El Govern ha presentado este jueves los balances fiscales del año 2019. En ese ejercicio, el desajuste entre los recursos que aportó Catalunya a las finanzas del Estado y lo que la administración invirtió fue de 20.196 millones de euros. Este balance sitúa el déficit en el 8,5% del PIB catalán.

Según estas cifras, el déficit fiscal se eleva en Catalunya respecto a los 17.049 millones de euros del último cálculo, correspondiente a 2016, cuando el déficit fiscal alcanzó un 8%.

Los datos aportados por el departament de Economía y Hacienda muestran que Catalunya aportó 63.916 millones de euros, lo que equivale al 19,6% de ingresos del Estado, mientras que recibió 43.721; es decir, el 13,4% de los gastos totales.

Según ha reconocido Jaume Giró, conseller de Economía, una parte del gasto territorializado del Estado se ha tenido que “estimar”, puesto que desde 2016 el Gobierno no envía a Catalunya todos los datos necesarios para realizar estos cálculos. Así, los resultados se han conseguido teniendo en cuenta el método del flujo monetario.

Con todo, las cifras de 2019 no difieren demasiado de las de 2016, cuando Catalunya aportó el 19,2% de los ingresos y recibió el 13,4% de las inversiones.

“Alicia Sánchez-Camacho tiene la pierna rota. San Martín va haciendo de las suyas”. Así se expresó en 2017 la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en su comparecencia por la Operación Catalunya en el Parlament. Ambas mujeres habían pasado de compartir mesa, mantel y micrófono en el restaurante La Camarga a un enfrentamiento sin cuartel a cuenta de la autoría de la grabación. Nuevos audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo han puesto en la picota a Sánchez-Camacho (Blanes, 1967), a día de hoy senadora autonómica y diputada del PP en la Asamblea de Madrid tras ser rescatada por Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez-Camacho también forma parte del inagotable archivo sonoro de Villarejo. Como la mayor parte de interlocutores del comisario que no sabían que se les grababa, sale muy mal parada. Los audios, publicados por El Món, muestran que la exdirigente popular encargó a Villarejo investigaciones sin control judicial a varios políticos, empresarios y directivos de medios de comunicación. ElDiario.es ha pedido al grupo del PP en el Senado conocer la versión de Sánchez-Camacho, sin obtener respuesta.

La conversación entre Villarejo y Sánchez-Camacho se produjo en noviembre de 2012, en plena precampaña de las elecciones catalanas que Artur Mas decidió anticipar. La legislatura que terminaba había sido la de la luna de miel entre el PP de Sánchez-Camacho y el Govern de Mas. Sus votos permitieron aprobar los recortes con los que el líder convergente se presentaba ante Europa como alumno aventajado de la austeridad. La apuesta por el procés de Mas cambió las cosas. Se activaron los mecanismos del Estado –los previstos en la ley y los que no– para responder a la intentona soberanista.

En la reunión, Sánchez-Camacho pidió a Villarejo actuaciones contra el expresident, pero también contra dirigentes nada sospechosos de comulgar con el procés, como el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida. Más que los políticos, una de las fijaciones de la líder del PP a lo largo de la charla fue el entonces director general de La Caixa Jaume Giró, a quien instó a investigar “pero ya”. Al no ubicar Villarejo a la víctima, la entonces líder del PP catalán le detalló que trabajaba en La Caixa y que era amigo de José Antich, en aquel momento director de 'La Vanguardia'.

“Ahora ya se ha vuelto totalmente independentista, y a mí me avisan para decirme que este tío [en referencia a Giró] está siendo ahora mismo el mecanismo, a través de su amistad íntima con Pepe Antich, que les está haciendo las encuestas en las que les dan a los convergentes 70 y 72 diputados, no los tienen”, aseveró Sánchez-Camacho. La Fiscalía de Barcelona ya investiga la denuncia de Giró contra Sánchez-Camacho y Villarejo, aunque previsiblemente las diligencias pasen a Madrid por la condición de aforada de la senadora del PP.

Sánchez-Camacho hizo el mismo viaje hasta la capital de España tras ver agotado su crédito en Catalunya. Nacida en Girona, una de las provincias más complicadas históricamente para el PP, estudió el bachillerato en el colegio vinculado al Opus Les Alzines y se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona. En la compleja vida orgánica del PP catalán, Sánchez-Camacho se encuadró en las filas de la familia liderada por Jorge Fernández Díaz, que con los años se convertiría en ministro del Interior y que hoy está procesado en la Audiencia Nacional por usar la brigada política para borrar pruebas de la corrupción del PP.

Todo empezó en La Camarga

Tras el tormentoso congreso de 2008, Sánchez-Camacho se hizo con las riendas del PP catalán, aupando a la formación hasta sus mejores resultados históricos en Catalunya con los 18 y 19 diputados que logró en los comicios al Parlament de 2010 y 2012. Las cosas empezaron a torcerse solo un año después: en junio de 2013 se hizo pública la grabación de la comida entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez celebrada un 7 de julio de 2010 –hace exactamente doce años– en el restaurante La Camarga, considerada el prólogo de la Operación Catalunya.

En un primer momento negó la conversación, pero Sánchez-Camacho terminó por suscribir un pacto de silencio y dinero. La líder del PP catalán renunció a demandar a la empresa de detectives Método 3 por la grabación a cambio de 80.000 euros. La Fiscalía rechazó el acuerdo ya que Método 3 no admitía explícitamente la autoría del espionaje, sino que solo reconocía que dos de sus exempleados fueron los que grabaron colocando un micrófono en un florero del restaurante. Pero el juez dio carpetazo al procedimiento civil. La causa penal terminó igual: en el archivo. Antes ambas mujeres se intercambiaron varios mensajes, desvelados por elDiario.es. “Aguanta, Vicky”, le pidió Sánchez-Camacho.

En su comparecencia ante el Parlament en 2017, Sánchez-Camacho, además de asegurar que no sabía que la grababan, explicó que fue Jorge Moragas, jefe gabinete de Rajoy, quien le puso en contactó con Álvarez. Pero restó trascendencia a las revelaciones de la mujer sobre los supuestos movimientos de dinero en efectivo de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra. “Yo he sido jueza sustituta y soy jurista, y esa información estaba llena de vaguedades. Le recomendé que denunciara, porque era ella quien debía hacerlo”, justificó al dirigente del PP.

