La 'operación Spider', que supuso el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de València y la incautación de un total de 3,5 toneladas de cocaína, llevó al “colapso” de la transitaria usada por la red. Así consta en un escrito de la representación jurídica de la empresa Lematrans que figura en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, remitido poco después de las detenciones al Juzgado de Instrucción número 15 de València, que había ordenado el bloqueo de sus cuentas. El abogado lamentaba que la medida estaba causando a la empresa, filial de Noatum, un “perjuicio mayúsculo” que ocasionó, además, el “colapso de la compañía y la paralización de toda su operativa”.

Las pesquisas secretas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional detectaron que la presunta red de narcos conseguía las preciadas órdenes de transporte, necesarias para el éxito de sus operaciones de importación de cocaína mediante la técnica del gancho dirigido, de la firma Lematrans Castellón SA.

Gracias a la infiltración de los agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional, los investigadores pudieron acreditar el papel “muy marcado”, según un auto del juez instructor, Vicente Ríos, de dos personajes clave para la presunta trama: el gerente y director de operaciones de la empresa, Marcial R. N. y otro responsable de la mercantil, Toni B. F.

La Udyco considera que ambos ostentaban un “papel primordial para los fines ilícitos de la organización criminal”, al conseguir las órdenes de transporte que permitían al camionero acceder a la terminal portuaria y al contendor “preñado”, previamente ubicado por un clasificador o gruista del Puerto.

La instrucción vincula directamente a los dos responsables de la transitaria con la intervención de más de una tonelada de cocaína, el pasado 18 de julio, en la terminal CSP del Puerto de València. “Ambos actúan en total y plena connivencia para que los actos ilícitos y planes de la organización lleguen a buen fin y la sociedad no muestre fisuras por ninguna parte”, afirma el juez.

El gerente tomaba las “decisiones más importantes”

Las escuchas telefónicas previas a la intervención de la tonelada de cocaína permitieron a los investigadores concluir que Marcial R. N. se posicionaba “un escalón por encima” de Toni B. F. “en las decisiones más importantes”. El segundo era el “ejecutor” de las pautas del primero.

“Siempre” que Marcial R. N. acudía a la oficina de la empresa en el Club Náutico de València era para tratar “asuntos que no desea hablar por teléfono con Toni”, según una de las resoluciones que constan en el sumario.

El juez Ríos destaca la importancia de la transitaria en la presunta trama de narcotráfico: “Las órdenes de transporte son la llave imprescindible para que las organizaciones criminales, a través de los camiones, camioneros y rescatadores, puedan acceder a las terminales del Puerto Autónomo de València para sacar la droga oculta de forma parasitaria en el interior de contenedores marítimos. Con ellas en su poder, los equipos de extracción pueden entrar y salir fácilmente del puerto sin levantar ninguna sospecha”.

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación la organización ultra Hazteoir contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con una supuesta vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.

En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Pese a ello, Piña no archivó de plano la querella y dio traslado a la Fiscalía para que informase.

El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal. Añade que en el texto de la querella “no se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales”. Por ello, concluye que procede inadmitir la querella al carecer de relevancia típica los hechos denunciados.

En el informe de Antidroga requerido por el juez, el fiscal especialista concluía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirmaba el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El escrito de Antidroga añadía: “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoir dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le bastaba para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Ninguna de las defensas de los 14 acusados por presuntos delitos vinculados al narcotráfico en el Puerto de Valencia cuestionaba que la noche del 25 de agosto de 2020 fueron halladas 117 pastillas de cocaína en un contenedor de la calle 4 de la terminal de la entidad APM. Se centraron en atacar la principal prueba: los chats de la aplicación encriptada SKY ECC, desvirtuados con éxito por la estrategia de defensa de los presuntos narcos que se sentaban, el pasado mes de noviembre, en el banquillo ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, afirma: “En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

La sentencia, que no es firme, sostiene que la “no disponibilidad” por parte de las defensas de los “datos en bruto” manejados por las autoridades policiales europeas tras el desencriptado de la aplicación SKY ECC, y entregados a los investigadores españoles “para que pudieran ser examinados y, en su caso, utilizados por las defensas determina que la prueba digital aportada en su contra carezca de aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados”.

El tribunal cuestiona de plano aspectos muy relevantes de la investigación de la Guardia Civil del Puerto de València, de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera. La sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no ha quedado acreditado suficientemente” que los acusados tuvieran relación con la cocaína hallada en el contenedor FCIU7443572, situado en la calle 04, pila 82, posición 4B en segunda altura. Tampoco de que formaran un “entramado organizado con la finalidad de introducir y rescatar grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de València”.

Los agentes encargados de las pesquisas basaron sus pesquisas, después del hallazgo del contenedor y mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), en los mensajes encriptados que acreditaban la vinculación de los presuntos narcos acusados con cargamentos en el Puerto que habrían sumado 1.650 kilos de cocaína.

Por su parte, las defensas (que ejercen los penalistas Patricia Cogollos, Miguel Ferrer, Julio Sánchez Martínez, Miguel Ángel Vilata, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda Crespo y Francisco Vicente) impugnaron “desde todos los ángulos imaginables” —y, finalmente, con éxito— la validez de los datos del SKY ECC, “la prueba de cargo fundamental y determinante utilizada por la acusación en esta causa”, según señala la sentencia.

Dos memorias USB sin firma digital

Los investigadores obtuvieron de las autoridades francesas, mediante la OEI, un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido. Agentes antidroga del Instituto Armado descargaron el archivo en sendas memorias USB para ellos y para el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, encargado de las diligencias.

Las defensas alegaron que la descarga de los archivos se hizo sin asegurar su integridad y autenticidad con una firma digital o, al menos, dejando constancia de su valor HASH (el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático, clave en otras causas con pruebas complejas, como el caso Taula, por ejemplo).

Los dos agentes de la Guardia Civil que descargaron los archivos reconocieron en el juicio oral que “no adoptaron esas precauciones”, aunque aseguraron que la memoria USB entregada al juzgado contenía todo el material proporcionado por las autoridades francesas y que no había diferencias en el contenido de ambos 'pen drives'.

El tribunal, por el contrario, se escuda en el rechazo por parte del Tribunal Supremo (TS) de la presunción de la ilegalidad en la actuación policial sin una mínima base y concluye que las defensas no han aportado ninguna prueba de que los archivos fueran manipulados.

Una sentencia del TS por una causa relativa a conversaciones interceptadas en una aplicación encriptada similar a SKY ECC (denominada EncroChat) aceptó como lícita la entrega de los datos con un mero disco duro obtenido por un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo trasportó a dependencias policiales en España, donde se obtuvo una copia forense para su posterior análisis.

“No se estimó necesaria para garantizar la autenticidad de la prueba que interviniera un Letrado de la Administración de Justicia en la descarga de los datos ni otras actuaciones similares”, recuerda la Audiencia de Valencia, que tampoco ve “discrepancias” entre el contenido de las dos memorias USB.

“Es evidente”, afirma la sentencia, “que la existencia de una firma digital en los archivos transmitidos o la constancia de su valor HASH hubiera supuesto una mayor garantía de integridad y autenticidad de los datos, pero esa mayor garantía (que indudablemente hubiera sido deseable) no determina necesariamente la nulidad de la prueba, pues no se ha obtenido con violación de derechos fundamentales, ni impide que pudiera valorarse como suficiente garantía de fiabilidad de la misma la información escrita de los agentes policiales franceses y la declaración de los agentes policiales españoles acerca de la inexistencia de manipulación alguna en los archivos transmitidos y recibidos”.

La desencriptación de SKY ECC, “secreto de Estado” en Francia

Las defensas criticaron que no se les facilitara información sobre el método usado para la interceptación de las comunicaciones de SKY ECC o la “identificación” del spyware (software malicioso) utilizado. La sentencia se limita a señalar que, según la jurisprudencia del TS, “no existe un derecho a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de la investigación policial”. Además, también recuerda que las operaciones técnicas que propiciaron la desencriptación de SKY ECC fueron declaradas “secreto de Estado” por Francia.

La defensa del principal acusado contrató un informe pericial de Emilio Hellín Moro (conocido actualmente como Luis Enrique Hellín Moro tras haberse cambiado el nombre en el Registro Civil), condenado en 1982 a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de la estudiante socialista Yolanda González, de 19 años.

El peritaje del ultra detectó dos formatos diferentes para las comunicaciones cifradas y para las que, una vez descifradas, obtuvieron las autoridades policiales españolas. Los investigadores, con la OEI, accedieron a archivos en formato Excel acompañados de archivos multimedia, que “eran el resultado del análisis y filtrado de la información interceptada llevada a cabo por las autoridades policiales francesas”, indica la sentencia, en la línea defendida por la pericial.

El eje del juicio a los 14 acusados fue precisamente la información del SKY ECC, que apuntalaba la implicación en la trama de los presuntos narcos. Sin embargo, la sentencia destaca que, en este caso, la prueba digital utilizada contra los acusados era el “resultado del filtrado para estos hechos concretos que se hizo por la policía judicial española del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

“No puede desconocerse que, como señalaron los peritos de la defensa de Fernando M. S. y reconocieron los agentes del EDOA en el juicio oral, las evidencias digitales remitidas desde Francia carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH, como también sufrían de estas carencias las evidencias una vez descargadas por los agentes [de la Guardia Civil]”, agrega el tribunal.

Así, la principal prueba de que dependía toda la acusación “carecía de los únicos elementos aptos para garantizar por sí mismos la integridad y autenticidad de una evidencia digital”. Es más, esa evidencia digital constituía la “única” prueba de cargo acreditativa de la intervención de la mayor parte de los acusados, apostilla la sentencia.  

Una herramienta para el narcotráfico y los ajustes de cuentas

El cuestionamiento del uso de los datos desencriptados de SKY ECC puede afectar a otras causas similares. Todo se remonta, según una sentencia de la Audiencia Nacional extensamente detallada por el tribunal, a una investigación abierta en 2016 en los Países Bajos y Bélgica a la empresa canadiense SKY ECC, a raíz de un caso de tráfico de drogas en el Puerto de Amberes en el que se incautaron teléfonos con la aplicación encriptada. La Policía Judicial de Amberes detectó a numerosas organizaciones criminales que usaban la aplicación SKY ECC, con un millar de números de teléfono en toda Bélgica.

La firma, que ofrecía un producto ideal para organizaciones delincuenciales, no colaboraba con las autoridades belgas, por lo que los investigadores se hicieron con la aplicación, tras haberse citado (en una “cafetería de mala muerte”) con un distribuidor del producto, que solo aceptaba dinero en efectivo y, dada la naturaleza del negocio, no hacía factura ni solicitaba una identificación del comprador.

Así pudieron determinar que el servidor que alojaba las comunicaciones estaba localizado en Roubaix (Francia). Los investigadores analizaron la arquitectura de los servidores alojados en el Hexágono y hallaron casi 9.000 mensajes de usuarios franceses entre 2016 y mediados de 2017, principalmente centrados en tráfico de cocaína y cánnabis y en ajustes de cuentas entre narcos, que dialogaban con franqueza mediante la herramienta, al pensar que la encriptación era infranqueable.

Las investigaciones de Europol y de Estados Unidos

Las autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos, coordinadas bajo el paraguas de Europol, contaban con otra vía: los Estados Unidos habían abierto una investigación con el objetivo de detener a los directivos de la empresa canadiense. Las autoridades estadounidenses y las neerlandesas llegaron a un “acuerdo tácito” para que las investigaciones europeas pudieran proseguir a la espera de una detención posterior de los empresarios, que ofrecían la “confidencialidad” como “principal argumento de venta”.

