El PP prepara una nueva ofensiva contra el Gobierno en una comisión de investigación en el Senado. Esta vez, a cuenta de las pesquisas parlamentarias para determinar las responsabilidades del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado este viernes el plan de trabajo de su grupo, que incluye las futuras citaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente; de su predecesora, Raquel Sánchez; e incluso del anterior responsable, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, quienes dejaron sus respectivos cargos cuatro años antes del siniestro.

García ha asegurado que en el accidente “falló el Gobierno”, y ha planteado su intención de relacionar el siniestro con la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes bajo el mando de Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE asumió el cargo en junio de 2018 y fue destituido en julio de 2021. Junto a él, salió Koldo García.

Ambos están en prisión preventiva, investigados judicialmente por el amaño de contratos a cambio de comisiones, entre otras cuestiones.

García ha dicho que quiere “seguir el rastro del dinero” teóricamente desfalcado en Transportes, y ver qué posible relación hay con el accidente. El PP quiere reclamar una amplísima cantidad de documentación sobre las obras que se llevaron a cabo en el tramo del siniestro. Pero no solo. El plan de trabajo anunciado este viernes incluye informes y expedientes de hace 10 años.

La portavoz ha asegurado que se pedirá “toda la documentación” para “reconstruir cada decisión, una a una”, que llevaron al descarrilamiento y choque del pasado 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. También se reclamarán las “comunicaciones del día del accidente”, las “diligencias abiertas por la Fiscalía europea” por el posible “desvío de fondos europeos”, los “informes remitidos a los juzgados sobre los contratos amañados en Adif” o los “expedientes que justifiquen los cambios de velocidad en algunos tramos” de la red de ferrocarril.

El PP también llamará a asociaciones de víctimas del accidente de Adamuz. Una decisión que choca con su bloqueo a que las víctimas de la dana de Valencia, donde murieron 238 personas según los datos oficiales, fueran citadas en la comisión de investigación del Senado que investiga las riadas de octubre de 2024.

En el listado anunciado por el PP figuran también los máximos responsables de empresas operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; o la ex secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera (también investigada en las causas relacionadas con la corrupción de Transportes), entre otras personas, un total de 75.

El plan de trabajo anunciado hoy tiene todas las posibilidades de ser el aprobado en su integridad o con pequeños cambios, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y el control de todas las decisiones. Eso no quiere decir que finalmente se ejecuten todas las citaciones ni peticiones de información contempladas en el documento. Esa decisión será tomada por la propia comisión de investigación, también controlada por el PP, en función de sus trabajos.

En 1928, el rey Alfonso XIII inauguró el parador de Gredos. El establecimiento, todavía operativo, constituyó el primer nodo de la red hotelera estatal. Paradores es hoy una empresa pública en plena expansión y reforma, que anota beneficios récord. Solo el año pasado, estos alcanzaron los 40 millones de euros. Pero el momento, dulce en lo financiero, amenaza con volverse amargo para la compañía a las puertas del periodo navideño, a cuenta de un conflicto laboral con los trabajadores, que reclaman una negociación efectiva de un nuevo convenio, que facilite la conciliación y mejore las condiciones retributivas.

Tras cuatro años de conversaciones y más de una veintena de reuniones, la negociación se retomará este jueves y viernes, con sendas reuniones en las que los sindicatos esperan que la empresa traslade un marco económico sobre el que poder empezar a trabajar. “Los buenos resultados de la compañía deben ir acompañados de mejores condiciones para los trabajadores”, admiten fuentes de la empresa estatal consultadas por elDiario.es.

La cadena hotelera pública, que cuenta con 98 establecimientos y más de dos millones de plazas, ha experimentado en los últimos años un buen rendimiento. Tras la debacle para el turismo que supuso la pandemia, la empresa ha logrado cifras positivas en todos los ejercicios, desde los tres millones en 2021, hasta los 40 del último año.

Desde la compañía ponen en valor los buenos resultados de una “empresa pública que compite en un mercado 100% privado”. “No se trata solo de rentabilidad económica, porque nacimos con el objetivo de ayudar a los agentes locales, asentar población, etc. pero demostramos que desde lo público se puede gestionar bien”, indican. De hecho, la buena marcha del sector y el interés por destinos menos masificados ha sido un viento a favor extra para una red que apuesta por la diversificación y unos destinos más descentralizados.

Este verano, la red registró una ocupación media del 86%. En los paradores de playa, las habitaciones se llenaron al 94%, por encima de la media del sector en las zonas costeras, que rondó el 77,8%. Si las ciudades con vistas al mar son, tradicionalmente, más atractivas en los meses estivales, en Paradores los picos de ocupación se dieron en el establecimiento de Costa da Morte (Muxía, Coruña), pero también en Benavente (Zamora) y Tordesillas (Valladolid), estos dos últimos con ocupaciones por encima del 97%. “Los paradores de interior también han registrado cifras excepcionales, consolidando nuestro modelo de turismo desestacionalizado y diversificado”, indican las fuentes consultadas.

250 millones en inversiones y renovaciones

Al margen de la ocupación, la compañía tiene marcado en el calendario dos fechas clave. Una es el próximo 30 de junio, cuando deben estar finiquitadas las obras ligadas a los fondos europeos. La otra, el año 2028, el centenario de la empresa, cuando planea tener en marcha un centenar de centros. Uno de los ejes de actuación de Paradores es la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico español. De hecho, los paradores de turismo son bienes de Patrimonio Nacional, que forman parte del patrimonio adscrito al Instituto de Turismo de España (Turespaña), en los que la empresa desarrolla su actividad mercantil.

En ese contexto de mantenimiento y conservación, la empresa ha apostado por una reinversión de 250 millones de euros —90 provenientes de fondos europeos— para la renovación de buena parte de la red, que afectará al 50% de los edificios en el próximo par de años. “Es una apuesta fuerte, pero la caja de la empresa lo permite sin que se resienta mucho la cuenta de resultados”, indican desde Paradores, a la vez que señalan que “se va a notar, pero el balance de 2025 será positivo”. Las estimaciones, en este momento, es que los resultados sean “razonablemente buenos” en términos homogéneos, es decir, descartando el efecto de aquellos hoteles cerrados, y con unos ingresos totales que eviten los números rojos.

En 2025 se han reabierto una decena de paradores que estaban en obras. A lo largo de 2026 se espera que vuelvan a funcionar otros tantos, al margen de aquellos en los que hay actuaciones para las que no ha sido necesario clausurar, como en el de Santiago. Además, las inauguraciones. En mayo se estrenaron los paradores de Molina de Aragón, que en su primer verano alcanzó el 92% de ocupación y Sigüenza, en Guadalajara. Para este otoño estaba prevista la puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Ibiza, que ha sido aplazada por el inicio de unas obras municipales imprevistas. Y el próximo año está comprometida la apertura al público del de Veruela, en Zaragoza.

Con esta estrategia, la empresa afronta un conflicto laboral, que amenaza con derivar en huelga por Navidad. Los sindicatos llevan semanas exigiendo que se desatasque la negociación del convenio, que se alarga ya durante cuatro años y más de una veintena de reuniones. “Queremos un acuerdo digno, donde los turnos partidos dejen de tener tanto peso y se facilite la conciliación”, reclama el responsable de Paradores de UGT, Jorge González. Este lunes, la empresa ha convocado a las organizaciones para sendas reuniones, este jueves y el viernes.

Ya en octubre, decenas de trabajadores salieron a la calle, convocados por UGT, CCOO y CSIF, para reivindicar mejoras laborales y salariales. Unas protestas que la presidenta de la empresa estatal y exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, enmarcó en un “proceso de negociación”. Sánchez se mostró optimista con que ese proceso finalizase “pronto” y aseguró que la compañía “siempre garantiza que las condiciones de sus trabajadores sean dignas y justas”. Fuentes de la compañía defienden que, en su caso, ofrecen condiciones que “no son tan habituales, como fines de semana de descanso, jornadas reglamentarias” y un tope a las horas extras, conforme a la ley.

Al margen de esas condiciones “dignas y justas” que defiende la empresa, los sindicatos ponen el foco en la parte retributiva. “Vemos a la empresa en una situación muy boyante y no reclamamos nada estratosférico. Pedimos, por ejemplo, que el salario base más bajo llegue al SMI”, indica González. Según los datos de UGT, el salario base anual en Paradores va de los 15.056 euros —repartidos en 14 pagas, más una extra en marzo— a los 18.767. Pero la retribución de los empleados y empleadas de la compañía estatal, unos 5.000, depende de esa base y de una prima de producción, un concepto que puede suponer entre un 30 y un 50% del sueldo, bajo una fórmula que deja los emolumentos al albur de la estacionalidad, el centro o, incluso, el tamaño de la plantilla, porque el complemento se reparte.

El secretario general de la sección sindical de CCOO en Paradores, Juan Martín, señala dos ejemplos que muestran esa diferencia salarial: “En Tui y Baiona, que están prácticamente al lado, la diferencia puede ser del 40%, porque uno es mayor, más turístico y vende más. En Baiona, una habitación se vende por 300 euros y en Tui, por 100”.

Los convenios depende de las provincias pero, por poner algunos ejemplos, el de hostelería de Balears reconoce un salario base bruto anual para un ayudante camarero de 22.500 euros o unos 24.600 para una camarera de pisos, frente a los 15.056 de Paradores. Es uno de los casos más extremos, pero el sueldo de un camarero puede rondar los 20.000 euros anuales, mientras los sindicatos denuncian que los salarios base de la empresa estatal se han quedado “desfasados”.

“Desde hace años no se encuentra personal, así que se tira mucho del de la casa, del de toda la vida. Terminamos doblando turnos o haciendo horas de más, porque los paradores están en pueblos y se convierten en parte de la familia. Arrimamos el hombro, pero no vemos que nos compense. Escuchas que hay récord histórico, mientras algunos meses cobramos 1.080 euros y la nómina más alta no llega a los 1.300, con pagas prorrateadas y prima de producción. Cada vez vamos mejor, pero yo no llego a fin de mes”, lamenta Anabel, que lleva más de dos décadas trabajando como ayudante en un establecimiento en Galicia. “Mis funciones son otras, pero se ve que no tengo capacidades para cobrar otra cosa”, ironiza.

Los sindicatos reclaman también medidas de conciliación y laborales, como las contrataciones mínimas de seis horas para el personal a jornada parcial. “Sabemos que en nuestro sector hay mucha flexibilidad, pero esa cantidad de horas son las que se necesitan, según los últimos datos. Es posible operativamente y sería bueno para la empresa y buenísimo para las trabajadoras”, desarrolla Martín. Según el Plan de Igualdad de la compañía, el 85% de los contratos a tiempo parcial los tienen mujeres. Esta brecha de género deriva de otra: ellas son el 97% de las empleadas en departamentos de pisos, mientras que los hombres ostentan el 65% de las posiciones directivas donde, sin embargo, ocupan todos los contratos a tiempo parcial.