Así ocurrió meses después. En el sumario del caso Pujol consta que la propia Álvarez cuenta que es Rafael Redondo, el socio del comisario Villarejo, quien la recoge en la estación de Atocha y la lleva a declarar a la sede de la UDEF. La versión de Álvarez es muy distinta. La exnovia de Pujol Ferrusola mantiene desde hace años que Sánchez-Camacho conocía que la grababan en La Camarga, y destaca que la actitud de la política a lo largo de la comida se dirigió únicamente a obtener información.

Cita con Villarejo

Los audios de la charla de Villarejo con Sánchez-Camacho también constatan que la dirigente del PP mintió en su comparecencia ante los diputados catalanes. Sin mandar a los diputados al psiquiatra como hizo Fernández Díaz, Sánchez-Camacho sí siguió la línea de su mentor político de negarlo todo en referencia a la Operación Catalunya. En realidad sí sabía cosas. Y muchas.

“Lo que dice usted de las cloacas, yo no sé a qué se refiere, porque yo no creo que en ningún caso se haya producido esta Operación Catalunya”, afeó Sánchez-Camacho a la diputada de la CUP Mireia Boya en 2017. Cinco años antes, según se oye en los audios, Sánchez-Camacho había dado a Villarejo el teléfono de Artur Mas y también había instado a investigar a otros empresarios y expolíticos como Carles Sumarroca o Enrique Lacalle, este último cercano al PP.

Ya en 2017 y antes de publicarse los audios de Villarejo, el Parlament no dio credibilidad a las tesis de Sánchez-Camacho. La Cámara catalana, en las conclusiones de la comisión de investigación de la Operación Catalunya, zanjó que tanto Moragas como Sánchez-Camacho “tenían conocimiento” de la Operación Catalunya. La Cámara catalana escribió así el epitafio político en la comunidad de Sánchez-Camacho, cuyo declive ya había empezado dos años antes, cuando abandonó el Parlament.

La dirigente del PP se centró desde entonces en su carrera como diputada en el Congreso, que no abandonó hasta 2019. El nuevo PP de Pablo Casado no la incluyó de nuevo en las listas de las elecciones, pero ahí apareció Isabel Díaz Ayuso para situarla en los puestos de salida de la candidatura 'popular' a la Comunidad de Madrid, repitiendo en los comicios de 2021. Alejada por completo del PP catalán que un día presidió, hoy los conservadores sufren para tener representación en el Parlament, y no son pocas las voces internas que piensan que en parte es consecuencia de los tejemanejes de Sánchez-Camacho.

La subdirectora general de la fundación La Caixa, Esther Planas, ha explicado al juez que la entidad financiera se fiaba de la “buena fe” del Govern a la hora de decidir el destino de los fondos que servían para financiar proyectos sociales, por lo que el banco no sabía que parte del dinero terminó, según sospecha la Guardia Civil, en un pelotazo urbanístico del exconseller de ERC Xavier Vendrell.

Así lo ha sostenido la directiva en su declaración como testigo de este martes ante el juez Joaquín Aguirre en una de las piezas separadas del caso Voloh, que investiga desde los contactos rusos del procés a los negocios personales de expolíticos todavía muy ligados a los actuales dirigentes independentistas, como Vendrell.

Una de las ramas de la investigación es la relativa a la Villa Bugatti, en la comarca del Maresme, donde Vendrell y sus socios gestionaban un negocio de bodas y pretendían hacerse con la propiedad de los terrenos que doblarían su valor una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según han descubierto los investigadores.

Parte del dinero de los convenios entre la fundación la Caixa y el Govern entre 2017 y 2019 se destinó a la fundación El Brot, presidida por Vendrell, y que quería construir en Villa Bugatti una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. Pero los investigadores descubrieron que casi 150.000 euros destinados a El Brot teóricamente para fines sociales sirvieron para pagar facturas de despachos de arquitectos relacionados con el pelotazo urbanístico de Vendrell.

Según la Guardia Civil, tras analizar las facturas por valor de 232.000 euros presentadas a la investigación, hay 149.718,79 euros que “podrían haberse destinado a finalidades distintas” de las del proyecto educativo de El Brot ya que “redundaron en beneficio” de la empresa Maresme Futur, propiedad de Vendrell y un socio suyo arquitecto, el también investigado Jordi S., y que es la firma que aspiraba a hacerse con la propiedad de Villa Bugatti tras la recalificación. Agregó el Instituto Armado que Vendrell y su socio habrían utilizado la fundación El Brot “como un instrumento para financiar actividades” de su empresa, como por ejemplo 110.000 euros en proyectos arquitectónicos de Solé en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y la propia Villa Bugatti.

Para esclarecer el caso, la Guardia Civil propuso al juez tomar declaración al exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y responsable de la firma de los convenios con la Fundación el Brot en 2018 y 2019, Albert Castellanos, así como el otro firmante, el exdirector general de la fundación bancaria La Caixa, Jaume Giró, ahora conseller de Economía, y a la subdirectora general de la fundación, Esther Planas. En 2017 el encargado de firmar los convenios como secretario de Economía fue el actual president, Pere Aragonès.

Por ahora el juez no ha llamado a testificar a ninguno de los cargos políticos. Planas ha sido la primera en comparecer y, según fuentes jurídicas, ha detallado al juez los procedimientos de los convenios para financiar proyectos sociales suscritos entre la fundación La Caixa y el Govern. Primero se firma un convenio marco en el que los departamentos de la Generalitat proponen a la fundación alrededor de 200 entidades sociales a las que financiar sus proyectos.

La labor de La Caixa, ha recalcado la directiva según las citadas fuentes, es comprobar que la entidad a sufragar sea acorde a los objetivos de obra social de la fundación. En el caso de El Brot, al ser una entidad dedicada a la integración educativa de niños con dificultades de aprendizaje, sí cumplía a priori con los criterios. Pero la fundación desconocía el destino final de los fondos para El Brot, ha agregado. En este sentido, la testigo ha recalcado que respecto a los proyectos concretos a financiar, la fundación se fiaba de la “buena fe” del Govern para escogerlos, han agregado las mismas fuentes.

Fuentes de las defensas han remarcado que la testigo ha remarcado que no recibió ninguna presión para otorgar la subvención a El Brot y que, a consecuencia de la investigación penal, se decidió interrumpir los pagos hasta aclarar la situación.

El pelotazo de Villa Bugatti

Al margen de la investigación sobre los fondos de su fundación, sobre Vendrell pesan varios indicios en relación con la recalificación irregular de Villa Bugatti. La Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, están investigados dos de sus socios; el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); el exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y el arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.

