La jueza que ha cogido el relevo al magistrado Joaquín Aguirre al frente del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha archivado la causa contra el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, procesado por pedir datos de la base policial a un mosso d'esquadra. Se trata de la quinta causa derivada del proceso soberanista de la que queda exculpado a Alay.

En un auto, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Alejandra Gil acuerda el archivo del caso después de que la Fiscalía abogara por no acusar a Alay una vez finalizada la instrucción. El juez Aguirre si había considerado que había indicios de delito para llevar a Alay a juicio.

La Justicia ha tenido el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. De todas ha quedado exculpado, bien por el archivo de las causas (ahora la petición a un mosso, pero antes de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, de la trama rusa del procés y la de Tsunami Democràtic) bien por la aplicación de la amnistía (en la causa de su viaje a Nueva Caledonia).

La última causa que quedaba abierta a Alay era una las piezas separadas del caso Voloh que instruyó el juez Joaquín Aguirre. En el análisis de su teléfono móvil para investigar el papel de Alay en los contactos rusos del procés, la Guardia Civil y Aguirre descubrieron un supuesto uso de información reservada.

Según los investigadores, el mosso, a petición de Alay, accedió a los ficheros policiales para darle información al asesor de Puigdemont sobre la existencia o no de requisitorias y controles específicos en su contra, en lo que, a su juicio, podría suponer un delito de revelación de secretos. Ahora la jueza Alejandra Gil, que ha asumido el juzgado de Aguirre tras su jubilación, lo ha exculpado.

La causa por la petición al mosso ahora archivada no estuvo exenta de polémica por las formas de instruir del juez Aguirre. Hace un año, el juez admitió que había perdido un auto clave del caso y apostó por la “regeneración” de la resolución que dejaba a Alay a un paso del juicio por reclamar información de la base de datos policial a dos mossos d'esquadra.

La Audiencia de Barcelona ha aprobado este lunes la amnistía para Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont y acusado de malversación y prevaricación por haber sufragado con dinero público un viaje a Nueva Caledonia en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de esa isla del Pacífico.

La Audiencia considera que el viaje, que costó casi 4.600 euros, estaba relacionado “directa o indirectamente” con el proceso independentista catalán y por tanto es susceptible de aplicarse la amnistía. “Entre las funciones del acusado destacaba la de dar apoyo al expresidente en los asuntos y materias que este dispusiera y otras funciones que se le encargara”, señala el auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que también le exime de la responsabilidad civil.

La Fiscalía, que pedía tres años de cárcel y 17 de inhabilitación, consideró que el viaje de Alay iba más allá de las funciones que tenía encomendadas como responsable de la oficina del expresidente Puigdemont y lo tildó de “viaje personal y ajeno a sus funciones”. “No existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública de la que él mismo tenía el control y la gestión”, señaló el Ministerio Público en su acusación.

El papel de Alay al frente de la oficina de Puigdemont estuvo también marcado por sus viajes a Rusia y las acusaciones de acercamiento al Kremlin, si bien tanto él como el expresidente siempre negaron haber buscado el apoyo directo de Vladimir Putin para el proceso independentista catalán. Alay también estuvo investigado por una compraventa de de petróleo con un empresario ruso afincado en Catalunya, en un caso que fue archivado en julio de 2022.

La Fiscalía se ha opuesto a la petición del jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, para apartar al juez que investiga la supuesta injerencia rusa en apoyo al procés por la entrevista que el magistrado Joaquín Aguirre concedió a una televisión alemana. A criterio de la defensa, la intervención televisiva del instructor para comentar un caso que instruye suponía una “pérdida absoluta de imparcialidad”, pero el Ministerio Público discrepa y apoya que Aguirre siga al frente del caso.

Según han informado fuentes jurídicas, el fiscal se ha opuesto a la recusación planteada por la defensa al entender que no concurre la causa de recusación alegada por Alay –quien argumentó que Aguirre tenía “interés directo o indirecto en el pleito o causa”. Además, la Fiscalía afea que el escrito del asesor de Puigdemont presenta una “absoluta falta de consistencia”, lo que, a su juicio, debe llevar a desestimar la petición.

En su petición, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, se refirió en duros términos contra el instructor, al que acusó de actuar “sin el más mínimo viso de imparcialidad ni pudor” por haber aceptado una entrevista en la televisión alemana comentando una causa todavía bajo instrucción, un hecho inusual.

“Se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de que Rusia desestabilizara, primero, la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”, dijo el juez en el corte de 40 segundos aparecido en la televisión pública alemana en un reportaje sobre la trama rusa que investiga Aguirre. El instructor repitió ante la cámara su tesis que lleva plasmando en sus autos desde hace años.

“No es necesario mucho más para acreditar que estamos ante una pérdida absoluta de imparcialidad que, además, es de una intensidad como pocas veces se ha visto: un magistrado concediendo una entrevista sobre un caso que está instruyendo y hablando sobre cuál es su tesis persecutoria, que no investigadora”, replicó Alay en su escrito. Previsiblemente, el juez desestimará la petición de Alay, que podrá recurrir ante la Audiencia de Barcelona.

Un auto clave que afecta al futuro judicial más próximo del director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en la macrocausa Voloh se ha perdido. Así lo han admitido tanto el letrado de la administración de justicia (LAJ) como el juez Joaquín Aguirre, que ha ordenado la “regeneración” de la resolución que dejaba a Alay a un paso del juicio por reclamar información de la base de datos policial a dos mossos d'esquadra.

Se trata del último capítulo de la polémica que desde hace un mes vive una de las piezas separadas del caso Voloh que permanecía en el olvido pero que ha vuelto al primer plano fruto de la reactivación de la trama rusa, otra de las piezas del caso. El pasado mes de enero, el juez prorrogó por seis meses tanto las pesquisas de la trama rusa como las que afectaban a la petición de datos de Alay a un mosso.

El problema es que, a diferencia de la trama rusa, la defensa de Alay puede acreditar que el juez ya había cerrado la investigación del caso en abril del 2023, ya que entonces recibieron el auto, que decidieron no recurrir. En consecuencia, según la defensa el juez no podía prorrogar en enero de este año la investigación de una causa que ya había terminado de instruir en abril del año pasado, cuando ya había dejado a Alay a un paso del juicio.

Por contra, según informaron fuentes fiscales el pasado mes de enero, el auto del juez que sentó a Alay en el banquillo y que sí se notificó a la defensa, nunca llegó a la Fiscalía, de ahí que no hubiera formalizado el fiscal escrito de acusación contra Alay.

A raíz del escrito de la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, el juzgado que dirige Aguirre empezó a buscar el auto que, según el asesor de Puigdemont, le fue notificado en abril de 2023. La respuesta ha llegado este lunes en forma de sendas resoluciones del LAJ y del instructor. Según el LAJ, “no se ha localizado el documento original” del auto de procedimiento abreviado que dejaba a Alay y al mosso a un paso del juicio.

Constatada la pérdida del documento, el juez, en una providencia, procede a la “regeneración” del auto y a notificarlo a las partes. Ahora será el turno de la Fiscalía para decidir si formaliza su escrito de acusación contra Alay. Por su lado, la defensa podría recurrir la nueva resolución, toda vez que, según su tesis, los plazos para acusar ya habrían vencido al haberse notificado el auto en abril del año pasado y se tendría que archivar esta rama de la investigación.

En su recurso del pasado mes de enero, la defensa hizo hincapié en la indefensión que le supone la decisión del juez de dividir el caso Voloh en varias piezas separadas “descontroladas” y de prorrogar la relativa a Alay y al mosso que ya se había cerrado en 2023, pese a lo cual la Fiscalía todavía no ha presentado escrito de acusación.

La defensa de Alay tildó de “improcedente, ilegal e irrisorio” el dictado del auto que prorrogó seis meses más las pesquisas, y lo vinculó con la “vulneración de derechos fundamentales” que denuncia sufrir el asesor de Puigdemont desde el inicio del caso.

“Solo una instrucción prospectiva, carente de cualquier base legal y constitucional, puede llevar ya 7 años sin que se haya alcanzado a nada razonable, mucho menos a algo serio y que no resulte del todo fantasioso”, remachó el escrito.

Además de comunicar la “regeneración” del auto, el juzgado ha remitido de nuevo a la defensa la resolución, con fecha de abril de 2023, que dejó a un paso del juicio a Alay y a dos mossos por revelación de secretos. El auto se basa en el mensaje encontrado en el teléfono de Alay en el que el asesor de Puigdemont pide a un agente un “pantallazo” sobre si se “mantenía efectivo el control policial específico” contra él. Según el juez, el mosso solicitó a un compañero la información, y le remitió a su vez una fotografía de la pantalla de la base de datos policial.

