La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

Contra expertos internacionales y directores de centros de arte contemporánea de todo el Estado, contra los más de 1.500 profesionales, artistas o estudiantes que subscribieron el contundente manifiesto Se afunde é porque pesa: SOS CGAC, contra la Facultade de Belas Artes de la Universidade de Vigo y contra el departamento de Historia da Arte de la de Santiago de Compostela, contra la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo y contra por lo menos dos aspirantes que han hecho pública su candidatura y poseen un currículum objetivamente muy superior al de la designada por la Xunta de Galicia. Al presidente del Gobierno gallego, Alfono Rueda, le da igual y ha optado por empecinarse en el nombramiento de la desconocida Eva López Tarrío al frente del principal museo de arte contemporáneo de la comunidad. “Vuelvo a reivindicar la manera de hacer las cosas, la valía de la candidata elegida”, pidió Rueda al término de la reunión semanal de su gabinete.

Es precisamente esa “manera de hacer las cosas” y “la valía de la candidata elegida” lo que ha levantado una formidable polvareda crítica en el mundo del arte gallego, estatal y ahora internacional: el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que agrupa 45.000 socios y miles de museos de 138 países, ha emitido este lunes un comunicado en el que exige al Ejecutivo autonómico que “restaure los principios de profesionalización, transparencia y excelencia que deben regir la dirección de un museo público”. Pero el presidente gallego ha menospreciado todo este revuelo y lo reduce a “básicamente personas que presentaron al proceso y no fueron seleccionadas”.

La referencia velada -no pronunció sus nombres- era a los profesores universitarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego, ambos con una amplia trayectoria como comisarios y teóricos y que la semana pasada desvelaron que se habían candidatado a la dirección del CGAC. Ruiz de Sanmaniego, autor de una decena de libros en prestigiosas editoriales, había sido en 2007 el responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia y después de la Fundación Seoane de A Coruña. La Consellería de Cultura prefirió sin embargo a López Tarrío, artista sin apenas experiencia en gestión cultural y con tres artículos publicados en revistas comarcales, discípula del cuestionado crítico y comisario Antón Castro. Rueda lo aderezó este lunes con una mentira: afirmó que se trata de “la primera mujer que se va a hacer cargo” del CGAC, cuando fue Gloria Moure la encargada de ponerlo en marcha entre 1994 y 1998. El argumento falso ya lo había empleado en una entrevista el conselleiro de Cultura, José López Campos.

El origen de la actual crisis del centro se encuentra en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el Partido Popular en 2021. Una posterior reforma de la relación de puestos de trabajo (RPT) del CGAC suprimió el contrato de alta dirección para el puesto y lo sustituyó por uno reservado a funcionarios de carrera, inicialmente solo autonómicos y de museos y después ampliado a docentes y trabajadores de otras administraciones. La Xunta llevó adelante el proceso entre fuertes críticas del sector. La última publicada, del ICOM, recuerda además que “la dirección de un museo no es únicamente un puesto administrativo, es una responsabilidad científica, cultural y pública que garantiza la integridad científica de la institución, la coherencia de su programación, la preservación de su colección y su inserción en redes nacionales e internacionales”. El Consejo Internacional de Museos acusa a la Xunta de “quebrar los estándares profesionales que rigen los museos contemporáneos”.

“El debilitamiento del CGAC”, concluye el organismo, “no afecta únicamente al sector profesional: afecta a la ciudadanía, al acceso a la cultura y al derecho a instituciones públicas gestionadas con criterios de excelencia. ICOM España y CIMAM recuerdan que los museos son garantes de derechos culturales, no instrumentos de oportunidad política. Su autonomía científica es un valor irrenunciable”.

Alfonso Villares, el exconselleiro que dejó su cargo en la Xunta acusado de una agresión sexual, vuelve a la vida política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que pasará a ocupar el puesto de delegado territorial en Lugo, a pesar de que su caso no ha sido archivado de forma definitiva, sino provisional.

