El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en la idea de construir más embalses en los ríos gallegos para hacer frente a los episodios de sequía. La propuesta la lanzó hace unos días la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y los expertos salieron al paso: especialistas en recursos hídricos del área de la Geología y la Geografía avisan de que no caben más presas en el territorio y de que podrían generar más problemas, en lugar de contribuir a solucionarlos.

A pesar de las posturas que rechazan que esta vía sea la adecuada para dar respuesta a la escasez de agua, como la que vive este verano buena parte de Galicia, el presidente autonómico ha vuelto a apostar por esta vía. En la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete señaló que la Xunta va a poner en marcha un plan para “reforzar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas”, con el fin de “garantizar el suministro para personas y empresas”.

Dentro de ese plan, dijo, se va a tener en cuenta que la tendencia futura, en un contexto de cambio climático, es a que se repitan los episodios de falta de agua. Y la respuesta se va a centrar en redes de abastecimiento más eficientes y sin pérdidas, en el estudio de la posibilidad e usar aguas subterráneas para el consumo -un recurso que los expertos avisan que, en Galicia, es escaso- y en la reutilización, en especial en los procesos industriales que consumen gran cantidad de agua. Pero también, añadió, se van a “estudiar nuevas infraestructuras, como embalses”.

En la actualidad, las presas que se destinan a abastecer a la población están 15,6 puntos por debajo de lo habitual en esta época, señaló el presidente gallego, que admitió que, aunque las lluvias de la semana fueron un alivio, el riesgo no ha desaparecido. La Xunta mantiene en alerta a 32 municipios por la escasez de agua y otros 59 se encuentran en prealerta.

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, no da por zanjada la crisis en el partido en la provincia de Ourense que se evidenció con los problemas en Verín, en donde renunciaron todos sus concejales y dejaron a la formación temporalmente sin representación. “No voy a negar que fue una situación complicada”, admitió y, en respuesta a una pregunta sobre si da por resueltos los problemas, manifestó que espera que no se den nuevas situaciones similares.

El partido se encontró con una crisis abierta en Verín a nueve meses de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. Todos los ediles renunciaron y dejaron al PP sin representantes en el Ayuntamiento. La formación, con una gestora al mando a nivel local, procuró acelerar el recambio y no tardó ni una semana en anunciar quiénes serán los nuevos representantes y el nombre que liderará la lista para los comicios del próximo año. El cabeza de lista va a ser Víctor Baladrón, diputado en el Parlamento de Galicia.

Rueda defendió esta manera de actuar acelerada para pasar página y aseguró que cree que eso era lo que la gente esperaba del partido. Las interinidades, dijo, “deben durar lo menos posible”. A la pregunta de si teme que emerja algún otro malestar en algún otro punto de la provincia, replicó que espera que no, pero que si sucede, la reacción será la misma que en Verín.

El hito jacobeo colocado en enero en la calle Portales de Logroño, delante de la concatedral de La Redonda, ya ha sido retirado. Los operarios han retirado el mojón que inauguró el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, después de meses de polémica política y patrimonial porque el mojón de piedra se había colocado sin licencia, en un punto por donde no pasa el Camino de Santiago y delante de un Bien de Interés Cultural. Se espera que se coloque en los próximos días en Pozo Cubillas, fuera del casco urbano de la ciudad.

El mojón, que marcaba la cifra de 604 kilómetros hasta Santiago de Compostela e incorporaba la simbología institucional del Gobierno gallego, fue inaugurado el pasado 16 de enero dentro de una campaña de promoción jacobea, con la presencia de los presidentes de Galicia y La Rioja, Alfonso Rueda y Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, entre otras autoridades.

Sin embargo, su colocación generó de inmediato críticas por el impacto estético sobre la La Redonda, considerada Bien de Interés Cultural (BIC), pues estaba colocado junto a sus muros y por la inexactitud de su ubicación, ya que la ruta jacobea no atraviesa esa calle. Además, el concejal de PR+ denunció que se había colocado sin la correspondiente licencia municipal.

Colectivos de defensa del patrimonio como Rioxa Nostra, formaciones políticas de la oposición y diversas asociaciones del Camino de Santiago recordaron que el trazado histórico y oficial del Camino Francés a su paso por Logroño discurre por las calles Ruavieja y Barriocepo, y no por la calle Portales, por lo que advirtieron que la presencia de la flecha amarilla frente a La Redonda provocaba confusión entre los peregrinos que cruzaban la capital riojana. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño justificó que la concatedral “era una de las paradas recurrentes de los miles de peregrinas y peregrinos que visitan la capital riojana en su camino hacia Santiago de Compostela”.

El Ayuntamiento de Logroño ha explicado que el monolito se cambia de sitio a petición de colectivos como Rioxa Nostra y Amigos de La Rioja y ha confirmado que se va a colocar en Pozo Cubillas como un hito oficial fuera del casco urbano, tal y como marcan los reglamentos del Camino de Santiago. Por el momento no hay la fecha exacta para su instalación pero se espera que sea en los próximos días.

El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda se ha enrocado en asegurar que han desaparecido las garantías económicas y financieras que sí se incluyen en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y en calificar de “estafa” la ley aprobada. Tanto el BNG como el PSdeG atribuyen la postura no a la literalidad del texto, sino a la obediencia del presidente gallego a las directrices del PP estatal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón, en un debate en julio en la Cámara autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que el presidente de la Xunta no gobierna pensando en Galicia “sino en lo que le dictan en Madrid” y en el “nuevo susurrador en el oído de Rueda”, que es la extrema derecha. Vox fue el único partido que se unió al PP en el voto en contra de la ley de transferencia.