Los investigadores franceses obtuvieron “información operativa y técnica” sobre el funcionamiento de los servidores de SKY ECC, su forma de distribución y la “arquitectura general de la infraestructura técnica”. Tras interceptar las claves de cifrado, habían logrado desencriptar 9.000 mensajes en francés enviados o recibidos por usuarios de los terminales, teóricamente seguros.

Los investigadores neerlandeses incluso desarrollaron una técnica capaz de obtener elementos criptográficos almacenados en cada terminal, mediante la instalación de un servidor denominado Man In The Middle, una suerte de pantalla invisible con la función de recibir todo el tráfico de los terminales y transmitirlo a los teléfonos. Era el único medio de obtener los mensajes individuales de los usuarios de SKY ECC y conocer los vínculos con las organizaciones criminales “más importantes”. 

Las autoridades francesas, holandesas y belgas canalizaron a través de Europol el análisis, difusión e intercambio de inteligencia y colaboración sobre SKY ECC con un grupo de Estados, entre ellos España. Los investigadores policiales españoles obtuvieron “paquetes de inteligencia” sobre los principales grupos y organizaciones criminales detectadas, además de datos de verificación cruzada, a solicitud de los cuerpos de seguridad de los países miembros.

“Serias y muy razonables dudas” con los vídeos de los camioneros

En el caso de la coca del Puerto de Valencia, la petición del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, mediante una OEI, no determinaba en sí una nulidad de la causa o un incumplimiento de la normativa de protección de datos, como plantearon algunas defensas. Se recabó, recuerda la sentencia, información sobre unos “usuarios determinados” con la finalidad de investigar delitos graves, y además con las pertinentes autorizaciones judiciales.

El tribunal reconoce alguna “irregularidad procesal” por parte del juzgado instructor, que “carece de relevancia” y no causó indefensión a las partes.

Por el contrario, la sentencia cuestiona de plano otra prueba clave para la acusación contra los cinco camioneros que supuestamente participaron en la extracción de la droga. La sección tercera de la Audiencia de Valencia reconoce las “serias y muy razonables dudas” planteadas por las defensas de los acusados en relación con los informes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.

La entidad APM, en cuyas instalaciones del Puerto de Valencia fue hallada la droga, aseguró a Vigilancia Aduanera que “no había ninguna cámara” en las calles donde apareció la coca, por lo que facilitó las imágenes de las cámaras del vial principal por el que se accedía al punto concreto de interés para los investigadores, del que solo disponía vídeos entre las 16.59 del 25 de agosto de 2020 y las 02.00 del día siguiente.

Las imágenes de los archivos de la Guardia Civil

Ese intervalo horario fue el único analizado por el funcionario de Vigilancia Aduanera, que no detectó “maniobras sospechosas” ni identificó a los responsables de llevarse la cocaína. “Sorprendentemente”, según afirma la sentencia, un informe posterior de la Guardia Civil analizó imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas entre el 24 y el 25 de agosto. Este segundo informe sí que halló “entradas sospechosas” en la terminal portuaria, todas anteriores a las horas analizadas por Vigilancia Aduanera.

El uniformado que analizó los vídeos declaró en el juicio que se trataba de “imágenes guardadas en los archivos de la Guardia Civil”, que el Instituto Armado había pedido a la empresa APM “por protocolo cuando sucede un hecho de estas características”.

“Las dudas expuestas por las defensas sobre la fiabilidad de este segundo informe derivadas de las dudas sobre el origen de las imágenes analizadas son razonables”, afirma la Audiencia de Valencia, que cuestiona la cadena de custodia y recuerda que ni Vigilancia Aduanera ni la Guardia Civil aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las que obtuvieron los fotogramas incluidos en sus respectivos informes.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que no admita la querella que HazteOír presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, informan fuentes jurídicas. “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”, recoge el escrito que firma el fiscal Francisco Javier Redondo López.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirma el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El pasado 8 de enero, el juez Antonio Piña firmó un auto en el que acordó preguntar a la Fiscalía si es competente para investigar al expresidente. Según HazteOír, el tribunal especial sería competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, los habría perpetrado “en el extranjero”.

Antidroga se detiene en las características de la querella de los ultras. “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoír dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le basta para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Tampoco se explica “mínimamente” el papel de Zapatero en el Cartel de los Soles, ni los hechos cometidos. Los cargamentos de droga que recoge el documento judicial estadounidense ni siquiera se dirigían a España ni a ningún país europeo. “No se puede iniciar una causa penal por afirmaciones vagas en informacioners periodisticas”, afirma el fiscal Antidroga.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de hasta 14 años de prisión para cinco personas acusadas de introducir en España un alijo de 600 kilos de cocaína que fue intervenido en una nave industrial de Siero en octubre de 2022. El juicio comenzará este jueves, 8 de enero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, y se prolongará previsiblemente hasta principios de febrero.

La causa tiene su origen en una operación internacional contra el narcotráfico en la que participaron la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central, con la intervención de varios agentes encubiertos.

Desde Colombia

Según el escrito de acusación, en febrero de 2022 las autoridades estadounidenses identificaron a uno de los procesados como jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde Colombia. A través de una operación encubierta, un agente logró infiltrarse en la red, que solicitó ayuda para transportar hasta dos toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta España.

En septiembre de ese año, la organización colombiana entregó 67 fardos con un total de 1.340 paquetes de cocaína a agentes infiltrados a bordo de un barco en aguas internacionales próximas al Caribe. Tras ser trasladada a Puerto Rico y confirmarse su contenido, parte de la droga fue enviada a España en un vuelo comercial, dentro de una operación de entrega controlada autorizada judicialmente.

Una nave en Siero

Finalmente, 600 kilos de cocaína llegaron a territorio español y permanecieron bajo custodia policial hasta que los acusados intentaron hacerse con el alijo. La Fiscalía sostiene que los procesados actuaban de forma jerárquica y estable, con funciones claramente repartidas entre los responsables de la organización en Colombia y los encargados de la logística y la recogida de la droga en España.

La entrega se concertó en una nave situada en la carretera de Viella-La Estación, en el concejo de Siero. El 28 de octubre de 2022, tres de los acusados acudieron al lugar —dos de ellos en una autocaravana alquilada— y fueron detenidos cuando cargaban la cocaína.

Además de la droga, los agentes intervinieron un importante arsenal de guerra, que incluía fusiles de asalto, un subfusil, un lanzacohetes con proyectil, una granada militar, silenciadores, abundante munición, chalecos antibalas, sprays de defensa, pistolas táser y diverso material policial, así como 92.000 euros en efectivo presuntamente procedentes del tráfico de drogas. El valor del alijo intervenido, según la Fiscalía, habría alcanzado más de 145 millones de euros en el mercado ilícito si se hubiera distribuido por dosis.

Prisión preventiva

Cuatro de los cinco acusados permanecen en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2022. La quinta procesada estuvo encarcelada hasta julio de 2023. El Ministerio Fiscal les imputa delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal y delitos relacionados con el depósito y la tenencia ilícita de armas de guerra.

Las penas solicitadas oscilan entre 7 y 14 años de prisión, además de multas millonarias, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de tenencia y porte de armas.

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.

La investigación de las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un giro. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que devuelva la condición de imputado a un policía antidroga que buscó a Pablo Iglesias en bases de datos reservadas con la excusa de que un compañero de la dirección de Podemos, Miguel Urbán, estaba supuestamente inmerso en unas pesquisas por presunto tráfico de cocaína. 

La diligencias de Antidroga contra Urbán había sido abierta a partir del disparatado testimonio de un confidente, colaborador de un comisario de la brigada política del PP. El policía imputado intentó argumentar en su declaración judicial que rastreó a Pablo Iglesias porque siempre se hace con el entorno de los investigados, en este caso Urbán. El fiscal le planteó si hubiera actuado igual de tratarse de Mariano Rajoy, pero Pedraz consideró improcedente la pregunta y la cortó. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el policía. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior a Pedraz consideran “de indudable relevancia” que se esclarezca si el policía, además de a Pablo Iglesias, indagó en otras personas de su entorno “carentes de vinculación política, como las pertenecientes a su familia o a su círculo de amistades”. Los magistrados tratan de determinar si el argumento del policía antidroga de que siempre se rastrea el entorno de los investigados es auténtico o una excusa para perseguir al entonces líder de Podemos y diputado del Congreso.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal incluye otro relevante impulso a la investigación. Los jueces de la instancia superior ordenan a Pedraz que incorpore a su causa por la guerra sucia a Podemos todo el expediente de la Fiscalía Antidroga sobre la investigación a Urbán. En él aparece incluido el relato del confidente y cómo este llegó a la Fiscalía de la mano de José Luis Olivera, comisario procesado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y uno de los policías más importantes de la época. 

El confidente, un camarero del pub Nueva Visión –en el barrio madrileño de Malasaña–, afirmó ante la Policía y el fiscal que Urbán vendió ante él 40 kilos de cocaína a un tercero, que dijo allí mismo que la droga procedía de Venezuela, que lo hacía para financiar a Podemos y que, antes de marcharse con más de un millón de euros en el bolsillo, invitó a droga y a bebida a todos los presentes. El confidente, que aparece identificado en los documentos que ahora se incorporan a la causa judicial, también aseguró que había visto en varias ocasiones a Urbán trapichear con droga en las esquinas de Malasaña mientras era eurodiputado. 

A partir de ese relato, el comisario Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir una investigación a Urbán, en realidad un pretexto para acceder a las cuentas de Podemos. En los trabajos se implicó la unidad especializada en Delitos Económicos, UDEF, y la que lleva asuntos de droga a gran escala, Udyco. Incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) examinó al detalle las cuentas de Urbán.  

A los tres meses, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio y archivó las actuaciones. En Podemos creen que las pesquisas no se filtraron, como ocurrió con otras investigaciones parapoliciales al partido, porque no alcanzaron el objetivo de alcanzar las cuentas de Podemos. Las maniobras tuvieron lugar entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, mientras existía la expectativa de que Podemos sobrepasara al PSOE y que se diera un acuerdo de Gobierno progresista.  

La causa de la guerra sucia a Podemos

A partir de las revelaciones del montaje policial por elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa de Pedraz por la guerra sucia a Podemos, pero el juez lo rechazó alegando que se trataba de hechos distintos. El Juzgado de Pedraz indaga en las maniobras ilegales de la Policía contra los diputados de Podemos en tiempos de Mariano Rajoy a partir de una querella presentada por los abogados de la formación. 

Urbán optó por explorar una segunda vía. El fundador de Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional, pero tampoco prosperó. La jueza María Tardón rechazó recientemente su admisión con argumentos como que la denuncia se centraba en “noticias de prensa”. 

En la información de elDiario.es aparece el número de diligencias secretas abiertas por la Fiscalía Antidroga a partir del montaje policial, del que se aportan numerosos detalles, pero ni el fiscal ni la jueza pensaron que podían reclamarse para una eventual investigación. 

Los abogados de Podemos e Iglesias también habían intentado que el falso relato del confidente y las investigaciones policiales a Urbán a partir de él fueran incorporados a la causa de la guerra sucia. Pedraz se negó. Pero ahora su causa por la guerra sucia a Podemos contará con los documentos del montaje policial de la cocaína. 

La memoria de la Fiscalía vasca correspondiente al año 2024 recoge que desde el inicio de ese año la Ertzaintza ha realizado “una amplia campaña de prevención e incautación” en lugares de ocio del llamado “gas de la risa” u óxido nitroso, cuyo consumo se estaba “extendiendo en exceso” en el ocio nocturno de Vitoria. “Existía un gran desconocimiento de la nocividad de dicho consumo, de los efectos secundarios que podían padecerse, así como de la ilegalidad de su venta”, sostiene el documento, publicado el pasado septiembre.

