado más de 500 plazas desde que estamos en el Gobierno municipal”, expuso Almeida. “No hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados. Ninguna ley en democracia ha hecho tanto daño a las mujeres como la del solo sí es sí y la Ley Trans”, afirmó después.

Almeida alude a un supuesto retraso producido por el infructuoso intento de un candidato, David L.Y. (vinculado a grupos antifeministas y supremacista blanco, tal como publicó ABC), de obtener una plaza mediante el uso fradulento de la Ley Trans. La fallida aspiración del opositor para obtener una plaza con la Ley Trans copó titulares y portadas cuando parecía avanzar, aunque su trascendencia mediática fue menor cuando acabó naufragando.

Todo se remonta a la relación provisional de aspirantes que habían superado la segunda prueba de la fase de oposición (publicada el 8 de octubre de 2024), donde David L.Y. aparecía excluído. Luego readmitido aludiendo que se había declarado mujer en el Registro Civil ya antes de la apertura del proceso y se le debía aplicar el baremo femenino en las pruebas físicas. Fue en una segunda resolución del 2 de diciembre.

Tres meses y un control antidopaje después, el 3 de marzo, el Tribunal de Selección publicaba la expulsión de su candidatura debido a que no había superado los controles médicos. Su nivel de testosterona no se ajustaba al que se aplica en las pruebas femeninas, marcadas por las directrices de las correspondientes federaciones internacionales deportivas de atletismo y natación. En ellas, las mujeres pueden dar un máximo de 2,5 nanomoles en la medición de testosterona, frente a los 25 que puede alcanzar un hombre. Al analizar esas métricas en el control antidopaje, David dio unos niveles de hormona muy superiores a lo permitido, por lo que su candidatura fue descartada.

Un retraso de “un par de meses” que no queda registrado documentalmente

Así, el alcalde se refiere a esos meses de demora para responsabilizar a la Ley Trans. Sin embargo, según puede comprobarse en el seguimiento del proceso que recoge el propio portal municipal, no hubo ningún procedimiento dedicado exclusivamente a este caso. Cuando David presentó sus alegaciones aludiendo que era una mujer, a la postre tomadas en cuenta, otras cinco personas presentaron las suyas por distintas circunstancias (una de las cuales fue también estimada, en ese caso parcialmente). Los dos meses entre el primer listado original y el que incluía su nombre se dedicaron también a estudiar el resto de alegaciones.

Posteriormente el acuerdo del Tribunal de Selección para la expulsión de aspirantes después del reconocimiento médico y el control antidopaje, con la consiguiente modificación de opositores que habían superado esa fase, incluyó a otro candidato eliminado. Es decir, dicha revisión se habría tenido que llevar a cabo de igual manera sin el intento de David L.Y. para utilizar la Ley Trans. “Los motivos de la exclusión serán notificados de forma individual a las personas interesadas”, recoge el acuerdo del 28 de febrero, que no especifica por qué se descartó a ninguno de los dos aspirantes.

Fuentes del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid aseguran sin embargo que “el retraso solo se debió a la aplicación de la Ley Trans, puesto que el segundo de los casos tuvo lugar de manera ordinaria”. Indican que en esa otra expulsión “se sacó de la lista al candidato por incumplir uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, pero no retrasó el proceso selectivo”. El acuerdo del Tribunal de Selección precisa por contra que ninguno de los dos expulsados cumplía con dichos requisitos, sin documentar específicamente el caso de David. Desde el Consistorio comunican a este periódico que el plan original era empezar la formación “hace un par de meses”. Finalmente arrancará el próximo lunes 15 de septiembre.

Contra la Ley Trans sin referencias a las reivindicaciones laborales de la plantilla

Almeida recurre al ataque a la Ley Trans después mucho más de dos meses repletos de enfrentamientos con los bomberos a cuenta de su nuevo convenio colectivo. El cuerpo protagonizó diversas campañas pegando carteles o desplegando carteles en sus parques. Mensajes como “Madrid en peligro, bomberos bajo mínimos” o “Almeida da la cara, apoya a los bomberos” proliferaron durante 2023 y 2024 por las dotaciones de estos efectivos.

“Las horas extraordinarias ahora se están utilizando para cubrir lo ordinario, lo normal”, denunciaba hace año y medio un trabajador en declaraciones a este periódico. “La administración no ha querido convocar las plazas extraordinarias o urgentes cuando podía hacerlo y paliar así un menoscabo en el servicio, como sí ha hecho con los agentes de Policía municipales”, criticaba. El Ayuntamiento había venido aplicando durante años únicamente la tasa de reposición por jubilación, aunque entre la nueva convocatoria de 126 plazas un porcentaje de ellas sí tienen carácter extraordinario.

El regidor se zafa sin embargo en el fracasado intento del opositor para responsabilizar de la situación del cuerpo a la Ley Trans, sin mencionar las reclamaciones que los bomberos han venido pregonando durante meses. Una estrategia que ya ha despertado la oposición de figuras como la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, primera mujer trans en ocupar un asiento de la Cámara Alta. “Ya solo les falta culparnos de los incendios”, ha denunciado en un mensaje de X donde tacha a Almeida de “incompetente”.

La coalición Compromís quiere llevar al Tribunal Constitucional la reforma de la 'ley trans' valenciana aprobada por PP y Vox en las Corts Valencianes. La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, y el diputado de la coalición las Corts Francesc Roig han registrado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera derechos fundamentales.

La formación considera que “esta ley, impulsada por PP y Vox, introduce modificaciones sustanciales en la 'Ley Trans' valenciana y vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales del ordenamiento jurídico, desnaturalizando su finalidad garantista y suprimiendo múltiples derechos reconocidos a favor de las personas trans”. La ley fue modificada en el pacto presupuestario entre el partido de Carlos Mazón y la ultraderecha, en el marco de la ley de acompañamiento a los presupuestos, y las entidades LGTBI entienden que abre la puerta a las terapias de conversión, algo que el Gobierno valenciano niega.

Los valencianistas, que presentaron el escrito este lunes, afirman que es “el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana. Atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad, donde solo tienen cabida quienes piensan como ellos. Digan lo que digan desde el Partido Popular, los hechos son incontestables. Siempre y en todos los lugares han estado en contra de los derechos de las personas LGTBI”, argumenta Micó en un comunicado.

Por su parte, Roig recuerda que “esta ley forma parte del pacto infame entre Mazón y Vox que permitió la continuidad del presidente de la Generalitat con el apoyo de la extrema derecha. Un presidente que cuenta con el rechazo del 80 % de la sociedad valenciana. Es cruel y miserable que el precio de la continuidad de Mazón lo paguen las personas más vulnerables, como ahora las personas LGTBI, y en especial las personas trans. Por eso queremos luchar contra este recorte de derechos también ante el Tribunal Constitucional”.

Derechos afectados, según la coalición

En su escrito, Compromís entiende que existe una vulneración del principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 CE). La nueva ley debilita la protección contra la discriminación al suprimir la definición de “discriminación por error” y eliminar los conceptos de “victimización secundaria” y de “incumplimiento de medidas de acción positiva”.

En segundo lugar, se observa un “menoscabo” del derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 CE). La Ley 5/2025 impone requisitos médicos y psicológicos a las personas trans, regresando a un modelo que las considera “personas enfermas”.

En tercer lugar, se señala una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y al libre desarrollo de la personalidad (artículos 15 y 10 CE), debido a la regulación de las terapias de conversión. La nueva ley sustituye la prohibición explícita de terapias de aversión o conversión por una redacción ambigua, que condiciona la prohibición a la existencia de “agresión o intimidación” y permite un “acompañamiento voluntario”.

Esta modificación, para la coalición valenciana, “podría relegitimar prácticas que, al intentar modificar la identidad de género, atentan contra la integridad y la autonomía individual”.

En cuarto lugar, se indica una afectación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (artículo 27 CE). La Ley 5/2025 suprime la obligación de que los proyectos educativos aborden la diversidad de género y supedita las actividades al acuerdo parental. Esto puede suponer un veto de facto y una forma de “censura ideológica” en las escuelas, afectando a una educación completa e inclusiva, y pudiendo vulnerar el derecho a la educación y el principio de no discriminación.

Finalmente, se menciona una afectación al derecho a la intimidad (artículo 18 CE). Las “cláusulas de compatibilidad” en el uso de espacios segregados por sexo pueden justificar la exclusión o segregación de personas trans en nombre de la intimidad de otros usuarios. Esto podría vulnerar la propia intimidad y dignidad de las personas trans, así como el principio de no discriminación.

La mayoría de PP y Vox en las Corts Valencianes tumba una propuesta que reclama que las conocidas como terapias de conversión sexual sean consideradas delito y figuren específicamente en el Código Penal. La derecha y la ultraderecha han votado en contra de una proposición no de ley presentada por Compromís a instancias de colectivos LGTBi, después de que en la ley de acompañamiento a los presupuestos se modificaran las referencias a estas terapias.

En una de las enmiendas aprobadas a esta norma, que se aprobó hace escasas dos semanas, se refleja que “se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans”, y a renglón seguido que es “posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente”. La conselleria insistió en que el cambio normativo no avala este tipo de terapias. El director general de Diversidad, Stephane Soriano, aseguró que “las terapias contra las personas trans están totalmente prohibidas en la Comunidad Valenciana”. Al respecto, Compromís y el PSPV alertaron del cambio y denunciaron que “eliminan contenido sobre diversidad sexual, abriendo la puerta a las terapias de conversión y, en definitiva, desmontando las garantías de protección a las personas trans, especialmente a las infancias”

Durante el debate, celebrado en la sesión de este miércoles -las votaciones se realizan en bloque el jueves- el diputado de Compromís Francesc Roig defendió la necesidad de considerar estas supuestas terapias como delito para así facilitar la protección de las víctimas. Es algo que pide una proposición de ley orgánica registrada en el Congreso por Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts, a propuesta de la asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel. La diputada socialista Cristina Martínez coincidió en denunciar estos cambios, al considerar que “las mal llamadas terapias de conversión son crueles, inhumanas y no deberían haber existido nunca”. “No es terapia, es tortura”, proclamó tras anunciar su apoyo a la iniciativa de Compromís.

