La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

La causa que investiga la presumpta trama d'importació de cocaïna a gran escala al Port de València podria sumar una altra tona de pols blanca. Així ho revela el fiscal antidroga Ismael Teruel en un escrit del passat 9 de juny al qual ha tingut accés elDiario.es.

El representant del Ministeri Fiscal sol·licita al titular de la plaça número 15 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, el magistrat Vicente Ríos, que demane al seu homòleg de la plaça número 9, Miguel Ángel Casañ, que s'inhibisca i que les diligències obertes s'acumulen a les del procediment que investiga la suposada xarxa de l'operació Spider, una macroinvestigació que compta amb desenes i desenes d'imputats del món portuari.

El fiscal aprecia “indicis rellevants de connexitat objectiva i subjectiva” entre ambdós procediments i vincula la trobada d'un carregament de 814 pastilles amb un pes brut aproximat de 936 quilos de cocaïna a la terminal CSP del Port de València el 21 de setembre de 2025 amb la instrucció que dirigeix el jutge Ríos

El carregament, localitzat en un contenidor del buc Contship Zen, guarda una “connexió objectiva” amb sengles carregaments intervinguts el 6 de juny i el 18 de juliol de 2025. En el primer cas, es van confiscar 80 quilos de cocaïna a la terminal CSP, que formaven part d'un carregament molt més gran, segons les sospites policials. I en el segon, es van intervenir 1.160 quilos de cocaïna i es va comptar amb la intervenció secreta de tres agents encoberts de la Secció d'Activitats Especials Policia Nacional.

Mateixa exportadora i coincidència dels logos de la coca

Els investigadors del Grup V de la Unitat de Delinqüència i Crim Organitzat (UDYCO) de València han detectat “elements comuns” entre els tres carregaments: l'empresa exportadora era la mateixa (Marbelize SA, amb seu a la ciutat portuària equatoriana de Guayaquil) i també la modalitat d'introducció de la droga, la del ganxo cec (la tècnica de recuperació de la cocaïna a l'interior del recinte portuari).

D'altra banda, els maons que embolcallaven la droga coincideixen en els seus “logotips o segells” ('Momo', 'Skull', 'King' o '1983'), “fet que reforça indiciàriament l'existència d'una mateixa font de subministrament, un modus operandi idèntic i una mateixa estructura criminal en destinació”, afirma el fiscal.

“La connexió entre ambdós procediments no és únicament objectiva, sinó també subjectiva”, abunda l'escrit del Ministeri Fiscal. I és que la UDYCO, almenys indiciàriament, identifica diversos dels principals suposats narcotraficants detinguts en l'operació Spider com els qui “haurien controlat o gestionat” els tres carregaments.

Es tracta dels presumptes capitostos Iván T. R. i Borja M. R.; dels seus subordinats, Manuel F. M. i Julián L. R., i dels responsables de l'empresa transitària que proporcionaven a la xarxa les vitals ordres de transport, Marcial R. N. i Antonio B. F.

La “mateixa dinàmica criminal organitzada”

L'existència d'investigats comuns o, almenys, d'investigats integrats en la mateixa estructura criminal, així com l'atribució de funcions diferenciades dins d'una organització jerarquitzada, determina la conveniència processal i jurídica que la investigació es desenvolupe de manera unitària“, afirma el fiscal antidroga.

L'escrit considera que el carregament objecte de les diligències en mans del jutge Miguel Ángel Casañ “s'inseriria en la mateixa dinàmica criminal organitzada” que investiga l'instructor Vicente Ríos, “amb coincidència de subjectes rellevants, estructura logística, empresa exportadora, modalitat de contaminació, àmbit portuari, finalitat delictiva i mecanismes de recuperació de la droga”.

El fiscal també recorda que, segons les regles de competència judicial establides en la Llei d'Enjudiciament Criminal, es prioritza l'òrgan que investiga l'organització criminal “en el seu conjunt”, en aquest cas la plaça número 15 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València.

Acumular per a “garantir una investigació completa”

Una investigació “separada”, adverteix el fiscal, “podria provocar una fragmentació artificial de la causa, amb el risc de duplicar diligències, perdre una visió global sobre l'organització criminal, dictar resolucions contradictòries i afectar l'adequada delimitació de la responsabilitat de cada investigat”.

Per contra, l'acumulació de les diligències “permetria preservar la continència de la causa i garantir una investigació completa, ordenada i coherent de l'organització criminal presumptament dedicada a la introducció i extracció de grans quantitats de cocaïna a través del Port de València”, conclou.

La causa que investiga la presunta trama de importación de cocaína a gran escala en el Puerto de València podría sumar otra tonelada más de polvo blanco. Así lo revela el fiscal antidroga Ismael Teruel en un escrito del pasado 9 de junio al que ha tenido acceso elDiario.es.

El representante del Ministerio Público solicita al titular de la Plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, el magistrado Vicente Ríos, que pida a su homólogo de la Plaza 9, Miguel Ángel Casañ, que se inhiba y que las diligencias abiertas se acumulen en las del procedimiento que investiga la supuesta red de la 'operación Spider', una macroinvestigación que cuenta con decenas y decenas de imputados del mundo portuario.

El fiscal ve “indicios relevantes de conexidad objetiva y subjetiva” entre ambos procedimientos y vincula el hallazgo de un alijo de 814 pastillas con un peso bruto aproximado de 936 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 21 de septiembre de 2025 con la instrucción del juez Ríos.

El cargamento, localizado en un contenedor del buque Contship Zen, guarda una “conexión objetiva” con sendos alijos intervenidos el 6 de junio y el 18 de julio de 2025. En el primero, se incautaron 80 kilos de cocaína en la terminal CSP, que formaban parte de un alijo mucho mayor, según las sospechas policiales. Y en el segundo, la aprehensión se disparó hasta los 1.160 kilos de coca y contó con la intervención secreta de tres agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales Policía Nacional.

Misma exportadora y coincidencia de los logos de la coca

Los investigadores del Grupo V de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de València han detectado “elementos comunes” entre los tres alijos: la empresa exportadora fue la misma (Marbelize SA, con sede en la ciudad portuaria ecuatoriana de Guayaquil) y la modalidad de introducción de la droga también, la del gancho ciego (la técnica de la recuperación de la cocaína en el interior del recinto portuario).

Por otro lado, los ladrillos que envolvían la droga coinciden en sus “logos o sellos” ('Momo', Skull', 'King' o '1983'), “lo que refuerza indiciariamente la existencia de una misma fuente de suministro, idéntico modus operandi y una misma estructura criminal en destino”, afirma el fiscal.

“La conexión entre ambos procedimientos no es únicamente objetiva, sino también subjetiva”, abunda el escrito del Ministerio Público. Y es que la UDYCO, al menos indiciariamente, identifica a varios de los principales supuestos narcos detenidos en la 'operación Spider' como los que “habrían controlado o gestionado” los tres alijos.

Se trata de los presuntos capos, Iván T. R. y Borja M. R.; sus subordinados, Manuel F. M. y Julián L. R., y los responsables de la empresa transitaria que proporcionaban a la red las vitales órdenes de transporte, Marcial R. N. y Antonio B. F.

La “misma dinámica criminal organizada”

“La existencia de investigados comunes o, al menos, de investigados integrados en la misma estructura criminal, así como la atribución de funciones diferenciadas dentro de una organización jerarquizada, determina la conveniencia procesal y jurídica de que la investigación se desarrolle de forma unitaria”, afirma el fiscal antidroga.

El escrito considera que el alijo de las diligencias en manos del juez Miguel Ángel Casañ “se insertaría en la misma dinámica criminal organizada” que investiga el instructor Vicente Ríos, “con coincidencia de sujetos relevantes, estructura logística, empresa exportadora, modalidad de contaminación, ámbito portuario, finalidad delictiva y mecanismos de recuperación de la droga”.

El fiscal también recuerda que, según las reglas de competencia judicial establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se prioriza al órgano que investiga a la organización criminal “en su conjunto”, en este caso la Plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

Acumular para “garantizar una investigación completa”

Una investigación “separada”, advierte el fiscal, “podría provocar una fragmentación artificial de la causa, con riesgo de duplicidad de diligencias, pérdida de visión global sobre la organización criminal, resoluciones contradictorias y afectación a la adecuada delimitación de la responsabilidad de cada investigado”.

Por el contrario, la acumulación de las diligencias “permitiría preservar la continencia de la causa y garantizar una investigación completa, ordenada y coherente de la organización criminal presuntamente dedicada a la introducción y extracción de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Valencia”, concluye.

