El PSdeG ha informado de que presentó este jueves una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Pontevedra contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la visita realizada el pasado 14 de octubre a las obras de dos promociones de vivienda pública en San Paio de Navia, en Vigo, y por la comunicación que el Gobierno gallego difundió ese mismo día en su página web.

Los socialistas consideran que, ocho días después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las elecciones generales, la Xunta “utilizó un acto institucional y un canal oficial para hacer balance de su gestión en materia de vivienda, algo que la ley electoral prohíbe expresamente mientras dura el periodo electoral”.

El escrito, firmado el 15 de octubre por la representante socialista en la circunscripción de Pontevedra se fundamenta en el artículo 50.2 de la Ley orgánica del régimen electoral general (Loreg). Este precepto prohíbe, desde la convocatoria y hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a hechos o logros obtenidos.

La denuncia sostiene que el contenido publicado por la Xunta va más allá de informar del estado de unas obras y constituye “una valoración favorable de la gestión autonómica difundida a través de un soporte institucional”. Para los socialistas, la suma de una visita presidencial y de su difusión en la web oficial “supone presentar como méritos de la Administración autonómica pasos dados, compromisos cumplidos y proyectos cuando el proceso electoral ya está en marcha”.

Que se retire

En la denuncia, solicitan a la Junta Electoral que compruebe y deje constancia del contenido íntegro de la publicación y de su fecha, y que le requiera al Gobierno gallego “información sobre la organización de la visita y los medios públicos empleados, así como la identidad de las personas que elaboraron y autorizaron la comunicación”.

Piden también que se declare la vulneración de la normativa que prohíbe los actos de inauguración de obras o servicios públicos durante el período electoral, y que se ordene el cese de la difusión del contenido mientras dure ese periodo. La demanda incluiría su retirada o desactivación temporal en la web de la Xunta y en las reproducciones institucionales que se detecten, conservando una copia para el expediente.

Procedimiento sancionador

Los socialistas reclaman igualmente que se requiera a los responsables que se abstengan de repetir actuaciones institucionales de esta naturaleza y que el órgano competente valore la apertura de un procedimiento sancionador una vez identificadas las personas responsables y sin anticipar su culpabilidad ni la posible sanción. La denuncia contempla también la posibilidad de que la Junta Electoral Provincial de Pontevedra remita el caso con urgencia a la Junta Electoral Central, si considera que esta es la competente por la condición de la autoridad denunciada y por el alcance de la difusión.

“Un referente de coraje, compromiso y amor por Galiza”; “no dejaba a nadie indiferente”; “una figura política crucial”; “nuestro comandante sin ejército...”. La muerte de Xosé Manuel Beiras a los 90 años ha sacudido la política gallega –y no sólo la gallega– y ha provocado una cascada de reacciones. El que fue, sin duda, el político más importante del nacionalismo gallego desde Castelao, será velado desde mañana viernes a las 12 del mediodía en una sala habilitada para ello en el Museo do Pobo Galego. Allí se celebrará a las cuatro de la tarde un acto público de homenaje abierto a la ciudadanía.

Una de las primeras reacciones públicas ha sido la de Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG, fuerza de la que Beiras fue cofundador y a la que volvió a acercarse tras una sonora ruptura en 2012, escribió en la red social X: “Beiras deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas, entre las que me incluyo. Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para sempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego”. La líder de la oposición se despide enviando un gran abrazo a sus hijos Ricardo y Daniel, “y a toda la familia”.

Casi una hora después, llegaban las condolencias del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Xosé Manuel Beiras marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. Tras enviar todo su afecto a la familia, señala que “el nacionalismo gallego pierde, sin duda, un referente”.

El último presidente socialista del gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño –alumno de Beiras en la Facultade de Económicas de Santiago: “me puso matrícula”– consideraba “difícil encontrar a alquien que tuviese a Galicia más dentro de sí mismo”. En declaraciones a la TVG lo definió como una figura “transversal, compleja y poliédrica” antes de destacar su “liderazgo intelectual” y su papel como “referente máximo del nacionalismo en los últimos 50 años”.

Minutos antes llegaba la larga despedida del líder del PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro definía a Beiras como “una de las grandes figuras de la política gallega, con una profunda huella en la historia de nuestro país” para concluir: “Un intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista”. El secretario general de los socialistas gallegos recordaba cómo compartieron “reflexiones desde trayectorias y posiciones diferentes” pero siempre los unió “una visión socialista del mundo y la convicción de que no hay progreso para Galicia sin justicia social”. “Me quedo con la suerte de haberte conocido, Xosé Manuel”, concluye.

Entre los más madrugadores estuvo también Pablo Iglesias. El fundador de Podemos descubrió a Beiras en la campaña de las autonómicas de 2012, donde fue asesor de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE). Aquella coalición estaba formada por Anova –el partido creado por el histórico nacionalista tras abandonar el Bloque–, la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y otras fuerzas menores. Después, los morados se integrarían con todos ellos en En Marea y las distintas candidaturas municipalistas. Para Iglesias, Beiras fue “una figura política crucial en la historia de la izquierda y del nacionalismo de Galicia”.

“Como su querido A. Camus, hizo de la vida ”un acto de rebeldía“. La vicepresidenta Yolanda Díaz –de quien se distanció tras sentirse ”traicionado“– también recordó a Beiras en la red Bluesky. ”Es la lucidez intelectual y el compromiso con todas las causas emancipadoras“. ”Transformó nuestras vidas haciendo brotar la mejor Galicia y la mejor humanidad“, concluía antes de enviar ”todo el cariño para su familia“.

El coordinador de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, también se despidió de Beiras, “un referente histórico ineludible del nacionalismo galego de izquerda y un intelectual comprometido con su pueblo”. “Ha sido un honor conocerte”, aseguró y, tras recordar su último encuentro, hace unos años, se despidió con una frase en galego y euskera: “un abrazo fraterno y solidario en este momento de dolor al pueblo gallego y a sus seres queridos”.

Una de las despedidas más sentidas, sin duda, fue la de Martiño Noriega, su médico, amigo y portavoz nacional de Anova –donde Beiras siguió militando hasta el final–. “Por los caminos de nuestra historia marcha despacio nuestro Comandante sin ejército para una revolución”. Esas fueron las palabras con las que cerró el réquiem que escribió para elDiario.es.

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, defiende que Ana Vázquez Blanco, también conocida como Ana de Bande, no debe verse penalizada en las listas electorales tras el episodio protagonizado en el Congreso de los Diputados, en donde introdujo un spray de gas pimienta -considerado un arma y, por lo tanto, prohibido en la Cámara-, y que se saldó con varios intoxicados.

“Puede ser un gesto desafortunado” fue toda la crítica que hizo Rueda del comportamiento de Vázquez, sobre la que consideró que puede volver a formar parte de la candidatura del PP para las elecciones generales que serán el 29 de noviembre. Que se le pueda reclamar la dimisión es “un disparate”, según el presidente gallego, que recurre al argumento de que hay cosas peores en otros partidos: “Con todo lo que vimos en el PSOE...”.

