La solución que plantea el PP sobre las nucleares no alivia el ahorro energético

“Con este partido en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar y, por tanto, se van a mantener los puestos de trabajo y el modelo de vida que aquí existe. Este es el compromiso que quiero dejar claro para que todo el mundo lo entienda”. En 2009, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a mantener operativa la central nuclear burgalesa. Tres años después de esa promesa, con Rajoy en Moncloa, la instalación paró sus operaciones y, en 2017, también con el PP en el Gobierno, echó el cierre de forma definitiva.

Pese a estos antecedentes, las nucleares se han convertido en los últimos meses en una de las principales bazas energéticas a futuro esgrimidas por la formación ahora liderada por Alberto Núñez Feijóo. Con más nucleares, argumentan, bajaría el precio de la luz y España sería menos dependiente del gas ruso.

¿Es así? ¿Es fácil y barato poner en marcha más centrales nucleares o mantener las actuales? ¿Y qué ha dicho hasta ahora el PP sobre estas centrales, después de prometer que no iba a cerrarlas y, sin embargo, hacerlo?

Las nucleares, fuera del último programa electoral del PP

“Ampliar la vida de las nucleares” se ha convertido en un mantra de la formación popular. No sólo lo ha pedido Feijóo, también el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien cree que podrían utilizarse los fondos europeos para alargar su actividad, después de que Bruselas la considere, de forma “transitoria”, una alternativa con cero emisiones de gases con efecto invernadero.

En la misma dirección se sitúa el Gobierno de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Y Vox. “No se toman las medidas necesarias para resolverlo, el Parlamento Europeo ha proclamado como 'verde' la energía nuclear y España dice que da igual, que seguimos siendo dependientes y renunciar a la producción nuclear, que sería muy positiva para abaratar el precio de la energía”, aseguró el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en una entrevista en Telecinco.

La insistencia en prolongar la vida de las centrales nucleares en España puede trasladar la percepción de que el cierre es inminente. Pero no es así. Actualmente, España cuenta con cinco centrales nucleares, que suman siete reactores. El primer cese de actividad se contempla para 2027 y el último para 2035, según pactó el actual Ejecutivo con las compañías energéticas que operan estas centrales. De forma que una prolongación de su vida útil –independientemente de cuánto cueste– no tendría un efecto inmediato.

En su último programa electoral, con Pablo Casado como candidato, este tipo de energía, como opción para las próximas décadas, ni se citaba. Sí hay una mención a la energía nuclear, pero en un contexto muy diferente. “Reformaremos el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados” otros adicionales como las “muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos”, recoge el texto de 2019.

En cambio, Mariano Rajoy sí llegó a la presidencia del Gobierno con la nuclear en su programa. Aunque luego la realidad le llevó por otra dirección. “Gestionaremos los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear [CSN] y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores”, recogía en su programa entonces el PP.

Endesa e Iberdrola, 'peleadas' por Garoña

En 2017, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, la central de Garoña se cerró de forma definitiva. “Hemos tomado la decisión que generaba menos problemas y tenía menos impacto para el sistema”, argumentó el entonces ministro del PP.

Solo unos meses antes, el CSN se había pronunciado a favor de reabrir la central –que ya llevaba cinco años parada y que arrastraba cuatro décadas de existencia a sus espaldas– aunque diseñó condiciones e inversiones que iban a ser relevantes para las dos compañías que la operaban, Endesa e Iberdrola, para renovar la central y mejorar su seguridad. Ambas compañías, a través de la sociedad conjunta Nuclenor, no ocultaron entonces sus diferencias respecto a si estaban dispuestas o no a invertir en la central, donde Endesa era mucho más proclive que Iberdrola a su continuidad.

Las inversiones necesarias para la continuidad de Garoña se valoraron en 200 millones de euros e Iberdrola consideró que no eran rentables. “Es económicamente inviable”, reconoció su presidente, Ignacio Sánchez Galán. “Por eso hemos pedido a nuestro socio en Nuclenor el desistimiento de la explotación”, aseguró en una junta de accionistas.

¿Cuál es el parque nuclear en España y cuándo se va a cerrar?

