La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a volar la semana que viene a China. En la agenda tiene marcadas reuniones con varias empresas, ante las que quiere presentar Galicia como un destino atractivo de inversión, y actos de promoción turística. Este viaje en busca de contactos en el país asiático coincide con jornadas en las que el partido del que forma parte Rueda, el PP, ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita institucional allí, donde se ha reunido con el líder chino, Xi Jinping. “Si su defensa de la democracia y los derechos humanos fuera tan sincera como proclama, ¿no creen que el señor Sánchez tendría que tener mucho más claro quiénes son nuestros verdaderos aliados?”, preguntó ayer lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, tras la reunión del comité de dirección del partido.

El viaje pretende, según publica Europa Press citando fuentes del Gobierno gallego, trabar relaciones comerciales y en materia de turismo que puedan suponer un beneficio para el sector productivo gallego. Rueda presentará Galicia como un destino estable para posibles inversiones: “Es un territorio seguro que presenta ventajas competitivas para la captación de inversión foránea y la implantación de nuevas líneas de negocio”.

La visita va a modificar la agenda del Parlamento gallego. La sesión de control al presidente se va a adelantar al martes, cuando suele celebrarse en miércoles. Rueda, que va a estar acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, va a visitar Shanghai y Pekín, en donde se va a reunir con empresas como SAIC Motors, Anji Logistics, Hasco o Qingtao. Lorenzana, que irá un día antes, se desplazará a la ciudad de Hangzhou y tendrá encuentros de trabajo con Citic Group, además de con altos cargos de la ciudad y de la provincia de Zhejiang.

Fuentes del Gobierno gallego señalan que el viaje forma parte de los contactos que mantiene la administración autonómica en busca de oportunidades de cooperación entre Galicia y China. El pasado mes de septiembre hubo un foro de empresas de ambos lados en Santiago de Compostela. Según los datos de la Xunta, 190 empresas gallegas están presentes en China de manera permanente. El otro interés de la visita es promocionar el Camino de Santiago, en el contexto del Xacobeo 2027. Además, la próxima semana llegará a Galicia un grupo de agentes de viaje chinos invitados dentro de una acción promocional.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado en que el exconselleiro Alfonso Villares, que dimitió tras ser denunciado por agresión sexual -una denuncia que ha quedado archivada-, tiene abiertas las puertas para volver a la política. “No tendría problemas para volver a la vida pública”, manifestó y señaló que la decisión, en realidad, depende solo del propio Villares.

La dimisión la anunció el exconselleiro en junio de 2025. Aunque él habló de una cuestión que afectaba a su “esfera estrictamente personal”, se confirmó inmediatamente que la denuncia era por una agresión sexual. No solo eso, fuentes de la administración gallega confirmaron también entonces el nombre de la denunciante. Unos meses después, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que el caso quedaba archivado por “falta de indicios”. Los jueces que redactaron el auto señalaron que la investigación había sido “amplia y minuciosa”, sin que se hubiesen encontrado “indicios bastantes para procesar” a Villares, una postura que compartió la Fiscalía.

Con este resultado en la investigación judicial, Rueda reiteró que no tendría inconveniente en volver a contar con Villares, del que dijo que “era un buen servidor público”. Además, ha pedido a quienes cargaron contra Villares y el proceder de la Xunta -el propio Rueda era conocedor de la denuncia meses antes de la dimisión, que se produjo cuando el Tribunal Superior de Xustiza comunicó al exconselleiro su condición de investigado- que pidan disculpas ahora “con el mismo énfasis”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha lamentado este jueves que el absentismo laboral supone un coste “enorme” para las empresas y ha instado a las administraciones a “poner toda la carne en el asador” para hacer frente al “desempleo estructural” en Galicia. “Hay quien confunde absentismo con tener derechos”, ha aseverado. “No. Yo creo que no estamos en esa dinámica. Algunos sindicatos han denunciado que se mezcle la baja médica con los permisos legales, las cuestiones de conciliación familiar, con fraudes. Son cuestiones diferentes, y cada cosa hay que ponerla en su sitio”, ha señalado este jueves en su intervención durante la presentación de la jornada Observatorio CEO sobre capital humano celebrada por la Confederación de Empresarios de Ourense.

