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El juzgado de García Castellón ralentiza los recursos del caso Tsunami y enerva a la Fiscalía

Una mujer, en la protesta de Tsunami en el Camp Nou

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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El acelerón que el juez Manuel García Castellón ha dado al caso Tsunami Democràtic en el último mes ha comportado un aluvión de escritos en contra de sus decisiones. Pese a que, sobre el papel, el primer recurso de la Fiscalía ya tendría que estar rumbo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la realidad es que a día de hoy permanece encallado en el juzgado titularidad del magistrado. El ralentí del juzgado ha enervado tanto a las defensas de los independentistas como a la Fiscalía.

En las defensas del caso se han activado luces de alarma al constatar que el juzgado no ha elevado a la Sala de lo Penal el recurso de la Fiscalía interpuesto el pasado 10 de noviembre. El motivo de este retraso es que el juzgado de García Castellón permite a los policías que ejercen desde hace pocos días de acusación en el caso oponerse al recurso del Ministerio Público, pese a que el escrito fue registrado antes de la personación de los agentes.

El planteamiento de las defensas es compartido por la Fiscalía, algo poco frecuente. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, ha registrado un escrito en el que argumenta que su recurso ya debería estar en manos de la Sala de lo Penal.

Es más, el fiscal insta al juzgado a enviar el recurso a la instancia superior “sin que se establezcan más dilaciones”, y advierte de que si no lo hace comunicará la parálisis a la Sala de lo Penal como “único cauce para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva”. El escrito evidencia de nuevo el profundo desencuentro entre el juez y el fiscal.

Las partes de un caso pueden combatir las decisiones de un juez de dos formas: mediante un recurso de reforma, que resuelve el mismo instructor, o mediante uno de apelación, que eleva la decisión a una instancia superior formada por jueces distintos.

En el caso Tsunami, conscientes de que difícilmente el juez García Castellón variaría su criterio, tanto la Fiscalía como algunas defensas presentaron recursos de apelación directos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del pasado 6 de noviembre del instructor en el que acordó dirigir el caso por delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira, y otras diez personas.

Es el mismo juzgado de instrucción el encargado de recabar la respuesta del resto de partes a los recursos antes de elevarlo todo a la Sala para que resuelva. Aunque es habitual que algunos juzgados puedan tardar más de los cinco días fijados por la ley fija para tramitar los recursos, en el caso Tsunami se da la circunstancia de las sucesivas apariciones de policías heridos, a los que el juzgado da la oportunidad de oponerse al recurso del fiscal.

Los últimos agentes fueron admitidos como acusación el 21 de noviembre, once días después de que el fiscal presentara su recurso contra el auto del juez del pasado día 6. Se trata de agentes heridos en los altercados del 18 de octubre de 2019 contra la sentencia del procés, que el juez vincula con Tsunami pese a que no los convocó la plataforma. 

Este martes, la Letrada de Administración de Justicia (LAJ) permitió a los últimos agentes personados en el caso poder oponerse al recurso del fiscal, quien pidió descartar el delito de terrorismo imputado por el juez. Ahora los policías tienen cinco días más para rechazar los argumentos de la Fiscalía y pedir que se mantenga el delito de terrorismo. En suma, esta semana el recurso tiene pocos números de llegar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Algunas defensas del caso han registrado escritos de impulso ante el juzgado para pedir que los recursos vayan ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de momento sin éxito. A su juicio, el juzgado no debería permitir a estos policías oponerse a un recurso que se registró antes de su comparecencia en el caso, y que este trámite solo debería autorizarse para Vox y Dignidad y Justicia, que ya estaban personadas cuando el fiscal recurrió.

Los letrados temen que el juzgado vaya creando nuevos plazos sin fin a medida que aparezcan nuevos policías supuestamente lesionados por las acciones de Tsunami, con lo que la resolución del recurso del fiscal se dilataría más en el tiempo. El plazo se retrasaría todavía más si se espera a que la familia del ciudadano francés fallecido en una terminal del Aeropuerto decida sobre la oferta para ejercer como acusación del caso que le ha realizado el juez.

El primero de varios recursos

El desencuentro procesal versa únicamente sobre el primero de los recursos que la Fiscalía y las defensas han interpuesto contra las recientes decisiones del juez, pero corre el peligro de repetirse sobre el resto si continúan apareciendo nuevas acusaciones y el juzgado les da permiso para impugnarlos.

Desde que hace un mes reactivara el caso Tsunami –abierto hace cuatro años– coincidiendo con las negociaciones sobre la amnistía, el juez García Castellón ha contado con la oposición de la Fiscalía, algo inusual y que da cuenta del desencuentro existente entre el instructor y el Ministerio Público.

El primer recurso del fiscal es de suma importancia para el futuro del caso, toda vez que afecta a dos de sus patas principales: el delito de terrorismo –que el fiscal no ve, y solicita dejar en unos desórdenes públicos a investigar en juzgados catalanes en vez de la Audiencia Nacional– y la imputación de Carles Puigdemont, que el fiscal no comparte. En su escrito, el fiscal alegó que García Castellón tergiversó, hizo suposiciones y omitió datos para imputar al expresident.

De si la Sala de lo Penal da la razón al juez o al fiscal en esta primera discrepancia dependerá en buena medida el resultado del resto de recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público como por las defensas contra el resto de resoluciones de García Castellón, en especial su decisión de enviar el caso al Supremo.

Con todo, una espada de Damocles pende sobre todos los escritos: si el Tribunal Supremo decide quedarse con el caso Tsunami, tal y como le ha propuesto el juez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya no tendrá nada que decir, le hayan llegado o no recursos.

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