El último convenio caducó en 2020

El último convenio colectivo de Paradores se firmó para los años 2018-2020. En ese periodo, el presidente de la empresa estatal fue el actual ministro de Función Pública, Óscar López, que dejó el cargo en julio de 2021 para asumir la dirección del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde entonces, al frente de Paradores han estado Pedro Saura, ahora en Correos, y Raquel Sánchez. En total, en los últimos cuatro años, los sindicatos contabilizan más de una veintena de reuniones, pero, por el momento, poca concreción en materia retributiva. “Todos los incrementos tienen que pasar por Patrimonio y por Hacienda, que fiscalizan la situación, pero la empresa no pone encima de la mesa ningún marco económico donde podamos negociar ninguna condición mínima”, desarrolla Martín.

Lo que sí afecta a los cerca de 5.000 empleados es la subida salarial pactada entre UGT, CSIF y CCOO con el Ministerio de Función Pública, de un 11% acumulado entre 2025 y 2028, pero solo en la base salarial y no en el plus de productividad. “Venimos de unos salarios muy bajos, porque hemos estado durante los 10 años anteriores a la crisis sin ninguna subida, cero. Nuestros sueldos están por debajo del SMI”, denuncian desde CCOO.

Los representantes sindicales lamentan que las condiciones de los y las trabajadoras de la empresa pública se han quedado “muy desfasadas” respecto a otros convenios del sector, cuando siempre habían estado “por encima”. Por eso, si no hay avances en las reuniones de esta semana, amenazan con una huelga para navidad. “Sabemos que es una putada para quien va a disfrutar y los trabajadores también saldremos muy perjudicados, porque perderemos una parte muy importante del salario, pero no nos están dejando otra. Nos hemos reunido con todo el mundo y sabemos que el Gobierno tiene muchas dificultades, pero nos están tomando el pelo. Ya no digo que haya un acuerdo, sino un marco económico donde podamos empezar a hablar”, exige Martín.

A la mesa, y al margen del resultado de la negociación, ambas partes llegan con la voluntad de que la buena marcha de la compañía se traduzca también en mejores condiciones para quienes trabajan en ella.

La exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez será la nueva presidenta de Paradores de Turismo, según ha adelantado La Vanguardia y ha podido confirmar elDiario.es de fuentes del PSC.

Sánchez (Gavà, 1975) se pone al frente de la empresa pública que gestiona un centenar de hoteles repartidos por establecimientos emblemáticos de todo el país y que ha sido liderada durante el último periodo por Pedro Saura, que llevaba en el cargo desde 2021.

Saura, a su vez, pasará a ser el presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Sustituirá ahí a Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Paradores cerró 2022 con los mejores ingresos de su historia, más de 300 millones de euros. La pandemia fue un golpe para sus resultados, pero los números rojos han quedado atrás y, en el último año, su beneficio rozó los 11 millones de euros. 

La positiva evolución en lo económico, sin embargo, no se ve reflejada en una mejora de las condiciones de su plantilla, según han criticado los representantes de los trabajadores: empresa y sindicatos llevan casi dos años sin cerrar la renovación de un convenio colectivo que data de 2018. 

Antes de sustituir a José Luís Ábalos al frente del Ministerio de Transporte (conocido históricamente como de Fomento), Sánchez fue durante siete años alcaldesa de su ciudad. Previamente a su salto a la política nacional, su trayectoria se había desempañado casi exclusivamente en esta urbe metropolitana de cerca de 50.000 habitantes que ha sido un bastión del PSC: desde la restauración de la democracia la ciudad ha estado siempre gobernada por los socialistas.

Formada en Derecho por la Universidad de Barcelona, es militante del PSC desde 2003 y entró como concejal en el ayuntamiento a los 32 años. Desde 2007 encadenó concejalías de mucho peso, como las de Economía o Urbanismo, hasta que en 2014 sustituyó al alcalde Joaquim Balsera. En clave de partido, nunca ha sido una de las voces más destacadas del socialismo catalán, aunque se sienta en su Comisión Ejecutiva como Secretaria Nacional de Estrategia por el Clima. 

Saura, a Correos

Pedro Saura saldrá de Paradores para asumir la presidencia de Correos en sustitución de Juan Manuel Serrano. Su nombramiento debe aún ser aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público del que depende Correos.

Juan Manuel Serrano ha permanecido en el cargo desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.

En este tiempo, Serrano ha sido objeto de numerosas críticas, principalmente por parte de los sindicatos, pero también de los partidos de la oposición, al tener un perfil fuertemente político, siendo desde el año 2014 jefe de gabinete de la comisión ejecutiva federal del PSOE.

Correos presentó en 2022 una cifra de negocios de 1.962 millones de euros, con una caída del 5,7% respecto al año anterior. Su resultado de explotación fue de pérdidas de 286,5 millones. Esto supuso duplicar los números rojos del ejercicio de 2021, que ascendieron a 143,9 millones.

El nombramiento de Saura en la empresa pública postal no logra desligarse del marchamo político, ya que ha sido un importante activo del PSOE desde 1991, como diputado en Murcia y posteriormente en el Congreso de los Diputados.

También fue secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia entre 2004 y 2011 y, anteriormente, director general de Economía y Planificación de la Comunidad Autónoma de Murcia entre 1991 y 1994.

Entre 2010 y 2011, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, asumió la dirección general de Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y, entre 2018 y 2021, la secretaría de Estado de Transportes, junto a José Luis Ábalos.

Nueve miembros del segundo Gobierno de Pedro Sánchez no formarán parte del nuevo gabinete que el líder del PSOE anunciará este lunes después de su investidura. Los titulares hasta hoy de las carteras de Cultura, Derechos Sociales, Igualdad, Industria, Transportes, Justicia, Consumo, Universidades y Sanidad no repiten el cargo después de la investidura que ha hecho Presidente del Gobierno a Sánchez.

Miquel Iceta. El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) deja su segunda cartera ministerial, Cultura y Deportes, que ha ocupado desde julio de 2021 después de ser ministro de Política Territorial y Función Pública durante el primer semestre de ese año. De los pocos dirigentes del PSOE que apoyaron explícitamente a Pedro Sánchez durante su negativa a hacer presidente a Mariano Rajoy, en su etapa al frente de Cultura ha puesto en marcha la Ley del Cine, el Bono Cultural Joven y ha afrontado la crisis abierta por el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso.

Ione Belarra. Secretaria general de Podemos desde junio de 2021, Belarra se puso al frente del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno central. De los hitos legislativos de su etapa en el departamento quedan la Ley de Vivienda, la de Bienestar Animal, la de Protección integral a la Infancia y también los permisos proyectados en la Ley de Familias así como su papel en la negociación de medidas como el tope al precio del gas o el cheque de 200 euros.

Irene Montero. Ministra de Igualdad desde la llegada de Unidas Podemos al ejecutivo de coalición, Irene Montero ha impulsado durante su mandato la Ley Trans, la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de Libertad Sexual, también conocida como ley del 'solo sí es sí', promovida desde antes de que accediera al ejecutivo por el caso de la Manada de Pamplona. La vertiente penal de esta última norma, con la modificación de los delitos sexuales y sus condenas, se ha traducido en la mayor crisis del Ministerio de Igualdad y una de las mayores del Gobierno por las más de 1.000 rebajas de condenas que han firmado jueces de tribunales de todo el país a delincuentes sexuales en una aplicación de la norma. La ley se acabó reformando con la oposición de Montero, que siempre ha considerado errónea la interpretación de los jueces.

Héctor Gómez. El político canario deja la cartera de Industria, Comercio y Turismo que asumió hace ocho meses en sustitución de Reyes Maroto. Arrancó su carrera política hace casi dos décadas como concejal socialista en su Guía de Isora natal y fue portavoz del PSOE en el Congreso durante un año entre 2021 y 2022. Otro de los hombres fuertes de Pedro Sánchez durante su batalla por el liderazgo en 2017, también ha ejercido como secretario de relaciones internacionales del partido.

Raquel Sánchez. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deja el cargo que asumió en julio de 2021. Fue alcaldesa de la localidad catalana de Gavà por el PSC desde 2014 hasta su salto a la política nacional. Su ministerio redactó junto con Derechos Sociales la Ley de Vivienda, uno de los grandes hitos legislativos de este último periodo del ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las mayores crisis de su Ministerio llegó a principios de este año cuando Renfe y Adif vivieron varias dimisiones y ceses por los errores en el diseño y fabricación de varios trenes destinados para el norte de España.

Pilar Llop. Magistrada especializada en violencia machista, Pilar Llop accedió al Ministerio de Justicia en julio de 2021 después de año y medio como presidenta del Senado, de ser delegada del Gobierno para la Violencia de Género, diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y letrada del Consejo General del Poder Judicial. Llop ha vivido con perfil bajo una etapa especialmente confusa para el departamento de Justicia: las huelgas y protestas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales para acordar mejoras salariales y los efectos que ha tenido la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales han sido dos de los puntos más calientes de su mandato.

Alberto Garzón. Ministro de Consumo desde la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno en 2020, Alberto Garzón fue diputado de Izquierda Unida por Málaga desde 2011, siendo elegido líder del partido en 2016. Llevó las riendas del proceso de coalición electoral con Podemos, entonces bajo mandato de Pablo Iglesias, así como el acuerdo posterior con Sumar, y ha anunciado recientemente que deja todas sus responsabilidades políticas. Desde su Ministerio ha puesto en marcha leyes y medidas para regular y limitar la publicidad de alimentos y bebidas insanos para niños y adolescentes, también la publicidad de las casas de apuestas o regular la cadena alimentaria.

Joan Subirats. Catedrático en Ciencia Política y doctor en Ciencias Económicas, Subirats fue nombrado ministro de Universidades a finales de 2021 después de varias responsabilidades políticas con el PSC en Barcelona. Poco después de asumir el cargo presentó la Ley Orgánica del Sistema Universitaria en busca de reducir la temporalidad y eliminar la segregación en los colegios mayores.

José Miñones. Procedente de la política gallega, donde entre otras cosas fue alcalde del municipio coruñés de Ames y delegado del Gobierno, Miñones asumió la cartera de Sanidad en marzo de este año poco antes de que la OMS decretara el final de la emergencia internacional de la pandemia de COVID-19. Sus dos predecesores, Salvador Illa y Carolina Darias, salieron del ministerio para ser candidatos en Catalunya y Las Palmas, respectivamente.

El Ayuntamiento de Valladolid no irá las reuniones técnicas de la Sociedad Alta Velocidad hasta no citarse con la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez. El objetivo del consistorio es reorientar la integración ferroviaria por el proyecto del soterramiento que PP y Vox, ahora en el gobierno, llevaban en campaña electoral.

El Ayuntamiento ha solicitado esta semana cancelar la Comisión Técnica de Seguimiento de Trabajo de la Sociedad Alta Velocidad, convocada por ADIF el pasado día 20, hasta que no se desarrolle “una reunión al más alto nivel” como pidió el alcalde, Jesús Julio Carnero, a principios de septiembre. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) está compuesta por Adif y Renfe —tienen el 50%—, la Junta de Castilla y León —25%— y el consistorio —otro 25%—.