En este sentido, Vieites ha lamentado que cerca de 95.000 personas “no han ido a trabajar todos los días” en España y se ha referido a unos “datos alarmantes” y a una situación “insostenible” también en Galicia, cifrando ese dato en un total de 1.117 personas.

“Vamos por mal camino en esta cuestión. Esto es insostenible, no solo ya por el coste que tiene para la seguridad social, sino también por el coste que tiene para las propias empresas”, ha señalado, y ha subrayado que estos “desequilibrios estructurales” suponen un “perjuicio enorme para la buena marcha de la economía”.

En esta línea, el presidente de la patronal gallega ha incidido en la necesidad de “reforzar” los medios de atención primaria para “reducir listas de espera que alargan las bajas”, así como revisar procesos de incapacidad temporal con “criterios objetivos” y una “mejor coordinación” del sistema sanitario, las mutuas y las empresas.

“Es necesario un diálogo social e inclusivo, donde las preocupaciones de personas trabajadoras y empresarios se enfrenten de forma responsable y no con trincheras ideológicas”, ha destacado.

Plan de control

Todo ello después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzase este pasado miércoles en el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) que presentará “en las próximas semanas” un programa “integral” que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales.

En concreto, se trata de una iniciativa que pondrá el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de “psiquiatría menor”, y que prevé, además, “reforzar el papel de las mutuas” en la revisión de las incapacidades temporales.

Ante dicho anuncio del Ejecutivo gallego, el presidente de la patronal ha celebrado un plan de funcionamiento que “puede beneficiar enormemente” a la situación que atraviesa la comunidad autónoma, en palabras de Vieites, así como a la demanda de empleo en sectores la hostelería, el transporte, el servicio, la industria o la construcción, que “no logran cubrir puestos de trabajo”.

“Ahí es donde tenemos que trabajar todos. En no permitir un absentismo que multiplica costes, limita crecimiento y deteriora la competitividad de las empresas, probablemente en plena carrera para atraer inversiones y reindustrializar a la comunidad autónoma de Galicia”, ha añadido.

Algo en lo que también ha incidido el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en su intervención, en la que ha incidido en que las palabras del presidente autonómico no respondían a un intento de “tachar a los trabajadores de defraudadores”, sino una iniciativa “para empresarios y sindicatos”.

“Tenemos que poner en el margen medidas que afectan a la administración autonómica y a la estatal. Esto depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y buena parte de lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver con modificaciones legislativas que han venido a través de decretos y de ciertas leyes estatales”, ha recalcado González.

En este sentido, el titular de Comercio ha señalado que dicho plan se presentará “en el curso de los próximos dos meses”, tras la aprobación del decreto de diálogo social en el Consello de la Xunta, a partir de lo cual se convocará mesa con empresarios y trabajadores para “poner encima de esa mesa” las propuestas de la Xunta, así como para “escuchar” las de empresarios y trabajadores.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Alfonso Rueda ha decidido dar por bueno el discurso sobre el absentismo de la patronal y conceder la categoría de “asunto urgente” a la gestión -para tratar de reducirlas- de las bajas laborales de los trabajadores gallegos. El presidente de la Xunta aprovechó su intervención en el debate sobre el estado de la Autonomía para calificar la cuestión de “problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia” y anunciar que su gobierno va a poner en marcha “un programa integral de abordaje” que va a tener como una de sus medidas la creación de una unidad que va a controlar lo que, en realidad, ya revisan los médicos: las incapacidades temporales. Y se va a centrar en las más habituales, que son las motivadas por lesiones musculoequeléticas y lo que Rueda denomina asuntos de “psiquiatría menor”.

El presidente gallego puso el foco en el impacto de las bajas en las cuentas empresariales en el mismo discurso en el que insistió en afirmaciones sobre la buena marcha de la economía gallega y su mercado laboral -con un paro en las cifras más bajas de los últimos 20 años, resaltó-. Aseguró que Galicia es la segunda comunidad con más jornadas “perdidas” por incapacidades temporales y con más duración media de las mismas, con unos 60 días de promedio. Siguió con esta línea argumental para afirmar que las “pérdidas” son de 2.200 millones de euros. Así que consideró que “hay mucho margen de mejora” y que el deber de la Xunta es reforzar la vigilancia. En los dos años que lleva de mandato ya puso en marcha un ensayo -se revisaron 130.000 casos y algo más de 30.000 trabajadores fueron dados de alta-, pero ahora anuncia que va a “pisar el acelerador”.