Según informa la Ertzaintza, la comisaría de Vitoria ha iniciado desde 2023 tres investigaciones relacionadas con la compraventa de óxido nitroso. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la salud pública. La gravedad de estos datos ha llevado a la Policía vasca a poner el foco en su compraventa, al constituir esta un delito contra la salud pública. Hasta el momento se han abierto diligencias por tres delitos de este tipo en la capital vasca, tanto en el interior de locales de ocio nocturno, como en la vía pública, con el resultado de cuatro personas investigadas por los hechos. Su venta y consumo estaría tan integrado en dichos ambientes que se ofertaría junto al consumo de otras sustancias legales como el fumar tabaco en cachimbas, cuando, en realidad, se estaría incurriendo en un delito de tráfico de drogas.

El óxido nitroso es una sustancia cuyo uso está permitido tanto en la industria alimentaria como en la aeroespacial y, también, como medicamento de uso hospitalario bajo prescripción facultativa. Sin embargo, cada vez se está detectando más en las zonas de ocio, donde se utiliza de manera lúdica, lo que puede provocar diferentes reacciones en el organismo de la persona que lo consume tales como, entre otras, alucinaciones, desorientación o desmayos.

Por lo general, se vende en pequeños botes de plata y se inhala. Afecta de manera diferente, según la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos. Los efectos inmediatos del gas de la risa incluyen euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risas incontroladas, descoordinación, visión borrosa, confusión, debilidad y cansancio. En los casos más graves se podría llegar a producir la muerte súbita.

En caso de una ingesta excesiva los riesgos son enormes. El efecto del gas puede llevar a una pérdida de presión arterial que puede desencadenar en un desmayo e infarto de miocardio o una hipoxia por falta de oxígeno. Además, el consumo prolongado puede llevar a efectos secundarios como la pérdida de memoria, déficit de vitamina B12, zumbidos en los oídos, entumecimiento de extremidades, espasmos, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, psicosis o dependencia psicológica.

Turismo cannábico de Francia

Otra de las cuestiones en las que pone el foco la Fiscalía, en este caso en Gipuzkoa, es en las asociaciones de consumo de cannabis, donde está permitido consumir dicha sustancia siempre y cuando se realice dentro de los locales que tienen las asociaciones y sean socios. Cuando no ha sido así, se ha investigado si realmente se trata de lugares para la adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse hecho previamente socio de la misma. En estos procedimientos, siguiendo la línea marcada en tres sentencias del Tribunal Supremo, se aplica ya junto al delito contra la salud pública, el de asociación ilícita con la consiguiente petición de disolución de la asociación.

La Fiscalía constata, además, que dada la situación fronteriza de Gipuzkoa, la existencia de ciudadanos franceses que cruzan la frontera para adquirir cannabis o hachís en España en las propias asociaciones de cannabis en las que figuran como socios, para, a continuación, regresar a Francia con dicha sustancia, sin consumirla de forma inmediata en el interior de la asociación. Esa práctica es ilícita.

La presunta trama de narcotráfico desarticulada en el Puerto de València operaba con tintes calcados a la segunda temporada de la mítica serie The Wire, creada por David Simon: cargamentos de cocaína, luchas internas de clanes, estibadores, corrupción, blanqueo y escuchas telefónicas. Solo cambia el escenario; de la costa este de Estados Unidos a la mediterránea ciudad de València la esencia del negocio se mantiene intacta, así como el papel de algunos líderes sindicales de la estiba. Los estibadores investigados por el cartel de la coca del Puerto de València, según informes que constan en el sumario de la causa a los que ha tenido acceso elDiario.es, hicieron caros regalos a algún alto cargo portuario que cargaron a empresas pantalla y trataron de equilibrar las ambiciones de los dos clanes que controlan el negocio del narcotráfico.

La investigación, a cargo del Grupo V de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, ha permitido desmantelar una importante organización criminal a la que se le ha incautado un total de 3,5 toneladas de cocaína. En la denominada 'Operación Spider' tuvieron un papel fundamental tres agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Comisaría General de Policía Judicial.

Bajo la cúspide del 'cartel de los Balcanes', que financiaban los envíos y cerraban los negocios con otras organizaciones, ha aflorado la infraestructura completa para la extracción de los envíos: transitarias, cooperativas o empresas de transporte, que se aprovechaban de la “fuerte corrupción” en el Puerto de València.

Varios portuarios se sitúan en la cúspide de la organización. De hecho, dos clanes rivales de 'narcoportuarios' mantenían una pugna interna por el control del cartel, aunque convergían en algunas de las operaciones. Uno de los personajes clave de la presunta trama, el expresidente del Comité de Empresa de la estiba Óscar M., se erigía en nexo del clan liderado por los portuarios I. T. y B. M. con instituciones públicas y privadas para la “infiltración sistemática” del máximo número de trabajadores portuarios para tener así disponibilidad en la mayor parte de turnos y terminales posibles de cara a los servicios de extracción de los envíos de droga.

El negocio, según las escuchas policiales, movía cifras astronómicas. A título de ejemplo, uno de los trabajadores portuarios se habría embolsado medio millón de euros por algún tipo de servicio. Los investigadores de la Udyco consideran que Óscar M. habría puesto en contacto a la presunta organización criminal con una de las empresas de transporte clave para la presunta trama, dirigida por dos imputados, para la operación de introducción de más de una tonelada de cocaína el pasado 18 de julio con el método del 'gancho ciego' (un alijo introducido en un contenedor junto con mercancía legal y sin el conocimiento de la empresa exportadora o importadora). La mercantil de transporte proporcionó las órdenes de servicio para la introducción del alijo.

Jamones de 700 euros

El expresidente del Comité de Empresa, líder del sindicato Coordinadora e investigado por el supuesto favorecimiento de la corrupción y de la infiltración del narcotráfico, hizo caros regalos navideños a “altos cargos” o “altas personalidades” del Puerto. Entre ellos, según las escuchas, un jamón de 700 euros para Francisco Lorente, director general en España de la naviera MSC.

Consultado por este diario, Lorente afirma que “puede ser” que recibiera el jamón, aunque quita hierro al asunto: “Me regalan 10 o 12 en navidades, no tiene mayor importancia eso”. Además de otras personas sin identificar, también recibió un jamón E. M., presidente del Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo e investigado en la causa. Este último también habría recibido otros “agasajos”, tales como un vehículo que se habría quedado su hija.

Los presentes navideños se cargaron a dos empresas a nombre de presuntos testaferros que el líder de los estibadores regentaría “en la sombra” junto con los portuarios I. T. y B. M., según las vigilancias efectuadas en el marco de la investigación. En una de las conversaciones telefónicas intervenidas, los interlocutores se refieren al “gran jefe”, por lo que los investigadores infieren que se trataría de un “alto cargo del Puerto” sin identificar, al que “le habría realizado alguna propuesta relevante por parte de la organización criminal”.

Batalla de clanes por los puestos de la estiba

La Udyco también sostiene que el expresidente del Comité de Empresa habría maniobrado para dar acceso, supuestamente previo pago de 60.000 euros, en puestos de trabajo de la estiba. Por momentos, según las escuchas telefónicas, se vio en plena batalla entre el clan de R. B. y el de I. T. y B. M. por la colocación de trabajadores. R. B. presionaba a Kiko A., otro de los pesos pesados de Coordinadora investigado, para que no entraran los candidatos del otro clan.

También figuran varias conversaciones telefónicas de las que se desprende que A. G. G., coordinador general de Coordinadora investigado en el procedimiento, le habría pedido a Óscar M. que se colocara a un supuesto sobrino de una expresidenta de Puertos del Estado.

La aludida, consultada por este diario, niega que mediara en la colocación y que se tratara de un sobrino suyo y asegura que simplemente recibió una llamada de una persona que no conocía a la que sugirió que hablara con los sindicatos, al estar alejada de la política y de la Administración desde hace años. El expresidente del Comité de Empresa enmarcaba la jugada en “temas políticos”.

Coordinadora, dos días después de que este diario desvelara el pasado 23 de septiembre que Óscar M. y Kiko A. habían sido detenidos en la operación, expresó su “apoyo” incondicional a los delegados sindicales.

“No tengo nada que ver con todo esto”, han sido las primeras palabras de Laureano Oubiña, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que, desde este martes, le juzga por un delito de narcotráfico por el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel.

Oubiña comparte el banquillo de los acusados junto a otras 18 personas por su presunta participación en una red que introdujo cinco kilos de cocaína, entre otras drogas, desde Galicia para su distribución en Asturias, en 2017, apenas unos meses después de que él saliera de prisión en tercer grado donde cumplía condenas por tráfico de hachís y blanqueo de capitales.

“Se le juzga por ser Oubiña”

Consciente de que todos los flashes y las cámaras de televisión le enfocaban especialmente a él, varios de los acusados han salido en su defensa.

Alegan que “se le juzga por su nombre y apellido”, porque según han asegurado a elDiario.es Asturias, “a Oubiña ni le pillaron droga, ni nada de nada”.

Los demás coacusados, sin embargo, sí han admitido que participaron en el delito de tráfico de drogas y alguno de ellos incluso también ha asumido su autoría en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, amparados en su fuerte adicción a las drogas en esa etapa de su vida. Hoy han contado que tienen trabajos estables, están casados o viven con sus parejas y tienen a su cargo a hijos menores de edad.

Esa defensa cerrada de varios de los coacusados a favor de Oubiña seguía la misma línea esgrimida por su abogado defensor, Francisco García Berenguer, quien ha mantenido ante el tribunal que no hay prueba alguna de la implicación de su representado en el tráfico de drogas.

Llamadas interceptadas

Según su versión, las únicas llamadas donde figura su voz fueron interceptadas en el teléfono intervenido al coacusado Carlos de la Mata, donde ambos interlocutores se citaban en un restaurante en Arousa, en Galicia.

Laureano Oubiña ha ratificado que el encuentro se produjo a instancias de Carlos de la Mata, que quería entregarle un sumario de la causa en la que estaba investigado un tío suyo, Juan José de la Mata, quien había compartido “años de prisión” con el primero y quería que le diera su valoración sobre el caso que tenía pendiente sobre una extorsión. Una afirmación que ha confirmado el coacusado Carlos de la Mata.

Asesorar a su compañero de cárcel

Esta contestación ha llevado a la fiscal a preguntar a Oubiña si era abogado o experto en Derecho y, tras responder negativamente, él ha seguido explicando que Carlos le comentó que iba a ver a su tío a la cárcel en Madrid y quería que le valorara el sumario y aprovechaba a desplazarse a Galicia por unos temas laborales como electricista.

“Yo le dije que le podía dar el teléfono de un abogado. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y le he ayudado en asesorarle en escritos y en temas de abogados” ha corroborado.

No soy abogado, ni estudié Derecho, pero Carlos de la Mata me dijo que iba a ver a su tío Juan José a la cárcel, y quería darme el sumario por extorsión en el que estaba investigado para que le asesorara. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y yo le he ayudado con temas de abogados

Laureano Oubiña — Acusado de narcotráfico

El encuentro en un restaurante

Ante la pregunta sobre qué hacía en el restaurante, Oubiña ha respondido: “Ya les dije a los agentes que estaban vigilando que ahí iba a encontrar a Los Charlines, a Oubiña.. porque ahí paramos todos. Ellos echaron una sonrisa”, dijo restando importancia a tanta vigilancia ya que todos sus movimientos están habitualmente controlados y aunque no le requisaron su móvil, ni ningún otro objeto, ha especificado que su móvil “estará intervenido”.

El resto de los acusados han ido, uno a uno, ratificando su conformidad al pacto con la Fiscalía, admitiendo que consumían cocaína y varios de ellos justificando el tráfico de drogas en la necesidad de pagar esa adicción.

La “Operación Matta”

La Fiscalía solicita para Oubiña una condena de cuatro años y medio de cárcel por su presunta participación en la organización desarticulada por la Guardia Civil en la denominada “Operación Matta”.