Tras la negativa, la petición de la comisión bilateral

Entre los intentos del PP gallego de justificar su rechazo a una ley que permite una transferencia que llevan una década reclamando, Rueda lanzó su petición de que se reúna la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias. La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero lo calificó de maniobra dilatoria que pretende retrasar la comisión mixta: “La Xunta debe dejarse de excusas y ponerse a negociar porque las condiciones están claras en la ley”.

El BNG también lo interpreta como un intento de “enredar” que se traduce en un “boicot a la transferencia”. Luís Bará, viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento de Galicia, acusa a Rueda de hacer “un ejercicio de filibusterismo” y le reclama que negocie el traspaso de la autopista, que es una demanda histórica a la que el propio PP gallego dio su respaldo en los últimos años. La ley orgánica, insiste, deja claro que es en la comisión mixta en la que hay que negociar. “Rueda tiene que decidir si va a colaborar para hacer efectiva la transferencia o si va a seguir poniendo palos en las ruedas, como ha hecho el PP en los últimos 10 años”, añade.

Las contradicciones en el PP

El telón de fondo de esta batalla en torno a la transferencia de la AP-9 es una contradicción entre lo que el PP ha votado en Galicia y las decisiones que ha tomado desde Madrid. En diciembre de 2024, la número dos del partido en la comunidad, Paula Prado, se lamentaba en el Parlamento, en uno de los debates para pedir el traspaso de la autopista, de que el asunto se iba a llevar por cuarta vez al Congreso porque “el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. No mencionó que, en realidad, fue su propio partido en que impidió que prosperase la iniciativa en tres ocasiones, vetando incluso que llegase a debatirse.

En 2017, el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, dijo en una visita a Galicia que los problemas para el traspaso de la AP-9 eran de carácter técnico y económico. En julio de 2017, solo un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, se remitió a “las tensiones territoriales” para rechazar la posibilidad y dio como argumento que emprender ese proceso “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

Tras varios intentos –dos de ellos, con Pedro Sánchez en el Gobierno, que tampoco prosperaron: en una ocasión decayó al convocar elecciones y, en la otra, se quedó estancada tras varias peticiones de prórroga–, la ley actual es lo más lejos que ha llegado la reivindicación de que la AP-9 pase a ser una competencia gallega.

Por delante queda todavía todo el proceso negociador entre Xunta y Gobierno central y las consecuencias del expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga de la concesión que otorgó Aznar y que la dejó en manos de Audasa hasta 2048. En julio de 2025 se conoció el dictamen que consideraba que se incumplieron las normas. Entonces, la Comisión Europea reclamó que se tomasen “las medidas necesarias” para corregir las irregularidades y avisó de que, de no solucionarse, el asunto acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.

El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.

Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.

La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.

Permisos de trabajo

La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.

El Partido Popular ha dado un paso más en su pugna con la extrema derecha por el mismo electorado. Presidentes autonómicos de peso y dirigentes estatales están acercando sus posturas a las del negacionismo climático de Vox justo cuando España sufre sus peores incendios, con los fuegos de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón extendiéndose aún sin control y con más de 100.000 personas desplazadas de sus hogares. Los populares optan ahora por poner en cuestión las explicaciones científicas de los expertos que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana.

“Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, aseguraba a primera hora del lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en esRadio. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Desde que se conocen los incendios más graves de este verano, los populares no se habían mostrado tan abiertamente cercanos al discurso de Santiago Abascal. El líder de Vox habla una y otra vez de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global. También ha lanzado bulos como el que sostiene que la legislación actual, a la que vincula con esa lucha contra el cambio climático, no permite limpiar los montes.

Es una premisa falsa. La normativa vigente es la ley de Montes de 2003 que precisamente aprobó un Gobierno del PP y exige a las comunidades autónomas la aprobación de planes de prevención de incendios que, en la práctica, incluyen la gestión sostenible de los montes mediante retirada de restos, desbroces, podas y otras medidas.

Es más, las normativas autonómicas suelen obligar a propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas limpias y, en general, permiten hacerlo sin licencia salvo que estén en espacios protegidos. Lo que sí ocurre es que en épocas puntuales con alto riesgo de incendio o durante las olas de calor se dictan limitaciones a actividades que, precisamente, pueden provocar fuegos. Por ejemplo, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria que genere chispas. Greenpeace recuerda que los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado y, si no lo hacen, los ayuntamientos deben exigírselo o incluso encargarse de ello.

Ayuso y la limpieza de los montes

Con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó este lunes a ese mismo bulo de Vox sobre la limpieza en los montes. “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, decía la presidenta desde el puesto de mando de Navalcarnero, antes de asegurar que sus problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”, algo que en ningún caso recoge la normativa vigente.

Ayuso y otros dirigentes del PP tratan además de restar ahora importancia a la influencia del cambio climático en la virulencia de los fuegos. Como Vox, los populares contradicen así la evidencia científica que ha constatado que por culpa del calentamiento global cada vez se producen más incendios forestales y que estos son más intensos y destructivos. Con esta tesis, el PP trata de rechazar la propuesta del Gobierno de un pacto de Estado contra la emergencia climática que lleva planteando Pedro Sánchez desde el verano pasado. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad”, apuntó Ayuso este lunes.