El PP niega que se avalen las terapias

La diputada del PP Verónica Marcos aseguró que “el PP nunca ha avalado, avala ni avalará jamás las terapias de conversión”, que “están prohibidas y seguirán prohibidas”, por lo que tachó de “bulo” las críticas de la izquierda. “Hemos tenido que poner sentido común para garantizar la supervisión médica y psicológica” con “protocolos reales”, justificó sobre los cambios en la Ley Trans que ve “ineficaz”. Pese a ello, su grupo ha votado en contra de la propuesta.

Además, acusó al anterior gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem, que impulsaron una norma pionera en España, de guardar las denuncias “en un cajón para que caducaran” y de “no personarse en ningún procedimiento”, mientras el actual Consell “ha remitido los casos a Fiscalía”. En su réplica, el diputado de Compromís desmintió esta afirmación, asegurando que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), “aseguró que se personaría en todos los delitos” de agresiones LGTBI y “lo han hecho en cero casos” según una respuesta parlamentaria de Presidencia.

La diputada de Vox Ángeles Criado sí defendió lo que califica como “el acompañamiento” a personas LGTBI: “Una persona que está en un periodo de confusión de identidad está en su derecho de que alguien le acompañe, si voluntariamente quiere, y puede elegir a quien le dé la gana en función de sus creencias religiosas”, argumentó la parlamentaria ultraderechista. Los parlamentarios de izquierdas afearon la intervención de Criado, calificando este ideario como “transfobia” y “fanatismo religioso”, mientras reivindicaron “la libertad de ser”. “El pecado es el que hacéis vosotros, y lo pagaréis más pronto que tarde”, lanzó Roig a la bancada ultra.

La titular del Juzgado de Violencia de Género nº2 de Zaragoza ha decidido suspender un juicio por violencia machista contra un maltratador debido a que este registró un cambio de sexo. Según denuncia la abogada de la víctima, Ana Cristina Inés Villar, el acusado –que iba a ser juzgado por no abonar la manutención de sus hijos– “no tiene ningún indicio de cambiarse el físico, es un cambio solo registral, en el DNI”. Ahora se gestionará en un juzgado de violencia doméstica de Zaragoza.

El delito de abandono de familia está reconocido por el Tribunal Supremo como un tipo de violencia de género al tener que soportar la madre los gastos básicos de los hijos y se juzga por lo penal. La cuantía que tenía que abonar a la víctima se redujo al quedar el acusado en situación de desempleo, pero “llegan los meses, un mes paga, otro no, lleva casi todo el año sin pagar, paga lo que quiere y fuera de plazo”. 

El caso ha sido adelantado 'Heraldo de Aragón'. El acusado tiene antecedentes por violencia de género, quebrantamiento de condena y amenazas. Ha recurrido estas sentencias y “no le han dado la razón en ningún sitio”. Al haber estado condenado –e incluso en prisión preventiva por estos hechos–, la jurisdicción en la que deben juzgarse estos hechos, aun siendo de naturaleza civil, es en los juzgados de violencia, tal y como expone la abogada. 

Cambio de sexo en Teruel

La letrada relata que, al ratificar su cliente la denuncia, les citaron y el abogado del acusado apareció con un certificado en la mano. Se lo entregó a la jueza y el proceso se paralizó, al ser un documento que acreditaba el cambio de sexo registral hecho en Teruel. “Ahora la competencia es si se inhibe en un juzgado de violencia doméstica, porque ahí no tiene nada que ver el sexo, y que se juzgue por ahí”, apunta la letrada.

Este es el primer caso de este tipo en Zaragoza y en Aragón, aunque hay precedentes en otras ciudades de España. 

La abogada expone que van a aportar un escrito, con base en la propia ley, alegando que un cambio de sexo, “sea o no fraudulento, no afecta a la denuncia que pusimos; todos los hechos anteriores al cambio se tienen que juzgar en función de la situación sexual que tenía en ese momento”. Expone también que, si se consolida el cambio, tratarán de impugnarlo “por fraude de ley”. La abogada destaca la “indefensión” de la víctima, que “está destrozada”. Considera que la legislación debe cambiar y desarrollar “el artículo 47 con más eficiencia porque se están aprovechando. El hecho de que se cambie de sexo no significa que en ese momento no tuviera condición de hombre”. 

El artículo 46.3 de la ley Trans deja claro que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

La abogada destaca que este caso es muy similar al ocurrido en Castellón, donde sí que se juzgó por violencia machista al considerar que en el momento en el que se produjeron los hechos era un hombre. Los magistrados han desestimado el recurso de un presunto maltratador que no pudo ser investigado por un juzgado de violencia registral tras cambiar de sexo. El Tribunal considera que en este caso “concurren una serie de circunstancias de las que se infiere que en realidad dicha inscripción no obedeció a una decisión sincera, sino que más bien podría haberse llevado a cabo con otras finalidades fraudulentas”.

Como ocurre ahora en Zaragoza, la Audiencia de Castellón señala que los hechos denunciados se remontan a un periodo anterior al cambio de sexo en el Registro Civil y precisa que el investigado ya ha estado implicado previamente en otros procedimientos de violencia de género, “por lo que es conocedor de las consecuencias, a lo que podía enfrentarse y la forma de evitar sus efectos”. Coinciden también ambos casos en que maltratador y víctima habían sido pareja durante muchos años y tienen hijos en común. 

Legislación en materia penitenciaria

La política penitenciaria sobre personas trans en España se basa en una instrucción emitida por Instituciones Penitenciarias en 2006, organismo competente en todo el país salvo en Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas estas funciones. En el caso de los reclusos que sí que han hecho el cambio de sexo registral, como sería este en caso de ser condenado, ingresaría en el módulo de mujeres, aunque si no han realizado ninguna operación pueden escoger. 

Este documento también permite que, aunque una persona no haya realizado el cambio registral de sexo, pueda solicitar ser reconocida como trans dentro del centro penitenciario y, en consecuencia, ingresar en un módulo que se ajuste a su identidad de género. Así, las mujeres trans pueden pedir su traslado a módulos de mujeres, y los hombres trans, a los de hombres. Para acceder a esta posibilidad, la normativa exige una evaluación médica y psicológica, así como que la persona esté socialmente reconocida como trans.

La presidenta ultra de las Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha expulsado a media docena de invitados del colectivo trans del pleno de la Cámara. La dirigente de ultraderecha, segunda autoridad valenciana, ha pedido a los servicios de seguridad que desalojaran a representantes del colectivo, que seguían la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por realizar una protesta desde la tribuna.

Los invitados han mostrado una bandera trans mediante el color de sus camisetas (rosa y azul) de espaldas al hemiciclo, desde la tribuna de invitados, y han gritado “la ley trans no se toca”, durante la intervención del diputado de Compromís Francesc Roig, que ha reprochado al Ejecutivo del PP y a los grupos parlamentarios las enmiendas que recortan la ley trans. Según Compromís, el nuevo texto abre la puerta a las terapias de conversión, algo que la conselleria de Igualdad niega.

“Les recuerdo que el público que está siguiendo la sesión plenaria ha de abstenerse de cualquier tipo de manifestación”, ha apuntado Massó, ya tensa tras una sesión parlamentaria cargada de interrupciones entre los grupos parlamentarios, y les ha expulsado.

Antes del pleno, las asociaciones Lambda, colectivo LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar y Chrysallis, de familias de Infancia y Juventud Trans se han concentrado este jueves frente a Les Corts para pedir que “no se toque” la Ley Trans valenciana y denunciar “el mayor ataque” contra los derechos de este colectivo “ejecutado por un PP vendido a Vox para mantenerse en el poder, después de mentir hace un año diciendo que no desmantelarían” la norma.

El Departament de Interior de la Generalitat ha abierto una investigación a dos bomberos que se cambiaron el género en el DNI por posible “uso fraudulento” de las normativas de igualdad. Pero constata que ninguno de ellos hizo el cambio para poder acceder a plazas reservadas para mujeres, ya que ya trabajaban en el cuerpo antes de registrar el cambio, tal como ha explicado la Generalitat a elDiario.es.

El caso, avanzado por El Periódico, se refiere a dos agentes, uno de Badalona y otro de Vic, que se cambiaron el género en el Registro Civil, pero no su nombre y tampoco alteraron su aspecto ni llevaron a cabo “proceso ninguno de tránsito”, según ha asegurado el Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales, que se ha hecho cargo de la investigación. 

“Trabajamos y trabajaremos cuando se observa que hay indicio de un uso fraudulento de las normativas en cuanto al derecho de acceso al cuerpo”, ha expresado la consellera de Interior, Núria Parlon. Ha añadido que la investigación, tras la cual se tomarán “las decisiones que se consideren oportunas”, servirá para garantizar que se cumplan “las bondades” de la ley de igualdad. 

Alba Alfageme, jefa del Gabinete, sostiene que estas actitudes “van en contra de los valores del cuerpo. Somos servidores públicos y estamos para proteger a la ciudadanía. Vanagloriarse de estas actitudes en el trabajo o aprovecharse para conseguir una plaza es algo que no se puede permitir”.

Ahora bien, reconoce que los regímenes disciplinarios actuales, redactados bastante antes de la aprobación de la ley trans, no contemplan sanciones para este tipo de fraudes de ley. “Estamos explorando con asesoría jurídica cómo se pueden encajar estas actitudes con el código que tenemos”, apunta Alfageme.

Igualmente, insiste en que a la Generalitat no le compete decir si alguien se siente hombre o mujer y, por tanto, las investigaciones abiertas no determinarán esto, pero sí se recogerán informaciones que vengan a demostrar si se ha hecho o no un proceso de transición o si las personas investigadas han realizado el cambio registral “más por posiciones contrarias al avance de los derechos LGTBI, que por su sentir”.