El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido apartar al juez que investiga la supuesta injerencia rusa en apoyo al procés por la “pérdida absoluta de imparcialidad” en la que, a juicio de la defensa, incurrió el magistrado Joaquín Aguirre por su entrevista a la televisión pública alemana sobre el caso que investiga.

Así lo solicita el abogado de Alay, Gonzalo Boye, en un escrito, en el que vuelve a referirse en duros términos contra el instructor, al que acusa de actuar “sin el más mínimo viso de imparcialidad ni pudor” por haber aceptado una entrevista en la televisión alemana comentando una causa todavía bajo instrucción, un hecho inusual.

“Se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de que Rusia desestabilizara, primero, la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”, dijo el juez en el corte de 40 segundos aparecido en la televisión pública alemana en un reportaje sobre la trama rusa que investiga Aguirre. El instructor repitió ante la cámara su tesis que lleva plasmando en sus autos desde hace años.

“No es necesario mucho más para acreditar que estamos ante una pérdida absoluta de imparcialidad que, además, es de una intensidad como pocas veces se ha visto: un magistrado concediendo una entrevista sobre un caso que está instruyendo y hablando sobre cuál es su tesis persecutoria, que no investigadora”, replica Alay en su escrito.

La defensa pide que se investigue cuándo y cómo se grabó la entrevista al juez que la televisión pública alemana emitió el pasado lunes por la noche. Considera Alay que la aparición televisiva del juez “ni tan siquiera fue casual ni un acto de irresponsabilidad impropio de quien ejerce la función jurisdiccional, sino algo bastante más serio”. En concreto, la defensa habla, sin más concreción, de “un concierto previo”, pero que, en cualquier caso, “destruye cualquier viso de imparcialidad” del instructor.

Según Boye, que es abogado tanto de Puigdemont como de Alay, el juez Aguirre ha tenido una actuación “grosera y esperpéntica” que “no sólo destruye la apariencia de imparcialidad, sino que resulta perjudicial para la función jurisdiccional”, por lo que ve “imposible” que “siga un minuto más malgastando los recursos públicos en una delirante persecución de marcado carácter prospectivo y clara orientación política”.

El juez dictó la prórroga de la causa la víspera de que Junts, junto a PP y Vox, impidiera en el Congreso la aprobación de la ley de amnistía. La norma excluye del olvido penal del procés los delitos de traición o contra la paz o la independencia del Estado, como los que el magistrado abre la puerta en su auto al relatar los contactos rusos del equipo de Puigdemont.

Paralelamente, el escrito también se refiere a las “groseras” manifestaciones que, según la defensa, el juez Aguirre profirió durante el interrogatorio a otro de los investigados, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, en mayo de 2022, y que elDiario.es ya publicó hace año y medio.

Durante el interrogatorio, Aguirre afirmó que tras la votación de la fallida declaración de independencia en octubre de 2017 el expresident “marchó en el maletero de un coche en un estado de pánico”, algo que Puigdemont y su equipo siempre han desmentido, y que los independentistas “necesitaban tanto a los Mossos como a los 10.000 soldados rusos para 'controlar el territorio”.

“Pocas veces se ha contado con una prueba tan evidente de la falta de imparcialidad, pero, en este caso, unida a un nivel de grosería impropio de la función que desempeña y que, además, acude a lugares comunes del peor de los machismos atávicos”, apunta Boye, en alusión a los comentarios del juez sobre la expresión que pronunció Terradellas de que Puigdemont “se cagó en las bragas” tras recibir la oferta de colaboración de exdiplomáticos y ciudadanos.

El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha arremetido con dureza contra el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, al que ha acusado de llevar a cabo una investigación “prospectiva” y “fantasiosa” sobre la trama rusa del procés y la macrocausa Voloh.

La defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, ha recurrido la decisión del juez de prorrogar la investigación de otra de las múltiples piezas del caso Voloh, de menos resonancia mediática que la de la trama rusa pero que también afecta al asesor de Puigdemont.

Se trata de la pieza separada 7 del caso (el juez este lunes también prorrogó la 2, la relativa a la trama rusa), en la que Alay está, según la defensa, desde el 3 de abril de 2023 procesado por supuestamente pedir a un mosso d'esquadra que mirara en la base de datos policial.

La defensa puede acreditar que recibió el auto de procesamiento de Alay. Por contra, a la Fiscalía no le consta que el juzgado dictara el auto de procesamiento del asesor de Puigdemont y de dos mossos d'esquadra, según han explicado fuentes fiscales.

La defensa hace hincapié en la indefensión que le supone la decisión del juez de dividir el caso Voloh en varias piezas separadas “descontroladas” y de prorrogar una de ellas que ya habría cerrado en 2023, pese a lo cual la Fiscalía todavía no ha presentado escrito de acusación.

La defensa de Alay tilda de “improcedente, ilegal e irrisorio” el dictado del auto de este lunes que prorrogó seis meses más las pesquisas, y lo vincula con la “vulneración de derechos fundamentales” que, a su juicio, sufre el asesor de Puigdemont desde el inicio del caso.

“Solo una instrucción prospectiva, carente de cualquier base legal y constitucional, puede llevar ya 7 años sin que se haya alcanzado a nada razonable, mucho menos a algo serio y que no resulte del todo fantasioso”, remacha el escrito.

En otra de las piezas que acumula el caso, el juez reiteró este lunes que considera que Puigdemont y miembros de su entorno como Alay mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, que según el instructor estuvo dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Catalunya 2017 como vía para desestabilizar a Europa.

Un día antes de la votación en el Congreso de la ley de amnistía, el instructor decidió prorrogar las pesquisas del caso pese a no apuntar en su resolución ningún elemento nuevo. Todos los contactos rusos en los días críticos de 2017 ya los habían relatado en el juzgado exdirigentes como Víctor Terradellas o Elsa Artadi, que restaron relevancia y desvincularon del encargo de los mismos a Puigdemont.

La defensa también menciona en su escrito una entrevista que el juez Aguirre ha concedido a la televisión alemana sobre el caso Voloh y la trama rusa, un hecho inusual en España en los casos bajo investigación. A juicio de la defensa, los “compromisos mediáticos” del juez le han llevado a dictar “resoluciones que poco o ningún apego a la legalidad tienen”, en referencia a su decisión de prorrogar la investigación de la trama rusa.

La falta de acuerdo entre el PSOE y Junts a 24 horas de una de las votaciones claras amenaza con aplazar la negociación final de la ley de amnistía. El Congreso se posicionará este martes en el pleno sobre la última versión de la ley de amnistía, una medida tan esperada por el independentismo como torpedeada, antes de nacer, desde diferentes instancias judiciales. A la ya conocida imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, lo que podría dejarlos fuera del olvido penal, se le ha sumado, este lunes, la reactivación de la causa que investiga un juzgado de Barcelona sobre la trama rusa del procés. En estas pesquisas se apunta a un posible delito de alta traición que la ley de amnistía, tal y como está ahora, deja fuera.

En este contexto de fuego a discreción las formaciones independentistas, en especial Junts, están apretando al PSOE en el intento de que la mayoría del Gobierno acepte algunas de sus enmiendas que aún quedan vivas, bajo la amenaza de hacer volver el texto a la comisión para volver a debatirlo. En concreto, Junts reclama eliminar completamente de la ley el artículo que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo, pero también los de traición y contra la defensa nacional, pensados para las posibles imputaciones que podrían llegar en la llamada trama rusa. Pero el Gobierno lo rechaza y, de hecho, ya ve posible que Junts acabe rechazando el texto y lo devuelva a la comisión de Justicia.

La inclusión de todos los delitos de terrorismo y traición en la amnistía es el principal de los cambios que aún promueven Junts y ERC, que este martes exprimirán la oportunidad para incorporar sus propuestas al texto final. Además, debido a que se trata de una ley orgánica, deberá ser aprobada en una votación específica y no le valdrá una mayoría simple, sino que necesitará contar con 176 votos afirmativos. De esta forma, si uno solo de los socios del Gobierno se quedan en la abstención, la ley no podría aprobarse.