El juez Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.

Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.

Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti“, sin licencia e incumpliendo ”reiteradamente“ las normas urbanísticas y sanitarias, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. ”Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años“, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca ”no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso“.

De hecho la Guardia Civil expone en su informe que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.

La Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) descubrió en 2021 un fraude fiscal de 338,5 millones de euros, según ha anunciado este lunes el conseller de Economía, Jaume Giró, en una comparecencia en el Parlament. La cifra supone un récord de dinero aflorado y un incremento del 55% respecto a 2020, cuando esta entidad detectó 219 millones.

Según el Departamento de Economía y Hacienda catalán, el importe mediano por actuación fue de 6.396 euros, una cifra también inédita. Por figuras tributarias, de los 338,5 millones de euros descubiertos, un 43% proceden del impuesto sobre sucesiones y donaciones, un 30% del impuesto sobre el patrimonio y un 26% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Giró ha calificado de “buena noticia” el fraude detectado y ha asegurado que este dinero podrá destinarse a políticas públicas. Ha recordado, además, que la ATC tiene un presupuesto de 85 millones de euros, reivindicando que la inversión en esta agencia ha supuesto que por cada euro invertido se han recuperado cuatro para las arcas públicas catalanas.

El 'conseller' ha afirmado que su objetivo es hacer de Catalunya “un infierno para los defraudadores fiscales”. En este sentido ha destacado la próxima incorporación 20 personas al cuerpo de inspectores y 120 al de gestores tributarios que se sumaran a una plantilla de casi 800 empleados.

Sigue habiendo causas judiciales en cola, pero los líderes independentistas han vivido esta semana una tregua en uno de los frentes que más les preocupaba, el del Tribunal de Cuentas. El organismo ha resuelto aceptar las fianzas avanzadas por el propio Govern para hacer frente a las multas de hasta 5,4 millones de euros impuestas a 34 funcionarios y exdirigentes, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont. La razón ha sido una combinación de factores, entre ellas la aprobación de una nueva ley catalana para autorizarlo pero, también, el cambio de mayorías en el ente fiscalizador. Desde ERC exhiben este aparente éxito como un logro de la mesa de diálogo, mientras en Junts felicitan al conseller de Economía, Jaume Giró.

“Ha salido porque cada parte ha hecho lo que tenía que hacer”, conceden fuentes republicanas que, si bien aceptan que la ley promovida por Giró ha ayudado, argumentan que la palanca decisiva ha sido “mantener la presión al Gobierno”. Una presión que a su juicio se ha concretado en la renovación del consejo del Tribunal de Cuentas, pactada por PSOE, PP y Unidas Podemos en noviembre pasado, y que ha dado una nueva mayoría progresista en el organismo. “En esta negociación nosotros necesitamos la prueba del algodón de que las cosas avanzan. Y lo que ha ocurrido [con los avales] es una prueba de que hay voluntad de avanzar”, resumen fuentes del Govern.

Lo que se vivió este lunes en el Tribunal de Cuentas fue un giro de calado, pues la institución ha pasado en cuatro meses de negar que una entidad vinculada al Govern como es el Institut Català de Finances (ICF) pudiera avanzar los avales a permitirlo. La ley que regula este nuevo fondo de riesgos, aprobada la semana pasada en el Parlament, incluye una disposición que obligará a devolver el dinero si los acusados acaban siendo condenados por sentencia firme, con lo que se trata en todo caso de un alivio parcial. Pero, a corto plazo, soluciona la situación económica de varios exmiembros del Govern, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, a quienes se les reclama una responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior de la Generalitat.

Este lunes la Sala de Justicia del Tribunal quedó dividido por la decisión, en la que acabó imponiéndose la mayoría progresista recién nombrada. Sectores de la derecha interpretaron este cambio de criterio como una concesión al independentismo y desde Ciudadanos cargaron contra el PP, a quien acusaron de haber permitido que la renovación del órgano haya acabado permitiendo que se destinen “fondos públicos al intento de golpe de Estado”. Además este jueves la Fiscalía, que ya descartó imputar a Aragonès y a los consellers Vilagrà y Giró por la operación, ha archivado las pesquisa respecto a los miembros de la Junta de Gobierno del ICF.

En el Gobierno siempre han desvinculado cualquier decisión judicial con lo que se trata en la mesa de diálogo a la que, desde el principio, han marcado como límite el respeto a las leyes. Fuentes socialistas, sin embargo, recuerdan que es cierto que en el Tribunal de Cuentas hay ahora una mayoría progresista que puede ver con otros ojos la cuestión. Más directos son en Unidas Podemos, que vinculan directamente que el Tribunal de Cuentas haya aceptado ahora las fianzas del ICF con el cambio de mayorías. Según defendió Jaume Asens, el cambio de actitud está “relacionado con la renovación”, de la que su grupo participó, porque ha acabado “con la politización” que a su parecer sufría el organismo.

También ERC ha evitado vincular en público la mesa de diálogo con las fianzas del Tribunal de Cuentas. Entre otras razones porque la última vez que Aragonès trazó una relación entre los indultos y la negociación con el Gobierno, sus socios de Junts, empezando por el propio Carles Puigdemont, se le echaron encima. Con todo, en el Govern no esconden su satisfacción por cómo ha acabado encajándose el problema de las fianzas y dejan claro que es el tipo de soluciones que buscan en el diálogo con el Gobierno. “En el ámbito de la represión, tienen que pasar cosas y pasarán”, remachan desde el Ejecutivo catalán sin entrar en detalles.

Pugna con Junts por la autoría de la operación

El pasado lunes, cuando se conoció la decisión del Tribunal de Cuentas de aceptar los avales, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, hizo un tuit felicitando al conseller de Economía, Jaume Giró, a su propio partido y “al trabajo discreto y todo el mundo que lo haya hecho”. Y añadió un dardo: “El ruido y las apariencias de diálogo no ayudan. Nunca. El trabajo decidido y coherente sí”. Un mensaje que enervó a algunos republicanos, que vieron en el mensaje un intento de desgastar la mesa de diálogo.