Además de las unidades especializadas para controlar las bajas más frecuentes, la Xunta va a reforzar a las mutuas privadas. Rueda indicó que, si hay una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar y solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para confirmar si debe o no reincorporarse. También va a permitirles hacer una tramitación global de todas las pruebas médicas que requieran, en lugar de que las tengan que solicitar de una en una, dijo. Añadió que todo este plan se va a plantear en el diálogo social, con patronal y sindicatos, a los que ya lanzó la advertencia de que espera que no caigan en “demagogias”.

Lo que no citó Rueda en su discurso fueron las posibles causas para que en Galicia haya bajas más largas que la media estatal o los motivos para el incremento de las incapacidades temporales, que los sindicatos relacionan con el acceso a atención médica, las amplias jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas. Tampoco se refirió al informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) que muestra que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia -fueron 27.553-, en especial en la industria. El avance del Ministerio de Trabajo de los datos entre enero y diciembre del año pasado indica que la subida gallega de siniestralidad laboral fue la segunda más acusada entre las comunidades. Solo Asturias registró un dato peor, del 3,3%.

Las promesas para atención primaria

El presidente gallego se detuvo en uno de los agujeros de la gestión de la Xunta: una sanidad en la que empeoran todos los indicadores de demoras y que ha encadenado conflictos en los últimos años. Lo hizo para, primero, echar balones fuera y repetir que, si los últimos datos han empeorado, se debe a la huelga de médicos convocada en todo el Estado en reivindicación del estatuto marco. Sin embargo, ha minimizado el impacto de los paros registrados en Galicia contra políticas específicas de su gobierno: dijo que la que mantuvo el sindicato gremial O'Mega en atención primaria tuvo un seguimiento del 5% y que la que sigue, convocada por la CIG, parte de “un sindicato que, por lo general, no quiere llegar a acuerdos”.

Rueda volvió a admitir, como suele hacer, que el de la sanidad es un ámbito en el que hay margen de mejora y lanzó varias promesas para la atención primaria. Una de ellas es la de reducir el papeleo que tienen que hacer los médicos de familia, para lo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene previsto crear una unidad especial que se centrará en las cuestiones burocráticas. Otra es limitar las agendas para que estos profesionales no tengan que atender a más de 30 pacientes dentro de la jornada ordinaria. Y también avanzó que la Xunta va a crear una Dirección Xeral de Atención Primaria.

Subida de la renta que puede acceder a vivienda pública

El presidente reservó para el debate anuncios también en materia de vivienda. La Xunta va a subir de nuevo -lo hizo ya en 2025- el tope de renta para poder acceder a una vivienda pública, que es la que está pensada para los hogares con ingresos más bajos. El límite va a pasar a ser hasta cuatro veces el IPREM. Ha puesto un ejemplo que lo que va a significar: una pareja con un hijo tiene ahora un tope de 2.250 euros brutos mensuales para poder acceder a este tipo de vivienda y va a pasar a 3.500. En el caso de las familias numerosas el tope va a ser 4,5 veces el IPREM. La otra novedad es que el Gobierno gallego va a reservar el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años.

La Xunta va a insistir en las rebajas de impuestos, que considera que “crean dinamismo”. En lo que va de legislatura, dijo, son 1.100 millones de euros los que han dejado de ingresar las arcas públicas gallegas por estas bajadas fiscales. La siguiente va a ser una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las operaciones con viviendas protegidas.

El discurso de Rueda no citó el nombre de Altri directamente, pero sí se detuvo en las críticas a la planificación eléctrica del Estado, a la que la Xunta atribuye tener que haber dado carpetazo al proyecto de macrocelulosa, que provocó un fuerte rechazo social y manifestaciones históricas. Rueda dijo que no incluir la conexión que necesitaría Altri fue una maniobra política. En materia industrial, reafirmó la apuesta por los también muy contestados proyectos de minería y avanzó que habrá este año otro concurso de derechos mineros, después de que el del año pasado quedasen desiertos la mayoría de los ofrecidos.

Su única referencia al sector eólico fue la de reiterar que la Xunta seguirá defendiendo los proyectos en el mar y en tierra. “Vamos a seguir apostando por una eólica terrestre ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, manifestó. Precisamente el argumento del posible daño ambiental irreversible ha parado varios de los planes que están en marcha en Galicia para instalar aerogeneradores. El sector acaba de recibir una nueva sacudida con el anuncio reciente del traslado forzoso de dos jueces de la sección del Tribunal Superior de Xustiza encargada de revisar estos litigios.