“Negociaremos hasta el final”, resumen fuentes de Junts, que admiten que encaran una de las negociaciones más complicadas de los últimos meses, ya que ven sus enmiendas como absolutamente necesarias para evitar que la amnistía embarranque en los tribunales. Por esta razón, la formación no descarta ningún escenario, incluido votar en contra del dictamen, lo que retornaría la proposición de ley a la Comisión de Justicia y a un nuevo debate de enmiendas parciales. Junts, con todo, tiene un interés evidente en que la ley no decaiga y esta posibilidad de retorno solo puede ejercerse una vez; si tras volver a la comisión la ley se enviase de nuevo al pleno y no obtuviera mayoría absoluta, decaería definitivamente.

Por su parte, ERC se muestra más comedida y considera que, se añadan o no las enmiendas que mantienen vivas, la aprobación de la ley sería un hito que habría que celebrar. Para subrayar ese apoyo a la ley, Oriol Junqueras y la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, han confirmado su presencia en el Congreso.

Por su parte, desde las filas socialistas aseguraban este lunes que no había cambios en la postura que ya manifestaron en la comisión de Justicia, cuando votaron contra las enmiendas particulares presentadas por Junts y ERC. Con todo, también indicaban que hay contactos permanentes con los grupos sobre una de las votaciones más importantes de este arranque de la legislatura.

De esta forma, la negociación entre el PSOE y Junts se augura de nuevo agónica, porque desde los socialistas se niegan a introducir más cambios. Recuerdan además que ya pactaron una serie de salvedades a la exclusión del delito de terrorismo, con el objetivo de evitar que un juez pueda calificar de terrorismo actos que no son vistos así bajo la legislación europea.

Un segundo frente judicial a la amnistía

Hasta ahora la negociación entre los partidos miraba de reojo los pasos que daba el juez García Castellón, instructor de los casos del Tsunami Democràtic y los CDR. Pero el frente judicial para driblar la amnistía no lo ocupa ya en solitario las causas que se siguen en la Audiencia Nacional. Desde este lunes se le ha sumado un caso que permanecía casi en el olvido en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el relativo al intento de Rusia de influir en 2017 en la independencia de Catalunya para desestabilizar a la Unión Europea.

El juez Joaquín Aguirre ha decidido prorrogar otros seis meses la pieza política de la trama rusa del procés –la empresarial ya se archivó. Según informan fuentes fiscales, el magistrado no solicitó informe previo a la Fiscalía –que ha tenido varios encontronazos con el juez a lo largo de la instrucción del caso– antes de decidir si prorrogaba las pesquisas. 

El auto por el que el instructor prorroga otro medio año más la instrucción es un compendio de documentos y declaraciones del caso que ya se conocían. La principal novedad es una nota anónima que llegó al juzgado a finales del año pasado y que viene a confirmar aspectos que ya habían apuntado las pesquisas así como investigaciones periodísticas. En otras palabras: novedades, pocas. El juez solo apunta a la necesidad de prorrogar la instrucción porque todavía tiene que analizar varios documentos e informes de la Guardia Civil.

A diferencia de la causa de Tsunami, en la que el juez García Castellón imputó por sorpresa a Puigdemont en noviembre, los elementos que vinculan al expresident con la trama rusa ya formaban parte del caso Voloh desde hace meses. El juez Aguirre no ha explicitado la imputación del expresident, pero ha dejado un reguero de frases que conducen hacia ella. La más reveladora es la que expresa que había “alguna persona” en posiciones de poder que autorizaba los contactos con agentes rusos.

El juez, en su resolución de este lunes, no hace sino reiterar conversaciones y documentos a los que había hecho mención en autos de los años 2019 o 2020 y a declaraciones de investigados y testigos que se celebraron en 2022.

La clave del caso son los contactos entre el exdirigente de Convergència Víctor Tarradellas y ciudadanos rusos en las fechas críticas del procés en 2017. De todo ello dieron cuenta al juzgado el propio Tarradellas y Elsa Artadi, exalto cargo del Govern de Puigdemont que confirmó hasta tres encuentros con los rusos presentados por Tarradellas. Los encuentros versaron sobre criptomonedas y su posible uso para financiar una Catalunya independiente.

A partir de ahí las versiones difieren. Mientras Artadi aseguró que Puigdemont no dio credibilidad a la oferta rusa sobre criptomonedas ni ordenó seguir con los contactos, Terradellas –que está imputado en el caso– fue menos rotundo sobre la negativa del president. Terradellas explicó que Puigdemont no instó a negociar con el Kremlin, sino que tan solo aceptó la invitación de Terradellas para recibir a los supuestos emisarios rusos.

En esta compleja trama en la que se mezclan supuestos agentes de la inteligencia del Kremlin y oportunistas en busca de negocio, queda por desentrañar el papel de Jordi Sardà, el supuesto traductor de las reuniones con los rusos de 2017 con un pasado de denuncia por estafa por haber negociado falsamente en nombre de Gas Natural una operación en Ucrania. 

Otra línea de investigación que sigue abierta en la trama rusa afecta al jefe de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y se refiere a la supuesta continuación de los contactos rusos para las criptomonedas a través del empresario Jaume Cabaní. El juez pidió hace meses a Alemania colaboración judicial para indagar en las cuentas abiertas en ese país por el informático.

También están bajo sospecha del juez los mensajes que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, habría intercambiado con el jefe de la oficina de expresident, Josep Lluís Alay, y que según el instructor revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el exjefe del Govern no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko. 

Inicio del periplo de la amnistía en el Senado

Pese a las desavenencias sobre las enmiendas y las posibles carreras de última hora para pulir el texto, todas las partes esperan que este martes la ley de amnistía reciba el aprobado definitivo en el Congreso. De ser así, supondrá una reválida fundamental para la ley, pero no definitiva, debido a que aún le queda el periplo en el Senado, donde la derecha cuenta con mayoría absoluta.

La Cámara Baja no puede en ningún caso vetar una ley del Congreso, pero sí en cambio dilatar su trámite. Inicialmente, una propuesta que llegase calificada con el procedimiento de urgencia debía ser debatida y aprobada o devuelta en 20 días. El PP sin embargo cambió el reglamento para que fuera el propio Senado quien calificase si la tramitación era o no urgente, lo que podría hacer que los trámites de la amnistía se extendiesen durante más tiempo, hasta los dos meses.

Pasados los dos meses naturales, el Senado devolvería al Congreso la ley de amnistía y ahí solo quedaría que la Cámara Baja revalidase el texto para que acabase publicada en el BOE.

El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha solicitado el archivo del caso Tsunami Democràtic al considerar que el juez Manuel García Castellón cometió un error en prorrogar los plazos de instrucción del caso, lo que, a criterio del asesor del líder de Junts, debe conducir a la anulación de la causa.

Así lo expresa la defensa de Alay, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, en un escrito presentado este miércoles. La petición se suma a otras alegaciones de vulneraciones de sus derechos fundamentales, como el juez predeterminado por ley o que la de Tsunami es una causa “prospectiva” prohibida por la ley contra el independentismo. Alay también ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la negativa a su recusación del juez instructor.

La polémica por los plazos de instrucción, que el PP rebajó a seis meses (ocasionando el archivo de varias causas de corrupción) y después el Gobierno liderado por el PSOE amplió a un año, aparece en el caso Tsunami porque, según Alay, el juez acordó un día más tarde de lo que le obligaba la ley la prórroga para investigar el caso.

El asesor de Puigdemont argumenta que, tras la entrada en vigor de la reforma el 28 de julio de 2020, el juez García Castellón disponía de un año para investigar el caso Tsunami y, si no había terminado la fase de instrucción, debía prorrogarla antes del 29 de julio de 2021.

Sin embargo, expone Alay, el auto que prorrogó la fase de instrucción se acordó el 30 de julio, un día más tarde de lo que, según la defensa, obligaba la ley. Ello convierte, según el jefe de gabinete de Puigdemont, la prórroga de la instrucción en “retroactiva” y “absolutamente irregular”, y debe conducir a anular todo la causa desde esa fecha.

“El carácter prospectivo de la investigación queda de manifiesto a partir del momento en el que ni se respetan los plazos máximos de instrucción”, ahonda el escrito, que insiste en tildar la investigación del juez de “errática” y, agrega, “podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes”.

El escrito repasa además las coincidencias temporales entre la reactivación de la investigación de Tsunami y las negociaciones políticas para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía entre el PSOE y Junts. La defensa se pregunta asimismo por el “sentido” de la decisión del juez de inhibirse ante el Supremo para que asuma la causa y más tarde acordar diligencias de investigación relativas a la protesta de Tsunami en el Aeropuerto de El Prat.