Rueda manifestó que la decisión la ha tomado sin “hacer futuribles” sobre una posible reapertura del caso. “No sé en qué circunstancias se podría producir”, dijo. Pero, si ocurriese, mantendrá la actitud exhibida hasta el momento con respecto a Villares, que califica de “coherente”. Tanto él como el exconselleiro consideran que no podía estar en el Gobierno gallego mientras estuviese imputado, pero con el archivo provisional confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la situación ha cambiado “completamente”

El caso trascendió hace un año: el 4 de junio de 2025, Villares, que entonces era el conselleiro do Mar, convocó a la prensa por sorpresa para comunicar su salida del Gobierno gallego. Aunque él no lo concretó en aquella comparecencia en la que no respondió preguntas, el motivo era una denuncia de agresión sexual presentada contra él. La despedida que le dedicó el Gobierno gallego, con aplausos de sus compañeros y un abrazo de Alfonso Rueda incluidos, levantó las críticas de la oposición.

En diciembre de ese año, el juzgado de Ferrol que llevaba el caso llegó a la conclusión de que no se podía procesar a Villares. En abril de 2026 la Audiencia Provincial confirmó esta decisión y señaló que, tras la investigación realizada, no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar”. Unos días después, en un gesto infrecuente, el exconselleiro convocó a los medios para anunciar que se reincorporaba al PP y para exigir a la oposición que se disculpase con él.

Rueda había manifestado desde la propia dimisión de Villares que confiaba en poder recuperarlo para la política. La decisión fue esperar a que quedase confirmado el sobreseimiento de la causa, si bien este es provisional. La vuelta del exconselleiro se ha materializado este lunes y el suyo es uno de los varios nombramientos anunciado por el presidente gallego, que cambian varios puestos de segundo nivel en diferentes áreas: de la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Autoridad Portuaria de Ferrol.

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha dejado en el aire el apoyo de su partido al pacto anunciado entre PSOE, BNG y Sumar para el traspaso de la autopista AP-9 a la comunidad. No ha revelado si tendrá o no su respaldo, a la espera de determinar si los términos del cuardo son los mismos que contenía la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

“Ahora vemos que los que la estaban bloqueando [la transferencia] anuncian que está desbloqueada. Veremos si eso es cierto y si está en los términos que acordó el Parlamento”, dijo, en respuesta a preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras la reunión semanal de su gabinete. Rueda considera que, para aceptar la propuesta el Gobierno central tiene que seguir financiando los compromisos que ha adquirido estos años y dar medios financieros a Galicia para ampliar bonificaciones. Además, reclamó que se suprima el incremento de la tarifa del 1% anual durante 20 años acordado durante la etapa de Zapatero como presidente, un punto que, según recoge Europa Press, no aparece expresamente en el pacto anunciado este lunes.

Si no aparecen todas las condiciones aprobadas en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta considera que el PP y el resto de grupos que apoyaron el acuerdo autonómico están en la obligación de rechazar el pacto estatal por estar “incompleto”.

Ni la ausencia de dos organizaciones sindicales -CIG, la mayoritaria en Galicia, y CCOO, la tercera, pero a muy poca distancia de UGT- en el diálogo social, ni sus críticas al plan para limitar el derecho a las bajas de los trabajadores ni el rechazo de todos los colegios médicos a que se vincule la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad van a hacer a la Xunta replantearse sus medidas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó este lunes que las conversaciones del diálogo social van a seguir adelante para buscar acuerdos “con los que quieren estar”, que, a estas alturas, son la patronal y UGT.

Hace poco más de un mes, el Gobierno gallego aprobó un decreto para regular el diálogo social, con el fin de dar peso institucional a una mesa en la que, en realidad, ya sabía que iba a faltar la organización sindical mayoritaria, la CIG. Lo hacía en medio de las numerosas críticas al plan contra las bajas laborales y con este asunto como primer punto de la agenda de trabajo.

La fotografía era la de unas negociaciones en las que iban a participar la Xunta, la patronal, UGT y CCOO. Pero esta última organización anunció hace unos días que abandona el empeño. Ve el diálogo social “vacío de contenido real” y carga contra el Gobierno autonómico por impulsar “medidas ejecutivas de forma paralela”, lo que convierte la negociación en “un mero escaparate mediático”. Para Rueda, sin embargo, esta salida de CCOO es “difícil de entender”.

