Muchas de las víctimas de la represión franquista siguen enterradas en cunetas y fosas comunes cuando están a punto de cumplirse ochenta años después del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil, pero su memoria no está solo en los camposantos, está también dispersa en numerosos archivos oficiales que restringen, cuando no prohíben, el libre acceso a la documentación que custodian. 

Las investigaciones policiales, las denuncias y delaciones, las torturas para conseguir declaraciones auto inculpatorias y los procesos judiciales sin garantías que permitieron al aparato represivo del franquismo condenar a largos años de prisión y a la muerte a quienes defendieron la legalidad republicana ganada en las urnas. Una verdad incómoda que desde hace años se escamotea del conocimiento público con una patulea de disposiciones legales que impiden su consulta. 

Hace poco más de un mes el Gobierno procedió a la desclasificación de una serie de documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 al cumplirse su cuarenta y cinco aniversario. Es el plazo que establece la permanentemente pospuesta Ley de Información Clasificada para el acceso a la documentación catalogada como “alto secreto”; treinta y cinco en el caso de la “secreta”. Un proyecto de ley llamado a sustituir la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Se trata de una buena noticia, aunque el resultado de dicha desclasificación haya sido decepcionante al limitarse a este acontecimiento concreto. 

Las trabas para acceder a la documentación oficial sobre nuestro pasado más trágico no son achacables solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es otro de los obstáculos a los que se enfrentan quienes intentan acceder a la verdad de los archivos. Esta ley establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a cualquier documento que contenga datos personales que la autoridad competente considere que afectan al honor de los aludidos, como es el caso de los procesos judiciales, pero ¿qué honor se mancilla al dar a conocer procesos judiciales instruidos sin las mínimas garantías que sirvieron para justificar la condena o el asesinato de los encausados? El de las víctimas, no.  

La verdad tiene enemigos, y frente al derecho al olvido que reclaman los verdugos y sus familias debe prevalecer el derecho a la información y a la investigación histórica. Cincuenta años para acceder a esta documentación es un plazo desproporcionado si lo comparamos con los que se aplican en otros países de nuestro entorno, que oscilan entre los veinte y los treinta años. Una realidad que hace necesaria una nueva Ley de Patrimonio Histórico si de verdad queremos conocer y divulgar nuestra historia más reciente.

Produce desasosiego ver el desconocimiento y desinterés hacia nuestro pasado más dramático de muchos jóvenes nacidos en una democracia ya asentada. Democracia que se ve ahora amenazada por los herederos de aquel tiempo sombrío que, envalentonados, se enseñorean brazo en alto y cara al sol por nuestras calles y se atreven incluso a ensalzarlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

A las interpretaciones restrictivas de las leyes se suma la ausencia de voluntad política para poner fin a esta realidad. El ejemplo paradigmático de ello es el Archivo Central del Ministerio del Interior, el único departamento ministerial que no ha transferido ninguno de sus fondos al Archivo Histórico Nacional o al General de la Administración para su adecuada catalogación y el libre acceso de los investigadores. El despropósito es tal que atesora documentación que se remonta a 1840. Una irregularidad palmaria porque no atesorar documentos con más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos es una misión condenada al fracaso, como vienen denunciando desde hace años historiadores y estudiosos de nuestra historia.

De poco vale que la Ley de Memoria Democrática diga en su preámbulo que “la ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión” si se impide el acceso a la documentación que custodian los archivos oficiales.

Su artículo 15, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, recoge el compromiso de la Administración General del Estado con el impulso a la investigación de todos los aspectos concernientes a la guerra civil y la dictadura, y en el artículo 27 garantiza “el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura (…) y la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien”.

Una parte de nuestra memoria democrática sigue enterrada en cunetas y fosas comunes, pero también en los archivos oficiales, que necesitamos abrir para acercarnos a la verdad, primer paso para la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.

Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

La desclasificación de documentos hasta ahora ocultos del intento de golpe de estado del 23F vuelve a reabrir el largo debate sobre la legislación española de los secretos oficiales. La ley vigente, promulgada por el dictador Franco en 1968, aún mantiene bajo llave ingente material clasificado de episodios fundamentales de nuestra historia reciente y no tan reciente, principalmente del franquismo, la Transición y el principio de la democracia. Y la razón es sencilla: lo que dice esa ley franquista es que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que un juez o el Gobierno digan lo contrario.

Archivos sobre la guerra sucia de los GAL contra ETA, el asesinato de Carrero Blanco, operaciones económicas del régimen y la familia Franco, espionaje y torturas policiales o incluso detalles de los pactos con la Alemania nazi o la Italia de Mussolini siguen sin ver la luz décadas después. Y las perspectivas de una reforma legal que sitúe a España en los estándares democráticos de los países de su entorno respecto a sus secretos oficiales chocan de lleno con las dinámicas actuales del Congreso de los Diputados. 

Actualmente, en la Cámara Baja se encuentran registradas dos propuestas diferentes. Una de ellas es del PNV, el partido que reclama de manera más insistente y desde hace más tiempo una reforma que considera urgente. “Llevamos casi una década intentando que se reforme la ley. Hemos presentado hasta cinco iniciativas, una por legislatura desde el año 2016, y siempre se han buscado excusas”, explican desde el Grupo Vasco. 

En el Congreso ya se debatió una iniciativa de los nacionalistas vascos que empezó su tramitación parlamentaria hace justo dos años, en febrero de 2024. Entonces, el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Junts permitieron que pasara el primer filtro de la Cámara. Y la propuesta, básicamente, se resumía en dos puntos: limitar la desclasificación de documentos a los 25 años con una prórroga máxima de diez y que la decisión recaiga exclusivamente en el poder político y no dependa de ninguna otra instancia. 

Pero desde entonces, el texto continúa bloqueado y no se ha producido ningún avance. En el PSOE alegan que se trata de una iniciativa que no cumple “con los mínimos requisitos exigibles” para una legislación de este tipo. Y por eso descartan que la vía emprendida por los nacionalistas vascos pueda fructificar. “Lo que plantean es una reforma mínima de la ley franquista y necesitamos una ley nueva acorde a las demandas europeas y de la OTAN. Por eso nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que hemos elaborado de la mano de nuestros socios comunitarios, de la propia OTAN y de los servicios de información nacionales y extranjeros”, explican desde las filas socialistas. 

En verano del año pasado el Consejo de Ministros remitió al Congreso la nueva Ley de Información Clasificada. En el texto se establece por primera vez la desclasificación automática de información confidencial cuando transcurran determinados plazos. Algo que, según el Ejecutivo, sitúa a España en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia. El proyecto de ley regula cuatro categorías de información clasificada: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeras serían competencia exclusiva del Consejo de Ministros y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación sería de 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años.

El problema con esta ley es, sin embargo, el mismo que el de tantas otras. El portazo de Junts en noviembre, que rompió de facto la colaboración parlamentaria con el Gobierno, mantiene la legislatura en stand by desde el punto de vista de la producción legislativa. Los de Puigdemont anunciaron entonces enmiendas a la totalidad a todas las normativas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que estén en tramitación y su rechazo a las nuevas que lleguen al Congreso. Y eso incluye desde el proyecto de Presupuestos hasta normativas como la de los secretos oficiales. Así que desde el PSOE alargan los plazos y miran al PP. 

“El proyecto de ley continúa en período de enmiendas. Ahora mismo no serviría de nada intentar tramitarlo porque tenemos garantías de que Junts elevaría una enmienda a la totalidad y la tumbaría y que el PP tampoco está por la labor de colaborar. Pero deberían replanteárselo, porque esto no es un capricho del Gobierno. Nos están presionando hasta los servicios de información de países aliados, que nos demandan una regulación moderna sobre el intercambio de información confidencial. Esperemos que cuando pase este primer ciclo electoral haya alguna opción de que entren en razón”, plantean desde el grupo parlamentario socialista. 

Las críticas del PNV

Lo que dice el PNV en privado y comparten otros socios del Gobierno es que, en realidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene especial interés en desclasificar documentación que podría resultar comprometedora para diferentes niveles del estado. Y que se trata, por tanto, de una mera cuestión de voluntad política. “Con el 23F vemos cómo el Gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora ha negado: desclasificar documentos por voluntad política en un Consejo de Ministros”. 

“Si el Gobierno español no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma legislativa”, continúan esas mismas fuentes del Grupo Vasco, “le pedimos que con la misma voluntad política que ha mostrado con el 23F desclasifique muchos más documentos declarados secretos, como los del asesinato de Mikel Zabaltza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana, entre otros”, añaden los nacionalistas vascos, que invitan al PSOE a desbloquear su propuesta. “Junts prometió tumbar las leyes del Gobierno, pero no la de otros grupos parlamentarios. Que apoyen la nuestra y luego enmienden lo que quieran cambiar”. 

Lo que en España parece por ahora imposible lleva mucho tiempo, en realidad, funcionando con normalidad en otros países de nuestro entorno que también han tenido guerras, terrorismo y totalitarismo y que, sin embargo, han desclasificado por prescripción automática del secreto expedientes relativos al nazismo, fascismo, atentados, espionaje o acuerdos internacionales. 

Por decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno desclasificó esta semana los documentos que hasta ahora permanecían secretos sobre el 23F, algo más de 150 archivos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Aunque aportan detalles interesantes sobre las conversaciones de aquel día, cuyo contenido se desconocía hasta ahora en la mayoría de los casos, no termina de aclararse la hipotética participación del rey Juan Carlos I en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado en los últimos cuarenta años y pese a todas las menciones al jefe del estado en esos archivos. 

La democracia española no colapsará porque los españoles conozcamos al detalle lo que pasó la noche del 23F de 1981. Tampoco porque se abra el candado bajo el que han permanecido ocultos los informes de inteligencia de los meses anteriores o se conozca el verdadero papel que jugaron las élites políticas, económicas y militares en la trama. Mucho menos por discutir sobre el anacronismo de una ley franquista promulgada en 1968 y desarrollada con posterioridad por el decreto 242/1969

La decisión, por tanto, del Gobierno de desclasificar los papeles secretos al cumplirse los 45 años del golpe es, sin duda, un acierto porque un país democrático no puede permitirse la protección de sus instituciones mediante el oscurantismo y tampoco que la industria del bulo sirva de caldo de cultivo para la conspiración. Hace falta ahora saber qué parte de ese material se hará público, sobre la base de qué criterio se ha adoptado ahora la decisión o por qué este loable ejercicio de transparencia y memoria con el 23F no afecta a otros episodios oscuros de nuestra democracia, ocurridos incluso antes de 1981.

La decisión, que coincide con el 45 aniversario de la entrada de los militares en el Congreso de los Diputados, la anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasadas las 8.30 de la mañana a través de sus redes sociales y será efectiva  el próximo miércoles cuando se publique en el BOE y los textos puedan consultarse en la web oficial de La Moncloa.

“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, escribió en un mensaje de X en el que agradeció también al escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante, que haya abierto ese camino al solicitar la desclasificación.

Consultados los abogados del Estado, el Gobierno dice tener la seguridad de que, salvo en el caso de Juan Carlos I, quienes se podían ver señalados tras la desclasificación están ya fallecidos y que nada hay, en todo caso, en los documentos que afecte ya a la seguridad del Estado. Ese será uno de los argumentos que utilicen en La Moncloa para justificar que no se abra la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo siete llaves, como fueron las negociaciones de diferentes gobiernos con ETA; los sucesos de Vitoria, también conocidos como matanza del 3 de marzo y de los que se van a cumplir ahora 50 años; la represión en los sanfermines de 1978; el caso Zabalza o los GAL.

La desclasificación del 23F llega sí con retraso, con más de una veintena de libros publicados al respecto y, seguramente, no dejará satisfechos a muchos, pero al menos aportará una verdad basada en pruebas y no en elucubraciones o intuiciones. Cuestión distinta es que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no es cualquier ministro, se haya felicitado en su cuenta de X por cumplir con la ley antes de que se apruebe, en referencia a la de Secretos Oficiales que entró para su tramitación en el Congreso hace un año y aún duerme el sueño de los justos.

El mensaje de Bolaños pone de manifiesto, por un lado, que para acabar con la protección estatal de los documentos sobre el 23F no hacía falta modificar ninguna norma, sino que bastaba, como se ha demostrado, con un acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que el retraso en adoptar esta decisión carecía, hace 5 años igual que hoy, de una base sólida. Y por otro, que el Gobierno carece de la mayoría necesaria para derogar una ley franquista, lo que invita a lecturas inquietantes sobre la vigencia de una norma preconstitucional. 

La decisión, en todo caso, destila un intento del Gobierno, no por remover el pasado o reabrir heridas más que superadas, pero sí por cambiar el marco de la actual conversación pública. De lo contrario, la desclasificación de los papeles sobre el 23F se podría haber adoptado en el 40 aniversario del golpe, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, y se reclamaba igualmente la apertura de los documentos por parte de historiadores y diferentes grupos parlamentarios.