A la red se le incautó cocaína, valorada en 200.000 euros, así como resina de cannabis, heroína, dinero, armas y anotaciones contables con grandes movimientos de droga.

En la causa están acusadas 22 personas, pero se juzga a 18, ya que tres de ellas murieron durante la instrucción y una cuarta se encuentra en busca y captura

A Oubiña se le incrimina por unas llamadas teléfonicas interceptadas por los agentes que consideraron que tenía un papel “como proveedor o intermediario” en la banda junto con Carlos de la Mata en la adquisición de las drogas incautadas.

En el mismo procedimiento penal estaban acusadas otras 21 personas, pero tres de ellas murieron durante la instrucción de la causa y el cuarto, David Guardado, está actualmente en busca y captura.

La Fiscalía ha alcanzado hoy un acuerdo con al menos 15 de los acusados quienes verán rebajada sensiblemente su condena, tras el reconocimiento explícito de los hechos. Laureano Oubiña no se ha conformado con el pacto y ha decidido seguir adelante manteniendo su tesis absolutoria.

Las penas y las dilaciones indebidas

La fiscal solicitaba en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los tres años y medio de cárcel y los 16 años de prisión.

A raíz de estos acuerdos las rebajas serán sensiblemente menores, al aplicar a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de los que se han conformado también la de adicción a las drogas, ya que la mayoría de ellos se han declarado dependientes a la cocaína y a los porros y muchos siguen un tratamiento en un centro especializado para no recaer en el consumo.

Las detenciones se produjeron en 2017 en las localidades asturianas de Gijón, Siero, Oviedo, Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas.

En aquel momento, una docena de detenidos ingresó en prisión con fianzas que oscilan entre los 35.000 y 250.000 euros. La mayor parte de ellos pertenecían al clan de los Mercheros, que según la Fiscalía estaba liderado por Ricardo Cortés Gil.

Además, se practicaron 11 registros domiciliarios a lo largo de la geografía asturiana, en los que se incautaron los cinco kilogramos de cocaína y más de 11 kilogramos de pequeñas cantidades de marihuana, 14.000 euros en metálico, cuatro armas cortas (pistolas) y munición para éstas y 15 vehículos de alta gama.

Sesiones hasta final de mes

En abril de 2017, un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Oviedo se desplazaron a Cambados y tomaron declaración a Laureano Oubiña, aunque quedó en libertad pero en calidad de investigado.

Las sesiones del juicio están señaladas para los días 24, 25, 26, 29 y 30 de este mes, si bien el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha aceptado la petición de las defensas para que los acusados puedan ausentarse de la sala hasta el último día previsto de la vista oral cuando se presenten las conclusiones definitivas y se les conceda el turno de última palabra.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Nunca ocurrió.

La inspectora jefa del grupo de la UDEF que investigó a Joakim Broberg realizó formalmente esta propuesta a la Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional en julio de 2019. Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas por la Policía y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios. 

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción. 

El pasado lunes, 19 de mayo, llegó el turno para declarar en el juicio de la agente con número profesional 85.972, una inspectora de la UDEF que comparecía en calidad de perito. Durante la hora y 24 minutos que duró el interrogatorio de la fiscal no surgieron las sospechas de corrupción. Con la pregunta de si los informes que realizó eran “acumulativos” y se podían ceñir a preguntas sobre el último, la fiscal cercenó la posibilidad de aludir a los tres oficios policiales en los que se reproducían los pinchazos a Broberg y los indicios de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. 

Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. 

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

Las sospechas de la Policía no tuvieron publicidad. El juez Manuel García Castellón, que relevó a Abascal al frente de la causa, no levantó el secreto del sumario hasta que había dictado el auto de procesamiento y concluido la instrucción. El PSOE intentó personarse tras las revelaciones de elDiario.es, pero su aspiración fue denegada. Si la Fiscalía no actuaba contra la posible corrupción tampoco lo haría la defensa de los supuestos narcotraficantes. El poder omnímodo en la ciudad de Ángeles Muñoz no tendría fiscalización judicial, solo periodística. 

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación por drogas llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el ayuntamiento”.

elDiario.es consultó a la Fiscalía Antidroga antes de publicar la información sobre los atestados policiales, en diciembre de 2022. Un portavoz contestó que la fiscal López Salcedo había investigado las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Su declaración durante el juicio se producirá a lo largo del próximo mes de junio. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Joakim Broberg.

Nils Fischer, otro rastro invisible de la corrupción

El hijastro de la alcaldesa se sienta estos días en la tercera fila de asientos que ocupan los acusados, en una esquina. Tres sillas a su derecha está Nils Ander Fischer, otro nombre que ayuda a trazar la silueta invisible de la corrupción en el juicio por drogas. Una de las empresas investigadas como persona jurídica, Codecosol, es de su propiedad. La sociedad recibió más de 600.000 euros en contratos del Ayuntamiento de Marbella que dirige Ángeles Muñoz. Nada de esto se ha mencionado en el juicio.

Fischer era íntimo de Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, también procesado por blanqueo de capitales, pero cuya causa fue archivada por motivos de salud. Lars fallecería posteriormente, en marzo de 2023. Fischer, que tenía la oficina de su empresa a metros de la de Lars Broberg, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.

En su filial en Málaga la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 52 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento. 

Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, añadía el juez en su auto. Entre 2011 y 2015, Codecolsol obtuvo cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí, según descubrió elDiario.es.

El pasaje del interrogatorio de la fiscal a la inspectora de la UDEF sobre el juicio tampoco resultó vibrante en el pasaje dedicado a Fischer y Codecosol. Le preguntó por los antecedentes del empresario que presumía en su perfil de la red LinkedIn de ser “uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Marbella”. Receptación, robo, documentación falsa, fraude, quebrantamiento de condena… 

De las 12 sociedades donde figura Fischer solo Codecosol tiene actividad y declara ganancias, no más de 58.000 euros al año, explicó la inspectora de la UDEF. Ni rastro de unos correos electrónicos desvelados por elDiario.es en los que Fischer utiliza a Lars Broberg para hacer llegar una oferta para una adjudicación del Ayuntamiento en lugar de acudir a la ventanilla del Consistorio. Finalmente, Codecosol obtuvo el contrato. Se trata de uno de los cinco adjudicados a la empresa investigada en el caso de narcotráfico.

Tampoco surgió en el juicio otra cadena de correos donde Fischer obtiene información de cómo van las ejecuciones de obra en Marbella. La reacción de la alcaldesa fue querellarse por revelación de secretos contra elDiario.es, una demanda que ha sido rechazada en primera instancia. Esa información sobre los correos está en unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que investigó el caso y acordó que o no había indicios de delito o los que pudiera haber estaban prescritos. 

El chivatazo, otro asunto esquivado

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial. 

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, más aún si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo. 

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio ha sido cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

Miguel Urbán (Madrid, 1980) es un veterano militante de la izquierda antististema. Curtido en el Movimiento Okupa y miembro histórico de Anticapitalistas estos días vuelve a ver su nombre en los titulares, algo a lo que había dejado de estar acostumbrado desde que su formación rompió con Podemos en 2020, en desacuerdo por su participación en el Gobierno. 

elDiario.es desveló el pasado sábado los detalles de una investigación secreta en 2016 de la Fiscalía Antidroga contra él, inducida por poderosos comisarios de la Policía, en la que se le trataba de involucrar falsamente en una supuesta operación de venta de cocaína venezolana destinada a financiar ilegalmente a Podemos. Urbán concede esta entrevista desde Sao Paulo, a donde ha viajado para presentar su libro ‘Trumpismos. Neoliberales y autoritarios’.

¿Por qué usted? ¿Qué objetivo tenía implicarle en el montaje de la droga y la financiación de Podemos?

No creo que tuvieran un especial interés en mi persona. Igual que no creo que tuvieran un especial interés en la persona de Iglesias. Lo que querían era destruir un colectivo y destruir unas ideas. Puede ser que yo fuera una de las figuras más reconocidas de Anticapitalistas y una de las figuras públicas más conocidas de Podemos. Investigarme a mí era una excusa para investigar al conjunto de Anticapitalistas y a Podemos. Yo creo que es absurdo pensar que me investigaban a mí como excusa para investigar a Pablo porque ya había otros casos sobre Pablo. 

¿Por qué en el primer semestre de 2016?

Es el momento clave de la política del cambio. Creo que ellos se llevan un susto en las elecciones europeas, pero el susto grande se lo llevan cuando de repente ganamos en Madrid, ganamos en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, ganamos en Valencia, en Santiago de Compostela, ganamos en Oviedo y en A Coruña. Y piensan: ‘Esto puede ir en serio’. Ahí es donde yo creo que activan esta operación de locos. Coincide con las dos elecciones generales, las de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, en donde podíamos haber dado el ‘sorpasso’ al Partido Socialista. De hecho, otras tramas también se construyen esos meses, como la cuenta en Granadinas o el supuesto informe PISA. Son unos meses frenéticos de las cloacas, de los aparatos del Estado, pero conectados también con el poder mediático y el económico para intentar evitar a toda costa que fuésemos la primera fuerza electoral del país. Ese era el elemento clave. 

¿Cómo se ha sentido al saberse objetivo de una investigación secreta tantos años después?

En un primer momento sentí una ansiedad fuerte. Lo primero que supe es que me situaban en un intercambio de drogas y que por eso habían entrado en las cuentas de Pablo Iglesias y demás. Pensé, '¿qué se han podido inventar?'. Cuando conoces más detalles, ves lo burdo, lo cómico, incluso algunos aspectos surrealistas… Entonces le quitas un poco de tensión. Pero te angustia más no conocer que lo que sabes.

Además, fue un momento muy complicado personalmente. Se estaba muriendo mi madre. Falleció dos semanas después de que yo tuviera la primera información sobre esto. Llevaba varias semanas pasándolo mal y se me mezclaban cosas. También sentí fragilidad. Dices: ‘estos me podrían haber jodido la vida’. Y luego está la impunidad que tienen: los autores no son unos cualquiera. En los aparatos de seguridad del Estado hay un montón de fascistas, pero estos no eran unos mindundis, eran los jefes, con lo que ello implica.

Quieren generar fragilidad, que no vuelvas a intentar nada, que no te muevas, que quieras que pase. Te crea un sentimiento encontrado. Por una parte piensas: ‘Bueno, pasó hace diez años. Vamos a dejarlo correr. No quiero remover más’. Porque al final te hace daño. Pero esto no se puede dejar pasar. Hay que levantar la voz, poner el dedo en la llaga de que tenemos un problema democrático en nuestro país. No estaban atacando a un grupo que estuviera planteando la toma del poder al asalto. Podemos era un partido que se estaba presentando a las elecciones. Entonces te cuestionas hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde hubieran sido capaces de llegar.

¿Va a emprender acciones legales?

Hay que valorarlo con los compañeros de Anticapitalistas. He hablado con Iglesias para contactar con los abogados de Podemos, ellos están personados en la causa de la Audiencia Nacional, y ver si entramos ahí. Pero hay que decidirlo colectivamente en Anticapitalistas. La política es un placer colectivo. Yo defenderé que actuemos. No se puede dejar pasar.

¿Algo así se puede volver a repetir?

Evidentemente. Los seis de Zaragoza llevan un año en prisión. Los chavales no han hecho nada. Son inocentes y están comiendo mako. Cuando ves que la Policía tenía una persona metida, infiltrada, en los movimientos sociales madrileños durante 20 años; cuando tienes a infiltrados en organizaciones ecologistas, en movimientos vecinales, contra la tala de árboles, en colectivos como Distrito 14, colectivos de barrio… No es que pueda pasar, es que está pasando.