En España hay cinco centrales nucleares, dos de ellas (Almaraz, en Cáceres; y Ascó, en Tarragona) con dos reactores cada una. Las otras tres son Cofrentes (Valencia), Vandellòs II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Todas ellas comenzaron su explotación comercial en la década de los 80 y cada reactor supera los 1.000 Megavatios (MW), lo que hace que sumen 7.398,77 MW de potencia eléctrica conjunta.

Un parque nuclear que ya tiene fecha de cierre, aunque no sea inmediato, porque así lo pactó el Ejecutivo con las compañías. A principios de 2019, los principales directivos de las cuatro grandes eléctricas que operan los reactores (Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) acordaron que ninguna central funcionará más de 40 años y, al mismo tiempo, tampoco estará operativa más de 50. Por ello, el primer cierre previsto es el de uno de los dos reactores de Almaraz, en 2027, que lleva activo desde 1983. Cuatro cierres se producirán antes de 2030; y el último, en 2035, el de la instalación de Trillo, que echó a andar en 1988.

Distintas fuentes consultadas señalan que este calendario es un pacto claro y prudente entre Estado y unas empresas que no son proclives a invertir en nuclear. Señalan, también, diferencias respecto a lo que sucede con países que se ponen a menudo como ejemplo por las formaciones de derecha, como Bélgica o Alemania. En ambas, el calendario de cierre fue una decisión política, sin participación del mundo empresarial. En Bélgica se habla ahora de prorrogar la vida de dos centrales nucleares hasta 2035 que es, precisamente, el año donde también se cerraría el último reactor español.

Los reactores de agua ligera, para su construcción, deben cumplir dos requisitos básicos. Por un lado, tienen que estar cerca de una fuente de agua que permita su operatividad. Por otro, que el terreno sobre el que se asientan sea estable, desde el punto de vista sismológico, para evitar cualquier tipo de accidente o problema de seguridad en caso de terremoto. Basta recordar lo ocurrido con la central japonesa de Fukushima hace poco más de una década. Después del terremoto y el tsunami cambiaron las condiciones y exigencias para construir nuevas centrales. De plantearse ahora en España, lo lógico, según señalan distintas fuentes, sería recurrir a su construcción en zonas donde ya se realizaron estudios en el pasado, antes de que se decidiese el parón a la construcción de nuevas centrales en los años 90. Entre ellos, se barajó en Valdecaballeros (Extremadura) y Lemoniz (Euskadi), ambas con rechazo social.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) contempla que el “escenario de cierre” de las centrales será “programado ordenado y escalonado” para que, mientras, aceleren las renovables. “El cierre ordenado y escalonado del parque nuclear es compatible con la plena garantía del suministro eléctrico”, asegura el texto.

En los últimos años, de forma constante, la producción nuclear representa en torno al 20% de la electricidad. Esa cifra, según se vayan cerrando centrales, irá reduciéndose, por lo que se prevé equilibrar con una mayor producción renovable. Por ejemplo, en 2020 –al igual que en 2025, porque habrá los mismos reactores de agua ligera– estas centrales representaban 15.118 kilotoneladas de equivalente en petróleo (ktep); y las renovables, 20.611. En 2030, con el cierre de cuatro reactores, las nucleares bajarán a 6.500 ktep y las renovables avanzarán hasta las 33.501, según las previsiones contempladas en el Pniec. 

Energía con problemas de rentabilidad

“En España, si volviera a gobernar el PP, podrían alargar la vida de las nucleares, pero construir nuevas, no. No es rentable se mire por donde se mire. Es imposible económicamente hablando”, recalca Meritxell Bennasar, responsable de campaña nuclear de Greenpeace. “El PP siempre habla de lo que es rentable, pues la nuclear no es rentable. Solo en los países donde los Estados corren a cargo de los gastos, se está apostando por la nuclear. Si tú le dices a Naturgy o Iberdrola que la construyan, te van a decir que no; o sólo si el Estado corre con el riesgo de los costes. Mantenerla y actualizarla también cuesta mucho”, añade y recuerda lo ocurrido con Garoña. “Si los Estados no ponen el dinero, las empresas no lo van a poner, porque las nucleares no son rentables”. Además, “es una energía cinco o seis veces más cara que la renovable”, donde todas las grandes eléctricas han puesto el foco.