Rueda se refirió también este lunes a la posibilidad de que el PP integre en las listas a personas que forman parte actualmente del Gobierno gallego. Así ocurrió en 2023, cuando Feijóo llamó a dos de los conselleiros de la Xunta y obligó a Rueda a remodelar su gobierno. El presidente gallego manifestó que entendería, una vez más, que hubiese salidas si el líder del PP estatal le pide a alguno de los altos cargos que se presente en las candidaturas, aunque asegura que no ha tenido insinuaciones por el momento.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sugiere que hay riesgo de fraude en el voto por correo. En cualquier fórmula para ejercer este derecho deben darse “las máximas garantías”, pero cree que, en la actualidad, hay que poner el foco especialmente en las papeletas que se van a recibir a través de Correos: “Tenemos que ser muy estrictos, visto lo visto”. Se sumó así al bulo del pucherazo electoral, al que recurrió también hoy, con más vehemencia, su compañera de partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llamó a no votar por correo.

Preguntado sobre estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Rueda replicó que en lo que él está de acuerdo es en que “todo sistema de voto tenga las máximas garantías” y que, “esta vez, por las cosas que se han visto”, hay que vigilar especialmente el voto por correo.

El presidente gallego, líder también del PP en la comunidad, manifestó que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al 29 de noviembre “coincide, por primera vez en mucho tiempo, con el sentido común”. Él, como el resto de su partido, venía reclamando una convocatoria electoral. Eso sí, opina que lo que ha guiado a Sánchez es su interés personal y un cálculo de que el momento no es, tal vez, “el que más le beneficiaba, pero sí que el que menos le perjudicaba”.

Rueda cree que la decisión responde a un “oportunismo político” que busca “anticiparse” a “circunstancias que podrían ocurrir” o el “impacto” de casos judiciales abiertos en el entorno del presidente del Gobierno. No cree que el debate sobre la vivienda y el voto del PP en contra de los dos decretos presentados la semana pasada tenga que perjudicar a su partido: “La vivienda es un buen motivo sobre el que discutir siempre. Es un buen escenario para hablar de lo que cada uno hizo, con realidades y no con anuncios de propaganda”.

El presidente gallego habló también sobre la posibilidad de que el líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a mirar hacia su gabinete para elaborar las listas electorales. La llamada de Feijóo en 2023 provocó la salida de varios conselleiros del Gobierno gallego para integrarse en la candidatura del PP al Congreso y obligó a una remodelación en la Xunta. Rueda expuso que su opinión sigue siendo que lo “procedente” es que, si se repite ese escenario, salgan miembros de su equipo, aunque aseguró que no ha habido ninguna insinuación al respecto. Niega que vaya a aprovechar la situación para cambiar a alguno de sus conselleiros y razona que, si estuviese descontento con alguno, lo habría cambiado ya.

Estes días, no medio das reivindicacións da rapazada acampada nas prazas, escoitei algunhas comparacións da situación actual da vivenda coa época dos nosos pais, dos nosos avós… porque sempre hai quen porfía en encirrar o conflito xeracional inda que sexa por vender libros. De tanto volver a vista atrás e matinar nas xeracións anteriores, veume á mente El Verdugo (1963), o mellor filme de Berlanga, se me preguntan, no que a trama se pon en marcha porque Pepe Isbert está a piques de xubilarse coma verdugo e iso suponlle que nin el nin a súa familia van poder acceder ao piso de protección oficial que lles correspondería se seguise a ser funcionario público. Durante toda a película o piso do padroado, cos seus tres cuartos e a súa terraza para cear no verán, paira sobre as decisións e os destinos dos personaxes, até propiciar o traxicómico final.

Lembrei a película e o ben que reflicte a España do NO-DO: as clases populares sobrevivindo a base de adaptárense ás esixencias do réxime e de aparentar abrazar eses principios (ás veces arrastro e berrando, como lle acontecía a Nino Manfredi ao final da película) e unha pátina de modernidade sobre a miseria: a voz engolada de Matías Prats anunciando as inauguracións do caudillo sobre a música triunfante de trompeta.

Vese que o NO-DO como modelo de comunicación propagandística deixou fonda pegada nalgúns nostálxicos, e esta semana asistimos a unha reconstrución histórica daquelas locucións exaltadas a cargo de Alfonso Rueda e a súa conselleira de vivenda, María Martínez Allegue. A escena, representada diante dos 24 pisos de protección oficial que a Xunta vén de entregar en Santiago (os primeiros en 17 anos de goberno), tiña todos os vimbios simbólicos cos que se teceran aquelas reportaxes do réxime: as humildes familias expectantes a pé do estrado que se instalara para que o presidente Rueda puidese saudalas desde arriba, os chaveiriños en forma de casa co logotipo da Xunta pendurados dun panel azul corporativo, a prensa gráfica retratando para as súas galerías fotográficas a todos e cada un dos destinatarios do alugueiro protexido, os agradecementos entre bágoas, o sorriso paternalista dos políticos.

Como nunha graduación de película americana, un Matías Prats de a patacón anunciaba o nome da persoa adxudicataria e esta tiña que subir ao estrado (conteilles xa que había un estrado?) e desfilar até o lugar onde por fin recoller as súas chaves de mans do presidente ou da conselleira. O nivel de espectacularización dos dereitos constitucionais foi tal que case foi un milagre que a Alfonso Rueda non lle escapase un “you get a house!” ao estilo Oprah Winfrey cada vez que entregaba un xogo de chaves.

Antes diso, o discurso, lembrándolles aos arrendatarios que eses pisos están pagados “con impostos de todos os galegos”, como se eles non fixesen parte dos galegos que pagan impostos e só estivesen alí como obxecto de beneficencia. Para que non quedase dúbida de que non todos somos iguais neste mundo de propietarios e rendeiros, o presidente encomendounos tamén a coidar as súas vivendas “como se fosen as vosas casas”. Non descarto que vaia facer coma os propietarios de pisos de estudantes e se pase a cobrar o alugueiro en man para poder osmar cando lle abran a porta, a ver como lle ten o piso esa xente.

O que debería ser un trámite burocrático de acceso a unha escasísima primeira oferta de vivenda pública, asinar uns papeis e recoller unhas chaves, virou, en mans da Xunta do PPdeG, nun festival da beneficencia na liña á que xa nos teñen afeitos, como aquel acto do primeiro aniversario de Alfonso Rueda á fronte do goberno galego, no que destinatarios de distintas prestacións sociais agradecían a Deus e a Xunta que os cartos públicos se destinasen a servizos públicos. E imos ter festivais para un bo anaco, porque aínda quedan 32.000 demandantes de vivenda pública que levan máis de catro lexislaturas do PP agardando. Se cadra os vindeiros agraciados, no canto de asumir o estilo do NO-DO, optan pola estética berlanguiana, e dálles por subir todos xuntos de ganchete ao estrado cantando aquilo de “Alfonso Rueda, te recibimos con alegría…”. Será, sen dúbida, o que está a soñar o presidente mentres se prepara para licitar outros 24 pisos nas vindeiras décadas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclama que se dé protección a los propietarios de vivienda ante la crisis actual, que encabeza las preocupaciones de los ciudadanos y que ha llevado a movilizaciones masivas espoleadas por el caso de Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada en Madrid. Como reacción, el Gobierno central ha acelerado el decreto de vivienda, que prevé aprobar el martes. A la espera de conocer cómo se va a concretar el documento, Rueda ha situado entre las prioridades dar “seguridad” a los caseros.