Aquel día trascendía que la Xunta ofrece a los médicos cobrar más si acortan las bajas laborales de sus pacientes. La medida se concreta en que la duración de las incapacidades temporales afecta al plus de productividad y se va a premiar que esa duración esté dentro de los tiempos que el Gobierno gallego considera “estándar”. Médicos de familia y los cuatro colegios profesionales -uno por cada provincia- mostraron su rechazo inmediato. El Consello Galego de Colexios Médicos pidió dar marcha atrás porque la medida, asegura, genera “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia” y es una “presión indirecta” para dar las altas antes.

Tampoco este descontento va a afectar a las decisiones de la Xunta. Rueda sostiene que la medida no es nueva, y que lo que ocurre es simplemente que está ahora más “de actualidad por el decidido impulso” de su equipo en la materia. Lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado satisfecho. La estrategia contra las bajas, dijo, ya está dando resultados y las cifras muestran que la duración ha “mejorado sensiblemente” este año con respecto al anterior.

El estado social de la lengua gallega, que expertos e instituciones culturales califican de alarmante, ha centrado la sesión de control parlamentario a Alfonso Rueda tres días después del Día das Letras Galegas. Y esta vez no ha servido para que el presidente de la Xunta de Galicia realizase algún anuncio en la materia, estrategia habitual con otros temas. “Hace un año y medio que el Instituto Galego de Estatística publicó un informe dramático sobre la situación del gallego”, inquirió Ana Pontón, con un guiño al título del célebre ensayo del fallecido Xesús Alonso Montero, “y usted no ha movido ni un dedo, al contrario”. Rueda lo tomó por la vía electoral y le preguntó si es que pensaba que los votantes del Partido Popular “eran enemigos del idioma”. Pontón le respondió: “En este país nadie lo ha votado para que ataque a la lengua gallega”.

Los datos objetivos sobre uso y conocimiento de la lengua propia de Galicia -así la define el Estatuto de Autonomía- no dibujan un panorama favorable. Las tendencias, aceleradas desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, las recordó en el Parlamento la líder del BNG: uno de cada dos jóvenes no usa nunca el gallego, solo el 7% lo hace siempre -en 2018 era el doble- y un tercio de los menores de entre 5 y 14 años no sabe hablarlo. También recordó la participación del actual presidente en manifestaciones contra el gallego convocadas por una asociación entonces llamada Galicia Bilingüe y ahora Hablemos español. “Vamos camino de un lingüicidio”, sintetizó. También propuso tres medidas: triplicar los fondos destinados a política lingüística, drásticamente recortados por los sucesivos gabinetes de Feijóo y Rueda; derogar el decreto que redujo la enseñanza del gallego por primera vez en democracia; y cumplir el Plan Xeral de Normalización Língüistica, aprobado por unanimidad en 2004 y unilateralmente dinamitado por el Partido Popular.

Alfonso Rueda no resistió la tentación de endilgar al BNG los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero -lo había intenado antes con Besteiro, pese a que este no participaba en el debate, al ser la sesión en que lo hace el único diputado de Democracia Ourensana- con un comentario un tanto rutinario sobre la supuesta “bravura en Galicia” y “mansedumbre en Madrid” de los nacionalistas. Pero enseguida entró en materia. “¿Que no hacemos nada? Ya lo estamos haciendo, pero faltan ustedes”, afeó a los nacionalistas. Se refería a la revisión del mencionado plan de normalización de 2004 que la Consellería de Cultura, Lingua e Deportes puso en marcha poco después de la publicación de las cifras del IGE y cuya presentación comprometió para el pasado noviembre. De momento nada se sabe de él. “Primero dijeron no, después se salieron y ahora intentan reventarlo”, aseguró Rueda, sin entrar en detalle. Fue cuando acusó a Pontón y a su organización de “querer secuestrar el gallego”. “Pero Galicia no es nacionalista ni independentista”, afirmó, “sino orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe”. El BNG, principal formación nacionalista, obtuvo el 31% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, y ostenta alcaldías como las de Santiago de Compostela, Pontevedra o Carballo.

