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La campaña electoral vuelve a enfrentar a los socios de Gobierno por las políticas de vivienda

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Cristina G. Bolinches / Alberto Ortiz / José Enrique Monrosi

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La política de vivienda vuelve a ser materia de discrepancia ideológica entre PSOE y Unidas Podemos. Dos semanas después de que el Congreso de los Diputados aprobase el proyecto de ley de vivienda y lo enviara al Senado, el Gobierno de coalición evidencia sus diferencias. Esta vez, en vísperas de la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. El motivo, los avales públicos para facilitar las hipotecas de jóvenes y familias.

“Si durante la emergencia sanitaria avalamos a los autónomos y las empresas, durante la emergencia habitacional, vamos a avalar a nuestros jóvenes y a las familias con menores a cargo que quieren acceder a una vivienda en propiedad”, aseguró el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará hasta el 20% de las hipotecas que contraten lo menores de 35 años y familias con hijos a cargo. De entrada, esta medida está pensada para rentas individuales inferiores a los 37.800 euros, aunque los detalles se concretarán en el Consejo de Ministros de este martes.

Esta estrategia de facilitar la compra de vivienda –pero con un límite de ingresos para quienes accedan a esos avales– llega después de una batería de medidas para reforzar el parque público de inmuebles en alquiler social o asequible y de la propia Ley de Vivienda, que pone el foco en los arrendamientos. 

Una medida “que ha planteado el PP”

El anuncio del sábado ha irritado a Podemos. “Es infame”, dijo este lunes el portavoz del partido, Pablo Fernández. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya había criticado la medida el mismo domingo del anuncio. “Fomentar la espiral hipotecaria va a conducir a las familias a endeudarse”, dijo en un mensaje en redes poco después del discurso del presidente. 

El partido centra las críticas a la medida en dos ejes. Recuerdan que en aquellos lugares donde se ha puesto en marcha, como en Reino Unido, la política ha tenido un efecto inflacionario y ha servido para endeudar a la población que no tiene los recursos para acceder a la vivienda. Además, apuntan, se trata de una medida que ya han puesto en marcha Gobiernos del PP, como el de la Comunidad de Madrid, y que cuenta con el visto bueno de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. 

“Es una medida de Ana Patricia Botín, que también ha planteado el PP y que agrada a Vox”, resumió este lunes el portavoz de Podemos en rueda de prensa. “Medidas como esta son las que provocaron en su día una burbuja inmobiliaria con catastróficos resultados que conocemos”, añadió. Belarra, en un segundo mensaje en redes, sintetizó: “En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general”. 

“Ha fracasado donde se ha puesto en marcha”, sostuvo más tarde la candidata de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, en una entrevista en Canal Red. “Es la medida que está aplicando Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que es la comunidad que tiene los precios de vivienda más elevados. No está sirviendo”, dijo. Para Jacinto, la política “no solo ayuda a unos pocos a costa de hinchar los precios de la mayoría” sino que “favorece el sobreendeudamiento”, para especificar que, con este tipo de medidas, son los bancos los que determinan quién accede y quién no a las hipotecas, en función de criterios de solvencia y no de carácter social. 

El partido intenta dejar claro con la oposición a esta medida que si no fuese por ellos, la Ley de Vivienda no habría sido tan progresista y que precisamente ha sido culpa de los socialistas que la ley haya tardado tanto en salir. De hecho, cuando Sánchez anunció la movilización de viviendas de la Sareb para alquiler social, Belarra recordó que esa medida había sido una de las medidas que su formación había peleado incluir dentro de la norma.  “El Gobierno debe centrarse en fomentar los alquileres justos para la ciudadanía, ampliando el parque público y haciendo cumplir la Ley de Vivienda hasta la última coma”, insistió este domingo Belarra. 