El problema de las cloacas, el problema de los aparatos del Estado… las fallas democráticas siguen estando y se muestran las costuras del régimen del 78 y las costuras de nuestra democracia liberal, que nos dicen que es perfecta. Y no lo es. No se permiten todas las ideas. No se permite el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia. Tenemos a las compañeras de CNT de Las Seis de la Suiza que van a entrar seguramente en la cárcel por su actividad sindical. Es una auténtica vergüenza. 

Pensar que esto no puede pasar es ingenuo, porque ya está pasando y eso es lo grave, y por eso no quiero dejarlo pasar. No iban contra mí, iban contra unas ideas. Y va a seguir si no hacemos nada.

Una inspectora jefe de la Policía ha vuelto a implicar a Lars Broberg, el difunto marido de la alcaldesa de Marbella, en el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Durante su declaración en el juicio en calidad de perito, el mando de la UDEF ha descrito la labor de “supervisión” que habría tenido Lars Broberg en tres operaciones inmobiliarias destinadas a blanquear las ganancias obtenidas por su hijo, Joakim Broberg, y sus socios, en el banquillo de los acusados por integrar una organización de tráfico de hachís procedente de Marruecos y con destino al norte de Europa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga considera que Lars Gunnar Broberg prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos a través de tres operaciones. No hay acusación contra Broberg porque la causa decayó contra el marido de la alcaldesa en 2022 debido a su grave estado de salud y finalmente falleció en 2023.

Por este motivo, la presidenta del tribunal ha advertido a la fiscal Antidroga por las preguntas sobre Lars Broberg al no figurar este entre los acusados. La fiscal, María Dolores López Salcedo, ha explicado que solicita el decomiso de varias propiedades de Lars Broberg porque cree que las “maneja Joakim Broberg”, su hijo. Joakim se enfrenta a una pena de prisión de 22 años por tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera de las operaciones de blanqueo en las que habría participado el marido de la alcaldesa de Marbella responde a un cambio de propiedad entre Joakim y otro de los acusados, como pago por una deuda de drogas, para la que se habría utilizado una empresa de Lars Broberg en Gibraltar. Se habrían blanqueado 3 millones de euros. 

La fiscal ha preguntado a la inspectora jefe de la UDEF si Lars aparecía en esta operación. “Aparece porque Lars está pendiente de la reactivación de una empresa en Gibraltar a través de conversaciones. Está pendiente de todo este proceso de reactivación de la empresa”, ha dicho la agente 85.972, quien ha declarado protegida por un biombo.

El marido de Muñoz también habría puesto sus empresas a disposición de otra operación de blanqueo con pagos de pequeñas cantidades a un importante número de sociedades, que sumarían 1.397.000 euros blanqueados. Para el blanqueo se utilizan tres fincas donde se construye. “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”, ha respondido la jefa de la UDEF.

Por último, en las actuaciones aparece un préstamo inmobiliario y la suma del tráfico de divisas, en relación con la compra fraudulenta de otra residencia de lujo, hace que los investigadores añadan otros 2.009.820 euros a la cantidad total que el marido de la alcaldesa de Marbella habría blanqueado de la droga. “Cuando la casa ya está construida tenemos diversas conversaciones en las que se ponen de acuerdo para cuando está en venta y la enseñan a diferentes compradores con conocimiento de Lars”, ha descrito la inspectora. “Lars Broberg controlaba bastante de las operaciones que iban efectuando”, ha dicho la policía.

Detenido en 2021

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijo. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella. 

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse. 

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijo en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y se querelló contra elDiario.es.

El auto de procesamiento de Lars Broberg ya incluía la descripción de las tres operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado el marido de Muñoz. La Audiencia Nacional ratificó esos indicios al confirmar el auto de procesamiento, en enero de 2023. Dos meses después, Lars Broberg falleció a consecuencia de sus graves problemas de salud.

Johnny lleva 45 años apoyado en el quicio de la misma puerta. Alto, apartado de los cánones tradicionales de belleza y de pocas palabras, su silueta es una fotografía anclada en la memoria de varias generaciones que hicieron del barrio madrileño de Malasaña su territorio de iniciación al punk, el amor y otros excesos. Johnny regenta desde 1980 un pub con nombre, Nueva Visión, y con subtítulo, Ramones Fan Club. Hace diez años, en secreto, unos comisarios lo colocaron en el centro de una de las mayores patrañas de la guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Esta es la historia jamás contada de cómo la cúpula de la seguridad del Estado se las ingenió en 2016 para convertir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, en vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela que financiaría el partido, con el Nueva Visión como escenario y Johnny de intermediario. 

Es 12 de enero de 2016. Dos medios de la derecha publican el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y dan el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito en un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudoinforme PISA coincide con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

En esas mismas fechas arranca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) el bulo de la cocaína y Miguel Urbán. El CITCO es un órgano en el que participan la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el CNI. Fue creado a raíz de los atentados yihadistas del 11M para que no se repitieran los errores de coordinación que facilitaron la masacre terrorista. No tiene funciones operativas. A principios de 2016 estaba dirigido por el comisario de la Policía Nacional José Luis Olivera, hoy jubilado y a la espera de sentarse en el banquillo por el caso Kitchen. 

José Luis Olivera es el comisario que aparece en una grabación junto a su amigo José Villarejo sobre la cuenta falsa de Iglesias en el Caribe. “Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”, aportaba Olivera a la conversación sobre la manipulación de los documentos. 

El 21 de enero de 2016, justo ocho días después de la publicación del informe PISA, José Luis Olivera firma en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tiene como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Con el precio de mercado de la época, Urbán habría salido del bar con 1,2 millones de euros en el bolsillo. O donde cupiera tanto dinero. 

El comisario José Luis Olivera, experto en lo que la Policía llama “manipulación [manejo] de fuentes”, atesora una dilatada carrera. Entre otros destinos ha sido jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, en tiempos de los casos Malaya y Gürtel. Olivera considera tan creíble la disparatada historia de su confidente como para informar oficialmente a la Fiscalía Antidroga para que abra una investigación. 

La fuente del CITCO relata que Miguel Urbán se había presentado en fecha indeterminada en un pub de la calle Velarde, en el centro de Madrid y, acompañado del dueño del establecimiento, subió al primer piso del portal contiguo. Allí les esperaba un tercero, de unos 40 años, al que Urbán “le entrega 40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero”.

Durante el encuentro en el piso, Miguel Urbán habría comentado que se trataba “de una cocaína muy buena, de buena calidad, procedente de Venezuela y facilitada por sus contactos de aquel país”. La droga, según el confidente policial, tenía como fin “financiar los gastos de campaña del partido Podemos”. Así lo habría manifestado el propio Urbán durante la supuesta transacción, siempre según el relato del confidente. 

Antes de continuar cabe una primera recapitulación. Uno de los comisarios más poderosos durante el Gobierno del PP –lo había sido antes también con el PSOE– da crédito a uno de sus confidentes, que asegura que Podemos se financia con cocaína de Venezuela y que uno de sus eurodiputados carga con 40 kilos de droga por el centro de Madrid en el momento de mayor popularidad de la formación.

“Si no llegan al Gobierno, mejor para todos”

Podemos era la tercera fuerza política del país y negociaba un gobierno de izquierdas con el PSOE. Tres meses después del informe del CITCO, muy lejos de la calle Velarde, en Nueva York, otro mando de la brigada política dejaría la frase que resume aquel semestre de furia contra Podemos: “Si Podemos no llega al Gobierno, mejor para todos”. 

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago traslada esa afirmación a un exministro del Gobierno de Chávez. Ese 12 de abril, en el Consulado de España en Nueva York, el mando policial dice actuar con “un mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según consta en la grabación publicada del encuentro. 

Vuelta a Madrid y regreso al mes de enero de 2016. En el informe que el CITCO elabora para la Fiscalía Antidroga sobre Urbán se explica que uno de los confidentes es un camarero, de nombre Hugo, que trabajaría en el Nueva Visión y que se dice “muy amigo” del eurodiputado y también de Johnny, el dueño del bar. “Hasta el punto de que Hugo lleva una foto de los tres de aquel día en el pub, posiblemente fruto de la celebración de ese intercambio de drogas”, escribe Olivera sin adjuntar la instantánea.

Hugo viajaría después a un pueblo de Toledo para reunirse con un amigo que regenta un mesón. A esa reunión se sumó un tercero. Toman copas y Hugo cuenta la historia de la cocaína. El tercer individuo es el confidente original del CITCO, según consta en un informe policial. A esa función de delator se sumaría el tal Hugo y el otro asistente al encuentro en el mesón. 

elDiario.es ha contactado con Miguel Urbán y ha repasado con él los nombres del confidente y sus amigos, así como las fotos en Internet que hay de algunos de ellos. El exdiputado asegura que no conoce a ninguno. Ni siquiera recuerda haber entrado en su vida en el Nueva Visión. “La última vez que salí por Malasaña debió de ser en 2009”, asegura. 

Momento para la segunda recopilación: un supuesto confidente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado escucha la historia de Miguel Urbán vendiendo 40 kilos de cocaína en el Ramones Fan Club de Malasaña, se lo cuenta a sus manipuladores (los policías con los que colabora), estos a Olivera –si es que no fuera colaborador directo de éste– y el director del CITCO considera que debe informar de los hechos a la Fiscalía Antidroga. 

Esta es la tesis que la propia Policía traslada en sus oficios a la Fiscalía, pero entre los párrafos que componen el montaje emerge otra posibilidad, que fueran los propios policías los que dicen al confidente qué tiene que declarar contra el fundador de Podemos. En esta segunda hipótesis incide que el confidente incluye en su relato un procedimiento de financiación ilegal no apto para legos en la materia: “Miguel [Urbán] dijo que se trata de pagar el máximo número de gastos en cash y luego justificar el dinero con donaciones anónimas”.

Cuatro días después del informe, la Fiscalía Antidroga abre unas diligencias previas de investigación que habían permanecido en secreto hasta hoy. Se trata de un procedimiento habitual en la Fiscalía para determinar si los indicios que le llegan por denuncias o por informaciones policiales deben sustanciarse en una querella al juzgado o si, de lo contrario, no tienen peso y acaban en un decreto de archivo.

El fiscal jefe de Antidroga entonces, José Ramón Noreña, declaró secretas las actuaciones y ordenó a la unidad especializada antidroga de la Policía comprobar la informacion aportada por el confidente.

El comisario Olivera tiene prisa

Al director del CITCO le urgía encontrar algo contra Podemos. El segundo informe que envía a la Fiscalía lleva fecha de 28 de enero de 2016, dos días después de que Antidroga abriera diligencias inducida por el primer oficio policial. Adelanta que puede conseguir un nuevo testigo y sitúa a Johnny como “intermediador” del pase de droga, incluyendo datos sobre la sociedad que administra el bar. 

Dos semanas después, Olivera se mueve otra vez. En este caso envía a Antidroga las declaraciones firmadas de Hugo Ch., Antonio S. y Marcos B. Aquí, la historia del confidente se dispara. En su declaración ante la policía, Hugo afirma que Miguel Urbán, tras consumar la transacción en el piso de arriba, regresó al Nueva Visión y celebró el trato tirando “una bolsa de cocaína en la barra e invitando a todo el que quisiera”.

Hugo relata: “Urbán dijo que había hecho un favor a España, que había vendido 40 kilos de cocaína de Venezuela y que era para pagar los gastos del partido”. De ser cierto el relato del confidente, Urbán habría compaginado su tarea como europarlamentario con la venta de droga por las esquinas de Malasaña. Hugo asegura que le ha visto trapichear también en la calle. La Policía escribe sobre los delatores: “No habían denunciado [antes] porque es gente muy poderosa [los de Podemos] y tenían miedo a represalias”.

En el segundo oficio, el Centro de Inteligencia Antiterrorista hace afirmaciones, de nuevo, cuestionables. “El pub Nueva Visión es un local regentado por gente especialmente de extrema izquierda y muy ligada al 15M”, incluía el nuevo atestado. 