Tras más de cuatro años investigando el caso y sin que la Guardia Civil señalara a Puigdemont como sospechoso, García Castellón envió el caso al Supremo el pasado mes de noviembre al entender que es el tribunal ante el que el líder de Junts está aforado como eurodiputado, algo que también cuestiona la defensa.

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell. 

De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.

Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido al juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que revoque la petición a las autoridades suizas para localizar su domicilio en Suiza, país en el que la dirigente independentista reside desde 2018.

En un escrito, la defensa de Rovira, que ejerce el abogado Iñigo Iruín, ha comparecido en la causa tras asegurar haberse enterado por los medios de comunicación de la imputación de la política en el caso Tsunami por terrorismo y de la petición del juez a las autoridades policiales helvéticas para localizarla, en lo que podría ser un paso previo a reclamar su extradición. 

Al haberse personado en la causa con abogado, la defensa de Rovira argumenta que se debe dejar sin efecto la petición a Suiza para localizarla. 

La dirigente de ERC vive en Ginebra desde principios de 2018, cuando el Tribunal Supremo la citó como imputada por rebelión en la causa del procés. Ante la perspectiva de que fuera enviada a prisión, Rovira se trasladó a Suiza. Desde la derogación de la sedición, la causa del procés ya no entraña riesgo de cárcel para la dirigente republicana, quien no obstante demoró su vuelta a España ante la sospecha de que pudiera estar investigada en Tsunami.

El tiempo ha dado la razón a Rovira y, tras cuatro años con la causa abierta que estaba en vía muerta, el juez terminó por imputarla en noviembre de este año, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía. 

Sobre la petición de Rovira no hay respuesta. La magistrada que sustituye a García Castellón, María Tardón, ha pedido informe a la Fiscalía sobre si procede atender a la solicitud de Rovira. 

El Ministerio Público mantiene una total discrepancia con el juez: el fiscal está en contra de la imputación por terrorismo (que rebaja a desórdenes públicos) así como de dirigir el caso contra Rovira y Puigdemont.

Recurso elevado

La jueza Tardón también ha decidido elevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso del fiscal contra la decisión del juez de imputar por terrorismo a Puigdemont y Rovira después de las quejas del Ministerio Público a García Catellón por mantenerlos varados sus recursos sin elevarlos a la instancia superior.

La magistrada avala el freno a la tramitación de los recursos efectuado por el juzgado de García Castellón, que permitió a policías personados en el caso después del recurso del fiscal oponerse a su impugnación y defender que eran posibles víctimas del terrorismo, una maniobra dilatoria para no elevar los recursos, a juicio de la defensas del caso. Una vez finalice el último plazo dado a un policía por el juzgado esta semana, el recurso clave del fiscal ya viajará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Alay reclama de nuevo el archivo

Las peticiones de los investigados se acumulan sobre la mesa del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. El director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís ha solicitado al juez “reconducir a un cauce de legalidad” el caso, lo que, a su juicio, implica archivarlo o derivarlo a juzgados catalanes para que investiguen posibles desórdenes públicos en las protestas de Tsunami, tal y como ya pidió la Fiscalía.

En un escrito, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, reitera la “inutilidad, impertinencia y ausencia de cualquier necesidad” de las diligencias solicitadas por el magistrado sobre la muerte por infarto del ciudadano francés en El Prat, que el juez insiste en vincular con las protestas de Tsunami en el Aeropuerto pese a los informes contrarios de los forenses, los servicios de emergencias y la jueza que examinó el fallecimiento en primer lugar. 

El director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha acusado al juez Manuel García Castellón de “adentrarse en una espiral persecutoria” en la causa de Tsunami Democràtic y de actuar guiado por “razones extraprocesales” ajenas al derecho y que responderían a su oposición a la amnistía y al pacto entre el PSOE y Junts.

Con esta contundencia se expresa la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, en su recurso contra el último auto del magistrado, en el que, entre una quincena de diligencias, ofreció a la familia del francés fallecido por infarto en El Prat personarse en el caso y pidió datos a la OTAN sobre la protesta de Tsunami en el Aeropuerto.

La resolución fue el colofón a un mes de noviembre en el que el magistrado, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, ha reactivado un caso que languidecía tras cuatro años de instrucción. Primero el juez dirigió la investigación contra Carles Puigdemont pese al nulo papel en Tsunami que le otorgó la Guardia Civil. Después envió el caso al Supremo, pese a lo cual decidió que podía continuar con la investigación sin esperar a si el Alto Tribunal aceptaba la causa.

El juez ha imprimido velocidad al caso pero ha varado la elevación de los recursos contra sus decisiones a la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que ha agudizado la discrepancia entre el instructor y la Fiscalía. Tampoco ha tramitado las peticiones de dos investigados para que se aparte del caso por haber opinado contra la amnistía, pero sí lo ha hecho con la solicitud de Alay.

A juicio del jefe de la oficina de Puigdemont, con sus últimos movimientos el juez García Castellón “omite” las resoluciones de otros juzgados que descartaron relacionar con Tsunami el infarto del turista francés o calificaron los altercados como desórdenes públicos y no terrorismo, como mantiene el instructor.

Para la defensa, el instructor “se adentra en una espiral persecutoria que, junto con los perjuicios que causa a los afectados, genera un ingente e indebido gasto público imposible de justiciar”. Y pone como ejemplo de ella las últimas pruebas que el magistrado ha encargado a la Guardia Civil, como la “comprobación pericial” de la distancia entre El Prat y el Hospital de Bellvitge, donde murió el turista francés, para saber “el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado del Aeropuerto al Hospital, y si resultó justificado el uso de un helicóptero”.

Sobre la petición a la OTAN para que le remita las “incidencias” en el tráfico aéreo fruto de la protesta independentista en El Prat contra la sentencia del procés el 14 de octubre de 2019, la defensa ironiza con que se podría obtener un resultado “más acorde a la realidad” si en vez de preguntar a la alianza atlántica “se buscara en un tablero de güija”.

La defensa pide anular todas las diligencias solicitadas por el juez al considerar varias de ellas “innecesarias, inútiles e impertinentes” y ser un reflejo de un “procedimiento prospectivo” contra los independentistas, algo vetado por la ley.

“Coincidiendo con acontecimientos extraprocesales procedentes del ámbito político”, sostiene el recurso en referencia a las negociaciones entre el PSOE y Junts, la causa de Tsunami “se desbarranca en una dinámica de gestación de diligencias de todo tipo que nada bueno dicen sobre la forma en que se ha de proceder por parte de la Justicia en un estado democrático y de derecho”.

A juicio de Alay, el juez García Castellón ha tenido en el caso Tsunami “una actuación procesal absolutamente errática, carente de cualquier base indiciaria y que podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes dado su carácter prospectivo”.

El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocar la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de enviar el caso Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo, y ha pedido además el archivo de la causa.

En un recurso, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, solicita al tribunal especial que, previa celebración de una vista, se revoque la remisión del caso al Supremo al no ser el Alto Tribunal el el juez preestablecido por la ley para investigar el caso Tsunami.

La defensa solicita además archivar el caso al valorar que los hechos “son constitutivos de delito alguno”, y, en caso que los jueces sí vean indicios, que acuerden enviar la causa a los juzgados catalanes por desórdenes públicos y no por un delito de terrorismo.

“Es palmario”, a criterio de la defensa de Alay, que el juez García Castellón “confunde” el asunto de qué tribunal es el competente para investigar el caso (la Audiencia Nacional o el Supremo para, en realidad, “vulnerar” el derecho fundamental al juez predeterminado por ley.

Tras más de cuatro años investigando el caso y sin que la Guardia Civil señalara a Puigdemont como sospechoso, García Castellón envió el caso al Supremo al entender que es el tribunal ante el que el líder de Junts está aforado como eurodiputado, algo que también cuestiona la defensa.

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell. 

De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.

Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

'Lawfare'. Esta palabra inglesa, traducible por la Fundéu como “instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o persecución judicial” contra un grupo de personas por su ideología, ha protagonizado el último tramo de las negociaciones entre el PSOE y Junts y aparece mencionada en el acuerdo de este jueves.

Si bien el documento no contempla la inclusión automática de los casos que el independentismo considera 'lawfare' en la futura ley de amnistía –que se registrará en los próximos días–, el acuerdo de socialistas y posconvergentes sí habilita que este tipo de causas se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, reza el texto del acuerdo.

Tanto Junts como el PSOE han explicado que no se creará una comisión de investigación específica sobre el concepto 'lawfare', sino que el pacto hace referencia a las dos comisiones que los grupos ya pactaron en agosto al inicio de la legislatura. La primera versará sobre las maniobras de la policía política del PP contra el independentismo y la segunda sobre el espionaje con el programa Pegasus que el propio CNI reconoció haber llevado a cabo, con aval del Tribunal Supremo, sobre 18 dirigentes independentistas.

