El Parlament aprueba el fondo para pagar los avales del Tribunal de Cuentas a los políticos independentistas

El Parlament ha aprobado por amplia mayoría el proyecto de ley que permitirá la creación del nuevo Fondo de Riesgos de la Generalitat, dotado con 10 millones de euros y que servirá para adelantar el dinero que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat durante el procés. La cantidad reclamada por el organismo asciende a 5,4 millones de euros, que ya fueron depositadas en su día por el Institut Català de Finances (ICF), y que ahora el Ejecutivo devolverá gracias a este fondo.

La nueva ley ha contado con los votos favorables de una mayor abrumadora del pleno, al reunir a los diputados del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns. Todos ellos han coincidido en los beneficios de que los altos cargos al servicio de la Generalitat tengan cubiertas de forma íntegra sus eventuales responsabilidades patrimoniales por razón de su actuación en el ejercicio de su cargo. En el lado del 'no' se han colocado Vox, Ciudadanos y el PP, quien han considerado que se trata de burlar al ente fiscalizador.

Para el conseller de Economía, Jaume Giró, la creación del fondo supone una protección para el personal de la administración catalana porque evita “represalias contra personas que ejercen legítimamente las funciones de sus cargos”. Giró además se ha mostrado convencido de que el Tribunal de Cuentas acabará aceptando los avales “por sentido común y justicia”, según ha dicho.

Los socialistas han apoyado la norma por considerarla positiva, aunque han remarcado que de su redactado no se desprende ninguna impugnación a la actuación del Tribunal de Cuentas. Para el diputado del PSC Jordi Riba, esta ley establece una cobertura para donde las pólizas ya contratadas no llegan, pero no tiene por objetivo luchar contra “una supuesta represión del Estado”, entre otras cosas porque, tal como ha indicado, prevé su devolución.

Pero estas salvaguardas no han convencido a los tres partidos de la derecha anti-independentista, que entiende que la norma está hecha “a medida” de las necesidades de los líderes independentistas. El diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco ha asegurado que este fondo es un “fraude de ley” porque “rescata a políticos que atentan contra el ordenamiento jurídico”.

La nueva ley establece que la Generalitat asuma los “riesgos no cubiertos” por otras pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable, siempre que estos riesgos se asumieran en el ejercicio del cargo. Además, el fondo se extiende más allá de los funcionarios y afecta a “todas a personas que tengan, o hayan tenido, la condición de personal al servicio de la Generalitat, incluidos altos cargos y miembros del Govern”. La creación del fondo se aprobó en julio pasado, pero el Consell de Garanties Estatutàries hizo observaciones de mejora, por lo que finalmente el Parlament optó por tramitarlo como proyecto de ley con estos cambios.

Aunque inicialmente el Govern adelanta la factura de los avales, la ley establece la obligación de que los altos cargos devuelvan todos los fondos cuando haya pronunciamiento judicial firme. Es decir, las multas derivadas de malas prácticas o delitos acreditados correrán a cargo del multado, por lo que la Generalitat solo actuará como avalista.