El fiscal antidroga apunta a un “entramado estructurado y consciente”, en el marco de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València, “destinado a facilitar la comisión de delitos de tráfico de drogas, mediante la utilización instrumental de sociedades mercantiles”. Así figura en un auto del juez instructor, al que ha tenido acceso elDiario.es, que desestima el recurso de la representación jurídica de la empresa Castellón Renting SL contra la resolución que ordenó el decomiso cautelar y el uso policial de un Audi modelo Q8 y de un camión Man, además de un semirremolque marca Kassboher. El fiscal vincula el camión con la extracción de un alijo de 1.160 kilos de cocaína en el Puerto.

El representante del Ministerio Fiscal detalla los indicios de la “intervención directa” del investigado Julio E. G. en la “puesta a disposición de vehículos para la organización criminal” y recuerda la “entrega de importantes cantidades de dinero (40.000 euros) realizada en las propias instalaciones de la empresa, sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”.

La acusación pública cuenta con un elemento fundamental para apuntalar los indicios: el papel de los agentes encubiertos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, especialmente de dos: identificados con el nombre en código de Orca y Rande).

El investigado Julio E. G. hizo ante uno de los infiltrados policiales una “expresa manifestación” de que los contratos de arrendamiento, subordinados a la entrega previa del efectivo, “se configuran para evitar el decomiso de los vehículos en caso de intervención policial”, tal como acaeció a la postre con la 'operación Spider'.

El fiscal considera que no se trataba precisamente de una “actividad mercantil ordinaria” sino de una “operativa para ocultar la verdadera naturaleza de la transacción” de cara a “desvincular formalmente los bienes de su utilización delictiva”.

“En consecuencia”, apostilla, “no se trata de meras conjeturas, sino de una vinculación directa, concreta y acreditada entre los bienes intervenidos y la actividad delictiva investigada, sustentada en elementos objetivos obtenidos mediante actividad encubierta”.

Una empresa integrada en la “operativa delictiva”

Por otro lado, la empresa alegaba la “adquisición lícita” y el “uso ajeno a los hechos investigados” del Audi modelo Q8, uno de los numerosos vehículos de alta gama intervenidos a la presunta red.

Por el contrario, el fiscal antidroga sostiene que, según se desprende de la investigación, el vehículo fue usado “de forma directa y habitual” por parte del investigado Julio E. G.

La mercantil Castellón Renting SL “no puede ser considerada un tercero de buena fe, sino que aparece como un instrumento funcional integrado en la operativa delictiva, utilizado para facilitar la disponibilidad de medios materiales para la organización criminal y evitar la trazabilidad y eventual decomiso de los bienes”.

El fiscal concluye que resulta “plenamente justificada” el decomiso y la autorización del uso policial de los vehículos intervenidos. El juez instructor, Vicente Ríos, “no tiene nada más que añadir” a las alegaciones del Ministerio Fiscal y acuerda la desestimación del recurso, confirmando así la medida.

El fiscal antidroga apunta a un “entramat estructurat i conscient”, en el marc de la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València, “destinat a facilitar la comissió de delictes de tràfic de drogues, mitjançant la utilització instrumental de societats mercantils”. Així figura en una interlocutòria del jutge instructor, a què ha tingut accés elDiario.es, que desestima el recurs de la representació jurídica de l’empresa Castellón Renting SL contra la resolució que va ordenar el decomís cautelar i l’ús policial d’un Audi model Q8 i d’un camió Man, a més d’un semiremolc marca Kassboher. El fiscal vincula el camió amb l’extracció d’una partida de 1.160 quilos de cocaïna en el port.  

El representant del ministeri fiscal detalla els indicis de la “intervenció directa” de l’investigat Julio E. G. en la “posada a la disposició de vehicles per a l’organització criminal” i recorda el “lliurament de quantitats importants de diners (40.000 euros) feta en les mateixes instal·lacions de l’empresa, sense emissió de cap justificant ni suport documental que empare l’operació”.

L’acusació pública té un element fonamental per a apuntalar els indicis: el paper dels agents encoberts de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, especialment de dos: identificats amb el nom en codi d’Orca i Rande). 

L’investigat Julio E. G. va fer davant un dels infiltrats policials una “manifestació expressa” que els contractes d’arrendament, subordinats al lliurament previ de l’efectiu, “es configuren per a evitar el decomís dels vehicles en cas d’intervenció policial”, tal com va passar fet i fet amb l’operació Spider. 

El fiscal considera que no es tractava precisament d’una “activitat mercantil ordinària”, sinó d’una “operativa per a ocultar la veritable naturalesa de la transacció” amb vista a “desvincular formalment els béns de la seua utilització delictiva”.

“En conseqüència”, postil·la, “no es tracta de meres conjectures, sinó d’una vinculació directa, concreta i acreditada entre els béns intervinguts i l’activitat delictiva investigada, sustentada en elements objectius obtinguts mitjançant activitat encoberta”.

Una empresa integrada en l’“operativa delictiva”

D’altra banda, l’empresa al·legava l’“adquisició lícita” i l’“ús alié als fets investigats” de l’Audi model Q8, un dels nombrosos vehicles d’alta gamma intervinguts a la presumpta xarxa. 

Per contra, el fiscal antidroga sosté que, segons es desprén de la investigació, el vehicle es va usar “de manera directa i habitual” per part de l’investigat Julio E. G. 

La mercantil Castellón Renting SL “no pot considerar-se un tercer de bona fe, sinó que apareix com un instrument funcional integrat en l’operativa delictiva, utilitzat per a facilitar la disponibilitat de mitjans materials per a l’organització criminal i evitar la traçabilitat i l’eventual decomís dels béns”.

El fiscal conclou que resulta “plenament justificat” el decomís i l’autorització de l’ús policial dels vehicles intervinguts. El jutge instructor, Vicente Ríos, “no té res més a afegir” a les al·legacions del ministeri fiscal i acorda la desestimació del recurs, confirmant així la mesura.

El jutge que instrueix la causa contra la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València insisteix que va haver-hi “corrupció” en l’accés a l’ús de l’estiba. L’instructor, en una interlocutòria del 17 d’abril passat a què ha tingut accés elDiario.es, recorda que en les comunicacions interceptades a la presumpta xarxa “s’observa com els investigats, per formar part del sindicat majoritari del port i utilitzar aquest càrrec per a introduir en l’estiba amb pagament previ membres de l’organització, es vanen d’utilitzar aquests guanys per a comprar roba de marques cares i fins i tot l’adquisició de vehicles”. 

En una de les escoltes policials, els investigats, després d’intentar que accedira a una de les cobejades ocupacions el nebot del presumpte narco Onofre G. R., “busquen obtindre beneficis que permeten l’adquisició d’un vehicle marca Lamborghini”, recorda el magistrat. A més, la resolució indica que continuen les perquisicions “referents als delictes detectats en relació amb la corrupció en el si del port de València”.

La interlocutòria al·ludeix a la pretesa “implicació” d’Óscar M., expresident del comité d’empresa de l’estiba, en diversos presumptes delictes en l’àmbit del port de València, “pel fet de ser peça imprescindible per a facilitar l’accés a l’ocupació portuària a diferents individus d’interés” per a Iván T. R. (un dels principals investigats en el procediment), “a través de la seua posició privilegiada com a membre del sindicat Coordinadora”.

La defensa d’Óscar M. va recórrer contra la interlocutòria que va acordar, provisionalment, l’ús policial de dos vehicles propietat seua intervinguts en el marc de l’operació Spider, un Range Rover i una motocicleta BMW. L’exlíder del sindicat Coordinadora, afirma el jutge, “adquireix, transforma i utilitza” els guanys “obtinguts pels delictes investigats”.

L’instructor, que ha desestimat el recurs en sintonia amb la postura del fiscal antidroga, argüeix els “nombrosos indicis” de la participació d’Óscar M. en la presumpta corrupció portuària, “beneficiant-se i augmentant el seu patrimoni amb compres de béns que en tot o en part provenen de l’obtenció de pagaments per facilitar l’accés a l’estiba de membres de l’organització criminal”, indica la interlocutòria.

D’altra banda, la parella d’un altre dels pretesos capos, Ramón B. P., també va recórrer contra la decisió d’atorgar l’ús policial a dos vehicles marca Audi a nom seu. La interlocutòria recorda a la dona, que figura com a investigada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, que les vigilàncies policials van detectar que Ramón B. P. conduïa un dels dos Audi. 

L’altre vehicle estava assegurat a nom del mateix investigat (que figurava com a “conductor habitual”). La pòlissa es pagava des d’un compte a nom seu. “És per això que la possessió i l’ús ha sigut acreditat a la persona de” Ramón B. P.

El juez que instruye la causa contra la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València insiste en que hubo “corrupción” en el acceso al empleo de la estiba. El instructor, en un auto del pasado 17 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que en las comunicaciones interceptadas a la presunta red “se observa como los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario del puerto y utilizar ese cargo para introducir en la estiba previo pago a miembros de la organización, se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos”.