A la espera de ver el texto concreto de la ley de amnistía, el pacto es lo suficiente admisible para ambas partes, toda vez que Junts logra introducir la palabra 'lawfare' en el acuerdo y el PSOE, con la vía de la comisión de investigación, evita un enfrentamiento directo con los jueces y acusarles de actuar por motivos políticos contra el independentismo.

El pacto no ha gustado a todas las asociaciones judiciales, tanto las de corte conservador como progresista, que en un comunicado conjunto han cargado contra la mención a la 'lawfare' del acuerdo. “Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”, han lamentado.

En cualquier caso, aunque añada el paso de las comisiones de investigación, el acuerdo no varía que la aplicación final de la amnistía recae en los jueces. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha definido este jueves las dos futuras iniciativas del Congreso como “comisiones de la verdad”.

El documentado pactado entre PSOE y Junts sí fija que la Ley de Amnistía “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Preguntado por la prensa, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remarcado que la amnistía se circunscribe “procés”, palabra que ha pronunciado en catalán. “Serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. En la negociación no se ha hablado de nombres en particular”, ha agregado.

¿Qué es 'lawfare' en el procés?

El caso internacional que sirve de ejemplo para explicar el 'lawfare' es el vivido por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El Supremo de su país determinó que Lula había sido víctima de persecución judicial porque el magistrado Sergio Móro había sido juez y parte al encausar, investigar y condenarlo en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato. El Alto Tribunal anuló la causa y devolvió la inocencia que Lula perdió por el objetivo judicial de desbancarlo de la política.

En el contencioso catalán, los independentistas siempre han defendido que son un caso de 'lawfare', ya que, alegan, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se arrogaron artificialmente la competencia para encausarles mediante el delito de rebelión, lo que permitió su encarcelamiento provisional y la suspensión de sus derechos políticos. La causa del procés, y así lo han denunciado los condenados ante el Tribunal de Estrasburgo, debería haberse juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Además de la causa principal del Supremo, los independentistas extienden el 'lawfare' a más encausados. El caso más paradigmático es el del director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, sobre quien la Justicia tiene el foco desde hace años y que ha sido uno de los nombres que ha protagonizado las negociaciones finales sobre la amnistía.

En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó. También está investigado en la macrocausa Voloh por pedir información a un mosso y ahora por Tsunami Democràtic.

Este mismo martes, Alay alegó que su imputación por terrorismo en la causa de Tsunami es “persecución política”. En Junts vieron un movimiento de 'lawfare' en la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en plenas negociaciones por la investidura, y añadir una línea de investigación que relacionaba las protestas con un muerto para complicar así la viabilidad de la amnistía.

Otros dos nombres que han marcado el final de la negociación y que Junts vincula al 'lawfare' son el exconseller de Interior Miquel Buch y el mosso d'esquadra que acompañó a Puigdemont en Bélgica Lluís Escolà. Ambos han sido condenados a cuatro años de cárcel por malversación por las labores de escolta del expresident que el agente realizó mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

Aunque los nombres de Alay y Buch sí generan consenso dentro del independentismo sobre que son 'lawfare', otros casos que Junts también reivindica como persecuciones judiciales no cuentan con el aval de ERC o Òmnium Cultural. Por ejemplo, la líder de Junts, Laura Borràs, alega que la Justicia la condenó por independentista, pero los republicanos y Òmnium consideran que se trató de un caso de corrupción.

Primera respuesta procesal a la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar por terrorismo a una decena de dirigentes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira. El director de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, ha alegado ante el juez de que su imputación por en la causa de Tsunami Democràtic en un juzgado de Barcelona, que ha derivado en terrorismo en la Audiencia Nacional, es un ejemplo de “persecución política” por su ideología independentista. 

En un escrito, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, ha solicitado al juez que le dé acceso al contenido de todo el sumario y que le notifique “todas las resoluciones dictadas hasta la fecha” en la causa con el objetivo de poder interponer los recursos que crea necesarios para poder defenderse. 

La petición de la defensa llega en paralelo a las conversaciones políticas entre Junts y el PSOE para rematar el acuerdo por la ley de amnistía, en que la mención a los procesos de 'lawfare' o “persecución política” que reclaman los posconvergentes es uno de los últimos flecos a desbloquear. 

Más allá de la petición concreta de acceso a todas las diligencias, el escrito de la defensa argumenta que la imputación inicial de Alay por su eventual relación con Tsunami, que decidió el juez de Barcelona Joaquín Aguirre en el caso Voloh antes de enviar la causa a Madrid, es un caso “evidente” de 'lawfare', esto es, un acción judicial emprendida como parte de una campaña en contra de un grupo de personas. 

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell. 

De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.

Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

A juicio de la defensa, el caso Voloh es uno de los procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable “cuya única razón de ser es en función de contra quién o quienes se dirigen”.

“Todos esos afectados -ahonda el escrito- tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados”.

Por otro lado, la defensa también replica la intención que dejó entrever el juez este lunes en su auto para vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea al invocar una directiva de la Unión que establecería el compromiso de los Estados para luchar contra el terrorismo.

Recuerda la defensa que la propia Directiva de la Unión Europa contra el terrorismo “impide la banalización del término y la criminalización de conductas que no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades reconocidos”.

Y advierte la defensa al magistrado de que, de no acceder a su petición de acceder a toda la causa, “se podría estar generando la falsa impresión de estar ante un procedimiento contrario al derecho de la Unión”.

La negociación entre Junts y el PSOE se ha enredado en las últimas horas y ambos partidos descartan ya un acuerdo inminente sobre la amnistía. En este contexto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha enviado a la dirección de su partido un mensaje para informar sobre lo que está por llegar. “Vienen horas y días de mucha presión”, ha indicado Turull en una comunicación avanzada por La Vanguardia y confirmada por elDiario.es.

En el mismo mensaje, Turull ha cargado contra la “amnistía para vips” que a su juicio ha pactado ERC y ha advertido que ellos están negociando una ley diferente. “Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido”, afirma el secretario general, por lo que promete a los suyos: “No dejaremos tirado a ningún soldado”.

El mensaje de uno de los hombres que está capitaneando las negociaciones en Junts llega en un momento de especial zozobra en las relaciones con el PSOE. Los dos partidos siguen tratando de cerrar el contenido de la ley de amnistía y, en concreto, de su alcance. Es aquí cuando ha surgido la causa Voloh, en la que está investigado Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, a quien se le imputa un supuesto delito de revelación de secretos. El caso Voloh fue una gran operación que en octubre de 2020 provocó decenas de registros y detenciones de varios hombres de la sala de máquinas del procés, pero que con el paso de los años ha quedado en casi nada. El juez terminó archivando la rama del caso que investigaba una supuesta trama rusa del procés. Sí siguen abiertas dos piezas relativas a un presunto pelotazo urbanístico del exconseller de ERC Xavier Vendrell y a una conversación de Alay con un mosso d’esquadra. Junts considera que la amnistía debe llegar de forma indudable a esta causa y a todos los que han colaborado en tareas de acompañamiento o protección de los amnistiados.

El jefe de la oficina del expresident es un hombre sobre el que la justicia puso el foco hace más de cinco años, en paralelo a su colaboración con Puigdemont cuando éste ya se instaló en Bélgica, a finales de 2017. Durante este tiempo, Alay ha sido imputado hasta cinco veces en varias causas, aunque algunas de ellas han ido archivándose. En su momento fue exculpado por acompañar al expresident en su detención en Alemania y también se archivó la llamada trama rusa en la que el juez había implicado a Alay.

Sin embargo, fue a raíz de esa última trama, en la que se acusaba al colaborador de Puigdemont de haber buscado el apoyo del Kremlin para el independentismo, a través de la cual el juez pudo acceder a su teléfono móvil. Allí encontró supuesta información reservada que, según los investigadores, habría conseguido a través de un mosso de los ficheros policiales. En concreto, Alay habría reclamado al agente conocer si había una orden para que el sistema de control alertase cuando accediese a determinados aeropuertos, lo que podría suponer un delito de revelación de secretos.