“Sobre la propuesta de emergencia climática: he estado mirando en las hemerotecas y veo que casi desde el 2014 el Gobierno viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente...” ironizaba. “Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que en toda España están siendo la inmensa mayoría”, añadía, dejando de lado el papel desempeñado por el cambio climático en el escenario que vive ahora no solo la península ibérica sino el conjunto de Europa.

En la misma línea, se manifestó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y también para rechazar el pacto de Estado planteado por Sánchez. A su juicio, las causas de los incendios y su virulencia “múltiples”, si bien luego él sí ha reconocido que la incidencia climática y de las altas temperaturas “durante varios días seguidos” provocan los llamados incendios “de quinta generación”, que se asemejan a “auténticas explosiones” y se hacen “incontrolables”. “Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza”, añadía, tratando de restar importancia al calentamiento global.

Además de las evidencias científicas de las últimas décadas, Greenpeace recogió datos del año pasado y concluyó en un informe que “el cambio climático agrava los incendios y estos a su vez contribuyen a la emisión de CO₂, agravando el cambio climático”. Se trata, por tanto, de un círculo vicioso. Por ejemplo, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), los grandes incendios registrados en 2025 en comunidades como Castilla y León y Galicia dispararon las emisiones de carbono en España hasta cerca de 19 millones de toneladas de CO₂, convirtiendo 2025 en el año con mayores emisiones por incendios forestales desde que comenzaron los registros hace 23 años.

El año pasado hubo 33 días de olas de calor, uno de cada tres días de verano, recuerda el informe de Greenpeace. La del 18 de junio al 4 de julio duró 17 días y fue la tercera más larga y extensa de la serie histórica. En ese periodo se produjeron tres grandes incendios forestales. Pero la ola de calor del 3 al 18 de agosto duró 16 días. Fue la segunda más intensa de la historia (con una anomalía de 4,2 grados centígrados) y extensa que afectó a 42 provincias. En este periodo se produjeron 42 grandes incendios forestales. Además, el 71,4% de los grandes incendios de 2025 ocurrieron durante episodios de ola de calor.

El informe de la organización ecologista también añade que “el agravamiento de los grandes incendios forestales no puede ni debe atribuirse exclusivamente a la crisis climática. Existen factores estructurales profundos, como el abandono del medio rural, que resultan determinantes (...) El cese de actividades tradicionales como pastoreo, cultivos tradicionales, etc, ha favorecido la transformación del mosaico propio del sistema agrario tradicional en masas forestales continuas, ya sea de forma natural o por medio de plantaciones monoespecíficas, aumentando de forma alarmante la inflamabilidad del paisaje y facilitando incendios cada vez más intensos, rápidos y difíciles de controlar”.

Pérez-Llorca y los “atentados medioambientales”

Otro dirigente del PP, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, alentaba otro de los bulos habituales de la extrema derecha. Desde la Vall d'Uixó, que vive uno de los grandes incendios de la semana, el mandatario aseguró que lo que hay que hacer para evitar los fuegos es imponer penas “mucho más duras” contra los autores de los que llamó “atentados medioambientales”, como si tratara de una actividad organizada. Como en su día hizo Feijóo en Galicia, es habitual que desde la derecha y la extrema derecha se mencionen supuestas mafias, tramas organizadas o un supuesto “terrorismo incendiario” que provocaría los incendios de forma sistemática y coordinada, para evitar hablar del cambio climático.

La Fiscalía ha descartado en varias ocasiones la existencia de este tipo de organizaciones criminales complejas. Detrás de los incendios suele estar el factor humano, desde accidentes a negligencias o fuegos intencionales, pero solo una mínima proporción de los incendios se atribuye a personas que sufren piromanía.

Por parte de Génova 13, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que al hablar de la lucha de la emergencia climática el Gobierno “lo que plantea es todo ideológico”. “El problema es que la izquierda confunde conservación con inacción”, añadía ella. El plan de los populares pasa por retomar el que propuso Feijóo hace un año y que recoge 50 medidas casi idénticas al pacto de Estado que plantea el Gobierno.

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a un techo de gasto no financiero que asciende a 15.022 millones de euros para 2027, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone una cifra récord en la serie histórica, y lo hace además con fondos ordinarios al concluir las aportaciones extraordinarias derivadas de la pandemia y del fondo de mecanismo de resiliencia europeo. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que “por primera vez” se alcanza esta cifra. “Vamos a seguir la senda que iniciamos hace mucho tiempo de estabilidad y confianza”, ha ensalzado. El BNG, principal partido de la oposición, califica la cifra de “anticipo de unos presupuestos repetitivos” y acusa al Gobierno gallego de “falta de ambición política” y “conformismo”.

Rueda ha comparecido acompañado del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que ha explicado también las previsiones macroeconómicas, sobre las que ha actualizado el cuadro del ejercicio de 2026, “mejorando la estimación de crecimiento dos décimas”, por lo que “pasa del 1,9% a un 2,1%”. Una cifra, apostilló, “siempre prudente y que incluso no se descarta mejorar”. Para el 2027, Corgos ha insistido en que seguirán siendo “prudentes” y se prevé un avance del PIB “del 1,9%”, por lo que, tal y como ha manifestado, Galicia “encadenará siete años de crecimiento sostenible” y mantendrá “una mejor evolución media que España” y también “por encima de la zona euro”. Respecto a la tasa de paro, el conselleiro ha afirmado que para el próximo ejercicio se espera que “caiga por debajo del 8%, hasta el 7,7%”, rozando, ha añadido, “mínimos históricos”.

