Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

El sindicato CIG, que es el mayoritario en Galicia, ha convocado las primeras movilizaciones contra el plan anunciado por la Xunta para dificultar las bajas laborales a los trabajadores. Este jueves están previstas concentraciones a mediodía en las siete principales ciudades y en Vilagarcía de Arousa, ha informado la organización, que ha puesto en marcha una campaña informativa y de protestas para “desmontar las mentiras con las que la patronal y el Gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora”.

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció sus intenciones, la CIG reaccionó acusándolo de ser “vasallo de la patronal” y criticó que pusiese el foco sobre las plantillas en lugar de reforzar la sanidad pública para evitar demoras o destinar más fondos a políticas de prevención de riesgos laborales y examinar que las empresas cumplen. Para el sindicato, lo que busca la Xunta ees “culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar”. Por ello, señala, el lema elegido para las protestas es “A saúde é un dereito, enfermar non é delito”.

Antes de las concentraciones de este jueves, la CIG hará asambleas de delegados para tratar esta cuestión. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en las negociaciones del diálogo social que la Xunta va a convocar para tratar el plan. En cualquier caso, el presidente gallego ya avanzó que las medidas se van a implantar con o sin acuerdo en estas conversaciones, a las que están llamados los principales sindicatos de clase y la patronal.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.

La Generalitat de Catalunya da marcha atrás y retirará los polémicos incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para que los médicos acortaran las bajas laborales, una medida que había encendido a los socios de izquierdas del Govern en el Parlament y a los colectivos sanitarios.

Tal y como ha adelantado El País y han confirmado fuentes de la conselleria de Salud a ElDiario.es, el departamento formalizará en los próximos días los recursos que recibe cada ambulatorio sin que se incluyan las pruebas voluntarias que iban a comportar incentivos para los centros que acortaran la duración de las bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes.

La conselleria ya había empezado a informar a los CAP de este escenario, ahora rectificado, en el que centro iba a mantener su presupuesto y, en todo caso, recibiría un suplemento del 5% si se alcanzaban los objetivos fijados.

Aunque el Govern había defendido que las incapacidades temporales se concederían siempre bajo criterio médico, el plan de incentivos económicos había encendido las alarmas de las formaciones socias del Ejecutivo en el Parlament, así como de los sindicatos de médicos.

ERC y los Comuns se habían mostrado muy beligerantes contra la medida. En un debate en el Parlament el pasado marzo, el portavoz de los Comuns, David Cid, advirtió de que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependería de que el Govern no condicionara las bajas a criterios económicos.

Por su lado, la portavoz de ERC, Capella consideró una “mala praxis” el hecho de “incentivar” que los médicos diesen altas a los trabajadores “antes de hora”, aunque se mostró convencida de que el Ejecutivo acabaría retirando el plan.

La medida también había generado críticas entre los sanitarios. “Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, señaló Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya. La sanitaria también alertó que el plan podía contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha lamentado este jueves que el absentismo laboral supone un coste “enorme” para las empresas y ha instado a las administraciones a “poner toda la carne en el asador” para hacer frente al “desempleo estructural” en Galicia. “Hay quien confunde absentismo con tener derechos”, ha aseverado. “No. Yo creo que no estamos en esa dinámica. Algunos sindicatos han denunciado que se mezcle la baja médica con los permisos legales, las cuestiones de conciliación familiar, con fraudes. Son cuestiones diferentes, y cada cosa hay que ponerla en su sitio”, ha señalado este jueves en su intervención durante la presentación de la jornada Observatorio CEO sobre capital humano celebrada por la Confederación de Empresarios de Ourense.

En este sentido, Vieites ha lamentado que cerca de 95.000 personas “no han ido a trabajar todos los días” en España y se ha referido a unos “datos alarmantes” y a una situación “insostenible” también en Galicia, cifrando ese dato en un total de 1.117 personas.

“Vamos por mal camino en esta cuestión. Esto es insostenible, no solo ya por el coste que tiene para la seguridad social, sino también por el coste que tiene para las propias empresas”, ha señalado, y ha subrayado que estos “desequilibrios estructurales” suponen un “perjuicio enorme para la buena marcha de la economía”.

En esta línea, el presidente de la patronal gallega ha incidido en la necesidad de “reforzar” los medios de atención primaria para “reducir listas de espera que alargan las bajas”, así como revisar procesos de incapacidad temporal con “criterios objetivos” y una “mejor coordinación” del sistema sanitario, las mutuas y las empresas.