El regidor vallisoletano ha remitido una carta a la ministra en funciones para volver a pedir una reunión presencial y poder abordar el soterramiento, puesto que todavía no ha obtenido ninguna respuesta tras la primera petición formal de junio. “Hemos abandonado la resignación y queremos abordar el soterramiento”, ha afirmado ante los medios de comunicación este viernes.

“Deseo explicarle de primera mano los pasos y trámites que vamos a iniciar para planificar y comenzar a desarrollar la solución soterrada en la ciudad”, ha manifestado Carnero en la misiva.

El alcalde también ha reiterado en la carta que el apoyo del Gobierno de España es “fundamental para que este proyecto llegue a buen fin” como “ha sucedido en otras ciudades españolas”.

El Parlament ha aprobado una moción para reprobar a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por la “constante ineficacia” en la gestión del servicio de Renfe y Adif en Catalunya y por la “incapacidad” para adoptar medidas para hacer frente a las incidencias. Este punto se ha aprobado con los votos de ERC, Junts, la CUP y el PPC y la abstención de comunes y Vox. A propuesta de ERC la cámara ha aprobado una moción en la que también exige el traspaso “definitivo e integral” de Cercanías a la Generalitat para que se pueda asumir la gestión integra del sistema ferroviario catalán.

Además, exigen la ejecución “inmediata” de las partidas presupuestarias de las inversiones del servicio de Cercanías pendientes, como el Plan Cercanías, así como las que sea necesarias para restaurar la normalidad del servicio.

El Parlament también ha aprobado pedir al Gobierno que reclame al ejecutivo español el resarcimiento del coste de los medios alternativos de transporte que la Generalitat habilitó tras la avería de la R2 Sur de Cercanías de mayo.

La cámara ha instado al Govern a reclamar a la Moncloa el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías y la cesión de la titularidad de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la red ferroviaria de interés general dentro de Catalunya necesarias para prestar los servicios. Por otro lado, reclaman la transferencia de los recursos.

Los grupos parlamentarios también han apostado por crear una comisión de investigación sobre el servicio de Cercanías en Cataluña en los últimos años. Este órgano debería tener como objetivos “mínimos” valorar los costes económicos y sociales que han provocado las deficiencias del servicio, cuantificar el déficit de inversión y las necesidades que se requieran para situar la red de cercanías en un estado óptimo y esclarecer las responsabilidades políticas y técnicas que han llevado a la situación actual.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que el Gobierno de España ha encargado ya el estudio para que Toledo cuente con una segunda estación del AVE, que recibirá los trenes del AVE Madrid-Toledo-Lisboa, en el barrio del Polígono tras reconocer que la estación de Santa Bárbara no puede asumir el aumento de tráficos ordinarios. Así lo ha ratificado la ministra durante un encuentro con la alcaldesa y candidata a la reelección, Milagros Tolón, donde ha avanzado sus principales propuestas y proyectos de movilidad sostenible y comunicaciones, ha informado el Consistorio.

Sobre esta estación de AVE, la todavía regidora toledana ha dicho que cuando se presentó el plan inicial, el Ayuntamiento presentó las alegaciones pertinentes porque el trazado con parada en la estación actual de Renfe, “rompía la panorámica de la ciudad”.

Por eso, ha agradecido al Gobierno de España su “receptividad” a la hora de acoger el planteamiento municipal de crear una segunda estación y con un trazado que no afecte a barrios como La Legua, Azucaica o Valparaíso.

En este encuentro también se ha hablado, de la construcción del tercer carril de la TO-23 para aliviar la congestión de tráfico que se produce en horas punta entre los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia. Una actuación que Milagros Tolón solicitó al Gobierno de España y para la que éste, tal y como ha confirmado la ministra, se ha puesto “manos a la obra” Raquel Sánchez ha explicado el Gobierno central va a asumir sus obligaciones y va a dar solución a la congestión que se produce en esta vía dotándola de una mayor capacidad.

Por ello, “vamos a licitar en unos meses el proyecto del tercer carril de la Toledo-23”, y al mismo tiempo van a llevar a cabo la construcción del carril biosaludable entre ambos barrios que incluye una pasarela peatonal entre el Polígono residencial e industrial. Se trata de un proyecto “ya licitado”, cuyas obras estarán en marcha en unos meses, y que humanizará esta travesía al igual que la del Salto del Caballo.

Ambos proyectos irán avanzando en paralelo, ha explicado, para mejorar la conexión de Toledo con el barrio de Santa María de Benquerencia y la zona industrial.

La vivienda ha sido, en las últimas semanas, eje de la gestión política. La aprobación en el Congreso de la primera ley que la consagra como un derecho de la ciudadanía, la promesa de la creación de un parque público de 183.000 inmuebles y los avales para que jóvenes y familias con hijos tengan más fácil conseguir una hipoteca han marcado el discurso político, pero también han dejado entrever las diferentes sensibilidades dentro del Gobierno de coalición.

En este contexto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reconoce que aún queda mucho por hacer para consolidar un nuevo modelo de vivienda que deje atrás “la especulación, el ladrillo y el pelotazo”, en una semana en la que el Partido Popular ha sumado fuerzas con Esquerra para reprobar su gestión por las incidencias en Rodalies.

En las últimas semanas las medidas en materia de vivienda son continuas. ¿Por qué se ha esperado a la recta final de la legislatura para desarrollar este paquete de medidas tan relevantes?

El Gobierno se comprometió a aprobar una ley de vivienda durante esta legislatura y, lo que es más importante, a sentar las bases de lo que debe ser el nuevo modelo de vivienda en nuestro país. Hemos estado trabajando en el texto de la ley durante mucho tiempo, muchos meses. Se ha negociado mucho, no solo en lo político, también con los representantes del sector inmobiliario, con todos los agentes que tienen que decir algo en materia de vivienda. Por otra parte, en las últimas semanas hemos anunciado una serie de medidas que vienen a complementar los programas que hemos puesto en marcha desde el inicio de la legislatura.

Quiero recordar que partíamos de un presupuesto del Partido Popular de 475 millones de euros y hemos pasado a casi 3.500 millones dedicados a vivienda en 2023. En un primer momento, el plan de construcción de vivienda de alquiler asequible se situaba en 20.000 viviendas y ahora, gracias a todos los programas de los que se va nutriendo, nos hemos fijado un objetivo de 183.000. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía las viviendas de Sareb, de la que asumimos el control hace un año. Lo mismo sucede con los suelos de Defensa, que conllevan un proceso de análisis de cuáles son los que podemos poner a disposición de la gente y responder a esa función social. Se ha ido trabajando durante toda la legislatura.

Usted ha hablado de la necesidad de desarrollar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar y de que pase de una inversión con la que especular a un derecho. Para eso tiene que aprobarse la ley en el Senado. ¿Tenemos que esperar algún cambio en la Cámara Alta? ¿Cuándo prevén que esté aprobada?

Nos hemos dado un margen más que amplio para recoger las enmiendas que se negociaron en el Congreso de los Diputados. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar esas enmiendas y, también, las aportaciones de representantes de las entidades y de los colectivos del sector. No creo que vayamos a tener nuevas incorporaciones porque ha habido tiempo de sobra para poder proponerlas y analizarlas. Espero que esa aprobación sea inminente.

Una de las críticas a la ley es que ataca la propiedad privada por abordar el control de precios. ¿Es una ley lo suficientemente garantista?

Sí. Es una ley que parte de lo que recoge la Constitución. El artículo 47 dice que el acceso a la vivienda es un derecho y que los poderes públicos tienen que garantizarlo. También, que tenemos que evitar la especulación. La Constitución recoge como derecho la propiedad, pero fija y establece que tiene que estar sujeta a ese cumplimiento de su finalidad social. Esta ha sido una de las complejidades de esta ley, que tiene que garantizar el derecho a la vivienda y, evidentemente, a la propiedad y ofrecer un marco de obligaciones y derechos a todas las partes que están implicadas y a todos los agentes que participan en este sector. Los propietarios tienen derechos, pero también obligaciones; de la misma manera que también los arrendatarios tienen unos derechos y unas obligaciones. La ley en ningún caso atenta contra la propiedad privada, ni supone una injerencia en el mercado. Lo que hemos pretendido es que aquellos que tienen más dificultades para acceder a una vivienda tengan una respuesta por parte de las administraciones y evitar situaciones del pasado en las que la vivienda era entendida como un bien de mercado.

La Constitución dice que el acceso a la vivienda es un derecho y que los poderes públicos tienen que garantizarlo. También, que tenemos que evitar la especulación

¿Y que digan que beneficia a los okupas?

Eso es absolutamente y categóricamente falso. Forma parte de la campaña del PP, que se niega a propiciar cualquier tipo de avance a la ciudadanía. Pretenden generar miedo y alarma social. Esta ley lo único que pretende es garantizar que, cuando hay familias vulnerables, las administraciones públicas articulen todos los recursos para poder dar una solución habitacional a esas personas. Pasa por acordar con el gran tenedor un alquiler social o buscar otro recurso habitacional solo en el caso en el que se den determinadas circunstancias. Si no se dan esas circunstancias, continúa el procedimiento de desahucio. Si analizamos los datos del Consejo General del Poder Judicial, han disminuido las ocupaciones derivadas de la comisión de delito. El Partido Popular no sabe cómo atacar todas aquellas leyes que suponen avances y garantías para los ciudadanos y, directamente, recurre al bulo. 

Hay comunidades, como Madrid, que ya dicen que no van a cumplir con lo que no sea estrictamente obligatorio.

Ya es un matiz, porque les tuvimos que aclarar que la ley es de obligado cumplimiento.

Hablamos de Madrid porque ahí hay un problema acuciante con la vivienda. ¿Puede hacer algo el Gobierno para que la ley se cumpla? 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que cumplir la ley en los términos que se establecen. Sí es verdad que hay alguna disposición que queda en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, el tema relativo a declarar áreas tensionadas. Estas comunidades y sus gobiernos tendrán que responder ante los ciudadanos por qué se niegan a aplicar una ley que clarísimamente beneficia a la gente. Nosotros lo tenemos claro. Ahora que estamos ya en campaña electoral, los ciudadanos deben saber lo que se juegan, situar en las comunidades autónomas y en ayuntamientos a gobiernos que estén comprometidos con una ley que los va a ayudar.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que cumplir la ley en los términos que se establecen. Sí es verdad que hay alguna disposición que queda en manos de las comunidades, por ejemplo, el tema relativo a declarar áreas tensionadas

Esta semana, el Banco de España ha dicho que el 50% de los inquilinos están en riesgo de exclusión. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea y refleja que 4 de cada 10 hogares en alquiler tienen que dedicar más de un 40% de sus ingresos disponibles solo a pagar a sus caseros. ¿Es suficiente la ley de vivienda para revertir esta situación?