César Strawberry es el líder del grupo de rap metal Def con Dos y conoce a Johnny desde 1983, del primer día que entró en el Nueva Visión. “Johnny fue un personaje muy importante en la agitación cultural de aquella Malasaña. Viajaba a Londres y traía discos, fue el primero en poner videoclips en televisiones dentro del local, tenía un armario con ropa alucinante… Johnny representaba el punk de entonces, el original, antes de que se vinculara a una ideología de izquierdas”, afirma en conversación con elDiario.es. 

¿Y las drogas? “Imposible. En el Nueva ni se traficaba, como sí que pasaba en otros locales, ni siquiera se consumía. Johnny siempre ha sido antidroga total. Si pillaba a alguien metiéndose, le echaba”, cuenta Strawberry al conocer el relato policial. 

La Fiscalía Especial Antidroga implica en su investigación preliminar a la unidad de élite de la Policía contra el tráfico de drogas. Agentes de la UDYCO organizan las cuatro vigilancias alrededor del Nueva Visión. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero de 2016, según los informes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Los policías no llegan a entrar en el bar. 

Después escriben: “Al local suele acudir bastante gente entre la una y las dos de la mañana, siendo habitual el hecho de que muchos de ellos permanecen durante un corto espacio de tiempo en su interior y se marchan del mismo sin llegar a realizar consumición alguna, hecho que induce a pensar que en el mismo se produce la venta al menudo de sustancias estupefacientes (…) Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”.

Mientras los policías “infieren”, el Nueva Visión está a rebosar. A la hora que indican, otros bares han empezado a cerrar y el Nueva está en el corazón de Malasaña. Es un bar de pequeñas dimensiones, asfixiante cuando se llena. Miran los antecedentes de Johnny: una reclamación por un delito contra la seguridad del tráfico. De la circulación del tráfico. Los policías piden autorización para pincharle el teléfono. La Fiscalía no les apoyará.

Ramones Fan Club

Este mayo de 2025 está siendo más lluvioso de lo habitual en Madrid. Después de unos días sin que Johnny asome su particular silueta por la puerta del Nueva Visión, elDiario.es logra dar con él. Está sentado, como tantas tardes, en una banqueta con la puerta del pub entreabierta. 

El Nueva Visión está cerrado. No superó la pandemia y el propio Johnny lo hizo a duras penas. Vive de una exigua pensión por los efectos de la Covid permanente, que le ha dejado un 70% de discapacidad. Ofrece con un gesto otra banqueta al reportero y escucha en silencio la historia, de la que nunca había oído hablar. Está atónito.

Johnny no conoce a ningún responsable de Podemos, ni recuerda a ningún camarero en su local que se llamara Hugo. Se enfada. “Aquí intenta meterse coca alguien y pilla”, suelta castizo y con gesto serio. Habla en presente, como si su bar siguiera abierto y no llevara cinco años cerrado. Cuenta que quiere reabrirlo, pero le han dicho que no puede renovar la licencia, que tendrá que conseguir una nueva. Él sigue plantándose cada tarde en su puerta. En el rellano guarda una lata de cerveza y una radio siempre encendida.

El dueño del Nueva, Johnny –Felipe en su DNI– tarda unos minutos en ubicar la dimensión del invento. De lo que le acusaban era de auspiciar una operación de tráfico con 40 kilos de droga. Con una frase desmonta la “inferencia” policial de que los clientes entraban a su local y salían al poco tiempo: “Dábamos chupitos a un pavo”.

Regresamos a enero de 2016. Con anterioridad a que los policías obtengan permiso para indagar en las cuentas de Urbán, la Fiscalía recibe otro informe policial basado en una fuente anónima, de la que nunca se sabrá nada más, pero que resulta determinante para dar un impulso al caso. Según esta fuente, Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”, dice el oficio policial. 

Las donaciones que especifican son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urban. 

Los policías condimentan su oficio: “La fuente que ha aportado estos datos por ahora no ha podido puntualizar el resto de los movimientos de otros miembros [de Podemos], que no obstante señala que conoce que se producen con la misma frecuencia y con origen de integrantes relevantes de este partido”.

Operación Cardenal: un trampolín a Podemos

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La Policía se ha movido rápido. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación.  

Como adelantó Infolibre, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Fue en el marco de la causa por la guerra sucia a Podemos que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Apareció una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. La respuesta de la Policía confirma la sospecha del partido: el invento de la droga solo era el pretexto para llegar al líder de Podemos y las cuentas de la formación. 

Los oficios de la UDEF están firmados por su jefe de entonces, José Manuel García Catalán. El montaje contra Podemos se cuece en la misma cúpula del Cuerpo Nacional de Policía. García Catalán es uno de los mandos que viaja a Nueva York a conseguir pruebas, verdaderas o falsas contra el partido de Iglesias. 

Al mes siguiente de regresar de Nueva York, el 24 de mayo de 2016, el jefe de la UDEF rubrica un informe de su unidad sobre los gastos, ingresos y contrataciones de Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, con la excusa de la venta de droga. Los policías rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas. No encuentran nada, pero especulan.

La Policía insiste en la baza de los delatores. Los lleva ante el fiscal Antidroga del caso el 23 de febrero de 2016. Hugo se ratifica en todo. A Urbán se le cayó la mochila, 40 kilos, y él le ayudo a recogerla. No sabía qué había dentro, pero tras la transacción lo sospechó. Antes de irse, el eurodiputado tiró una bolsa de cocaína sobre la barra para que esnifara el que gustase. Sacó un fajo de billetes y pagó una ronda para todos. Palabra de confidente.

La Policía no va a dejar pasar la oportunidad. En otro informe de la UDEF, firmado por García Catalán el 1 de marzo de 2016, se especula con la salud financiera de Miguel Urbán. Recogen sus donaciones a “proyectos sociales”, a Podemos y encuentran algo que a los policías les da que pensar :“Prácticamente no hay ahorros en sus cuentas bancarias pese a que tiene una hipoteca”. Palabra de comisario del Cuerpo Nacional de Policía. 

“Es por ello que puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y por tanto podría tener una fuente de financiación no declarada –continúa el entonces jefe de la UDEF–. Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”.

La afirmación no es gratuita. En base a ella, la UDEF propone a la Fiscalía que la Agencia Tributaria facilite toda la información que tenga sobre Urbán. El comisario José Manuel García Catalán todavía enviará a la Fiscalía Antidroga un informe el 24 de mayo con todos los gastos de las tarjetas de Urbán, ingresos y contrataciones. 

En las diligencias previas de la Fiscalía Antidroga consta un informe de 78 páginas de la Agencia Tributaria sobre Miguel Urbán Crespo. Lo firma la entonces jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Margarita García-Valdecasas. Lleva fecha de 29 de abril de 2016 y es el preludio del fracaso de la Policía. No hay nada.

En junio se celebran elecciones generales. Podemos mantiene su representación parlamentaria pero el sueño del 'sorpasso' al PSOE se esfuma. Durante toda la precampaña y la campaña electoral, la cúpula de la seguridad del Estado, de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Antidroga han investigado a uno de sus fundadores y europarlamentarios. Y lo han intentado con su líder, Pablo Iglesias. 

Un mes después de los comicios, el 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, firma el decreto de archivo de las diligencias previas de investigación abiertas a requerimiento policial. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribe.

A día de hoy… 

Miguel Urbán. Abandonó Podemos en 2020 por estar en contra de la entrada en el Gobierno. Sigue militando en Anticapitalistas y ha puesto en marcha una cooperativa de gestión cultural, asesoría y comunicación después de un tiempo en el paro. 

“Este montaje demuestra la impunidad con la que trabajan las cloacas del Estado, que se pueden inventar algo tan sumamente descabellado y que no tenga consecuencias. Cincuenta años después de la muerte de Franco, toda la estructura de poder y cloacas sigue operando en democracia. No bastaba con exhumar a Franco del Valle de los Caídos... A esto nos referíamos. Soy hijo de luchador antifranquista torturado por Billy el Niño. Los herederos de ese policía son los han montado esta trama contra Podemos. Continúa la impunidad”.

Johnny. El próximo julio cumplirá 65 años. Vive de una pensión por invalidez de 600 euros, sueña con reabrir el Nueva y todavía le quedan 60.000 euros de hipoteca de su piso. “Si fuera un narco la habría pagado ya. Ponlo ahí”. Johnny es historia de una Malasaña, de un Madrid, que languidece. Dos chicos con aspecto de turistas se paran frente al Nueva Visión y señalan su puerta entreabierta. “Cerrado”, les advierte el dueño.

“¿De lo que hice en Alcalá 20 no ponen ahí nada?”, se indigna Johnny. Hace 42 años ayudó a rescatar a una veintena de personas del incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que hubo 81 muertos. Él mismo aparece contándolo a la puerta de las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz en el archivo de Televisión Española, un fragmento de los informativos incluido en un capítulo de 'Cuéntame'.

En la charla surgen sus años en el Fondo Sur del Vicente Calderón, que abandonó en los noventa por la invasión de nazis en el Frente Atlético. Johnny no tiene Internet. Por el periodista se entera de que cuatro días antes ha muerto un camarada de la militancia rojiblanca y de Malasaña, Iñaki 'Glutamato'. Aparta la mirada y se queda en silencio. Demasiadas noticias malas para una tarde cualquiera de mayo.

José Luis Olivera. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Se sentará en el banquillo del caso por el espionaje policial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Anticorrupción no presenta acusación contra él, pero sí la acción popular, que pide una pena de cárcel. Jefe de la UDEF con el PSOE, el Gobierno de Rajoy lo encumbró con la dirección del CITCO y el acceso a toda la información. Estuvo a punto de convertirse en el director operativo de la Policía.

José Manuel García Catalán. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Su nombramiento al frente de la UDEF ya resultó polémico en 2014. Jorge Fernández Díaz situaba al frente de la unidad que investigaba al PP por la caja B a un comisario afín. Por el momento ha declarado como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos. 

Hugo Ch. El confidente que atribuyó delitos penados con muchos años de cárcel a varios inocentes contesta la llamada de elDiario.es a su teléfono. Se niega a hablar del falso testimonio y arremete contra el periodista: “¿Qué trabajo es sacar lo que no se puede sacar? ¿Por qué no sacáis la mierda del Gobierno? Porque sois unos aborregados y unos subvencionados”, contesta él solo antes de advertir que está grabando la llamada y colgar.

La Fiscalía ha pedido seis años y medio de cárcel para el que fuera jefe de Antidroga para el Estrecho de Gibraltar David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil. por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. En concreto, por tratar supuestamente de obtener información sobre una investigación de Asuntos Internos en su contra por estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero.

En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía Antidroga pide que también se sienten en el banquillo de los acusados un subordinado y un teniente del Instituto Armado. Para el teniente solicita cinco años de cárcel por cohecho y revelación de secretos, mientras que para el subordinado pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

El Ministerio Público sostiene que Oliva y el teniente trabajaron entre 2018 y 2022 en el Órgano de Coordinación contra el narcotráfico (OCON Sur), la unidad especial de la Guardia Civil creada en el año 2018 con la finalidad de luchar contra el especial incremento de la actividad de narcotráfico que en los últimos años se había detectado en la región del Campo de Gibraltar, en Cádiz.

“A partir del año 2011, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil empezó a recibir diversas informaciones que ponían de manifiesto que los acusados pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero”, apunta la Fiscalía.

“Con la finalidad de comprobar las informaciones referidas”, continúa el escrito, “el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició el 15 de noviembre de 2019 una investigación al respecto bajo el nombre 'Operación Varea'”.

“Buscaba su impunidad”

La Fiscalía sostiene que “con el fin de conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad”, Oliva contactó con el teniente, que “prestaba sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y estaba buscando la forma de obtener un destino profesional en la provincia de Cádiz por motivos familiares”.