Rueda dedicó los minutos finales de su intervención en el debate de política general a proponer que la marca 'Galicia calidade', acuñada para promocionar productos alimenticios, se extienda al “estilo de vida” gallego.

Alfonso Rueda afronta este miércoles el debate sobre el estado de la Autonomía justo cuando ha consumido la mitad de su mandato como presidente de la Xunta. Lo hace con un balance triunfalista -asegura que el 85% de sus compromisos están cumplidos- y con la promesa de profundizar en anuncios en vivienda, un ámbito sumido durante años en la desatención, en rebajas fiscales y en gestión de bajas laborales, para las que el Gobierno gallego ya tiene en marcha un plan de control. Dice que valora que el horizonte electoral no sea inmediato para seguir con su programa, pero ha evitado esta semana confirmar si eso significa que va a agotar la legislatura. Recurrió para ello a una de sus declaraciones vagas: “Mi intención es tener mucho tiempo por delante para ejecutar todo aquello a lo que nos comprometimos”.

La oposición rebaja el entusiasmo en su evaluación y considera que hay pocos frutos apreciables de las políticas de la Xunta. “Todo está en proceso, ¿pero en proceso de qué?”, se preguntó Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria del PSdeG, en vísperas del debate de política general. Añadió que “una parte importante son cartas al Gobierno” y no iniciativas propias. La diputada del BNG Olalla Rodil apuntó en una dirección similar: “El estilo Rueda es pura propaganda, no tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia, anuncia y anuncia, pero no hace”. La parlamentaria nacionalista no espera tanto novedades en el discurso del presidente gallego como “un refrito de anuncios”. Tanto el BNG como el PSdeG prevén poner el foco en problemas pertinaces como las listas de espera en la sanidad pública y las dificultades de acceso a la vivienda, que persisten en medio de la acumulación de anuncios de Rueda para duplicar en esta legislatura -y llegar hasta 8.000 pisos- el parque público residencial.

Otra cuestión recurrente en el debate político ha vuelto a los titulares en vísperas del debate sobre el estado de la Autonomía: un incendio forestal iniciado en el municipio pontevedrés de Ponteareas ha amenazado viviendas y ha arrasado 750 hectáreas. Es el primer gran fuego de este año en Galicia, que cerró en 2025 un ejercicio de récord. Se calcinaron, según los cálculos de la Xunta, 119.000 hectáreas y se registraron los mayores incendios de la historia de la comunidad. En numerosas poblaciones los vecinos protestaron porque se vieron solos, mientras había medios autonómicos parados. El de Ponteareas tiene un añadido: el terreno afectado había ardido ya en otras ocasiones, pero eso no evitó que volviesen a prender las llamas, como ocurre en otros puntos de la comunidad.

El fracaso del gran plan industrial

No son las únicas zonas en sombra de la gestión de la Xunta, que ha visto frustrarse el que era su gran plan industrial para estos años, el de la macrofábrica de celulosa proyectada por la empresa portuguesa Altri para Palas de Rei (Lugo). La pretensión de instalar esa factoría en el corazón de Galicia se encontró con una férrea oposición ciudadana, críticas de especialistas en valores naturales y culturales y unas manifestaciones históricas. Aunque el Gobierno gallego no vio inconvenientes ambientales, la Justicia sí puso reparos y rechazó por ilegal una reducción de la protección de los terrenos. Cerrado el camino de la pastera, Rueda tampoco ha aclarado si tiene otra ruta industrial trazada para la comunidad.

Hay más proyectos frenados en Galicia: 85 parques eólicos están parados cautelarmente en los tribunales y dos de los jueces que firmaron esas sentencias -criticadas por la Xunta- acaban de ser apartados de la sección que se ocupa de esos asuntos y trasladados forzosamente a otra. Uno de los argumentos que se repite en esas sentencias es el de un posible daño ambiental irreparable, pero las críticas por el impacto sobre el entorno se extienden a otros planes empresariales amparados por la Xunta y con fuerte contestación social, de explotaciones mineras a plantas de biogás.