En este sentido, desde Interior explican que el cambio de género registrado por estos dos bomberos responde a “una muestra de confrontación política e ideológica de quienes están en contra de la reserva de plazas para mujeres”. La primera vez que se aplicó esta decisión fue en la convocatoria de 300 plazas de principios de 2024, en la que se destinó el 40% para bomberas. 

Esta convocatoria fue la mayor de los últimos años -en toda la pasada legislatura se convocaron 790 plazas- y se buscaba feminizar un cuerpo en el que el 98% de los integrantes son hombres. Desde el momento en que se empezó a aplicar la reserva, en las bases de las convocatorias se incluyó una advertencia que apuntaba que, si se detectaba fraude de ley a la hora de determinar el género sentido, se anularía la convocatoria. 

La Generalitat asegura a este medio que esta decisión se tomó después de haber constatado casos de fraude en otros cuerpos como el del Ejército español, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Desde Interior apuntan que desde que se aplica la reserva de plazas sólo se ha detectado un caso de posible fraude. Se trata de un hombre que expresó su voluntad de cambiar su género en el DNI para poder acceder a una plaza de mujeres, pero finalmente desistió.

Fueron otros aspirantes quien pusieron en caso en conocimiento del Departament de Interior, pero la administración no tuvo necesidad de iniciar ninguna acción ya que el hombre en cuestión decidió no presentarse a las pruebas. “La censura social fue suficiente”, añaden desde la Generalitat.

El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana el recurso que el PP interpuso contra algunos artículos clave de la ley Trans. Un debate al que el sector progresista y mayoritario del tribunal llega dividido: la ponencia del exministro Juan Carlos Campo propone avalar buena parte de la ley, pero existe debate interno sobre la posibilidad que otorga la ley a que los menores de entre 12 a 16 años de edad rectifiquen la mención a su sexo en el Registro Civil. Sobre la mesa, tal y como explicó El País este fin de semana, está la posibilidad de que el debate tenga que retrararse a un pleno posterior.

La ley Trans entró en vigor en el primer trimestre de 2023. Una norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirigía entonces Irene Montero y que reconoce la autodeterminación de género pero cuyo carácter integral abarca también los casos de menores de entre 12 y 14 años de edad o la prohibición de las terapias de conversión. Su puesta en marcha abrió una brecha entre los socios del Gobierno de coalición y fue recurrida poco después por el Partido Popular y por Vox.

La impugnación del partido de Alberto Núñez Feijóo abarcaba cinco artículos de la ley Trans. Entre ellos, los que posibilitan las “prácticas de modificación genital” en menores de edad de entre 12 y 16 años, los que facilitan que menores puedan soliticar el cambio de su mención registral asistidos por un representante legal y los que establecían como infracción administrativa, entre otras conductas, promover la discriminación en los libros de texto.

El recurso de Vox abarcaba mucho más aspectos de la ley: casi 20 artículos y tres disposiciones finales. Desde la definición misma de identidad sexual hasta la prohibición de terapias de conversión pasando por la formación y educación en igualdad, hasta la posibilidad de que un menor cambie su mención en el Registro Civil.

La división interna del sector progresista, según fuentes del organismo, responde a las reticencias de dos de sus magistradas a avalar algunos aspectos de la ley que, en la práctica, habilitan a los menores de entre 12 a 16 años de edad a instar la rectificación de la mención a su sexo en el Registro Civil, aspecto recurrido tanto por PP como por Vox. Estas mismas fuentes no dan por hecho que las deliberaciones no vayan a llegar a un acuerdo, pero dan por hecho que no habrá unanimidad progresista en torno a la propuesta de sentencia de Juan Carlos Campo.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez da pasos para proteger a los colectivos LGTBI, con la entrada en vigor de un protocolo de actuación que evite la discriminación de las personas trans en el ámbito laboral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rema hacia atrás y en estos dos años de mandato ha acometido una ofensiva en toda la regla contra estos grupos, con recortes legales, eliminación de ayudas y desmantelamiento de organismos que amparaban sus derechos.

El partido de Santiago Abascal, sin embargo, quiere más y ha exigido al PP en varios parlamentos autonómicos –incluida la Asamblea de Madrid– que apoye la derogación de las normas regionales que protegen a estos colectivos.

Aunque los conservadores han rechazado llegar a tanto, en Madrid, el PP de Ayuso votaba el pasado 13 de febrero en contra de una iniciativa impulsada por Más Madrid que pretendía que las terapias de conversión para personas del colectivo LGTBIQ+ sean delito. Ayuso se unía así a Vox en el pleno de la Asamblea de Madrid para rechazar la Proposición no de Ley (PNL) argumentando que con esta medida los partidos progresistas pretenden atacar a la Iglesia, después de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunciase que siete diócesis siguen acogiendo estas prácticas.

Ahora, cuando se está a punto de cumplir dos años de la victoria por mayoría absoluta del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la asociación para la equiparación social y legal de personas LGTBI+ migrantes y refugiadas, Arcópoli, ha querido recordar todos los recortes que ha ejecutado el Gobierno regional madrileño que preside Ayuso, a la que en un comunicado que han hecho público estos días le preguntan: “¿Por qué quiere arrebatarnos nuestros derechos?”; “¿Por qué ha decidido colocar al colectivo LGTBI+ en el punto de mira?”, y “¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanto desprecio?”.

Según relatan, “en los últimos años, la Comunidad de Madrid ha sido testigo de una serie de acciones políticas e institucionales que han generado una creciente preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI+”. “Estas medidas, lideradas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la diputada y portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, parecen apuntar a una sistemática erosión de los derechos y protecciones del colectivo LGTBI+, con un énfasis particular en la comunidad trans”, lamentaban después. “¿Por qué estas tres mujeres nos odian tanto?, ”¿por qué tanto ensañamiento?“, se preguntan.

Lo cierto es que a lo largo de estos dos años la presidenta regional madrileña se ha dedicado a modificar leyes y a eliminar organismo que protegían y amparaban los derechos de los colectivos trans y LGTBI. El primer paso que dio la dirigente del PP fue la modificación de las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobadas en 2016 por el Gobierno de su antecesora, Cristina Cifuentes. Lo advirtió antes de las elecciones de aquel año ya que el primer intento para derogarla, planteado por Vox, no fructificó al decaer la iniciativa. “Tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”, advirtió entonces Ayuso. Dicho y hecho. En noviembre de 2023 su grupo presentó en la Asamblea de Madrid dos proposiciones de ley para reformar ambas normas.

La reforma se aprobó en diciembre. Según el preámbulo del nuevo texto la nueva normativa buscaba corregir aspectos que, a juicio del gobierno de Ayuso, “podían conculcar derechos como la libertad de expresión y de prensa, así como la presunción de inocencia”. En la ley trans, se eliminó el concepto “identidad de género”, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

El Gobierno de Ayuso aprovechó para eliminar también otros artículos como el que conminaba a las instituciones a visibilizar al colectivo LGTBI+ con campañas, pero también la celebración del 17 de mayo (Día internacional contra la LGTBIfobia) y la obligación de instalar la bandera arcoíris en las sedes de la Asamblea y de la Comunidad ese día. Tampoco se pusieron nunca en marcha la creación del Centro de Documentación y de Memoria Histórica LGTBI ni el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. El colectivo se vio igualmente privado de adecuar en Madrid su documentación autonómica (tarjeta sanitaria, carné de la biblioteca, tarjeta de transporte etc.…) a su identidad de género teniéndose que acoger a la ley estatal. La proposición de ley mantuvo la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.

En Vox aseguraron que era “un gran día” a pesar de que su partido quería ir más lejos aún. La histórica activista LGTBI y diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, fue muy dura con la bancada del PP a los que acusó de “vivir en la indigencia moral de cualquier empatía”. Antonelli aseguró que Ayuso “consuma un acto de cobardes, miserables y malas personas por la puerta de atrás”. “A escondidas se lleva adelante la aberración de la señora Ayuso”, sentenció. El Gobierno central llevó ante el Constitucional varios artículos derogados alegando que invadían “competencias estatales” y recogían normas “claramente regresivas, que limitan derechos de los ciudadanos” y la ley quedó en suspensión cautelar. El tribunal también admitió a trámite un recurso similar pero presentado por el Defensor del Pueblo.

Pero Ayuso maquilló el texto para sortear el veto del alto tribunal y volvió a llevar los recortes al Pleno de la Cámara regional que le dio el visto bueno en octubre de 2024 tras pedir su tramitación en lectura única por la vía de urgencia. Tanto la COGAM como Arcópoli consideraron que estas modificaciones representaban un “grave retroceso en materia de derechos humanos y una grave discriminación legal hacia las personas LGBTI+, y ”un giro propio de la ultraderecha más reaccionaria, un eco de aquellos que niegan la diversidad y pretenden imponer un modelo único y excluyente de sociedad“.

Otra de las decisiones del Gobierno de Ayuso que ha denunciado Arcópoli es la eliminación de subvenciones específicas para el colectivo LGTBI+. “En 2024, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suprimir las convocatorias de subvenciones destinadas específicamente a organizaciones LGTBI+”, recuerdan. Esta medida fue justificada por el gobierno regional argumentando “una reestructuración y racionalización de los recursos públicos”. Sin embargo, lamentan los colectivos, “esta decisión ha generado un recorte financiero en proyectos tan necesarios como el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia afectando directamente a la comunidad LGTBI+ en la región”.

A todo eso hay que sumar la supresión de la Subdirección General de Igualdad LGTBI del organigrama de su Gobierno. Ayuso aprovechó la reestructuración en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realizada en diciembre de 2024, para llevarse por delante ese departamento que velaba por la protección de personas LGTBIQ+. La maniobra normativa del Ejecutivo autonómico de Ayuso pasó por sustituir la Dirección General de Igualdad por la nueva Dirección General de la Mujer, mientras las competencias de Subdirección pasaban a la Subdirección General de Integración Social.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, afirmó entonces que “no se había dejado de asumir ninguna competencia” tras esta eliminación. No obstante, entidades como Arcópoli y COGAM manifestaron su preocupación, considerando esa acción como un “alarmante retroceso” en la protección y promoción de los derechos LGTBI+ en la comunidad.