“Sin igualdad no hay libertad”

“Sin igualdad no hay libertad, y la libertad de vivir en gallego en Galicia es lo que usted está robando a las nuevas generaciones”, replicó la nacionalista, que antes había retado a Rueda a “hablar de corrupción” y que tanto le daba PP como PSOE. “El BNG en 40 años de historia, ni un solo condenado por corrupción”, adujo. El presidente de la Xunta cerró el debate con su argumentario clásico sobre el BNG: que si Pontón lleva “25 años” ahí sentada (son 22, en realidad), que si dice “non a todo”, que si ya basta de crispación, pese a que son algunos diputados y diputadas del PP las que más elevan la tensión y se prodigan en insultos a la oposición. “Intente sumarse a los trabajos para un documento para el Pacto pola Lingua”, añadió. Y cuando parecía que ese mensaje más o menos conciliador era el punto final de su intervención, se corrigió a sí mismo: “Dicen que el gallego está en peligro y los que está en peligro si no los paramos es la libertad”.

La Xunta acaba de anunciar que va a incorporar a 18 trabajadores más en la Inspección de Sanidade para la puesta en marcha de su plan para restringir el derecho a la baja laboral. El presidente gallego, Alfonso Rueda, indicó este lunes que va a destinar 3 millones de euros para cubrir estas plazas en los próximos tres años.

Van a ser 18 profesionales, nueve de ellos inspectores y otros nueve subinspectores, que deberán tener la titulación de medicina o de enfermería, indicó Rueda. El Gobierno gallego avanza así otro paso en la implantación de un plan anunciado en abril, en el debate sobre el estado de la Autonomía, para pasar un nuevo control a los trabajadores en situación de incapacidad temporal. La Xunta indicó entonces que redoblaría la vigilancia porque considera que hay un problema de lo que llama “absentismo”, en línea con las posiciones de la patronal.

Antes de anunciar las nuevas incorporaciones, que aseguró que se harán por “los procesos habituales” de contratación, recordó que la semana pasada comenzaron las reuniones del diálogo social sobre el plan. En ese diálogo social, sin embargo, no participa el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG. Rueda reafirmó que las mutuas privadas no tendrán que solicitar, como hacen ahora, una autorización de cada prueba, sino que bastará con una solicitud global por cada paciente. Y confirmó el mayor peso que van a tener estas entidades, ya que solo en caso de que se considere que una valoración no está “bien acreditada” los inspectores de sanidad llamarán al trabajador de baja para evaluar la situación.

La Xunta ya está enviando a inspectores a centros de salud de diferentes áreas sanitarias para presionar a los médicos de familia, que ya tienen entre sus funciones revisar la evolución de los pacientes que se encuentran de baja laboral, para que haya más altas. Estos inspectores han citado, en algunos casos, a los profesionales entre cuyos pacientes hay más bajas para repasar los casos uno por uno.

El PP pide que se normalicen los pactos con Vox. Lo ha hecho Alfonso Rueda desde el único territorio en el que el partido ultra no ha logrado representación institucional: en Galicia no tiene ni diputados ni concejales -en las últimas elecciones municipales fue elegida una edila en Avión (Ourense), pero terminó abandonando la formación-. Lo “lógico”, defendió, es entrar en negociaciones con Vox, dado que en ninguna de las cuatro comunidades en las que hubo elecciones en los últimos meses -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- logró el PP una mayoría absoluta. Quienes “se echan las manos a la cabeza” con las alianzas con la ultraderecha, añadió, son los mismos que pactan con formaciones que “muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox”.

Rueda, que no ha estado en la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid tras las elecciones andaluzas, ha contestado este lunes a varias preguntas sobre la dependencia de su partido de Vox, que se confirma con la pérdida de la mayoría absoluta que hasta ahora tenía Juan Manuel Moreno. Su postura es que hay que respetar los resultados electorales porque “la gente se pronuncia y expresa cómo quiere que sean los gobiernos”, lo que en estas últimas cuatro citas se traduce, según lo interpreta Rueda, en acuerdos entre su partido y la ultraderecha. “Y hay que darle normalidad”, añadió.

El líder del PP gallego ha tratado de marcar distancias en varias ocasiones con Vox, incluso contradiciendo a algunos de sus compañeros de partido, pero ha dado siempre su respaldo público a los acuerdos con la formación. Ha evitado presentarse como la voz moderada dentro de su partido. En respuesta a si se ve como un contrapeso a Isabel Díaz Ayuso, que dirige la Comunidad de Madrid con otra de las mayorías absolutas del PP -el tercer territorio en esta situación es La Rioja-, se limitó a señalar que no hay comparaciones: “Ni rivalizamos unos con otros ni tenemos que cubrir las cosas de otros; nos complementamos entre todos”. Su voz desde Galicia, añadió, se escucha “siempre” en Génova. También él tiene en cuenta los mensajes de la dirección del partido, dijo, aunque después cree que la responsabilidad de la decisión final sea de cada territorio.