En efecto, la memoria no puede estar bajo llave, pero tampoco al albur de lo que decida en función de sus intereses el Gobierno. ¿O acaso no es necesario en este momento en el que la ultraderecha parece imparable desclasificar también todos los documentos clasificados sobre la dictadura franquista? ¿Y los de la Transición?

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno de España que exhume los restos de Milans del Bosch, actualmente enterrados en el Alcazár de Toledo, para “cumplir” con lo que dice la Ley de Memoria Democrática.

No es la primera vez que lo reclama, pero ahora la petición dirigida a la Presidencia del Gobierno, a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se produce después de que el Ejecutivo central haya anunciado su intención de desclasificar los documentos relacionados con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en los inicios de la Transición, en el que se vio involucrado el militar. Y no es la única razón ya que, recuerda la asociación, también participó en el golpe de Estado de 1936, en aquella ocasión contra el régimen democrático de la II República, provocando una guerra civil y después una dictadura. Muchas víctimas de la represión, explica el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “siguen sin identificar y sus familias sin reparar”.

En el caso del militar, incide el colectivo memorialista, se trata de “un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch que se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos”.

Emilio Silva recuerda que “han transcurrido más de tres años de la aprobación de una ley que le dice al Estado que [los restos] no deberían estar allí”.

Un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos

Emilio Silva — Presidente de la ARMH

Además, la asociación memorialista pide a Pedro Sánchez ir más allá de la desclasificación de documentos del 23F para contar “a la sociedad cuánta documentación o materiales audiovisuales han desaparecido de los archivos del Estado”. En este aspecto Silva considera que “el Estado español sigue teniendo un doble fondo que se sostiene sobre una ley de secretos oficiales escrita por el dictador Francisco Franco”, que data de 1968 y cree que “por eso se ocultan tantas cosas para proteger a las élites de la dictadura”.

A renglón seguido añade que “tras la muerte del dictador se destruyeron millones de documentos y pruebas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura y desde entonces el Estado español nunca ha desenchufado la trituradora de papel que protege intereses que no son precisamente generales”.

El Gobierno ha decidido desclasificar los documentos secretos de la intentona golpista del 23F, 45 años después del asalto de Antonio Tejero y los suyos al Congreso de los Diputados. Según ha anunciado el propio Pedro Sánchez, será este martes cuando el Consejo de Ministros adopte esa iniciativa “saldando así una deuda histórica con la ciudadanía”.

Fuentes del Gobierno han explicado que la desclasificación “se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. “A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa: https://www.lamoncloa.gob.es/.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana “toda la información al respecto en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo”, según han explicado esas mismas fuentes.

Con esta iniciativa el Gobierno va más allá de la nueva ley de secretos oficiales que el Ejecutivo envió en julio al Congreso  y que tan solo afectaba a los documentos reservados hasta 1980. Hasta ahora, para que alguna carpeta importante y delicada se conociera había que depender de la voluntad del propio Gobierno, la petición del Congreso o de la orden de un juez, ya que rige una ley franquista de 1968 que considera que todo es secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario.

Con la nueva normativa el paradigma sería el inverso: la desclasificación automática de todos los documentos cuando pasen 45 años. Es decir, a día de hoy, los fechados hasta 1980, con excepción de que afecte a seguridad nacional, en cuyo caso el Gobierno se reserva la capacidad de seguir manteniendo el secreto, aunque no podrá hacerlo si afecta a violaciones de derechos humanos.

La petición para la desclasificación de los documentos sobre el 23F ha sido una constante por parte de partidos como el PNV o Podemos en las últimas legislaturas, pero hasta ahora las iniciativas parlamentarias presentadas por distintos aliados del Gobierno habían caído en saco roto, precisamente por las resistencias del PSOE a su publicación.

Cercas, a Sánchez: “Desclasifique todo lo que haya”

Hace solo unos meses, durante la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso de los Diputados, Javier Cercas, el escritor autor del libro en el que se basá la producción audiovisual le espetó lo siguiente al propio Sánchez, presente en el acto: “Le voy a pedir una cosa: por favor, hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado porque la verdad la sabemos y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un elemento menos que agarrarse para sus mentiras”. Sánchez asintió y este lunes, para anunciar la desclasificación, el jefe del Ejecutivo ha tuiteado el vídeo de esa intervención de Cercas.

Una de las grandes incógnitas es cuál fue el papel del entonces rey Juan Carlos I durante la asonada. “No tengo nada que ocultar”, sostiene el emérito al relatar su particular versión de lo ocurrido durante la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 (el 23F) en su libro de memorias Reconciliación.

Al recordar cómo el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió armado en el hemiciclo, ordenó sentarse a todos los parlamentarios y sus colaboradores dispararon al techo, Juan Carlos I asegura haber reaccionado de la siguiente manera: “Me quedé estupefacto. ¿Qué es esta locura?”.

“Soldados se habían rebelado y desafiado el orden constitucional”, rememora Juan Carlos I. “Además, el golpe se había hecho en mi nombre. Fue indignante. Me quedé aterrorizado”, añade. La tesis de que el rey no conocía nada de lo que iba a ocurrir aquella tarde en el Congreso ha sido cuestionada por numerosos historiadores que ahora confían en que la desclasificación anunciada por el Gobierno pueda arrojar luz sobre ese papel del monarca.

El control de la información marcó buena parte de la Segunda Guerra Mundial y dejó a muchos ejércitos sin cintura para usar radios o líneas convencionales. Las comunicaciones intervenidas obligaron a buscar sistemas que esquivaran escuchas, bloqueos y rastreos, incluso cuando el mensaje debía cruzar zonas ocupadas.

En ese escenario, las palomas funcionaron como un recurso valioso que no dejaba rastro eléctrico ni señales fáciles de seguir. Esos animales viajaban con cápsulas diminutas y recorrían trayectos largos sin depender de infraestructuras dañadas. La eficacia de ese método dependía de la discreción y de códigos que solo unos pocos sabían leer, lo que dejaba muchos mensajes atados a un contexto hoy perdido.

Una reforma en Surrey sacó a la luz una nota cifrada que nadie ha logrado descifrar

Esa circunstancia quedó claro en 1982, cuando apareció un mensaje cifrado de la Segunda Guerra Mundial unido a los restos de una paloma mensajera encontrada en una chimenea de Bletchingley, en el condado de Surrey.

Según IFLSCIENCE, el hallazgo se produjo durante una reforma en la casa y el papel seguía dentro de un pequeño cilindro rojo sujeto al hueso de la pata. El texto contenía 27 grupos de cinco letras y ningún dato evidente sobre destino o fecha. GCHQ explicó en 2012 que sin los cuadernos de códigos y el sistema exacto usado entonces, ese mensaje no puede leerse hoy con garantías.

Winkie permitió localizar a una tripulación tras volar casi 200 kilómetros cubierta de aceite

El uso de palomas por parte del Reino Unido no fue anecdótico. Durante la guerra se movilizaron alrededor de 250.000 aves, integradas en un servicio organizado que cubría al ejército, la aviación y unidades especiales.

Estas palomas transportaban información cuando la radio resultaba peligrosa o inútil, y muchas cruzaron territorios vigilados bajo fuego enemigo. La importancia de su trabajo quedó reflejada en las condecoraciones, ya que más de la mitad de las medallas Dickin otorgadas a animales recayeron en palomas por misiones cumplidas en combate.

Un episodio citado con frecuencia es el de Winkie, una paloma usada en 1942 tras el derribo de un bombardero británico en el mar del Norte. El ave voló cerca de 193 kilómetros hasta su palomar y llegó cubierta de aceite, señal del accidente.

Ese detalle permitió a la RAF calcular la posición aproximada del avión y localizar a la tripulación. Winkie recibió la medalla Dickin por un servicio realizado en condiciones extremas, aunque no llevaba un mensaje escrito en ese vuelo.

Los especialistas admiten que sin las claves originales el enigma seguirá cerrado

En otros casos, las palomas sí transportaban textos cifrados pensados para leerse solo con claves concretas. GCHQ ha explicado que se empleaban libros de códigos donde cada grupo de letras tenía un significado operativo, y después se aplicaba un sistema adicional como la libreta de un solo uso. Ese método hacía el mensaje indescifrable sin la clave exacta, incluso si el papel caía en manos enemigas o aparecía décadas después en una chimenea.

El mensaje encontrado en Bletchingley ha generado intentos de lectura sin éxito. En 2012, un aficionado canadiense aseguró haberlo resuelto, pero expertos británicos rechazaron esa versión. Según esa teoría, habría indicado la posición enemiga en Normandía.

Michael Smith, asesor histórico de Bletchley Park, dijo a la BBC que esa interpretación era “un disparate”, porque se basaba en códigos de la Primera Guerra Mundial que ya habrían sido conocidos y anulados. GCHQ añadió que sus analistas revisaron cientos de propuestas y ninguna resultó creíble.

Las pocas pistas firmes están en la propia nota. Aparecen dos números de identificación de paloma vinculados a la National Union of Racing Pigeons y una firma abreviada como Sjt W Stot, grafía antigua de sargento cuyo nombre sería William Stot.

GCHQ indicó que conocer la unidad del remitente o el significado del destino X02 podría ayudar, aunque también recordó que muchos códigos y claves se destruyeron tras la guerra. Por ahora, más de 40 años después de haber sido descubierto, el mensaje sigue siendo un ejemplo de cómo aquellas comunicaciones discretas cumplieron su función y, precisamente por eso, quedaron cerradas al futuro.

Uno de los temas de los últimos días, con permiso de Ábalos, Cerdán, Koldo, Montoro, Núñez y otros, es el de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. En principio, así, de saque, una medida importante y necesaria: imprescindible, diría yo.

Vista la cuestión con distancia, sin la inmediatez de concretos secretos, se pueden analizar varios puntos: los temas, acontecimientos, datos... que se clasifican como secreto de Estado; el tiempo de duración de dicha clasificación, eso es, su caducidad; la autoridad en la que recae la responsabilidad de custodia de dicha información clasificada, y la forma en que los Tribunales pueden pedir su desclasificación.

Cada uno de estos temas es relevante. Lo es en aras a una mayor transparencia –seguramente no es el término idóneo para hablar de esto, pero ustedes ya me entienden– y, sobre todo, en aras a conocer lo que el Estado y todos sus aparatos y poderes hacen “en defensa de la seguridad y la libertad” –las comillas son mías, pero creo que responden a lo que se pretende tener como finalidad de la existencia de este tipo de secretos–.

En palabras de la propia Exposición de Motivos de la todavía vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, al principio general de publicidad de la actividad de los órganos del Estado cabe imponer limitaciones cuando “de esa publicidad pueda derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”. Ahí está expresada la finalidad de la existencia de dichos “secretos oficiales”.

Lo que cabe preguntarse es si, hoy, en este Estado, esa finalidad sigue teniendo virtualidad. Esto es, si hay razones que permiten considerar que alguna actividad del Estado puede ser secreta, por definición. Y, por definición, la respuesta debiera ser negativa, sin paliativos ni excepciones, salvo supuestos muy muy concretos.

La reciente historia así lo aconseja, en mi opinión. Ciertamente, con amparo en dicha Ley sobre secretos oficiales, hechos extraordinariamente graves cometidos desde el propio Estado siguen ocultos, desconocidos, permitiendo impunidad e ignorancia. Una Ley que todavía está vigente, pese a la sucesión de Gobiernos de variado signo –no olvidemos que el PSOE ha gobernado en España durante 29 años de los 45 tras la aprobación de la Constitución y aún sigue, en coalición con Sumar tras otra coalición con Podemos–.

Ley que prevé que podrán ser declaradas “materias clasificadas” los “asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Materias cuya calificación puede ser, según la norma, de “secretas” o “reservadas”, lo que queda en manos del Consejo de Ministros y de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Y ello sin que se prevea en dicha Ley una desclasificación automática por el paso del tiempo, sino que su cancelación solo podrá ser decidida por el órgano que hizo la respectiva declaración, sin que tampoco se contemplen razones tasadas que puedan obligar a ello.

Dicho de otra manera: la Ley vigente prevé la posibilidad de existencia de secretos oficiales eternos, que pueden no ser desclasificados nunca. Lo que, a priori, revela la gravedad de los hechos ocultados, pues no otra conclusión cabe extraer del hecho de que nunca jamás nadie pueda tener acceso a su conocimiento, so pena de arriesgar la seguridad y la defensa del Estado.

Poca sensibilidad ha habido a este respecto desde la política. Pocas fuerzas parlamentarias han clamado contra esta tropelía, contra esta barbaridad. Pero alguna ha habido.

Así, en junio de 2020 –¡y ya ha llovido de todo desde entonces en el ámbito político!– el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley sobre secretos oficiales, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), lo que este grupo ya había intentado varias veces desde 2016 – ¡más ha llovido aun!–. Proposición de Ley que pretendía, en esencia, asumir la existencia de secretos de Estado o materias reservadas en algunos temas, pero sin sacrificar los derechos de la ciudadanía a conocer tales materias en un momento determinado, partiendo de la base de que estos secretos oficiales estén sometidos a un plazo de vigencia tasado de 25 años para las materias calificadas como secretas, con posibilidad de prórroga excepcional de 10 años más, y de 10 años para las reservadas. Terminaría así, de aprobarse definitivamente esta reforma legal, la posibilidad de mantener secretos eternos. Ésa fue la propuesta.