Quien respondió al dirigente de Junts fue Albert Castellanos, hombre de ERC, actual secretario de Empresa. “Fue tan discreto mi trabajo que se te olvida que como presidente del ICF de entonces fui yo quien firmó los avales. De nada”, lanzó Castellanos. El intercambio sacó a la luz la pugna que los dos partidos mantienen, no solo por la paternidad de los avales, tal y como ocurrió en el mes de julio, sino sobre todo por cuál es la llave para solucionar problemas como el de las fianzas. Los republicanos defienden que el canal de diálogo abierto está sirviendo para “desempedrar el camino”, en palabras que en su día usó el exministro José Luís Ábalos. Para Junts, en cambio, es la confrontación y las acciones que se emprendan desde el Govern.

El propio Giró convocó a los medios tras conocerse la noticia. “Podemos estar satisfechos porque permite a los servidores públicos puedan actuar con libertad”, tras describir el fondo de riesgos como una “medida jurídica y política impecable”. Esto último es algo en lo que los republicanos coinciden aunque, en su caso, subrayan que han sido los servicios jurídicos del Govern los que han trabajado para pulir la ley y que pudiera pasar el filtro del Tribunal de Cuentas.

Si hay un partido con una vida interna especialmente intensa es Junts. En su manifiesto fundacional apuesta “por dejar de lado tensiones, ruidos y desorientación” aunque ese objetivo es algo que de momento no ha pasado de propósito. La transversalidad de esta formación, que puede ser también interpretada a veces como la falta de una definición ideológica, dificulta el día a día en el partido. Todos los dirigentes tienen claro que la aspiración compartida es la independencia de Catalunya pero, como ha evidenciado el episodio protagonizado por Laura Borràs con la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, los discursos no siempre coinciden con las actuaciones. La gestión es mucho más compleja que las proclamas sobre la desobediencia.  

Carles Puigdemont es el presidente del partido pero la distancia no es solo física. Nunca ha sido un político al que haya interesado la vida orgánica y, como recordaba hace unos días ante la asamblea de representantes del Consell de la República, su cargo en Junts no comporta funciones ejecutivas. “No participo en las deliberaciones de la ejecutiva, ni del consejo nacional ni de ningún órgano de decisión”, subrayó. Otra cosa es que el ascendente que ejerce entre los suyos es evidente. Lo hace tanto con las conversaciones privadas como con sus intervenciones públicas y también a través de sus silencios. 

Puigdemont ha hablado para expresar en más de una ocasión su nula confianza en que la vía iniciada por ERC para buscar una salida dialogada al conflicto catalán fructifique. También ha expresado su malestar por la posibilidad de que se pueda utilizar su nombre como moneda de cambio en una negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Nuestro retorno debe basarse en una victoria de los derechos fundamentales, no en un pacto político de un Gobierno que se quiera sacar de encima una evidente incomodidad. Nuestro regreso no pasa por ninguna solución personal, pasa por una solución política”, destacó en lo que pretendía ser un toque de atención a ERC después de que el president, Pere Aragonès, reclamase la retirada de todas las causas abiertas contra los dirigentes que están en Bruselas y Ginebra. Aragonès le había llamado por teléfono para intentar que la bronca desatada por su comentario no se convirtiese en un nuevo incendio con Junts.

Uno de los interrogantes que Puigdemont no ha despejado es si quiere seguir como presidente de Junts, más allá de que sea compatible con presidir el Consell de la República. El expresident es el nombre que aglutina a corrientes muy distintas, en algunos casos enfrentadas y donde los personalismos también influyen. El secretario general, Jordi Sànchez, cada vez sufre una mayor contestación interna. Ocupa el cargo porque lo quiso Puigdemont. Los descontentos con Sànchez ironizan afirmando que el expresident es el mejor líder que se puede tener y el peor jefe de personal. El secretario general mantiene una buena relación con Jaume Giró, el recién llegado que más puntos está ganando dentro y fuera pero que no tiene ni carnet del partido (no ha puesto fecha a su afiliación pero ya ha explicado públicamente que en un acto de honestidad política se dará de alta en Junts). Pero más allá de Giró, tiene pocos nombres de peso que hablen bien de su gestión.

El sector que lidera el exconseller Jordi Turull está enfrentado a Sànchez y su mala relación se ha evidenciado en más de una intervención en las reuniones de la dirección. Turull tiene ascendente entre una parte del Govern y afines repartidos en cargos de distintas conselleries. Algunos dirigentes del partido afirman que si Puigdemont decide dar un paso al lado en el partido se abrirá definitivamente la caja de los truenos para el control del partido y las maniobras para desplazar a Sànchez de la secretaría general.

Otro de los sectores, más prudente siempre en sus movimientos, es el que encabeza el también exconseller Josep Rull. Las relaciones entre la portavoz, Elsa Artadi, y Sànchez también son más que mejorables. Y finalmente, pero no menos importante, es el papel que juega el núcleo que tiene como referente a Laura Borràs. Sería el más próximo a lo que se identificó con el ‘torrismo’ (si es que el expresident llegó a tener corriente propia) y que ve en la presidenta del Parlament a la líder que puede acabar llevando las riendas de Junts. 

El silencio de los dirigentes del partido respecto a la actuación de Borràs en la polémica por el escaño de Juvillà ha sido toda una declaración. Solo Artadi, en tanto que portavoz, expresó el apoyo del partido. Lo hizo en una intervención que levantó ampollas en ERC por haber insistido en que Borràs no actuaba como lo hizo la pasada legislatura Roger Torrent. 

En una formación abonada a los tuits y las proclamas en las redes, solo los más próximos a Borràs se posicionaron claramente y de manera reiterada. La presidenta del Parlament estuvo el viernes pasado en Waterloo y este miércoles, cuando los periodistas preguntaron al expresident por la actuación de Borràs, este se limitó a contestar que se remitía a la portavoz, Elsa Artadi.

Todavía no hay fecha pero la previsión es que Junts celebre un congreso antes del verano. La cúpula actual está pendiente de saber si Puigdemont decide seguir en la presidencia o no. Si opta por dejarla para dedicarse al Consell de la República, el organismo que considera más útil para defender los intereses del independentismo y ganar apoyos internacionales, arreciarán las presiones para que haya cambios en la dirección y eso incluye el cargo de secretario general.    

La ponencia política de los estatutos de Junts establece que la estrategia del partido pasa por “un desgaste del poder del Estado en Catalunya desde todos los niveles institucionales”. Sin querer contradecir esa táctica, algunos dirigentes consideran que la formación también debe hacerse valer en ámbitos donde la antigua Convergència había sido influyente, en especial en los sectores económicos, restableciendo las dañadas relaciones con ámbitos empresariales. También existen dudas sobre si hay que seguir dejando a ERC todo el protagonismo en el Congreso de los Diputados cuando se trate de medidas que no estén directamente relacionadas con el autogobierno. 