En respuesta a una pregunta sobre su opinión acerca de implantar medidas para impedir desahucios, el jefe del Gobierno gallego manifestó que, “si todo [el contenido del decreto] va por ahí, sería incompleto porque esto requiere una solución global”. “Hay que pensar en la seguridad que se les da a los propietarios. Mucha de la vivienda vacía que no está en alquiler no es de fondos, sino de propietarios, de familias que quieren una seguridad. Y hay que darla”, aseguró.

Defendió también que los desahucios son decisiones judiciales y hay que ejecutarlas. Su propuesta para solucionar el problema no va por el lado de ponerle coto o impedir que se puedan ver en esa situación perfiles vulnerables, sino por buscar una alternativa a los afectados para que no se queden en la calle en esos casos. “Hay cuestiones de humanidad, como las que vimos estos días, no solo en el caso de Maricarmen. A quien no se le remueva la conciencia con eso es que no la tiene”, dijo. Y agregó que lo que hay que hacer es “estimular” que quien tiene una vivienda vacía, la ponga en el mercado.

En general, Rueda considera que “la mejor medida que se puede hacer es la que ha hecho la Xunta toda esta legislatura”. Se refiere a la promesa de duplicar el parque público de vivienda, de modo que para 2028 llegue a 8.000 pisos, y a ir informando semanalmente de acuerdos sobre diferentes promociones en las que interviene el Gobierno gallego. Además, ha defendido las ayudas a jóvenes y las desgravaciones fiscales, además de los “estímulos” para que se pongan en alquiler viviendas desocupadas.

Rueda cargó contra el Gobierno central por acelerar, en el actual contexto de movilizaciones, el decreto de vivienda. “A ver qué dice ese decreto y si se dan cuenta por fin de que esto es un problemón ocho años después”.

La Xunta, sostiene, está haciendo lo que está en su mano, si bien la vivienda no entró en la agenda del Gobierno autonómico hasta esta legislatura. Antes, según expuso en 2023 el presidente gallego, las necesidades en este ámbito habían pasado desapercibidas: “Los ritmos y las necesidades dependen de cada momento. Ahora mismo, frente a un problema detectado también por el Gobierno central, todas las administraciones estamos actuando con la intensidad que denota el momento”. De hecho, la construcción de vivienda pública sufrió un frenazo durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, durante los cuales Rueda formó también parte del gobierno.

La guerra de la Xunta contra lo que considera “absentismo laboral” –una etiqueta bajo la que engloba tanto las ausencias injustificadas como las incapacidades temporales– ha encontrado un nuevo objetivo. En este arranque de curso escolar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha puesto al profesorado bajo el foco. Meses después de verse envuelto en la polémica por acusar a este colectivo de “trabajar poco”, Rodríguez se escudó en un elevado número de bajas, “1.400”, para justificar las vacantes que permanecían sin cubrir al inicio de las clases. Una estrategia que la Xunta ya utilizó durante la oleada de incendios de agosto de 2025, la peor desde que existen registros, para justificar por qué había motobombas paradas mientras reclamaba más medios al Gobierno central. Entonces, los cuadrantes de los parques de bomberos demostraron que no era así. Hoy, los sindicatos educativos esgrimen las propias cifras oficiales para desmontar ese mismo argumento.

El domingo 20 de septiembre, después de ocho días lectivos, Rodríguez lanzaba en la Cadena SER un mensaje que, para la oposición, “criminalizaba” a los docentes. A esa hora, la aplicación de la Consellería de Educación mostraba todavía 176 vacantes sin cubrir, 142 en secundaria. De estas, sólo 58 eran bajas médicas. El resto, cerca del centenar, correspondían a motivos muy diferentes: permisos de maternidad o lactancia, excedencias por cuidado de familiares, reducciones de jornada, interinidades sin adjudicar... Causas que no son precisamente inesperadas como sí sucede con una enfermedad o un accidente laboral.

Doce días antes, la víspera del comienzo de curso, CIG-Ensino –el primer sindicato del sector en Galicia– recopilaba 1.148 vacantes en la aplicación de la Xunta, más de la mitad en secundaria. Otras 817 habían sido ya cubiertas. “Esto hay que explicarlo muy bien para desmontar ese bulo”, respondía en su entrevista radiofónica el conselleiro. “Las vacantes son cuando hay bajas. Desde el 1 de septiembre hasta el 15 hubo 1.400 [1.393, afinaría después]. Desde que entra la petición hasta que se cubren pasan dos o tres días, pero utilizar ese dato para intentar decir que no hay profesores es un poco desesperado”.

Oficialmente, el sistema público gallego alcanza este curso los 32.712 docentes, 956 más, una cifra que la CIG –con el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales (CADP) en la mano– rebajó a 396. Rodríguez aseguró que, como “media”, cada día hay 3.000 profesionales de baja. “Ese es el dato y por eso es tan necesario un plan para que aquellas personas que sí, por circunstancias obvias, tienen que estar de baja pues la tengan, y evaluar a aquellos que non están en condiciones para hacerlo”.

Las palabras del titular de Educación no sólo indignaron a la oposición. Esta vez, incluso CCOO –líder del grupo de sindicatos minoritarios que han firmado un “acuerdo de mejoras” con la Xunta– dio un tímido paso al frente al hablar de “enfoque desacertado”. En un comunicado, rechazó que se pusiese “bajo sospecha” al personal de baja y pidió a la Consellería “rigor” en los datos.

La CIG fue más allá y su secretaria nacional compareció para responder a las acusaciones de Rodríguez. “Él es quien manipula las cifras”, aseguro Laura Arroxo. “Dijo que la media diaria de bajas es de 3.000 cuando, en marzo, dio el dato de que había 2.354 docentes de baja, con un porcentaje sobre el total del 7,2%, inferior a la media gallega que está en un 7,4%”. “Da la sensación de que hay una intencionalidad de criminalizar al profesorado con estas afirmaciones”, concluyó Arroxo.

Recordó que las casi 1.150 vacantes sin cubrir en el inicio del curso “eran conocidas desde el 1 de septiembre o incluso antes” por lo que “no es cierto que se cubran dos o tres días después de su comunicación por los centros” y volviendo a las 176 que seguían sin cubrir el domingo 20, subrayó: “Lo que sí es relevante es que a estas alturas aún haya alumnado sin esos 176 docentes en las aulas”.

El precedente de los incendios de Ourense

No es la primera vez que la Xunta culpa a las bajas de la escasez de medios humanos. En agosto de 2025, Galicia sufrió la peor oleada de incendios forestales desde que existen registros, unos fuegos gigantescos que se cebaron especialmente con la provincia de Ourense. Con toda la provincia en situación de alerta 2, el presidente gallego, Alfonso Rueda –al frente del operativo con su barba de varios días y su chaleco rojo–, insistía en reclamar medios al gobierno central. Entre ellos, 30 motobombas con sus conductores.

elDiario.es pudo demostrar en medio de aquella crisis como, mientras Rueda repetía cada día sus demandas, los parques comarcales de la provincia más afectada carecían de personal para sacarle todo el provecho a sus propias motobombas. El cuadrante mensual del distrito forestal XIII, el de Valdeorras-Trives –donde se registró el mayor incendio de la historia gallega– demostraba cómo, con el personal asignado, solo cuatro de los ocho vehículos podían funcionar a pleno rendimiento.