Además, celebró como “magnífico” el resultado en Andalucía, pese a que supone lograr cinco diputados menos, perder la mayoría absoluta y verse abocado a negociar con Vox y consideró positivos los resultados también en el resto de comunidades en las que hubo elecciones recientes y en las que los acuerdos están poniendo sobre la mesa la cuestión, impuesta por Vox, de la “prioridad nacional”.

A su compañero Moreno Bonilla le recordó que, aunque necesita a Vox para volver a ser presidente de la Junta, eso “se puede materializar de muchas formas”. Igual que está “claro” que el PP no logró la mayoría absoluta, también lo está que “faltó muy poco”, razonó. De hecho, aseguró que la representación de Vox es “probablemente menos de la que se esperaba”.

Sobre un posible ascenso que complicase también la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, gallegas para las que falta año y medio, manifestó, como hace de manera recurrente, que tratará de no tener que depender de la formación ultra: “En Galicia creo que esto es posible”. El hecho de que hasta ahora Vox no tenga representación institucional no se debe, según Rueda ni a un “mérito absoluto de unos ni a un demérito absoluto de la otra parte”, sino a que los votantes encuentran lo que buscan en el PP y no necesitan otras opciones. “No digo que no lo puedan encontrar en mis compañeros”, añadió.

Hace poco más de dos meses, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, evitaba confirmar si el candidato a la Alcaldía de Santiago por su partido sería de nuevo Borja Verea. Su respuesta a una pregunta al respecto fue limitarse a señalar que su equipo buscaba a “los mejores” aspirantes. Este jueves, aprovechando un paseo con varios miembros del partido por la Alameda compostelana, donde se celebran las fiestas de la Ascensión, sí le dio su respaldo: “Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea”.

Verea, que se mantuvo al frente la oposición en el Ayuntamiento, gobernado por el BNG y Compostela Aberta, acompañaba a Rueda cuando pronunció estas palabras. También se encontraba en el grupo la secretaria de Organización del PP gallego, Paula Prado. En unas declaraciones, el líder de los populares en Galicia sostuvo que la sensación que tiene en la capital gallega es de “paralización”.

Según Rueda, muchos ciudadanos tenían unas expectativas de renovación en la capital que no se han cumplido y considera que Verea es quien debe encabezar de nuevo la lista en Santiago en las municipales que, previsiblemente, se van a celebrar dentro de un año. “Lo digo por si alguien tenía alguna duda: mi candidato es Borja y el del partido en general”.

El presidente del PP gallego había manifestado hace unos meses que los candidatos en las principales ciudades y de las localidades de más de 20.000 habitantes debían estar decididos en mayo. Por el momento, el partido ha confirmado el nombre de Verea, pero sigue pendiente que se ratifiquen los aspirantes en otras grandes poblaciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido este lunes en defensa del presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que trató de frustrar la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife con varios argumentos solicitados a la inteligencia artificial, con los que afirmó que había riesgo para la isla porque las ratas son “excelentes nadadoras”. Un informe del Ministerio de Sanidad lo desmintió. Rueda justificó las palabras de Clavijo aludiendo a que tenía “muy poca información para ser el principal afectado” en el plan para repatriar a las personas a bordo del barco en el que se registró el brote de hantavirus.

El jefe del Gobierno gallego pidió ponerse en la situación de Clavijo y manifestó que tiene una buena opinión de él y que está seguro de que actuó pensando en tener “la máxima información”. Rueda se mostró, sin embargo, satisfecho con la actuación del Gobierno central, en contra de la postura expresada por su partido, que lanzó repetidas críticas a la gestión de la crisis en los últimos días. Agradeció la información que le aportó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“Creo que se hizo una buena gestión”, dijo el presidente gallego, que consideró que la imagen del domingo, tras llegar a aguas de Canarias el barco, fue la de un país “serio”.