Desde estos colectivos consideraron que “la existencia de instituciones que aborden las desigualdades y garanticen el respeto a los derechos humanos” eran “fundamentales”. Por ese motivo instaron al gobierno regional a que reconsiderara la medida, “reafirmando su compromiso con la igualdad y la diversidad”.

En el comunicado que hizo público Arcópoli la semana pasada reflexionan sobre “las motivaciones” que puede haber detrás de estas acciones del gobierno regional madrileño. “Algunos analistas sugieren que podrían estar influenciadas por corrientes ideológicas ultraconservadoras que buscan revertir avances en derechos sociales obtenidos en décadas recientes. Otros apuntan a posibles estrategias políticas para satisfacer a sectores específicos del electorado que se oponen a las políticas de igualdad y diversidad”, apuntan. 

La asociación vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades regionales “para que reconsideren estas decisiones y trabajen en pro de una sociedad inclusiva, donde los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos, sin importar su orientación sexual o identidad de género”. “No pedimos privilegios, solo igualdad. No exigimos favores, solo respeto”, zanjan en su comunicado.

El cambio de género solicitado por Agustín Alemán (Yino), considerado como el cabecilla del caso 18 lovas y acusado de otro delito de prostitución de menores, ha vuelto a avivar estas semanas el debate de si puede “beneficiarse” de algún modo por la Ley Trans y si puede pasar rápidamente al módulo de mujeres en el centro penitenciario en el que se encuentra. Su petición de cambiar de género es un hecho que no afecta a su causa penal, ya que será juzgado conforme al género que tenía cuando se cometieron los presuntos delitos, advierten varias fuentes jurídicas consultadas. 

Fuentes penitenciarias afirman, además, que siempre que alguien solicita el cambio de módulo se estudia caso por caso y se tiene en cuenta el tipo de delitos que ha podido cometer esa persona. En este caso, Yino Alemán está acusado de delitos contra la libertad e indemnidad sexual a menores, inducción a la prostitución y delitos contra la salud pública. “Hay un montón de variables que influyen en cómo va a ser su paso por el centro penitenciario. Entonces, para eso hay un equipo técnico que es el que valora”, señalan esas fuentes.

La Ley Trans no interfiere en instituciones penitenciarias, sino que existe una instrucción bastante anterior a la norma, que es del año 2006 y que se lleva aplicando con normalidad en las cárceles. Las fuentes penitenciarias consultadas insisten en que ya hay una trayectoria en este sentido para garantizar la seguridad de todas las personas. “Cuando una persona ingresa en prisión, el equipo técnico del centro penitenciario realiza una serie de entrevistas y se hace un análisis de trayectoria penal, la trayectoria penitenciaria si la hubiera, tipología delictiva, trayectoria personal… O sea, un análisis global del caso en particular que estás analizando y con todo eso se comienzan a tomar las decisiones. Decisiones de en qué módulo va a estar, qué itinerario va a seguir en el centro penitenciario y cuál va a ser su vida dentro del centro”, resumen. 

En ningún caso, la petición de cambio de género lleva consigo decisiones automáticas ni siempre suponen que se vaya a trasladar de módulo a la persona. En este caso, no se le ha trasladado al módulo de mujeres como pide. “No se pueden simplificar los casos, hay multitud de variables que influyen y hay un equipo técnico que lo valora”, insisten. De hecho, en esa instrucción de 2006 y vigente se recoge que “el reconocimiento de la identidad de género solicitada no implicará el de una nueva identidad jurídica, en el interior o el exterior de los recintos penitenciarios” y que “la administración instará el empleo de nombre adecuado a su identidad de género, en las relaciones grupales e interpersonales penitenciarias, con exclusión de las de carácter oficial, incluida la documental, en que seguirá empleándose el nombre oficialmente acreditado”.

La instrucción también apunta que “la dirección del centro adoptará las medidas provisionales necesarias para su internamiento, garantizando la máxima protección de los derechos de la persona al reconocimiento de su identidad de género, hasta la resolución definitiva del expediente” y que “en el caso de apreciar una ausencia de base suficiente para la reclamación acreditada en el historial penitenciario de la persona solicitante, la Dirección podrá motivar la denegación de las medidas provisionales anteriores”. Existe en todo caso un “módulo de respeto”, de manera que esa persona pueda estar sola y también se salvaguarde su intimidad en momentos como a la hora de acudir al servicio, por ejemplo. 

El profesor de Derecho Constitucional y director de la asociación LGTBIQ+ Diversas, Sergio Siverio, ha explicado a esta redacción que la rectificación registral de una persona que pide el cambio de género no cambia nada con respecto al proceso penal que está en curso. Es decir, “el género que se tiene en cuenta durante el proceso es el que la persona tenía en el momento de la comisión del delito”. “Y, en segundo lugar, sin necesidad de la Ley Trans, desde el año 2006 era posible cambiar de módulo penitenciario sin obtener ni tan siquiera la rectificación registral del sexo, o sea, que podía ir a un módulo de mujeres si se autoidentificaba como mujer y superaba los trámites establecidos por instituciones penitenciarias que dependen de todo un proceso interno”, remarca.

Siverio apunta que desde que esa instrucción está vigente “no tenemos constancia de que exista una problemática inmensa en relación con posibles violaciones o cuestiones de ese tipo por personas autodeterminadas mujeres”, recuerda en referencia a la alarma que se ha generado en este sentido. Asimismo, recuerda que hay experiencias de módulos mixtos.  “Lo que está claro es que los bulos, las desinformaciones habituales no tienen nada que ver con la Ley trans, que lo único que hace es permitir a las personas trans autodeterminarse y que vean su género reconocido en el ámbito registral y en sus documentos de identidad”, incide el profesor. 

Un movimiento organizado de ultraderecha

Cabe recordar que las investigaciones sitúan a Yino Alemán como el responsable de 18 Lovas, una agencia de modelos que captaba adolescentes en centros de menores para prostituirlas. Además, ha sido detenido en el marco de la operación Incubo, también por prostitución de menores. Esta última investigación comprendió cinco entradas y registros en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde y Las Palmas de Gran Canaria. Según adelantó Canarias7, al solicitar el cambio de género, Yino Alemán pidió seguir usando su nombre e incluso planteó iniciar una huelga de hambre si no se le trasladaba al módulo femenino. 

Existen actualmente mecanismos para detectar posibles fraudes ante la Ley Trans, como puede ocurrir ante otras normas. De hecho, el juez Matías Martínez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana, ha dictado varios autos denegando el cambio de sexo registral al apreciar “intenciones espurias” en los solicitantes. En todos los casos se trataba de hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva. 

Se trata de una realidad que no es ajena a las asociaciones LGTBIQ+, que advierten de que existe un movimiento organizado por parte de hombres de ultraderecha que pretenden atacar así esta norma. “Como existe en un montón de ámbitos, el Estado tiene mecanismos para prevenir las situaciones de fraude. El encargado del Registro Civil que estudia este tipo de cuestiones debe analizar caso por caso la posible existencia de fraude. Y, sobre todo, a posteriori también se puede detectar el fraude como en casos como estos cuando piden cuestiones como el cambio de módulo penitenciario”, remarca Siverio, que añade que “los colectivos y concretamente Diversas ha llegado incluso a instar a la Fiscalía en casos concretos a la anulación de las resoluciones que conceden el cambio registral cuando tenemos indicios más que suficientes de que se trata de casos de fraude”, expone. 

“Lo que nosotros entendemos es que la Fiscalía debe estar especialmente presente, Instituciones Penitenciarias debe estar en contacto constante con el Ministerio Fiscal para instar a la anulación de esos autos (que creemos que son muy minoritarios) que concediera la rectificación registral a personas que evidentemente no son trans, sino que se hacen pasar por trans para obtener unos beneficios que en ningún caso se consideran acreditados que vayan a existir y que en todo caso se puedan anular si se descubre o si se resuelve la existencia de fraude de ley o abuso de derechos”, remarca. Asimismo, insiste en que “hay organizaciones que están intentando demostrar los supuestos efectos nocivos de la Ley Trans”, lamenta. 

Hace unos años hubo un caso de violencia machista en el que la persona acusada pidió cambiar su género y que se le llamara Lorena. Se trata del crimen de Betancuria, en el que durante el proceso se le juzgó como Jonathan y con el género masculino (el que tenía cuando se cometieron los hechos) y actualmente cumple una condena de 38 años de cárcel. Por lo que en nada interfirió su petición en el proceso. Asimismo, en aquel momento (año 2022) instituciones penitenciarias informó de que podría estar en un módulo de respeto teniendo en cuenta esa misma instrucción. 

Las personas trans, en la diana

Siverio insiste en que el Estado tiene mecanismos para protegerse en caso de fraude o abuso de derechos, “que son minoritarios, pero que desde luego no pueden hacer que la diana se vuelva contra las personas trans que acceden a un derecho que les corresponde por dignidad”, remarca. 

Destaca, además, que mientras se habla de esos casos minoritarios no se está hablando de que hay personas que se quedaron fuera de esta ley, como las personas no binarias. “Las leyes autonómicas son mucho más avanzadas que la ley trans a nivel estatal porque no permite que las personas no binarias se autodeterminen”, afirma. 

También remarca que nadie pone el foco en si se han puesto en marcha las medidas planificadas para evitar la lgtbifobia en el ámbito de las empresas y promover la inserción laboral de las personas trans, “nadie habla de la existencia de órganos de participación en materia LGTBI, nadie comenta el asunto de la prohibición de las terapias de conversión, nadie habla de todas las medidas que incorpora esta ley que no solo tienen que ver con la rectificación registral…”, expone el profesor, que recuerda lo que está ocurriendo en otros países como EEUU donde Donald Trump ahora impone que solo existen dos sexos y elimina cualquier tipo de medida en favor de las personas de las personas LGTBIQ+. 