El riesgo de dar pasos hacia un mayor pragmatismo es que estos deben calcularse bien. El vicepresidente, Jordi Puigneró, que no acaba de ejercer como hombre fuerte del partido en el Govern, lo está intentando con medidas que no siempre han salido bien, como es el caso de la ampliación del aeropuerto de El Prat, pactada por Junts a espaldas de ERC. También Giró ha dado muestras al aprobar los Presupuestos gracias a los comuns tras el portazo de la CUP. Pero el partido de Puigdemont sabe que mantiene cohesionado a su electorado precisamente por los mensajes de confrontación. De ahí sus críticas a la mesa de diálogo (en punto muerto, como reconocen también en ERC).  

Además, incluso los dirigentes más alejados de Borràs son conscientes de que la presidenta del Parlament es la que más agrada a los sectores del independentismo que podrían calificarse de esencialistas. Es en esa estrategia donde ella se mueve mejor y de ahí que acciones como la de desafiar al propio Govern asistiendo durante unos minutos a una manifestación que Interior había prohibido le permiten mantenerse como la preferida a ojos de muchos votantes de Junts. Que acabe siendo o no la candidata en las próximas elecciones no dependerá solo de ella. El proceso judicial que tiene pendiente, los adversarios que pueda encontrarse en el camino y un posible retorno de Puigdemont si triunfa su estrategia jurídica son elementos determinantes para su futuro y el del partido.

El Govern de Catalunya ha redactado una proposición de ley estatal para garantizar el servicio de cajero automático a los municipios en riesgo de exclusión financiera. Se trata de una iniciativa que quiere garantizar un mínimo de servicios bancarios en los pueblos más pequeños y que se basa en los principios de voluntariedad y subsidiariedad, según ha explicado este jueves en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró. El titular de Economía confía en que salga adelante y reiteró que el texto no prevé “ni un euro público” para las entidades bancarias, que no podrán cobrar comisiones a los municipios en riesgo de exclusión financiera. Asimismo, el texto detalla que el acceso a los servicios bancarios se considera un “derecho ciudadano”.

Giró ha apuntado que el “propósito” del Govern con la proposición de ley es “abrir un debate” sobre la exclusión financiera en Madrid. De hecho, el texto llega después de que el Senado haya aprobado por unanimidad un informe en el que reclama al Ejecutivo español y a los gobiernos autonómicos que aseguren la atención personal a las personas mayores a los bancos y las administraciones. Asimismo, coincide con la campaña “Soy mayor, no idiota”, que reclama un trato “más humano” por parte de las entidades financieras a las personas mayores. Ahora bien, en relación al sector financiero y bancario el Ejecutivo catalán no tiene competencias y por este motivo han optado por impulsar una proposición de ley.

La propuesta del Departamento de Economía establece un marco legal para regular la instalación de cajeros automáticos en los municipios más pequeños. En este sentido, prevé que la implantación sea obligatoria en caso de que no se cubran las necesidades y no se puedan cobrar comisiones -sólo las aplicables a todos los efectos-. El texto consta de 32 artículos, ordenados en tres títulos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Giró ha anunciado que este mismo jueves se pondrá a disposición de los grupos parlamentarios -tanto del Parlament como del Congreso- para encontrar los “máximos apoyos posibles” para que salga adelante.

“No tengo ninguna seguridad de que la proposición de ley acabe en ley”, ha reconocido Giró. “La política es la política”, añadió. En esta línea, ha opinado que el texto “no tiene signo político ni partidista” y ha defendido que ha tenido “buena acogida” entre las entidades municipalistas y las asociaciones de consumidores, con las que se ha reunido a primera hora de la mañana. Asimismo, el conseller de Economia ha explicado que no ha hablado con ninguna entidad bancaria, pero confía en que “no pondrán palos en las ruedas”. “Es una medida asumible, viable, realista y que no pide nada del otro mundo”, ha defendido.

La proposición para combatir la exclusión financiera

La proposición de ley define como municipios en riesgo de exclusión financiera a aquellos que no disponen de una oficina bancaria ni de un cajero automático en el término municipal. De acuerdo con el texto, es en éstos donde será necesario instalar, al menos, un cajero.

En primer lugar, la instalación se prevé voluntaria por parte de las entidades en los municipios que más les convenga y los gastos irán a cargo de las entidades. Ahora bien, en caso de que ninguna entidad quiera asumirlo, se activará el régimen de instalación obligatoria y se realizará un primer requerimiento a las entidades.

Si las entidades no ejecutan la instalación, en una segunda fase el texto prevé que serán las administraciones públicas de carácter subsidiario, es decir, las más cercanas al ciudadano, quienes tendrán que hacerse cargo. En este supuesto la implantación se financiará con cargo a un fondo de nueva creación, el 'Fondo de garantía del servicio de cajero automático a los municipios en riesgo de exclusión financiera', adscrito a la Administración General del Estado. Este fondo se dotará de las aportaciones que realicen las propias entidades en función de su implantación en cada demarcación, que se calculará a partir de la cuota de mercado en depósitos y créditos. Giró ha defendido que sería una “anomalía” que en este punto se destine dinero público.

Asimismo, se priorizará que los municipios en los que sólo se instale un cajero automático tengan “cerca” una oficina bancaria de la misma entidad. Las condiciones en relación con los cajeros también establecen que tendrán que estar operativos las 24 horas del día de cada día del año y tendrán que prestar las funciones básicas. El mantenimiento correrá a cargo de las entidades proveedoras.

Reducción “notable” de los servicios financieros básicos

Todo ello ha llegado después de que el Departamento de Economía haya registrado una reducción “notable” de los puntos de acceso a servicios financieros básicos. Así, desde 2008 en Catalunya 5.582 oficinas bancarias han bajado la persiana, un 68% de las existentes, según cálculos de la conselleria. Asimismo, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces, Catalunya es la comunidad autónoma donde más ha disminuido el número de oficinas en este periodo.

Giró aseguró que son unas cifras “preocupantes” y aseguró que “aún hay tiempo” para revertir el problema.

Las entidades municipales consideran que es “un paso adelante”

La proposición de ley se ha anunciado después de que Giró se haya reunido con varios representantes de entidades municipalistas y asociaciones de consumidores, que han valorado “muy positivamente” la propuesta.