La ley de vivienda establece un marco homogéneo. Es el instrumento normativo a partir del que queremos abrir un nuevo modelo de vivienda en nuestro país, pero siempre hemos dicho que no es la única solución, que hay que hacer un parque de vivienda pública o asequible que no se pueda vender, que es lo que pasó con las políticas del Partido Popular. Esta ley lo prohíbe. Nos hemos focalizado especialmente en los jóvenes, en el bono alquiler, en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, en los avales del 20% para la adquisición de vivienda que aprobamos el otro día en Consejo de Ministros. Todas las medidas tienen que entenderse en su conjunto. No va a haber ni un solo ciudadano en este país que no se vaya a ver beneficiado por alguna de estas medidas.

Ese parque público que menciona es muy ambicioso. Son 183.000 viviendas. ¿Cuándo van a estar disponibles?

Ya hay 77.000 viviendas movilizadas, activadas. Muchas de ellas se están construyendo, algunas ya se han entregado y están siendo habitadas. En la página web del Ministerio se puede consultar dónde están esas viviendas y rebatir, también, ese bulo divulgado por la derecha que dice que no hay ni una sola vivienda construida. Transparencia total y absoluta para que los ciudadanos puedan identificar cuántas viviendas estamos movilizando y dónde están. Pero estamos hablando de revertir todo un modelo y construir uno nuevo y eso no lo vamos a conseguir en uno o dos años.

También quiero recordar que el Estado propicia y proporciona los instrumentos y los recursos, pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que proceden a la construcción de esas viviendas públicas. Yo doy muchas veces un dato que creo que es bastante significativo. En Catalunya, tres de cada cuatro euros que se invierten en políticas de vivienda provienen de las transferencias y de los fondos que habilita el Gobierno de España a través de los diferentes instrumentos, desde el Plan Estatal de Vivienda a los fondos europeos o a través de las ayudas que se han ido otorgando para financiar el bono de alquiler para jóvenes. Esto que pasa en Catalunya pasa en la mayoría de comunidades autónomas.

Lo más importante es no volver al modelo del pasado, al modelo de la especulación, del ladrillo, del pelotazo

¿Y qué puede pasar con esta promesa de parque público si hay un cambio de Gobierno?

Yo espero que no sea así, por eso necesitamos una década más de gobiernos progresistas para consolidar esos avances sociales. Lo más importante es no volver al modelo del pasado, de la especulación, del ladrillo, del pelotazo. El modelo que expulsaba a las familias de sus hogares, que ha privado a los jóvenes de iniciar su proyecto de vida porque no han podido acceder al alquiler de una vivienda ni a la compra de vivienda pública, que fue anulada.

En los últimos días se han hecho evidentes las diferentes visiones sobre política de vivienda dentro del Gobierno por los avales del ICO para las hipotecas de jóvenes y familias con hijos. Usted dijo que no hay que demonizar la vivienda en propiedad. En otros países, en Reino Unido, una medida similar encareció aún más los pisos. ¿No puede pasar algo similar?

Entendemos que no es así. Esta es una medida más dentro del amplio paquete que hemos ido explicando en las últimas semanas. Nuestra prioridad es constituir un parque público de vivienda, en la modalidad de alquiler, principalmente porque somos conscientes del déficit que tenemos en nuestro país. También es algo indudable que hay muchos jóvenes que tienen solvencia más que suficiente para poder pagar una hipoteca, que, a veces, puede ser menor que pagar un alquiler. Esa imposibilidad de poder comprar una vivienda ha provocado el incremento de los precios del alquiler. Lo que estamos diciendo es que vamos a facilitar ese aval para que jóvenes de 18 a 35 años y familias con menores a su cargo puedan tener el respaldo del Estado para poder acceder a esa hipoteca. Si fuera una medida aislada, podría entender esa valoración, pero nuestra máxima prioridad es la de construir un parque de vivienda pública de alquiler asequible. Los avales son una medida que tendrá un recorrido dirigido, sobre todo, a aquellas personas que tienen capacidad financiera.

Usted dijo que, para esos avales, habrá límites de precios por comunidades porque no cuesta lo mismo un piso en Madrid que en Zamora. ¿Qué límites tiene en mente?

Lo detallaremos en el desarrollo del convenio que se tiene que suscribir entre el Ministerio de Transportes y el ICO. Detallaremos cómo se establecerán esos criterios o cuál será ese límite del precio de la vivienda en función del ámbito territorial. No es lo mismo comprar una vivienda en Madrid o en Barcelona que en Ciudad Real o en Zamora.

Es sorprendente que Esquerra Republicana se alíe con el Partido Popular, que ha sido el responsable de la desinversión en Catalunya en materia de infraestructuras

Al margen de la vivienda, este semana ha sido reprobada en el Congreso y en el Senado, con el respaldo de Esquerra, por la gestión de Rodalies. ¿Qué le parece?

Pues sorprendente. En primer lugar, que Esquerra Republicana se alíe con el Partido Popular, que ha sido el responsable de la desinversión en Catalunya en materia de infraestructuras, especialmente en infraestructuras ferroviarias. Y que lo hagan para reprobar a esta ministra, que es parte de un Gobierno que está invirtiendo como nunca en Catalunya. Estamos haciendo frente a las consecuencias de esa década de desinversión. Cuanto menos sorprende que, ante esta situación, Esquerra Republicana se alíe con el partido culpable y responsable de esa desinversión. Y, por otra parte, que el Partido Popular, que tanto critica esos acuerdos que se alcanzan con Esquerra para aprobar buenas medidas, se alíe con el partido que está pidiendo el traspaso integral de la red de Rodalies, aun cuando sabe que es imposible.

Está claro que Esquerra Republicana está muy desesperada, que pretende hacer la campaña electoral en base al incidente que ocurrió hace unos días en la red de Cercanías. Yo me centro en solucionar el problema, en dar el servicio que merecen los catalanes y las catalanas y en invertir en Catalunya como nunca se ha hecho antes. Créanme cuando les digo que soy muy conocedora de la situación, de las consecuencias de esa desinversión y que mi compromiso es total y absoluto. Allá quien quiera utilizar esta cuestión en campaña y quien, para hacerlo, no tiene el más mínimo escrúpulo en pactar con aquellos que son los responsables de esta situación que sufrimos los catalanes y las catalanas.

El año 2022 fue el segundo peor año de la década en incidencias acumuladas en Rodalies. ¿Qué le dice al medio millón de usuarios diarios del servicio?

Estamos hablando de una red muy compleja, no solo en Catalunya, sino en el conjunto del territorio. Sufrimos incidencias que son de diferente tipo, que tienen que ver con la infraestructura, con el operador, con los trenes, con el vandalismo, con los robos, con causas meteorológicas, con arrollamientos. Vamos a ofrecer esos datos. En Catalunya hemos reducido el número de incidencias que tienen que ver con la infraestructura. ¿Por qué? Pues porque estamos invirtiendo como nunca, estamos aplicando un plan de choque que nos permita responder de una manera más rápida para solucionar los problemas cuando se producen esas incidencias. Catalunya, por desgracia, supera con mucho el número de incidencias que se producen por factores que no tienen que ver ni con la infraestructura ni con el operador, sino con esas otras causas.

A los usuarios, lo primero, es pedir disculpas, porque entiendo lo perjudicados que se sienten cuando llegan tarde al trabajo, a la universidad o donde quiera que se dirijan. Pero también quiero decir que no duden del compromiso de este Gobierno, de esta ministra, en seguir el ritmo inversor que estamos alcanzando, que se va a incrementar en los próximos años, porque estamos consiguiendo hacer cada vez más licitaciones. Seguro que el panorama que vamos a ver de aquí a unos años en la red Rodalies, no solo de Catalunya, sino en el conjunto del sistema ferroviario a nivel estatal, va a ser mucho mejor.

¿Es comparable la situación de Rodalies con la de Cercanías en Madrid? Porque el Gobierno de Díaz Ayuso también dice que falta inversión.

Son redes diferentes y no se pueden comparar. También tuvimos una reunión hace unas semanas con el consejero del Gobierno madrileño, en la que explicamos el plan de Cercanías, que lo conocen, pero quisimos hacerla para refrescar las cifras. Son 6.500 millones de euros, 1.000 millones más que el último plan que dejó previsto en un PowerPoint el anterior ministro [Íñigo de la Serna, del PP]. Y estamos ejecutando ese plan. Yo me comprometí a convocar las comisiones de seguimiento del cumplimiento del plan, ofrecer toda la información, trabajarlo con la máxima transparencia, para que sobre todo sean los madrileños y madrileñas quienes constaten que estamos invirtiendo en Cercanías. También pedimos a las comunidades autónomas que se sienten a la mesa, que podamos coordinarnos mucho mejor, para que podamos habilitar sistemas de transporte alternativos allí donde hay obras o se producen incidencias.

En las últimas tres décadas, España ha invertido en Alta Velocidad 55.000 millones de euros. En el mismo periodo, en el conjunto de Cercanías de toda España, 3.679 millones. Son datos de Airef. ¿Está de acuerdo con la opinión de algunos expertos de que se ha priorizado demasiado el AVE?

Creo que tenemos que poner en valor, precisamente, nuestra red de alta velocidad, que es la segunda mejor del mundo por detrás de China y que en los últimos 30 años ha hecho este país mucho más competitivo. Hay que seguir apostando por la alta velocidad porque nos hace más competitivos, porque nos conecta con Europa. Es verdad que tenemos una red de alta velocidad en la que se ha invertido mucho dinero, gracias también a la financiación que se ha obtenido de los fondos europeos, pero la red convencional también tiene que tener ese mismo ritmo inversor. Precisamente, durante esta legislatura y en los dos últimos presupuestos, la inversión que se está haciendo en la red convencional supera a la de la red de alta velocidad. Ahora hay que centrarse en mejorar nuestra red convencional.

También sobre transportes. ¿Qué va a pasar con la privatización de las torres de control de siete aeropuertos, entre ellos Madrid, Palma o Tenerife? ¿Sigue adelante?

Nosotros abrimos un periodo de información pública que ha dado como resultado la presentación de alegaciones por parte de todos los agentes implicados. Estamos en ese proceso de análisis de esas alegaciones. Queremos llegar a un modelo que responda a las necesidades del sector y que nos permita una gestión de las torres de control en la línea que se ha hecho con otras torres que han sido liberalizadas: ha sido positiva en términos económicos y de eficiencia. Es un camino que se inició hace muchos años y que, ahora, hemos abierto el marco para poder hablar de la liberalización de otras torres. Queremos que sea un proceso calmado y que participen todos los agentes.

Y de llevarse a cabo, ¿cuándo saldría adelante?

Es AENA [la empresa semipública de aeropuertos] quien tiene que abrir ese proceso. No es una cuestión que vaya a ser inmediata, queremos que sea un proceso negociado, consensuado, sereno y que no genere preocupación en el sector ni en la ciudadanía. Lo que queremos, sobre todo, es mejorar la calidad del servicio.

