El juez del caso 18 lovas procesa a seis personas, entre ellas al empresario Eustasio López

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, ha dictado auto de procesamiento a seis investigados por la presunta comisión de delitos de prostitución de menores y otros cargos en el sumario del conocido como caso 18 lovas. Es el paso previo a la apertura de juicio oral.

Se trata de Agustín Alemán Barreto, alias Yino (el presunto cabecilla de la trama), Eugenio Hernández de León, Antonio D`Ascenzo, Domingo Hernández Tarajano, Emilio Cabrera Caballero y el empresario hotelero Eustasio López González.

En un auto difundido este miércoles, el magistrado ha impuesto a los procesados fianzas que suman 1.263.900 euros y ha ordenado el embargo de bienes en caso de impago.

La causa alude al funcionamiento desde 2015 y al menos hasta la segunda mitad de 2016 de una supuesta agencia de azafatas denominada 18 lovas que, en realidad, según el juez, encubría un negocio de prostitución de menores con “eventos en toda España”.

El auto explica que el creador de esta red delictiva se dedicaba a “captar mujeres jóvenes de como máximo 23 años y entre las cuales se encontraban varias menores de edad”. La resolución judicial detalla la existencia de al menos doce presuntas víctimas.

La captación, precisa, la hacía el principal inculpado primero “con objeto de ofrecerles trabajo de gogós, animadoras, etc., para después introducirlas en el mundo de la prostitución, y conseguir ampliar el número de chicas gracias a los contactos de estas con amigas de su círculo cercano”.

El juez asegura que el supuesto proxeneta de menores las embaucaba “con halagos y regalos, dejándolas incluso la libertad de elegir a los clientes”, si bien se aseguraba “de obtener de ellas fotografías desnudas, para en un momento dado poder coaccionarlas con difundir las fotografías en caso de que surgieran desavenencias”.

Al Yino, el presunto cabecilla de la trama, que aumentaba la comisión que se llevaban las presuntas víctimas si mantenían sexo con él, se le atribuyen dos delitos de agresión sexual, uno con penetración y otro con violencia, nueve de incitación a la prostitución de menores de edad, 14 de prostitución de menores y dos de trato degradante.

A Eugenio Hernández de León, el auto le imputa 15 delitos de prostitución de menores de edad, dos de ellos continuados y uno de incitación; a Emilio Cabrera Caballero, siete delitos de prostitución de menores; a Domingo Hernández Tarajano, cuatro delitos de prostitución de menores; a Eustasio López González, dos delitos de prostitución de menores; y a Antonio Dascenzo, un delito de prostitución de menor de edad.

Según el auto, el empresario hotelero, al que en la agencia 18 Lovas se referían como "el millonario", participó en 2016 en una fiesta organizada por Yino Alemán en un chalet de la zona de Ayagaures, en el sur de Gran Canaria, a la que también asistió el procesado Hernández León, y en la que dos de las víctimas menores de edad consumieron alcohol junto a otras ocho jóvenes adultas y se bañaron desnudas en una piscina.

El juez relata que, tras tocar y besar a las chicas en la piscina, tanto López como Hernández eligieron a las dos con las que querían mantener relaciones, "con pleno conocimiento de que era menores de edad o, al menos, con total indiferencia ante la posibilidad de que lo fuera".

A las diez chicas les ofrecieron inicialmente 50 euros a cada una, si bien en el lugar de la fiesta se renegoció la cantidad y se aumentó a 100 euros, con un extra si mantenían sexo.

Según el magistrado, el cabecilla de la trama captaba a jóvenes como máximo de 23 años a las que ofrecía trabajo de gogós y animadoras, y se aseguraba de obtener de ellas fotografías desnudas para poder coaccionarlas en caso de que sugieran desavenencias.

Además, las recogía y las llevaba para prestar sus servicios, si bien antes las conducía a una vivienda vacía, donde las chicas se cambiaban y bebían alcohol para animarse y, desde ahí, eran trasladadas al punto de encuentro con el cliente. En esa vivienda, el cabecilla mantenía relaciones con las que querían aumentar su comisión.

El juez considera que los procesados se prevalieron de la situación de vulnerabilidad de todas las víctimas, tanto por su minoría de edad como por la situación de falta de solidez familiar y referentes parentales. 

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