“Estamos hablando de un tema social. Esta iniciativa tiene todo nuestro apoyo”, apuntó el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Lluís Soler, quien recordó que un 48% de los municipios catalanes no tienen oficina bancaria ni ningún punto de acceso a efectivo. En este sentido, aseguró que los cajeros son un “recurso básico” para revertir la exclusión financiera y pidió “complicidad” a los partidos políticos del Congreso.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Municipios de Catalunya y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, consideró que la exclusión financiera es “un problema grave”. Fonollosa ha denunciado que la gente mayor está “maltratada” por las entidades financieras y ha considerado que la proposición también puede ser una “herramienta” para frenar el despoblamiento. “La iniciativa es muy acertada”, ha subrayado.

El presidente de la Asociación de Micropueblos de Catalunya y alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, ha apuntado que los micropueblos son quienes “más” sufren la exclusión financiera porque a las entidades financieras no les es viable instalarse en territorios con pocos habitantes. En este sentido, reconoció que es “muy difícil” que en estos municipios se implanten oficinas, pero celebró que exista la posibilidad de acceder a un cajero automático. Urrea ha apuntado que, paralelamente, deberá formarse a la gente mayor para que aprendan a utilizarlos en su día a día. Asimismo, ha criticado que hoy en día hay entidades que les hayan ofrecido instalar cajeros, siempre que sean financiados por los ayuntamientos.

Presupuestos aprobados a lado y lado de la plaza Sant Jaume, sede de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona. Las dos instituciones han sacado adelante este jueves sus cuentas gracias a una alianza mutua entre ERC y los comuns, que se han intercambiado sus apoyos para los ejecutivos que gobiernan cada uno. En Catalunya el proyecto económico entrará en vigor el 1 de enero, un hito que la comunidad no conocía desde hace más de cinco años, y supondrá un aumento presupuestario de más de un 17% respecto a lo presupuestado el último año.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha sacado pecho por unas cuentas expansivas y que ha asegurado que dan respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia y la situación económica. El aumento de fondos del que dispondrá Catalunya para el año que viene se explica por la llegada de los fondos europeos Next Generation, junto a la mejora de la recaudación y del margen del déficit. Todo ello permitirá al Govern disponer de 5.618 millones nuevos respecto al proyecto de 2020, las últimas cuentas que se aprobaron. Además, dos de cada tres de los nuevos euros presupuestados se repartirán entre sanidad, educación y política social.

Finalmente la agenda económica ha salido adelante con la abstención de En Comú Podem, suficiente para aprobar las cuentas después de que la CUP se hubiera descolgado de la negociación. Esta salida de los anticapitalistas del bloque que da apoyo al Govern ha sido una de las cuestiones que se ha reiterado en el discurso de los diputados independentistas. Por parte del Ejecutivo continuan asegurando que ven en la CUP un aliado preferente, pero por parte de esta formación la diputada Eulàlia Reguant ha negado que lo sean. “Desde la investidura no nos hemos puesto de acuerdo en nada importante”, ha subrayado, tras considerar que es el Govern quien se aleja de los objetivos independentistas.

Por su parte, los comuns han negociado en las últimas semanas para acabar de cerrar los últimos flecos en el proyecto de presupuesos catalanes. El acuerdo final garantiza un retoque fiscal para reducir el tipo impositivo del IRPF para todos los contribuyentes con retas por debajo de los 21.000 euros, y de la que también se beneficiarían ligeramente aquellos trabajadores que cobran hasta 35.000 euros, mientras que se aumentan ligeramente para el resto. A petición de En Comú habrá también un aumento en la inversión en ferrocarriles o partidas específicas para la salud mental.

Pero la principal victoria de los comuns en esta negociación ha sido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde han conseguido mover a ERC de la oposición a la abstención a las cuentas de Ada Colau. El consistorio contará con un nuevo presupuesto que aumenta en más 3.400 millones de euros las cuentas para 2022, gracias al apoyo de los dos grupos del Ejecutivo, comuns y PSC, y Barcelona pel Canvi, el partido de Manuel Valls, que finalmente se ha movido para que la abstención de ERC no fuera decisiva. Pese a esto y como ya había anunciado el republicano Ernest Maragall ha optado por abstenerse.

El Ayuntamiento también ha sacado adelante las nuevas ordenanzas fiscales para el próximo año. Unas medidas que prácticamente congelan los impuestos para 2022 y mantienen la bonificación del 75% en la tasa para las terrazas. Unos presupuestos “coherentes”, según ha destacado el primer teniente de alcaldía de Economía, Jaume Collboni, quien ha destacado el aumento del 4,7% del gasto total, algo que ha calificado como “histórico”.

Hay muchas frases de su idolatrado Cruyff que servirían para entender la estrategia que Jaume Giró está siguiendo en el Govern y que le han convertido en el conseller más reverenciado por Junts y ERC. Que ambos partidos se pongan de acuerdo en algo no es fácil y si se trata de elogiar a alguien, en el caso de los republicanos a un adversario, aún tiene más mérito. Del lapidario del entrenador del Barça, la expresión que mejor resume la estrategia que el titular de Economía está siguiendo es la de “si no puedes ganar, asegúrate de no perder”. Esa es la táctica que siguió para negociar los Presupuestos y no le ha salido mal. 

Giró llevaba tres meses hablando con la CUP para dibujar unas cuentas que pudiesen contar con su apoyo. Es un conseller que había sido director ejecutivo de Caixabank y posteriormente, entre el 2014 y el 2019, director general de la Fundación Bancaria La Caixa. Fue el nombre más sorprendente cuando se anunció la composición del Govern, es el conseller con más patrimonio y a priori el más alejado de las asambleas de los anticapitalistas. Aun así, se sentaron con la diputada Eulàlia Reguant, encargada de negociar en nombre de la CUP. Ambos sabían que no sería fácil cerrar un pacto. 

Paralelamente a sus contactos con los cupaires, el titular de Economía ejerció de 'doctor no', apodo que comparten todos los responsables de finanzas de una administración porque entre sus tareas desagradecidas está la de negar lo que a veces piden el resto de departamentos. Se reunió con todos los consellers con el propósito de repartir equitativamente las insatisfacciones pero a la vez intentando asegurar que a nadie le faltase lo que se considera necesario. 