En una de las escuchas policiales, los investigados, después de intentar que accediera a uno de los codiciados empleos el sobrino del presunto narco Onofre G. R., “buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini”, recuerda el magistrado. Además, la resolución indica que continúan las pesquisas “referentes a los delitos detectados en relación con la corrupción en el seno del Puerto de Valencia”.

El auto alude a la supuesta “implicación” de Óscar M., expresidente del Comité de Empresa de la estiba, en varios presuntos delitos en el ámbito del Puerto de València, “al ser pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés” para Iván T. R. (uno de los principales investigados en el procedimiento), “a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora”.

La defensa de Óscar M. recurrió el auto que acordó, provisionalmente, el uso policial de dos vehículos de su propiedad intervenidos en el marco de la 'operación Spider', un Range Rover y una motocicleta BMW. El exlíder del sindicato Coordinadora, afirma el juez, “adquiere, transforma y utiliza” las ganancias “obtenidas por los delitos investigados”.

El instructor, que ha desestimado el recurso en sintonía con la postura del fiscal antidroga, arguye los “numerosos indicios” de la participación de Óscar M. en la presunta corrupción portuaria, “beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal”, indica el auto.

Por otro lado, la pareja de otro de los supuestos capos, Ramón B. P., también recurrió la decisión de otorgar el uso policial a dos vehículos marca Audi a su nombre. El auto recuerda a la mujer, que figura como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las vigilancias policiales detectaron que Ramón B. P. conducía uno de los dos Audi.

El otro vehículo estaba asegurado a nombre del mismo investigado (que figuraba como “conductor habitual”). La póliza se pagaba desde una cuenta a su nombre. “Es por lo que su posesión y uso ha sido acreditado a la persona de” Ramón B. P.

La 'operación Spider', que supuso el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de València y la incautación de un total de 3,5 toneladas de cocaína, llevó al “colapso” de la transitaria usada por la red. Así consta en un escrito de la representación jurídica de la empresa Lematrans que figura en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, remitido poco después de las detenciones al Juzgado de Instrucción número 15 de València, que había ordenado el bloqueo de sus cuentas. El abogado lamentaba que la medida estaba causando a la empresa, filial de Noatum, un “perjuicio mayúsculo” que ocasionó, además, el “colapso de la compañía y la paralización de toda su operativa”.

Las pesquisas secretas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional detectaron que la presunta red de narcos conseguía las preciadas órdenes de transporte, necesarias para el éxito de sus operaciones de importación de cocaína mediante la técnica del gancho dirigido, de la firma Lematrans Castellón SA.

Gracias a la infiltración de los agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional, los investigadores pudieron acreditar el papel “muy marcado”, según un auto del juez instructor, Vicente Ríos, de dos personajes clave para la presunta trama: el gerente y director de operaciones de la empresa, Marcial R. N. y otro responsable de la mercantil, Toni B. F.

La Udyco considera que ambos ostentaban un “papel primordial para los fines ilícitos de la organización criminal”, al conseguir las órdenes de transporte que permitían al camionero acceder a la terminal portuaria y al contendor “preñado”, previamente ubicado por un clasificador o gruista del Puerto.

La instrucción vincula directamente a los dos responsables de la transitaria con la intervención de más de una tonelada de cocaína, el pasado 18 de julio, en la terminal CSP del Puerto de València. “Ambos actúan en total y plena connivencia para que los actos ilícitos y planes de la organización lleguen a buen fin y la sociedad no muestre fisuras por ninguna parte”, afirma el juez.

El gerente tomaba las “decisiones más importantes”

Las escuchas telefónicas previas a la intervención de la tonelada de cocaína permitieron a los investigadores concluir que Marcial R. N. se posicionaba “un escalón por encima” de Toni B. F. “en las decisiones más importantes”. El segundo era el “ejecutor” de las pautas del primero.

“Siempre” que Marcial R. N. acudía a la oficina de la empresa en el Club Náutico de València era para tratar “asuntos que no desea hablar por teléfono con Toni”, según una de las resoluciones que constan en el sumario.

El juez Ríos destaca la importancia de la transitaria en la presunta trama de narcotráfico: “Las órdenes de transporte son la llave imprescindible para que las organizaciones criminales, a través de los camiones, camioneros y rescatadores, puedan acceder a las terminales del Puerto Autónomo de València para sacar la droga oculta de forma parasitaria en el interior de contenedores marítimos. Con ellas en su poder, los equipos de extracción pueden entrar y salir fácilmente del puerto sin levantar ninguna sospecha”.

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación la organización ultra Hazteoir contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con una supuesta vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.

En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Pese a ello, Piña no archivó de plano la querella y dio traslado a la Fiscalía para que informase.

El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal. Añade que en el texto de la querella “no se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales”. Por ello, concluye que procede inadmitir la querella al carecer de relevancia típica los hechos denunciados.

En el informe de Antidroga requerido por el juez, el fiscal especialista concluía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirmaba el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El escrito de Antidroga añadía: “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoir dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le bastaba para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Ninguna de las defensas de los 14 acusados por presuntos delitos vinculados al narcotráfico en el Puerto de Valencia cuestionaba que la noche del 25 de agosto de 2020 fueron halladas 117 pastillas de cocaína en un contenedor de la calle 4 de la terminal de la entidad APM. Se centraron en atacar la principal prueba: los chats de la aplicación encriptada SKY ECC, desvirtuados con éxito por la estrategia de defensa de los presuntos narcos que se sentaban, el pasado mes de noviembre, en el banquillo ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, afirma: “En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

La sentencia, que no es firme, sostiene que la “no disponibilidad” por parte de las defensas de los “datos en bruto” manejados por las autoridades policiales europeas tras el desencriptado de la aplicación SKY ECC, y entregados a los investigadores españoles “para que pudieran ser examinados y, en su caso, utilizados por las defensas determina que la prueba digital aportada en su contra carezca de aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados”.

El tribunal cuestiona de plano aspectos muy relevantes de la investigación de la Guardia Civil del Puerto de València, de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera. La sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no ha quedado acreditado suficientemente” que los acusados tuvieran relación con la cocaína hallada en el contenedor FCIU7443572, situado en la calle 04, pila 82, posición 4B en segunda altura. Tampoco de que formaran un “entramado organizado con la finalidad de introducir y rescatar grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de València”.

Los agentes encargados de las pesquisas basaron sus pesquisas, después del hallazgo del contenedor y mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), en los mensajes encriptados que acreditaban la vinculación de los presuntos narcos acusados con cargamentos en el Puerto que habrían sumado 1.650 kilos de cocaína.

Por su parte, las defensas (que ejercen los penalistas Patricia Cogollos, Miguel Ferrer, Julio Sánchez Martínez, Miguel Ángel Vilata, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda Crespo y Francisco Vicente) impugnaron “desde todos los ángulos imaginables” —y, finalmente, con éxito— la validez de los datos del SKY ECC, “la prueba de cargo fundamental y determinante utilizada por la acusación en esta causa”, según señala la sentencia.

Dos memorias USB sin firma digital

Los investigadores obtuvieron de las autoridades francesas, mediante la OEI, un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido. Agentes antidroga del Instituto Armado descargaron el archivo en sendas memorias USB para ellos y para el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, encargado de las diligencias.

Las defensas alegaron que la descarga de los archivos se hizo sin asegurar su integridad y autenticidad con una firma digital o, al menos, dejando constancia de su valor HASH (el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático, clave en otras causas con pruebas complejas, como el caso Taula, por ejemplo).

Los dos agentes de la Guardia Civil que descargaron los archivos reconocieron en el juicio oral que “no adoptaron esas precauciones”, aunque aseguraron que la memoria USB entregada al juzgado contenía todo el material proporcionado por las autoridades francesas y que no había diferencias en el contenido de ambos 'pen drives'.

El tribunal, por el contrario, se escuda en el rechazo por parte del Tribunal Supremo (TS) de la presunción de la ilegalidad en la actuación policial sin una mínima base y concluye que las defensas no han aportado ninguna prueba de que los archivos fueran manipulados.

Una sentencia del TS por una causa relativa a conversaciones interceptadas en una aplicación encriptada similar a SKY ECC (denominada EncroChat) aceptó como lícita la entrega de los datos con un mero disco duro obtenido por un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo trasportó a dependencias policiales en España, donde se obtuvo una copia forense para su posterior análisis.

“No se estimó necesaria para garantizar la autenticidad de la prueba que interviniera un Letrado de la Administración de Justicia en la descarga de los datos ni otras actuaciones similares”, recuerda la Audiencia de Valencia, que tampoco ve “discrepancias” entre el contenido de las dos memorias USB.