Ampliar el aeropuerto en Barcelona implicaría afectar al espacio protegido de la Ricarda. ¿Se puede defender esa ampliación a la vez que se pide proteger Doñana? En ambos casos la Comisión Europea se ha posicionado en contra.

Nosotros siempre hemos dicho que este Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de ampliación del Aeropuerto del Prat o de cualquier infraestructura que contravenga las directivas comunitarias en materia ambiental o de cualquier otro tipo. Siempre defendimos un proyecto de ampliación que diera respuesta a esa ambición de convertir el aeropuerto del Prat en un hub intercontinental, pero tiene que ser escrupuloso con en el respeto a la normativa medioambiental.

He sido alcaldesa de Gavá, un municipio cercano al aeropuerto. Sé muy bien qué es convivir con un aeropuerto; pero también soy consciente de que tenemos que ser capaces de que las infraestructuras respondan a las necesidades económicas y sociales. Lo que se está haciendo en Doñana por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía es precisamente incumplir sentencias y directivas. Lo que estamos haciendo nosotros es una propuesta de un proyecto del aeropuerto que siempre será respetuoso con el medio ambiente y con las directivas comunitarias. 

La Ley de Movilidad Sostenible, que también contempla la opción de los peajes en el centro de la ciudades, está en el Congreso. ¿Hay tiempo para aprobarla antes de las elecciones generales?

Nos gustaría aprobarla antes de finalizar la legislatura. Ahora estamos en ese proceso de análisis de enmiendas, se han presentado más de 900, pero con ánimo de mejorarla. Hay muchos puntos de consenso con la mayoría de formaciones políticas.

Y ya para terminar: ¿cuáles son sus prioridades de aquí a que acabe la legislatura?

Ahora tenemos una responsabilidad. Hemos convertido la vivienda en una causa nacional, en un tema que interpela a todas las administraciones públicas para que centremos los recursos en ofrecer una respuesta que llegue al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Con el foco, especialmente, en los más jóvenes, que han tenido que sufrir mucho las consecuencias de la pandemia y años previos de precariedad laboral y de incertidumbres. Esta ley también pretende ser un elemento fundamental para que tengan certezas en sus vidas.

También queremos un nuevo modelo de movilidad, que prioriza la utilización del transporte público. Quiero recordar la acogida extraordinaria que ha tenido la gratuidad del transporte de Cercanías, de media distancia, de todos los descuentos que hemos introducido en esta materia; que el transporte también sea una herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático. Nuestra responsabilidad es agotar hasta el último minuto de la legislatura y aportar soluciones en materia de movilidad y de vivienda.

“Hoy es un día de recuerdo, de homenaje a los miles de españoles que fueron víctimas del nazismo cuya memoria es, por derecho propio, parte esencial de nuestra historia democrática”. Con estas palabras comenzaba este miércoles su discurso Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en un acto de homenaje en memoria de las víctimas del Holocausto en Madrid al que también ha acudido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

La ministra ha lanzado un mensaje de advertencia en un contexto donde la ultraderecha en España y en Europa sigue en ascenso: “Los enemigos de la democracia no han desaparecido, siguen estando entre nosotros”. Y ha continuado refiriéndose a esos “enemigos de la democracia”. “Les molesta que recordemos, que rindamos homenaje a los republicanos […], les molestan las placas conmemorativas y los pequeños monumentos que dan fe de su sacrificio, les molesta que después de tantas décadas de silencio levantemos la voz”, ha lamentado.

Sánchez ha recordado el legado de los hombres y mujeres que se negaron a aceptar la “tiranía” y ha defendido que sus voces tanto tiempo silenciadas son las de la “democracia y la libertad”. Además, ha agradecido a todos aquellos países que ofrecieron asilo a los españoles durante la época del nazismo, así como a todas las asociaciones que han mantenido la memoria de esas víctimas a lo largo de los años. “Tenemos una inmensa deuda”, ha defendido la ministra frente miembros y responsables de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas de nazismo de España, una asociación fundada en 1962 encargada de preservar la memoria histórica de los republicanos deportados a los campos de concentración nazis.

Después de la ministra, la vicepresidenta de esta organización, Concha Díaz, ha recordado de nuevo a todas las víctimas españolas del nazismo y ha agradecido las decisiones de los responsables políticos de los gobiernos de España desde 2018 hasta ahora: “Han dado respuesta a las demandas largamente esperadas de nuestra asociación”. La vicepresidenta de la Amical ha puesto el foco en su discurso en el contexto político europeo y en el alza de las fuerzas fascistas en países como Italia, Hungría, Polonia o Finlandia. “No hunden sus raíces en el consenso antifascista y reivindican en clase postmoderna algunos rasgos del fascismo”, ha señalado. “Nacionalismo excluyente, afirmación de la autoridad, tradicionalismo y un militarismo ahora exacerbado por la guerra en Ucrania”, ha continuado.

Por su parte, Bolaños –que ha evitado mencionar la polémica sobre el veto que le impuso la presidenta de la Comunidad de Madrid en los actos del Dos de Mayo– ha defendido la nueva Ley de Memoria Democrática tejida desde su propio departamento y aprobada definitivamente el 5 de octubre, cuyo primer preámbulo “habla del Holocausto como punto de partida de todas las políticas de memoria a nivel mundial”.

Asimismo, ha señalado la importancia de los actos simbólicos, como el que ha tenido lugar hoy o como también el que se celebró la semana pasada en Gernika, recordando el primer bombardeo a la población civil por parte de las aviaciones nazis y fascistas. “Es un deber moral que tenemos las sociedades avanzadas para neutralizar el olvido”, ha dicho, sobre los actos simbólicos. El ministro ha finalizado dando las gracias a las numerosas entidades que colaboran con el Gobierno para llevar a cabo la labor de la memoria democrática: “Es una responsabilidad cívica mantener la memoria de estas personas”.

El homenaje ha acabado con la entrega de una corona de flores a la vicepresidenta de la Amical y con música en directo. 

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su partido pedirá en el Congreso la reprobación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la “gestión catastrófica” de Rodalies. “Lo único que depende del partido socialista es lo que va peor en Catalunya”, ha sentenciado Junqueras.

“Han tenido muchos meses y años para resolverlo, han sido incapaces y cada vez funciona peor; alguien tiene que asumir su responsabilidad política”, ha aseverado el líder de ERC en una entrevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Pese a ser el principal apoyo parlamentario del Gobierno de coalición en esta legislatura, la cercanía de las municipales de mayo acentúa la batalla partidista. En este contexto hay que enmarcar la petición de reprobación de ERC a la ministra catalana y del PSC, Raquel Sánchez.

ERC quiere arrebatar al PSC el primer puesto como partido más votado y ha encontrado en los continuos retrasos de la red de Rodalies en Barcelona y el área metropolitana una baza para arremeter contra los socialistas.

Según Junqueras, “tocarían dimisiones” por la gestión de Rodalies. “Lo mejor que le puede pasar a Catalunya es que el PSC tenga pocas responsabilidades y que, si tiene alguna, sea supervisada por ERC”, ha agregado.

Los republicanos intentarán reprobar a la ministra Raquel Sánchez en el Congreso, para que “alguien asuma su responsabilidad política”, ha expresado Junqueras. “No puede ser que se laven las manos cada día, Poncio Pilato solo se las lavó una vez”, ha añadido.

Para Junqueras, si el Gobierno no logra que los trenes vayan a la hora, debería “dejarlo estar y poner a alguien que sea capaz de hacerlo”. La solución, a criterio de Junqueras, pasaría por el traspaso de Rodalies al Govern, lo que, en su opinión, llevaría a un funcionamiento “infinitamente mejor” de los trenes, en línea con los Ferrocarrils de la Generalitat.

Junqueras ha reclamado “no resignarse” ante el mal funcionamiento de los trenes en Catalunya, donde “es noticia si algún día no hay retrasos”. “Que las cosas se gestionen de forma catastrófica no es noticia porque nos hemos acostumbrado, pero no podemos dejar que haya usuarios abandonados en la desdicha del PSC”, ha afirmado.

“Que el PSC empiece a trabajar ya hacer cosas útiles para el país. Solo tiene un trabajo: hacer que funcione Rodalies. Que al menos este lo haga bien”, ha zanjado Junqueras.

La gestión de la sequía

Tras la reunión de partidos sobre la sequía que acabó sin acuerdo, Junqueras ha acusado al PSC de actuar con “egoísmo” en la gestión de la crisis. Los de Salvador Illa rechazaron un acuerdo con el Govern por las discrepancias sobre las sanciones a los ayuntamientos del decreto de sequía. El Ejecutivo estaba dispuesto a pactar una moratoria hasta el 1 de julio, pero el PSC quería alargarla hasta septiembre.

“Fue la demostración del egoísmo con el que actúa el PSC”, ha asegurado el presidente de ERC. En Catalunya, ha abundado Junqueras, “hay muchos municipios que trabajan bien y se esfuerzan en ahorrar agua”. A su juicio, “no es bueno que haya otros municipios que se aprovechen del buen trabajo de los demás para tener una actitud irresponsable”.

Junqueras ha defendido implantar un régimen de sanciones para garantizar la “responsabilidad” de los municipios. Más allá de esta discrepancia, el líder de ERC ha valorado que los socialistas “bloquean” el acuerdo no porque no compartan el régimen de multas, sino porque consideran que así “desgastan al Govern”. Esta posición, según Junqueras, demuestra “la irresponsabilidad y el egoísmo” del PSC.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha excluido a Castilla y León del conflicto suscitado con el proyecto fallido de Renfe con los trenes que no cabían en algunos túneles tras precisar que dicha polémica se circunscribe tan solo a Asturias y Cantabria ya que ninguno de esos convoyes estaba destinado a la Comunidad.

La titular de Transportes, que ha presidido este lunes en Valladolid la inauguración de una estación de carga de vehículos eléctricos en la sede de Autobuses Urbanos (Auvasa), ha indicado respecto del incidente de los trenes de FEVE, que se habían diseñado mal y precisan de una corrección en Asturias y Cantabria, “que ninguno de ellos estaba destinado a prestar servicio en Castilla y León”.

En este sentido, Sánchez ha indicado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, conocía “sobradamente” lo ocurrido “porque se le ha aclarado desde el primer día” al tiempo que ha asegurado no estar al corriente de la remisión de una nueva carta, la segunda ya de Mañueco en la que solicita un encuentro para abordar la polémica de los trenes de FEVE. “No he recibido la carta, al menos personalmente, y la buscaré”, ha zanjado la ministra.

Mañueco asegura que ha escrito por segunda vez al Gobierno por el “error” de los trenes FEVE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a escribir una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a través de la que exige una reunión para conocer las consecuencias para Castilla y León del “inclasificable error” en los trenes de FEVE.

En el escrito difundido a través de la red social Twitter el presidente ha recordado a la ministra que esta es la segunda carta que rubrica en torno a este tema tras un primer escrito enviado el 23 de febrero sobre la que, como relata Mañueco, no ha habido respuesta.