Alay ya declaró como investigado en este caso, aunque está a la espera de juicio. También tiene otra causa abierta en la que la Fiscalía le acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

Una de las dos ramas de la supuesta trama rusa del procés ha quedado archivada este viernes. El juez Joaquín Aguirre ha dado carpetazo a la investigación de un negocio de petróleo vinculado supuestamente a los contactos con Rusia del entorno de Carles Puigdemont en la que implicó al empresario Aleksander Dmitrenko y al jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Aguirre concluye que “no existe ningún indicio sólido” que permita sospechar de la compraventa de petróleo en la que participó Dmitrenko, empresario ruso afincado en Catalunya. El juez considera que la operación “carece de sentido comercial”, pero resuelve que no es delictiva, tal y como mantenían tanto las defensas como la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Aguirre abrió la pieza separada a partir de un informe de la Guardia Civil sobre el teléfono de Alay, detenido en 2020 en la operación del caso Voloh, y los mensajes que se cruzó con Dmitrenko unos meses antes. Los mensajes se referían una compra de petróleo que una empresa china realizó a otra rusa en la que presuntamente participó Dmitrenko y de la que habló con Alay. El empresario felicitó “a todos nosotros” y celebró haber recibido 295.000 dólares de garantía por la operación como “primer gran paso hecho”.

El juez Aguirre consideró que la operación podría imitar a la realizada por Rusia con empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini y que ofrecía indicios de “no ser más que una pantalla para ocultar algún tipo de operación irregular”, como por ejemplo “la financiación ilegal de un partido político”. El fiscal en cambio valoró que el instructor iba demasiado lejos en su hipótesis de investigación y en varias ocasiones pidió archivar la causa.

Empezaba así otra pieza sobre la eventual influencia rusa en el proceso soberanista, en este caso durante los años 2019 y 2020 y con Alay y Dmitrenko como protagonistas. El juez tiene abierta otra línea de investigación distinta, que no ha archivado, sobre los contactos rusos del exdirigente de Convergència Víctor Terradellas en las fechas más tensas de octubre de 2017. También siguen activas el resto de piezas del caso Voloh sobre presunta corrupción de dirigentes en la sombra del procés

El negocio de petróleo

En su declaración el pasado mes de mayo, Dmitrenko desvinculó a cualquier dirigente independentista de la operación y mantuvo que la alegría que muestran los mensajes con Alay respondía a que el negocio iba a reportar “beneficios” a la Cámara de Comercio de Barcelona y a Catalunya mediante el pago de impuestos. Para archivar el caso el juez se ha basado tanto en la declaración de Dmitrenko como en el estudio de su móvil.

Según el relato de Dmitrenko, era “importante para Catalunya” tener “buenas relaciones” con Rusia de cara a conseguir beneficios económicos, pero desmintió que buscara el apoyo político del Kremlin para la independencia. Finalmente la compra no se completó en su totalidad y Dmitrenko no recibió cantidad alguna por la intermediación, tesis que da por buena el juez al concluir que “no puede determinarse si la operación llegó realmente a efectuarse”.

La trama del petróleo ruso motivó un nuevo enfrentamiento entre el juez Aguirre y el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que se opone a varias líneas de investigación del caso Voloh. En un duro escrito de hace un año, el fiscal reprochó al juez “falta de motivación lógica de la investigación” y su “carácter prospectivo”, al tiempo que concluyó que deducir conductas penales de los mensajes entre Alay y Dmitrenko “excede de las atribuciones de investigación que corresponde a cualquier autoridad”. La Audiencia de Barcelona sin embargo dio la razón al juez, que tras investigar ha dado carpetazo a una de las patas de la trama rusa del procés.

El jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha negado al juez que recibiera información reservada de un mosso d'esquadra y ha asegurado que la consulta al agente se produjo tras descubrir su nombre en un sistema de alertas policial en varios aeropuertos internacionales.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

La declaración de Alay de este lunes se ha producido en una de las piezas separadas del caso Voloh que instruye el juez Joaquín Aguirre. En el análisis de su teléfono móvil para investigar el papel de Alay en los contactos rusos del procés, la Guardia Civil y Aguirre descubrieron un supuesto uso de información reservada.

Según los investigadores, el mosso, a petición de Alay, accedió a los ficheros policiales para darle información al asesor de Puigdemont sobre la existencia o no de requisitorias y controles específicos en su contra, en lo que, a su juicio, podría suponer un delito de revelación de secretos.

Alay mantuvo el 17 de julio de 2020 una conversación con el mosso en la que, antes de hacer un viaje que tenía programado, le pidió que comprobara si se mantenía efectivo el control específico que había contra él, tras su detención e imputación en el caso Voloh en octubre de 2020.

El agente, que este lunes se ha acogido a su derecho a no declarar, le remitió a Alay un pantallazo, que según la Guardia Civil sería de una base policial, ya que figuraba el número utilizado por los Mossos para asignar los expedientes policiales, confirmando que no tenía requisitorias pendientes.

Según ha alegado el abogado de Alay, Gonzalo Boye, los hechos “no son delictivos” ya que la información no era en modo alguno reservado. El motivo es que Alay, en sus viajes por distintos países, había recibido la advertencia de varias policías de que su nombre constaba en el sistema de alertas policiales. Sin embargo, en la alerta no constaba ninguna causa judicial que la hubiera reclamado.

“No sabemos dónde esta el carácter reservado de una información que se la iban dado en cada aeropuerto”, ha remarcado Boye, que ha detallado que la policía informó a Alay de que su nombre estaba en la base de alertas policiales en los aeropuertos de Washington, Londres y Edimburgo.

La defensa remarca que la inclusión de Alay en el sistema de alertas policiales es ilegal ya que no provenía de ningún juzgado, y la compara con un sistema de información policial o de inteligencia similar a Pegasus, el programa con el que fueron espiados varios independentistas.

Este mismo lunes, tras su declaración, la defensa ha pedido al juez que encargue a los Mossos d'Esquadra averiguar en qué fecha se habría introducido por primera vez en el sistema de identificación policial la reseña de Alay; qué autoridad lo ordenó; el motivo y los datos que se incluyeron la misma; si procedía de una causa judicial; las policías extranjeras con las que se compartió la información; su “respaldo legal”; y el número de veces y las personas que han consultado la alerta policial.

Por otro lado, en otra de las piezas del caso que también afecta a Alay, la Audiencia de Barcelona ha vuelto a corregir al juez Aguirre y ha anulado el auto del instructor para averiguar el patrimonio del asesor de Puigdemont, tal y como ya hicieron los magistrados la semana pasada a petición del fiscal.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del caso Voloh que justifique las diligencias que ha acordado en la nueva línea de investigación abierta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, por los viajes que hizo al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando trabajaba como comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de de Barcelona.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias ordenada por el titular del juzgado de instrucción 1, Joaquin Aguirre sobre Alay, a quien la Guardia Civil relaciona con contactos en Rusia en el marco del procés. Es la primera vez que la Audiencia de Barcelona da la razón –parcialmente– a Anticorrupción, que mantiene un enfrentamiento abierto con el juez Aguirre por el devenir del caso Voloh.

El juez pidió a la Diputación de Barcelona que detallara los viajes de Alay al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando ocupó un cargo en la corporación provincial, y ordenó a la Guardia Civil una investigación patrimonial del jefe de la oficina de Puigdemont. El objetivo era investigar si Alay “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

La Sala rechaza que la investigación sea prospectiva, como alegaba la Fiscalía para pedir su archivo, pero admite que en la resolución del juez no se han puesto de manifiesto “las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad” de la averiguación del patrimonio de Alay. En consecuencia, anula las diligencias acordadas y ordena al juez dictar una nueva resolución en la que las justifique, pero no en base a los “resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido” mientras se tramitaba el recurso de la Fiscalía.

El movimiento sobre Alay llegó después de que el juez descubriera que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público. El juez quiso saber si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encargó a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

Según la Audiencia de Barcelona, la resolución del juez “no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación” contra Alay, mientras que la motivación “resulta concisa y escueta”.

Recuerdan los jueces que estas diligencias se sitúan “en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas”, por lo que el paso del tiempo requiere de “un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa” de Alay para “evitar cualquier atisbo de nulidad”.

Dirigentes independentistas se reunieron con ciudadanos rusos en los días más convulsos del procés en 2017 y en una segunda etapa a partir de 2019, con viajes a Moscú incluidos. Lo han confirmado algunos de los protagonistas de los contactos en su desfile judicial de las últimas semanas. Hasta aquí los únicos hechos incontrovertidos, a los que siguen interpretaciones opuestas sobre el alcance, intensidad y objetivo de las reuniones.