“Es evidente”, afirma la sentencia, “que la existencia de una firma digital en los archivos transmitidos o la constancia de su valor HASH hubiera supuesto una mayor garantía de integridad y autenticidad de los datos, pero esa mayor garantía (que indudablemente hubiera sido deseable) no determina necesariamente la nulidad de la prueba, pues no se ha obtenido con violación de derechos fundamentales, ni impide que pudiera valorarse como suficiente garantía de fiabilidad de la misma la información escrita de los agentes policiales franceses y la declaración de los agentes policiales españoles acerca de la inexistencia de manipulación alguna en los archivos transmitidos y recibidos”.

La desencriptación de SKY ECC, “secreto de Estado” en Francia

Las defensas criticaron que no se les facilitara información sobre el método usado para la interceptación de las comunicaciones de SKY ECC o la “identificación” del spyware (software malicioso) utilizado. La sentencia se limita a señalar que, según la jurisprudencia del TS, “no existe un derecho a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de la investigación policial”. Además, también recuerda que las operaciones técnicas que propiciaron la desencriptación de SKY ECC fueron declaradas “secreto de Estado” por Francia.

La defensa del principal acusado contrató un informe pericial de Emilio Hellín Moro (conocido actualmente como Luis Enrique Hellín Moro tras haberse cambiado el nombre en el Registro Civil), condenado en 1982 a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de la estudiante socialista Yolanda González, de 19 años.

El peritaje del ultra detectó dos formatos diferentes para las comunicaciones cifradas y para las que, una vez descifradas, obtuvieron las autoridades policiales españolas. Los investigadores, con la OEI, accedieron a archivos en formato Excel acompañados de archivos multimedia, que “eran el resultado del análisis y filtrado de la información interceptada llevada a cabo por las autoridades policiales francesas”, indica la sentencia, en la línea defendida por la pericial.

El eje del juicio a los 14 acusados fue precisamente la información del SKY ECC, que apuntalaba la implicación en la trama de los presuntos narcos. Sin embargo, la sentencia destaca que, en este caso, la prueba digital utilizada contra los acusados era el “resultado del filtrado para estos hechos concretos que se hizo por la policía judicial española del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

“No puede desconocerse que, como señalaron los peritos de la defensa de Fernando M. S. y reconocieron los agentes del EDOA en el juicio oral, las evidencias digitales remitidas desde Francia carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH, como también sufrían de estas carencias las evidencias una vez descargadas por los agentes [de la Guardia Civil]”, agrega el tribunal.

Así, la principal prueba de que dependía toda la acusación “carecía de los únicos elementos aptos para garantizar por sí mismos la integridad y autenticidad de una evidencia digital”. Es más, esa evidencia digital constituía la “única” prueba de cargo acreditativa de la intervención de la mayor parte de los acusados, apostilla la sentencia.  

Una herramienta para el narcotráfico y los ajustes de cuentas

El cuestionamiento del uso de los datos desencriptados de SKY ECC puede afectar a otras causas similares. Todo se remonta, según una sentencia de la Audiencia Nacional extensamente detallada por el tribunal, a una investigación abierta en 2016 en los Países Bajos y Bélgica a la empresa canadiense SKY ECC, a raíz de un caso de tráfico de drogas en el Puerto de Amberes en el que se incautaron teléfonos con la aplicación encriptada. La Policía Judicial de Amberes detectó a numerosas organizaciones criminales que usaban la aplicación SKY ECC, con un millar de números de teléfono en toda Bélgica.

La firma, que ofrecía un producto ideal para organizaciones delincuenciales, no colaboraba con las autoridades belgas, por lo que los investigadores se hicieron con la aplicación, tras haberse citado (en una “cafetería de mala muerte”) con un distribuidor del producto, que solo aceptaba dinero en efectivo y, dada la naturaleza del negocio, no hacía factura ni solicitaba una identificación del comprador.

Así pudieron determinar que el servidor que alojaba las comunicaciones estaba localizado en Roubaix (Francia). Los investigadores analizaron la arquitectura de los servidores alojados en el Hexágono y hallaron casi 9.000 mensajes de usuarios franceses entre 2016 y mediados de 2017, principalmente centrados en tráfico de cocaína y cánnabis y en ajustes de cuentas entre narcos, que dialogaban con franqueza mediante la herramienta, al pensar que la encriptación era infranqueable.

Las investigaciones de Europol y de Estados Unidos

Las autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos, coordinadas bajo el paraguas de Europol, contaban con otra vía: los Estados Unidos habían abierto una investigación con el objetivo de detener a los directivos de la empresa canadiense. Las autoridades estadounidenses y las neerlandesas llegaron a un “acuerdo tácito” para que las investigaciones europeas pudieran proseguir a la espera de una detención posterior de los empresarios, que ofrecían la “confidencialidad” como “principal argumento de venta”.

Los investigadores franceses obtuvieron “información operativa y técnica” sobre el funcionamiento de los servidores de SKY ECC, su forma de distribución y la “arquitectura general de la infraestructura técnica”. Tras interceptar las claves de cifrado, habían logrado desencriptar 9.000 mensajes en francés enviados o recibidos por usuarios de los terminales, teóricamente seguros.

Los investigadores neerlandeses incluso desarrollaron una técnica capaz de obtener elementos criptográficos almacenados en cada terminal, mediante la instalación de un servidor denominado Man In The Middle, una suerte de pantalla invisible con la función de recibir todo el tráfico de los terminales y transmitirlo a los teléfonos. Era el único medio de obtener los mensajes individuales de los usuarios de SKY ECC y conocer los vínculos con las organizaciones criminales “más importantes”. 

Las autoridades francesas, holandesas y belgas canalizaron a través de Europol el análisis, difusión e intercambio de inteligencia y colaboración sobre SKY ECC con un grupo de Estados, entre ellos España. Los investigadores policiales españoles obtuvieron “paquetes de inteligencia” sobre los principales grupos y organizaciones criminales detectadas, además de datos de verificación cruzada, a solicitud de los cuerpos de seguridad de los países miembros.

“Serias y muy razonables dudas” con los vídeos de los camioneros

En el caso de la coca del Puerto de Valencia, la petición del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, mediante una OEI, no determinaba en sí una nulidad de la causa o un incumplimiento de la normativa de protección de datos, como plantearon algunas defensas. Se recabó, recuerda la sentencia, información sobre unos “usuarios determinados” con la finalidad de investigar delitos graves, y además con las pertinentes autorizaciones judiciales.

El tribunal reconoce alguna “irregularidad procesal” por parte del juzgado instructor, que “carece de relevancia” y no causó indefensión a las partes.

Por el contrario, la sentencia cuestiona de plano otra prueba clave para la acusación contra los cinco camioneros que supuestamente participaron en la extracción de la droga. La sección tercera de la Audiencia de Valencia reconoce las “serias y muy razonables dudas” planteadas por las defensas de los acusados en relación con los informes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.

La entidad APM, en cuyas instalaciones del Puerto de Valencia fue hallada la droga, aseguró a Vigilancia Aduanera que “no había ninguna cámara” en las calles donde apareció la coca, por lo que facilitó las imágenes de las cámaras del vial principal por el que se accedía al punto concreto de interés para los investigadores, del que solo disponía vídeos entre las 16.59 del 25 de agosto de 2020 y las 02.00 del día siguiente.

Las imágenes de los archivos de la Guardia Civil

Ese intervalo horario fue el único analizado por el funcionario de Vigilancia Aduanera, que no detectó “maniobras sospechosas” ni identificó a los responsables de llevarse la cocaína. “Sorprendentemente”, según afirma la sentencia, un informe posterior de la Guardia Civil analizó imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas entre el 24 y el 25 de agosto. Este segundo informe sí que halló “entradas sospechosas” en la terminal portuaria, todas anteriores a las horas analizadas por Vigilancia Aduanera.

El uniformado que analizó los vídeos declaró en el juicio que se trataba de “imágenes guardadas en los archivos de la Guardia Civil”, que el Instituto Armado había pedido a la empresa APM “por protocolo cuando sucede un hecho de estas características”.

“Las dudas expuestas por las defensas sobre la fiabilidad de este segundo informe derivadas de las dudas sobre el origen de las imágenes analizadas son razonables”, afirma la Audiencia de Valencia, que cuestiona la cadena de custodia y recuerda que ni Vigilancia Aduanera ni la Guardia Civil aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las que obtuvieron los fotogramas incluidos en sus respectivos informes.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que no admita la querella que HazteOír presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, informan fuentes jurídicas. “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”, recoge el escrito que firma el fiscal Francisco Javier Redondo López.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirma el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El pasado 8 de enero, el juez Antonio Piña firmó un auto en el que acordó preguntar a la Fiscalía si es competente para investigar al expresidente. Según HazteOír, el tribunal especial sería competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, los habría perpetrado “en el extranjero”.