En la misiva, el presidente de la Junta reclama un encuentro “a la mayor brevedad posible” para tratar “el estado actual del suministro de trenes de ancho métrico y alpinos que, como consecuencia del inclasificable error de licitación” y sus consecuencias en Castilla y León.

Fernández Mañueco ha aprovechado también para lamentar la “falta de cortesía” del Ministerio ante la ausencia de respuesta a la primera carta y traslada su “sorpresa” ante las declaraciones de la ministra en las que dice que sí contestó.

“Teniendo en cuenta que no he recibido ninguna información al respecto por usted confía que, esta vez sí, hará todo lo que esté en su mano para que finalmente tengamos el encuentro solicitado para abordar este asunto, así como el resto de infraestructuras que desde Castilla y León venimos reclamado”, ha zanjado.

A través del mensaje difundido en la red social, el presidente ha afeado además que Raquel Sánchez haya estado este lunes en Valladolid para visitar diversas infraestructuras “sin previo aviso institucional”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apostado este jueves por la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, de la que se está realizando un estudio de viabilidad con plazo de entrega en enero de 2024 tras cerrarse al tráfico en 1995, para conectar a Soria con el Corredor Atlántico.

Sánchez, que ha supervisado la renovación integral de la línea Soria-Torralba en la estación soriana de “El Cañuelo”, ha señalado en su discurso que el Gobierno quiere “seguir avanzando en las conexiones ferroviarias de Soria” y, en este sentido, ha apuntado a la posible reapertura de la Soria-Castejón.

Este estudio servirá para evaluar una nueva conexión a la ciudad de Soria desde el corredor Cantábrico-Mediterráneo, a la altura de Castejón (Navarra), y ha confiado en que, tras los estudios, el Gobierno pueda activar “la maquinaria para hacer de este corredor Soria-Castejón una realidad”.

Respecto al proyecto piloto pionero para conectar Soria con la alta velocidad ferroviaria en Calatayud, elegido por el Ministerio entre otras opciones, está previsto que la semana que viene, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se decidirá la solución y se procederá a la firma de la resolución que fijará las condiciones.

Una vez firmada, se publicará en el BOE unos días después y permitirá que el inicio de los servicios se establezca, previsiblemente, antes del verano, según ha anunciado.

La ministra ha recordado que “hemos dado un gran impulso para realizar la renovación de la línea Torralba-Soria” y ha constatado de primera mano los avances de los trabajos que cuentan con una inversión superior a los 75 millones de euros, financiado por el Ministerio a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“Estas obras supondrán una mayor fiabilidad de esta línea ferroviaria, un ahorro de tiempo para los usuarios y, en definitiva, una mejora de la calidad del servicio”, ha asegurado.

A preguntas de los periodistas sobre el malestar en sectores de Soria y Burgos por haberse dejado fuera a estas provincias del corredor atlántico, ha asegurado que el mismo ya viene de lejos pero en cualquier caso el Gobierno está comprometido con la plataforma logística de Villafría y con el estudio de viabilidad del Soria-Castejón, que “será una línea de aportación a este Corredor Cantábrico-Mediterráneo”.

Sánchez ha querido despejar cualquier duda o “noticia malintencionada” en ese sentido y ha garantizado que las inversiones previstas se realizarán en “esta tierra”.

La Junta pide avances

Por su parte, la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha reclamado un mayor impulso en la línea Soria-Torralba y en la apertura de la Soria-Castejón, “pasando del papel al territorio”.

La consejera ha reclamado también mejores material rodante para los trayectos de Soria y una inversión y apuesta más decidida por Castilla y León, que tiene 2.400 municipios y una baja densidad de población, por lo que es muy importante el transporte por carretera, mientras el documento que trasladó el ministerio hace meses, a pesar de solicitarse una reunión, plantea la supresión de 346 paradas en otros tantos municipios, 33 en la provincia.

La consejera ha reivindicado una apuesta firme por el corredor atlántico, aprovechando los fondos europeos, porque puede generar un eje vertebrador, mayor cohesión territorial y social y necesita llegar a las nueve provincias, para postularse en materia de logística.

Soria Ya, crítica

El procurador de Soria ¡Ya!, Angel Ceña, ha reconocido su escepticismo con los anuncios de la ministra, y ha asegurado que se le ha “caído el alma a los pies” cuando ha dicho que está trabajando firmemente en la A-15, “cuando es la más abandonada de este país en décadas”.

Ceña ha censurado que las obras de modernización de Torralba-Soria está destapando que están retirando vías fechadas en 1929 y ha censurado que la reforma no supondrá la mejora en tiempo, porque habrá “el mismo tiempo de trayecto que en los años 90”, dos horas y media.

Para Soria ¡Ya!, la mejor opción sería electrificar la línea, para lo que sería necesario mejorar el trazado de algunas curvas.

La visita, en la que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha centrado en el entorno de la Estación de Soria, donde se acomete una reordenación de vías y andenes, así como el montaje de nuevos aparatos de vía e instalaciones, entre otras actuaciones.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este jueves en Cáceres que el nuevo puente, que salvará el socavón de la N-523, en la carretera Cáceres-Badajoz, provocado por la borrasca Efraín estará finalizado “antes de verano”.

La ministra, que ha visitado este jueves Cáceres y ha visitado los terrenos donde se prevé la construcción de Vivienda de Protección Autonómica (VPA), ha subrayado que “nosotros actuamos declarándola como una obra de emergencia, se está actuando y las obras están avanzando al curso que deben tener”.

Según la ministra, las obras avanzan “a un ritmo adecuado” y las previsiones son que antes del verano pueda estar finalizado ese puente de 40 metros, que permitirá de nuevo el funcionamiento y abrirlo al tráfico.

“Por lo tanto”, ha insistido la ministra, “están avanzando esos trabajos. Y nuestras previsiones son esas: que esté finalizado el puente antes del verano”. El socavón abierto se ubica en el punto kilométrico 45 de la carretera N-523, que une Badajoz y Cáceres.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho este jueves en Cáceres que los problemas del tren en Extremadura “no son equiparables” a los de Asturias y Cantabria y que en el caso extremeño “se actuó con celeridad”, ha señalado en relación a los incidentes tras la puesta en marcha del Alvia el pasado verano.

La ministra ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a los terrenos para la construcción de Vivienda de Protección Autonómica (VPA) ubicada en Casa Plata, en Cáceres, donde ha justificado que la respuesta en el caso de Asturias y Cantabria conllevara ceses en Renfe porque “lo que tenemos que hacer es adoptar medidas y buscar soluciones en función del impacto”.

Sánchez ha añadido que en “aquel momento”, en referencia a la puesta en marcha del Alvia en Extremadura, “se reforzaron todos los medios y mecanismos y se movilizaron recursos humanos, materiales y económicos para corregir esas incidencias; se respondido de manera adecuada y proporcionada”.

Acerca de si cree que debería haber dimisiones con respecto a la situación del tren en la región y las incidencias que se registran, y acerca de que el PP de Extremadura ha pedido su dimisión, la ministra ha insistido en que “cuando se produjeron aquellos incidentes, que yo lamento y creo que di la cara, dimos explicaciones”.

“También creo recordar que se asumieron responsabilidades como consecuencia de aquellos días en las que la puesta en marcha de los nuevos trenes no respondía a las expectativas”, ha remarcado.

La ministra ha asegurado que se corrigieron las incidencias y ha valorado, sobre todo, que “cuando se producen esos hechos actuemos y se busquen soluciones” además de que se asumieron responsabilidades. “Por lo tanto, el PP pocas lecciones puede dar en ese sentido”, ha concluido la ministra. 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha informado este sábado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, le ha pedido disculpas por el fallo en las dimensiones de los trenes de Cercanías que va a retrasar la llegada de la flota comprometida para la región, pero el presidente le ha pedido que esta “chapuza” tenga “algún responsable” porque “no es presentable que una cosa se licite en 2019 y nos enteremos ahora que el ancho de los trenes no coincidía con el de los túneles”.

A preguntas de la prensa, Revilla ha explicado que llevaba llamando a la ministra desde el jueves “pero no se ponía” y él estaba “bastante enfadado”. “Me llamó, me pidió perdón, me dijo que, efectivamente, alguien tenía que pagar las consecuencias de este error, y que se comprometía a agilizar cuanto antes la puesta en marcha de la fabricación de los trenes y que a lo largo del día daría una explicación en Castro”, municipio cántabro donde acudirá este sábado a una visita institucional y de campaña.

En este sentido, Revilla espera que la ministra sea “clara y contundente y que nos diga cómo es posible que en un país como España, pionera en el mundo en la construcción de infraestructuras, aparezca un error de este calibre, donde todavía no sabemos si el responsable es Adif, Renfe..., pero la ministra es la jefa de esos organismos y tendrá que aclararlo”.

Tras subrayar que “hacer un tren es más sencillo que hacer túneles o vías férreas”, Revilla ha reclamado a Sánchez que “sobre todo” dé a Cantabria “unos plazos razonables aunque el tiempo perdido es irrecuperable, porque los trenes tenían que estar en funcionamiento”, ha recordado.

En cuanto al plazo de dos o tres años de espera que se ha ofrecido desde el Ministerio, el presidente ha dicho que “ya firmaba porque fueran dos años; espero que sean dos y no tres. Pero la chapuza es monumental e impresentable que eso ocurra en un Gobierno medianamente serio”.

Cuestionado sobre si el AVE llegará a Cantabria antes que los trenes de Cercanías, el presidente ha dicho que el AVE “va bien porque vamos a tener ya adjudicado hasta Alar del Rey este año y probablemente el que viene el tramo hasta Reinosa”.

Revilla ha hecho estas declaraciones antes de participar en un acto contra el cáncer en Santander.

El Corredor del Henares y la comarca de La Sagra, dos de los núcleos de movilidad, transportes y población más importantes de Castilla-La Mancha reciben hoy un importante impulso por la vía de bonificaciones y pases gratuitos en las autopistas de peaje. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado un protocolo con el Gobierno regional y Adif tras el que ha anunciado bonificaciones en las autopistas AP-41 y R-5, que conectan Madrid, Toledo y Extremadura.

Además, la Sociedad Estatal SEITT también ha firmado un convenio con la Junta para la mejora de la movilidad en Marchamalo (Guadalajara), con bonificaciones en la R-2, en el acceso a la Ciudad del Transporte y a las zonas del entorno del Polígono Industrial del Henares. Todas estas bonificaciones serán para usuarios recurrentes con telepeaje a partir del próximo lunes 30 de enero.

La ministra ha hecho este anuncio en la firma del Protocolo General de Actuación para el desarrollo de un proyecto piloto de mejora de la movilidad sostenible en la comarca de La Sagra, celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, junto al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez; el secretario general de Infraestructuras de Mitma y presidente de SEITT, Xavier Flores; y el consejero de Fomento de la Junta, Ignacio Hernando.