“Es necesario un diálogo social e inclusivo, donde las preocupaciones de personas trabajadoras y empresarios se enfrenten de forma responsable y no con trincheras ideológicas”, ha destacado.

Plan de control

Todo ello después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzase este pasado miércoles en el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) que presentará “en las próximas semanas” un programa “integral” que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales.

En concreto, se trata de una iniciativa que pondrá el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de “psiquiatría menor”, y que prevé, además, “reforzar el papel de las mutuas” en la revisión de las incapacidades temporales.

Ante dicho anuncio del Ejecutivo gallego, el presidente de la patronal ha celebrado un plan de funcionamiento que “puede beneficiar enormemente” a la situación que atraviesa la comunidad autónoma, en palabras de Vieites, así como a la demanda de empleo en sectores la hostelería, el transporte, el servicio, la industria o la construcción, que “no logran cubrir puestos de trabajo”.

“Ahí es donde tenemos que trabajar todos. En no permitir un absentismo que multiplica costes, limita crecimiento y deteriora la competitividad de las empresas, probablemente en plena carrera para atraer inversiones y reindustrializar a la comunidad autónoma de Galicia”, ha añadido.

Algo en lo que también ha incidido el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en su intervención, en la que ha incidido en que las palabras del presidente autonómico no respondían a un intento de “tachar a los trabajadores de defraudadores”, sino una iniciativa “para empresarios y sindicatos”.

“Tenemos que poner en el margen medidas que afectan a la administración autonómica y a la estatal. Esto depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y buena parte de lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver con modificaciones legislativas que han venido a través de decretos y de ciertas leyes estatales”, ha recalcado González.

En este sentido, el titular de Comercio ha señalado que dicho plan se presentará “en el curso de los próximos dos meses”, tras la aprobación del decreto de diálogo social en el Consello de la Xunta, a partir de lo cual se convocará mesa con empresarios y trabajadores para “poner encima de esa mesa” las propuestas de la Xunta, así como para “escuchar” las de empresarios y trabajadores.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

Alfonso Rueda ha decidido dar por bueno el discurso sobre el absentismo de la patronal y conceder la categoría de “asunto urgente” a la gestión -para tratar de reducirlas- de las bajas laborales de los trabajadores gallegos. El presidente de la Xunta aprovechó su intervención en el debate sobre el estado de la Autonomía para calificar la cuestión de “problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia” y anunciar que su gobierno va a poner en marcha “un programa integral de abordaje” que va a tener como una de sus medidas la creación de una unidad que va a controlar lo que, en realidad, ya revisan los médicos: las incapacidades temporales. Y se va a centrar en las más habituales, que son las motivadas por lesiones musculoequeléticas y lo que Rueda denomina asuntos de “psiquiatría menor”.

El presidente gallego puso el foco en el impacto de las bajas en las cuentas empresariales en el mismo discurso en el que insistió en afirmaciones sobre la buena marcha de la economía gallega y su mercado laboral -con un paro en las cifras más bajas de los últimos 20 años, resaltó-. Aseguró que Galicia es la segunda comunidad con más jornadas “perdidas” por incapacidades temporales y con más duración media de las mismas, con unos 60 días de promedio. Siguió con esta línea argumental para afirmar que las “pérdidas” son de 2.200 millones de euros. Así que consideró que “hay mucho margen de mejora” y que el deber de la Xunta es reforzar la vigilancia. En los dos años que lleva de mandato ya puso en marcha un ensayo -se revisaron 130.000 casos y algo más de 30.000 trabajadores fueron dados de alta-, pero ahora anuncia que va a “pisar el acelerador”.

Además de las unidades especializadas para controlar las bajas más frecuentes, la Xunta va a reforzar a las mutuas privadas. Rueda indicó que, si hay una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar y solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para confirmar si debe o no reincorporarse. También va a permitirles hacer una tramitación global de todas las pruebas médicas que requieran, en lugar de que las tengan que solicitar de una en una, dijo. Añadió que todo este plan se va a plantear en el diálogo social, con patronal y sindicatos, a los que ya lanzó la advertencia de que espera que no caigan en “demagogias”.