Tensiones comerciales y aranceles

El responsable de Facenda ha situado estas cifras en un contexto económico de “ralentización global de la economía” y con “muchas incertezas, externas e internas”. En cuanto a las externas, Corgos ha mencionado las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como “el impacto de la guerra comercial” y las incertezas asociadas “al conflicto de Oriente Próximo”.

Sobre las “incertezas internas”, ha lamentado la “inestabilidad del Gobierno central” que, ha criticado en línea con el argumentario habitual del Partido Popular, “no es capaz de llevar a cabo las reformas que se necesitan”. No entró en el detalle de cuáles. Ha censurado, además, “la falta de presupuestos y el rechazo de la senda de estabilidad para 2027, lo que ”afecta a la estabilidad económica“. Y también ha señalado la conclusión del ”estímulo inversor“ del plan de recuperación y resiliencia”, una ayuda extra que, tal y como ha explicado, “suponía más de 60.000 millones acumulados que venían de Europa”.

Para la diputada Noa Presas, del BNG, la subida del techo de gasto no es, sin embargo, “mérito de la Xunta”, sino del aumento de recursos del sistema de financiación vigente, que aporta 930 millones de euros más debido al aumento de la recaudación fiscal a nivel estatal. Presas criticó a un gobierno, el de Alfonso Rueda, que no ha expusto un modelo propio de financiación, se niega a negociar bilateralmente con Madrid y pretende renunciar a una quita de la deuda de 4.000 millones de euros.

Contra la quita de la deuda

Sobre este asunto, Rueda ha insistido en que “no es un buen negocio para Galicia” por sí sola, aunque el Ejecutivo autonómico sí estaría dispuesto a aceptarla siempre que vaya “acompañada de un acuerdo de financiación” que sea satisfactorio para la comunidad. Más allá, ha vuelto sobre la tesis de su gabinete, cuestionada por algunos economistas, de que “mutualizar la deuda” no es “la solución ni muchísimo menos”. “Al final, volvemos a salir perdiendo”, sostuvo. Su Ejecutivo, añadió, lo que quiere es sentarse con el resto de comunidades en un foro multilateral para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.

El Consello Económico e Social, órgano consultivo de la Xunta de Galicia, ha reclamado al Gobierno gallego que adopte medidas ante el evidente deterioro de la sanidad pública. Lo hacía en su memoria correspondiente al pasado año, 2025. Preguntado por estas críticas, el presidente Alfonso Rueda les ha restado importancia. “Siempre digo que hay que mejorar, pero ya hemos mejorado muchísimo”, se defendió. Trabajadores y usuarios protestan desde hace años por lo que, entienden, es un proceso de privatización que está corroyendo elementos fundamentales del sistema sanitario público.

“Respetamos la opinión del Consello Económico e Social. Se trata de una opinión multidisciplinar”, afirmó. Las recomendaciones sobre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) las aprobó por unanimidad el órgano que preside Manuel Pérez, exalcalde de Vigo por el Partido Popular. “No las comparto al 100%”, añadió Rueda. Manifestaciones multitudinarias ha mostrado en los últimos meses el profundo malestar ciudadano con el estado de la sanidad pública gallega.

No es la primera vez que los organismos consultivos y asesores de la Xunta afean las políticas de los gabinetes de Alfonso Rueda. El Instituto Galego de Estatística reveló, a finales de noviembre de 2024, la dramática caída en el número de gallego hablantes, especialmente entre la población más joven. El Ejecutivo respondió criticando la metodología e incluso encargó una encuesta a una empresa privada orientada a contradecir al IGE. También fue objeto de duros ataques por parte del Partido Popular el Consello da Cultura Galega. ¿La causa? Un informe de expertos que cuestionaba radicalmente el proyecto después fracasado para instalar una macrocelulosa en A Ulloa.

“Hito histórico” o “punto de inflexión” fueron algunas de las definiciones que usó el Gobierno gallego para definir la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega presentado la semana pasada. Pese a los ditirambos y a lo concurrido del acto -varios centenares de invitados, más de 800 según la organización- en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia no asistió y cedió a su conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, todo el protagonismo. El BNG acusa a Alfonso Rueda de ausentarse de un debate, el que afecta al estatus y posición social del gallego, que el propio Partido Popular incendió a partir de 2007, cuando rompió unilateralmente los laboriosos consensos tejidos hasta entonces.

“Ni siquiera estuvo en el acto propagandístico del PP en el Gaiás”, le afeó este martes la viceportavoz nacionalista en el Parlamento gallego, Olalla Rodil. Apenas se ha referido en público al documento de 700 medidas, elaborado por 130 expertos y que, aseguró López Campos, será la base para intentar llegar a acuerdos con las fuerzas políticas en la Cámara autonómica. Rueda se ha limitado a repetir los argumentos del conselleiro, a afirmar que la derecha está abierta a “ajustes” en el muy contestado decreto del plurilingüismo de Feijóo -instituciones científicas y culturales lo rechazaron, hubo manifestaciones multitudinarias en contra- y a atacar a la oposición por criticar el plan, dice, “sin haberlo leído”. La líder del BNG, Ana Pontón, le ha solicitado por carta una reunión para explicarle la propuesta nacionalista sobre el idioma, pero se ha topado con el habitual desdén de los populares, que la han remitido a las discusiones parlamentarias.