Rueda anunció este lunes que su equipo va a redactar una ley de salud pública de Galicia pensando en la respuesta ante situaciones como la pandemia de COVID o los contagios de hantavirus. La nueva norma, que empieza ahora los primeros trámites, tiene entre sus objetivos reforzar el control epidémico y preparar la reacción de las administraciones gallegas ante riesgos existentes o nuevos, añadió. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que es necesario tener en cuenta el cambio climático o la digitalización y establecer un enfoque que también haga una vigilancia de la salud animal y de los riesgos ambientales y alimentarios. La previsión es que el anteproyecto esté listo a principios del año que viene.

La cuestión del transfuguismo aparece en el punto 14 de los estatutos del PP. Lo hace para situar entre las infracciones muy graves que alguien del partido se valga de tránsfugas para “constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”, que es justo lo que ha ocurrido para que Elena Candia haya llegado a la Alcaldía de Lugo -y para algún otro cambio en gobiernos locales antes que este-. Este lunes, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha propuesto que se cambien estas normas internas de la formación para que validen estas maniobras.

Como ha hecho desde que se conocieron los primeros movimientos para la moción de censura que terminaría desalojando a PSOE y BNG del gobierno local de Lugo, Rueda se ha defendido con la sentencia del Tribunal Constitucional que, en junio de 2025, llevó a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de un tránsfuga.

El barón gallego del PP insiste en que esa redacción que considera una infracción grave valerse de tránsfugas estaba en los estatutos antes de dicha sentencia y, por lo tanto, considera que lo lógico es que la redacción cambie para amparar el transfuguismo. En realidad, la versión actual de los estatutos del PP se aprobó en julio de 2025, en el 21 Congreso Nacional del partido, mientras que la decisión del Constitucional se conoció en junio de ese mismo año.

La moción de censura de Lugo, debatida la semana pasada, recibió críticas tanto del PSOE como del BNG y motivó protestas ciudadanas. Después de ser elegida alcaldesa, Candia tuvo que retrasar en dos ocasiones su salida del edificio del Ayuntamiento al ser recibida con abucheos por los centenares de personas concentradas allí.

Uno de los aspectos que más se recriminó fue lo excepcional del contexto en el que se presentó: la edila tránsfuga, María Reigosa, se presentó a las elecciones municipales de 2023 en las listas del PSOE, pero no logró el acta en aquella jornada electoral, sino tras el fallecimiento de uno de sus compañeros, Pablo Permuy. Antes había muerto la que era entonces alcaldesa, Paula Alvarellos, y después murió otra edila, Olga López Racamonde. De ahí que los socialistas gallegos hablen de una moción “negociada en tanatorios”. Candia ya ha anunciado que Reigosa, que no se puede integrar en el nuevo gobierno, se va a ocupar de labores “de supervisión política y programática de actuaciones municipales relacionadas con infraestructuras de forma transversal”.

Rueda insistió en estas semanas en el derecho del PP a presentar la moción de censura y manifestó este lunes que, pese a lo que dicen los estatutos del partido, él no va a impulsar ningún expediente para sancionar a Candia. “Ya lo que haga mi partido, habría que preguntar a los órganos correspondientes”, añadió, antes de volver a aludir a que “la redacción responde a circunstancias diferentes a las que hay ahora desde el punto de vista legal”.

También hizo mención a una de las primeras medidas de Candia como alcaldesa de Lugo: retirar una bandera de Palestina que colgaba en O Vello Cárcere. Lo justificó asegurando que la intención de su compañera de partido es “gobernar, si puede, para todos los lucenses y, si no, para la inmensa mayoría”. La decisión, con el “simbolismo” que tiene, se tomó pensando en eso, dijo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, asistió este jueves a la inauguración de la nueva sede de Luckia en A Coruña, y reivindicó que la empresa, dedicada a las apuestas, destaca por su “responsabilidad y conciencia”.

La nueva sede se ubica en el polígono de A Grela de la ciudad herculina, donde la comitiva autonómica fue recibida por el presidente de Luckia, José González Fuentes, informa Europa Press. En su intervención, el presidente de la Xunta agradeció la “responsabilidad y conciencia” que, defiende, caracterizan al grupo, que “sabe bien lo que tienen entre manos”. En el acto también participaron otros representantes institucionales, como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

En esta línea, insistió en que se trata de un sector que exige una “especial responsabilidad y conciencia”, y consideró que está demostrada por el grupo.