La réplica de Alfonso Rueda ante las movilizaciones que protestan contra sus políticas, ya sea en materia industrial, educativa o sanitaria, consiste recurrentemente en distinguir entre manifestantes “de buena fe” y aquellos a quienes considera politizados. Rueda trata de identificar las críticas a sus decisiones con intereses de los partidos de sus adversarios y, bajo su liderazgo, el PP ha ahondado y llevado un paso más allá sus ataques a la oposición. Su número dos en el partido, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka y acusó al BNG de estar tratando de replicar esa estrategia en Galicia. El propio Rueda insiste en un tono desdeñoso en sus debates en el Parlamento con los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Menos huecos para la oposición

También bajo su batuta el PP está desarrollando un intento de constreñir los espacios para la oposición en las instituciones. Rueda ha aumentado el control político sobre los medios públicos con una ley, aprobada por el PP en solitario, que permite nombrar al director de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG) sin una mayoría cualificada, lo que equivale a que se puede escoger sin necesidad de negociar con la oposición, un escenario que no se daba con la norma anterior. La elegida fue Concha Pombo, que había sido antes la responsable de los muy cuestionados informativos de la TVG. Después de eso, el presidente gallego se ha puesto de perfil sobre cuestiones que afectan a la CSAG. El pasado mes de marzo, rechazó hacer comentarios después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenase a la Corporación por represaliar a una periodista.

En marzo se dio también una situación nunca vista en el Parlamento gallego: el PP vetó al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, con lo que rompió el pacto que se ha respetado tradicionalmente en la Cámara gallega y que consiste en que el grupo mayoritario propone a la persona para encabezar esta institución y el segundo grupo con más representación, al adjunto. La formación nacionalista había cumplido su parte y votado para revalidar como Valedora a Dolores Fernández Galiño. Pero la formación conservadora se negó después a aceptar el nombre dado por los nacionalistas -el del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela- con el argumento de que no tenía “antecedentes de imparcialidad”. De Abel forma parte de la asociación ecologista Adega y la asesoró en la batalla contra el proyecto de Altri. En su intento por justificar el bloqueo del PP, Rueda aseguró que quien quería “imponer su voluntad” era el BNG.

El Comité Galego de Transportes exige a la Xunta que incluya actuaciones específicas para el sector en el plan de medidas de ayuda a las actividades más afectadas por la guerra en Oriente Medio y que estas sean complementarias a las aprobadas por el Gobierno central. Además, reclaman ser convocados de forma urgente.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, replicó ya a las críticas recibidas desde varios sectores por no haber incluido ayudas concretas al transporte en el paquete de medidas que presentó su equipo la semana pasada para dar respaldo a empresas afectadas por el impacto económico de la guerra en Irán. Su respuesta fue presentar como si fuesen propias las medidas del Gobierno central para reducir los impuestos que se aplican a la gasolina y el gasóleo: “La Xunta asumió estas vacaciones el 50% de los descuentos en combustible”.

Rueda dijo que cada sector tiene “sus circunstancias”, pero entiende que, con las medidas estatales, ya hay medidas concretas por parte del Gobierno gallego, dado que parte de los impuestos modificados están cedidos.

El Comité Galego de Transportes, por su parte, carga contra el Ejecutivo autonómico por decir que mantuvo reuniones con los sectores más afectados para conocer el impacto de los costes energéticos, cuando no escuchó, sostiene, a los empresarios de transporte de mercancías por carretera. Recuerdan al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que el sector tiene más de 6.600 pequeñas y medias empresas y autónomos que suman una flota de unos 27.000 vehículos y que el gasoil representa cerca de un 40% de los costes de cada kilómetro, informa Europa Press.

Los empresarios del transporte dicen no entender que no tengan para la Xunta “la condición de sector especialmente afectado” por las consecuencias de la guerra en Irán y acusan al Gobierno gallego de darles “la espalda”. Por ello, el Comité Galego de Transporte ha acordado exigir “una rectificación inmediata” al Gobierno de Alfonso Rueda, demandando que los convoque de forma urgente para abordar las actuaciones necesarias para el sector.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, considera que debe caer el peso de la ley sobre los culpables tanto de la Operación Kitchen, que sienta en el banquillo a un exministro del PP, como del caso Ábalos, que juzga al exministro del PSOE José Luis Ábalos. Los juicios arrancan esta semana, recordó Rueda, que señaló que uno afecta a “actuaciones de un gobierno que no es gobierno hace bastantes años” y el otro, a “personas que ya no forman parte del gobierno, pero ese gobierno permanece”.