Lo que no citó Rueda en su discurso fueron las posibles causas para que en Galicia haya bajas más largas que la media estatal o los motivos para el incremento de las incapacidades temporales, que los sindicatos relacionan con el acceso a atención médica, las amplias jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas. Tampoco se refirió al informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) que muestra que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia -fueron 27.553-, en especial en la industria. El avance del Ministerio de Trabajo de los datos entre enero y diciembre del año pasado indica que la subida gallega de siniestralidad laboral fue la segunda más acusada entre las comunidades. Solo Asturias registró un dato peor, del 3,3%.

Las promesas para atención primaria

El presidente gallego se detuvo en uno de los agujeros de la gestión de la Xunta: una sanidad en la que empeoran todos los indicadores de demoras y que ha encadenado conflictos en los últimos años. Lo hizo para, primero, echar balones fuera y repetir que, si los últimos datos han empeorado, se debe a la huelga de médicos convocada en todo el Estado en reivindicación del estatuto marco. Sin embargo, ha minimizado el impacto de los paros registrados en Galicia contra políticas específicas de su gobierno: dijo que la que mantuvo el sindicato gremial O'Mega en atención primaria tuvo un seguimiento del 5% y que la que sigue, convocada por la CIG, parte de “un sindicato que, por lo general, no quiere llegar a acuerdos”.

Rueda volvió a admitir, como suele hacer, que el de la sanidad es un ámbito en el que hay margen de mejora y lanzó varias promesas para la atención primaria. Una de ellas es la de reducir el papeleo que tienen que hacer los médicos de familia, para lo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene previsto crear una unidad especial que se centrará en las cuestiones burocráticas. Otra es limitar las agendas para que estos profesionales no tengan que atender a más de 30 pacientes dentro de la jornada ordinaria. Y también avanzó que la Xunta va a crear una Dirección Xeral de Atención Primaria.

Subida de la renta que puede acceder a vivienda pública

El presidente reservó para el debate anuncios también en materia de vivienda. La Xunta va a subir de nuevo -lo hizo ya en 2025- el tope de renta para poder acceder a una vivienda pública, que es la que está pensada para los hogares con ingresos más bajos. El límite va a pasar a ser hasta cuatro veces el IPREM. Ha puesto un ejemplo que lo que va a significar: una pareja con un hijo tiene ahora un tope de 2.250 euros brutos mensuales para poder acceder a este tipo de vivienda y va a pasar a 3.500. En el caso de las familias numerosas el tope va a ser 4,5 veces el IPREM. La otra novedad es que el Gobierno gallego va a reservar el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años.

La Xunta va a insistir en las rebajas de impuestos, que considera que “crean dinamismo”. En lo que va de legislatura, dijo, son 1.100 millones de euros los que han dejado de ingresar las arcas públicas gallegas por estas bajadas fiscales. La siguiente va a ser una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las operaciones con viviendas protegidas.

El discurso de Rueda no citó el nombre de Altri directamente, pero sí se detuvo en las críticas a la planificación eléctrica del Estado, a la que la Xunta atribuye tener que haber dado carpetazo al proyecto de macrocelulosa, que provocó un fuerte rechazo social y manifestaciones históricas. Rueda dijo que no incluir la conexión que necesitaría Altri fue una maniobra política. En materia industrial, reafirmó la apuesta por los también muy contestados proyectos de minería y avanzó que habrá este año otro concurso de derechos mineros, después de que el del año pasado quedasen desiertos la mayoría de los ofrecidos.

Su única referencia al sector eólico fue la de reiterar que la Xunta seguirá defendiendo los proyectos en el mar y en tierra. “Vamos a seguir apostando por una eólica terrestre ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, manifestó. Precisamente el argumento del posible daño ambiental irreversible ha parado varios de los planes que están en marcha en Galicia para instalar aerogeneradores. El sector acaba de recibir una nueva sacudida con el anuncio reciente del traslado forzoso de dos jueces de la sección del Tribunal Superior de Xustiza encargada de revisar estos litigios.

Rueda dedicó los minutos finales de su intervención en el debate de política general a proponer que la marca 'Galicia calidade', acuñada para promocionar productos alimenticios, se extienda al “estilo de vida” gallego.

La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

Los más de 350 Centros de Atención Primaria (CAP) en Catalunya tendrán este 2026 un nuevo y polémico plus de financiación. A la lista de contraprestaciones económicas que reciben en función de sus objetivos se ha añadido una que afecta a las bajas laborales. Si se reducen los tiempos considerados –sobre el papel– excesivos en determinadas incapacidades temporales, el centro de salud recibirá una partida adicional. 