Ahora llega otra propuesta, de mayor calado desde el punto de vista del sujeto proponente. No en vano es un Proyecto de Ley del Gobierno sobre Información Clasificada, remitida ya al Congreso para su tramitación parlamentaria. Un Proyecto que había sido ya presentado en Consejo de Ministros en agosto de 2022 y que decayó al con la convocatoria electoral para el 23 de julio de 2023, si bien en la propuesta actual contiene modificaciones respecto de la anterior.

Una iniciativa legislativa que contiene previsiones relevantes, de las que ya llevamos unos días oyendo hablar y comentar en abundancia.

De un lado, la desclasificación automática de los secretos oficiales una vez cumplido un plazo. Plazo que es distinto según las cuatro categorías de información clasificada que se contemplan, a saber: “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” y “restringido”, siendo el tiempo máximo de clasificación de 45 años prorrogables motivadamente por otros 15 años –o sea, un máximo de 60 años, casi nada...–.

Y la norma prevé también un régimen sancionador para quien revele tal información clasificada, cuestión acerca de la cual los profesionales de la información ya comienzan a expresarse, por supuesto.

No es baladí tampoco la cuestión de cuál sea el órgano que tendrá la llave de los secretos, su guardián o centinela. Tema sensible en el seno del Gobierno, al parecer, según las noticias que revelan desacuerdos importantes, toda vez que, hasta ahora, es el CNI –Centro Nacional de Inteligencia, adscrito al Ministerio de Defensa–, en tanto que, según el Proyecto, tal misión pasaría a formar parte de las funciones del Ministerio de Presidencia, asumiendo el control de la Autoridad Nacional de Información Clasificada.

Y, por último, una de las novedades más relevantes del Proyecto es la referida al papel de los Tribunales, ya que no va a permitirse que cada juez/a solicite al Gobierno directamente la desclasificación de algún “secreto oficial”, sino que va a tener que canalizarse a través del Tribunal Supremo, que apreciará su oportunidad.

Bueno, con esta reforma se desclasificarán todos los secretos y documentos anteriores a 1981, algo que nos afecta todavía de manera muy sensible.

Hasta aquí, todo parece razonable, sosegado y, si me apuran, hasta necesario.

Pero es solamente una primera impresión, la impresión de una norma acerca de cuyo basamento habríamos de interrogarnos. No es ésta una cuestión de espías, al estilo de James Bond o similares, sino algo infinitamente más grave y más relevante para nuestras vidas.

Partir de la posibilidad de que haya actuaciones de los poderes públicos que puedan quedar ocultas a la ciudadanía, aunque solamente sea por tiempo limitado, es ya algo muy grave, como principio. Yo, personalmente, no asumo que, como ciudadana libre y responsable, mi conocimiento de la realidad pueda poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado –es más bien lo contrario: si hay actuaciones del Estado que no deben ser conocidas, son, seguramente, dichas actuaciones las que generan el riesgo, y no su conocimiento–. Y, desde luego, no admito que haya materias hurtadas a la ciudadanía, definitiva o temporalmente.

Menos aun de manera eterna, pues es algo que no ocurre en ningún Estado democrático de nuestro entorno sociopolítico, algo que la nueva norma, cuando se apruebe, remediará al prever la desclasificación automática de las materias y de los documentos e informaciones a ellas vinculados una vez transcurridos los plazos antedichos. Pero, como digo, no es solamente una cuestión de plazos.

Desde luego, la nueva Ley, o una reforma en profundidad de la todavía vigente, es imprescindible para poder conocer nuestra historia, incluso la historia más negra y el papel de las instituciones en gravísimos hechos de todo tipo. Y es que en los últimos años hemos conocido hechos terribles, como en febrero de 2021, cuando vieron la luz unas grabaciones tremendas en las que se escuchaba a altos cargos del CESID y la Guardia Civil hablar de los horrendos asesinatos y torturas a que sometieron a Mikel Zabalza, Jose Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala. O ese informe de la CIA de 1984 sobre los GAL, publicado por un medio de comunicación, en el que, según dicha información, se habría recogido que “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terrorista”.

Pues sí, en la teoría podrá haber materias y documentos reservados, secretos, clasificados, y podremos jugar a los espías. Pero en la realidad –al menos en la nuestra– no cabe mantener bajo siete llaves hechos que han ido contra la democracia y contra la propia vida, la libertad y la seguridad de las personas que la Ley de secretos oficiales dice proteger.

Está bien que se facilite el conocimiento de los “secretos” transcurrido un tiempo, pero lo que está en cuestión es la propia existencia de tales secretos. Porque, ¿quién decide lo que es secreto y lo que no, aquello cuyo conocimiento se nos hurta y que nos impide valorar la actuación de los diversos órganos del Estado y el nivel de nuestra democracia? En todo caso, siempre debemos tener derecho a conocer que, en ocasiones, con base en la supuesta defensa de nuestros derechos, el Estado, a través de algunas de sus instituciones, ha podido cometer de manera totalmente ilegítima crímenes espantosos que sigue tratando de ocultar. Y no sólo crímenes, sino también otro tipo de actuaciones de extraordinaria gravedad.

Para terminar, me preocupa que se niegue a cualquier órgano judicial la posibilidad de solicitar la desclasificación de secretos oficiales en el marco de investigaciones judiciales de muy graves hechos delictivos. Ya hemos vivido negativas de varios Gobiernos a dichas peticiones. Pero, si ahora se confía ello solamente al Tribunal Supremo, la cosa se pone aún más complicada.

En todo caso, si se aprueba definitivamente la nueva Ley, en poco tiempo conoceremos muchos hechos hasta ahora ocultados por varios Gobiernos distintos. No sé lo que llegaremos a saber, ni sé si todo lo que ha ocurrido está escrito, documentado y clasificado –puede haber, sin duda, hechos que ni siquiera lo están o cuya documentación haya sido ya destruida –, pero sí sé que a mí todo conocimiento me dará más seguridad.

Lo que espero, en definitiva, es que la inseguridad cambie de lado y atormente a quienes se han sentido seguros ocultando tantas y tantas indescriptibles fechorías.

G

La nueva ley de secretos oficiales que el Gobierno ha mandado al Congreso podrá permitir, de ser aprobada, que España se ponga al día con Europa en la manera de entender la desclasificación de información del Estado. Hasta ahora, para que alguna carpeta importante y delicada se conociera hay que depender de la voluntad del propio Gobierno, la petición del Congreso o de la orden de un juez, ya que rige una ley franquista de 1968 que considera que todo es secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario. A partir de ahora, el paradigma sería el inverso: la desclasificación automática de todos los documentos cuando pasen 45 años. Es decir, a día de hoy, los fechados hasta 1980, con excepción de que afecte a seguridad nacional, en cuyo caso el Gobierno se reserva la capacidad de seguir manteniendo el secreto, aunque no podrá hacerlo si afecta a violaciones de derechos humanos.

Esto expondría expedientes del franquismo y la transición y, en breve, del intento de golpe de Estado de Tejero. Otra cosa es dónde están esos expedientes y en qué estado, pero podrían conocerse desde requisición de bienes, las operaciones económicas del régimen y la familia Franco, torturas policiales o detalles de los pactos con la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, asuntos de espionaje y la investigación policial, por ejemplo, del 23F. Pero también información más reciente, pasados unos años, sobre ETA y otros grupos terroristas o negociaciones de paz o con otros países, como por ejemplo, en el conflicto del Sahara, actividades de la Casa Real en la etapa de Juan Carlos I, la venta de armas o, en temas de actualidad, el espionaje a políticos con el programa israelí Pegasus, cuyo secreto caducaría en unos 40 años.

Lo que en España será un cambio si consigue los avales en el parlamento –después de varios intentos infructuosos y pese a la insistencia unívoca del PNV– lleva muchas décadas funcionando con normalidad en otros países europeos que también han tenido guerras, terrorismo y totalitarismo, y que han desclasificado por prescripción automática del secreto expedientes relativos al nazismo, fascismo, atentados, espionaje o acuerdos internacionales. En países del entorno no existen normas tan restrictivas como la actual española y se basan en la desclasificación por plazos, aunque siempre reservando excepciones por seguridad nacional, un concepto a veces claro y a veces interpretable.

Por ejemplo, Italia impone los niveles de secretísimo, secreto, muy reservado y reservado, y cuando pasan cinco años se baja de nivel de manera automática. Cuando está a nivel mínimo, pasados otros cinco, se libera el documento. Todo esto, a menos que haya una decisión excepcional y argumentada de los técnicos. Si esa prórroga excepcional es mayor de 15 años debe firmarla el presidente de Gobierno. Pero no siempre los expedientes más relevantes se han conocido gracias a la ley, cuyas excepciones pueden dejar secretos temas de gran interés. De hecho, los sucesivos presidentes italianos han desclasificado por voluntad algunos asuntos. Por ejemplo, Mario Draghi ordenó en 2021 hacer públicos documentos sobre el brutal atentado de la estación de tren de Bolonia en 1980, que dejó 85 muertos y por el que se condenó a cuatro personas y a cadena perpetua al terrorista neonazi Paolo Bellini este mismo año. Ante las sombras de duda sobre otras participaciones en la matanza, el entonces presidente de Gobierno ordenó que se liberara documentación relativa a la logia masónica P2, un grupo subversivo y cuya participación en la mortal explosión sugirió la fiscalía en su momento.

Otra de las grandes desclasificaciones italiana se debió a una petición del parlamento en 2016, que impulsó el levantamiento de secreto de 13.000 páginas que contenían crímenes de guerra cometidos por los nazis en Italia, desde persecuciones a judíos a ejecuciones durante la ocupación del país en la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de Mussolini.

Reino Unido también tiene legislación de secretos oficiales, aunque son un conjunto de normas que van desde la regulación de la seguridad del país a la protección de fuentes, el espionaje o el derecho a la transparencia. En 1998 se rebajó de 30 a 20 años la posibilidad de liberar secretos como norma general, pero deben pasar por un análisis y la petición se bloquea si afecta a la seguridad nacional o a la intimidad de personas. Algunas de las cosas que se han podido conocer por la desclasificación de información es que Israel, aliado de Reino Unido, le engañó y envió armas Argentina durante la guerra de las Malvinas, en 1982. O que uno de los empleados de Isabel II, sir Anthony Blunt, conservador de los cuadros de la colección real, pasó información a la Unión Soviética durante su cercana posición a la corona británica, como reflejan los National Archives, la web que recopila la información desclasificada en este país. Como en Italia, no siempre la información ha visto la luz de manera natural. En 2012, Reino Unido se vio forzado a revelar, tras una demanda de cuatro ciudadanos keniatas, más de 8.000 páginas que apuntaban a abusos de británicos en sus colonias, con maltratos y torturas contra rebeldes en Kenia e insurgentes comunistas en Malasia. En un ámbito menos político, también desclasificó centenares de avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI): 8.500 páginas con fotos, informes o detecciones de radar.

El caso francés

En Francia también hay una ley de desclasificación automática por plazos (50 años), como la que quiere establecer España (de 45 aquí), pero igualmente con excepciones. La seguridad nacional, la integridad de la moneda o causar un perjuicio de la política exterior, entre otros. Precisamente este es uno de los puntos esenciales para el buen funcionamiento de la transparencia: “Desde Amnistía Internacional pedimos que la ley cumpla el triple test al calificar el secreto: motivación, necesidad y proporcionalidad”, explica María del Pozo. Aunque el diablo está en los detalles y el desarrollo práctico, desde esta organización celebran que por fin España salga del marco franquista en el que todo es secreto de partida.

En Alemania, el sistema es similar al francés, aunque el plazo es menor –30 años– y siempre que se amplíe debe estar justificado. A lo largo de los años se han desclasificado numerosos documentos sobre el pasado nazi, algunos recientes, como la secta que abusó de miles de niños en Chile (Colonia Dignidad) y que montó el pedófilo nazi Paul Shäfer, con el agravante de que los documentos revelan que la embajada alemana pudo hacer la vista gorda. 

Fuera de Europa, el presidente argentino, Javier Milei, acaba de ordenar en marzo de este año la desclasificación de archivos sobre nazis que se refugiaron en Argentina –con el doctor Mengele y Eichman a la cabeza– así como las operaciones financieras que se hicieron allí. También se ha anunciado la liberación de expedientes policiales relativos a la dictadura porque, según el ministro de Exteriores de Milei, “no existe motivo para ocultar estos datos”, unos datos que sí continúan ocultos en España, protegidos por la ley vigente, de 1968.