“Para eso son los juicios: si hay culpables y se acreditan delitos, que caiga sobre ellos el peso de la ley, sin ninguna duda, en los dos casos”, afirmó el presidente gallego, que rechazó, “como hacen algunos responsables políticos”, hablar “mucho de uno para que no se hable del otro”. “Hay que hablar de los dos y decir que se haga justicia en los dos”, insistió.

En el caso de la Kitchen, cuyo juicio comenzó hoy, van a ser juzgados el que fue ministro del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y secretario de Estado de la misma época, Francisco Martínez. El propio Rajoy deberá declarar como testigo, al igual que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La operación forma parte de la macrocausa Villarejo y esta pieza se refiere a un encargo político al policía para evitar que la Justicia llegase a las pruebas que pudiese conservar el extesorero del PP Luis Bárcenas de la financiación irregular del partido. El otro juicio, que arranca el martes, sienta en el banquillo al exministro Ábalos y a su hombre de confianza en el Ministerio de Transportes, Koldo García, por presuntamente lucrarse con adquisiciones de mascarillas durante la pandemia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se aleja de la senda de las varias comunidades autónomas gobernadas por el PP en las que se han convocado elecciones anticipadas en estos últimos meses -y en las que no han fructificado aún acuerdos para gobernar, que dependen de un entendimiento entre populares y Vox-. El jefe del Gobierno gallego, que tiene mayoría absoluta, asegura que apuesta por la estabilidad y que da mucho valor a tener aún tiempo por delante para cumplir promesas electorales, pero ha evitado confirmar que va a agotar la legislatura.

Rueda afronta esta semana el debate del estado de la Autonomía, que arranca el miércoles en el Parlamento de Galicia y en que señala que va a hacer un balance de las medidas adoptadas en lo que va de mandato cuando se encuentra justo en el ecuador de la legislatura. También, añadió, va a hablar de lo que aún quiere hacer al frente de la Xunta. Su respuesta a una pregunta sobre si se plantea un adelanto electoral o si va a agotar la legislatura esquivó la afirmación explícita de que consumirá los cuatro años: “Mi intención es tener mucho tiempo por delante para ejecutar todo aquello a lo que nos comprometimos”.

El presidente gallego volvió a hacer alusión a que la situación de Galicia, en donde el PP revalidó su mayoría absoluta en febrero de 2024 -la primera de Rueda tras sustituir a Alberto Núñez Feijóo por la salida de este para dirigir el partido a nivel estatal-, es distinta a la de otros territorios en las que sus compañeros de partido dependen de Vox para gobernar. “Lo que decida cada presidente o presidenta autonómica es bajo su responsabilidad y depende de las circunstancias de su comunidad, tanto en opiniones que puedan verter como en decisiones tan importantes como la fecha electoral”, dijo.

Aludió así a los adelantos de Extremadura, Aragón y Andalucía -en marzo hubo elecciones también en Castilla y León, pero en ese caso se agotó la legislatura- y también a mensajes lanzados por otros barones del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de los que Rueda se ha separado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que el futuro plan de usos del pazo de Meirás no debe tener sólo en cuenta las décadas en las que fue propiedad de la familia Franco y símbolo del poder de la dictadura, sino también “la larga historia” del recinto, “especialmente la condesa de Pardo Bazán, pero no sólo eso”. “Lo que no se puede pretender es que se refleje sólo una parte”, manifestó.

En su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda señaló las críticas de quienes están en contra “de que se intente abarcar todo” y defendió la necesidad de “encontrar un equilibrio en el que creo que estará la virtud”.

La reunión del gobierno gallego del lunes pasado estudió el informe en el que basará su petición de asumir la gestión del pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmase la propiedad pública del inmueble. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió recordando el “poco interés” del PP en “la recuperación de este tipo de símbolos”, aunque no dudó en felicitar a Rueda “por sumarse a la celebración”. Para Blanco, la recuperación del pazo para el patrimonio público es “un símbolo claro de que existe una memoria democrática”.