La Unidad de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía está analizando las declaraciones de un agente en un programa de Cuatro que le entrevistó para que comentara la inscripción de un supuesto “sindicato trans no normativo”, una iniciativa que utiliza la mofa del colectivo transexual para posicionarse ideológicamente en contra de las políticas de género, informan a elDiario.es fuentes policiales.

El agente, de nombre Daniel Gallardo, aseguró en la entrevista que el objetivo del sindicato era representar a las mujeres transexuales del Cuerpo:  “Yo misma, muchas mujeres, no nos sentíamos representadas”. En un tono de complicidad, el conductor del programa, Nacho Abad, preguntó al policía si era “un sindicato feminista no normativo lésbico”. “¿A ti te gustan las mujeres”?, añadió el periodista. “Tú ya lo sabes, pero claro que me gustan las mujeres, soy muy lesbiana”, respondió jocosamente el agente.

Daniel Gallardo Casas está destinado en la comisaría de Jerez de la Frontera. Tiene 44 años y lleva 19 en el Cuerpo. Pertenece a la escala básica. En el caso de que Régimen Disciplinario observe algún posible motivo de sanción iniciará un expediente disciplinario que tardará meses en instruirse y que puede derivar en una propuesta de sanción por infracción del Régimen Disciplinario de la Policía o de archivo.

Gallardo Casas hizo las declaraciones a las puertas del Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior en Madrid. Las fuentes consultadas han confirmado que Trans No Normativos ha presentado su solicitud para convertirse en sindicato de la Policía Nacional en el Registro General del Cuerpo. De ahí se dará traslado de la solicitud a la División de Personal y esta consultará a la Abogacía del Estado en lo que supone el trámite ordinario en estos casos.

La intervención de Daniel Gallardo indignó a algunos de los participantes en el programa que estaban en plató. Ramón Espinar espetó al agente: “Para estar en la puerta de una institución pública, con esa pinta, esa ideología y ese discurso, hay que tener unos huevazos”. Y añadió: “No sé cómo no intervienen y te quitan la placa porque es una vergüenza para la policía. Es pisotear el trabajo de tus compañeros, la dignidad de la Policía y del Estado”. En ese momento, el policía nacional amenazó al politólogo: “A ver si tienes huevos y me lo dices a la cara”.

El pasado 29 de enero, The Objective aseguraba que Trans No Normativos es una iniciativa “impulsada por un grupúsculo de militares, policías nacionales y guardias civiles, la asociación, que representa a personas con estética masculina pero que son mujeres gracias a la ley trans, ya cuenta con un sindicato policial, el primero de esta índole” y añadía que Daniel Gallardo era su “vicepresidenta”.

El PSOE llegaba a su 41º Congreso con unos cuantos aprietos y polémicas, internas y externas, de fondo. Pero ni el liderazgo de Pedro Sánchez, ni la dimisión de Lobato, ni los comentarios a la contra de Emiliano García Page, ni ninguna de las propuestas debatidas en Sevilla o de las promesas del presidente han dejado tanto revuelo y preocupación como lo sucedido con los derechos trans. Cuando parecía que el partido se encarrilaba hacia el cierre de filas alrededor de la ley trans, la aprobación de dos enmiendas a la ponencia marco del Congreso –el documento que marcará el rumbo del partido durante los próximos años– han vuelto a poner patas arriba el discurso socialista sobre los derechos LGTBIQ+.

Esas dos últimas siglas –la Q de Queer y la +, que se refiere a otras identidades– no estarán en el término con el que el PSOE se referirá a las personas LGTBIQ+, un gesto cargado de simbolismo e impulsado por la facción del feminismo tradicional que combatió con dureza la autodeterminación de género y el ministerio de Irene Montero. La otra enmienda parece hablar de algo obvio: que en deporte los hombres no pueden competir en categorías femeninas, una afirmación que solo constata algo que ya sucede, pero que hace una velada alusión a la participación de las personas trans.

Ambas propuestas, aprobadas, caminan en contra tanto de la posición que el partido ha tratado de apuntalar en los últimos años como de la acción de Gobierno, y no solo por la ley trans. El Ministerio de Igualdad, en manos socialistas, cuenta con una “Dirección general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+”.

Sumar, socio de coalición, ya ha advertido de que no “permitirán retrocesos”: su portavoz, Lara Hernández, lamentaba este lunes los posicionamientos que el PSOE había alcanzado en este sentido durante su Congreso. La exministra de Igualdad, Irene Montero, también criticaba las enmiendas aprobadas: “Una mujer trans es una mujer. Lo demás es transfobia, aunque lo diga el PSOE”. La Federación Estatal LGTBI+ aseguraba que “cualquier ideario que no se quiera quedar atrás en el camino hacia la igualdad real” tiene que entender que las mujeres trans “son mujeres” y que el colectivo también incluye “+ disidencias y diversidades sexuales, de género, familiares y corporales”.

Revuelo interno

Pero el revuelo es también interno. Voces significativas del partido lamentan lo sucedido en el Congreso de Sevilla que, aseguran, no se corresponde ni con el sentir mayoritario ni con la intención de cambiar de rumbo. Desde que la negociación de la ley trans quebrara al PSOE, la tensión ha sido constante. Si bien una vez aprobada la norma, el mandato fue achicar las divisiones y adoptar el discurso de las feministas socialistas que no ven incompatibilidad entre la igualdad y los derechos LGTBIQ, las posturas discordantes han seguido haciendo ruido para desesperación de quienes intentan reconducir al partido en los últimos años.

El intento de encaminar la posición del partido y de cerrar heridas cristalizó con el nombramiento de Ana Redondo como ministra de Igualdad, una política sin perfil feminista (para evitar ser encuadrada en ningún bando) que ha defendido sin fisuras la norma. Sin embargo, Pedro Sánchez ha prescindido ahora de Redondo en su nueva Ejecutiva socialista. Aunque la decisión no está relacionada con la aprobación de las enmiendas, una cosa y otra puede dejar en entredicho, no solo la posición de Redondo, sino la del propio PSOE. La ministra ha sido sustituida por Pilar Bernabé, hasta ahora delegada del Gobierno en Valencia, a quien Sánchez ha querido premiar por su actuación durante la DANA.

La ponencia marco con la que el PSOE llegaba al Congreso mencionaba en varias ocasiones las siglas LGBTIQ+ o LGBTIQ. Entre las 6.000 enmiendas recibidas a esa ponencia, al menos una pedía continuar con el término LGTBI (el utilizado en la ponencia anterior, en 2021, cuando el partido socialista andaba en plena batalla interna alrededor de la ley trans) y no añadir el +, que era la propuesta final de los y las ponentes. La enmienda salió adelante a última hora del sábado, más allá de las diez de la noche, cuando la presencia de delegados era ya escasa y un grupo de militantes feministas de la órbita de Carmen Calvo y Ángeles Álvarez insistieron en que, aun así, se votara.

¿Qué es 'queer' y por qué importa esa sigla?

Pero, ¿qué es lo queer y la + y qué importancia cobra este gesto? Si resumimos mucho (mucho), el término anglosajón Queer engloba un conjunto de prácticas e ideas que rechazan la concepción del género, la identidad o la orientación sexual como etiquetas y categorías fijas. Lo queer traspasa las fronteras de lo socialmente aceptado, cuestiona el sistema binario y se aleja de los postulados hegemónicos de la comunidad LGTBI. Aunque primero fue utilizado como insulto (algo similar a desviado, raro), a partir de los 80 la comunidad LGTBI se reapropió del término. El símbolo + busca incluir todas las identidades y expresiones no contenidas en las otras siglas.

El término está asentado, no solo entre la comunidad, sino en organizaciones internacionales o tratados. ONU Mujeres es clara: “Trabajar por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ es indivisible de trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, dice en uno de sus argumentarios. La Unión Europea cuenta con una estrategia de igualdad “LGBTIQ” para el periodo de 2020 a 2025. “En las últimas décadas, la evolución legislativa, la jurisprudencia y las iniciativas políticas han mejorado la vida de muchas personas y nos han ayudado a construir sociedades más igualitarias y acogedoras, también para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ)”, señala la introducción.

Sin embargo, en los últimos años un sector del feminismo ha señalado 'lo queer' como un discurso peligroso para los derechos de las mujeres. La confrontación no solo ha sucedido en España, también en otros países, y muy especialmente en Reino Unido. Al mismo tiempo, desde posiciones políticas aparentemente opuestas, grupos ultra y partidos de extrema derecha han hecho bandera de la lucha contra “la ideología de género” y en contra de los derechos de las personas LGTBIQ+.

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha registrado este viernes en la Asamblea de Madrid las reformas de la leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo recurrieron ante el Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos del colectivo reconocidos en la normativa estatal.

El nuevo texto de la norma sobre las personas trans, que el partido de Ayuso pide tramitar en lectura única y, por tanto, sin habilitar un periodo de enmiendas para que pueda recibir correcciones de los grupos, elimina el “requisito” de contar con informes médicos para que los menores puedan recibir tratamientos hormonales, una de las cuestiones que impulsó los citados recursos y provocó el rechazo de los colectivos LGTBI. Al contar con mayoría absoluta, el PP no necesitará del apoyo de otros grupos para sacar adelante estas modificaciones.

En la norma actual, cuyos artículos más delicados fueron suspendidos por el Constitucional hasta su decisión final, se establecía que “para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente” los menores “reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.

En la modificación registrada este viernes, en cambio, ese aspecto se matiza y recoge que “con anterioridad al comienzo del tratamiento farmacológico, y durante todo el proceso, el menor recibirá apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil”. Además, añade, “en el caso de que exista alguna enfermedad será imprescindible un informe del profesional que esté tratando al menor”.

El nuevo texto, además, establece que los espacios o equipamientos separados por sexos se deban adaptar al “pleno respeto a las necesidades, los derechos y la intimidad” de las personas transexuales. En cuanto a la ley LGTBI, el Gobierno de Ayuso modifica el artículo que afecta a la capacidad de las asociaciones para personarse en procedimientos judiciales o administrativos y que también había quedado en suspenso por el Constitucional.