El lunes 15, un día antes de que el Govern aprobase las cuentas, los cupaires le enviaron un documento titulado “punto de partida”. Que después de tantas semanas ese fuese el epígrafe ya permitía anticipar que la cosa no acabaría bien. Por eso Giró salió en rueda de prensa tras el Consell Executiu proclamando que habría “Presupuestos o Presupuestos”, que fue su manera de avisar a la CUP de que si no era con ellos sería con otro grupo. A los anticapitalistas les molestó y mucho que el conseller decidiese llevar las cuentas a la aprobación del Govern antes de tenerlas cerradas con ellos. El margen de maniobra se estrechaba y más cuando se había explicado que la idea inicial, el planteamiento en la pizarra, era ponérselo fácil a los cupaires. 

ERC había pactado con los anticapitalistas que el apoyo a la investidura de Pere Aragonès incluía su voto favorable al presupuesto que presentase el Ejecutivo. Pero a la primera de cambio tocaba activar el plan b. Para los republicanos no había otro que llamar a los comuns. En Junts no había unanimidad. Unos eran partidarios de insistir con la CUP (pese a que su militancia por dos veces dijo que había que bloquear las cuentas) mientras que otros reclamaban pactarlos directamente con el PSC con el argumento de que su modelo de país y su estrategia económica es más parecida a la de los posconvergentes y para muestra la frustrada ampliación del aeropuerto de El Prat. Giró no tenía claro qué era mejor. De lo que no tenía dudas era de que los Presupuestos debían salir adelante. A quien quería escuchar le repetía que un gobierno serio y responsable aprueba sus cuentas. Él y otros en el Ejecutivo catalán lo comparan con la situación de Pedro Sánchez, a quien es probable que no le haga una especial ilusión tener que acordarlos con ERC y Bildu. 

El tiempo apremiaba y pese a los aspavientos públicos de varios dirigentes de Junts, ERC convocó una reunión el domingo 21, a horas de que se votasen las enmiendas a la totalidad, de las que dependían que se pudieran tramitar los Presupuestos. Junts anunció que no estaría en un encuentro que era decisivo para el Govern del que forma parte. Lo que se supo después es que esa misma tarde y también en el Palau de la Generalitat estaban reunidos el president y el conseller de Economia. La secretaria de Aragonès llamó a la de Giró y no hubo respuesta. Después el contacto fue entre los respectivos jefes de gabinete y tampoco funcionó. Finalmente fue el propio Aragonès quien descolgó el teléfono para reclamar la presencia de Giró. Este, obligado por la lealtad de todo conseller al president, acudió al encuentro. Y obligado a la lealtad de partido avisó al secretario general de Junts, Jordi Sànchez, de su cita. Habló con Sànchez  antes de llegar a Palau y después de salir de la reunión para informarle de cómo había ido.

La reunión con Aragonès

En el encuentro, el president le formuló una pregunta: “¿Sigues pensando que Presupuestos o Presupuestos?”. La respuesta de Giró fue afirmativa aunque introdujo un matiz y era que siempre y cuando no se diese a los comuns nada que se hubiera negado a los cupaires.  

ERC y comuns cerraron un pacto barato puesto que el Govern no ha tenido que renunciar a ninguno de sus proyectos. Lo que buscaba y consiguió el partido de Ada Colau era garantizarse que los republicanos facilitasen las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona y ganar protagonismo en el Parlament. “Ha sido una negociación leal”, resumen en el Ejecutivo catalán. Los anteriores Presupuestos, con Quim Torra, también se acordaron con los comuns aunque ahora incluso el mismo expresident, para afear a ERC su estrategia, insiste en que la situación no es comparable.  

Giró mantiene una buena relación con Aragonès y no se ha posicionado en las guerras internas de Junts. Es de los que cree que entre el electorado de ERC y el de su partido hay muchas menos diferencias que las que a menudo muestran sus dirigentes en entrevistas o intervenciones en el Parlament. Eso sí, los que le conocen apuntan que si un día detecta que el president ha jugado sucio con Junts se convertirá en su peor pesadilla.  

De momento, y fiel a la filosofía Cruyff, ha confesado a sus allegados que está disfrutando. Trabaja más que antes y ahora su mujer tiene que ver sola las series después de cenar porque él se dedica a leer informes o prepararse las intervenciones en el Parlament, esas cuartillas manuscritas que su equipo después intenta transcribir para las notas de prensa. La carrera de Periodismo y las matrículas de honor en la asignatura de Historia le ayudan a tener titulares preparados en las respuestas a la oposición o a citar desde la tribuna las peleas entre mencheviques y bolcheviques y recordar que lo de la papelera no lo inventó la CUP para Artur Mas porque la frase hay que atribuírsela a Trotsky cuando tras la toma del Palacio de Invierno, en 1917, le espetó a Yuli Martov aquello de “¡id a donde pertenecéis: al basurero de la historia!”.

Junts lleva su presión al límite y este domingo optó por no acudir a la reunión que el Govern mantuvo con los comuns. El objetivo del encuentro era negociar la retirada de la enmienda a la totalidad a las cuentas que se votará este lunes en el Parlament, después de que la CUP confirmase que votaría en contra de tramitar el proyecto de ley. Ante esta situación, el Govern activó la vía de En Comú Podem, con quienes han celebrado algunos encuentros. Este domingo sin embargo, la Ejecutiva de Junts optó por retirarse de las negociaciones y que el conseller de Economía, Jaume Giró, no acudiera al encuentro.

“El conseller ha hecho muy buenos presupuestos, para la reactivación del país, que son los que se han negociado. Las nuevas conversaciones de Esquerra con comuns son más a nivel político y no tanto a nivel presupuestario”, explican fuentes de Economía. Tras la decisión de la dirección del partido, ningún miembro de Junts, ni al nivel del Govern ni de los partidos estuvo en la reunión.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, compareció en rueda de prensa para explicar su desmarque a la negociación. “Los presupuestos presentados por el conseller Jaume Giró son unos buenos presupuestos para hacer avanzar la mayoría independentista, por un lado, y para poner las bases para salir de la situación generada por la pandemia”, ha asegurado, tras lo que ha llamado a todas las formaciones a hacer “un acto de responsabilidad” para permitir las cuentas.

Sin embargo justificó que no haya negociación con En Comú Podem por la distancia ideológica con sus políticas sociales. “Junts no sacrificará unos buenos presupuestos para incorporar políticas que nos pueden abocar a repetir políticas que no nos gustan. No tomaremos políticas del Ayuntamiento de Barcelona para que estas nefastas políticas afecten al conjunto del país”. Sànchez además negó que las cuentas vayan a someterse a un “giro de 180 grados” como había dicho la líder de los comuns Jéssica Albiach.