Antidroga se detiene en las características de la querella de los ultras. “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoír dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le basta para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Tampoco se explica “mínimamente” el papel de Zapatero en el Cartel de los Soles, ni los hechos cometidos. Los cargamentos de droga que recoge el documento judicial estadounidense ni siquiera se dirigían a España ni a ningún país europeo. “No se puede iniciar una causa penal por afirmaciones vagas en informacioners periodisticas”, afirma el fiscal Antidroga.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de hasta 14 años de prisión para cinco personas acusadas de introducir en España un alijo de 600 kilos de cocaína que fue intervenido en una nave industrial de Siero en octubre de 2022. El juicio comenzará este jueves, 8 de enero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, y se prolongará previsiblemente hasta principios de febrero.

La causa tiene su origen en una operación internacional contra el narcotráfico en la que participaron la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central, con la intervención de varios agentes encubiertos.

Desde Colombia

Según el escrito de acusación, en febrero de 2022 las autoridades estadounidenses identificaron a uno de los procesados como jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde Colombia. A través de una operación encubierta, un agente logró infiltrarse en la red, que solicitó ayuda para transportar hasta dos toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta España.

En septiembre de ese año, la organización colombiana entregó 67 fardos con un total de 1.340 paquetes de cocaína a agentes infiltrados a bordo de un barco en aguas internacionales próximas al Caribe. Tras ser trasladada a Puerto Rico y confirmarse su contenido, parte de la droga fue enviada a España en un vuelo comercial, dentro de una operación de entrega controlada autorizada judicialmente.

Una nave en Siero

Finalmente, 600 kilos de cocaína llegaron a territorio español y permanecieron bajo custodia policial hasta que los acusados intentaron hacerse con el alijo. La Fiscalía sostiene que los procesados actuaban de forma jerárquica y estable, con funciones claramente repartidas entre los responsables de la organización en Colombia y los encargados de la logística y la recogida de la droga en España.

La entrega se concertó en una nave situada en la carretera de Viella-La Estación, en el concejo de Siero. El 28 de octubre de 2022, tres de los acusados acudieron al lugar —dos de ellos en una autocaravana alquilada— y fueron detenidos cuando cargaban la cocaína.

Además de la droga, los agentes intervinieron un importante arsenal de guerra, que incluía fusiles de asalto, un subfusil, un lanzacohetes con proyectil, una granada militar, silenciadores, abundante munición, chalecos antibalas, sprays de defensa, pistolas táser y diverso material policial, así como 92.000 euros en efectivo presuntamente procedentes del tráfico de drogas. El valor del alijo intervenido, según la Fiscalía, habría alcanzado más de 145 millones de euros en el mercado ilícito si se hubiera distribuido por dosis.

Prisión preventiva

Cuatro de los cinco acusados permanecen en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2022. La quinta procesada estuvo encarcelada hasta julio de 2023. El Ministerio Fiscal les imputa delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal y delitos relacionados con el depósito y la tenencia ilícita de armas de guerra.

Las penas solicitadas oscilan entre 7 y 14 años de prisión, además de multas millonarias, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de tenencia y porte de armas.

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.

La investigación de las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un giro. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que devuelva la condición de imputado a un policía antidroga que buscó a Pablo Iglesias en bases de datos reservadas con la excusa de que un compañero de la dirección de Podemos, Miguel Urbán, estaba supuestamente inmerso en unas pesquisas por presunto tráfico de cocaína. 

La diligencias de Antidroga contra Urbán había sido abierta a partir del disparatado testimonio de un confidente, colaborador de un comisario de la brigada política del PP. El policía imputado intentó argumentar en su declaración judicial que rastreó a Pablo Iglesias porque siempre se hace con el entorno de los investigados, en este caso Urbán. El fiscal le planteó si hubiera actuado igual de tratarse de Mariano Rajoy, pero Pedraz consideró improcedente la pregunta y la cortó. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el policía. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior a Pedraz consideran “de indudable relevancia” que se esclarezca si el policía, además de a Pablo Iglesias, indagó en otras personas de su entorno “carentes de vinculación política, como las pertenecientes a su familia o a su círculo de amistades”. Los magistrados tratan de determinar si el argumento del policía antidroga de que siempre se rastrea el entorno de los investigados es auténtico o una excusa para perseguir al entonces líder de Podemos y diputado del Congreso.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal incluye otro relevante impulso a la investigación. Los jueces de la instancia superior ordenan a Pedraz que incorpore a su causa por la guerra sucia a Podemos todo el expediente de la Fiscalía Antidroga sobre la investigación a Urbán. En él aparece incluido el relato del confidente y cómo este llegó a la Fiscalía de la mano de José Luis Olivera, comisario procesado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y uno de los policías más importantes de la época. 

El confidente, un camarero del pub Nueva Visión –en el barrio madrileño de Malasaña–, afirmó ante la Policía y el fiscal que Urbán vendió ante él 40 kilos de cocaína a un tercero, que dijo allí mismo que la droga procedía de Venezuela, que lo hacía para financiar a Podemos y que, antes de marcharse con más de un millón de euros en el bolsillo, invitó a droga y a bebida a todos los presentes. El confidente, que aparece identificado en los documentos que ahora se incorporan a la causa judicial, también aseguró que había visto en varias ocasiones a Urbán trapichear con droga en las esquinas de Malasaña mientras era eurodiputado. 

A partir de ese relato, el comisario Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir una investigación a Urbán, en realidad un pretexto para acceder a las cuentas de Podemos. En los trabajos se implicó la unidad especializada en Delitos Económicos, UDEF, y la que lleva asuntos de droga a gran escala, Udyco. Incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) examinó al detalle las cuentas de Urbán.  

A los tres meses, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio y archivó las actuaciones. En Podemos creen que las pesquisas no se filtraron, como ocurrió con otras investigaciones parapoliciales al partido, porque no alcanzaron el objetivo de alcanzar las cuentas de Podemos. Las maniobras tuvieron lugar entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, mientras existía la expectativa de que Podemos sobrepasara al PSOE y que se diera un acuerdo de Gobierno progresista.  

La causa de la guerra sucia a Podemos

A partir de las revelaciones del montaje policial por elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa de Pedraz por la guerra sucia a Podemos, pero el juez lo rechazó alegando que se trataba de hechos distintos. El Juzgado de Pedraz indaga en las maniobras ilegales de la Policía contra los diputados de Podemos en tiempos de Mariano Rajoy a partir de una querella presentada por los abogados de la formación. 

Urbán optó por explorar una segunda vía. El fundador de Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional, pero tampoco prosperó. La jueza María Tardón rechazó recientemente su admisión con argumentos como que la denuncia se centraba en “noticias de prensa”. 

En la información de elDiario.es aparece el número de diligencias secretas abiertas por la Fiscalía Antidroga a partir del montaje policial, del que se aportan numerosos detalles, pero ni el fiscal ni la jueza pensaron que podían reclamarse para una eventual investigación. 

Los abogados de Podemos e Iglesias también habían intentado que el falso relato del confidente y las investigaciones policiales a Urbán a partir de él fueran incorporados a la causa de la guerra sucia. Pedraz se negó. Pero ahora su causa por la guerra sucia a Podemos contará con los documentos del montaje policial de la cocaína. 

La memoria de la Fiscalía vasca correspondiente al año 2024 recoge que desde el inicio de ese año la Ertzaintza ha realizado “una amplia campaña de prevención e incautación” en lugares de ocio del llamado “gas de la risa” u óxido nitroso, cuyo consumo se estaba “extendiendo en exceso” en el ocio nocturno de Vitoria. “Existía un gran desconocimiento de la nocividad de dicho consumo, de los efectos secundarios que podían padecerse, así como de la ilegalidad de su venta”, sostiene el documento, publicado el pasado septiembre.

Según informa la Ertzaintza, la comisaría de Vitoria ha iniciado desde 2023 tres investigaciones relacionadas con la compraventa de óxido nitroso. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la salud pública. La gravedad de estos datos ha llevado a la Policía vasca a poner el foco en su compraventa, al constituir esta un delito contra la salud pública. Hasta el momento se han abierto diligencias por tres delitos de este tipo en la capital vasca, tanto en el interior de locales de ocio nocturno, como en la vía pública, con el resultado de cuatro personas investigadas por los hechos. Su venta y consumo estaría tan integrado en dichos ambientes que se ofertaría junto al consumo de otras sustancias legales como el fumar tabaco en cachimbas, cuando, en realidad, se estaría incurriendo en un delito de tráfico de drogas.

El óxido nitroso es una sustancia cuyo uso está permitido tanto en la industria alimentaria como en la aeroespacial y, también, como medicamento de uso hospitalario bajo prescripción facultativa. Sin embargo, cada vez se está detectando más en las zonas de ocio, donde se utiliza de manera lúdica, lo que puede provocar diferentes reacciones en el organismo de la persona que lo consume tales como, entre otras, alucinaciones, desorientación o desmayos.