“Siempre es un tema sensible, pero bien regulado, cumpliendo las normas y siendo inflexible con la exigencia y con su cumplimiento, y teniendo generosidad y amplitud de miras, todo se puede hacer. Cumpliendo la ley y pensando en las personas se puede llegar muy lejos”, afirmó el líder autonómico.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

La Xunta de Galicia acaba de aprobar su estrategia de impulso a la vivienda protegida. Tiene dos patas: medidas dirigidas a los compradores -fundamentalmente, permitir el acceso de hogares con ingresos más elevados- y medidas pensadas para los promotores, que suponen un incremento del precio al que se van a poder vender los pisos y también ayudas directas a las empresas que los construyan.

Parte de los contenidos de este plan los había adelantado ya el presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la Autonomía del mes pasado. Entonces había dicho ya que la vivienda de promoción pública -es decir, dependiente de la propia Xunta- iba a pasar a tener como límite ingresos de cuatro veces el IPREM -4,5 veces en el caso de familias numerosas-. Cuando aplica estas subidas, la Xunta suele poner el ejemplo de una pareja con un hijo. El nuevo tope implica que, en ese supuesto familiar, el máximo de ingresos brutos mensuales es de 3.500 euros. Este lunes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, añadió que ese incremento en los ingresos máximos permitidos se extiende también a la vivienda de promoción autonómica -la protegida que construyen promotores privados y cooperativistas-. La misma pareja con un hijo pasa de un límite de 3.750 euros brutos mensuales para una vivienda en régimen general a 4.850.

Pero la Xunta ha detectado un problema que no está en el acceso a la vivienda protegida, sino en la construcción de la misma y en las empresas que se dedican a ello. “Hoy no es atractivo construir vivienda de promoción autonómica”, dijo Allegue, que lo atribuyó a factores como el encarecimiento de los materiales, la escasez de mano de obra y unos precios máximos de venta de la vivienda protegida “que no cubren los costes reales”. El análisis se deriva de varias reuniones mantenidas en los últimos meses con representantes de este sector empresarial, expuso.

La respuesta del Gobierno gallego es subir los precios a los que se puede vender una vivienda protegida -que están limitados-. El incremento no es homogéneo para todas las zonas, sino que depende de las áreas y el régimen en el que se construyen. Son “más contenidos” en donde hay más demanda y los precios son ya más elevados, es decir, en las ciudades. La conselleira puso como ejemplo una vivienda tipo de tres dormitorios y 85 metros cuadrados: en régimen especial puede llegar a 206.456 euros; en régimen general el tope estará en 214.840 euros y en régimen concertado se eleva hasta 241.040 euros.

Además, los promotores recibirán ayudas directas porque “este ajuste no resulta suficiente par garantizar la viabilidad de las promociones”, según la Xunta. Estos apoyos pueden llegar a 42.500 euros por vivienda en viviendas protegidas de régimen especial en ciudades como Vigo o Pontevedra. La promesa del Gobierno gallego es construir 4.000 viviendas de promoción pública esta legislatura, que termina en 2028, y facilitar suelo para que se levanten otras 20.000 mediante estas colaboraciones con promotores privados.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, no descarta que el nombre de María Reigosa, la concejala exsocialista que ha anunciado que va a apoyar la moción de censura del PP en el Ayuntamiento de Lugo, pueda aparecer en las listas de su partido para las elecciones municipales del próximo año: “Esa es una decisión que no me corresponde a mí y, por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no”.

A unos días de que se debata la moción de censura con la que el PP, con Elena Candia al frente, se va a hacer con el gobierno local, Rueda ha admitido también que el movimiento, criticado por PSOE y BNG por estar precedido de la muerte de tres concejales -Reigosa accedió al acta tras el fallecimiento de uno de ellos- y contra el que se han organizado protestas en la ciudad, está generando crispación. Pero ha considerado que no es la propia decisión del PP el origen de ese clima tenso, sino la reacción de socialistas y nacionalistas.