Para el juez Joaquín Aguirre y los investigadores de la Guardia Civil, los contactos buscaban un apoyo ruso a la independencia. Salvo Víctor Terradellas, los implicados en cambio desligan las reuniones del procés y los circunscriben al ámbito empresarial o incluso a un intento de estafa hacia los dirigentes soberanistas. Esta es una guía de los protagonistas y de sus versiones sobre las reuniones.

Octubre de 2017

Víctor Terradellas: el exsecretario de relaciones internacionales de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es el protagonista de la primera etapa de los contactos. Hombre de mundo, tras toda una carrera dedicada a las relaciones internacionales y a la cooperación, en los días críticos del procés en 2017 apostaba sin ambages por la vía unilateral. Después de insistir mucho, logró que el entonces president, Carles Puigdemont, recibiera a dos ciudadanos rusos y a un misterioso hombre de negocios catalán. En su declaración ante el juez, Terradellas explicó que los había conocido el 23 de octubre de 2017 por boca de un amigo y que no se molestó a investigar sus credenciales, pero creyó que efectivamente eran emisarios del Kremlin.

En los tres encuentros, todos ellos breves y ocurridos entre el 20 y el 25 de octubre, dos días antes de la declaración fallida de independencia, los rusos propusieron primero a la entonces colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, y al propio president ayuda económica y hasta militar ante una eventual independencia. Eran los ya célebres 10.000 soldados rusos, a los que Puigdemont no dio ninguna credibilidad, según recalcó Terradellas. En cambio, según el excargo convergente, el president no se cerró en banda al eventual auxilio financiero ruso a través de criptomonedas. Pero en cualquier caso, apostilló, Puigdemont no le hizo ningún encargo para buscar apoyo ruso.

Jordi Sardà Bonvehí: este empresario catalán figura en la hemeroteca del New York Times. En 2012 el rotativo informaba de que Sardà negoció en nombre de Gas Natural una operación millonaria en Ucrania. El problema era que Sardà se había presentado falsamente ante las autoridades ucranianas como directivo de la compañía cuando no tenía relación alguna con ella. Terminó denunciado en la Audiencia Nacional.

Según el relato de Terradellas, Sardà y el ciudadano ruso Sergei Motin se pusieron en contacto con él sobre el 20 de octubre de 2017 “para ir a ver al president de la Generalitat”. “Yo hago de correveidile, y el president dice que sí quiere verlos”, apostilló el excargo de CDC, que aseguró que el interés de Sardà era que Catalunya fuera una de las bases mundiales del negocio de las criptomonedas. Terradellas también contó al juez que Sardà, ya en 2018, se reunió con otros integrantes del sanedrín que ideó el referéndum, como el exconvergente David Madí, proponiéndole un viaje a Moscú, que no se concretó. “Sardà podía hacer unos imaginarios muy bestias pero me interesaba por el tema de criptomonedas, aunque nunca llegó nada. Intentó hacer muchas operaciones de 'bitcoins' y granjas pero nunca consiguió nada”, describió Terradellas.

Sergei Motin: empresario ruso ya fallecido, llegó a Barcelona de la mano de Sardà Bonvehí, aunque se desconoce cómo se conocieron. Según Terradellas, a las reuniones en Barcelona de 2017 se presentó como un antiguo “general” ruso. Motin estuvo en las tres reuniones en octubre, la primera con Elsa Artadi en el Hotel Colón y las dos con Puigdemont días después en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat. Fue el autor del ofrecimiento de los 10.000 soldados rusos, indicó Terradellas al juez. La respuesta de Puigdemont, siempre según su versión, fue “cagarse en las bragas” y no darle credibilidad.

No sería el último viaje de Motin a la capital catalana: un año después volvió a una clínica privada de Barcelona, donde dejó a deber casi 20.000 euros. Así consta en la denuncia ante los Mossos de la clínica, que también se puso en contacto con Sardà Bonvehí para recuperar el dinero, sin éxito.

Nikolay Sadovnikov: veterano exdiplomático ruso dedicado a los negocios. Ejerció para la Unión Soviética en Roma entre 1984 y1987 y después fue cónsul adjunto en Milán desde 1991 hasta, al menos, 1995, tras la desintegración de la URSS. Según los registros del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, su nombre aparece como asesor en un departamento de planificación de política exterior en 2007. Una investigación de El Periódico y medios internacionales desveló que un informe de un servicio secreto detalló que Sadovnikov era conocido como un “intermediario oficioso de Moscú” en Siria e Irán y que “rinde cuentas solo al jefe del Estado”, Vladimir Putin.

Según dijo Terradellas al juez, el objetivo de Sadovnikov, Motin y Sardà era “llegar a un acuerdo de legislación de criptomonedas a cambio de la financiación de la república”. A preguntas de su defensa, después matizó que la operación respondía “al interés de Sardà”. Pero todo se vino abajo porque hasta los rusos constataron que la Generalitat no había diseñado plan alguno para la independencia: “Cuando vieron que no había nada preparado, ellos recularon mucho”. Terradellas agregó que en septiembre de 2018 viajó a Moscú y se reunió con Sadovnikov, pero recalcó que fue por libre, sin recibir ningún encargo de Puigdemont. “No sé si se puede decir, pero tenía que ir a Moscú con David Madí, y él no vino. Con Nikolai hablamos de cómo veía el mundo”, dijo Terradellas al juez.

Los viajes de 2019

Los protagonistas de los contactos rusos en esta segunda etapa varían de la de 2017. La investigación judicial todavía no ha podido acreditar una conexión entre ambas, y por ahora se centra en un negocio de petróleo. La hipótesis de los investigadores es que el director de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Lluís Alay, fue una suerte de sucesor de Terradellas en las relaciones con Rusia, extremo negado por ambos.

Josep Lluís Alay: historiador, profesor y traductor, acudió tres veces a Moscú entre 2019 y 2020. Según explicó el propio Alay en una entrevista en elDiario.es, en ninguno de los viajes buscó el apoyo del Kremlin a la independencia. Las visitas respondían al interés de medios rusos para entrevistar al expresident y para dar conferencias en universidades rusas, según su versión. Reconoció que a través de Alexander Dmitrenko, un empresario ruso afincado en Barcelona y sospechoso de estar relacionado con los servicios secretos de Putin, conoció a personas de su círculo, pero limitó los encuentros a contactos de cortesía.

Alexander Dmitrenko: el empresario ruso está imputado por una compra de petróleo que realizó en julio de 2020 una empresa china a otra rusa en la que intermedió y de la que habló con Alay. El Gobierno denegó la nacionalidad española a Dmitrenko por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, extremo que el empresario niega con contundencia. “Rusia iba con España”, dijo en su declaración ante el juez sobre el procés.

En los mensajes interceptados a Alay, Dmitrenko felicita “a todos nosotros” y celebra el pago de 295.000 dólares de garantía de la empresa china a la rusa por la operación como “primer gran paso hecho”. En su declaración ante el juez Aguirre, Dmitrenko describió que tiene “una relación amistosa” con Alay, pero recalcó que nunca ha ofrecido “financiación rusa” al procés. Según la versión de Dmitrenko, ofreció a Alay dos conferencias en Moscú “como devolución del favor”, si bien negó que el jefe de la oficina de Puigdemont tuviera “ningún interés” en esta operación. Si quiso explicársela fue porque es su amigo y consideraba que era importante para la “promoción” de la Cámara de Comercio de Barcelona, a la que está vinculado gracias a Alay. La Fiscalía pidió archivar el caso al no ver indicios de delito.

Artem Lukoyanov: hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el cardenal gris y considerado asesor de Putin. Lukoyanov es amigo de Dmitrenko y la Guardia Civil sospecha que participó también de la operación petrolífera que no se llegó a concretar. Alay ha reconocido que se “encontró” con Lukoyanov durante 30 minutos en Barcelona durante las protestas de octubre de 2019, pero explicó que el ruso había venido a la capital catalana con Dmitrenko y que fue una conversación de cortesía. “En ningún momento hubo la intención de crear un entramado internacional para financiar el procés”, recalcó en la entrevista con este diario. Lukoyanov es el jefe de Sergei Sumin, antiguo mando del Servicio Federal de Protección Rusa y otra de las personas con las que se reunió Alay en Moscú. También vino de vacaciones en octubre de 2019 a Barcelona.

El programa Pegasus espió a independentistas que ya estaban siendo investigados por la Justicia. Así se desprende de la lista de catalanes víctimas del 'software' malicioso difundida por los forenses canadienses de Citizen Lab. Son pinchazos por duplicado. Unos, acordados por un juez, acotados en el tiempo y recurribles en los tribunales por parte de los afectados. Los otros, de autoría y alcance desconocidos a día de hoy, y por lo tanto mucho más difíciles de combatir.