Por lo general, se vende en pequeños botes de plata y se inhala. Afecta de manera diferente, según la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos. Los efectos inmediatos del gas de la risa incluyen euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risas incontroladas, descoordinación, visión borrosa, confusión, debilidad y cansancio. En los casos más graves se podría llegar a producir la muerte súbita.

En caso de una ingesta excesiva los riesgos son enormes. El efecto del gas puede llevar a una pérdida de presión arterial que puede desencadenar en un desmayo e infarto de miocardio o una hipoxia por falta de oxígeno. Además, el consumo prolongado puede llevar a efectos secundarios como la pérdida de memoria, déficit de vitamina B12, zumbidos en los oídos, entumecimiento de extremidades, espasmos, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, psicosis o dependencia psicológica.

Turismo cannábico de Francia

Otra de las cuestiones en las que pone el foco la Fiscalía, en este caso en Gipuzkoa, es en las asociaciones de consumo de cannabis, donde está permitido consumir dicha sustancia siempre y cuando se realice dentro de los locales que tienen las asociaciones y sean socios. Cuando no ha sido así, se ha investigado si realmente se trata de lugares para la adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse hecho previamente socio de la misma. En estos procedimientos, siguiendo la línea marcada en tres sentencias del Tribunal Supremo, se aplica ya junto al delito contra la salud pública, el de asociación ilícita con la consiguiente petición de disolución de la asociación.

La Fiscalía constata, además, que dada la situación fronteriza de Gipuzkoa, la existencia de ciudadanos franceses que cruzan la frontera para adquirir cannabis o hachís en España en las propias asociaciones de cannabis en las que figuran como socios, para, a continuación, regresar a Francia con dicha sustancia, sin consumirla de forma inmediata en el interior de la asociación. Esa práctica es ilícita.

La presunta trama de narcotráfico desarticulada en el Puerto de València operaba con tintes calcados a la segunda temporada de la mítica serie The Wire, creada por David Simon: cargamentos de cocaína, luchas internas de clanes, estibadores, corrupción, blanqueo y escuchas telefónicas. Solo cambia el escenario; de la costa este de Estados Unidos a la mediterránea ciudad de València la esencia del negocio se mantiene intacta, así como el papel de algunos líderes sindicales de la estiba. Los estibadores investigados por el cartel de la coca del Puerto de València, según informes que constan en el sumario de la causa a los que ha tenido acceso elDiario.es, hicieron caros regalos a algún alto cargo portuario que cargaron a empresas pantalla y trataron de equilibrar las ambiciones de los dos clanes que controlan el negocio del narcotráfico.

La investigación, a cargo del Grupo V de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, ha permitido desmantelar una importante organización criminal a la que se le ha incautado un total de 3,5 toneladas de cocaína. En la denominada 'Operación Spider' tuvieron un papel fundamental tres agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Comisaría General de Policía Judicial.

Bajo la cúspide del 'cartel de los Balcanes', que financiaban los envíos y cerraban los negocios con otras organizaciones, ha aflorado la infraestructura completa para la extracción de los envíos: transitarias, cooperativas o empresas de transporte, que se aprovechaban de la “fuerte corrupción” en el Puerto de València.

Varios portuarios se sitúan en la cúspide de la organización. De hecho, dos clanes rivales de 'narcoportuarios' mantenían una pugna interna por el control del cartel, aunque convergían en algunas de las operaciones. Uno de los personajes clave de la presunta trama, el expresidente del Comité de Empresa de la estiba Óscar M., se erigía en nexo del clan liderado por los portuarios I. T. y B. M. con instituciones públicas y privadas para la “infiltración sistemática” del máximo número de trabajadores portuarios para tener así disponibilidad en la mayor parte de turnos y terminales posibles de cara a los servicios de extracción de los envíos de droga.

El negocio, según las escuchas policiales, movía cifras astronómicas. A título de ejemplo, uno de los trabajadores portuarios se habría embolsado medio millón de euros por algún tipo de servicio. Los investigadores de la Udyco consideran que Óscar M. habría puesto en contacto a la presunta organización criminal con una de las empresas de transporte clave para la presunta trama, dirigida por dos imputados, para la operación de introducción de más de una tonelada de cocaína el pasado 18 de julio con el método del 'gancho ciego' (un alijo introducido en un contenedor junto con mercancía legal y sin el conocimiento de la empresa exportadora o importadora). La mercantil de transporte proporcionó las órdenes de servicio para la introducción del alijo.

Jamones de 700 euros

El expresidente del Comité de Empresa, líder del sindicato Coordinadora e investigado por el supuesto favorecimiento de la corrupción y de la infiltración del narcotráfico, hizo caros regalos navideños a “altos cargos” o “altas personalidades” del Puerto. Entre ellos, según las escuchas, un jamón de 700 euros para Francisco Lorente, director general en España de la naviera MSC.

Consultado por este diario, Lorente afirma que “puede ser” que recibiera el jamón, aunque quita hierro al asunto: “Me regalan 10 o 12 en navidades, no tiene mayor importancia eso”. Además de otras personas sin identificar, también recibió un jamón E. M., presidente del Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo e investigado en la causa. Este último también habría recibido otros “agasajos”, tales como un vehículo que se habría quedado su hija.

Los presentes navideños se cargaron a dos empresas a nombre de presuntos testaferros que el líder de los estibadores regentaría “en la sombra” junto con los portuarios I. T. y B. M., según las vigilancias efectuadas en el marco de la investigación. En una de las conversaciones telefónicas intervenidas, los interlocutores se refieren al “gran jefe”, por lo que los investigadores infieren que se trataría de un “alto cargo del Puerto” sin identificar, al que “le habría realizado alguna propuesta relevante por parte de la organización criminal”.

Batalla de clanes por los puestos de la estiba

La Udyco también sostiene que el expresidente del Comité de Empresa habría maniobrado para dar acceso, supuestamente previo pago de 60.000 euros, en puestos de trabajo de la estiba. Por momentos, según las escuchas telefónicas, se vio en plena batalla entre el clan de R. B. y el de I. T. y B. M. por la colocación de trabajadores. R. B. presionaba a Kiko A., otro de los pesos pesados de Coordinadora investigado, para que no entraran los candidatos del otro clan.

También figuran varias conversaciones telefónicas de las que se desprende que A. G. G., coordinador general de Coordinadora investigado en el procedimiento, le habría pedido a Óscar M. que se colocara a un supuesto sobrino de una expresidenta de Puertos del Estado.

La aludida, consultada por este diario, niega que mediara en la colocación y que se tratara de un sobrino suyo y asegura que simplemente recibió una llamada de una persona que no conocía a la que sugirió que hablara con los sindicatos, al estar alejada de la política y de la Administración desde hace años. El expresidente del Comité de Empresa enmarcaba la jugada en “temas políticos”.

Coordinadora, dos días después de que este diario desvelara el pasado 23 de septiembre que Óscar M. y Kiko A. habían sido detenidos en la operación, expresó su “apoyo” incondicional a los delegados sindicales.

“No tengo nada que ver con todo esto”, han sido las primeras palabras de Laureano Oubiña, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que, desde este martes, le juzga por un delito de narcotráfico por el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel.

Oubiña comparte el banquillo de los acusados junto a otras 18 personas por su presunta participación en una red que introdujo cinco kilos de cocaína, entre otras drogas, desde Galicia para su distribución en Asturias, en 2017, apenas unos meses después de que él saliera de prisión en tercer grado donde cumplía condenas por tráfico de hachís y blanqueo de capitales.

“Se le juzga por ser Oubiña”

Consciente de que todos los flashes y las cámaras de televisión le enfocaban especialmente a él, varios de los acusados han salido en su defensa.

Alegan que “se le juzga por su nombre y apellido”, porque según han asegurado a elDiario.es Asturias, “a Oubiña ni le pillaron droga, ni nada de nada”.

Los demás coacusados, sin embargo, sí han admitido que participaron en el delito de tráfico de drogas y alguno de ellos incluso también ha asumido su autoría en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, amparados en su fuerte adicción a las drogas en esa etapa de su vida. Hoy han contado que tienen trabajos estables, están casados o viven con sus parejas y tienen a su cargo a hijos menores de edad.

Esa defensa cerrada de varios de los coacusados a favor de Oubiña seguía la misma línea esgrimida por su abogado defensor, Francisco García Berenguer, quien ha mantenido ante el tribunal que no hay prueba alguna de la implicación de su representado en el tráfico de drogas.

Llamadas interceptadas

Según su versión, las únicas llamadas donde figura su voz fueron interceptadas en el teléfono intervenido al coacusado Carlos de la Mata, donde ambos interlocutores se citaban en un restaurante en Arousa, en Galicia.