En sintonía con el Consejo de Estado

Con la modificación, el Gobierno de Ayuso trata de sortear la posible inconstitucionalidad de la ley autonómica que se encuentra precisamente en el Constitucional. De hecho, en la exposición de motivos, explica que el nuevo texto “modifica puntualmente algunos de los artículos afectados” tras “los dictámenes del Consejo de Estado de fecha 21 de marzo de 2024 y con el fin de realizar ajustes técnicos y mejoras en la redacción de los textos”. 

En julio el Constitucional admitía a trámite los recursos que el Ejecutivo central presentó contra la ley trans madrileña y también contra la ley LGTBI. La decisión del tribunal, tomada por unanimidad del pleno, acarreó la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno, que supuestamente invaden “competencias estatales” y recoge normas “claramente regresivas, que limitan derechos de los ciudadanos”, según dijo en su momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En mayo, además, el mismo tribunal ya admitió a trámite un recurso similar pero presentado por el Defensor del Pueblo.

La reacción de Más Madrid y PSOE

“Ayuso recula por obligación para evitar un varapalo judicial ante lo que siempre dijimos que era una derogación encubierta y un ataque a los derechos de las personas LGTBi y trans”, ha asegurado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “Gracias a los recursos del Gobierno de España y de Más Madrid a instancias del defensor del Pueblo, hoy el PP ha tenido que rectificar y las personas LGTBI y en particular las y los menores trans estarán un poco más seguros en nuestra región”, ha añadido.

En su opinión, “atacar estas leyes fue desde el inicio un acto cobarde y miserable y consideramos que esta auto-enmienda es un pequeño triunfo del movimiento en defensa de los derechos LGTBI”.

Además, el portavoz en materia LGTBI del PSOE en la Asamblea, Santi Rivero, ha remarcado que es “un triunfo” del recurso del Gobierno y ha instado al PP a “abandonar la transfobia que ha copiado de Vox”. “Es un clamor y al final el tiempo nos ha dado la razón en que el PP se equivocaba discriminando y volviendo a patologizar a las personas trans. Esta modificación es un triunfo de la verdad y de la dignidad de las personas trans”, ha zanjado.

Este episodio nace de un texto que mi compañera Deva Escobedo publicó en elDiario.es. Y tiene que ver con su proceso para que se reconozca su identidad. La Ley Trans entró en vigor el 28 de febrero de 2023. Es una ley que despliega multitud de cambios, de medidas, pero la autodeterminación de género fue la más controvertida pero también la más trascendental: tiene la capacidad directa de transformar vidas. 

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 28 de junio de 2024 ***

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Isabel García ha durado siete meses como directora del Instituto de las Mujeres. Su nombramiento fue polémico desde el principio y su aportación al equipo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apenas perceptible. Solo un día después de que el Consejo de Ministros, a finales de diciembre, aprobara su nombramiento, arreciaron las críticas contra la decisión por sus declaraciones públicas sobre la ley y las personas trans, y comenzaron las peticiones de cese. Finalmente, han sido dos contratos adjudicados por el ayuntamiento de San Fernando de Henares a una de las empresas que García comparte con su mujer lo que han hecho que salga del ministerio.

Si poner a Ana Redondo, una mujer fuera del feminismo académico o activista, al frente de Igualdad buscaba darle un perfil bajo al ministerio y sacarlo del foco y la disputa de los últimos años, el nombramiento de García no ayudó. Su llegada vino recomendada por el sector socialista afín a Carmen Calvo, pero el entorno cercano de la ministra desconocía hasta qué punto García había estado involucrada, también públicamente, en la pelea alrededor de la ley trans de los últimos años.

García había expresado una rotunda oposición a la ley trans y a la autodeterminación de género con expresiones como “dictadura queer” o “delirio queer”. “La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político”, expresaba en la red social X en 2019. Este mismo año respondía a un tuit del diputado socialista y secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, en el que él afirmaba que las mujeres trans son mujeres: “Las mujeres trans no existen. Invisibilizáis la transexualidad. Las mujeres transexuales además son mujeres transexuales y punto”, espetaba.

El socio de Gobierno, Sumar, pidió su cese desde el comienzo. También Podemos y asociaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTB) o la Plataforma Trans. La polémica hizo que Isabel García publicara en redes sociales sus disculpas y un apoyo “firme” a la ley trans. Ana Redondo se aferró a esas declaraciones para mantenerla en el cargo: por un lado, cesarla apenas la había nombrado podía ser entendido como un signo de debilidad; por otro, el perfil de García permitía hacer un guiño a un sector socialista muy beligerante contra la ley trans.

También por eso cuando, a mediados de febrero, trascendió que la directora del Instituto de las Mujeres participó en la inauguración de un congreso de la asociación de Docentes Feministas por la Coeducación, una organización que habla de “supuestas infancias trans” y que se felicitó por el recorte que hizo Ayuso de las leyes LGBTI y trans de la Comunidad de Madrid, el ministerio justificó su asistencia como parte de su labor institucional. Pero las críticas volvieron a arreciar y buena parte de la oposición pidió a Ana Redondo, tanto en el Senado como en el Congreso, que prescindiera de García.

Explicaciones insuficientes

El miércoles pasado, el periódico El Español publicaba que las empresas de la directora del Instituto de la Mujer y de su pareja, Elisabeth García Busnadiego, obtuvieron dos contratos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) siendo ya ella alto cargo del ministerio. Al procedimiento se presentaron tres entidades, pero todas relacionadas con García y su pareja. La ministra pidió entonces explicaciones a su alto cargo y tiempo para que ella aportara toda la información necesaria. La directora del Instituto se defendía asegurando que cumplía con la Ley de Incompatibilidades, pero sin hacer referencia a las adjudicaciones de estos contratos.

Esas explicaciones insuficientes terminaban con su cese en el Consejo de Ministras de este martes. El sector más combativo con la ley trans y la autodeterminación de género se queda así sin representación en Igualdad, al menos entre los altos cargos. La operación suponía un riesgo para Igualdad: enfadar a ese sector, que lleva días alentando la idea de una conspiración en contra de Isabel García por sus posiciones respecto de lo trans como verdadero origen de su destitución. La propia García ha alimentado esa teoría en un comunicado en la red social X.

Aunque tras su nombramiento publicó un comunicado en el que calificaba la norma trans como una “ley pionera que protege y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales”, este martes García habla de una “cacería” iniciada desde su nombramiento “por no compartir una visión íntegra de la Ley Trans”. Una “cacería menor”, matiza en el texto.

Si bien subraya en el mensaje que su conducta no ha sido irregular, ni este martes ni en los pasados días ha explicado lo sucedido con esos contratos adjudicados cuando ya era directora del Instituto. Más allá de cumplir con el porcentaje de acciones que le marcó la Oficina de Incompatibilidades, las tres ofertas que se presentaron procedían de empresas vinculadas a ella, el traspaso del resto de participaciones no se registró hasta comienzos de marzo y los contratos se adjudicaron entre entonces y mayo de este año.

Un perfil sólido para sustituirla

Su sustituta al frente del organismo será Cristina Hernández, un perfil sólido, tanto por su trayectoria feminista como por su andadura dentro del PSOE. En los dos entornos es conocida por su dedicación y su disposición a la escucha y el diálogo. Hernández empezó como concejala en Ciudad Rodrigo, su municipio, donde se presentó a la alcaldía con 24 años, pero en los últimos años ha trabajado a la sombra en los equipos de Adriana Lastra, Andrea Fernández y Félix Bolaños. Su formación en sociología –es experta en políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género– pasó también por ser becaria del Instituto que ahora dirigirá y también directora de Formación del servicio 016.

Hernández fue discípula de Soledad Murillo, primera secretaria de Estado de Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero, que Carmen Calvo recuperó cuando Pedro Sánchez le asignó Igualdad en su primer Ejecutivo. Sin embargo, la ya directora del Instituto de las Mujeres ha mantenido un perfil alejado de la polémica y el exabrupto, y mucho más proclive al reconocimiento de las diferentes posiciones y a la negociación de acuerdos. Trabajaba codo a codo con Andrea Fernández cuando esta era secretaria de Igualdad del PSOE y las dos partes del entonces gobierno de coalición –socialistas y Podemos– pactaron la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También cuando un sector apostó por el trabajo interno para lograr una aproximación con el ministerio de Irene Montero, sacar adelante la ley trans y apaciguar el conflicto interno.

Aunque las primeras horas tras el cese de Isabel García ya hay voces que continúan alimentando la idea de la conspiración, también fueron muchas las felicitaciones por el nombramiento de Cristina Hernández entre posiciones políticas y feministas variadas, incluida la anterior secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o una de las últimas directoras del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas. Su trayectoria hará más complicado que el sector beligerante que aún pelea en el PSOE por la ley trans cargue contra ella.

Una vez más lo que hay en juego son dos formas distintas de entender el mundo y de afrontar una misma realidad. Una forma que incorpora la lógica de los derechos humanos (también los de las mujeres y los de la infancia y de la adolescencia) y que reconoce la diversidad, la libertad sexual y la pluralidad, y otra que refuerza la lógica violenta de los privilegios y que se resiste a aceptar que hay vida humana digna, valiosa y respetable más allá de la norma cisheterosexual.

Parte de las leyes Trans y LGBTI de Ayuso quedan en suspenso (al menos durante cinco meses prorrogables) tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central. Un trámite que no afecta al fondo del asunto y que tan solo sería un paso procesal si no fuera porque al haberlo interpuesto el Ejecutivo sí tiene efectos relevantes al dejar sin aplicar temporalmente algunos de los artículos más lesivos de esas leyes para las personas trans, para las organizaciones LGTBI y para las niñas, niños y adolescentes que, sea cual sea su orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a recibir información objetiva sobre la diversidad sexual y no ser patologizados ni ser sometidos a terapias que traten lo LGTBI como un problema de salud mental. 