Oliva, según el relato del fiscal, le ofreció “conseguirle un destino profesional en el OCON SUR, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz), a cambio de que” éste “le proporcionara toda la información que, sobre él, pudiera existir en las investigaciones que venía desarrollando el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que estaba destinado”.

Antidroga asegura que ambos acusados eran “plenamente conscientes de la ilegalidad del ofrecimiento y de la contraprestación”. “La posibilidad de conseguir el traslado al OCON SUR, radicado en la provincia de Cádiz, estaba dentro de las facultades profesionales de Oliva quien, como comandante al mando del OCON SUR, podía proponer el destino en comisión de servicios de cualquier miembro de la Guardia Civil que reuniera las condiciones para el puesto”, añade.

Para cumplir su parte del acuerdo, relata la Fiscalía, el teniente del Instituto Armado “se descargó de los ordenadores centrales y bases de datos del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados, a pesar de ser en todo momento consciente de la ilegalidad de su actuación, por tratarse de información reservada y secreta”.

Un puesto a cambio de información

“Una vez sustraída la información sensible y reservada, el teniente, ya en las primeras semanas del año 2022, hizo entrega de la misma, en un soporte digital, a Oliva y este, en cumplimiento del compromiso asumido”, propuso a su subordinado “para la comisión de servicios que habría de desarrollar en el OCON SUR, en Castellar de la Frontera (Cádiz), comisión de servicios que finalmente se aprobó y fue efectiva a partir del día 27 de enero de 2022 y que suponía una mejora en sus condiciones económicas”.

Oliva, según Antidroga, “hizo entrega de una copia de la información reservada y secreta recibida” a su subordinado, “a quien también afectaba la 'Operación Varea', siendo ambos acusados plenamente conscientes del carácter secreto y reservado de esa información y de la ilegalidad de su obtención y difusión”.

“Como consecuencia de la filtración y transmisión de la información reservada y secreta existente en las bases de datos sobre las posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones” por Oliva y su subordinado, “quedó frustrada toda investigación sobre los mismos”.

Eso, concluye el Ministerio Público, provocó el cierre de la 'Operación Varea' en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil.

La Ley establece que los delitos de cohecho en funcionarios públicos deben pasar por un tribunal del jurado. Los guardias civiles han planteado multitud de recursos pero la jueza de Parla que les investiga los ha rechazado. Falta que la Audiencia Provincial haga lo propio con el último para despejar la vía a la celebración de la vista oral.

Los agentes del instituto armado denunciaron un montaje de la Policía Nacional para vincularles con el denominado 'clan de los Ariza' que operaba en la Playa de Bolonia, en Cádiz. La Audiencia Nacional rechazó investigar esos supuestos indicios y los guardias civiles presentaron una querella contra el policía al frente de la investigación en un juzgado de Madrid. El magistrado la archivó pero con posterioridad, la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla. Por el momento, esa causa sigue su curso.

100 en Melilla. 44 entre Sanlúcar y Huelva. 29 en Barbate. 20 en Málaga... Así hasta llegar a 400. La memoria de la Fiscalía antidroga en Cádiz de 2023, la última publicada, recoge como uno de los principales problemas del narcotráfico en Andalucía la masiva presencia de narcolanchas. “Proliferan por toda la costa, sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas y detenerlas en todas las ocasiones”. El Ministerio Público trata de pararlas por la vía judicial, aunque es consciente de la enorme complejidad de este objetivo. Ha encontrado ya una fórmula para intentar atacarlas: incrementar las penas para las que son sus aliadas imprescindibles, las petaqueras, embarcaciones y vehículos que se encargan de surtirlas de combustible.

La fiscal Antidroga de Cádiz y delegada en Andalucía, Ana Villagómez, al frente de este cometido en la provincia gaditana desde hace dos décadas, lleva años mostrando su preocupación por la “impunidad” que tiene el transporte de gasolina y gasóleo. Son muchas las operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que logran detener a personas que transportan por tierra y mar grandes cantidades de combustible. “Hemos pedido una tipificación penal específica muchas veces pero, de momento, no ha llegado”.

Tras mucho tiempo esperándolo, la Fiscalía ha determinado que, mientras se aprueba o no un delito específico para el transporte de combustible para el narcotráfico, es posible endurecer las penas atribuyendo a los responsables de estas mercancías otro tipo penal ya recogido en varios artículos del Código Penal: la tenencia y transporte de mercancías inflamables, incendiarias o asfixiantes, que permite penas de entre cuatro y ocho años de cárcel y garantiza que los acusados tengan que pasar por prisión preventiva si son detenidos.

De una infracción administrativa a penas de cárcel

La Fiscalía muestra en su memoria que ya también se usan embarcaciones de alta velocidad para llevar el combustible, como muestran alijos de 2.000 y 3.000 litros por embarcación. “Estamos cambiando una infracción administrativa por penas de cárcel, que es algo que sí puede cambiar las cosas porque hemos constatado que personas con causas pendientes son detenidas de nuevo en embarcaciones de este tipo”, subraya Villagómez.

Ahora queda que los jueces atiendan estas peticiones de la Fiscalía cuando los casos sean juzgados. Y ese tiempo, entre que se producen las acusaciones y llega el juicio, es otra de las grandes inquietudes de la memoria, que vuelve a reflejar la saturación y bloqueo de los juzgados donde caen más casos en la provincia de Cádiz, como son La Línea o Barbate.

“Uno de los problemas de la celebración de los juicios es el mismo que sucede durante la instrucción: la lentitud. La fase intermedia dura años en ocasiones, a lo que se debe sumar la estrategia de las defensas encaminada a la suspensión de los señalamientos, cosa que ocurre con frecuencia”, advierte la fiscal. “Esto da lugar a dilaciones indebidas, que conllevan reducciones de penas”.

El año pasado la Fiscalía de Cádiz elaboró 13 escritos de acusación. De ellos, de los casos eran de 2012; y otros dos, de 2014. Algunos correspondían incluso a años anteriores, lo que llevó a pedir la prescripción de dos causas. Una en la que estaban implicadas 47 personas por delitos contra la salud pública y organización criminal, por delitos ocurridos en 2007. Y otra por blanqueo de capitales, que estuvo paralizado desde su inicio en 2011.

Villagómez lleva muchos años reivindicando una “renovación total del sistema procesal”, ya que el actual “es incapaz de asumir la nueva delincuencia, en especial el crimen organizado”. Esta falta de transformación tiene, según la fiscal, “consecuencias desastrosas al no conseguirse las condenas de los investigadores en un tiempo razonable”. Una situación que, tal y como advierte, “supone la consolidación de las estructuras criminales que, lejos de ver mermada su capacidad, se hacen más fuertes y penetran en el tejido económico y social de poblaciones enteras”.

Incentivos para Barbate, San Roque o La Línea

De ahí, que mientras que no llega esa reforma, la Fiscalía propone en su memoria “reforzar los juzgados más saturados, nombra jueces y fiscales de refuerzo, funcionarios de justicia, que consigan que los procedimientos avances, e incentivar ciertas plazas en determinados municipios para evitar la huida de jueces o fiscales en sitios como Barbate, San Roque o La Línea.

El documento, de 15 páginas, que resume todo un año de trabajo, no incluye, al haberse producido en febrero de este año, la última gran tragedia relacionada con el narcotráfico, como fue el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Pero sí incide en su análisis previo en las posibles causas, como si adelantara que algo grave podía ocurrir. Alertaba de la alta presencia de narcolanchas en activo en evidente impunidad y advertía de un descenso de las toneladas incautadas y operaciones realizadas. Sanidad Exterior recibió para su análisis y destrucción 91 toneladas de droga, frente a las 123 del año anterior.

La Fiscalía cree que ha podido ser por dos factores: la alteración de zonas de descarga fuera de la provincia gaditana a Huelva y Málaga, y el descenso de la presión policial, con la supresión del grupo OCON SUR en 2022. “La disminución de esta presión la deducimos por la reducción de la incoación de procedimientos penales y de investigaciones contra organizaciones criminales y por la información del gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas por la costa, desde Barbate hasta Sanlúcar, sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas y detenerlas en todas las ocasiones”.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha comenzado este lunes la fase de diligencias previas del juicio con jurado popular contra un teniente de la Guardia Civil acusado de supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto en grado de tentativa, por los cuales la Fiscalía le reclama 14 años y cuatro meses de prisión.

En concreto, lo acusan de filtrar información a narcotraficantes a cambio de dinero y de robar fardos de hachís del depósito de drogas de la Comandancia. El encausado Raúl P.M niega la acusación fiscal, argumentando que él tenía pleno desconocimiento de la ilegalidad de sus actos, ya que “obedecía órdenes del agente encubierto del equipo antidroga” en el que “confiaba plenamente” debido a la relación de amistad existente entre ambos.

Junto a él han declarado los otros dos imputados, José María M.C, acusado de delitos de cohecho, tentativa de hurto, tráfico de drogas y hurto; y Roberto O.C acusado de los mismos delitos que este a excepción del último.

“Viviendo una película”

Raul M.P ha afirmado que actuó en desconocimiento pleno de los hechos y bajo las órdenes del policía encubierto que se puso en contacto con él para que le ayudase a colaborar en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas porque su “sueño siempre había sido formar parte del equipo antidroga y este le prometió dejarle su puesto en esta unidad cuando promocionara”.

Este agente, según sus palabras, no sólo era su “amigo”, sino que además era su “referente profesional” porque representaba lo que él aspiraba a ser en la Guardia Civil. Mientras declaraba, el encausado rompió a llorar: “Estuve viviendo una película, me vendió una realidad paralela para que consiguiera información”.

Además, el encausado ha asegurado en respuesta a las preguntas del fiscal y de su abogada, Ana Hidalgo, que “nunca” ha “cogido dinero” a cambio de revelar información cosechada de los archivos policiales, exponiendo que en su unidad los agentes consultan “a diario” los mismos para su labor “por lo que eso no puede considerarse un delito”, ha dicho. Asimismo, reconoce que “más que recibir dinero ha sido él quien ha tenido que ”prestárselo al agente encubierto de su bolsillo“ debido a que este frecuentemente le decía ”no disponer para tareas cotidianas como arreglar su coche“.

En esta línea, Raúl M.P ha alegado que la información de los archivos que él podía consultar no era “relevante” para el mundo del narcotráfico, agregando que quien sí manejaba “información golosa” y estaba en “contacto con las redes de narcotráfico ”era el agente encubierto de este caso,“ a quien según la Fiscalía intentó captar para que ”colaborara con él de forma activa“.

“Mi cliente ha sido usado como chivo expiatorio”

A este respecto, Hidalgo sostiene que su cliente ha sido usado “como chivo expiatorio de una historia más grande que se intentó tapar” y que “va a reconocer lo que ha hecho, pero incidiendo en el porqué lo hacía” y, sobre todo, “bajo las órdenes de quién”. La letrada también ha recalcado que la labor de un policía encubierto “no es favorecer y idear el delito, sino ser testigo e informar de los mismos”.

Por ese motivo, y en contra de las recomendaciones de su primer abogado, el procesado declinó el acuerdo que le propuso el fiscal, instándole a admitir su culpabilidad en pro de reducir la pena de catorce a dos años de cárcel.

“Sabía demasiado”

Y es que, según ha asegurado, este mando le dijo que tenía que infiltrarse en el mundo de los narcotraficantes simulando ser un agente “corrupto”, con lo que le ordenaba constantemente que “pidiese dinero” a los traficantes y a la vez le reclamaba efectivo a él.