El Bloque entiende que la actualización del plan de 2004 -aprobado por unanimidad de PP, socialistas y BNG al año siguiente, un pacto dinamitado por Feijóo y Rueda a partir de 2007- es en realidad “un catálogo de rebajas”. Centra sus críticas en el ámbito educativo y recuerda que el anterior documento recomendaba un mínimo del 50% de asignaturas en gallego, algo que el PP incumplió después de haberlo firmado, y el nuevo lo reduce. “Establecer en la norma legal para todos los centros y niveles educativos un reparto en el uso escolar de las lenguas oficiales que garantice la adquisición de competencias equilibradas y favorezca el conocimiento, la valoración y el uso de la lengua gallega”, dice en concreto, además de aludir a un “principio de equilibrio” entre idiomas que se ha convertido en fetiche político del PP al respecto y que obvia la situación de desigualdad entre gallego y castellano.

Todavía este lunes, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, el conselleiro de Cultura e Lingua insistía en que “no existe” un problema de competencias lingüísticas entre los jóvenes, sino de “prestigio social”. Los informes de expertos no avalan esta tesis. De hecho, la encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), dependiente de la Xunta, que encendió todas las alarmas hace año y medio deducía lo contrario: 15 años de políticas lingüísticas del PP de Feijóo y Rueda multiplicaron por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no sabe hablar gallego, el 32,44%.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

Ocho meses después de lo previsto, la Xunta de Galicia presentó su nueva propuesta para la normalización del gallego. El documento recoge 700 medidas “en todos los ámbitos sociales” elaboradas por 130 expertos, pero no entra en uno de los aspectos más discutidos de la política lingüística de los sucesivos gobiernos del Partido Popular: su presencia limitada por ley en la enseñanza. El conselleiro de Cultura, José López Campos, remitió la posibilidad de rectificar el llamado decreto del plurilingüismo, impuesto en 2010 por Feijóo, a una negociación política y “con consenso”. Preguntado por si el Gobierno gallego levantará el veto al idioma en asignaturas de ciencias, dijo: “El plan recoge ese escenario”.

López Campos cargó, no obstante, contra el BNG e insinuó que la exigencia de retirada de la norma que, por primera vez en democracia, redujo el gallego en las aulas era “una reclamación unilateral” del nacionalismo. En realidad, dicha legislación ha sido cuestionada por instituciones culturales oficiales, asociaciones de base, escritores y cineastas, sindicatos, toda la izquierda política e incluso por el Consejo de Europa. “El plan no entra en el tema del decreto pero sí pide ajustes que permitan actualizarlo”, resumió. El BNG cargó contra el Gobierno gallego casi en tiempo real: “Van a mantener el infame decreto contra el gallego que convirtió nuestra lengua en una lengua de segunda y nos llevó a la actual situación de desastre en la que cada vez se habla menos gallego”.

El conselleiro atendió a las preguntas de los medios de comunicación en un aparte, tras presentar las líneas generales de un documento para el que no ahorró ditirambos. “Es una respuesta ambiciosa y estratégica que sintetiza las aportaciones de la inmensa mayoría de la sociedad gallega”, afirmó ante cientos de invitados en el museo de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Pese a la autoproclamada importancia de la cita, entre los asistentes no se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni el responsable de Educación, Román Rodríguez.

El argumento principal del Gobierno gallego para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüistica de 2004 consiste en una evidencia: Galicia ha cambiado y no es la misma que en 2004. También mencionó los alarmantes datos de la encuesta del Instituto Galego de Estatística que revelaron la drástica caída de gallego hablantes, sobre todo en la franja de edad más joven. “Esas cifras nos pedían un paso al frente. También lo pidió en 2025 la Real Academia Galega. Entendimos perfectamente el mensaje”, aseguró.

“Un nuevo tiempo en el que el gallego sea la lengua que nos une”, decía, en esa línea, el vídeo que abrió el acto del Gaiás. Lo que obviaba, también lo obvió el conselleiro, era que los acuerdos amplios de los que presumía en las imágenes los dinamitó por su cuenta y riesgo el Partido Popular. “La lengua gallega”, dice ahora López Campos, “es una responsabilidad social, una gran responsabilidad colectiva”. Y definió el Pacto da lingua galega como “un nuevo documento sobre un pacto social” del idioma y pidió “altura de miras” a las fuerzas políticas para sumarse al mismo tras un “proceso de escucha y diálogo” del Parlamento autonómico.

“Estamos a tiempo de compromisos compartidos”

Los trabajos, coordinados por el catedrático y académico Manuel González, implicaron a 130 expertos organizados en 11 comisiones sectoriales, 400 contactos y recopilaron 1.300 aportaciones. “Aún estamos a tiempo de alcanzar compromisos compartidos”, dijo, “desde el diálogo, las razones, el realismo y el rigor”. González había desgranado antes lo que designó como seis objetivos del nuevo documento: la capacitación lingüística de la población, la garantía legal de poder vivir en gallego, el incremento de la implantación social de la lengua y su mayor estima social, el reconocimiento exterior de la misma y la dotación de recursos lingüísticos y técnicos para “vehicular las necesidades de la sociedad actual”.