Rueda había intentado frenar esas acusaciones matando al mensajero y, también, achacándolas a bulos: “Se están diciendo muchas cosas que no son verdad”. Los sindicatos CCOO y CIG venían denunciado desde el principio del operativo la falta de 200 trabajadores para cubrir las necesidades del servicio, 80 de ellos en la provincia de Ourense. Cuando el 15 de agosto –tres días después de declarar la situación 2 en la provincia y con 40.000 hectáreas ya arrasadas–, Medio Rural lanzó dos nuevos llamamientos para ocupar los puestos vacantes, Rueda negó que fuese debido a esa carencia estructural y aseguró que se hacía “para cubrir las bajas que se han ido produciendo” a lo largo de las labores de extinción. Cambiando el monte por los centros educativos, es el mismo argumento que ahora usa Rodríguez.

Sin embargo, quince días después de aquel llamamiento, con la crisis ya superada y Rueda de vuelta al traje, corbata y el apurado diario, el presidente gallego ofreció una nueva versión de lo sucedido. Aquellas motobombas ya no estaban en el garaje sólo porque sus conductores estuviesen –supuestamente– de baja, sino porque el servicio de extinción carecía de trabajadores suficientes para darles relevo. “No hubo otras motobombas paradas que aquellas que se derivaban del descanso” de un personal que “no podía trabajar 24 horas”. Como tampoco pueden los profesores.

Alfonso Rueda acusó de dogmática a la portavoz del BNG, Ana Pontón, al tiempo que defendía el dogma del no intervencionismo en el mercado de la vivienda a propósito de la declaración de zonas tensionadas. Esta fue solo una de las paradojas que arrojó la sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta. La otra, quizás la de mayor envergadura, es el silencio de Rueda sobre sus 13 años en primera línea de los gabinetes autonómicos de Feijóo cuando el debate gira alrededor de la vivienda pública. Para el ahora jefe del Ejecutivo gallego, la política de vivienda empieza en 2024, año de su primera victoria electoral, y son sobre todo promesas aun lejos de materializarse. “Usted no quiere zonas tensionadas por ideología”, le replicó Pontón, “no defiende el derecho a la vivienda sino la especulación”.

La líder nacionalista había empezado por recordar ese período del que Rueda prefiere no hablar. Las cifras de construcción y ampliación del parque público de vivienda durante los años Feijóo y con él como conselleiro o vicepresidente: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en 2023. Fue entonces que Rueda, presidente interino tras la marcha a Madrid de su superior, admitió que la Xunta no había promovido vivienda pública “porque no había detectado el problema”. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizó Pontón, “¿cuál fue su solución? Anuncios. Decir que iban a ofertar más vivienda y abaratarla”. No pasó y los alquileres han subido.

El presidente gallego sí decidió esta vez centrarse en la pregunta del BNG, no sin añadir su argumentario habitual -“de patacón”, lo calificó Pontón- sobre la nacionalista. “Maneja datos a boleo y completamente manipulados”, dijo, aunque no se atrevió a concretar en qué exactamente. Lo que sí hizo fue reiterar sus promesas, que son una enmienda implícita a los 14 o 15 años anteriores de sus gobiernos, en la materia. Aseguró que hay 4.000 viviendas públicas en construcción, lo que, si se cumple, doblará el parque público -de 4.000 a 8.000- y en 2030, añadió, serán 10.000. El número al que rueda no hizo referencia, nunca lo hace, es al de personas anotadas en el registro oficial de demandantes de vivienda pública: más de 30.000 a 23 de septiembre de 2026.

Rueda también fue crítico con la declaración de zonas tensionadas. Esta medida solo la han adoptado hasta ahora A Coruña y Santiago de Compostela, gobernadas por socialistas y por BNG y Compostela Aberta, respectivamente. Los precios de los alquileres han bajado. El presidente gallego dice, sin embargo, que la oferta se ha reducido. Ana Pontón le recordó que esto también ha sucedido en ciudades y pueblos que no son zona tensionada. “Declare zonas tensionadas en los ayuntamientos en donde los alquileres están descontrolados”, conminó al presidente, “compre toda la vivienda protegida que sale a la venta e inicie la compra masiva de pisos para el parque público de alquiler”. Esa es la receta del BNG que, en su turno de cierre, Rueda tildó de dogmática.

Besteiro: “Tendremos que preguntar a Feijóo”

El presidente de la Xunta había respondido antes al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Responder es un decir: ante las preguntas del socialista sobre el coste de la vida, la disponibilidad de servicios públicos y la igualdad en Galicia, Rueda se descolgó con una primera intervención dedicada prácticamente íntegra a criticar las políticas de Pedro Sánchez. Hasta llegar al partido de Besteiro: “Son ustedes muletas del nacionalismo y el nacionalismo es egoísta por sistema. Mira por lo suyo y los demás, nada”. Esta declaración la hizo solo minuto y medio después de volver a plegarse a la estrategia de Feijóo de sabotear la acogida de niños migrantes en el sistema público de protección.

“Estos es una sesión de control a la oposición, pero en Madrid”, se revolvió, flemático, Besteiro, “vamos a tener que trasladar estas preguntas a Núñez Feijóo. Mejor le preguntamos a él”. En asuntos centrales de la política gallega y en los que el PP autonómico solía matizar sus posiciones respecto del central, los de Rueda se han adherido a las consignas de Génova. Así lo interpretó Besteiro: “No se habla de financiación. No se reciben menores. No se acepta la condonación de la deuda”. El presidente aseguró, ya en el cierre del debate, que su gabinete había alegado contra el nuevo sistema de financiación sin obtener acuse de recibo. Fue además despectivo con las negociaciones bilaterales entre Gobierno central y otras autonomías -“charlas de salón, capillitas”, dijo, “para darles lo de siempre a los de siempre y nada a Galicia”- y volvió a cargar contra Sánchez: “Creen los sanchistas que todos son como Sánchez, garantía de la mayor desigualdad”.

En abril de 2023, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el anteproyecto de la ley que iba a renovar la normativa vigente en materia de lucha contra los incendios forestales y afirmó que iba a “actualizar una normativa que tiene ya 16 años”. Este lunes volvió a presentar el anteproyecto de la nueva ley gallega contra los incendios señalando que la anterior “tiene ya casi 20 años, es de 2007”. El Gobierno gallego ha tardado tres años y medio en completar el trámite de abrir su propuesta a sugerencias y presentar su redacción final antes de remitirla al Consello Forestal y, previsiblemente en octubre, al Parlamento autonómico. El nuevo texto, impulsado por el anterior conselleiro de Medio Rural, José González, ahora envuelto en el escándalo por la contratación de migrantes sin papeles en la bodega de su familia y que ha pasado a ocuparse de la cartera de Emprego, estuvo este tiempo esperando su turno.

Cuando la Xunta presentó su propuesta en 2023 habían pasado ya más de dos años desde la promesa de actualizar la ley y, por el medio, se produjeron los dos primeros fuegos de más de 10.000 hectáreas en Galicia -en el verano de 2022-, que luego quedarían superados en los registros autonómicos por los de 2025. La idea que entonces defendía como central la Consellería de Medio Ambiente era que había que dar más peso a la prevención. Hablaba de una gestión del territorio que condujese a un paisaje en mosaico -en el que hay diferentes tipos de terrenos: usos agrícolas o ganaderos junto a bosques de diferentes especies o zonas de matorral-, defendido por los expertos como un elemento que hace el terreno menos propenso a grandes incendios forestales porque abre más oportunidades para apagarlos.

