El juez investiga si el jefe de la oficina de Puigdemont “se enriqueció ilícitamente” en la Diputación

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que indaga sobre el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), investiga si el actual jefe de la oficina de Carles Puigdemont y excomisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2015 y 2018, Josep Lluís Alay, “se enriqueció ilícitamente” durante su etapa en el ente provincial.

Ha sido el propio Alay quien ha desvelado a través de Twitter la nueva batería de diligencias acordada por el juez Aguirre. En su mensaje, Alay ha cargado con dureza contra el instructor: “La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo la persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido”. Fuentes de la defensa de Alay han criticado por “prospectiva” la decisión del juez.

El movimiento del juez sobre Alay llega después de que el juez haya descubierto que otro alto cargo nombrado por Convergència en la Diputación –el exjefe de relaciones internacionales Jordi Castells, ahora subdirector general de cooperación local de la Generalitat– incrementó en 300.000 euros su patrimonio mientras estuvo en el ente provincial.

Castells, además, compró dos pisos sin suscribir una hipoteca y constan en su cuenta “ingresos en efectivo por importes incompatibles” con su sueldo público, indica el instructor. El juez quiere saber ahora si ese patrón se siguió también en Alay, por lo que encarga a la Guardia Civil “una investigación patrimonial” al actual hombre de confianza de Puigdemont “a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente” con la aprobación de expedientes de programas de cooperación presuntamente usados para desviar fondos a entidades afines a CDC.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez pide, además de la investigación patrimonial de Alay, que la Diputación de Barcelona certifique los viajes que realizó mientra estaba en el cargo, si fueron pagados por el ente público y quien lo autorizó.

Sobre Castells, el juez pide que la Diputación detalle el procedimiento de aprobación de subvenciones y contratos menores concedidos por el alto cargo en su etapa en el ente provincial así como los “cargos y nombres de quienes debían visar y aprobar los pagos”. Y cita a la secretaria general de la Diputación para entregarle en mano en el juzgado las peticiones y hacerle “un requerimiento personal” sobre las mismas.

El juez indica que Alay “sucedió en el cargo” a Castells, si bien el segundo, formalmente, era jefe de relaciones internacionales de la Diputación –dimitió tras desvelar elDiario.es el desvío de fondos– y para Alay se creó, tres meses después, un cargo nuevo, el de comisionado de relaciones internacionales.

Las nuevas diligencias se producen tras la vuelta de Aguirre al juzgado después de unos meses en que su sustituta ha cerrado casi todas las piezas del caso de subvenciones fraudulentas de la Diputación. La Fiscalía y la Diputación de Barcelona –pese a haber efectuado los informes periciales del caso que constataban el desvío de fondos– han aprovechado la vacante temporal de Aguirre en el juzgado para solicitar a la jueza sustituta el cierre de todas las piezas salvo la que afecta a las entidades CATMON e Igman, vinculadas al actual diputado de Junts Francesc de Dalmases.

La Justicia tiene bajo el foco a Alay desde hace años. Fue exculpado de la causa que le mantuvo investigado durante meses en la Audiencia Nacional por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, pero en los juzgados de Barcelona las investigaciones contra el jefe de la oficina del expresident siguen vivas. Además del caso de la Diputación, Alay está investigado por la trama rusa del procés, desmentida por el jefe de la oficina de Puigdemont en una entrevista en elDiario.es.

Alay también está investigado en el caso Voloh, de presunto desvío de fondos para costear la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo, en otra causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic y espera juicio por presunta malversación en relación con un viaje que efectuó a Nueva Caledonia para asistir al referéndum de autodeterminación de la excolonia francesa.