Liberación de secretos en EEUU

Pero si la desclasificación está de actualidad también hoy, tiene que ver con Estados Unidos, donde Trump ha ordenado recientemente hacer públicos los datos del asesinato de John F. Kennedy (que han aportado poca novedad respecto a la autoría), de Martin Luther King (pese a la oposición de la familia) o de los abusos de Epstein. En el caso del pedófilo acusado de abusar de decenas de mujeres y que se suicidó en prisión, el mandatario estadounidense había solicitado que se hicieran públicos los documentos del juicio, algo que ha sido frenado por la justicia alegando la necesaria protección de víctimas menores de edad. Esta misma semana, The New York Times ha publicado que Trump aparece en los archivos de Epstein y que el departamento de Justicia le avisó en mayo.

Como en la mayoría de países, en EEUU es el impulso del presidente el que permite sacar a la luz extraordinariamente documentación. Allí hay un rango de protección de secretos que va desde 25 años hasta los 75. Una de las desclasificaciones más masivas sucedió en 2017, cuando se volcaron 12 millones de páginas de la CIA con un buscador incorporado que permitió bucear también por momentos de la historia de España a través de cables y documentos americanos: noticias que iban desde la bomba caída accidentalmente en Palomares a información de la embajada americana que relataba que Franco buscaba sucesor y los acuerdos para que fuera Juan Carlos I, o el relato del asesinato de Carrero Blanco, que al principio los servicios de información de EEUU informaron como una explosión “por escape de gas”, antes de que se confirmara el atentado de ETA.

Aunque no por imperativo legal ya que la ley promueve la opacidad, los diferentes gobiernos de España también han hecho pública información cuando lo han considerado conveniente o por orden judicial. Por ejemplo, cuando en noviembre de 2023 el juzgado de instrucción 29 de Barcelona solicitó la desclasificación de la información reservada sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI sobre el expresident Pere Aragonès.

Por acuerdo con Junts, el gobierno de Pedro Sánchez negoció en 2024 liberar información sobre los atentados de Barcelona (8 documentos sobre las visitas de agentes del CNI que recibió el imán considerado autor intelectual cuando estaba preso en Castellón). Por otra vía, una proposición de EH Bildu en el Congreso que tuvo el apoyo de PSOE en junio de este año, también se ha solicitado que se conozcan los expedientes sobre los Sanfermines de 1978 y “avanzar” en la declaración como víctima a Germán Rodríguez, el joven que murió de un disparo en la cabeza por parte de la Policía aquel día en los disturbios que siguieron a los incidentes en la plaza de toros. A la iniciativa se le añadió una enmienda del PNV para incluir la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron y decenas resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral en el barrio de Zaramaga.

“España se queda dentro de las prácticas de entorno en los niveles de alto secreto, la cuestión es cómo se lleve a la práctica y qué pasa con los de calificación más baja (llamados restringidos), si se pone o no demasiado celo en proteger cierta información”, apunta Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, que alerta de posibles “riesgos cruzados” con la protección de la normativa que protege a los alertadores de corrupción.

Si no sale adelante el anteproyecto porque no encuentra respaldo en el Congreso, seguirían bajo secreto casi todas las decisiones y expedientes de la dictadura y también de la democracia. De hecho, un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 –al que ha tenido acceso elDiario.es a través de Amnistía Internacional– aprobó cuáles eran las materias secretas en el ámbito de política exterior: “negociaciones sobre secuestros”, “contactos para procesos de paz”, “crímenes de transcendencia internacional”, “preparativos de viajes de los Reyes y el presidente de Gobierno cuando las circunstancias lo aconsejen”, así como la posición de España en conflictos, estrategias o “información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad”. Es decir, casi todo lo relevante. Como concluye Del Pozo, si la nueva normativa no encuentra apoyos suficientes y decae de nuevo, “con la ley actual no solo el pasado será secreto, sino también el presente y el futuro”.

Levantar el secreto del franquismo y la Transición. Es una de las implicaciones prácticas de la nueva Ley de Información Clasificada que el Gobierno acaba de remitir al Congreso en el enésimo intento por reformar la norma que rige los secretos oficiales en España –y que proviene de la dictadura–. El texto, al que aún le queda el trámite parlamentario, contempla la desclasificación automática de todos los documentos que lleven clasificados 45 años o más, es decir, los fechados hasta 1980. Esto quiere decir que, en teoría, la documentación vinculada a la dictadura y los primeros años de democracia hasta ahora oculta e inaccesible podrá ver la luz.

La ley también especifica que aquella información relativa “a graves violaciones de derechos humanos” no puede ser clasificada, un tipo de documentos que, según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se refieren “a la dictadura” y que ante el “ingente volumen” de secretos que hay “en el seno de los ministerios” el Gobierno va a “priorizar”. Eso sí, la ley contempla una excepción: la revelación no puede suponer una “amenaza o perjuicio para la seguridad y defensa nacional”. Para el resto de documentos, se crearán cuatro categorías con plazos asociados de desclasificación, como máximo de 60 años.

La norma afecta a los documentos posteriores a 1968, año en que entró en vigor la ley actual, puesto que lo anterior ya está desclasificado. Son esos 12 años –hasta 1980– de tardofranquismo y Transición los que se verán plenamente afectados. Y son estas también dos épocas de dura represión policial contra un movimiento obrero y estudiantil en auge, por un lado, del régimen franquista todavía vivo hasta 1977, por otro, de un inicio de democracia marcado por excesos que en ocasiones llegaron a acabar con la vida de ciudadanos. Por eso, los historiadores, que miran con cautela la nueva ley, ven en los fondos del Ministerio del Interior uno de los focos clave.

“Es quizá de lo que más interesa porque es donde se custodia la documentación policial. A nivel de la naturaleza del régimen y su praxis no vamos a descubrir cosas deslumbrantes, pero quizá podamos concretar más y ver cosas interesantes sobre los responsables del aparato represivo, continuidades de la dictadura a la democracia, cómo fue la toma de decisiones en determinados casos o cómo es la ejecución de órdenes sobre el terreno... Es valioso teniendo en cuenta que no se han podido judicializar los crímenes del franquismo”, ejemplifica el historiador David Alegre, que se refiere a casos de represión, detenciones y torturas policiales a manos de la Brigada Político Social del régimen o, ya en la Transición, a situaciones de violencia policial.

El historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una ni grande ni libre (Crítica), coincide. “Podríamos quizá acceder a investigaciones policiales internas o a detalles que permitan esclarecer qué pasó en algunos casos, si había una orden y en qué sentido o si se incumplieron instrucciones”, explica nombrando sucesos como la matanza de cinco obreros en huelga en Vitoria en 1976 o la intervención policial en los Sanfermines de 1978, que dejó más de 150 personas heridas –11 de ellas de bala– y un muerto. Aun así, creo que hay que huir de la lógica del cofre del tesoro en el sentido de que es improbable que vaya a haber un documento que vaya a revelarlo todo“, añade el experto.

El secreto de lo que es secreto

Porque las sospechas de los historiadores sobre lo que puede haber o no clasificado son eso, sospechas. Detrás de los secretos de la dictadura nadie sabe exactamente qué puede emerger. “Este es uno de los principales problemas, que no se sabe qué secretos oficiales hay en España. Podemos intuir cosas, pero realmente no hay un listado o una enumeración que nos guíe”, sostiene el historiador Pablo Alcántara. La técnica superior de Archivos del Archivo General Militar de Ávila, Henar Alonso, destaca lo mismo. “La cuestión es que no sabemos qué documentación existe ni en qué condiciones, no hay todavía un censo de fondos documentales de la Guerra Civil y el franquismo”.

Haciendo un ejercicio de suposición, Alcántara, que ha estudiado a fondo la Dirección General de Seguridad de Franco –ubicada en la Puerta del Sol– cree que, si finalmente se desclasifica esta documentación, pueda en ella haber información sobre la formación de la policía franquista a manos de la Gestapo alemana o el FBI, algo que “sabemos gracias a archivos extranjeros, pero no españoles”. También sobre “la relación” de fuerzas terroristas ultraderechistas en la Transición “con el aparato del Estado”, entre ellas el Batallón Vasco Español o la Triple A. “Creo que sería interesante ver la financiación o qué vínculo podían tener con algunos policías, por ejemplo”.

El experto nombra también casos como el de la matanza de los abogados de Atocha o el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González, sucesos sobre los que “es posible que sea revelador acceder a las investigaciones policiales internas”. Otro caso que puede verse afectado es el del asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño sindicalista que murió de un disparo de la policía mientras participaba en una manifestación por la autonomía andaluza en diciembre de 1977. El Congreso acordó en febrero el acceso a las actas que habían investigado su muerte, pero tachando los nombres propios alegando que los documentos eran secretos.

Este martes, Izquierda Unida ha dado por hecho que la nueva norma contribuiría a la desclasificación completa y a “conocer la verdad” sobre el asesinato de Caparrós. También optimista se muestra Andoni Txasko, de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo. “Llega tarde, pero lo celebramos porque creemos que tiene que haber documentación que nos permita apuntalar la planificación de la masacre: tenemos constancia de que hubo reuniones de empresarios con representantes políticos o entre los ministerios para hablar de lo que estaba ocurriendo en Vitoria. Incluso parece que se informaba puntualmente al rey Juan Carlos. Pensamos que puede haber actas o comunicaciones de aquello”.

Lo que no es secreto, pero tampoco accesible

Sin embargo, la prudencia reina entre los historiadores y archivistas, que tienen en general muchas dudas de que la ley acabe desplegándose de forma eficaz aunque sí la consideran “un paso adelante”. Por un lado, David Alegre califica de “trampa” que el texto siga otorgando “discrecionalidad al Gobierno de turno para decidir qué debe ocultarse o no” y, más allá del texto, pone sobre la mesa “la falta de recursos humanos y materiales” que llevan a que, ya actualmente, haya barreras al acceso. “Puede haber cosas muy interesantes, pero si no hay una inyección económica, no valdrá para nada”, describe el experto, que señala que en algunos casos el problema no es el secreto, sino que los documentos no son accesibles.

Es algo a lo que hacen referencia todas las voces consultadas, que apuntan a la falta de procesamiento archivístico de mucha de la información existente. “Hay que tener medios para encontrar, controlar, describir y clasificar toda la documentación y para eso hacen falta recursos y personal. Cuestión aparte es que toda la destrucción que ha podido destruirse porque era legal hacerlo”, esgrime Henar Alonso, que apunta: “Publicar una ley en el BOE es una cosa, y en este caso ni siquiera ha ocurrido aún, pero que sea eficaz a efectos prácticos es algo muy diferente”.

Pablo Alcántara también pone sobre la mesa las largas demoras a las que suele someterse el acceso a archivos y recuerda que, por ejemplo, Interior tardó “más de un año y medio” en enviarle un expediente de un policía que solicitó. El historiador pone el foco además en “otro obstáculo” más allá del secreto, la Ley de Protección de Datos, que hace que la documentación en la que aparecen datos personales de alguien que esté vivo o no haya muerto hace más de 25 años “o directamente no te la den o lo hagan pero con los nombres tachados”. Con todo, Alcántara espera que las vulneraciones de derechos humanos a los que se refiere la ley, es decir, los crímenes del franquismo, sean excepcionados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria. El proyecto quiere sustituir a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información confidencial cuando transcurran unos determinados plazos. De esta forma, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia, según aseguran fuentes gubernamentales, ya que Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos.

El proyecto de ley regula cuatro categorías de información clasificada: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeros son competencia exclusiva del Consejo de Ministros, y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.

“Se pone en valor que esta ley es imprescindible porque la superación de una rémora que es la ley de 1968 que proviene del franquismo y que tenemos que superar para adaptarnos a los estándares europeos”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al anunciar la ley en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Sustituye una norma preconstitucional, nos homologa con las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos a conocer y la obligación de las administraciones a poner en manos de los ciudadanos determinada información”, ha añadido.

Se establece así un límite de 60 años, según consta en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero el proyecto de ley esconde una vía de escape. El artículo 16 señala que “la información desclasificada no podrá volver a clasificarse salvo que la autoridad de clasificación aprecie motivadamente y de forma excepcional que existen razones suficientes que justifican una nueva clasificación”. La decisión debe estar motivada sobre una “amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional” y se revisará anualmente.

Asimismo, se estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrán ser objeto de clasificación.

El proyecto del Gobierno reduce así en cinco años el plazo máximo de clasificación sobre la propuesta que ya presentara el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la pasada legislatura. Aquel intento decayó cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales de julio de 2023.

La propuesta actual introduce un sistema de desclasificación automática de la información que ya está declarada secreta. “Se desclasificará automáticamente la información clasificada transcurridos cuarenta y cinco años o más desde su clasificación”, apunta el proyecto. Eso sí, el Gobierno se vuelve a guardar una carta. La desclasificación será automática “salvo que la autoridad de desclasificación aprecie motivadamente, y de forma excepcional, que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y la defensa nacional”. Esa “nueva clasificación deberá ser revisada anualmente”.

Sanción de hasta 2,5 millones

El proyecto también amplía la nómina de personas que pueden pedir la desclasificación de una información que ya es secreto. “Toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho o interés legítimo o que pueda justificar un interés profesional en la información clasificada podrá solicitar a la autoridad competente su desclasificación”, apunta.