La conselleira actual de Medio Rural, María José Gómez, defendió que el nuevo texto pretende avanzar hacia “un modelo integral que no se limite a la reacción o a la limpieza de franjas, sino que sitúe en el centro la gestión estratégica del territorio”. Prevenir, con la nueva ley, no será “solo eliminar combustible”, sino “cambiar el territorio para que haya discontinuidades que ayuden a limitar el fuego”. Añadió que las medidas no serán homogéneas en todo el territorio, sino que se modularán en función del riesgo o la vulnerabilidad de determinadas zonas. Si ese peligro es elevado, por ejemplo, la zona que debe limpiarse alrededor de los núcleos habitados o en las inmediaciones de infraestructuras puede pasar de los 50 metros actuales a 100. La gestión de la biomasa sigue siendo responsabilidad de los propietarios de las parcelas, para los que se mantienen sanciones -las leves no superan los 1.000 euros, pero las graves pueden llegar a los 100.000-. La administración va a seguir teniendo la posibilidad de ocuparse de estas tareas si el responsable no cumple y pasarle la factura.

Gómez indicó que habrá una red de hidrantes obligatoria en las nuevas instalaciones industriales o en gasolineras en terrenos agroforestales y que los agentes de la autoridad -forestales, ambientales o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- van a poder dictar órdenes verbales inmediatas sobre el terreno como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos si consideran que hay un peligro inminente y sin esperar a los trámites administrativos. La red de puntos de agua se considerará infraestructura de seguridad estratégica y los ayuntamientos deberán instalar tomas compatibles en sus redes municipales. El agua almacenada no podrá usarse si no es para la extinción. Tampoco podrá haber construcciones o plantaciones a 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia.

Las prioridades, aseguró Gómez, son la protección de la población y la gestión estratégica del territorio. El texto pasará este martes por el Consello Forestal y después entrará en el Parlamento para su aprobación.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, continúa con la ofensiva de su gobierno contra las bajas de los trabajadores, en esta ocasión centrando el discurso en el profesorado y lo que considera un elevando número de incapacidades temporales en el arranque del curso. Defiende así la postura planteada por su conselleiro de Educación, Román Rodríguez en una entrevista en la Cadena Ser, en la que acusó a la CIG, el sindicato mayoritario en el sector, de difundir “bulos” porque asegura que lo que hay son profesores de baja y no vacantes no cubiertas, como denuncia la organización sindical.

Rueda se embarcó hace medio año en una batalla contra el derecho de los trabajadores a la baja con la que recibió críticas tanto del sector médico -las bajas las gestionan los médicos de cabecera- como de los sindicatos -solo UGT sigue en el diálogo social-. Y, tras las palabras del conselleiro, ha puesto el foco en los docentes. El presidente gallego evitó hablar de absentismo, un término utilizado por la patronal y que él mismo venía usando, para defender que, cuando hay “causas reales” para la incapacidad temporal, debe respetarse ese derecho, pero si no es así, no.

El dato de las bajas con el inicio de las clases es considerado preocupante por el presidente gallego, que considera que la mayor parte de la población está de acuerdo con sus razonamientos sobre las incapacidades temporales. “Se me ocurren muy pocas razones para estar en contra”, insistió en declaraciones en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, que este lunes aprobó el llamado marco gallego para el impulso educativo, un plan que defiende que busca reforzar las competencias en las que el informe PISA detectó más carencias.

Nueva asignatura obligatoria en secundaria

El Gobierno gallego ya había avanzado, aunque sigue sin concretar cómo se va a desarrollar, un refuerzo para los alumnos de 6º de primaria que se va a impartir fuera del horario escolar y para quienes se considere que lo necesitan más. Este lunes esbozó otras nuevas propuestas: este mismo curso se implantará un programa para mejorar la competencia lectora del alumnado de 3º y 4º de primaria. En el curso 27/28 se va a hacer una actualización del currículo de primaria, dentro de las competencias autonómicas, para que el refuerzo de la comprensión lectora se haga en todas las áreas de conocimiento.

En secundaria anunció que desde el próximo curso va a haber una nueva materia obligatoria para 1º y 2º de la ESO, que se va a llamar Lectura y Comprensión. En cuanto a las matemáticas, también hará una propuesta para que en primaria se insista más en los conceptos básicos, el razonamiento matemático y el cálculo.

Por otro lado, se va a crear una Oficina de Apoio ao Profesorado, que estará en funcionamiento “próximamente” y que asesorará a los docentes. La Xunta promete también reforzar el acompañamiento a los profesores en prácticas.

El Gobierno gallego avanza también que implantará “nuevas acciones de identificación e intervención temprana” ante dificultades en el aprendizaje, sobre todo en los primeros cursos de Primaria. Se va a probar como experiencia piloto este mismo curso un programa de acogida en la ESO para el alumnado que llega con el curso empezado, centrado sobre todo en apoyo a las competencias lingüísticas de estudiantes que lleguen del extranjero.

El presidente gallego añadió que habrá una red de centros de referencia de buenas prácticas, que sirvan de modelo para otros y que se van a crear unas olimpiadas de la educación en primaria con el objetivo de “estimular a los alumnos mediante retos y desafíos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiere pasar página del escándalo de la sanción a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, por contratar a personas migrantes sin papeles para la vendimia de 2025. Da por buenas y considera suficientes -incluso “amplias”“- las explicaciones dadas por un asunto del que asegura que se enteró la semana pasada, cuando fue publicado por elDiario.es. No comparten esta opinión BNG y PSdeG, que han reclamado más aclaraciones, una cuestión contra la que ha cargado Rueda: ”Otra cosa es que a la oposición no le valgan se den las que se den“.

“Cuando sale esto, cuando se produce la denuncia, yo fui el primero en preguntarle al conselleiro qué estaba pasando y esas explicaciones que me dio fueron las que yo dije la semana pasada que entendía”, dijo. Esto, según el propio Rueda, vale para aclarar también si pensó en algún momento en pedirle a González que dimitiese. Y agregó que, si el conselleiro se lo hubiese contado antes “con estas mismas explicaciones”, él habría pensado “exactamente lo mismo”, es decir, que no hay motivos para apartarlo de su cargo.

El presidente aseguró que, si la oposición activa alguno de los mecanismos para que González comparezca en el Parlamento para dar explicaciones, el conselleiro lo hará. Adelantó ya cómo sería el contenido de esa comparecencia: “No tendrá inconveniente en repetir lo que explicó”. Rueda admitió que “cuando un asunto puede ser polémico, tiene que ser explicado”, pero con las declaraciones de González sobre su desvinculación de la bodega familiar y acusando a una empresa de trabajo temporal de haber sido la que llevó a los viñedos a personas migrantes sin papeles, da el asunto por zanjado: “Explicaciones dadas”.

En lo que consideró que no se puede “meter” es en si es adecuada la decisión de la bodega de la familia del conselleiro, propietaria del grupo Casal de Armán, de denunciar a los migrantes sin papeles en lugar de la empresa de trabajo temporal. Lo atribuyó a un intento de emplear los cauces “más eficaces” para resolver la situación.