El malestar se extiende también al del resto del espacio de Unidas Podemos en el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideró en declaraciones a los medios que la medida va “en el sentido opuesto” de la Ley de Vivienda y recordó que la medida ha resultado fallida en los lugares donde se ha aplicado y que en términos de de rentas, por las horquillas que se han planteado, será seguramente regresiva. “Creemos que no va a funcionar y que es inflacionista”, ha zanjado.

Evitar el choque

En el PSOE huyen de los choques con sus socios de Gobierno en plena precampaña de unas elecciones para las que necesitan una movilización masiva del conjunto de la izquierda. E incluso llegan a entender la reacción de los portavoces de Podemos en un asunto del que siempre hicieron bandera. “No nos sorprende, ellos consideran que el tema de la vivienda es un poco suyo y hasta cierto punto es normal que exageren su reacción para diferenciarse de nosotros, que hemos tomado la iniciativa de las últimas medidas”, afirman en Ferraz. 

En público, los socialistas también evitaron este lunes entrar a responder las descalificaciones de los de Ione Belarra. “Esta medida no va contra nadie”, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, que enmarcó “en la cercanía de los procesos electorales” el hecho de que Podemos haya llegado a calificar de “infamia” la propuesta. 

“Estamos a 72 horas de que arranque la campaña y se magnifican las palabras que trasladamos y los comentarios que hacemos. Estoy convencida de que Podemos está satisfecho con la política integral de este Gobierno en materia de vivienda”, dijo Alegría, que celebró que administraciones gobernadas por el PP se hayan sumado a la medida e incluso hayan aumentado el porcentaje de aval.

Una reunión para buscar la “colaboración” del sector

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también trató de no agitar las aguas. “Es una medida más. No se tiene que leer aisladamente”, aseguró en una rueda de prensa en Moncloa tras la reunión del Ejecutivo con representantes del sector de la vivienda, donde estaban patronales como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) o la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); así como sindicatos como CCOO y UGT y organizaciones del tercer sector.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño;  la ministra de Defensa, Margarita Robles –se van a construir viviendas en terrenos de Defensa– y la propia Raquel Sánchez. Sin embargo, no estuvieron ministras de Unidas Podemos, ni organizaciones que han sido críticas con la Ley de Vivienda, como los Sindicatos de inquilinos e inquilinas. Un encuentro centrado en “compartir y escuchar” y  “explicar las medidas en las que se está trabajando”, como la creación de 183.000 viviendas en alquiler asequible o los detalles de la Ley de Vivienda, según resumió la titular de Transportes y Agenda Urbana.

“Lo que buscábamos”, aseguró Raquel Sánchez es señalar la “importancia de la colaboración público privada, para que haya consenso e implicación de todos los sectores que participan”. Y la respuesta fue positiva. “El sector ha reconocido el buen trabajo del Gobierno en materia de vivienda”, afirmó.

Raquel Sánchez recalcó a los medios que el Ejecutivo tiene “claro” que “hay que solucionar el problema de la vivienda” y destacó la creación de un “parque público de vivienda asequible que no se pueda enajenar”, que se enmarca en la nueva legislación, que ahora se está tramitando en el Senado.

También contrapuso su modelo de vivienda con el de anteriores gobiernos. “Se va a pasar de un modelo de especulación” que dio “alas a la corrupción y la especulación”, a reconocer la vivienda como “un derecho” y la “voluntad” de que este sea “eje prioritario” y “el quinto pilar” del estado de bienestar. “Es una realidad que hay familias que quieren optar por la compra” y que, por eso, el respaldo del ICO busca “hacer posible que esas familias y jóvenes puedan disponer de un aval para la entrada” de una hipoteca. “No podemos demonizar la compra de vivienda”, aseguró.

Al debate de los avales también entró el PP. Una propuesta que va en el “camino correcto” en palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra. Es un “copia y pega” cuya “paternidad o maternidad” es del PP, porque ya está en marcha en comunidades como Madrid, Castilla y León, Andalucía o Galicia, afirmó en TVE.  “Esa línea y ese espíritu nosotros lo defendemos”, reconoció.

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