Laureano Oubiña ha ratificado que el encuentro se produjo a instancias de Carlos de la Mata, que quería entregarle un sumario de la causa en la que estaba investigado un tío suyo, Juan José de la Mata, quien había compartido “años de prisión” con el primero y quería que le diera su valoración sobre el caso que tenía pendiente sobre una extorsión. Una afirmación que ha confirmado el coacusado Carlos de la Mata.

Asesorar a su compañero de cárcel

Esta contestación ha llevado a la fiscal a preguntar a Oubiña si era abogado o experto en Derecho y, tras responder negativamente, él ha seguido explicando que Carlos le comentó que iba a ver a su tío a la cárcel en Madrid y quería que le valorara el sumario y aprovechaba a desplazarse a Galicia por unos temas laborales como electricista.

“Yo le dije que le podía dar el teléfono de un abogado. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y le he ayudado en asesorarle en escritos y en temas de abogados” ha corroborado.

No soy abogado, ni estudié Derecho, pero Carlos de la Mata me dijo que iba a ver a su tío Juan José a la cárcel, y quería darme el sumario por extorsión en el que estaba investigado para que le asesorara. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y yo le he ayudado con temas de abogados

Laureano Oubiña — Acusado de narcotráfico

El encuentro en un restaurante

Ante la pregunta sobre qué hacía en el restaurante, Oubiña ha respondido: “Ya les dije a los agentes que estaban vigilando que ahí iba a encontrar a Los Charlines, a Oubiña.. porque ahí paramos todos. Ellos echaron una sonrisa”, dijo restando importancia a tanta vigilancia ya que todos sus movimientos están habitualmente controlados y aunque no le requisaron su móvil, ni ningún otro objeto, ha especificado que su móvil “estará intervenido”.

El resto de los acusados han ido, uno a uno, ratificando su conformidad al pacto con la Fiscalía, admitiendo que consumían cocaína y varios de ellos justificando el tráfico de drogas en la necesidad de pagar esa adicción.

La “Operación Matta”

La Fiscalía solicita para Oubiña una condena de cuatro años y medio de cárcel por su presunta participación en la organización desarticulada por la Guardia Civil en la denominada “Operación Matta”.

A la red se le incautó cocaína, valorada en 200.000 euros, así como resina de cannabis, heroína, dinero, armas y anotaciones contables con grandes movimientos de droga.

En la causa están acusadas 22 personas, pero se juzga a 18, ya que tres de ellas murieron durante la instrucción y una cuarta se encuentra en busca y captura

A Oubiña se le incrimina por unas llamadas teléfonicas interceptadas por los agentes que consideraron que tenía un papel “como proveedor o intermediario” en la banda junto con Carlos de la Mata en la adquisición de las drogas incautadas.

En el mismo procedimiento penal estaban acusadas otras 21 personas, pero tres de ellas murieron durante la instrucción de la causa y el cuarto, David Guardado, está actualmente en busca y captura.

La Fiscalía ha alcanzado hoy un acuerdo con al menos 15 de los acusados quienes verán rebajada sensiblemente su condena, tras el reconocimiento explícito de los hechos. Laureano Oubiña no se ha conformado con el pacto y ha decidido seguir adelante manteniendo su tesis absolutoria.

Las penas y las dilaciones indebidas

La fiscal solicitaba en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los tres años y medio de cárcel y los 16 años de prisión.

A raíz de estos acuerdos las rebajas serán sensiblemente menores, al aplicar a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de los que se han conformado también la de adicción a las drogas, ya que la mayoría de ellos se han declarado dependientes a la cocaína y a los porros y muchos siguen un tratamiento en un centro especializado para no recaer en el consumo.

Las detenciones se produjeron en 2017 en las localidades asturianas de Gijón, Siero, Oviedo, Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas.

En aquel momento, una docena de detenidos ingresó en prisión con fianzas que oscilan entre los 35.000 y 250.000 euros. La mayor parte de ellos pertenecían al clan de los Mercheros, que según la Fiscalía estaba liderado por Ricardo Cortés Gil.

Además, se practicaron 11 registros domiciliarios a lo largo de la geografía asturiana, en los que se incautaron los cinco kilogramos de cocaína y más de 11 kilogramos de pequeñas cantidades de marihuana, 14.000 euros en metálico, cuatro armas cortas (pistolas) y munición para éstas y 15 vehículos de alta gama.

Sesiones hasta final de mes

En abril de 2017, un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Oviedo se desplazaron a Cambados y tomaron declaración a Laureano Oubiña, aunque quedó en libertad pero en calidad de investigado.

Las sesiones del juicio están señaladas para los días 24, 25, 26, 29 y 30 de este mes, si bien el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha aceptado la petición de las defensas para que los acusados puedan ausentarse de la sala hasta el último día previsto de la vista oral cuando se presenten las conclusiones definitivas y se les conceda el turno de última palabra.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Nunca ocurrió.

La inspectora jefa del grupo de la UDEF que investigó a Joakim Broberg realizó formalmente esta propuesta a la Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional en julio de 2019. Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas por la Policía y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios. 

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción. 

El pasado lunes, 19 de mayo, llegó el turno para declarar en el juicio de la agente con número profesional 85.972, una inspectora de la UDEF que comparecía en calidad de perito. Durante la hora y 24 minutos que duró el interrogatorio de la fiscal no surgieron las sospechas de corrupción. Con la pregunta de si los informes que realizó eran “acumulativos” y se podían ceñir a preguntas sobre el último, la fiscal cercenó la posibilidad de aludir a los tres oficios policiales en los que se reproducían los pinchazos a Broberg y los indicios de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. 

Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. 

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

Las sospechas de la Policía no tuvieron publicidad. El juez Manuel García Castellón, que relevó a Abascal al frente de la causa, no levantó el secreto del sumario hasta que había dictado el auto de procesamiento y concluido la instrucción. El PSOE intentó personarse tras las revelaciones de elDiario.es, pero su aspiración fue denegada. Si la Fiscalía no actuaba contra la posible corrupción tampoco lo haría la defensa de los supuestos narcotraficantes. El poder omnímodo en la ciudad de Ángeles Muñoz no tendría fiscalización judicial, solo periodística. 

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación por drogas llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el ayuntamiento”.

elDiario.es consultó a la Fiscalía Antidroga antes de publicar la información sobre los atestados policiales, en diciembre de 2022. Un portavoz contestó que la fiscal López Salcedo había investigado las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Su declaración durante el juicio se producirá a lo largo del próximo mes de junio. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Joakim Broberg.

Nils Fischer, otro rastro invisible de la corrupción

El hijastro de la alcaldesa se sienta estos días en la tercera fila de asientos que ocupan los acusados, en una esquina. Tres sillas a su derecha está Nils Ander Fischer, otro nombre que ayuda a trazar la silueta invisible de la corrupción en el juicio por drogas. Una de las empresas investigadas como persona jurídica, Codecosol, es de su propiedad. La sociedad recibió más de 600.000 euros en contratos del Ayuntamiento de Marbella que dirige Ángeles Muñoz. Nada de esto se ha mencionado en el juicio.

Fischer era íntimo de Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, también procesado por blanqueo de capitales, pero cuya causa fue archivada por motivos de salud. Lars fallecería posteriormente, en marzo de 2023. Fischer, que tenía la oficina de su empresa a metros de la de Lars Broberg, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.

En su filial en Málaga la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 52 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento. 

Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, añadía el juez en su auto. Entre 2011 y 2015, Codecolsol obtuvo cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí, según descubrió elDiario.es.

El pasaje del interrogatorio de la fiscal a la inspectora de la UDEF sobre el juicio tampoco resultó vibrante en el pasaje dedicado a Fischer y Codecosol. Le preguntó por los antecedentes del empresario que presumía en su perfil de la red LinkedIn de ser “uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Marbella”. Receptación, robo, documentación falsa, fraude, quebrantamiento de condena… 

De las 12 sociedades donde figura Fischer solo Codecosol tiene actividad y declara ganancias, no más de 58.000 euros al año, explicó la inspectora de la UDEF. Ni rastro de unos correos electrónicos desvelados por elDiario.es en los que Fischer utiliza a Lars Broberg para hacer llegar una oferta para una adjudicación del Ayuntamiento en lugar de acudir a la ventanilla del Consistorio. Finalmente, Codecosol obtuvo el contrato. Se trata de uno de los cinco adjudicados a la empresa investigada en el caso de narcotráfico.

Tampoco surgió en el juicio otra cadena de correos donde Fischer obtiene información de cómo van las ejecuciones de obra en Marbella. La reacción de la alcaldesa fue querellarse por revelación de secretos contra elDiario.es, una demanda que ha sido rechazada en primera instancia. Esa información sobre los correos está en unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que investigó el caso y acordó que o no había indicios de delito o los que pudiera haber estaban prescritos. 

El chivatazo, otro asunto esquivado

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial. 