El portavoz de Presidencia del BNG en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, considera “inaceptables” las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que dio por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción que Inspección de Trabajo impuso a una filial de la bodega de su familia, Casal de Armán, tras descubrir a tres migrantes irregulares trabajando en la vendimia.

“El señor Rueda y el PP, que se oponen a la regularización de trabajadores migrantes, mantienen un conselleiro de Emprego e Emigración, cuyo núcleo más directo se beneficia de la contratación irregular de estos trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad”. Para el diputado nacionalista, “no está en condiciones de exigir el cumplimiento de la legalidad quien no la practica”, asegura en un comunicado.

Tabarés subraya que la consellería de González tiene “precisamente” las competencias en materia de derechos laborales y de política migratoria y de integración sociolaboral de las personas extranjeras en Galicia. Por eso vuelve a reclamarle a Rueda el “cese con carácter inmediato” del conselleiro“.

Señaló que la empresa sancionada, Viña Campinas, pertenece a un entramado societario al que González “ni fue ni parece ser ajeno”; un grupo empresarial que “en múltiples ocasiones se está viendo beneficiado por actuaciones o por la propia pasividad de la Xunta”.

Como ejemplo, el parlamentario aludió a las subvenciones recibidas por el grupo familiar o la continuidad de uso y explotación económica de su salón de eventos, situado en el entorno de la rectoral de San André de Campo Redondo (Ribadavia), una obra declarada “ilegal e ilegalizable” hace más de una década.

El BNG anuncia la presentación en el Parlamento de una batería de iniciativas para exigir a PP y Xunta explicaciones que justifiquen los más de 750.000 euros que las empresas del grupo recibieron del gobierno gallego en los últimos años, así como por la demora en los trámites para la demolición del salón de eventos gestionado por Bodegas Casal de Armán, “vinculada al conselleiro”. González afirma haber abandonado todas las sociedades del grupo en 2018, cuando fue nombrado conselleiro. “Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa”, respondió tras conocerse el escándalo.

UGT: “Se están dando explicaciones”

“Tendrá que aclararse, pero se están dando explicaciones”. Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT —el único de los grandes sindicatos gallegos que no abandonó el diálogo social después de que la Xunta presentase su plan contra las bajas— ratifica que va “va a continuar” tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a la bodega de la familia de González. En declaraciones a Europa Press, rechazó valorar si los argumentos esgrimidos por el titular de la consellería y por la propia empresa son o no son suficientes. Frente al a postura de la primera central de Galicia, la CIG, que reclamó el cese del conselleiro, Mediros consideró que eso “no compete a un sindicato”.

Apostando por ser “prudente”, reivindica que, “como organización sindical, UGT va a defender siempre el cumplimiento de la legalidad y los derechos de los trabajadores”, pero apela, a renglón seguido, que en este caso “hay una inspección y hay una sanción”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que da por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción impuesta a la bodega de su familia por la situación irregular de dos trabajadores extranjeros, y también ha defendido la “legalidad” de las ayudas otorgadas por la administración autonómica a ésta y al resto de empresas. Desde que, el lunes, una investigación de elDiario.es desveló la noticia, Rueda había guardado silencio sobre este asunto, lo que llevó a la oposición a acusarlo de estar “escondido”.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras participar en el acto de inauguración del centro de la empresa BorgWarner en Nigrán (Pontevedra), el presidente de la Xunta ha subrayado que “cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre se pide que se den explicaciones y yo entiendo que es lógico. Y esas explicaciones se dieron. Por tanto, ahí están”, ha señalado antes de afear a los grupos de la oposición que, tras exigir esas explicaciones, ahora “les siguen sin valer”, y prefieren “seguir haciendo ruido”.

Según Rueda, la polémica en torno a lo ocurrido en la empresa de la familia del conselleiro de Emprego “era un tema que había que explicar”, pero ha insistido en que “las explicaciones fueron dadas”. “Y, por supuesto, las doy por buenas”, ha zanjado.

Con respecto a las ayudas recibidas por la bodega y otorgadas por la Consellería do Medio Rural después de que la empresa ya hubiera sido sancionada por Inspección de Trabajo, que suman más de 760.000 euros (según ha avanzado Nós Diario), el presidente de la Xunta ha garantizado que “todas las ayudas de la Xunta de Galicia se dan cumpliendo la legalidad”.

“Por lo tanto, si a esta empresa, como otras muchas, le correspondía, pues bien dadas estarán, y cuando no corresponden, no se otorgan. Si están otorgadas es porque procedía”, ha aseverado Alfonso Rueda.

La oposición ha reaccionado a la noticia de que la bodega de la familia de José González, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, fue sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia del año pasado. El BNG reclama el cese de González por una situación que considera “indecente”, mientras que el PSdeG le pide primero explicaciones y, si estas no “convencen”, exigirá “responsabilidades”.

La información, publicada por elDiario.es, indica que la empresa Viña Campinas SL, filial de Casal de Armán, recurrió a personas de origen africano sin la documentación en regla para recoger la uva y la situación fue detectada en una inspección de oficio en los viñedos de la zona de O Ribeiro (Ourense). La bodega fue fundada por el padre del conselleiro y heredada, a su muerte, por José González y sus hermanos. El conselleiro se desprendió de su parte cuando fue nombrado para este cargo.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, recalcó que González está precisamente a cargo, dentro del Gobierno gallego, de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. “Es una noticia gravísima, absolutamente indecente”, dijo y se preguntó si realmente el PP, que se opone a la regularización de migrantes lo hace porque “en el fondo quieren que trabajen en esa situación de irregularidad”.

Por parte del PSdeG, Lara Méndez acusó al PP de no tratar igual a todos los migrantes y considerar que los hay “de primera y de segunda”. “Parece que no quieren regular la situación de los migrantes, pero no les importa contratarlos sin papeles”, criticó. “Es un tema tremendamente complejo y difícil que tendrá que explicar”, señaló y defendió que González tiene que comparecer en el Parlamento, aunque su grupo no presentó la propuesta en la junta de portavoces de este martes.

Méndez defendió ser “cauta con los adjetivos” y hablar desde “la rigurosidad”. Por eso considera que primero el conselleiro debe dar explicaciones y, “si el resultado no convence”, los socialistas exigirán “responsabilidades”. “¿El presidente de la Xunta qué va a hacer, va a seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa o va a defender los derechos de los gallegos y también los de los migrantes?”, añadió.

Más dura fue la representante del primer grupo de la oposición, el BNG: “Es impresentable. Pedimos su cese inmediato”. Rodil recordó que este no es el primer incumplimiento de la normativa por parte de la empresa, con una orden para demoler un salón de eventos levantado en 2015 junto a una casa de turismo rural que también explota y varios viñedos. La estructura, sin embargo, continúa en pie.

“Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la Consellería”, manifestó la diputada nacionalista, especialmente cuando González está al frente de “la campaña de acoso y derribo contra los trabajadores que los criminaliza por enfermar”.

El PP no ve caso

El portavoz del PP, Alberto Pazos, siguió el guion y defendió al conselleiro: “No hay caso”. Se remitió a las declaraciones que González había hecho poco antes, en las que atribuyó la contratación de personas migrantes sin papeles a una empresa de trabajo temporal, y recordó que él dejó de ser socio de la bodega familiar cuando fue nombrado conselleiro, en 2018, y no participa en las decisiones o la contratación de personal. “Nos congratulamos de que funcione la inspección”, añadió Pazos, que también repitió los argumentos de la Xunta sobre el asunto: “Si corresponde sanción, tendrá que afrontarla con normalidad, como cualquier otra empresa”.