La norma incluye un régimen sancionador más leve y rebaja la multa máxima por difundir un “Alto Secreto” o un “Secreto” (los dos niveles máximos) de tres a 2,5 millones de euros. La multa mínima es de 30.000 euros, y son de aplicación tanto a personas físicas como jurídicas.

El proyecto que se aprobará este martes también establece que a quienes revelen información clasificada se les podrá aplicar el Código Penal, además de las sanciones que recoge esta ley, por lo que se deja la puerta abierta a penas de cárcel.

La ley establece que se podrá sancionar “la difusión, por cualquier medio, de información clasificada”, que se conozca tanto porque la propia ley lo otorga, como por un “acceso fortuito”. El régimen sancionador no recoge excepciones, pero sí establece “proporcionalidad” en el castigo y “criterios de graduación”. Entre ellos, “el ejercicio del derecho a la libertad de información”.

El proyecto adolece así de los mismos problemas que ya criticaron las ONG en la pasada legislatura, y dificulta tanto la labor de los periodistas, que pueden ser sancionados por publicar secretos oficiales, como para los llamados 'whistleblowers', personas que difunden una información a la que tienen acceso por motivaciones morales o políticas, como pueden ser Julian Assange o Chelsea Manning.

A las siete de la tarde de este martes, hora de Washington, internet se ha vuelto a llenar de teorías conspiranoicas sobre la muerte del expresidente John Fitzgerald Kennedy. La desclasificación de 1.123 documentos por parte de los Archivos Nacionales ha convertido X, que prácticamente es una burbuja trumpista a día de hoy, en un constante torrente de posts sobre lo que habían encontrado los usuarios en su rápida búsqueda. “Otra publicación decepcionante”, comentaba uno de los miles de perfiles.

Los historiadores presidenciales ya habían dicho que no esperaban grandes sorpresas desde que Donald Trump anunció que publicaría los documentos íntegros y sin ningún tipo de censura. El republicano ha decidido sacar a la luz los archivos que ya había revelado en su anterior mandato con tachones y partes ocultas. Algunos de esos párrafos o palabras que se habían mantenido bajo registro han seguido siendo ilegibles debido a la caligrafía o la mala calidad de los documentos.

La gran mayoría de la colección de los Archivos Nacionales, que contiene más de seis millones de páginas con registros, imágenes, grabaciones de audio y vídeo, y otros elementos relacionados con el asesinato, ya se había publicado previamente. La última gran publicación de documentos fue en 2022, cuando los Archivos Nacionales liberaron casi 13.000 archivos nuevos. Por eso los historiadores presidenciales no esperan encontrar grandes sorpresas en la publicación de este martes, aunque sí que se podría arrojar luz sobre algunos detalles del asesinato del 22 de noviembre de 1963.

Aunque la respuesta inicial a la gran pregunta de quién mató a Kennedy, o si había otras personas implicadas en el asesinato –incluso la CIA misma–, parece que seguirá siendo la misma: Lee Harvey Oswald, el tirador solitario que disparó contra la caravana de Kennedy desde el sexto piso del Depósito de Libros Escolares en Dallas (Texas).

Trump convirtió en una promesa de campaña la desclasificación de los documentos gubernamentales restantes sobre el asesinato de Kennedy y este lunes anunció que iba a cumplirla. “Dije durante la campaña que lo haría, y soy un hombre de palabra”, afirmó Trump este lunes cuando, desde el Kennedy Center en Washington, anunció la publicación de los documentos para este martes.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para ordenar la publicación de documentos del gobierno federal relacionados con los asesinatos de Kennedy, el exfiscal general Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. La orden instruía al director de Inteligencia Nacional y al fiscal general a presentar un plan en un plazo de 15 días, un plan para la “publicación completa y total de los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy.” A pesar de esta promesa de publicar los archivos sin ningún tipo de censura parece no haberse cumplido. Una revisión inicial de los archivos hecha por el New York Times ha detectado que parte de la información sigue capada.

Encontrar información relevante será una tarea complicada y larga. No solo por el volumen, sino porque los documentos entregados se han publicado de manera desordenada, sin ningún tipo de categorización. La mayoría de los archivos PDF tienen menos de 10 páginas. Además, tampoco se ha especificado cuántos de los documentos ahora desclasificados siguen pendientes de digitalización. Según la página web de los Archivos Nacionales, a partir de este martes, “a medida que los registros se vayan digitalizando, se publicarán en la página”.

Oswald, quien mató a Kennedy el 22 de noviembre de 1963, era un exmarine desequilibrado que se identificaba como marxista. Dos días después de asesinar al demócrata, el propietario de un club nocturno de Dallas, Jack Ruby, disparó y mató a Oswald justo antes de que fuera trasladado a una nueva prisión. La Comisión Warren, que se creó para esclarecer el crimen, concluyó en su momento que Oswald actuó solo. Así como el hombre que le mató después a él.

Por ley, todos los documentos relacionados con el magnicidio debían hacerse públicos antes del 26 de octubre de 2017. Sin embargo, se contemplaban excepciones en caso de que el presidente demostrara que mantenerlos en secreto era necesario para evitar daños graves que superaran el interés público en su divulgación. Cuando llegó el momento de hacerlos públicos, Trump era presidente y decretó que algunos de los archivos continuaran clasificados. Ahora parece que no lo recuerda y no para de mostrarse como un defensor de la transparencia. Trump ha podido desclasificar ahora los documentos porque el expresidente Joe Biden también renovó la clasificación de los registros.

Roma mintió. Sí hay un dossier sobre la desaparición de Emanuela Orlandi. Sin embargo, el Vaticano negó durante años la existencia de informe alguno sobre el suceso acaecido en junio de 1983. Un caso sin resolver que hunde sus raíces en lo más oscuro de las tramas de intriga y poder vaticanas y que ahora podría vivir un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque, al fin, un funcionario vaticano ha admitido la existencia de un documento interno acerca de la joven, y de la implicación de determinados personajes a lo largo de los años. Y no un funcionario cualquiera.

Se trata del fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, encargado por el mismo Papa de aclarar, en lo posible, los múltiples puntos ciegos del caso. La pesquisa incluye la pregunta que, 41 años después, todavía se hace el hermano de la desaparecida, Pietro Orlandi: ¿Dónde está Emanuela?

Didi, que no quiso dar muchos detalles, sí insistió en que el informe no aporta muchas novedades, sino que más bien se limita a recoger todo lo conocido. Sin embargo, medios italianos han revelado que detrás de su redacción estaría, ni más ni menos, que el exsecretario personal de Benedicto XVI (y hoy nuncio en el Báltico, tras ser expulsado del Vaticano por Francisco), Georg Gänswein.

¿Quién ha conservado este expediente hasta ahora, dado que en varias ocasiones, en los años mencionados, las autoridades vaticanas informaron públicamente que no existía ningún expediente y que el de Emanuela Orlandi era ‘un caso cerrado’?

Laura Sgro — Abogada de la familia Orlandi

Entre los conocedores del caso también se encontraría el histórico jefe de Seguridad de los papas, Domenico Gianni, quien hace semanas, durante su comparecencia en la comisión sobre el caso auspiciada por el parlamento italiano, también confirmó la existencia del informe, aunque lo definió como una “reconstrucción histórica” del caso.

Sin embargo, para la abogada de la familia Orlandi, Laura Sgro, resulta especialmente grave que “el Vaticano reconozca que ha llevado a cabo actividades relacionadas con el secuestro de Emanuela Orlandi que nunca ha compartido con la familia ni con la Fiscalía de Roma” lo que, en su opinión, supondría un caso claro de obstrucción a la justicia. Mucho más grave cuando, desde 2012, se solicitó a Roma toda la documentación relativa al caso, y desde el Vaticano se desmintió la existencia de dossier alguno. Ahora, con el caso cerrado en el ámbito civil, lamenta la falta de “una colaboración leal” por parte de la Santa Sede.

Que pidan el documento “con urgencia”

Sgro añadió que la familia volvió a solicitar en 2017 una copia de dicho expediente, cuya existencia conocían a través del ex mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado por el ‘caso Vatileaks’. “¿Quién ha conservado este expediente hasta ahora, dado que en varias ocasiones, en los años mencionados, las autoridades vaticanas informaron públicamente que no existía ningún expediente y que el de Emanuela Orlandi era ‘un caso cerrado’?”, se preguntó la abogada, quien instó a la Fiscalía de Roma y a la Comisión Parlamentaria de investigación que “soliciten con urgencia” dicho expediente, en el que también aparecen, entre otros, los protagonistas del ‘Vatileaks II’: la italiana Francesca Chaouqui y el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, ambos condenados por la Justicia vaticana en el caso de filtración de documentos confidenciales, y que tuvieron que declarar este año ante la comisión parlamentaria.

En una entrevista con Il Messagero, Chaouqui desveló cómo en una ocasión, “de una caja fuerte (del Vaticano) salieron cinco hojas, una lista de gastos que la Santa Sede habría afrontado para gestionar” la desaparición de Emanuela Orlandi. Su hermano, Pietro, está convencido de que “esos documentos contienen más cosas” sobre su hermana, pero el Vaticano asegura que esos documentos no existen. Tampoco se encontró nada en las excavaciones en el cementerio teutónico, donde una pista falsa (o falseada) aseguraba que se encontraba el cuerpo de la desaparecida.

“El Vaticano no sabe dónde está Emanuela Orlandi”, subrayó, tajante, Chaouqi, quien sostiene la teoría de que Emanuela no murió en el acto, sino que fue secuestrada y trasladada a Londres, aunque tampoco avala las teorías que vinculan la desaparición de la joven con la mafia o con el escándalo del Banco Ambrosiano. Mientras tanto, la familia sigue exigiendo respuestas. Y Emanuela Orlandi, o su cadáver, continúan sin aparecer. Al menos, ha aparecido un dossier en el Vaticano cuyo contenido, pese a todo, sigue manteniéndose en secreto.

Toda la información en www.religiondigital.org

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dio este miércoles una orden insólita: intervenir todo el contenido de los ordenadores, el teléfono móvil y la tableta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A las 9.17 de la mañana, el alto tribunal informó de que el juez le había pedido que buscara un abogado para defenderse en la causa abierta contra él por la supuesta filtración de un email relacionado con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos horas después, a las 11.18 horas, el magistrado mandó a la UCO a su despacho en busca de pruebas sobre esa presunta filtración que investiga como un delito de revelación de secretos. 

Durante diez horas, los agentes de la Guardia Civil clonaron los equipos informáticos del fiscal general. El auto de Hurtado les autorizaba a copiarlos “en su integridad” a partir del 8 de marzo de 2024: conversaciones, fotografías, vídeos, agenda, contactos, indicadores de geolocalización… Una cantidad ingente de información que, dada su condición de máximo representante del Ministerio Público, puede incluir datos sensibles sobre procedimientos judiciales en curso e incluso relevantes secretos de Estado. La decisión provocó contrariedad en círculos judiciales, donde se cuestiona la proporcionalidad de una medida inédita en democracia y que, además, se desvía de la actuación de los tribunales en otras investigaciones sobre supuestas revelaciones de secretos. 

“Se aprehenderá el teléfono o teléfono móviles del interesado”, puso por escrito el juez. Y eso que ni siquiera la defensa de González Amador aspiraba a tanto. En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia en julio, su letrado acotaba la diligencia a solicitar a Google los correos de la cuenta personal de García Ortiz que contuvieran el texto de la confesión de su cliente, así como los correos intercambiados desde su cuenta con la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo. Además, la defensa pedía a la tecnológica comprobaciones sobre posibles correos borrados entre esas fechas.

“Los archivos del fiscal general están llenos de secretos, de causas judiciales, de comunicaciones con fiscales y otras autoridades. No se ha adoptado ninguna cautela para protegerlos por lo que se han despreciado todos estos intereses”, sostiene una fuente del Tribunal Constitucional. “En 50 años no he visto una actuación de esta índole para resolver un supuesto caso de filtración de una información a un periodista. Es absolutamente desproporcionado”, añade otra voz del tribunal de garantías. 

La intervención de teléfonos u ordenadores es una medida excepcional, pues compromete derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Es por eso que el juez que lo acuerda debe hacer lo que se denomina un “juicio de proporcionalidad” teniendo en cuenta la gravedad del delito que está investigando y qué se quiere proteger con esa investigación. En este caso, la revelación de secretos está penada con entre dos y cuatro años de cárcel y lo que supuestamente se intenta proteger es la confidencialidad de las informaciones que custodia la Fiscalía. 

Además de los citados, otros elementos a examinar son la naturaleza de los datos a los que va a acceder y de qué forma afecta su intervención los derechos del investigado, según recoge una circular de la Fiscalía General del Estado aprobada en 2019. “Así, por ejemplo, puede resultar procedente acceder a la carpeta de correos enviados, pero no a la de los correos recibidos, o acceder a la actividad en internet del interesado, pero no a sus datos almacenados o, en definitiva, acceder únicamente a determinado tipo de datos”, recoge esta circular. Y añade que existen dos formas de clonar el contenido: hacer una copia espejo o copia bit a bit de la información original o una copia selectiva de ciertas carpetas o ficheros. En el caso del fiscal general, la orden del juez fue de copiar todo. 