El objetivo es aplicar un conjunto de medidas concretas que permitan mejorar la situación actual, procurando la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y rentabilidad social de las inversiones realizadas. Estas medidas tienen un carácter intermodal y se articulan como un proyecto piloto de carácter temporal, en el que se monitorizarán los resultados para poder adaptar las medidas, buscando su mayor efectividad.

Bonificaciones de peaje en la autopista AP-41 y R-5

La comarca de la Sagra se ha convertido un gran foco de generación y atracción de viajes, tanto de mercancías por la concentración de empresas logísticas, como de vehículo privado, por la población residente que se desplaza al entorno de Madrid por motivos de trabajo o estudio, de forma recurrente y obligada. De este modo, de acuerdo con los datos de movilidad por análisis de Big Data de que dispone el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, existe una movilidad entre la zona de la Sagra y la Comunidad de Madrid que supera los 40.000 viajes diarios.

En este contexto, es destacable la situación de la autovía A-42, la cual presenta unos niveles de tráfico y congestión muy elevados, con valores de la Intensidad media Diaria (IMD) de vehículos en el entorno de la localidad de Illescas de 88.585, alcanzando un valor de 141.948 entre M-40 y M-50, mientas que la AP-41, autopista de peaje gestionada por SEITT que forma parte del mismo corredor, se encuentra infrautilizada con valores de la IMD de 1.500 vehículos/día, por lo que tiene capacidad suficiente para absorber gran parte de esos viajes. Esto afecta también al transporte regular en autobús en los municipios situados en el corredor de la A-42 y Madrid, que presenta en algunas frecuencias, especialmente en hora punta, problemas de capacidad.

Así, a partir del próximo lunes entran en vigor una serie de bonificaciones para usuarios recurrentes de la AP-41 y la R-5 entre Illescas, Numancia de La Sagra y Carranque y la M-50 o M-40 cuando utilicen telepeaje. En primer lugar una bonificación del 100% en el viaje de vuelta de lunes a viernes, siempre que la ida se haya producido entre las 06.00 y las 11.00 horas, para todos los vehículos, excepto autocares y microbuses. Es decir, siempre que se realice el viaje de ida y vuelta en el mismo día y en hora punta, la autopista será gratis.

También será gratuito cualquier tránsito a partir del décimo viaje y del mismo trayecto que se realice en el mes. Para autocares y microbuses el coste será de un euro sin ninguna condición de recurrencia, ni de franja horaria ni de día de la semana.

Gratuidad de la R-2 en el entorno de Guadalajara

La ministra también ha informado de que, en el caso de la autopista de R-2, SEITT ha suscrito un convenio para bonificar el peaje, por el que la gratuidad será total en el acceso al Polígono Industrial del Henares y la Ciudad del Transporte, en Marchamalo (Guadalajara), para los vehículos que circulen en ambos sentidos entre el enlace de Guadalajara norte y el enlace con la A-2, situados entre el punto kilométrico 54+925 y el 60+500 respectivamente, como medida para mejorar la congestión de las vías autonómicas CM-101 y CM-10.

El motivo de esta medida es paliar la sobrecarga de tráfico generada sobre las carreteras regionales por la la denominada Ciudad del Transporte, un desarrollo logístico de primera línea, situada en la conexión ferroviaria Madrid-Barcelona, en la R-2 y con conexión con la A-2, y de las demás zonas industriales de la zona.

Para poder aliviar esta situación, el Ministerio ha trabajado con la Junta y el Ayuntamiento para aprobar la gratuidad del peaje de la R-2 en el tramo de 5 kilómetros entre su conexión con la A-2 y el enlace que da acceso a estas zonas industriales, acordando la bonificación del 100% del peaje, en este trayecto para todas las categorías de vehículos a partir de este próximo lunes 30 de enero.

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha asumirá la pérdida de ingresos de SEITT por esta bonificación, que ascenderían a un máximo de 153.613 euros en el periodo 2023-2026 y el coste de la inversión necesaria para su implementación, estimado en 30.000 euros. Por su parte SEITT será responsable de acometer estas inversiones y adaptar los sistemas de peaje, así como de realizar una campaña de información entre los usuarios.

En este contexto, Raquel Sánchez también ha recordado que desde el Ministerio se sigue trabajando en la Variante de la carretera N-320 para dar una solución global a la problemática del tráfico y del acceso a la ciudad de Guadalajara. Para ello, en marzo de 2022 comenzó la redacción del Estudio Informativo.

Medidas para fomentar el transporte público

El protocolo firmado hoy entre Ministerio, Junta y Adif, incluye medidas para el fomento del transporte público. Así, la titular de Mitma ha adelantado que, en la medida que la capacidad de la línea lo admita, se implantarán progresivamente servicios ferroviarios entre Illescas y Fuenlabrada que permitan la conexión con la línea C-5 de Cercanías. En este sentido, ya han sido declarados estos servicios como Obligaciones de Servicio Público (OSP) y de proximidad para los próximos 3 años.

Los servicios de Cercanías de la línea C-5 de Madrid actualmente finalizan en Humanes, discurriendo entre Humanes e Illescas servicios de media distancia y largo recorrido, por la vía única sin electrificar existente. Algunos de estos servicios cuentan con parada en Illescas, pero sin cubrir suficientemente la demanda de conectividad con Madrid.

Es por ello, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha incluido la creación de los denominados servicios ferroviarios de proximidad Illescas-Fuenlabrada, para completar progresivamente esta oferta de servicios, de forma acompasada a las actuaciones previstas en la línea ferroviaria que permitirán aumentar su capacidad.

Tambiénha mencionado los servicios de cercanías de la línea C-3, que llegan hasta Aranjuez pasando anteriormente por el término municipal de Seseña donde se encuentra un apeadero en desuso. Aquí, Mitma realizará un estudio con el Ayuntamiento de Seseña para evaluar la parada de la línea C-3 de Cercanías y un estudio de mayor alcance para valorar la movilidad el corredor Madrid-Toledo y las posibles necesidades de mejora.

El protocolo incluye, a su vez, que la Junta mejorará los servicios de autobús con los municipios afectados e impulsará los trabajos de la estación intermodal de Illescas, que se financia con los fondos del Plan de Recuperación que el Ministerio ya ha transferido. Por último, se realizarán campañas de información de las medidas y sensibilización a la población afectada, priorizando un menor uso del vehículo privado en beneficio de medios de transporte colectivos como el ferrocarril o el autobús.

“Con todo esto, tenemos plena confianza en que este trabajo conjunto dará repuesta a las crecientes necesidades de movilidad de la zona. Contamos también con las iniciativas de movilidad sostenible que promuevan las empresas ubicadas en la comarca y por supuesto con los ciudadanos”, ha afirmado la ministra.

El Gobierno regional y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) presentarán antes de que finalice el mes de enero un Plan de Movilidad de la Comarca de La Sagra que incluirá diversas mejoras para facilitar la conexión de los principales núcleos de población del Norte de la provincia de Toledo y “descongestionar” la A-42, la autovía que une esta ciudad con Madrid. Así lo ha confirmado, esta tarde en Madrid, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la reunión de trabajo que ha mantenido el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, con la ministra Raquel Sánchez.

“Estamos hablando de decenas de millones de euros y de cientos de miles de personas” beneficiadas diariamente a través de este Plan de Movilidad en el que se incluyen descuentos en la autopista de peaje AP-41, tal y como ha adelantado Hernando. “Lo que más nos tiene que preocupar es hacer útiles las infraestructuras que ya tenemos”, ha proseguido, al tiempo que ha considerado que “no es razonable” que “una autopista que discurre en paralelo” a la A-42 cuente con tan solo 1.000 o 1.500 vehículos al día, ha incidido.

Se trata de una de las propuestas del Gobierno autonómico que han recibido, esta tarde, el visto bueno del Gobierno de España, aunque el titular de Fomento también ha adelantado inversiones a futuro en la infraestructura ferroviaria de Cercanías, tanto en Seseña como en Illescas. De igual modo, se ha referido a próximas “mejoras en los enlaces”, tanto de la A-42 como de la AP-41“ con el objetivo de facilitar ”la movilidad entre la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid“, ha explicado.

Fruto de esta reunión en sede ministerial, el titular de Fomento también ha anunciado la colaboración del Gobierno autonómico en la puesta en marcha de mejoras en materia de transporte en autobús que ya se han puesto en marcha en la localidad toledana de Seseña para facilitar su comunicación con Illescas, también en esta provincia, y la capital, ha explicado.

“Luz verde” al vial de El Quiñón

Al término de este encuentro, en el que también ha participado la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández García, el consejero castellanomanchego ha anunciado pasos adelante en “la construcción de un vial que va a unir el Norte del barrio de El Quiñón con la A-4”, en la localidad toledana de Seseña.

Esta nueva infraestructura, “a petición del Ayuntamiento de Seseña”, ha recibido “la luz verde por parte del Ministerio” para avanzar en las negociaciones con la Comunidad de Madrid y crear “una salida de Seseña, no solo por la CM-4010 sino también por la parte de El Quiñón que desemboque en la A-4”. Se trata de “soluciones reales y concretas” gracias a la correcta interlocución con el Ministerio, “que nos está permitiendo plantear inversiones que están teniendo un efecto muy positivo en la movilidad de la región”, ha resumido.

La reunión entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha planteado asuntos como la solución a la variante de la R-2, ahora paralizada; el enlace con la A-3; la autovía A-32 entre Albacete y Linares; la mejora de la accesibilidad desde la A-4 a la localidad de Seseña; o los tramos de la A-40 correspondientes a conectar Toledo con Ocaña, Cuenca con Teruel y Maqueda con Ávila.

La A-43 -desde Extremadura a la Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha como conexión-; la variante de Puertollano correspondiente a la N-420; el corredor atlántico de la A-5; el tren convencional entre Madrid y Talavera; la alta velocidad desde la capital de España hasta Oropesa; y la transformación de la extinta línea convencional de ferrocarril entre Aranjuez y Utiel a su paso por la provincia de Cuenca han sido otras de las discusiones encima de la mesa.

En cuanto a la R-2, el Gobierno regional propone la liberación selectiva de peaje en algunos tramos para dar soluciones a infraestructuras pendientes de ejecutar como la variante de la A-2 en Guadalajara, para lo que sería necesaria la liberación de peaje de hasta dos tramos.

Así, plantean liberar el tramo entre la A-2 y Cabanillas del Campo para convertirlo en variante de la A-2; así como el tramo de enlace de esta vía con la CM-101, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado la compensación a la empresa pública en caso de ser necesario. Con esta última actuación, se facilitaría el acceso de vehículos pesados a la Ciudad del Transporte y Puerto Seco que está promoviendo el Puerto de Tarragona.

Se trata, según figura en el documento elevado por el Gobierno de Castilla-La Mancha al Ministerio y consultado por Europa Press, de un tramo de cinco kilómetros cuya incidencia a la rentabilidad del tramo es “mínima” y “no requiere prácticamente de obras de adaptación”.

