El juez García Castellón ofrece declarar en el caso Tsunami a la esposa del muerto por infarto en El Prat cuatro años después

El juez Manuel García Castellón ha insistido en su tesis de que la protesta de Tsunami Democràtic en El Prat contra la sentencia del procés tuvo relación con la muerte por infarto de un ciudadano francés en una terminal del Aeropuerto y ha ordenado localizar a la esposa del fallecido –más de cuatro años después de los hechos– para ofrecerle ejercer como acusación del caso y que declare como testigo para “conocer de primera mano qué sucedió”.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que el magistrado de la Audiencia Nacional ordena una batería de diligencias para indagar en el intento de bloqueo de los accesos a El Prat que Tsunami llevó a cabo el 14 de octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del procés. El juez argumenta que puede seguir pidiendo pruebas para “esclarecer” los hechos pese a haber enviado ya el caso al Tribunal Supremo para poder imputar a Carles Puigdemont, aforado ante el Alto Tribunal.

La nueva resolución se suma a la frenética actividad procesal del último mes del juez, coincidiendo con las negociaciones sobre la amnistía. El juez insiste en sus tesis principales sobre Tsunami, que cuentan con el rechazo de la Fiscalía. El magistrado reitera que la protesta fue terrorismo –el fiscal ve desórdenes públicos– y que el intento de bloqueo a los accesos de El Prat “pudo afectar” al infarto del francés fallecido, hipótesis rechazada por los servicios de emergencias que atendieron al hombre y por los forenses y la jueza que investigaron en primer lugar el caso.

El juez destaca la entrevista que este domingo concedió la hija del fallecido a El Mundo en la que, según García Castellón, la mujer pregunta si “podía denunciar ahora”. El ciudadano francés sufrió un infarto en la terminal 2 de El Prat –la protesta de Tsunami estaba en el acceso a la otra terminal, la 1–, padecía de una enfermedad cardíaca anterior y fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Bellvitge, donde finalmente falleció.

No es la única información que el juez reclama sobre el fallecido. Al servicio catalán de emergencias le solicita que le indique “las horas” en las que se produjo la asistencia médica, quién decidió que fuera trasladado en helicóptero “y si era posible el traslado por carretera” en vez de helicóptero desde El Prat hasta el Hospital de Bellvitge debido a las protestas en sus accesos.

A la Guardia Civil le solicita una “comprobación pericial para identificar la distancia” entre las terminales 2, 1 y el Hospital de Bellvitge con el objetivo de saber “el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado del Aeropuerto al Hospital, y si resulta justificado el uso de un helicóptero”.

Petición a la OTAN

Al margen de la declaración de la mujer, el juez pide datos a distintos organismos sobre la protesta en El Prat. Entre ellos, destaca la petición a la OTAN y a su comandantes supremo aliado en Europa para recabar posibles “incidencias registradas” en su centro de operaciones aéreas combinadas sobre el tráfico aéreo fruto de la acción de Tsunami.

Las varias peticiones a la OTAN y a otras autoridades aeroportuarias se explican porque uno de los supuestos del delito de terrorismo que maneja el juez es el de “desestabilizar el funcionamiento de estructuras económicas”. Esta consideración es posible gracias a la reforma antiterrorista de 2015 pactada por PP y PSOE y que ya entonces fue criticada por su vaguedad por especialistas en Derecho Penal.

Más de cuatro años después de haber abierto el caso, el instructor solicita a la empresa pública Enaire “todas las incidencias relacionadas” con el tráfico aéreo, si se tuvo que desviar algún vuelo de El Prat debido a la protesta y la “afectación” de la acción de Tsunami en el funcionamiento de otros aeropuertos nacionales o internacionales.

La afectación a la actividad del aeropuerto que el juez quiere saber en 2023 se supo desde el mismo día 14 de octubre de 2019: en total se cancelaron 108 vuelos de los 1.066 previstos ese día, cifra que meses después Vueling elevó a 169.

El juez apunta además que manifestantes de Tsunami habrían intentado “impedir el cambio de turno” de los controladores aéreos de El Prat. “No solo se buscaba provocar daños económicos sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que se encontraban en ese momento en un vuelo, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”, apunta el juez, sin moverse del plano hipotético.

A la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), el juez le reclama también las incidencias en el tráfico aéreo del día de la protesta y las consecuencias en instalaciones aeroportuarias internacionales, mientras que a Aena le solicita “todas las incidencias registradas que pudieran afectar a la seguridad del aeropuerto”.