El magistrado Miguel Pasquau, miembro de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, explicó en un hilo de su cuenta de X que una medida de este calibre “sólo se justifica para la investigación de delitos de cierta entidad”. En este caso, la intervención de los dispositivos del fiscal general se hizo “para investigar la autoría de una filtración de algo que ya era conocido por el público; no revelaba datos personales de carácter íntimo (era algo que por su finalidad acabaría teniendo que ser conocido) y no tenía la consideración de secreto oficial”. Cuestiones que, a su juicio, sí importan a la hora de valorar la proporcionalidad de la medida.

Principio de proporcionalidad

“Las medidas que afectan a derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones están protegidas por doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y se reservan a delitos graves o muy graves. El registro de los dispositivos y equipos informáticos fue absolutamente desproporcionado”, dice una fuente del Tribunal Constitucional.

“El auto es brutal. Es un escrito que podrías ver en cualquier procedimiento de tráfico de drogas o blanqueo de capitales. No responde al principio de proporcionalidad porque el contenido de las comunicaciones del fiscal general va más allá de su propia intimidad y puede afectar a secretos oficiales o de otras personas o a información de investigaciones…”, asegura la abogada Isabel Elbal. Esta letrada explica que hay métodos menos lesivos como la llamada “búsqueda ciega”, que permite discriminar la información relacionada con la investigación y evita clonar todo el contenido. 

El excesivo alcance de estos registros es una cuestión que ha abordado la Justicia europea. En 2021, la Corte de Estrasburgo consideró que se había violado la Convención Europea de Derechos Humanos en el registro del ordenador de un abogado en el que se había permitido el acceso a todos los datos y no únicamente a las carpetas referidas a los clientes que eran objeto de investigación. El TEDH cuestionó la falta de justificación de ese alcance, pues el tribunal que lo ordenó dio “razones muy breves y bastante generales al autorizar la búsqueda de todos los datos”. 

Del juez Silva al caso Cursach

La decisión de clonar los dispositivos del fiscal general se aparta también de la actuación de los tribunales en otras investigaciones sobre supuestas revelaciones de secretos. La hemeroteca recoge casos como el del juez Elpidio Silva, que fue investigado por la filtración y consecuente publicación de los correos electrónicos que Miguel Blesa envió desde su dirección corporativa siendo presidente de Caja Madrid. Su publicación permitió conocer a la opinión pública el modo en el que el exbanquero gestionó el dinero público de la entidad. 

En ese caso, la primera decisión que tomó la instructora, Susana Polo, fue citarle a declarar a él mismo y a otros testigos que supuestamente habrían tenido acceso a los correos y que “estudiaron con él su posible utilidad o le ayudaron a publicarlos”. Entre esos ocho testigos había varios abogados y periodistas. La investigación fue exhaustiva, incluso con una testigo protegida, pero la jueza nunca llegó a incautar el móvil o el ordenador del juez Silva. Finalmente, la causa fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando estaba a punto de llegar a juicio. Silva fue expulsado de la carrera tras ser condenado a 17 años y medio de inhabilitación por varios delitos cometidos cuando instruía el caso Blesa. 

Otro caso con repercusión mediática de revelación de secretos fue la filtración de un informe policial reservado en el marco de la investigación al empresario del ocio nocturno de Palma Bartolomé Cursach. El juez que instruyó el caso, Miquel Florit, abrió una pieza separada para investigar esa filtración y ordenó la incautación de móviles y el rastreo de llamadas de dos periodistas que cubrían la información sobre los lazos y tratos preferenciales de ese empresario con estamentos políticos y policiales. 

Sin embargo, nunca acordó registrar los dispositivos y equipos informáticos de los antiguos juez y fiscal del caso —Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, respectivamente— ni de los cuatro policías de la Unidad de Blanqueo investigados. Finalmente, uno de los policías arrestados sí hizo entrega voluntaria de su teléfono y autorizó que tanto este dispositivo como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. 

Los periodistas llevaron el asunto al Tribunal Constitucional, que les dio la razón al considerar que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al impedirles hacer uso de la “legítima defensa de sus intereses profesionales”. Además, el que acordó la intervención de sus teléfonos llegó a ser juzgado por esos hechos, aunque resultó absuelto de los delitos de prevaricación, interceptación ilegal de telecomunicaciones, contra el derecho al secreto profesional y contra la inviolabilidad del domicilio. No obstante, la sentencia reconoció que había actuado de forma injusta y que no ponderó “debidamente” el derecho al secreto profesional de los periodistas. 

En junio se cumplieron seis años de la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pedro Sánchez asumió entonces el Gobierno, primero con su partido en solitario, después en coalición con Unidas Podemos, con una agenda de reformas pendientes a las que ha ido dando salida. Pero seis años y tres legislaturas después, toda una batería de promesas sobre regeneración democrática sigue pendiente. La derogación de la ley mordaza, una nueva ley de secretos oficiales o la eliminación del delito de injurias a la Corona duermen todavía en el Congreso a la espera de que el Gobierno las aborde en el nuevo plan que quiere impulsar en el nuevo curso político. 

Sánchez se comprometió hace unas semanas a poner en marcha una serie de medidas para democratizar el Estado. Un plan pensado a raíz de los cinco días de reflexión que se tomó en mayo, cuando el juez abrió una investigación contra su pareja, Begoña Gómez, en base a una denuncia con recortes de prensa de periódicos y algunas noticias falsas. En su última comparecencia en el Congreso dio más detalles de ese plan, que centró sobre todo en la transparencia de los medios de comunicación. Y anunció además que el Gobierno se reuniría con los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas de cara a preparar esa batería de medidas. 

Y en esas reuniones, los socios del Ejecutivo pusieron encima de la mesa esas tres medidas que siguen pendientes de aprobarse. Podemos, que además de reclamar que rompiera el pacto con el PP sobre el Poder Judicial, recordó a sus interlocutores la necesidad de derogar la ley mordaza, una reivindicación que comparten tambié el resto de grupos. Y el PNV, por ejemplo, centró sus peticiones en una nueva Ley de Secretos Oficiales como la que ya registraron en el Congreso hace algunos meses. 

Ley Mordaza

La derogación de la ley mordaza fue una de las principales promesas de campaña de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa. También figuraba entre las principales demandas de Podemos antes de llegar al Gobierno y por eso quedó plasmado en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la primera coalición progresista. Pese a todo, la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó. 

El Congreso estuvo a punto de desmontar ese texto el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno. Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”. 

El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.

En esta legislatura, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores y que volvía a dejar fuera esos cuatro puntos polémicos, en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con el resto de grupos. Esa propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley mordaza.

No obstante, a mediados de julio la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para la derogación de esa norma, que finalmente solo incluía la modificación de un punto del texto, referente a la difusión de imágenes policiales, algo mucho menos ambicioso que lo acordado en la pasada legislatura y que lo registrado por ese grupo en el Congreso hace unos meses. 

ERC y EH Bildu siguen manteniendo sus líneas rojas sobre esa ley, como se comprobó en la comparecencia de Sánchez del mes pasado, y no parecen dispuestos esta vez a dar sus votos para una reforma que no aborde los cuatro puntos que generaron conflicto en la negociación anterior. 

Ley de Secretos Oficiales

Aunque no figura dentro del acuerdo de coalición, el Gobierno trabajó durante la legislatura pasada en una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Hace justo ahora dos años, en agosto de 2022, el Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley actual, un vestigio franquista que data de 1968. En su propuesta, el Ejecutivo planteaba un plazo máximo de 50 años para los temas más sensibles, con la posibilidad de prórrogas en algunos casos. Esa norma incorporaba, en consonancia con los estándares europeos y de los aliados, cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Hasta ahora solo hay dos: secreto y reservado.

Aquella reforma, sin embargo, nació sin el apoyo del entonces socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, que consideraba los plazos demasiado extensos. Y tampoco contaba con el aval de la mayoría de socios parlamentarios. Ese proyecto quedó en el limbo parlamentario y decayó con la convocatoria anticipada de elecciones del 23 de julio.

El Congreso va por el quinto intento de tramitar una reforma a esta ley para rebajar los plazos de desclasificación de los documentos y que esa decisión dependa exclusivamente del Gobierno y en ella no puedan influir las Fuerzas Armadas. 

“Toda clasificación de una materia en cualquiera de sus dos categorías fijará el plazo de su vigencia, sin que este pueda exceder de veinticinco años para materias calificadas secretas y de diez años para las calificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años”, propone el texto que registró esta legislatura el PNV y que la Cámara Baja aceptó tramitar. 

Antes de esta propuesta, el Congreso ha aceptado tramitar hasta cuatro reformas, pero ninguna ha visto la luz. La primera vez fue en 2016, todavía bajo el Gobierno de Rajoy a propuesta del PNV, pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral de junio de aquel año. Los nacionalistas vascos la volvieron a presentar en la legislatura siguiente, en noviembre de ese año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018 por parte de la mayoría que mantenían entonces el PP y el PSOE en la Mesa del Congreso. Tras las elecciones de junio de 2019, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

El último intento llegó en 2020, de nuevo con una propuesta de los nacionalistas vascos. Pero los votos del PSOE en la Mesa del Congreso fueron postergando los plazos de enmiendas hasta que el propio Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley. 

Injurias a la Corona

El Congreso aceptó esta legislatura debatir por tercera vez una propuesta de reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado. La proposición de Sumar es un texto muy similar al que presentó Unidas Podemos primero en 2018 y después en 2021. 

En ambas ocasiones, el PSOE fue posponiendo su tramitación y el texto acabó muriendo con el fin de la legislatura el pasado verano. En el Pleno que debatió el pasado diciembre la propuesta, los socialistas defendieron abordar un debate “sereno” sobre la libertad de expresión pero sin perder de vista los “límites constitucionales” a ese derecho. La votación salió adelante con los 177 votos de los socios del Gobierno. 

El texto en cuestión propone una reforma del Código Penal para suprimir delitos de opinión como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Otro de los puntos de la ley propone sustituir el delito de enaltecimiento del terrorismo por un agravante para dar a las víctimas una protección reforzada, pero evitar que un delito de este tipo se utilice para condenar a artistas, como ocurrió en los casos de Pablo Hásel o el rapero Valtònyc.

Esta reforma es una de las que Sumar ha pedido a su socio de Gobierno incluir en el plan de regeneración democrática, aunque las diferencias con el PSOE en este asunto son claras y de hecho la despenalización de este tipo de actos no está incluida en el acuerdo de Gobierno que sellaron ambas fuerzas para la repetición de la coalición progresista. 

“La libertad de expresión tiene límites. Hay que tener un debate para ver dónde están, dónde está la ética. A mí me parece que enaltecer el terrorismo es un límite. Es una cuestión personal mía”, dijo el portavoz socialista, Patxi López, el día que se debatió la tramitación de la reforma en el Congreso.

Todas estas reformas formarán parte de las demandas que los socios del Gobierno pondrán encima de la mesa en una negociación que, como el resto de la legislatura que queda por delante, promete ser todavía más complicada. La salida de Junts del foco de influencia en la gobernabilidad catalana tendrá su espejo en el Congreso: el partido de Carles Puigdemont ya ha avisado de que endurecerá su apoyo a cada norma. El plan de regeneración democrática junto a la negociación para los presupuestos serán el primer test de ese cambio de actitud.

Hace un mes en respuesta a la tan anhelada liberación de Julian Assange de Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:

 “Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia positiva de que Julian Assange, que se encontraba bajo custodia del Estado británico, haya quedado por fin en libertad tras cinco años de prisión, y de que esta terrible experiencia se acabe para él y su familia. Creemos firmemente que Julian Assange nunca debió haber sido encarcelado y hemos pedido continuamente que se retiren los cargos.

 El espectáculo que durante años han mostrado al mundo las autoridades estadounidenses, empeñadas en violar la libertad de prensa y la libertad de expresión al usar a Assange como ejemplo por revelar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos ha causado sin duda un daño histórico“.

En Amnistía Andalucía tuvimos la suerte de haber presentado también justo hace un mes en la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, el documental de las periodistas Clara López Rubio y Juan Pancorbo en torno al periodista Julian Asange y la defensa de éste que estába llevando a cabo el equipo jurídico de Baltasar Garzón, una historia tan interesante que detalla los entramados de una historia que merecía ser contada.

Clara recuerda así su experiencia:

“En 2012 establecimos contacto con el juez Garzón para llevar a cabo el rodaje de un documental sobre su trayectoria en el ámbito de la Jurisdicción Universal, fuimos a visitarlo ese verano a Torres, su pueblo natal en Andalucía. El juez acababa de ser inhabilitado y estaba en proceso de reinventarse como abogado.