Según su relato, este mando de la Guardia Civil resultó ser un agente “corrompido”, que ha precipitado su caída en desgracia porque él, fruto de su trabajo a sus órdenes de esta persona, “sabía demasiado”. Porque, según ha alertado, durante dicha labor, habló “con muchísimos narcotraficantes” y manejó “tanta información sobre guardias o policías”.

Promovidos por la drogodependencia

Los letrados de los otros dos investigados –entre los cuales existía una vinculación familiar dado que eran primos– afirman perseguir la pena “más justa para sus clientes”, alegando que ambos carecían de antecedentes y “colaboraron desde el minuto uno” confesando los hechos y colaborando activamente con los agentes.

También, recalcan la circunstancia atenuante de haber actuado por pura necesidad económica, dado que ambos se encontraban afectados por la drogodependencia.

Dos agentes de la Policía Nacional y un guardia civil se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras haber proporcionado supuestamente información de bases de datos a narcotraficantes.

Los dos principales narcos acusados reconocieron los hechos. Sus defensas negocian un pacto de conformidad con la Fiscalía Antidroga.

Los presuntos narcos compartían un grupo de Whatsapp con los agentes en el que “bromeaban” sobre las intervenciones policiales y les enviaban información sobre matrículas de coches ajenos.

Los dos agentes de la Policía Nacional y el guardia civil desmintieron la acusación y afirmaron que consultaban la base de datos por pura curiosidad. Además, D.C.C, miembro del Instituto Armado actualmente destinado en el Puesto de Ademuz (València), aseguró que es “habitual” que los agentes consulten matrículas a petición de gente que quiere comprar un coche y comprobar que no tiene ningún embargo.

R.M.G., agente de la Policía Nacional del distrito de Marítimo de València, declaró que el puesto de trabajo se encuentra en su lugar de residencia en el que se ha criado, por lo que entraba a las bases de datos para consultas sobre sus allegados o amigos “por capricho”. A pesar de ello, añadió que ha llevado a cabo varias detenciones a algunos conocidos.

El uniformado afirmó que la consulta de bases de datos para asuntos que escapan al ámbito estrictamente profesional “lo hacen todos los policías de toda España”. Los tres agentes contextualizaron las conversaciones de WhatsApp “en plan coña” y “todo risas”.

Los tres miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado manifestaron que J.M, participante del chat de mensajería instantánea, no fue detenido ni llevado a disposición judicial por los envoltorios de cocaína vacíos que halló una patrulla en su coche y coincidieron en sus declaraciones en que los agentes le ordenaron que desechara las bolsas en un contenedor.

La presunta red de narcotráfico, según la acusación pública, blanqueó importante sumas de dinero con billetes de lotería, operaciones inmobiliarias y la adquisición de una licencia de taxi. La Fiscalía antidroga solicita tres años de cárcel además de multa e inhabilitación, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Para el presunto narco Francisco Javier G. M. M. el Ministerio Público pide inicialmente nueve años y nueve meses de prisión por los presuntos delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos privado, mercantil y oficial, conducción sin permiso y blanqueo de capitales. Para el otro acusado solicita cuatro años y medio de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento privado.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron un posible pacto de conformidad con los dos supuestos líderes de la red.

Dos agentes de la Policía Nacional y un guardia civil en prácticas se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía antidroga de tres años de prisión, además de multa e inhabilitación, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber supuestamente proporcionado información sensible de bases de datos restringidas a una red de narcotráfico. Los tres uniformados, además de dos narcos que blanqueaban importantes cantidades de dinero proveniente de su presunta actividad criminal, se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.

La Fiscalía Antidroga, según el escrito de conclusiones provisionales, acusa a Ricardo M. G. M. y a Miguel Ángel M. L., ambos destinados en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Marítimo de València, de acceder ilegalmente a bases de datos de ficheros sobre antecedentes y requisitorias policiales y judiciales para pasar la información solicitada a los dos principales acusados, los presuntos narcos Francisco Javier G. M. M. y José H. F.

Uno de los agentes consultó a petición del acusado Francisco Javier G. M. M. la matrícula de un vehículo policial que había sido detectado por el narco en labores de seguimiento. También accedió a fichas policiales de terceros y a una base de datos sobre denuncias para “advertir” al narco “sobre su persona a nivel policial”. El agente mantenía amistad en Facebook con el acusado y conversaban a través WhatsApp.

El uniformado accedió al fichero 'Personas' y realizó una consulta sobre un individuo al que le constaba una orden de ingreso en prisión dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. “A pesar de lo cual”, agrega el escrito del fiscal antidroga, “con claro incumplimiento de sus obligaciones profesionales, no comunicó dato alguno a sus superiores que pudiera facilitar el cumplimiento de la orden de ingreso en prisión”.

Miguel Ángel M. L., el otro policía acusado, también realizó consultas en el sistema 'Argos' para conocer si sobre el narco pesaba alguna requisitoria grabada. Hasta en cuatro ocasiones, entre 2018 y 2019, el uniformado accedió al fichero 'Personas' para interesarse sobre Onofre G., un conocido narcotraficante y culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. Una consulta que “no tenía justificación alguna dado su puesto de trabajo”, indica el escrito del Ministerio Fiscal. 

El agente también consultó sobre un hombre que arrastraba una orden de detención por parte de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y que resultó ser amigo suyo y suegro de uno de los narcos acusados en la causa. 

Por su parte, Daniel C. C., agente de la Guardia Civil en prácticas en el Puesto Principal de Carlet (València), mantenía amistad con los dos narcos y con uno de los policías acusado. El miembro del Instituto Armado participaba en un chat de mensajería instantánea en el que se le “demandaba información” que únicamente podía obtener en bases policiales. Así, consultó en la aplicación SIGO sobre los dos narcotraficantes y sobre vehículos de la red.

Las consultas, según el Ministerio Público, “no tenían justificación alguna” relacionada con su cometido profesional como agentes policiales. La Unidad de Asuntos Internos llevó a cabo vigilancias, seguimientos (incluyendo la colocación de dispositivos de localización de vehículos), además de intervenciones telefónicas, ante la posible implicación de los uniformados en la presunta red criminal.

Durante la investigación, uno de los narcos entregó un millón de euros a la ciudadana de nacionalidad china Feiliu L. En uno de los vehículos hallados durante los registros, los investigadores hallaron 1,7 millones de euros en diversos fajos almacenados en bolsas termoselladas. También un kilo de cocaína, entre otras drogas, máquinas de contar billetes y una báscula de precisión. 

Blanqueo con lotería y compra de viviendas

A uno de los narcos se le intervinieron cinco DNI y una carta de identidad italiana, todos ellos documentos robados, que usó “torticeramente” para dar de alta líneas telefónicas y tarjetas prepago de Correos.

La red también usó a familiares para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Los investigadores detectaron varias operaciones de blanqueo mediante la adquisición de cinco viviendas (una de ellas en Ibiza), una licencia de taxi y siete décimos de lotería.

La Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión para Francisco Javier G. M. M. por los presuntos delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos privado, mercantil y oficial, conducción sin permiso y blanqueo de capitales. Al otro acusado, José H. F., el Ministerio Público le pide cuatro años y medio de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento privado.

El fiscal también solicita el decomiso y la adjudicación al Estado de los vehículos, las viviendas y los saldos de cuatro cuentas bancarias.

La Fiscalía Antidroga ha solicitado al juez Santiago Pedraz que deduzca testimonio para que un juzgado de Madrid investigue al brigada que aparece en unas grabaciones confesando presuntos delitos en el transcurso de distintas investigaciones. La fiscal Dolores López Salcedo se opuso a que el suboficial de la Guardia Civil declarara como imputado ante en la Audiencia Nacional, pero después de ese testimonio ha solicitado que el caso vaya a un juzgado local por una cuestión de competencia. 

El juez Pedraz interrogó como investigado el pasado septiembre al guardia civil Sergio B., destinado en el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid. El brigada aparece en unas grabaciones asegurando que había colocado balizas ilegales y ordenado interrogar a un detenido sin presencia de un abogado. 

Los letrados de los presuntos narcotraficantes a los que investigaba el brigada en una causa lograron que el juez incorporara las grabaciones, realizadas por una mujer con la que el brigada mantuvo una relación esporádica. Pese al contenido de los audios, la Fiscalía Antidroga se opuso a su imputación, que el juez Pedraz acordó igualmente. 

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el brigada trató de convencer al juez de que estaba fingiendo y que sabía que la mujer era un señuelo de la organización de narcotráfico investigada. La grabación acababa con el guardia civil y la mujer pagando la habitación de un hotel. 

Los abogados de los acusados de narcotraficante solicitaron las diligencias necesarias para constatar que el brigada no se inventaba nada en las grabaciones y que sus afirmaciones tienen reflejo en la realidad. En este sentido, Pedraz acordó solicitar imágenes a la Policía Municipal y a tráfico de uno de los seguimientos con balizas ilegales que la Guardia Civil hizo, para que quede constancia de que el investigado pasaba por los lugares donde el brigada afirmaba. 

A la espera de que esas diligencias sean completadas, la fiscal Antidroga ha informado al juez, a petición de éste, de que los presuntos delitos cometidos por el brigada deben ser investigados en un juzgado de la ciudad de Madrid. Según Antidroga, los delitos presuntamente cometidos por el guardia civil no son competencia de la Audiencia Nacional sino de un juzgado local. En este sentido, añade que debe ser un juzgado de la ciudad de Madrid, al que corresponda por reparto.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal alega que que el resultado de las balizas supuestamente ilegales se incorporó a un juzgado de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, por lo que el delito se habría consumado en esta ciudad. Y lo es con independencia de que su colocación se hubiera “planeado y puesto en funcionamiento en la sede de la oficina del investigado”, ya fuera en Las Rozas, Móstoles o Tres Cantos, ciudades donde la Comandancia de la Guardia Civil tiene sus sedes.

“Mi jefe solo quiere que suene”

En las grabaciones, el brigada atiende una llamada de su jefe, el responsable del Grupo de Delitos Económicos, al que da a entender que el teniente es conocedor de las ilegalidades y está al frente de las mismas. “Mi jefe solo quiere que suene”, se le oye en la grabación, refiriéndose a la repercusión mediática de las operaciones de su grupo. 

De esas investigaciones, la más mediática fue la que consiguió que una jueza de Madrid imputara al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, a sabiendas del riesgo para la población por la expansión de la Covid-19. Los atestados del brigada y su grupo buscaban señalar a miembros del Gobierno, pero resultaron ser un cúmulo de conjeturas, tergiversaciones y bulos con sesgo ideológico. La causa resultó archivada después de un enorme terremoto político en plena crisis pandémica .

El juez Pedraz se centra en las presuntas actividades ilegales de los guardias civiles en relación con el caso que investiga en su juzgado, el de narcotráfico y blanqueo. El brigada y la mujer que le grabó mantuvieron tres encuentros después de hablar durante meses por teléfono. El audio corresponde a la última cita y se produce en distintos escenarios: un restaurante, un coche, la recepción de un hotel… La mujer declaró como testigo y le contó al juez que grabó al guardia civil porque otras veces ha tenido problemas con las mujeres de hombres casados con los que ha mantenido relaciones. 

En un momento de la cita, el brigada recibe una llamada de alguien a quien llama “técnico”, una expresión militar para referirse al grado de teniente, su jefe directo. Este le informa presuntamente de que han detectado la moto de un investigado en un gimnasio de Madrid. Al colgar, el brigada aprovecha para explicarle a la mujer detalles de la investigación pese a que supuestamente sabía que la mujer era una enviada de los narcos. 

También le explica cómo funcionan estos instrumentos de geolocalización, que le envía los posicionamientos a su teléfono móvil. Termina asegurando que las colocan sin autorización judicial y remata: “Yo soy el más ilegal de los ilegales”. La Guardia Civil ha retirado al brigada del grupo investigador y le ha asignado temporalmente un puesto administrativo en la Comandancia de Madrid.