No deja de ser relevante que los artículos que ahora quedan en suspenso no solo fueron aplaudidos en su momento por parte del feminismo transexcluyente (incluida la directora general del Instituto de las Mujeres), sino que se basaban en dogmas y argumentos que se vienen elaborando desde hace años en las cocinas más ultraconservadoras tanto de la Iglesia Católica y sus laboratorios de ideas (Hazte Oír, CitizenGo, Family Watch International…) como de líderes políticos como  Vladimir Putin, Trump y allegados (Orban, Meloni, Abascal, Bolsonaro, Milei, Boluarte...).

Quienes defendemos la lógica de los derechos humanos, defendemos la autodeterminación de género como parte de los derechos sexuales y reproductivos que tan poco gustan a los fundamentalistas religiosos (que en esto si son fundamentalistas, da igual que sean católicos, evangelistas, ortodoxos, musulmanes, hinduistas…). No dudamos, cuestionamos ni ponemos bajo sospecha la capacidad ni la credibilidad de las personas trans y señalamos como violación de derechos humanos el trato cruel, inhumano y degradante que sufren por parte de quienes las nombran por el género con el que no se identifican, las asocian a conductas criminales y pervertidas, se burlan de ellas, las insultan y las humillan públicamente, extienden bulos que contribuye a que sufran violencia psicológica, sexual y física, y comenten de forma dolosa irregularidades en cambios de sexo con la única finalidad de poner en tela de juicio una ley que quieren derogar a golpe de fraude a pesar de haber sido aprobad legítimamente.  Comportamientos todos ellos que niegan la existencia de la “la identidad de género” y a sus ojos las personas trans o son víctimas de una moda o una ideología o son sujetos peligrosos que quieren aprovecharse de las mujeres y los niños.

El recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite, y que ahora deberá estudiar el TC, está situado en la lógica de los derechos humanos y le recuerda al tribunal su propia doctrina cuando en el año 2022 reconoce la existencia de la “identidad de género” entendiendo que esta se refiere “a la identificación de una persona con un género – haya o no coincidencia con el sexo que se le asignó en virtud de los caracteres biológicos predominantes que presenta desde su nacimiento– como una circunstancia que afecta al libre desarrollo de la personalidad, y que está íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana. Y que, por estos motivos, los tratamientos peyorativos por razón de identidad de género o identidad sexual –materia en la que, naturalmente, queda incluida la transexualidad– son contrarios a lo dispuesto en el artículo 14 CE”.

¿En qué contraviene la norma estatal la ley de Ayuso, además de la intromisión competencial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiende a pensar que Madrid es España también en la redacción de algunas leyes? Principalmente en que da a a entender la noción errónea y nociva de que la “identidad de género” es un trastorno que se pueden corregir,  tanto cuando impone la información psicológica y la evaluación psiquiátrica de forma aparentemente inocua y objetiva como cuando exige un informe de salud mental para que las personas menores de edad puedan recibir tratamiento farmacológico, como si estas necesitaran un plus de tutela en su capacidad mental a las garantías no patologizantes que ya se establecen en la ley estatal.

“Somos el único país europeo que hace todo para salvar a las familias y los valores tradicionales”. La frase es de Putin hace menos de un año cuando se aprobó una ley que prohíbe en Rusia las reasignaciones de sexo por intervención quirúrgica o por uso de medicamentos y el cambio de género en los documentos estatales. “Una medida para proteger a niños y adultos de ”un camino hacia la degeneración“, llegó a decir. Argumentos muy parecidos a los que se pueden leer, escuchar y entender en España a raíz de la decisión del TC. A veces el juego de parecidos razonables debería hacernos caer en la cuenta de lo irracional y peligroso de algunas posiciones y postulados. El lado correcto todas sabemos cuál es, el de los derechos humanos.

Nuria Varela (Asturias, 1967) es periodista y escritora y ha hecho del feminismo y la perspectiva de género el eje de su carrera. Lo hizo en las redacciones de varios medios de comunicación, en libros como Feminismo para principiantes o Íbamos a ser reinas, y en su labor como primera directora de gabinete del Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído (PSOE). En los últimos años ha sido directora general de Igualdad del Principado de Asturias y, ya desvinculada del cargo, publica nuevo libro. En El síndrome Borgen (Sinequanon), Varela elabora la respuesta a una pregunta: ¿Por qué las mujeres abandonan la política? Además de datos y reflexiones que ayudan a entender los motivos y hasta qué punto el poder resiste a democratizarse, la escritora diserta sobre lo sucedido en los últimos años en la política y en el feminismo.

¿Abandonan muchas mujeres la política?

Lo que vemos con indicadores, porque las percepciones son a veces muy engañosas, es que según va aumentando la paridad, la posibilidad de llegar a puestos de poder, menos tiempo estamos y además menos poder ejercemos. Es una debilidad que tiene que ver con integrarse en las estructuras sin modificar las estructuras. La paridad sin permanencia y sin poder ha producido la masculinización generalizada de la sociedad y, sobre todo, la masculinización de la política. Vemos como la política cada vez es más violenta para todo el mundo, hombres y mujeres. Pero obviamente para las mujeres es peor y la inmensa mayoría no lo soportan y abandonan por eso. No sé si he acertado con el título: es ¿por qué las mujeres abandonan? o sería ¿por qué las mujeres son expulsadas? Luego hay otro grupo de mujeres que permanece, pero con un coste en salud, en reputación, en vida personal tremendamente elevado.

Al final, cuando hacemos políticas de igualdad desde el feminismo estamos cuestionando el poder y el poder se resiste a democratizarse. Llegas con unas formas políticas distintas a todo el mundo, y hay una frase muy habitual en la administración pública: "Siempre se ha hecho así". A lo mejor es que siempre se ha hecho mal.

¿Cuáles son esos mecanismos que alejan a las mujeres de la política?

Son muy invisibles, están muy banalizados: la falta de respeto, el menosprecio a las mujeres en general y en particular a nuestras formas de hacer, a nuestras formas de pensar y muy en particular al feminismo y todo lo que plantea de disruptivo, de novedoso, de cambio. Al final, cuando hacemos políticas de igualdad desde el feminismo estamos cuestionando el poder y el poder se resiste a democratizarse. Llegas con unas formas políticas distintas a todo el mundo, y hay una frase muy habitual en la administración pública: “Siempre se ha hecho así”. Y bueno, ¿qué aporta eso? A lo mejor es que siempre se ha hecho mal. A lo mejor es que el mundo no para de cambiar. Lo que es indudable es que hasta hace bien poco no había una mirada feminista, ni siquiera había una mirada de mujeres, en la toma de decisiones, con lo cual, lejos de apoyar todos los cambios que se proponían, la administración los frena, y lo mismo en las estructuras de los partidos y sindicatos.

¿La mención al aspecto y el físico es uno de esos mecanismos?

En política las mujeres sufren la presión sobre el cuerpo, pero ya no solo sobre el aspecto, sino sobre los ciclos vitales: la menopausia, los embarazos, las maternidades. La inmensa mayoría de las mujeres que están en política son jóvenes, especialmente en las áreas de igualdad, y la inmensa mayoría de quienes dirigen los destinos del mundo son señores mayores o muy mayores. No es baladí, porque, al final, las mujeres, cuanto más jóvenes, menos experiencia y menos redes de relaciones tienen, que son lo que te permiten ejercer el poder y defenderte cuando arrecian las batallas para expulsarte de ese poder. Otro ejemplo es el poco tiempo que se les da a las mujeres: tienen que demostrar su valía en una semana, y si no te dan el tiempo necesario para hacer las cosas apenas hay consolidación. Y por supuesto la violencia mediática y en redes, hay críticas dañinas que se hacen y se sufre por los hijos, por los padres... Se paga mucho coste en salud. Hay una gran cantidad de mujeres con problemas serios de salud que han abandonado la política por eso.

Las mujeres tienen que demostrar su valía en una semana, y si no te dan el tiempo necesario para hacer las cosas apenas hay consolidación

Dice que la paridad no es suficiente. Justo una de las apuestas de este Gobierno es la Ley de paridad, que sigue la estela de la ley de igualdad, para obligar a que la presencia de los dos sexos sea equilibrada. ¿Tiene sentido esa apuesta o quedará descafeinada si no va acompañada de otras políticas?

La paridad es un instrumento fundamental que propone el feminismo para que la sociedad sea más democrática y para conseguir mayores cotas de igualdad. Esa parte para mí no tiene discusión. ¿Cuál es el problema? Que la paridad y las cuotas por sí mismas no valen. Uno, porque no te aseguran en ningún caso que las mujeres que lleguen sean feministas, ni tengan conciencia de género, ni hagan políticas pensando en toda la sociedad. Dos, porque si esas mujeres que llegan no pueden consolidarse, no van a poder ejercer el poder. Así que la paridad sola efectivamente no está cambiando la realidad.

¿Y qué requisitos considera que harían falta?

Como mínimo necesitamos dos o tres cosas. Por ejemplo, no ir solas a los lugares de poder, tenemos que pelearnos más que por la paridad, por la masa crítica, por tener unas estructuras suficientes. Luego, la administración tiene que hacer cambios importantes: por ejemplo, aún no contempla la especialización en políticas de igualdad ni en lucha contra la violencia de género. Eso quiere decir que no tenemos gente especializada ni siquiera en los organismos de igualdad. Tampoco hay mecanismos para que las ayudas que reciben las mujeres víctimas estén anonimizados. La administración no tiene herramientas de transversalidad. La paridad sola lo único que hace es desgastar a las mujeres que llegan al poder, pero difícilmente pueden ejercerlo.

En el libro menciona algún episodio de machismo que vivieron durante el mandato de Bibiana Aído al frente del Ministerio de Igualdad. ¿Era aquello violencia política? 