En cuanto a la autovía de Levante que conecta Madrid con Valencia, plantea el Gobierno castellanomanchego 10 millones de euros para conectar el Polígono de la Senda de los Pastores de Tarancón con esta vía.

Al respecto de la A-32, recuerda el Gobierno que se trata de una infraestructura “vital” para plantear un segundo carril interior del Corredor Mediterráneo. La petición pasa por sacar a información pública las expropiaciones del tramo CM-313 a Balazote oeste y licitar la obra antes de que finalice el año con los 9 millones presupuestados para este año; además de calendarizar las cuatro licitaciones restantes que aparecen en las cuentas de este año pero que “carecen de los fondos suficientes”.

Para mejorar la accesibilidad desde el núcleo urbano de Seseña hasta la autovía A-4, se reclama “agilizar trámites que permitan la construcción de la conexión prevista, o bien buscar alternativas a esa opción que permitan una conexión rápida y directa”. Todo ello debido a que el municipio “necesita una mejora de su accesibilidad” mediante un acceso norte a la A-4 para dar una salida alternativa al barrio de El Quiñón de cara a permitir una comunicación más directa con Madrid, así como para descargar el tráfico del actual enlace con la CM-4010.

Tres tramos de la A-40 a debate

La autovía A-40, que una vez finalizada debería conectar Teruel con Ávila atravesando Cuenca y Toledo, cuenta aún con tres tramos a su paso por Castilla-La Mancha en el aire. Así, sobre el tramo para conectar Ocaña y la capital regional, la petición de Castilla-La Mancha pretende aumentar la partida de 2023 para abordar la aprobación definitiva del trazado previa Declaración de Impacto Ambiental favorable, así como la redacción de los proyectos de construcción a lo largo de 2023 teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por la Consejería de Fomento.

Quieren, igualmente, priorizar la construcción del ramal de conexión con el Polígono Santa María de Benquerencia, que incluye un nuevo puente sobre el río Tajo.

En cuanto a los otro dos tramos entre Cuenca y Teruel y Ávila y Maqueda, piden agilizarlos al máximo, calculando un aporte presupuestario de 750 millones de euros para los 150 kilómetros del primero ; y de 360 millones para los 90 kilómetros del segundo.

Conexión Extremadura-Comunidad Valenciana

Con una inversión estimada de 800 millones de euros, Castilla-La Mancha entiende que es necesario avanzar en la definición del trazado definitivo del tramo que queda por desarrollar entre Ciudad Real y Mérida pasando por Puertollano y Almadén, “de vital importancia para cambiar definitivamente el esquema de movilidad por carretera en la península hacia modelos transversales” más allá de los radiales.

Así, proponen la opción A-43 por el sur, pasando por Almadén, pero recuerdan la orden de la Dirección General de Carreteras de julio de 2021 que anulaba la posibilidad de estudiar nuevos trazados y planteaba solo mejorar la N-430.

“Es inaceptable la renuncia a esta infraestructura de alta capacidad que unirá el Atlántico con el Mediterráneo de forma directa, uniendo los puertos de Lisboa y Sines con Valencia”, reparan en la Junta. Por ello, la reivindicación castellanomanchega radica en la petición de anular esa resolución, así como incrementar la partida para poner en marcha un nuevo estudio formativo. De otro lado, en cuanto a la variante N-420 de Puertollano, Castilla-La Mancha solicita licitar obras en el primer semestre de 2023 manteniendo la partida de 15 millones de euros calendarizada para el próximo ejercicio.

Corredor Atlántico

También la A-5 a su paso por la provincia de Toledo tiene reivindicaciones por parte de Castilla-La Mancha, que quiere que se incluya una partida presupuestaria con saldo suficiente para habilitar jurídicamente la firma de un convenio con el Ministerio para acelerar el desdoblamiento de la entrada a Talavera de la Reina.

Un estudio preliminar apunta a que la inversión rondará 13 millones de euros, de los que un total de siete corresponderían con la inversión necesaria para los 1,7 kilómetros de titularidad ministerial, incluyendo un nuevo puente sobre el Alberche.

El operador de alta velocidad iryo pondrá en marcha sus servicios en toda España en noviembre. En Barcelona, la compañía tiene previsto operar con 16 frecuencias entre Madrid y la estación de Sants, pero diversos expertos alertan de que esta ya está “al límite” y que la llegada de iryo la podría llevar “al colapso”. Así lo explica el ingeniero de camino Carlos Vilés en declaraciones a ACN.

Sants sólo dispone de seis vías para la alta velocidad. Esto, de por sí, ya supone un espacio limitado para que operen todos los trenes, pero a la circulación hay que sumarle las tareas de mantenimiento que necesitan los vehículos. Según Vilés, las gestiones de limpieza y logística ya están limitando la capacidad de la estación, un hecho que se agrava cuando los trenes se deben dirigir a los talleres, a los que sólo se puede llegar recorriendo diversos kilómetros por vía única.

Esta sobrecarga es tal que “muchos de los servicios ya se deben perlongar hasta Figueres (Girona) porque Sants está completamente al límite”, según Joan Carles Salmeron, director del Centro de Estudios del Transporte (CET). De hecho, parte de las incidencias que hoy sufren otros operadores, como Ouigo, ya son consecuencia de la falta de espacio para el mantenimiento, tal como añade Salmeron.

En este sentido, Vilés alerta de que estos problemas derivados de la sobrecarga “ya se están viviendo en Atocha”, con episodios de colapso en hora punta, trenes que no están preparados a su hora o salas de embarque saturadas. “Debemos esperar que en Sants pase esto”, avisa.

Ambos expertos consideran que la manera de evitar que este colapso llegue a darse es poner en marcha las áreas de mantenimiento y aparcamiento de la estación de la Sagrera, que se encuentra en obras de mejora y ampliación. Pero esta no es una solución a corto plazo, porque, de hecho, el mayo pasado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo que no se prevé que los trenes de alta velocidad puedan llegar a La Sagrera hasta 2025.

Ante esta situación, Vilés apunta por “reducir los tiempos de espera y parada” de los trenes en Sants, así como enviarlos a otras ciudades como Figueras o, incluso, Madrid, para que hagan su mantenimiento.

Adif niega el colapso

Fuentes de Adif, responsable de la gestión de Sants, afirman que “no hay ninguna posibilidad” de congestión. Según indican, la capacidad de todas las estaciones españolas, tanto para la saluda de trenes como para su mantenimiento y rotación, era conocida por iryo en el momento de establecer las frecuencias y horarios.

Así mismo, aseguran que no se otorgó a la compañía “más espacio del disponible”. Adif no ha indicado los datos concretos sobre cuál es el porcentaje de ocupación de la estación, pero insisten en que se puede mantener un “servicio correcto”.

El Gobierno se ha abierto en el último momento a que el decreto con medidas extraordinarias y urgentes para el ahorro energético pueda tramitarse como proyecto de ley en el Congreso, lo que da lugar a la incorporación de cambios por parte del resto de grupos políticos. Así lo han afirmado esta mañana dos ministras en sendas entrevistas televisivas: Teresa Ribera, responsable del decreto y de la cartera de Transición Ecológica, de manera clara, pero también Raquel Sánchez, ministra de Transportes.

Ribera ha mostrado su total confianza en que el paquete de medidas saldrá adelante este jueves en el Parlamento, pese al rechazo anunciado del principal grupo de la oposición, el PP. “Sí, completamente”, ha respondido la vicepresidenta tercera a una pregunta al respecto en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco. “Creemos que es capital que [los decretos] salgan adelante. Pensamos que merecen el apoyo de la Cámara de forma unánime”, ha sostenido.

Para ello, la vicepresidenta tercera ha añadido que el Ejecutivo está dispuesto a tramitar el decreto urgente como proyecto de ley. “Estamos abiertos a que se introduzcan mejoras o medidas adicionales. Nuestra intenciónes es no introducir muchas más medidas obligatorias, sino más bien recomendaciones, flexibilizaciones”, ha explicado.

“Si sus señorías quieren que se tramite como proyecto de ley”, ha apuntado Ribera, “estaremos muy contentos de recibir propuestas e iniciativas concretas”.

En el mismo sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, también compartía en otra entrevista la posibilidad de que la norma incluyera cambios en el Parlamento. “No es que este Gobierno se abra, es que esa posibilidad existe en la tramitación parlamentaria”, ha afirmado Raquel Sánchez en La Mañana de la 1, en TVE.

“Si se da la suma de partidos políticos, no tenemos problema, pero es formular una hipótesis que tendremos que ver mañana”, ha añadido. La ministra de Transportes ha recordado que las medidas del decreto energético ya están en vigor por lo que es necesario “dar certidumbre” a la ciudadanía y “convalidar un decreto ley que es de aplicación inmediata”.

Sánchez ha recordado también que la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, ha aplaudido las medidas de ahorro energético puestas en marcha en España por contribuir a los objetivos marcados para el conjunto de la Unión Europea.

Pide al PP propuestas y no “frivolidad”

Ante las críticas del Partido Popular y su anuncio de que los de Alberto Núñez Feijóo rechazarán el decreto en el Congreso, la vicepresidenta Teresa Ribera ha reclamado a la formación de derechas “propuestas”. “Echo de menos alguna propuesta, ni siquiera una crítica constructiva. Me parece una improvisación y una frivolidad”, ha reaccionado a la postura del PP.

“Creo que la presidenta de la Comisión, que pertenece la misma familia política [que el PP], ha sido muy expresa al respecto”, ha recordado Ribera, sobre las felicitaciones de Ursula von der Leyen al paquete de medidas aprobado por España.

La vicepresidenta tercera ha emplazado al PP a presentar iniciativas concretas tanto al decreto actual como al próximo “plan de contingencia” que el Gobierno tendrá que aprobar a partir de septiembre para cumplir con el compromiso con Bruselas de reducir el consumo energético un 7%.

Hasta el momento, Teresa Ribera ha afirmado que el Gobierno ha recibido “algunos comentarios de algunos sectores industriales”, el planteamiento que “el Gobierno vasco quiere aplicar en su territorio” y “poco más”.

Teresa Ribera ha recordado que en estos momentos se requieren medidas de efecto “inmediato”, que reduczan de manera rápida el consumo de energía, y no iniciativas que tendrían reflejo en varios años, en una crítica velada a los de Feijóo. El PP ha centrado ahora su discurso energético en la energía nuclear, pese a que no aliviaría el ahorro energético ante la actual crisis.

“Creo que es una frivolidad y una improvisación salirse del contexto, desubicarse y no entender la situación que que está viviendo Europa en estos momentos”, ha lamentado Ribera sobre la postura del PP.

Sobre el nuevo alza del precio de la luz, Teresa Ribera ha sostenido que el Ejecutivo está abierto a tomar más medidas en el futuro ante la actual crisis energética, según sea necesario. Ribera ha recordado que el tope al gas que lograron España y Portugal en Bruselas aún se mantendrá durante todo el invierno y hasta el mes de mayo, “lo que es muy importante”, ya que está permitiendo precios mucho más reducidos que en otros países de la UE, con un ahorro del 17%.