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La democratización de la Ley de Secretos Oficiales languidece en Moncloa 54 años y 80 prórrogas después

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.

Aitor Riveiro


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En abril de 1968 España no era como es cinco décadas después. Un sistema criminal dominaba el país a sangre y fuego. La represión posterior a la Guerra Civil devino en un régimen de terror que encarcelaba, torturaba, violaba y expoliaba a la disidencia política. Ese año, la dictadura de Francisco Franco aprobó una Ley de Secretos Oficiales que sigue vigente tras 40 años de democracia con una leve modificación aprobada en 1978. El escándalo del espionaje por parte del Estado a dirigentes políticos y sociales del independentismo ha reabierto el debate sobre su reforma. Y, paradójicamente, también lastra las opciones de que se lleve a término. Una proposición del PNV está atascada en el Congreso desde 2016 y el Gobierno no garantiza que su propio proyecto esté aprobado antes del final de la legislatura. El actual clima político no invita al optimismo.

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El inicio de la presente legislatura supuso el cuarto intento de retomar una reforma que adapte la principal ley sobre acceso a la información del Estado a parámetros democráticos, que tienen entre sus pilares el control que los diferentes poderes acometen entre sí, y que se ve limitado precisamente por la clasificación de documentos. La idea es establecer con carácter general un sistema que garantice el acceso público a la información de forma automática al pasar un determinado periodo de tiempo, tal y como ocurre en EEUU, la UE o incluso la OTAN.

El inicio de la tramitación, en el arranque del verano de 2020 a iniciativa del PNV, ya estableció los parámetros del juego. La ultraderecha puso la continuidad del Estado por encima de la democratización de las instituciones. “Los intereses de España son perpetuos”, dijeron entonces. PP y Ciudadanos se abstuvieron. Y el resto de la Cámara, incluido el PSOE, apoyó la activación de la reforma.

Dos años después, la Mesa del Congreso ha prolongado hasta en 80 ocasiones el plazo de enmiendas. Se hace cada semana de forma automática y con el voto favorable de los cuatro miembros del órgano: PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos. La derecha no tiene intención de abrir realmente el proceso, por lo que el bloqueo solo se podría levantar cuando los socios del Gobierno así lo pacten. Este asunto no se aborda en el acuerdo de coalición, por lo que todo depende de una negociación interna en el Ejecutivo.

Pero el bloqueo que sufre la proposición del PNV en el Congreso no es más que la constatación de que dicha propuesta está condenada a morir con la legislatura. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconocía esta misma semana a preguntas del diputado vasco Mikel Legarda que será el Ejecutivo quien lleve la iniciativa a través de un proyecto de ley que está incluido en el Plan Anual Normativo de 2022. Su voluntad es que en este ejercicio “se avance en esa norma”.

La intención del Gobierno es que el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto de ley que reforme la ley de secretos oficiales antes de que acabe el año, aunque Moncloa no precisa más. Luego se tiene que someter a todo el proceso habitual: órganos consultivos, regreso al Consejo de Ministros, Congreso, Senado y, en su caso, vuelta al Congreso. A la legislatura le queda apenas un año y medio parlamentario y el Congreso ya acusa cierto atasco. 

Los trabajos dentro del Gobierno han comenzado, pero están muy lejos de culminar. El ala socialista del gabinete ni siquiera tiene claro uno de los aspectos clave de la normativa: el tiempo para que los documentos se desclasifiquen. Durante la tramitación fallida de la propuesta del PNV en la anterior legislatura, el PSOE apostó por una duración de 25 años con una posible prórroga de otros diez. “Es una de las cuestiones pendientes de decisión”, admiten ahora fuentes gubernamentales, informa Irene Castro.

La sutilidad de las palabras de Bolaños no pasó, además, desapercibida en los grupos que sí apuestan por una reforma en este mandato. Así lo asumen desde el PNV que, en conversación con elDiario.es, creen que “no se hará esta legislatura”.

El laberinto parlamentario

El partido vasco es quien ha liderado en el Congreso las iniciativas para modificar la Ley de Secretos Oficiales. En 2016 hizo un primer intento. Tras meses bloqueada en la Mesa del Congreso, se admitió a trámite. Pero entonces llegó otro bloqueo, esta vez en la Mesa de la Comisión Constitucional.