Fue en esos mismos días cuando recibió la llamada de Julian Assange y después de unas conversaciones aceptó coordinar su defensa probono. Así que ahí había una historia que empezaba y merecía ser contada.

De repente, teníamos un caso de suma actualidad que despertaba gran interés internacional. Como narradores enseguida nos sedujo el encuentro de estas dos personalidades en apariencia tan distintas. Luego, el propio Baltasar Garzón nos explicó que él entendía la defensa de Julian Assange como la defensa de un principio fundamental en democracia: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Desde esa perspectiva, este caso global encajaba en nuestra visión inicial del proyecto. Decidimos contar un Garzón inédito, trabajando ahora del otro lado del sistema judicial, no ya como juez instructor, sino como abogado“.

Queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar

“Hacking Justice” muestra su trabajo al frente del equipo legal internacional que defiende al editor jefe de WikiLeaks, Julian Assange. Él y su equipo ejercen como abogados de derechos humanos inmersos en un caso plagado de irregularidades, que implica a varios Estados, en el que queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar.

En términos visuales, mi codirector Juan Pancorbo y yo planteábamos el documental de esta forma: un hombre encerrado en una habitación y otro que viaja por todo el mundo con la misión de sacarlo de ella. Pero de fondo estaban los grandes temas: el futuro de Internet, la importancia de la transparencia para Gobiernos y corporaciones, la necesidad de proteger a los whistleblowers y la gran influencia de los servicios de inteligencia en nuestras vidas…

Desafíos no nos faltaron. De hecho, inicialmente el título original de nuestra película era “The Challenge”, el desafío: todas las dificultades que conlleva hacer una película sobre abogados que están trabajando en un caso secreto; un caso todavía abierto en aquel momento y de alto voltaje político en el que todos los actores tienen que ser extremadamente cautos, cualquier interferencia nuestra con la cámara podía perjudicar el proceso en marcha.

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar. Multitud de circunstancias complicadas ocasionaron un gran desafío para la producción.

Vivimos por aquel tiempo en una continua incertidumbre. Durante los primeros meses creímos que el caso podía tener una resolución inminente, que Julian Assange podría salir en cualquier momento de la Embajada; trabajábamos con una sensación de urgencia que nos hizo, como documentalistas, tomar decisiones apresuradas. Luego pasamos justamente a vivir la situación contraria: muchos meses y algunos años de aparente bloqueo del caso, en los que parecía que el equipo de defensa no estaba logrando ningún avance y que la situación podía prolongarse eternamente.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que la situación de Assange debía calificarse de “detención arbitraria” y que tenía derecho a una compensación

Pero ante nuestra sorpresa el equipo de defensa consiguió eficazmente  pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales. La más importante fue la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que consideró que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse de “detención arbitraria” y que éste tenía derecho a una compensación.

 Estuvimos nueve años acompañando con la cámara el caso de cerca, los viajes constantes de Baltasar Garzón, no sólo a Londres, sino también a Estados Unidos, Ecuador, Ginebra, allá donde fuera necesario actuar para liberar a Julian Assange. Aún sabiendo que el equipo legal de diversas nacionalidades y distintas especialidades era brillante, finalizamos la película en 2021 con la frustración de que Assange no estaba aún libre.

Sorprendente, para bien, fue su liberación el pasado 25 de junio, sin duda fruto tanto del trabajo legal como de la enorme presión internacional que se creó alrededor del caso. En todos los lugares del mundo se habían creado grupos de activistas “Free Assange”, muchas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, exigieron la liberación del periodista.

 Mandatarios internacionales se dirigieron personalmente a la administración norteamericana para solicitar el cierre del caso, como por ejemplo, los presidentes Andrés Manuel López Obrador o Lula Da Silva. El primer ministro australiano Anthony Albanese y sus diplomáticos entablaron durante meses conversaciones con políticos norteamericanos para buscar posibles vías de negociación.

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos, como se ha señalado más arriba: el choque entre la justicia y la política, o la justicia y los supuestos intereses de Estado.

En el denominado “caso Pinochet”, al Reino Unido no le interesó políticamente retener a un dictador responsable de horrendos crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, en el referido a Assange, al mismo Reino Unido  le pareció oportuno mantener privado de libertad, en una especie de limbo jurídico, a un editor que publicó crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra civiles y periodistas. Aquellos criminales de guerra no han sido aún perseguidos. En cambio, Julian Assange ha pasado 14 años privado de libertad, los cinco últimos aislado en una celda de 2x3 metros, sólo por publicar estos crímenes.

Aparte de las ingentes dificultades que tuvo que superar la cámara, lo que ésta muestra en la voz de sus personajes es que hay que seguir trabajando muy duro para garantizar la libertad de prensa en nuestras sociedades. Los periodistas no pueden ser perseguidos como espías cuando publiquen información incómoda para los gobiernos“.

 Amnistía Internacional felicita por el trabajo realizado a la familia de Julián Assange, a activistas, profesionales de la abogacía y otros más, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y a muchas personas de los medios de comunicación y de otros ámbitos que lo han apoyado a él y han defendido los principios fundamentales que deben regir el derecho y el acceso de la sociedad a la información y la justicia.

La admiración y la lealtad, transformadas en apoyo, las prestamos por poco tiempo. Enseguida, a las heroínas que se meten en el fango por defender las causas más justas y nobles -las de todos- les buscamos los pies de barro. Inicialmente, dando pábulo a los rumores entorno a ellas, que de manera oportuna lanzan los aspersores del poder. Después, y sin comprobar qué hay de cierto en ellos, haciéndolos nuestros y echándoselos a la cara los que se supone que estamos en frente de ese mismo poder, el de la élite capitalista internacional.

Esto hicimos con innumerables ídolos más o menos transversales, como Lula Da Silva o Greta Thunberg. Qué decir con los más radicales, como el editor de Wikileaks, Julian Assange.

Entre 2010 y 2011 la publicación por parte de WikiLeaks de cerca de 400 mil documentos clasificados de diplomáticos estadounidenses sobre operaciones militares, entre otras, de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y la prisión de Guantánamo, sirvieron para que las principales cabeceras de los medios de comunicación de Occidente, entre ellos, el periódico El País, ampliaran información de interés público en todo el mundo, de la que se beneficiaron tanto económicamente como en términos de prestigio.

La revelación de crímenes de guerra impunes y violaciones de los derechos humanos convenientemente ocultadas, como el asesinato de civiles o ataques aéreos indiscriminados, fueron de dominio público por el buen hacer del oficio de muchos periodistas, pero, sobre todo, gracias a la indispensable valentía de los de Wikileaks.

El entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus

Así, el entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad desde 2016 (año en el que ganó Donald Trump, y en el que salieron algunas filtraciones que concernían al Partido Demócrata y a su entonces candidata, Hillary Clinton) por esos mismos medios de comunicación, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus.

La prensa internacional no solo se ha hecho eco, sino que ha sido instrumento consciente o no, para presentar el caso de Assange como un doble falso dilema contemporáneo: ¿Es el editor de Wikileaks comendador en Occidente del derecho a la información y su transparencia o, por el contrario, es un peligro público global por precisamente desvelar al común de los mortales cómo opera el poder político que lo tutela? Pero ¿acaso es este un dilema nuevo, de esta era de la información digital, o viene de antiguo?

La Humanidad, desde el origen del concepto platónico de democracia, todavía no ha resuelto la tensión entre el poder de la ciudadanía (materializado en la opinión pública, sus representantes y sus garantes) y las presiones políticas de los poderes fácticos. Es un detalle menor que esta tensión se plasme sobre el papel o sobre una pantalla de teléfono, ni que se traslade a guerras con drones o con hombres a caballo.

Para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado

Convenientemente armonizadas, las justicias occidentales se han ido pasando la patata caliente del australiano, presas, junto a sus gobiernos, de este falso dilema de doble condición: se sustancia en lo jurídico, pero es de naturaleza política y, por ello, apela al conjunto de la sociedad. La Ley activa el derecho, pero no lo ejerce por sí sola: para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado.

Mientras tanto, Assange lleva en cautiverio 14 años y su salud física y mental continúa depauperándose, desde que se entregara a las autoridades londinenses el 7 de diciembre de 2010, permaneciendo los primeros días en prisión preventiva, hasta el 16 de diciembre, cuando pasó a estar en libertad bajo fianza y arresto domiciliario.

En este momento conviene recordar los hechos que mantienen a Assange en esta situación. A partir de 2010, y conforme Wikileaks fue publicando más documentos militares clasificados de Estados Unidos, más países occidentales se sumaron a esta persecución legal sin precedentes. En agosto de ese mismo año Julian Assange fue invitado a dar una conferencia en Estocolmo, donde dos mujeres, que asistieron como organizadora y participante a la misma, le acusan de sendos delitos de abuso sexual y violación. En noviembre de ese año, invocando el acuerdo europeo del que el Reino Unido formaba parte, Suecia pidió su extradición para interrogarlo.

Agotados los recursos legales, en junio de 2012, Assange solicitó asilo en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña para evitar la extradición a Suecia, y allí permaneció 7 años. El país andino alegó que le concedía asilo diplomático, no para entorpecer el proceso escandinavo, sino por mor del peligro de que fuera extraditado a Estados Unidos, donde “no tendría un juicio justo y podría ser juzgado por tribunales especiales y sufrir un trato cruel o degradante, e incluso se le podría aplicar la pena capital”.

En abril de 2019, Ecuador le retiró la protección del asilo y la nacionalidad ecuatoriana, concedida en 2017, por lo que Assange fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la misma Embajada ecuatoriana. Las autoridades de la capital británica actuaron en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un mes después la justicia londinense, por su parte, le condenó a permanecer 50 semanas en una prisión del Reino Unido por violar las condiciones de la libertad bajo fianza (a causa de su entrada en la Embajada de Ecuador). Desde entonces, Assange se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. También en 2019 la fiscalía sueca archivó los cargos por violación en contra del editor, tras abandonar y reabrir varias veces la investigación durante esos nueve años.

Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos

En este momento, el que fuera considerado adalid del derecho a la información y a la libertad de prensa, Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos. Incluso, como adelantó Ecuador y apuntan algunos juristas, también sobrevuela sobre él la pena capital, pues 17 de los 18 cargos por los que sería procesado lo son en virtud de la ley de espionaje.

El gobierno norteamericano afirma que Assange tendría un juicio justo en su país, pero sin la protección de la Primera Enmienda y sin la defensa del interés público. La famosa Primera Enmienda a la Constitución norteamericana sirve para hacer películas y blindar en el imaginario colectivo mundial la idea de Estados Unidos como país de la libertad, pero no va a servir para el editor de Wikileaks.

En 2024, ya va tocando que sea de consenso universal reconocer y proteger el papel crucial que juegan los periodistas y los informantes en la promoción de la transparencia y la justicia social. De lo contrario, se sentará un precedente peligroso, poniendo en riesgo a cualquier defensor del derecho a la información que se atreva a exponer la verdad sobre los poderosos.

Por todo lo anterior, desde la APDHA hacemos un llamamiento para que se respeten y se garanticen la dignidad y los derechos básicos de la persona de Julian Assange, el derecho a la integridad personal (física y moral), su derecho a la defensa y a un juicio justo. Asimismo, instamos a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa, a unirse en la demanda por la liberación inmediata de Julián Assange. 

Daniel Ellsberg pasó la primavera de 1969 entregado a dos misiones que le cambiaron la vida: leer los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam y estudiar a Gandhi. Ese otoño, cuando aún trabajaba como analista para un think-tank del Pentágono, contaba que creía que iba a perder la vista de tanto mirar a la luz verde de la fotocopiadora con la que duplicó miles de documentos de la filtración más famosa de la historia.

“Cuando copié los papeles del Pentágono en 1969, pensaba que podía pasar el resto de mi vida en la cárcel. Era un destino que estaba dispuesto a aceptar si eso suponía acelerar el final de la guerra de Vietnam, por muy improbable que pareciera”, escribió en un mensaje en marzo a amigos y periodistas con el que anunció que tenía un cáncer terminal. Ellsberg murió este viernes con 92 años, apenas tres días después del aniversario de la publicación de la exclusiva que cambió su vida y sigue siendo un hito para la libertad de prensa y la vigilancia del poder. 

En marzo de 1971, se puso en contacto con el New York Times y un periodista que le podía entender por su intensidad y por haber vivido también la guerra, Neil Sheehan. Ellsberg llevaba meses hablando con políticos en el Congreso para intentar convencerles de que publicaran los documentos que mostraban los errores y las mentiras de los gobiernos anteriores sobre la guerra de Vietnam. Incluso intentó quedar con Henry Kissinger, el secretario de Estado y con quien también había trabajado. Kissinger dijo después que Ellsberg era “el hombre más peligroso de Estados Unidos”. El presidente Richard Nixon, que ni siquiera salía en los documentos porque concernían a años anteriores a su presidencia, se obsesionó con “destruirle” y cargó contra él con insultos antisemitas.

