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La Audiencia de Barcelona ordena al juez justificar la investigación al patrimonio del asesor de Puigdemont

Alay, en una imagen de archivo

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del caso Voloh que justifique las diligencias que ha acordado en la nueva línea de investigación abierta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, por los viajes que hizo al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando trabajaba como comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de de Barcelona.

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En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias ordenada por el titular del juzgado de instrucción 1, Joaquin Aguirre sobre Alay, a quien la Guardia Civil relaciona con contactos en Rusia en el marco del procés. Es la primera vez que la Audiencia de Barcelona da la razón –parcialmente– a Anticorrupción, que mantiene un enfrentamiento abierto con el juez Aguirre por el devenir del caso Voloh.

El juez pidió a la Diputación de Barcelona que detallara los viajes de Alay al extranjero entre los años 2015 y 2018, cuando ocupó un cargo en la corporación provincial, y ordenó a la Guardia Civil una investigación patrimonial del jefe de la oficina de Puigdemont. El objetivo era investigar si Alay “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

La Sala rechaza que la investigación sea prospectiva, como alegaba la Fiscalía para pedir su archivo, pero admite que en la resolución del juez no se han puesto de manifiesto “las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad” de la averiguación del patrimonio de Alay. En consecuencia, anula las diligencias acordadas y ordena al juez dictar una nueva resolución en la que las justifique, pero no en base a los “resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido” mientras se tramitaba el recurso de la Fiscalía.

El movimiento sobre Alay llegó después de que el juez descubriera que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público. El juez quiso saber si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encargó a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

Según la Audiencia de Barcelona, la resolución del juez “no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación” contra Alay, mientras que la motivación “resulta concisa y escueta”.

Recuerdan los jueces que estas diligencias se sitúan “en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas”, por lo que el paso del tiempo requiere de “un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa” de Alay para “evitar cualquier atisbo de nulidad”.

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