Ambos organismos prolongaron el periodo de enmiendas de forma artificial de tal manera que cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes en febrero de 2019, la ley seguía enredada en el debate de enmiendas y, como el resto de iniciativas legislativas pendientes, decayó con la legislatura.

Ahora ni siquiera ha pasado el filtro de la Mesa del Congreso, donde se ha prolongado hasta 80 veces el trámite de enmiendas. En todo este tiempo se ha producido un único acercamiento del Gobierno al PNV. Fue a finales del año pasado desde el Ministerio de Defensa. Una única reunión, sin ningún papel de por medio y con meros planteamientos genéricos, tal y como recuerdan desde el grupo vasco.

Desde entonces, nada. De hecho, tal y como señaló Legarda a Bolaños en la comparecencia del ministro, en este tiempo incluso se ha producido un cambio en quién lidera el diseño de la ley: de Defensa a Presidencia. De Robles, a Moncloa. Eso no quiere decir que Defensa, además de Justicia, Interior o Exteriores no estén implicados en el desarrollo de la ley. Pero la batuta la lleva el propio Bolaños.

Con otros aliados parlamentarios clave en esta legislatura, como ERC, el Gobierno no ha cruzado ni una palabra al respecto, tal y como confirman fuentes del grupo republicano a este medio. Y en este tipo de leyes, como la de seguridad nacional, suele estar implicado también el principal partido de la oposición.

Sin noticias en Unidas Podemos

Las continuas prórrogas en la Mesa del Congreso se hacen por unanimidad, pese a que en Unidas Podemos cunde ya cierta prisa por poner en marcha una reforma que, creen, con otros equilibrios parlamentarios será imposible. Con la Ley de Secretos Oficiales pasa como con la ley mordaza, cuya tramitación está también embarrancada, aunque notablemente más avanzada.

La diferencia es que el acuerdo de coalición sí habla de la ley mordaza, pero no de la de Secretos Oficiales. En Unidas Podemos han aceptado la apuesta del PSOE por un proyecto de ley que emane del Gobierno, pese a ser más engorrosa, y no por ir a la tramitación parlamentaria directa. Siempre y cuando el anteproyecto reciba su visto bueno antes de llegar al Consejo de Ministros.

Fuentes de Unidas Podemos aseguran a elDiario.es que, de momento, no han visto un solo papel ni conocen qué ley está preparando el PSOE. No se han celebrado reuniones ni ha habido intercambio de opiniones. Lo que dejan claro también las mismas fuentes es que no aceptarán una ley cuyos plazos mantengan secreto ni un documento del periodo franquista, por ejemplo. Ni tampoco que se establezcan períodos de cómputo de 50 años o más. El problema está, quizá, en otros documentos más recientes de los años 80, creen en el grupo confederal.

Mientras, los grupos han visto en el escándalo de Pegasus y en la polémica alrededor de la convocatoria de la llamada comisión de secretos oficiales o las peticiones de desclasificación de los documentos que tengan que ver con el espionaje a líderes políticos, una palanca con la que aumentar la presión.

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha pedido la reforma de la ley y ha alegado que “la democracia no tiene que tener miedo a saber”. También desde Más País se han lanzado mensajes en el mismo sentido

Pero el desánimo ha cundido entre los aliados del PSOE, que temen que la reacción de las derechas a las informaciones sobre Pegasus eliminen cualquier incentivo para modificar la Ley de Secretos Oficiales de la mano de Unidas Podemos y el resto de socios independentistas. Aún así, el PNV ha registrado una proposición de ley para modificar las normas que regulan las actuaciones del CNI, con el objetivo declarado por su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, de vincular al jefe del CNI con el presidente del Gobierno y reforzar el control judicial. Este planteamiento, como el de la reforma de la ley de Secretos Oficiales, choca con el mismo muro. Y si las partes no aceleran, el control sobre lo que hace el CNI seguirá dependiendo de una ley firmada por el dictador Francisco Franco.

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