Ellsberg había nacido en una familia de inmigrantes judíos rusos en el Medio Oeste. Su vida había estado marcada por la tragedia desde adolescente por la muerte de su madre y su hermana en un accidente de tráfico cuando su padre se durmió al volante. Los estudios y luego el ejército le habían dado un sentido de disciplina y misión a su vida.

La máquina incesante

Cuando se trató de denunciar los abusos de poder, Ellsberg quería hacer lo correcto. Lo había intentado por las vías institucionales, pero los mismos políticos le aconsejaron que fuera al Times, aunque eso supusiera saltarse la ley. No era un secreto para nadie su decepción con demócratas y republicanos.

En un pequeño y mal aislado apartamento en el centro de Cambridge, sede de la universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Ellsberg tecleaba sin cesar para incomodidad de sus vecinos artículos y cartas de opinión sobre la guerra que más le indignaba. Patricia Marx, heredera de un imperio juguetero y con la que se casó en 1970, era igualmente activista contra la guerra. Patricia también había trabajado como reportera.

“Nadie en el círculo de amigos y conocidos de Ellsberg desde que se había mudado a Cambridge para un puesto en el MIT como investigador asociado por el que cobraba 20.000 dólares al año, tenía que preguntar en junio de 1971 qué le preocupaba a Ellsberg. Todos sabían que era la guerra en Vietnam. Cada hora que Ellsberg pasaba despierto estaba dedicada a su causa. Participaba en protestas y encuentros contra la guerra. Se pasaba horas al teléfono”, escribe Harrison E. Salisbury en Without Fear Or Favor, publicado en 1980 y todavía hoy uno de los libros más detallados sobre la revelación de los papeles del Pentágono. El problema no era, según insistía Ellsberg, que Estados Unidos hubiera sido de manera inexorable arrastrado a otra guerra, sino que la única obsesión de los cuatro últimos presidentes fuera evitar una derrota “contra el comunismo” antes de unas elecciones. 

Él mismo había abrazado la carrera militar de manera entusiasta como marine después de graduarse en Economía en Harvard, pero la experiencia en Vietnam le había cambiado. Había trabajado en el campo de batalla también intentando asesorar al Departamento de Defensa sobre el avance de la campaña y había visto en primera fila cómo los políticos escondían los desastres allí. Poco a poco, decidió que su vida estaría dedicada a la lucha contra la guerra y la proliferación de armas nucleares.

La exclusiva

El 13 de junio de 1971, el New York Times empezó a publicar extractos de  las 7.000 páginas del informe que detallaba tres décadas de errores y engaños de los gobiernos estadounidenses en Vietnam y el resto de la región. El Washington Post le siguió unos días después -Ellsberg también fue su fuente- y después otros periódicos en solidaridad por la denuncia de la Administración Nixon que dio lugar a una de las sentencias clave del Tribunal Supremo en defensa de la libertad de prensa.

Ellsberg no se escondió, se identificó como fuente, dio entrevistas en la televisión y se entregó a la policía. Fue acusado y procesado, pero el juicio fue anulado en 1973 por el uso de pruebas contra él obtenidas de manera fraudulenta por parte de la Administración Nixon, incluyendo pinchazos telefónicos y el asalto de la oficina de su psiquiatra. Ese atraco fue obra de algunos implicados después en el asalto de la sede del partido demócrata en el hotel Watergate y fue una pieza clave en la red de escándalos que acabarían con la dimisión de Nixon como presidente el 8 de agosto de 1974. 

El mundo de 2023

El filtrador más famoso pasó el resto de su vida luchando como activista pacifista y en defensa de la libertad de expresión, especialmente de quienes se atrevían a denunciar los abusos gubernamentales.

En su última entrevista, en el New York Times, mostraba su tristeza por el mundo que veía a su alrededor marcado por la guerra y la amenaza nuclear.

“Dejo el mundo en un estado terrible, y terrible en todos los aspectos en los que he intentado ayudar a mejorarlo a través de los años. El presidente Biden tiene razón cuando dice que este es el momento de mayor peligro por lo que se refiere a la guerra nuclear desde la crisis de los misiles. Este no es el mundo que esperaba ver en 2023. Y es lo que es”, dijo en la entrevista este marzo. “Mi lucha de los últimos 40 años para evitar la perspectiva de una guerra nuclear no ha dado muchos resultados. Pero me gustaría decir que no se me ocurre ninguna otra manera mejor de usar el tiempo”.

Daniel Ellsberg nació el 7 de abril de 1931 en Chicago y murió el 16 de junio de 2023 en Kensington, California. 

Estados Unidos está investigando la divulgación de decenas de documentos clasificados que han circulado en redes sociales y de los que se ha hecho eco la prensa. Esto es lo que se sabe:

¿En qué consiste la filtración?

La filtración afecta a lo que parecen ser documentos clasificados de los servicios de inteligencia estadounidenses –algunos de ellos 'top secret' [altamente secretos]–, algunos de los cuales están relacionados con la guerra de Ucrania. Otros dan pistas de hasta qué punto Estados Unidos ha comprometido la toma de decisiones de Rusia, mientras que otros contienen material derivado del espionaje a aliados.

A diferencia de otras filtraciones recientes –incluido el material publicado por el contratista de la NSA Edward Snowden y la exsoldado del Ejército estadounidense y denunciante Chelsea Manning–, los archivos parecen ser copias impresas de lo que parecen ser materiales informativos y diapositivas.

Imágenes de supuestos documentos clasificados de los servicios de inteligencia estadounidenses empezaron a aparecer en servidores de redes sociales asociados a comunidades de jugadores de videojuegos, incluida una sección de la plataforma de mensajería instantánea Discord que albergaba debates sobre Ucrania. Un usuario aún no identificado empezó a compartir el material transcribiéndolo y, desde hace unos meses, publicando fotografías de los documentos, algunos de ellos encima de una revista de caza.

Los papeles fotografiados tenían pliegues, lo que hace suponer que, dado el estado de los documentos, fueron guardados en un bolsillo y sacados de una localización segura, lo que hace pensar en alguien con cierto grado de acceso.

¿Son auténticos?

La filtración está siendo tratada con seriedad por las agencias de inteligencia estadounidenses, que han iniciado investigaciones al respecto. El Departamento de Defensa estadounidense ha emitido un comunicado en el que afirma que “sigue revisando y analizando la validez de los documentos fotografiados que circulan por las redes sociales y que parecen contener material sensible y altamente clasificado”.

Sin embargo, parte del material que ha aparecido en los canales rusos aparenta haber sido alterado, sobre todo la estimación de las bajas en el conflicto de Ucrania en ambos bandos, que por lo visto fue manipulada para minimizar las pérdidas rusas y amplificar las ucranianas.

Los detalles de otros documentos han sido cuestionados por otros países, incluida una afirmación de que soldados franceses han estado involucrados en operaciones en Ucrania.

Esto podría sugerir varias cosas. En primer lugar, los servicios de inteligencia no son infalibles y podrían reflejar únicamente lo que las agencias estadounidenses creen saber. Los desmentidos de otros países mencionados en el material pueden deberse simplemente a que mienten por vergüenza. Al menos parte del material –como parece creíble– puede haber sido manipulado con fines de desinformación.

Sobre este último punto, Chris Meagher, uno de los principales portavoces del Pentágono, ha pedido cautela a la hora de “divulgar o amplificar cualquiera de estos documentos”, añadiendo que “parece que las diapositivas han sido manipuladas”.

¿Cuáles son las principales lecciones?

Aunque los detalles más llamativos se refieren a la preparación y la capacidad de resistencia militar de Ucrania, por no hablar de la información de febrero sobre la escasez de suministros de armas, incluidos misiles de defensa antiaérea, la filtración refuerza varias cuestiones clave.

La primera es que Estados Unidos espía agresivamente tanto a sus aliados como a sus adversarios. En segundo lugar, el material subraya la eficacia con la que Estados Unidos ha penetrado en la planificación política y militar rusa, hasta el punto de que parece ser capaz de alertar a Ucrania sobre los próximos ataques con misiles y sus objetivos.

Si bien algunos han hecho hincapié el hecho de que EEUU espía a aliados como Israel y Corea del Sur, esto se sabe desde hace mucho tiempo y estaba descrito en detalle en los documentos filtrados por Edward Snowden. Sin embargo, lo más interesante a este respecto es el hecho de que Estados Unidos estuviera espiando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que sugiere un deseo de Washington de vigilar a Kiev incluso cuando le ha estado suministrando miles de millones de dólares en sistemas de armamento.

Los detalles de las infiltraciones estadounidenses en el Ministerio de Defensa ruso y otros círculos de toma de decisiones también salieron a la luz en el período previo a la guerra de Ucrania, cuando la inteligencia estadounidense estaba extremadamente bien informada de los planes rusos.

Aunque las revelaciones sobre el grado de vigilancia estadounidense de Rusia son llamativas, el país no habrá sido ajeno a ello, aunque los documentos podrían dar pistas sobre la forma exacta en que Estados Unidos tiene a Moscú en el punto de mira.

Los documentos muestran el nivel de penetración de EEUU en el Ministerio de Defensa ruso, el GRU (el servicio de inteligencia militar) y el grupo paramilitar Wagner, en gran medida a través de comunicaciones interceptadas y fuentes de inteligencia humana, que ahora podrían estar en peligro.

¿Cómo afectará a Ucrania?

La mayor parte de la atención se ha centrado en los documentos relativos a Ucrania. Aunque las autoridades ucranianas han intentado restar importancia a su contenido, sugiriendo que podría tratarse de desinformación y señalando que no contienen planes de batalla concretos para su ofensiva de primavera, el material refleja en líneas generales lo que muchos han sospechado: que las bajas ucranianas pueden ser mayores de lo reconocido, y que Kiev ha estado utilizando munición para diferentes sistemas en ocasiones a un ritmo vertiginoso, lo que plantea dudas sobre la duración del combate.

En un documento de finales de febrero se cuestionaba que “la capacidad de Ucrania para proporcionar defensa aérea de medio alcance para proteger [las líneas del frente] se reducirá completamente para el 23 de mayo”. “Se evaluó que UKR [Ucrania] soportaría 2-3 oleadas de ataques más” de misiles y drones rusos.

Es probable que el mayor daño se produzca en los detalles, por ejemplo, en las cadencias de fuego de los sistemas proporcionados por Estados Unidos, como los sistemas de artillería y de cohetes de artillería de alta movilidad guiados con precisión (Himars) que, de ser precisos, serían militarmente útiles para los estrategas rusos.

Los documento, además, detallan el entrenamiento y la asistencia de Estados Unidos y la OTAN, que también serían útiles para Moscú, incluyendo el estado de la defensa aérea, el tamaño de los batallones y la preparación para el combate en un momento clave de la guerra.

¿Qué nos dicen sobre el espionaje estadounidense a sus aliados?

Aunque Washington se sintió muy avergonzado por las revelaciones sobre lo extendido que está el espionaje hacia sus aliados –las revelaciones de Snowden identificaron a 35 países amigos como objetivo, incluida la entonces canciller alemana, Angela Merkel–, el material sugiere que la práctica sigue estando muy generalizada.

Un documento revela cómo Estados Unidos escuchó una conversación entre dos altos cargos de seguridad nacional surcoreanos en la que hablaban de la preocupación por una petición estadounidense de munición para Ucrania que violaría la política de Corea del Sur de no suministrar ayuda letal a países en guerra. Según el documento, uno de ellos sugirió sortear la política de neutralidad vendiendo la munición a Polonia para que la hiciera llegar a Ucrania.

Más intrigante es el material relativo a Israel que contiene la insinuación, obtenida de interceptaciones de comunicaciones, de que la dirección del Mossad, el servicio de espionaje exterior del país, “abogó por que miembros del Mossad y ciudadanos israelíes protestaran [contra] las reformas judiciales propuestas por el nuevo Gobierno israelí, incluyendo varios llamamientos explícitos a la acción que criticaban al Gobierno israelí”. Israel ha negado las afirmaciones, remarcando que el Mossad está obligado a ser políticamente neutral.

¿Y China?

No es de extrañar que también se analice la posición de China en relación con la guerra en Ucrania, sobre todo tras la reunión entre Vladímir Putin y Xi Jinping en Moscú, incluyendo cuáles serían probablemente las líneas rojas de Pekín en relación con el envío de armas a Rusia. Un documento sugiere que un ataque ucraniano contra Rusia con armas de la OTAN podría arrastrar a Pekín al conflicto.

¿Hasta qué punto será perjudicial la filtración?

Quizá menos de lo que suponemos. Los analistas señalan que este tipo de filtraciones pueden ser un arma de doble filo. Aunque Rusia intentará sin duda utilizarla para sembrar la discordia, el mero nivel al que EEUU ha penetrado en los círculos rusos de toma de decisiones subraya –una vez más– los fallos de la planificación e inteligencia militar rusa, en este caso su eficacia en contrainteligencia.

Aunque a los aliados no les guste que les recuerden que EEUU les espía de forma rutinaria, la cosa se calmará. Y desde el punto de vista de Ucrania, la filtración puede fomentar un reabastecimiento de armas clave mejor y más rápido.