El ejecutivo autonómico se ha negado a hacer público. En respuesta a la solicitud de este diario para conocer su contenido, la Consellería de Cultura señala que se trata de un documento de trabajo “que sienta las bases para seguir avanzando en el futuro” y que refleja los siguientes pasos que va a dar el Gobierno gallego. Será “una vez finalizado el trabajo técnico” cuando “se dará más información”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuyó el traslado forzoso del magistrado Luís Villares a “cambios organizativos” en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Villares, portavoz de En Marea entre 2016 y 2020, recibió duros ataques tanto del PP como del gobierno gallego tras varias sentencias emitidas por la sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo y que supusieron la paralización de parques eólicos. En 2024, los populares llegaron a acusarlo directamente de ser “juez y parte” en unas causas que, en su nuevo destino, dejará de juzgar. Rueda ha admitido “desacuerdo” con los fallos en los que participó Villares pero negó haberlo criticado, “al contrario de lo que hacen otros partidos”.

En su comparecencia de este lunes tras el Consello de la Xunta, Rueda consideró una “decisión interna” el intercambio forzado de magistrados entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de la Contencioso. En un escrito emitido apenas unos días después de tomar cargo, la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio, enviaba a Villares y a su compañera María Dolores López a la sección cuarta y los sustituía por otros dos jueces procedentes de ella. En el caso de Villares, lo argumentaba en la “salvaguarda de la imparcialidad”, tras la anulación de tres sentencias por parte del Tribunal Supremo. En el del resto de afectados, lo justificaba como una posibilidad de crecimiento profesional.

Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) expresó su temor de que la medida tratase de provocar un cambio en los criterios de la sección. El BNG, por su parte, culpó “al poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”. Rueda no quiso entrar en honduras. Admitió que su “desacuerdo” era con las sentencias de la sección –de la que Villares era sólo uno de los cuatro integrantes– a la que culpaba de un “alto número de paralizaciones que no se daba en ningún otro lugar de España”.

“Tan en desacuerdo estábamos que las discutimos en el Tribunal Supremo y nos dio la razón cuatro veces”, apuntó antes de añadir que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a una propuesta de esa propia sección”, respondió que no estaba “actuando adecuadamente”.

Así, Rueda evitó “valorar” la decision de Recio y se “remitió” a sus argumentos: que la reorganización servía para garantizar la imparcialidad de la sala. “Si esta finalidad se consigue, yo lo celebro. Creo que la justicia tiene que funcionar así”.

El presidente de la Xunta actuó en todo momento como si su partido no hubiese señalado directamente a Villares, unos “ataques mediáticos y políticos” denunciados por XXpD a los que la Sala de Gobierno del TSXG llegó a responder en julio de 2023, reclamando “respeto” a la independencia judicial “por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía”, algo que consideraba “esencial para el normal funcionamento de las instituciones”.

Esta vez, Rueda optó por el perfil institucional y marcó distancias con “algunos partidos” que, cuando no están conformes con las decisiones judiciales, “critican directamente a los jueces o a las juezas que emiten esos pronunciamientos y no las sentencias”. Lo que no dijo fue si entre esos partidos estaba el suyo.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Cuando, en 2017, Alberto Núñez Feijóo daba la orden al PP gallego de votar en contra de que el Parlamento de Galicia reclamase al Congreso la “recuperación para lo público” del Pazo de Meirás, a su lado se sentaba, tanto en la Cámara autonómica como en el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda, el actual presidente gallego. En estos casi nueve años la postura ha virado desde esa negativa a reclamar que la gestión del inmueble pase a manos del Gobierno gallego, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que los descendientes del dictador Francisco Franco no son los propietarios. Rueda acaba de reiterar esa voluntad de la Xunta de hacerse cargo de la emblemática fortaleza ubicada en Sada (A Coruña). Y en ese contexto, colectivos memorialistas e historiadores avisan de que lo que debe actuar como eje de los futuros contenidos de Meirás es la memoria de las víctimas franquistas y de que la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán no debe servir para atenuarlo.

Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña y uno de los impulsores de la recuperación de Meirás, sigue recelando de las intenciones de la Xunta: “Lo que quiere hacer es utilizarlo [el pazo] como un elemento que explique una posición de la sociedad con respecto a la igualdad o el feminismo. Eso es lo que no se puede hacer porque el pazo vuelve al espacio público por la memoria histórica, no por Pardo Bazán, que ya tiene su casa museo en A Coruña”. Coincide con este punto de vista el alcalde de Sada, Benito Portela, que considera que en el plan de usos “tienen cabida los dos”, pero “tiene que ir básicamente destinado a la memoria democrática”. “Es evidente que, si a día de hoy es patrimonio público, es porque fue epicentro del gobierno de la dictadura franquista”, sostiene.