También se pronunció al respecto el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que se limitó a decir que “si se contrata a sin papeles, es una ilegalidad y tienen que actuar las autoridades pertinentes”.

La bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles para la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense). La sanción se produce tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles y, por tanto, sin la protección legal que debe amparar a cualquier empleado. La bodega, Casal de Armán, fue fundada por el padre del conselleiro y tanto él como sus hermanos la recibieron en herencia tras la muerte del patriarca de la familia. La sanción propuesta por la inspección se dirige contra Viña Campinas, S.L., una filial del grupo encargada de gestionar las viñas en las que se recolecta la uva con la que se produce Casal de Armán, tal y como han confirmado a esta redacción un portavoz del grupo de empresas.

Las sanciones para este tipo de prácticas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada trabajador irregular localizado en un centro de trabajo. En caso de reincidencia o explotación laboral grave los hechos pueden tener repercusiones penales. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, ha evitado hacer valoraciones ni confirmar la cuantía exacta de la multa impuesta a la familia del político del Partido Popular.

El conselleiro de Empleo, José González Vázquez, inspector de Hacienda antes de entrar en la política activa de la mano de Alberto Núñez Feijóo en 2016, declaró al Parlamento de Galicia aquel año ser propietario de terrenos y socio de la bodega junto a sus hermanos. Su participación en la empresa la recibió por herencia de su padre y se desprendió de la misma en 2018, coincidiendo con su entrada en el Gobierno gallego, primero como conselleiro de Medio Rural y, después, como titular del departamento de Trabajo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los responsables de Casal de Armán que se han desligado de cualquier práctica irregular argumentando que las contrataciones de temporeros sin papeles se realizaron a través de una empresa de trabajo temporal, ajena a su grupo de empresas, y que cuando tuvieron conocimiento de esas irregularidades procedieron a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta redacción ha solicitado de la empresa una copia de esa denuncia, recibiendo una negativa como respuesta. Además, elDiario.es ha preguntado a los responsables de la bodega cómo es posible que la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo se haya dirigido contra una de las empresas de su grupo, Viña Campinas, S.L. y no contra esa supuesta ETT que comerciaba con trabajadores sin papeles. Para esta última cuestión la empresa asegura que “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”.

La Xunta se ha sacudido el asunto como si no tuviera opinión sobre el lío que afecta a la empresa de la familia directa de quien dirige las políticas de empleo y emigración en la comunidad autónoma. En un mensaje por escrito remitido por un portavoz del conselleiro de Empleo abogan por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, incluso, dicen, en época de vendimia. Como única reacción, el mensaje que a continuación se reproduce de manera literal: “La Xunta, como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia. Cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

Tres millones de facturación, cuatro trabajadores

Viña Campiñas, perteneciente a la empresa familiar Bodegas Casal de Arman SL, se constituyó en 2022 y se dedica a “actividades de apoyo a la agricultura”. En 2025, Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros y no detallaba el origen de sus ingresos. Declaraba una plantilla media de 10,3 personas, frente a los 12,4 de 2024, según sus cuentas, accesibles a través de Insight View y firmadas por Juan Luis González Vázquez, hermano del conselleiro de Empleo, “en calidad de representante de Rectoral de San Andrés”, la holding familiar.

La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Bodegas Casal de Arman SL, facturó algo más de 3 millones en 2025. Su plantilla media no alcanzó en ese ejercicio las 4 personas, según sus últimas cuentas, que indican que “existen operaciones con partes vinculadas”, sin detallarlas, y que “se han recibido subvenciones durante el ejercicio para la financiación del Kit Digital por importe de 3.500 euros y del Igape [Instituto Gallego de Promoción Económica] para la financiación de uvas por importe de 17.407,96 euros”.

La propietaria última de estas dos empresas es la holding Rectoral de San Andrés SL, constituida en 2003, perteneciente a la familia del conselleiro y cuyo administrador único es su hermano Juan Luis. En 2025 tenía unos cinco empleados, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil

Otras polémicas

No es la primera vez que Casal de Armán se ve envuelta en una polémica relacionada con el cumplimiento de leyes y normativas. En mayo de 2015 la empresa decidió levantar un salón de eventos con estructuras prefabricadas junto a sus viñas y a la Casa de Turismo Rural que explotan a sus pies. La infraestructura carecía de permisos municipales y de la Xunta, por lo que la administración gallega resolvió su “demolición” por el “tremendo impacto” sobre el entorno.

Aquella resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura fue objeto de una catarata de recursos y alegaciones que mantienen la polémica dormida en los despachos, mientras el holding de la familia del conselleiro mantiene su salón de eventos en pie al tiempo que buscan permisos para ampliar sus dotaciones de hostelería sobre parte de la finca, calificada como suelo rústico.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha condenado el boicot sufrido por el trío de neotrad gallego Tanxugueiras en Palencia. “Estoy en desacuerdo con la actitud de estas personas”, dijo, y recalcó que “ni ellas ni otros tienen que aguantar este tipo de actitudes”, que sostiene que “nadie del PP” apoyaría.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de septiembre. Un grupo de ultras envueltos en banderas de España, procedentes de la concentración en apoyo a Ceuta que se celebró, como en otras ciudades, en Palencia, obligaron a retrasar el concierto 40 minutos, entre gritos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez e improperios contra las artistas por cantar en gallego.

Las tres integrantes de Tanxugueiras reaccionaron publicando un vídeo poco después en el que llaman a no dejar pasar lo que ocurrió y avisan de que la violencia, tanto verbal como física, es “muy peligrosa”. “El mundo se está poniendo bastante oscuro”, señala una de ellas. No son las únicas artistas que han recibido ataques de ultras y varios de ellos llaman a darles respuesta con la unión en el sector y manteniéndose sobre los escenarios.

Rueda manifestó su rechazo al boicot a Tanxugueiras, pero aprovechó para reclamar atención también para “manifestaciones y seguimientos totalmente fuera de lugar” que asegura que sufrió él mismo: “Hay que denunciarlo cuando les toca a los demás y cuando nos toca a nosotros también”. Él estuvo aquel día en la concentración convocada en A Coruña. Cuando se le pregunta por alguna manifestación contra sus políticas, el presidente gallego suele responder distinguiendo entre quien protesta “de buena fe” y quien “politiza” los asuntos. Este lunes respondió a una pregunta sobre si, en el caso de las concentraciones por Ceuta, esto también ocurrió: “La inmensa mayoría estaban con la misma intención que yo, que era apoyar a un pueblo que está sufriendo. Si había otras personas intentando obtener rédito electoral, allá ellas, quedaron retratadas”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene un doble discurso con respecto al apoyo a Ceuta: por un lado, defiende la solidaridad de Galicia -con la que justifica haberse ausentado de una reunión de su gobierno para estar en un acto político de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en Madrid-, pero, por otro se, muestra reticente con el reparto de menores migrantes y rechaza concretar a cuántos estaría dispuesto a recibir en el sistema autonómico: “Me niego a hablar de cifras, ni siquiera sobre si tienen que venir en este momento”.