Pese a la ausencia de Junts, poco después de las 20 horas de la tarde el Govern enviaba un comunicado en el que ha asegurado que las conversaciones con los comuns han sido productivas. Ambas partes se han emplazado a seguir en contacto en las siguientes horas para llegar a un acuerdo que permita dar vía libre a las cuentas. El plazo para conseguir tramitar las cuentas expira este lunes. El president ha convocado además una reunión de urgencia del Govern para este lunes a las 8:30 de la mañana para “compartir el estado de las negociaciones” tras las nuevas divergencias en su Ejecutivo.

La parte de ERC en el Govern ha manifestado “malestar y sorpresa” por el desmarque de Junts. Fuentes del Palau de la Generalitat han indicado a la ACN que no entienden esta decisión y consideran que ahora la negociación está en manos de los republicanos. Estas mismas fuentes destacan que la ausencia de Giró es sorprendente ya que fue su conselleria la que convocó la reunión. De todos modos, Efe adelantó que este mismo domingo por la tarde, y mientras tenía lugar el encuentro con los comuns, Aragonès y Giró mantuvieron otra reunión, también en el Palau de la Generalitat.

La decisión tomada por Junts va en la línea ya marcada por el partido en la reunión del pasado martes, tras conocer que la CUP presentaría una enmienda. En ese momento los socios del Govern chocaron sobre el camino a seguir, ya que si bien ERC apostaba per acudir a ver a los comuns, Junts era más partidario de aceptar una abstención del PSC que consideraban que sería “gratis”.

El Govern de Pere Aragonès ha presentado sus primeros presupuestos sin tener aún los apoyos necesarios para aprobarlos en el Parlament. ERC, con más convicción que Junts, no quiere plantearse otra opción que no sea la de contar con la ayuda de la CUP. Los republicanos apelan a la coherencia para preservar la mayoría independentista que facilitó la investidura de Aragonès. Pero en las filas anticapitalistas no están por la labor, al menos de momento. 

En ERC aseguran que su estrategia pasa por estar “en medio”, según expresión de uno de sus máximos dirigentes. Lo que buscan es tener en el Parlament el apoyo de los anticapitalistas y en Madrid ser los socios preferentes del PSOE. Un equilibrio que sobre el papel aguanta pero que no tiene en cuenta una variable que nunca hay que olvidar en la política catalana: la CUP es imprevisible y sobre todo lo son sus bases. Y es la militancia de los 'cupaires' la que decidirá este fin de semana su voto. Se han convocado distintas asambleas, entre el viernes y el domingo, para tomar la decisión. La foto de la más famosa, la del empate a 1.515 sobre la investidura de Artur Mas, aún persigue a esta formación. Casi seis años después, la militancia decidirá pero no se reproducirá una imagen como aquella.   

Si gana la opción de presentar una enmienda a la totalidad, estaremos ante el primer punto de inflexión de la legislatura puesto que la tramitación de las cuentas pasará a depender del PSC y los comuns. La alternativa sería prorrogar las del 2020 o lo que es lo mismo, certificar el primer gran fracaso de este Ejecutivo. Los socialistas se han ofrecido a apoyar los Presupuestos “a cambio de nada”. En el Govern hacen ver que no lo han escuchado pero saben que puede ser su salvavidas. Los comuns también les han tendido la mano y en su caso reclaman a cambio el apoyo de los independentistas a las cuentas de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Con una abstención de sus ocho diputados en el Parlament ya sería suficiente para aprobar las del Govern.

ERC y Junts tienen una semana para intentar convencer a la CUP. En los Presupuestos se han incluido algunas partidas para intentar satisfacerlos. A modo de listado breve serían la gratuidad de la etapa de P2, un refuerzo de la atención primaria, el incremento de la partida de Cultura en un 30%, los 750 millones de euros en políticas de vivienda, una inversión inicial para impulsar el plan piloto para la renta básica universal y el anuncio de la apuesta por una energética pública. “Tres de cuatro euros se destinarán a inversión social”, subrayó Jaume Giró, en el que es su bautizo de fuego como conseller de Economia. 

Ese es el punto de salida y ahora tienen lo que resta de semana para persuadir a la militancia de las bondades de estas medidas. No es descartable que se negocie alguna más puesto que los 'cupaires' ya han dicho que con esto no es suficiente. No les gusta la letra ni tampoco la música porque el Govern no renuncia a grandes proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat o la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos. 

Calendario con un ojo en Madrid

Con el calendario que el Ejecutivo se ha fijado, en 10 días se votarán las enmiendas a la totalidad. Es el plazo para saber si Catalunya se queda o no sin Presupuestos, unas cuentas que gracias a los fondos europeos son los más expansivos de la historia. Son 5.600 millones más que los anteriores y dos tercios estarán destinados a inversiones en educación, sanidad y políticas sociales. Es una cantidad y un reparto que pueden facilitar el apoyo de socialistas y comuns.   

El PSC quiere hacerse valer sin estridencias, acorde con el tono que utiliza habitualmente su líder, Salvador Illa, en el Parlament. Que se rompiese la mayoría independentista en una ley como los Presupuestos sería un tanto para los socialistas y, aunque ERC no quiere ni oír de vasos comunicantes, la tramitación de las cuentas de Sánchez y las de Aragonès transcurre en el tiempo prácticamente de manera paralela. 

Además de ganar protagonismo, el PSC aspira a demostrar que su oposición no tiene nada que ver con la que ejerció Ciudadanos en la pasada legislatura, cuando la formación naranja lideraba este espacio. Los socialistas, a diferencia del partido de Inés Arrimadas, están negociando con los independentistas la renovación de organismos como la cúpula de la radio y televisión públicas o la Sindicatura de Greuges.       

En la previsión más optimista del Ejecutivo, sea gracias a la CUP, el PSC o los comuns, los Presupuestos podrían quedar aprobados de manera definitiva el 23 de diciembre. Pero si cualquier grupo decide llevarlos al Consell Consultiu, algo habitual, ya no podrían estar vigentes hasta finales de enero del 2022. El retraso puede ser una posibilidad. Lo que no debería ser una opción y es algo que el conseller Giró ni contempla es dejar a Catalunya sin unos nuevos presupuestos. De ahí que ya haya acuñado un nuevo eslogan: “Presupuestos o Presupuestos”.