La histórica sentencia de septiembre de 2020 en la que el Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás dio paso a un enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central. Feijóo, que entonces presidía el Gobierno gallego, seguía refiriéndose a Franco como “el general” y tenía una propuesta que se parapetaba tras la figura de Emilia Pardo Bazán para defender unos usos centrados en ella y que pasabar por hacer del lugar “un faro de la igualdad”. Tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero de 2021, declaró: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”. Con “veraneo” despachaba los 82 años que el pazo pasó en manos de Franco y de sus descendientes tras un proceso en el que los vecinos de Sada se vieron obligados a pagarle la propiedad simulando aportaciones voluntarias y espontáneas.

La postura del Gobierno central era la de centrarse en la memoria histórica. De hecho, en septiembre de 2025, puso en marcha el proceso para declarar Meirás, junto con la Illa de San Simón, Lugares de la Memoria Democrática, una figura que implica darles una función conmemorativa y reparadora. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no hizo ninguna mención a que este trámite está en marcha cuando, este lunes, reiteró la aspiración del Gobierno gallego de asumir la gestión del pazo, que era la petición que Feijóo le trasladó a Sánchez en aquella reunión de principios de 2021. El actual jefe del Gobierno autonómico manifestó que su idea para el futuro es “hacer honor a toda la trayectoria” del inmueble, “vinculado a Pardo Bazán y también a la memoria histórica”.

Rueda añadió que se va a abrir un proceso participativo para que aporten sus sugerencias para el plan de usos “personas y colectivos de diferentes sensibilidades y visiones, con el fin de alcanzar un documento plural y sólido”. Todas estas ideas, además de la reclamación al Estado de que asuma las obras necesarias para abrir todo el edificio al público, están incluidas en un informe que revisó el lunes el Consello de la Xunta para remitírselo al Gobierno central, pero cuyo contenido se niega a hacer público la Consellería de Cultura.

Carlos Babío reaccionó a las declaraciones del presidente gallego insistiendo en que “nadie intenta expulsar a Pardo Bazán de Meirás”, ya que el lugar no se explica sin ella, que fue su propietaria hasta su muerte en 1921. Pero las movilizaciones que durante años reclamaron que el inmueble fuese público partían de la denuncia del expolio franquista, recuerda. Ahora considera que se puede empezar “desde ya” a actuar sobre el espacio para que sea un lugar de memoria y “resignificarlo desde el punto de vista democrático”.

Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Emilio Grandío la declaración de intenciones de la Xunta incluyendo tanto a la escritora como la memoria histórica es un punto de partida en el que no ve “nada negativo, en principio”. “Otra cosa es cómo se va a concretar. Es evidente que hay que abordar el tema del franquismo y también el de Pardo Bazán, pero ¿quién se va a encargar de eso y para qué?”, dijo, en conversación con este diario. El experto pide empezar ya a trabajar sobre contenidos y reflexiona que “sería peor que no hubiese esta declaración de intenciones porque las alternativas son todas en este momento y en este contexto”.

Un trabajo sin avances en cinco años

El asunto del plan de usos para Meirás está sobre la mesa desde hace más de cinco años, con la primera sentencia que obligaba a los Franco a entregar el pazo al Estado. Carlos Babío recuerda que en 2021 se firmó ya un protocolo que recogía que se podía ir avanzando en el plan de usos mientras se esperaba a la sentencia definitiva. Pero, protesta, no hubo en este tiempo reuniones de la comisión interadministrativa ni se llegó a constituir formalmente la comisión técnica. “Nosotros ya denunciamos que se estaba perdiendo el tiempo”, se queja y reclama que ahora empiecen los trabajos y que tengan en cuenta a las entidades memorialistas.

Babío se muestra crítico también con la reacción de Gobierno central y gallego por la indemnización a los herederos del dictador. Recuerda que la “buena fe” que las sentencias les atribuyen figuraba en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, que se aportó a la causa. “El mal se hizo hace mucho tiempo”, zanja y asegura que la vía que queda abierta ahora es que la Abogacía del Estado dé “ la batalla documento a documento” cuando los Franco presenten la propuesta de liquidación del estado posesorio, es decir, cuando entreguen su cálculo de cuánto dinero deben recibir.