El académico, que ya hace más 20 años presidió la redacción técnica del plan de normalización, no esquivó las controversias. Aseguró comprender la postura del BNG, “aunque no la comparta”, pero insistió en acordar “una hoja de ruta avalada por el consenso y un compromiso político sin grietas”. Celebró las medidas a favor del reconocimiento del pluralismo lingüístico del Estado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez -su uso en el Congreso y en el Senado, la petición de oficialidad en la Unión Europea- a las que se opuso el Partido Popular en Madrid y en Santiago de Compostela. Y llamó “al avance social del gallego en todos los estratos y todos los sectores”. “Ojalá la fecha de hoy marque un punto de inflexión en el camino de la plena normalización de nuestro idioma”, había comenzado su discurso.

9Louro y dos conselleiras

A la presentación del Plan da lingua galega asistieron, en el edificio del museo de la Cidade da Cultura, cientos de invitados. Había miembros de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura, dos conselleiras -la de Política Social y la de Vivienda- pero ni rastro del de Educación, a cuyo departamento corresponde la aplicación del discutido decreto del plurilingüismo, mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, candidatos del Partido Popular pero ningún representante del nacionalismo político, tampoco socialista, presidentes de fundaciones culturales emblemáticas -la Rosalía de Castro, la Castelao-, incluso presentadores de televisión. No estaba Alfonso Rueda pero sí el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. El acto lo condujeron Esther Estévez e Xosé Antón Touriñán y lo salpicaron intervenciones -la productora audiovisual Zaza Ceballos, neofalantes de distinto origen- y actuaciones -9Louro, Simón Rodríguez Landaeta- que a duras penas se sobrepusieron a la insufrible acústica del edificio diseñado por Eisenman.

Datos catastróficos recogidos por el IGE

El Gobierno de Alfonso Rueda reaccionaba con la promesa de un Pacto polo Galego a los catastróficos datos recopilados por su órgano estadístico. Quince años de gabinetes del Partido Popular habían multiplicado por dos el número de niños que no saben hablar gallego: el 32,44% de entre 5 y 14 años. Expertos y oposición enseguida lo vincularon a las consecuencias del decreto del plurilingüismo, que redujo por primera vez la presencia del gallego en la enseñanza pública y lo prohibió en algunas asignaturas de ciencias. La norma, aprobada en solitario por el PP de Feijóo en 2010, había provocado un rechazo masivo de izquierda, nacionalismo, académicos o estudiosos de los procesos de normalización lingüística. Hasta el Consejo de Europa acabó pronunciándose en contra.

El decreto culminaba así la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego a la que había procedido Alberto Núñez Feijóo con Rueda como número 2. La derecha gallega asumía el discurso extremista de asociaciones contrarias al idioma propio de la comunidad e incluso participaba en sus manifestaciones. Según estas, y así lo repite todavía en algunos debates el actual presidente de la Xunta, el bipartito de Pérez Touriño estaba “imponiendo” el gallego y poco menos que persiguiendo a los castellano hablantes. Esa retórica gruesa le sirvió a Feijóo para arrastar a su partido a la ruptura del Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad -PP, Partido Socialista y BNG- en el Parlamento gallego en 2005, cuando todavía gobernaba Fraga Iribarne.

A la necesidad de revisar y actualizar ese plan, conformado por más de 400 medidas concretas dirigidas “a favorecer el uso del gallego en todos los ámbitos de la sociedad”, se refirió el conselleiro José López Campos a los pocos meses de que el IGE difundiera su encuesta. Antes, eso sí, su departamento había llegado incluso a cuestionar la metodología del organismo oficial y encargado una encuesta a una empresa demoscópica privada para revertir la imagen de la situación lingüística gallega. Ahora, con la presentación del Plan da lingua galega con ocho meses de retraso sobre la primera de las fechas anunciadas, la Xunta asegura que busca un lugar para el gallego “en la Galicia de 2026”.

Comisións Obreiras ha anunciado que llevará ante la Justica el recorte del derecho a baja laboral en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia. Fue la medida estrella del último discurso sobre el estado de la autonomía pronunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su superior en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, la quiere replicar a nivel estatal. Para el sindicato, este primer paso de una ofensival que cuenta con el apoyo de la patronal y de algunos medios de comunicación, “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”. También la CIG ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución que refuerza el papel de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales y lamenta que la Xunta presente la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”. Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos. CC.OO. alerta además de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC.OO., “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”. Todo ello después de que CIG y CC.OO. -ambas centrales suman una amplísima mayoría sindical- se hayan descolgado de la presunta mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.

A política económica é unha parte da política xeral que ten por obxecto a planificación, a xestión e o exercicio das accións de política económica desde o goberno. Todas as accións de política económica non precisan dun orzamento; o só uso nunha dirección ou noutra dun instrumento tan discreto como son o DOG ou o BOE pode modificar fondamente a vida dun pobo.

Prohibindo unhas determinadas accións ou permitindo outras ou fomentando aqueloutras, as diferenzas de resultados están á vista. Por exemplo: prohíbese fumar en tales espazos. Mudou completamente a vida en saúde do conxunto da cidadanía. Outra: é obrigatorio o ensino entre os 6 e os 16 anos. Terceira: todos os cidadáns teñen dereito á asistencia sanitaria gratuíta. Ou: queda declarado de interese estratéxico o proxecto de instalación dunha celulosa por parte de Altri. Ou ben: quedan retirados todos os fondos públicos para gastos referidos á memoria histórica. Ou: a Igrexa Católica pode seguir desfrutando dos fondos públicos do Estado español en forma regular e crecente grazas aos concertos no ensino ou a recadación no IRPF de fondos con destino a esa confesión relixiosa. E poderíamos seguir con alíneas numerosísimas só para ilustrar que as normas son unha arma de política económica poderosa.