Sí. Y el problema era que ni siquiera teníamos ese concepto entonces. La lástima es que el concepto y las leyes se han desarrollado mucho en América Latina, pero aquí prácticamente ni lo manejamos ni hemos desarrollado medidas al respecto. Un informe reciente en la Unión Europea sobre la violencia política digital no mencionaba ni la manosfera ni ninguna política específica de género. Cuando todas sabemos que hace ya años que llevamos hablando de violencia de género digital, de que estamos preocupadas de la violencia, no solo contra las las políticas, sino contra todas las mujeres que tienen voz o que quieren tener voz pública. Europa va por detrás en ese sentido y el silencio es dañino.

La paridad y las cuotas son un instrumento fundamental para que la sociedad sea más democrática pero por sí mismas son insuficientes

¿Lo que ha pasado con Irene Montero ha sido también violencia política?

Claro, la violencia política contra las mujeres va in crescendo y, dentro de eso, las políticas de igualdad y el Ministerio de Igualdad están especialmente en la diana: es el lugar donde se concentra la voluntad de cambio y es el lugar donde más violencia se recibe. Y no solo, porque ahí está Mónica Oltra y tantas otras mujeres que han sufrido violencia política. Algunas la han sufrido en absoluto silencio y esa es otra cuestión: que las mujeres abandonan la política habitualmente después de sufrir muchísima violencia en silencio y nadie sabe nada. Yo con este libro estoy viviendo cosas impresionantes, muchas mujeres de las que no sabías, que se fueron siquiera sin que lo supiéramos o sin hacer una sola declaración, y que te escriben en privado para dar las gracias.

Choca que afirme que la sociedad y la política está más masculinizada y es más violenta que antes, ¿no ha sido esta una década también de muchos avances en cierto sentido?

Estamos en una década compleja. Por un lado, hay un ascenso de discursos supremacistas en todos los sentidos. Y, por otro lado, los discursos son más violentos aunque haya más mujeres. También es que ese es el discurso oficial, el discurso mediático, incluso el discurso social. Se nos ha hecho creer que hay más mujeres, pero realmente lo que hay es un continuo rodar de mujeres que van pasando por la política y eso no ha significado que hayamos hecho políticas feministas a fondo. Hemos pintado las paredes, pero no hemos tocado los cimientos. Soy pesimista, porque la violencia contra las mujeres no deja de aumentar. Y yo especialmente estoy preocupada con la violencia sexual con las menores. Hay seis asesinatos en 24 horas y no vemos una condolencia social ni vemos una condolencia política, ni vemos una medida urgente. Creo que hemos banalizado la violencia contra las mujeres y el feminismo está en un momento complejo.

Estamos en una década compleja. Por un lado, hay un ascenso de discursos supremacistas en todos los sentidos. Y, por otro lado, los discursos son más violentos aunque haya más mujeres

¿Hasta qué punto podemos afirmar que hay más violencia machista ahora? No hay consenso acerca de que haya aumentado sino de que han crecido las denuncias y la Macroencuesta muestra de hecho una bolsa de violencia sumergida enorme

Es verdad, y es increíble que en este momento de desarrollo de la inteligencia artificial y todo lo que mueve a su alrededor sigamos sin cifras buenas de violencia de género. Para mí eso es una muestra de la falta de políticas de igualdad profundas, de un desdén respecto a la violencia, una normalización. Nosotras en Asturias abrimos el centro de crisis para víctimas de violencia sexual el primer año de legislatura, nada más llegar. Hicimos unos cálculos y el centro se nos quedó pequeño en un año. En ningún caso pensamos en abrir en nada especializado para menores y en un año tuve que poner un equipo experto en menores y la cantidad de mujeres que han pasado por el centro no nos lo imaginábamos ni de lejos. Hay una variable que sí que distorsiona, que es que cada vez se conoce más el recurso y yo siempre he sostenido la idea de que todas las mujeres hemos sufrido algún episodio de violencia sexual a lo largo de nuestra vida. Pero detecto, también en violencia de género, que cada vez las edades van bajando. Puede haber muchas causas. Primero, también ha bajado la media de edad en las relaciones sexuales. Obviamente la pornografía está ahí. También los teléfonos móviles y todo el control que permiten. Y hay un problema fundamental: no hay coeducación en las aulas. Las políticas públicas no están a la altura.

¿Considera que las políticas que se han hecho en los últimos años han sido ambiciosas y acertadas? La ley del 'sí es sí', la nueva ley de salud sexual...

Ampliar la ley del aborto, por supuesto, es un acierto. Ahora creo que la ley del 'solo sí es' no es una buena ley y que la política en violencia no ha sido acertada. Lo he dicho a lo largo de toda la legislatura. En la ley de violencia sexual han replicado cosas que sabemos que no funcionan, como los abogados de oficio o cargarse competencias, por ejemplo, yo no podía tratar a las menores. Todo el sistema contra la violencia se ha movido y ha dejado de ser una política de igualdad y se ha convertido en una política social y con la violencia de género no se acaba así.

¿En qué sentido?

Quiero decir, una mujer maltratada no necesita una solución habitacional, necesita darle las riendas de su vida. Algunas necesitan mucho apoyo económico y otras no, pero las que no necesitan apoyo económico no están en el sistema. ¿Se está ofreciendo recursos para ellas? Creo que las políticas de igualdad en los últimos años se han convertido en políticas sociales y ese es un grave error.

Lo que ayuda a las mujeres que sufren violencia de género es que les demos las herramientas que necesitan para retomar su vida. Si no haces un trabajo psicológico y de acompañamiento con ella, tendrás al maltratador metido en su casa

¿Pero no es la política habitacional una pata más dentro de una política integral? Hemos visto casos de mujeres asesinadas, por ejemplo, que tenían que compartir vivienda con su agresor o que no habían podido independizarse o alejarse de él por motivos económicos y de vivienda.

Lo que ayuda es que les demos las herramientas que necesitan para retomar su vida. Si no haces un trabajo psicológico y de acompañamiento con ella, tendrás al maltratador metido en su casa, eso sin duda. Políticas sociales, viviendas... vale, pero necesito que haya acompañamiento experto en todo, en los juzgados, en la educación, con sus criaturas...

En el libro habla de la violencia política, pero habla de otras amenazas, como el neofascismo o “la llamada furia trans”. ¿Cree que ambas pueden ponerse al mismo nivel?

El problema es que no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de furia trans. Si hablamos de la gente que ha cosificado a las mujeres feministas y las ha dejado de llamar feministas para llamarlas TERF, o la gente que se ha puesto camisetas con matar a las TERF, pues me parece que es una violencia tremenda, súper agresiva. Y si hablamos también de esas mujeres que a lo mejor llevan toda su vida trabajando por la igualdad en todos los aspectos, incluido el derecho a la identidad sexual, y haces lo mismo, les quitas el nombre, su posicionamiento político, o el trabajo. Esa demonización del feminismo radical me parece inexplicable desde alguien que se supone o que se pretende denominar también feminista.

Pero llevar una camiseta que ponga 'matar TERF' o generar una violencia sistemática no parece una reacción mayoritaria entre quienes tienen posiciones a favor de la ley trans ni una entidad comparable al neofascismo en ningún sentido.

No tengo ni idea. Para mí el el error gordo es que no se ha podido debatir, que no se debate. Entonces no tengo ni idea de si son muchos o pocos, pero sí tengo dos ideas claras. Para mí la violencia es violencia y la violencia contra las mujeres me da igual quién la esté ejerciendo, pero es violencia y condenaré todas las formas de violencia. El feminismo siempre se ha enfrentado a la violencia, a las guerras, a la violencia política, la violencia sexual, a todas las violencias.

La pregunta que ha hecho tanto daño al feminismo es la de si una mujer trans es una mujer. ¿Quién tiene ganas de dividirnos de esta manera y de enfrentarnos? Ese es el primer deseo patriarcal

¿Y llamar a las mujeres trans 'hombres con falda' o 'mujeres con barba' o exponer públicamente perfiles de personas trans o que están transicionando y mostrando incluso su sufrimiento es violencia?

Si entramos ahí volvemos a la pregunta que ha hecho tanto daño al feminismo de si una mujer trans es una mujer. ¿Quién tiene ganas de dividirnos de esta manera y de enfrentarnos? Ese es el primer deseo patriarcal. Me niego a enfrentarme, creo que hay que quitar la violencia y estoy harta de los enfrentamientos. La violencia es violencia.  

Por eso le pregunto si ese tipo de comportamientos son también violentos o si cree que precisamente ayudan a acabar con el enfrenamiento y ayudan a hablar y mostrar una actitud dialogante.

Lo que no puede ser es que el feminismo sea una teoría política que defiende la existencia del sistema sexo-género y del patriarcado y que quiere eliminar el género y, al mismo tiempo, una teoría política cuyos macro relatos son que el patriarcado no existe, que lo que existe son experiencias individuales y que el sistema sexo-género no existe. Estoy muy a favor de que exista todo tipo de pensamiento, solo faltaría, llevo toda mi vida peleándome por eso, pero no puede ser lo mismo y pretender llamarse igual, eso ha generado una tensión en el feminismo, una polarización y un descrédito que creo que está haciendo daño a todas las mujeres, nos está deslegitimando a todas. Entonces vamos a ver si conseguimos hablar. Ese es otro error, como se aprobaron leyes de una manera extraordinaria, sin debate.

Decir a las mujeres trans 'hombres con falda no contribuyen a destensionar nada, pero desde luego creo que no se puede comparar con todo lo que significa el proceso de generar un término como el de TERF

¿Se refiere a la ley trans?

La ley trans se aprobó de una manera extraordinaria y a mí me hubiese gustado un procedimiento habitual donde se hubiese provocado muchísimo el debate, la comprensión y la explicación. Eso ha contribuido a la bronca y a una polarización insoportable y además muy dañina para todas.

Le insisto entonces: ¿no crees que decir 'hombres con falda' o 'mujeres con barba' es también deshumanizar, y contribuir a la bronca y la polarización?

No, esas expresiones no contribuyen a destensionar nada, pero desde luego creo que no se puede comparar con todo lo que significa el proceso de generar un término como el de TERF y lo que supone. Yo, desde luego, nunca he querido fomentar la división y la bronca. Eso me parece un error.