En cuanto al coste en sí, para saber cuánto cuesta poner en marcha un reactor, la referencia es Francia, el país europeo más pronuclear. Hace un año, la eléctrica controlada por el Estado, Electricité de France (EDF), comunicó que entre sus planes está la construcción de seis reactores, para sustituir 12 plantas nucleares que llegan al final de su vida útil. El gasto total será superior a los 50.000 millones de euros. Es decir, a más de 8.000 millones de euros por cada nuevo reactor. 

Este esfuerzo inversor está detrás de la decisión del Gobierno de Emmanuel Macron de nacionalizar EDF, a través de la compra del 15% del capital que el Estado aún no controla de la compañía eléctrica. Una opción, la de nacionalizar una empresa, que es un anatema para las formaciones políticas conservadoras. Como también lo es la puesta en marcha de una eléctrica pública que, como EDF, pudiese correr con el coste de invertir en nuclear aunque se pierda dinero. En febrero, una mayoría de diputados –también el PSOE– votó en el Congreso en contra de poner en marcha una compañía eléctrica pública. 

A esos citados 50.000 millones que Francia prevé para la construcción de nuevas infraestructuras se suma una cifra equivalente necesaria para financiar el actual parque atómico francés, compuesto por 58 reactores. Una red de instalaciones que, en los últimos meses, funciona solo en parte. 

“Francia tiene parado gran parte del parque nuclear”, indica Meritxell Bennasar. Unas centrales, por mantenimiento. Otras, porque “tienen un problema de diseño y no saben cómo solucionarlo”, añade la responsable de campaña nuclear de Greenpeace. “De nuevo, se requiere más dinero”. Y hay más derivadas. “Una central nuclear necesita grandes cantidades de agua, que tiene que estar a una temperatura determinada. Si se supera, la central se tiene que parar. Eso ya pasa aquí y en Francia, debido al calentamiento global. Si el agua está más caliente, las centrales no pueden funcionar”, argumenta.

El coste de las centrales francesas, actuales o futuras, no es el único ejemplo de la factura que supone poner en marcha más nucleares. La representante de Greenpeace cita lo que está ocurriendo en Finlandia con la instalación de Olkiluoto 3. “Va a costar 11.000 millones de euros, cuando iban a ser 3.000. La construcción (de la que se encarga EDF) se empezó en 2005 y se pensaba que se acabaría en 2009. Estamos en 2022 y sigue sin estar. Tenía que comenzar a operar en junio, veremos si empieza en septiembre o en octubre”. También en Francia acumulan retrasos con la construcción de Flamanville 3, que ahora se prevé que esté terminada en 2023 y cuya factura está por encima de los 12.000 millones de euros.

O lo que ocurre en Reino Unido. “Está la planta de Hinkley Point C. El Gobierno se comprometió a comprar la energía que produzca a 132 euros/MWh durante 35 años. Ese precio es muy superior a la media de 55 euros de los últimos años. Es una estimación de pago, a fondo perdido, de más de 68.000 millones de euros solo por una central nuclear”, explica Bennasar.

Además de las grandes centrales hay otra opción: los Small Modular Reactors, pequeños reactores modulares que suponen proyectos de 300 o 400 MW. Esta alternativa aún está en fase de desarrollo y se desconoce su viabilidad real, los plazos y el gasto que supondrían.

¿Y qué se hace con los residuos?

Al margen del coste, de la imposibilidad de construir centrales nucleares a muy corto plazo, el otro gran debate son los residuos que genera la energía nuclear y que tardan miles de años en degradarse. Residuos que, hoy por hoy, en España se almacenan junto a las centrales que están operativas. 

Hace menos de un mes, el Grupo Parlamentario Popular instó a reactivar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas. La adjudicación decidida en diciembre de 2011, en los primeros compases de la llegada de Rajoy a Moncloa, fue polémica. No se apostó por un emplazamiento donde ya existiese una central nuclear como, a priori, hubiera tenido más sentido. A eso se ha sumado en los últimos años la oposición a su construcción por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha; y la decisión del actual Ejecutivo central de dejar en suspenso la tramitación de permisos para la construcción del ATC en la localidad conquense, a la espera de que se logre un consenso social y político. 

De momento, no hay un almacén central. “¿Es justo que las poblaciones que ya han sufrido tener una central nuclear también tengan un almacén temporal? A lo mejor un alcalde sí lo quiere, pero las poblaciones que están cerca, no. La justicia social, en lo nuclear, es imposible”, sentencia la responsable de campaña nuclear de Greenpeace.