Mais é igual de interesante o aspecto que consiste en examinar o que non hai ou como se controla e coñece o que hai. Se nos referimos ao exercicio das liberdades democráticas esperábeis sendo unha delas o dereito ao coñecemento das actuacións públicas, a cada paso atopámonos cun muro de burocracia ou simplemente de inaccesibilidade que converte en inalcanzábel o obxectivo social da igualdade de oportunidades. E se examinamos a capacidade de exame e control do labor de representación e xestión dos gobernantes, xa atopamos non un muro senón a grande muralla chinesa.

A cita do matiz chega neste momento xa que non hai igualdade nen semellanza homologada entre os compoñentes (chamémoslle corpo militante ou de adheridos) dos partidos políticos con denominación vixente ao longo das últimas décadas. E de súpeto batemos con algo pre-político, pre-democrático e pura e simplemente de expresión humana en comunicación. Tal é o uso do idioma noso. Para nos entender: sería impensábel que Manuel Fraga tivera adoptado na Galiza o español como idioma de comunicación e, non obstante, Rueda é un asiduo utente. Tanto ten para quen fale, onde fale e do que fale: a predominancia, prevalencia, ou presencia esmagadora do español, é marca da casa (da súa casa).

Dado que a lingua utilizada é o único vehículo de comunicación entre seres humanos non mudos, debemos interpretar que esa militancia no uso do español debe ser entendida noutro rexistro distinto do da política do seu partido político. Nós entendemos esta conduta ao revés do exame habitual / usual. Non é que o PP con residencia na Galiza se teña españolizado: xa era, e non adquiriu novas cotas. A cuestión xorde dun matiz que ten pasado desapercibido: o actual presidente da Xunta ten unha incapacidade laboral transitoria para se expresar no idioma do país (oficial do país).

No PP saben e agardan a que este asunto molesto sexa transitorio ou eventual, precario, temporeiro, de persoa inmigrante sen integrar, de persoa dos de fóra que ten que vir para dentro... etc., permitíndonos engadir máis posibilidades, por exemplo: para ser presidente hai que ter algún CELGA (Certificado en Lingua Galega) aprobado? No PP agardan a estar representados por un xefe que cumpra segundo o esperado, con dignidade, o papel de máximo representante dun país con lingua propria, que cumpra a lei.

Hai militantes do PP que pasan vergoña ao escoitalo. Hai destacados representantes institucionais que levan coa dignidade inherente de se saber galegos o uso do idioma como vehículo de comunicación normal que debería ser. Hai conservadores galegos non adheridos ao PP que expresan con estrañeza esa ausencia comunicadora. E, logo, os que sendo pouco críticos cos defectos dos exercentes do poder político copian formas e maneiras e pensan que falar español é máis in que se expresar no idioma proprio. E aí acaban os matices.

A secuencia de anti-pedagoxía social remata no ridículo. Non hai máis para onde ir. Pero hai país por fóra e por riba de Rueda e a súa incapacidade para ben representar. Haino, con capacidade tanto política como cívica: na Universidade, no ensino en xeral, nas organizacións culturais cidadás, nas organizacións e clubes deportivos, nas organizacións sindicais, nas empresariais... no amplísimo conxunto das organizacións de todo tipo que poboan a sociedade actual de calquera tipo de actividades sociais (é dicer, realizadas en sociedade).

O presidente da Xunta só ten compañeiros de militancia recalcitrante en organizacións que por mal entenderen a natureza dos seres humanos socializados nun país cren que hai un idioma universal chamado español que viste, reviste e unta de maneira pegañenta autoridade. Son algúns membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e algúns membros despistados da Igrexa Católica. En exercicio das súas funcións adquiren unha máscara de persoa (no sentido do teatro clásico) ao falaren en español, ao se dirixiren ao administrado nese idioma mesetario na crenza (inxenua ou ignorante) de que o español: AR! imprime carácter.

Se o uso da autoridade aínda que sexa con armas polo medio só se pode valer do español, case nos imos sentir cidadáns tratados como colonizados: arríncoche todo empezando polo nome e o idioma (debeu de decir Hernán Cortés ao comezar a conquista). Se así cren que está mellor exercida a autoridade, van dous pasos por detrás do que é o preponderante: chinés e inglés. Nesa orde para mirar cara ao futuro e se do presente se tratar poderíamos seguir pensando que ornear en inglés confire autoridade. Tamén pode pasar como dixo un meu amigo músico: o problema é que ese é idiota tamén en inglés.

O idioma alleo, o idioma comprado, vale se é o único instrumento de entendemento entre dous comunicantes de distinto país cultura e idioma. De non ser así, mellor copiemos aos británicos que nunca aprenderon outro idioma distinto do seu. Eles son historicamente falando o pobo menos experto en idiomas estranxeiros de todo o mundo. E non padeceron nada usando o seu propio idioma, nen se abaixaron a cambiar para ninguén.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado el retraso al mes de septiembre en la incorporación del nuevo helicóptero antincendios de la Xunta. Así lo ha asegurado a preguntas sobre la información de Faro de Vigo que indica que el nuevo helicóptero, con gran capacidad para transportar gran cantidad de agua, se retrasa a septiembre.