Al empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell, miembro del grupo de dirigentes soberanistas que organizó el referéndum del 1-O, Pegasus lo espió por lo menos en dos ataques, el 4 de noviembre de 2019 y el 14 de abril de 2020, este último en pleno confinamiento por la COVID-19. La primera de las fechas coincide con la visita de Felipe VI a Catalunya tras la sentencia del procés y el llamamiento de Tsunami Democràtic a la protesta que bloquearía la AP-7 cinco días después.

Por aquellas fechas, Vendrell ya tenía las comunicaciones intervenidas por orden del juzgado de instrucción 1 de Barcelona en el marco de la investigación del caso Voloh, una macrocausa que agrupa el supuesto desvío de fondos en favor del procés y la presunta corrupción del exconseller de ERC y de otro miembro del denominado 'estado mayor' del procés, el exconvergente David Madí, también espiado con Pegasus.

A falta de que se pueda aclarar el origen y la autoría del encargo del espionaje con el programa Pegasus, la utilización en Madí y Vendrell del 'software' espía profundizó en la intensa intervención de comunicaciones que ya sufrían por orden judicial, exponen fuentes jurídicas. Como el resto de espiados, ni Vendrell ni Madí conocen formalmente a día de hoy los motivos que les llevaron a ser dianas del programa malicioso, mientras que –aunque disienten de ellas– las razones de los pinchazos del caso Voloh aparecen en el sumario de la causa.

La Guardia Civil pidió el 27 de agosto de 2019 al juez Joaquín Aguirre la interceptación total del teléfono de Vendrell, Madí y el presidente de la plataforma proselecciones catalanas, Xavier Vinyals (quien no consta como espiado mediante Pegasus). Un año después, de Madí y Vendrell el Instituto Armado también solicitó “la instalación de un 'software' para examinar de forma remota y telemática los dispositivos ya intervenidos”. La diferencia principal es que Pegasus, a la intervención del teléfono, suma la capacidad de activar el micrófono o la cámara.

El motivo alegado por la Guardia Civil para la intervención fueron sendas grabaciones halladas un año antes en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

El 29 de agosto de 2019, el juez instructor acordó por dos meses el pinchazo de las llamadas mediante el sistema SITEL de la Guardia Civil y requirió a las operadoras telefónicas “todos los datos asociados a la interceptación de comunicaciones”, como por ejemplo registros de voz o SMS. La intervención se prorrogó hasta octubre de 2020.

El control de las comunicaciones de Madí y Vendrell acordado por el juez no solo afectó sus teléfonos. El juez también decidió la instalación de micrófonos y localizadores en los coches de ambos empresarios, lo que permitió grabar algunas conversaciones que sustentan la causa. Tras el recurso de las defensas, la Audiencia de Barcelona avaló todas las medidas al considerarlas necesarias para investigar las “sospechas fundadas de corrupción” de Madí y Vendrell y porque ambos utilizaban la aplicación telefónica Signal, “que no es susceptible de intervención por la autoridad judicial a causa de motivos técnicos”.

Los sucesivos informes sobre las conversaciones de Madí y Vendrell desembocaron en la petición de la Guardia Civil, en octubre de 2020, para registrar sus domicilios y empresas y para copiar todo el contenido de sus dispositivos móviles. Así lo acordó el juez, que encargó al Instituto Armado “el volcado y análisis” de los dispositivos “con objeto de verificar si contienen información relevante y relacionada” con la investigación. Los informes sobre los móviles de Madí y Vendrell todavía no se han entregado al juez. El juzgado tampoco ha devuelto a Madí su móvil intervenido en los registros, lo que ha impedido concretar la fecha –en cualquier caso entre 2018 y 2020, según Citizen Lab– del ataque con Pegasus. Pero toda esa información ya estaría disponible mucho antes para quien hubiera encargado el espionaje con el programa de la empresa NSO Group.

El mismo 28 de octubre de 2020, fecha de los registros del caso Voloh, el juez también ordenó a la Guardia Civil volcar todo el contenido del teléfono del director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. A diferencia de Madí y Vendrell, Alay no tenía pinchado previamente el teléfono por orden del juez Aguirre en el caso Voloh. Del análisis del teléfono de Alay los investigadores hallaron un filón del que tirar gracias a los viajes a Rusia del asesor del expresident, que motivaron un enfrentamiento entre el juez y el fiscal del caso a raíz de un supuesto negocio con petróleo.

En el caso de Alay, el ataque de Pegasus se produjo tres meses antes de los registros del caso Voloh. Pero Citizen Lab no descarta que antes o después se hubieran producido más intromisiones. Lo mismo ocurre con otros investigados en otras causas del procés con comunicaciones intervenidas también espiados por Pegasus, como Josep Maria Jové, que ya se había cruzado con anterioridad con una tecnología de origen israelí en su teléfono móvil.

¿Cómo saber cuando el pinchazo es 'tradicional' o con un sistema tipo Pegasus? ¿La Guardia Civil pudo conocer el 'hackeo' de Pegasus mientras tenía monitorizados los terminales por orden judicial? Las defensas de los afectados tienen intención de intentar hallar las respuestas a estas preguntas en los próximos meses. No es algo sencillo. Los pinchazos del caso Voloh fueron entregados a las defensas y son recurribles ante la Audiencia de Barcelona y en el eventual juicio que se celebre en un futuro. Si, como sospecha parte de los espiados, el encargo a Pegasus corrió a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el resultado de esos pinchazos es un informe de inteligencia con destino al presidente del Gobierno. La única forma de acceder a ellos es por acuerdo del Consejo de Ministros para su desclasificación como materia reservada, o que un juez pida al Ejecutivo levantar el secreto.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que indaga sobre el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), investiga si el actual jefe de la oficina de Carles Puigdemont y excomisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2015 y 2018, Josep Lluís Alay, “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

Ha sido el propio Alay quien ha desvelado a través de Twitter la nueva batería de diligencias acordada por el juez Aguirre. En su mensaje, Alay ha cargado con dureza contra el instructor: “La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo la persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido”. Fuentes de la defensa de Alay han criticado por “prospectiva” la decisión del juez.

El movimiento del juez sobre Alay llega después de que el juez haya descubierto que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells, además, compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público, indica el instructor. El juez quiere saber ahora si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encarga a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez pide, además de la investigación patrimonial de Alay, que la Diputación de Barcelona certifique los viajes que realizó mientra estaba en el cargo, si fueron pagados por el ente público y quien lo autorizó.

Sobre Castells, el juez pide que la Diputación detalle el procedimiento de aprobación de subvenciones y contratos menores concedidos por el alto cargo en su etapa en el ente provincial así como los “cargos y nombres de quienes debían visar y aprobar los pagos”. Y cita a la secretaria general de la Diputación para entregarle en mano en el juzgado las peticiones y hacerle “un requerimiento personal” sobre las mismas.

El juez indica que Alay “sucedió en el cargo” a Castells, si bien el segundo, formalmente, era jefe de relaciones internacionales de la Diputación –dimitió tras desvelar elDiario.es el desvío de fondos– y para Alay se creó, tres meses después, un cargo nuevo, el de comisionado de relaciones internacionales.

Las nuevas diligencias se producen tras la vuelta de Aguirre al juzgado después de unos meses en que su sustituta ha cerrado casi todas las piezas del caso de subvenciones fraudulentas de la Diputación. La Fiscalía y la Diputación de Barcelona –pese a haber efectuado los informes periciales del caso que constataban el desvío de fondos– han aprovechado la vacante temporal de Aguirre en el juzgado para solicitar a la jueza sustituta el cierre de todas las piezas salvo la que afecta a las entidades CATMON e Igman, vinculadas al actual diputado de Junts Francesc de Dalmases.

La Justicia tiene bajo el foco a Alay desde hace años. Fue exculpado de la causa que le mantuvo investigado durante meses en la Audiencia Nacional por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, pero en los juzgados de Barcelona las investigaciones contra el jefe de la oficina del expresident siguen vivas. Además del caso de la Diputación, Alay está investigado por la trama rusa del procés, desmentida por el jefe de la oficina de Puigdemont en una entrevista en elDiario.es.

Alay también está investigado en el caso Voloh, de presunto desvío de fondos para costear la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo, en otra causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic y espera juicio por presunta malversación en relación con un viaje que efectuó a Nueva Caledonia para asistir al referéndum de autodeterminación de la excolonia francesa.