Rueda repitió este lunes el mensaje en el que lleva semanas instalado: Galicia se presenta como un territorio solidario, consciente del problema tras lo que llama “avalancha de personas que llegaron a Ceuta” hace mes y medio, pero carga contra el Gobierno porque reclama que el reparto de menores migrantes se haga con una planificación que dice que no hay y acompañado de presupuestos extra.

Justifica su negativa a concretar a qué estaría dispuesta la Xunta con que es el Gobierno central el que sigue “lejos de dimensionar el problema”. “Si quieren colaboración, se tiene que hacer de otra forma”, insistió. Además, en línea con el PP estatal, volvió a decir que los niños deben volver con sus padres y que la opción de trasladarlos a otros territorios “debería ser la última”. Acusó al Gobierno de no intentar otras alternativas, una cuestión que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha negado en varias ocasiones al asegurar que se da prioridad al reagrupamiento familiar, pero esto no siempre es posible.

“A usted se le llena la boca hablando de absentismo laboral y empezó faltando a su puesto de trabajo”, le espetó la líder del BNG, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera sesión de control del nuevo curso político en el Parlamento de Galicia. Se refería, por un lado, a la campaña emprendida por la Xunta para limitar las bajas de los trabajadores y, por otro, a la decisión del jefe del Gobierno gallego de ausentarse del Consello el pasado lunes para estar en Madrid en un acto informativo de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, junto a la plana mayor del PP. Tampoco pasó por alto la agenda de Rueda el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro: “Abandonó el Gobierno de Galicia y se fue al aquelarre de Feijóo en Madrid”.

Tanto Pontón como Besteiro afearon también el uso de lo ocurrido en Ceuta, con la entrada masiva de unas 80.000 personas hace más de un mes, de las que miles continúan en la ciudad autónoma, para “generar más odio”. “Pida más recursos al Gobierno, pero no haga lo de las últimas semanas ni use a menores para generar odio”, le recriminó el representante socialista a Rueda, mientras que la líder del BNG tachó de “impresentable” que haga “política barata” con “niños que están en una situación inhumana”. La reacción del presidente gallego fue acusar a los líderes de la oposición en Galicia de falta de empatía y de incapacidad para ponerse en el lugar de los afectados, en alusión a los ceutíes, “los compatriotas”. “¿En qué momento perdieron ustedes la humanidad?”, les dijo. “Me critican por apoyar a un presidente de una comunidad autónoma [en realidad, Ceuta es una ciudad autónoma] como me gustaría que me apoyasen a mí”, añadió.

Rueda centró las preocupaciones en los “ceutíes en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal”. Y volvió a criticar al Gobierno por querer que las comunidades autónomas acojan a una parte de los migrantes, lo que ha equiparado con “repartir culpas”. Los gallegos, con su historia de pueblo de emigrantes, deben ser solidarios, pero “de forma seria, como hay que hacer las cosas”, agregó y afirmó que este problema “lo tiene que solucionar quien lo provocó con su indolencia”. La solidaridad, replicó Besteiro, se mostró hace unos años con las personas que huyeron de la guerra en Ucrania, pero “con los africanos, desprecio y desidia”.

“Los gallegos no le pagan para ser el palmero de Feijóo, sino para solucionar sus problemas”, insistió Pontón sobre la ausencia de Rueda en el Consello. Y pasó a enumerar algunas de las dificultades: un encarecimiento del 35% en la alimentación, del 24% en la vivienda y del 23% en los transportes en los últimos años. “No es un lujo, es lo básico”, señaló. En el momento del inicio del curso escolar, la líder del BNG propuso dos medidas relacionadas, que son recuperar la gratuidad de los libros de texto que el PP se ha negado reiteradamente a implantar y ampliar las plazas de los comedores escolares. También le reclamó a la Xunta que ejecute todos los programas de vivienda, que limite los precios de los alquileres y las viviendas de uso turístico.

El curso político está recién estrenado, pero los argumentos utilizados en el debate son ya familiares. Rueda le replicó a Pontón con desdén: “No se me enfade tanto, que estamos al principio del periodo de sesiones”. La acusó de utilizar de forma recurrente su primer turno de palabra “para hacerse la víctima” y el segundo, para “lanzar una serie de titulares de los que no se va a acordar cuando acabe la jornada”. “Si quiere que la tomen en serio, hable en serio”, le dijo, después de volver a poner en duda las cifras citadas por la líder de la oposición, que respondió afeándole su actitud: “Le vengo a hablar de los problemas de este país y su respuesta es Bildu. Hablo de la gratuidad de los libros texto y me sale con no sé qué de Sánchez. Hablo del problema de la vivienda y viene aquí con ataques personales e intentos de descalificación”.

Besteiro, por su parte, le afeó a Rueda que derive responsabilidades hacia los ayuntamientos con los problemas de los incendios y de la sequía y la falta de respuestas de la Xunta ante emergencias como la de la vivienda -“ya no es un derecho, es un lujo”- o la de la sanidad -“los anuncios no sanan”-. También censuró el enredo del PP para rechazar ahora una transferencia de la AP-9 que lleva años reclamando. “Deje de buscar culpables y céntrese en las soluciones. Para hablar de los problemas tenemos a los tertulianos, pero Galicia le paga para solucionarlos”, le dijo. También cargó contra la postura del PP sobre la ley de nietos y la decisión del Supremo de prohibir cautelarmente que los descendientes de españoles residentes en el extranjero y que han sido nacionalizados gracias a esta norma voten: “El PP tan emocionado cuando va a Argentina y ahora les decimos que son nacionales a medias, porque votar es el principal derecho de un nacional”. El socialista señaló que esta cuestión está siendo otra muestra de la convergencia entre las argumentaciones del PP y las de Vox en varios temas.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha justificado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se haya ausentado de nuevo de la reunión semanal de su gabinete. En otras ocasiones, Rueda faltó a este encuentro, en el que el Gobierno gallego adopta los acuerdos de más calado, para acudir a citas de su partido. Esta vez no ha sido un comité de dirección, pero sí ha sido un acto con otros miembros de su partido: ha acudido a un acto informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un hotel de Madrid. “Es el mejor sitio en el que podía estar hoy”, dijo Calvo, que es el encargado de sustituir al jefe del Gobierno autonómico cuando él no está.

El conselleiro compareció ante la prensa para explicar los acuerdos adoptados en el Consello en el que no estuvo Rueda. Como en otras ocasiones que se le preguntó por la ausencia del presidente, defendió que la reunión se desarrolló con “total normalidad” y que Rueda está al tanto de todos los asuntos tratados. “Me alegro de que fuese a arropar a un presidente que lo está pasando bastante mal”, insistió.

Al acto con Vivas acudieron otros cargos del PP, desde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su intervención, el presidente de Ceuta admitió que no tenía información previa de que iban a entrar “80.000 personas” en la ciudad procedentes de Marruecos.

En Galicia, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cargó contra Rueda por estar haciendo lo que calificó de “patriotismo de pulserita”. El viaje a Madrid para estar en el acto de Vivas, dijo, provocó que no estuviese “haciendo lo que tenía que hacer”, que considera que es “ayudar a Ceuta” con la “reubicación de los menores migrantes no acompañados que sí necesitan de esa solidaridad”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, en una comparecencia en Santiago. Criticó que Rueda vaya a “hacerse fotos” con Vivas. “Solidaridad sería proceder a la acogida de menores migrantes”, replicó.