Al respecto, Rueda defiende que hay una incorporación “progresiva”, no solo de los medios de la Xunta, los cuales “casi todos están operativos ya”, sino “de los medios que está aportando el Gobierno central”. Expone que ese nuevo helicóptero “entrará a operar en el mes de septiembre y se unirá a los que ya están operando”. Y se remite a la Consellería do Medio Rural para “más detalles” sobre ese “retraso”.

35 patrullas terrestres del Ejército

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha elevado este lunes al Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno autonómico para la renovación de la conocida como Operación Centinela, de prevención de incendios forestal. Así, habrá un despliegue por los montes gallegos, entre el 10 de agosto y 25 de septiembre, de 35 patrullas terrestres del Ejército y de dos equipos de mantenimiento móvil.

La Consellería do Medio Rural destinará 593.800 euros a esta iniciativa, con un presupuesto algo superior a 2025 por la actualización de los importes del Ministerio de Defensa. Además, el convenio prevé la posibilidad de que las patrullas puedan realizar vigilancia aérea complementaria mediante unidades de dron en el caso de ser necesario. Los militares se sumarán un dispositivo llega a 7.000 efectivos en Galicia en el alto riesgo entre las diferentes administraciones.

El primer plazo que dio la Xunta para presentar su propuesta para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística era noviembre de 2025. Después, el Gobierno gallego retrasó el acontecimiento hasta el primer semestre del año actual. Finalizado el mes de junio, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha admitido que la previsión no se cumple y que ese documento, que el Gobierno gallego llama “pacto pola lingua” se va a hacer público en el mes de julio.

Rueda señaló, en respuesta a una pregunta sobre los motivos para este retraso -un aspecto sobre el que no contestó- y el posible nuevo plazo, que estará en breve. El pacto fue anunciado por el Gobierno gallego una vez asumió la Presidencia Alfonso Rueda. El plan de normalización que promete actualizar es un documento que fue aprobado en 2005 por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo rompió en 2011, con un decreto que supuso, por primera vez, un retroceso del gallego en las aulas.

La Xunta tiene sobre la mesa, mientras elabora su propuesta, varios informes y posturas de organismos relacionados con la cultura que consideran catastrófica la situación del gallego, como es el caso del Consello da Cultura Galega, o que avisan de que los colegios destruyen gallegohablantes, como avisa la Real Academia Galega.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido en defensa de la promesa del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar una “ley nacional del concebido no nacido” si gobierna, a pesar de que asegura que desconoce cuáles son los motivos para lanzar esa propuesta, planteada al hilo de la ley promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

“La necesidad de hacer una nueva ley se me escapa. En la óptica de Galicia, no era necesario, pero a nivel estatal no sé los condicionantes que pueden llevar a la necesidad de hacerlo por ley, pero seguro que los hay, cuando se hace el planteamiento”, manifestó, en respuesta a una pregunta durante la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete. En Galicia, como recordaron tanto Feijóo como Rueda, está en vigor una norma que ya reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar. Supone, según el actual presidente gallego “ventajas importantes para muchas personas, familias y mujeres”.

Rueda recordó que las medidas son herencia de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta y él decidió mantenerlas. En concreto, el concepto del “derecho a la vida en formación desde la concepción” figura ya en una norma de 2010 de apoyo a la mujer embarazada, un texto que nació después de que el PP gallego asumiese las posturas de Red Madre, una organización antiabortista. En 2011 se aprobó la ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, que recoge, en su definición de lo que es una familia numerosa o monoparental, que “se asimilará al descendiente el hijo o hija concebido o concebida”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que las diferencias entre su formación, el PP, y Vox “están ahí y muchas personas las perciben”, pero no ha dado ningún ejemplo concreto. En respuesta a una pregunta al respecto tras los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía que han llevado al PP a aceptar ideas del partido que lidera Santiago Abascal, Rueda ha eludido mencionar en qué temas la organización a la que pertenece se separa del ideario ultra.

“En Galicia [las diferencias] son especialmente notorias”, manifestó y argumentó que, por esto, Vox no tiene presencia institucional actualmente en la comunidad. “Y voy a trabajar para que así siga siendo, aunque al final son los electores los que deciden”, agregó. Las próximas elecciones autonómicas serán, si se convocan según el calendario previsto, en 2028.

Rueda afirmó que las dos formaciones son distintas, pero no citó ninguna diferencia concreta entre ellas. El presidente gallego sí marcó distancias en asuntos concretos en el pasado. Lo hizo, por ejemplo, cuando, en el mes de febrero, su compañera María Guardiola estaba buscando el apoyo de Vox para lograr la Presidencia de la Junta de Extremadura y dijo en una entrevista que los dos partidos defendían “el mismo feminismo”. Entonces, el barón gallego del PP discrepó: “Tengo claro que, en todos los temas que tienen que ver con feminismo, en el PP gallego y en la Xunta tenemos bastantes diferencias con los planteamientos de Vox”.

El presidente gallego sí dio su respaldo expreso a otras cuestiones, como la de la “prioridad nacional”, que Vox ha exigido para los acuerdos en las comunidades, sobre la que Rueda dijo que hay una mayoría de ciudadanos, según su percepción, que quiere que se valore “llevar tiempo” viviendo y cotizando en España y que esto es “de sentido común”.