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, más aún si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo. 

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio ha sido cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

Miguel Urbán (Madrid, 1980) es un veterano militante de la izquierda antististema. Curtido en el Movimiento Okupa y miembro histórico de Anticapitalistas estos días vuelve a ver su nombre en los titulares, algo a lo que había dejado de estar acostumbrado desde que su formación rompió con Podemos en 2020, en desacuerdo por su participación en el Gobierno. 

elDiario.es desveló el pasado sábado los detalles de una investigación secreta en 2016 de la Fiscalía Antidroga contra él, inducida por poderosos comisarios de la Policía, en la que se le trataba de involucrar falsamente en una supuesta operación de venta de cocaína venezolana destinada a financiar ilegalmente a Podemos. Urbán concede esta entrevista desde Sao Paulo, a donde ha viajado para presentar su libro ‘Trumpismos. Neoliberales y autoritarios’.

¿Por qué usted? ¿Qué objetivo tenía implicarle en el montaje de la droga y la financiación de Podemos?

No creo que tuvieran un especial interés en mi persona. Igual que no creo que tuvieran un especial interés en la persona de Iglesias. Lo que querían era destruir un colectivo y destruir unas ideas. Puede ser que yo fuera una de las figuras más reconocidas de Anticapitalistas y una de las figuras públicas más conocidas de Podemos. Investigarme a mí era una excusa para investigar al conjunto de Anticapitalistas y a Podemos. Yo creo que es absurdo pensar que me investigaban a mí como excusa para investigar a Pablo porque ya había otros casos sobre Pablo. 

¿Por qué en el primer semestre de 2016?

Es el momento clave de la política del cambio. Creo que ellos se llevan un susto en las elecciones europeas, pero el susto grande se lo llevan cuando de repente ganamos en Madrid, ganamos en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, ganamos en Valencia, en Santiago de Compostela, ganamos en Oviedo y en A Coruña. Y piensan: ‘Esto puede ir en serio’. Ahí es donde yo creo que activan esta operación de locos. Coincide con las dos elecciones generales, las de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, en donde podíamos haber dado el ‘sorpasso’ al Partido Socialista. De hecho, otras tramas también se construyen esos meses, como la cuenta en Granadinas o el supuesto informe PISA. Son unos meses frenéticos de las cloacas, de los aparatos del Estado, pero conectados también con el poder mediático y el económico para intentar evitar a toda costa que fuésemos la primera fuerza electoral del país. Ese era el elemento clave. 

¿Cómo se ha sentido al saberse objetivo de una investigación secreta tantos años después?

En un primer momento sentí una ansiedad fuerte. Lo primero que supe es que me situaban en un intercambio de drogas y que por eso habían entrado en las cuentas de Pablo Iglesias y demás. Pensé, '¿qué se han podido inventar?'. Cuando conoces más detalles, ves lo burdo, lo cómico, incluso algunos aspectos surrealistas… Entonces le quitas un poco de tensión. Pero te angustia más no conocer que lo que sabes.

Además, fue un momento muy complicado personalmente. Se estaba muriendo mi madre. Falleció dos semanas después de que yo tuviera la primera información sobre esto. Llevaba varias semanas pasándolo mal y se me mezclaban cosas. También sentí fragilidad. Dices: ‘estos me podrían haber jodido la vida’. Y luego está la impunidad que tienen: los autores no son unos cualquiera. En los aparatos de seguridad del Estado hay un montón de fascistas, pero estos no eran unos mindundis, eran los jefes, con lo que ello implica.

Quieren generar fragilidad, que no vuelvas a intentar nada, que no te muevas, que quieras que pase. Te crea un sentimiento encontrado. Por una parte piensas: ‘Bueno, pasó hace diez años. Vamos a dejarlo correr. No quiero remover más’. Porque al final te hace daño. Pero esto no se puede dejar pasar. Hay que levantar la voz, poner el dedo en la llaga de que tenemos un problema democrático en nuestro país. No estaban atacando a un grupo que estuviera planteando la toma del poder al asalto. Podemos era un partido que se estaba presentando a las elecciones. Entonces te cuestionas hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde hubieran sido capaces de llegar.

¿Va a emprender acciones legales?

Hay que valorarlo con los compañeros de Anticapitalistas. He hablado con Iglesias para contactar con los abogados de Podemos, ellos están personados en la causa de la Audiencia Nacional, y ver si entramos ahí. Pero hay que decidirlo colectivamente en Anticapitalistas. La política es un placer colectivo. Yo defenderé que actuemos. No se puede dejar pasar.

¿Algo así se puede volver a repetir?

Evidentemente. Los seis de Zaragoza llevan un año en prisión. Los chavales no han hecho nada. Son inocentes y están comiendo mako. Cuando ves que la Policía tenía una persona metida, infiltrada, en los movimientos sociales madrileños durante 20 años; cuando tienes a infiltrados en organizaciones ecologistas, en movimientos vecinales, contra la tala de árboles, en colectivos como Distrito 14, colectivos de barrio… No es que pueda pasar, es que está pasando.

El problema de las cloacas, el problema de los aparatos del Estado… las fallas democráticas siguen estando y se muestran las costuras del régimen del 78 y las costuras de nuestra democracia liberal, que nos dicen que es perfecta. Y no lo es. No se permiten todas las ideas. No se permite el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia. Tenemos a las compañeras de CNT de Las Seis de la Suiza que van a entrar seguramente en la cárcel por su actividad sindical. Es una auténtica vergüenza. 

Pensar que esto no puede pasar es ingenuo, porque ya está pasando y eso es lo grave, y por eso no quiero dejarlo pasar. No iban contra mí, iban contra unas ideas. Y va a seguir si no hacemos nada.

Una inspectora jefe de la Policía ha vuelto a implicar a Lars Broberg, el difunto marido de la alcaldesa de Marbella, en el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Durante su declaración en el juicio en calidad de perito, el mando de la UDEF ha descrito la labor de “supervisión” que habría tenido Lars Broberg en tres operaciones inmobiliarias destinadas a blanquear las ganancias obtenidas por su hijo, Joakim Broberg, y sus socios, en el banquillo de los acusados por integrar una organización de tráfico de hachís procedente de Marruecos y con destino al norte de Europa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga considera que Lars Gunnar Broberg prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos a través de tres operaciones. No hay acusación contra Broberg porque la causa decayó contra el marido de la alcaldesa en 2022 debido a su grave estado de salud y finalmente falleció en 2023.

Por este motivo, la presidenta del tribunal ha advertido a la fiscal Antidroga por las preguntas sobre Lars Broberg al no figurar este entre los acusados. La fiscal, María Dolores López Salcedo, ha explicado que solicita el decomiso de varias propiedades de Lars Broberg porque cree que las “maneja Joakim Broberg”, su hijo. Joakim se enfrenta a una pena de prisión de 22 años por tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera de las operaciones de blanqueo en las que habría participado el marido de la alcaldesa de Marbella responde a un cambio de propiedad entre Joakim y otro de los acusados, como pago por una deuda de drogas, para la que se habría utilizado una empresa de Lars Broberg en Gibraltar. Se habrían blanqueado 3 millones de euros. 

La fiscal ha preguntado a la inspectora jefe de la UDEF si Lars aparecía en esta operación. “Aparece porque Lars está pendiente de la reactivación de una empresa en Gibraltar a través de conversaciones. Está pendiente de todo este proceso de reactivación de la empresa”, ha dicho la agente 85.972, quien ha declarado protegida por un biombo.

El marido de Muñoz también habría puesto sus empresas a disposición de otra operación de blanqueo con pagos de pequeñas cantidades a un importante número de sociedades, que sumarían 1.397.000 euros blanqueados. Para el blanqueo se utilizan tres fincas donde se construye. “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”, ha respondido la jefa de la UDEF.

Por último, en las actuaciones aparece un préstamo inmobiliario y la suma del tráfico de divisas, en relación con la compra fraudulenta de otra residencia de lujo, hace que los investigadores añadan otros 2.009.820 euros a la cantidad total que el marido de la alcaldesa de Marbella habría blanqueado de la droga. “Cuando la casa ya está construida tenemos diversas conversaciones en las que se ponen de acuerdo para cuando está en venta y la enseñan a diferentes compradores con conocimiento de Lars”, ha descrito la inspectora. “Lars Broberg controlaba bastante de las operaciones que iban efectuando”, ha dicho la policía.

Detenido en 2021

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijo. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella. 

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse. 

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijo en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y se querelló contra elDiario.es.

El auto de procesamiento de Lars Broberg ya incluía la descripción de las tres operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado el marido de Muñoz. La Audiencia Nacional ratificó esos indicios al confirmar el auto de procesamiento, en enero de 2023. Dos meses después, Lars Broberg falleció a consecuencia de sus graves problemas de salud.