Rueda aseguró que PSOE y BNG están tratando de “amedrentar” a Reigosa y también a los concejales del PP con sus críticas. “Un poco menos de hipocresía y ojo con la crispación que están provocando”, dijo y pidió “respeto a la democracia” ante esta moción que va a desalojar de la Alcaldía al socialista Miguel Fernández con el apoyo de una concejala que fue elegida en las listas del PSOE. En las próximas municipales, añadió el presidente gallego, los ciudadanos tendrán “derecho a opinar” en las urnas sobre lo ocurrido.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que es “lícito” que la Consellería de Educación se haya negado a homologar un encuentro de educadores de Galicia y Portugal organizado por Nova Escola Galega al considerar que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica”. Ese encuentro lleva como título “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio”.

El jefe del Gobierno gallego ha afirmado que la Xunta está en su derecho de considerar que eso “no se puede validar como horas de formación del profesorado” y ha sostenido que esa es “la razón” para denegar la homologación: “Si se quiere vestir de otras cosas, allá cada uno”.

Nova Escola Galega denunció la semana pasada este rechazo, que le fue transmitido por la Consellería de Educación en un documento en el que alude únicamente al incumplimiento de la neutralidad ideológica, un principio que la Xunta impuso hace un año en las aulas y tras el que los expertos ven una asimilación de ideas de la ultraderecha en un intento de controlar las escuelas.

Cuando se conoció la denuncia de Nova Escola Galega, la Xunta dio un giro a su argumentación y dijo que la propuesta no sigue la normativa, según un informe técnico-jurídico. Indicó que no cumple las “condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que la temática no se alinea con “las líneas estratégicas del Plan de Formación do Profesorado” y que “es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. El rechazo a homologarlo no implica que la Xunta impida el encuentro, que sigue adelante.

La concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Lugo que va a dar la Alcaldía al PP, María Reigosa, anunció que no va a optar a un puesto, convocado en comisión de servicio por la Xunta, de jefa de servicio de Litoral en Lugo. Lo hizo en la misma comparecencia en la que confirmaba que dará su voto para que Elena Candia logre el bastón de mando y después de que PSOE y BNG preguntasen públicamente si esa plaza, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, no estaría pensada para encajar con el perfil de Reigosa, que es funcionaria de Costas. Ahora el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se remite a esas palabras de la edila, pero no descarta que ella se vaya a presentar a algún otro puesto público en la administración autonómica.

Rueda respondió este lunes, de vuelta de su viaje a China, a una pregunta sobre si puede garantizar que Reigosa no va a optar a alguna otra plaza de la Xunta tras lograr el PP su apoyo para la polémica moción de censura de Lugo. Su reacción fue aferrarse a que lo que ella dijo ante los medios es que no va a optar a la de jefa de servicio en Lugo: “Hacerme responsable de lo que una persona anuncia públicamente... Cuando las cosas se anuncian públicamente es que las cosas se van a cumplir”. Aunque fue él mismo el que habló de la posibilidad de que Reigosa no cumpla su palabra: “Si al final optase, entonces otra cosa sería la decisión que tomamos. Pero no me quiero adelantar, sinceramente, porque ella misma dijo que no optaría”.

La cuestión del papel que va a desempeñar Reigosa tras la moción -cuyo debate está previsto para el 7 de mayo- está sobre la mesa. En la rueda de prensa en la que ella y Candia confirmaron el movimiento, la líder del PP en Lugo manifestó ya que “todos tendrán un papel cumpliendo la ley” y espera trabajar “codo con codo” con la edila que dejó el PSOE y figura actualmente como no adscrita. Con la plaza de Litoral descartada por ella misma, está pendiente determinar su destino en un contexto en el que la ley rechaza que los concejales tránsfugas puedan acceder a mejoras económicas o políticas dentro del ayuntamiento, lo que quiere decir que no puede formar parte del futuro gobierno del PP ni cobrar más.

Una de las quejas de Reigosa con respecto al PSOE es que, según ella misma explicó en una entrevista en La Voz de Galicia, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100% cuando asumió el acta de concejala, sino que le ofreció “el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”. Rueda minimizó la importancia de estas críticas en la decisión de apoyar la moción de censura: “Habló de muchas motivaciones y las principales eran que entendía que el Ayuntamiento no funcionaba”.

El presidente de la Xunta, que es también el líder del PP gallego, volvió a defender el movimiento para desalojar del gobierno local de Lugo a PSOE y BNG frente a las críticas y las protestas, como la organizada el pasado viernes en la ciudad. Señaló que manifestarse es democrático, al igual que lo es “usar un cauce previsto en la ley como la moción de censura”.