Este incentivo, que ha trascendido en plena huelga de médicos, se aplicará de momento a los diagnósticos de dolencias osteomusculares y a las de salud mental, que son las que más días de incapacidades temporales acumulan en Catalunya: el 56% del total. 

Será un dinero añadido que recibirán los centros de salud, no los médicos, pero la puesta en marcha de la medida no va a ser apacible. Los sindicatos la rechazan, genera inquietud entre los facultativos y algunos partidos de la oposición ya han exigido a la consellera de Salut, Olga Pané, que rectifique. 

La consellera pone el ojo en las bajas

Desde que asumió sus funciones al frente de Salut del Govern de Salvador Illa, Pané se ha fijado como objetivo reducir la prevalencia de las incapacidades temporales. Uno de sus argumentos es que Catalunya es de las comunidades donde más bajas se expiden (618 por cada 1.000 afiliados en 2024), y también donde más ha crecido esta realidad en la última década (un 63% desde 2016). 

En su afán por reducirlo, Pané no ha temido entrar en polémicas. Primero, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) estudió un incentivo para que los médicos firmaran más altas, en concreto el 50% o más de las que les trasladan las mutuas. Pero Salut lo descartó al cabo rápidamente. También fue muy criticada por los sindicatos su campaña en los centros de salud que pedía hacer un “buen uso” de las bajas. “Catalunya tiene el 17% de los afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales” , advertía el cartel, que también acabó retirado.

Con todo, y sin ser tan llamativo, fue en enero de 2025 cuando Salut firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para el “control” de las incapacidades temporales, un acuerdo que ha servido de marco para aprobar los actuales incentivos. En ese documento, que por ahora han firmado solo Catalunya, Asturias y Illes Balears, se incluyen entre otros los deberes de los médicos de los CAP.

El convenio menciona directamente “incentivos económicos” a los médicos para “adecuar la duración” de las bajas “a los días estrictamente necesarios” para la recuperación de los trabajadores. Pero finalmente Salut lo ha convertido en un plus económico para el propio CAP. El cumplimiento de todos los objetivos (17 en el caso de la Atención Primaria) supone recibir un 5% más del presupuesto previsto de base. 

Los tiempos “óptimos” para cada enfermedad están descritos en un manual del INSS, en función de la edad o la profesión, pero lo que no queda claro es hasta qué punto los médicos deberán ceñirse a ellos para considerar que cumplen con el requisito. 

Advierten de la pérdida de confianza del paciente

“Es una dinámica perversa y una medida de presión económica que va en contra de la ética profesional”, denuncia Eva Segura, médica de familia en el CAP Manso de Barcelona. “Me están coaccionando para ajustarme a unos tiempos estandarizados y si no, perjudico al resto del equipo”, se queja. 

Esta facultativa advierte de los problemas de aplicar un incentivo de este tipo. Por ejemplo, se encuentran a menudo con pacientes que no encajan en una categoría profesional concreta. “Nos llegan muchos moderadores de contenido de redes sociales con problemas de salud mental, pero no tienen epígrafe profesional, ¿cómo lo calculamos en su caso?”, plantea. Algo parecido ocurre con diagnósticos difíciles de encuadrar: “No es lo mismo una baja por artrosis en la rodilla que si está asociada a una tendinitis y con lumbalgia irradiada”. 

Viciano pertenece a Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), que ha dado la voz de alerta sobre la nueva medida, pero también la rechazan por ahora sindicatos como Metges de Catalunya, CCOO y UGT. 

“Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, advierte Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya, que asegura que esto puede contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Salut defiende que agilizará diagnósticos

Desde el Departament de Salut han salido al paso de las críticas asegurando que no persiguen acortar las bajas, sino evitar que se alarguen “innecesariamente” por “problemas organizativos”, “retrasos en pruebas” o “dificultades de acceso a los especialistas”.

Sostienen que hay bajas que a veces se alargan sin motivos clínicos claros, a la espera de pruebas que no llegan por las largas listas de espera, y que ello perjudica tanto al trabajador como al sistema sanitario, que sufre una sobrecarga evitable. 

Desde Salut defienden además que el dinero extra que reciban los centros serán para invertir en resolver antes estos casos. Y enumeran: “reforzar circuitos, agilizar pruebas, mejorar la coordinación, implementar herramientas de seguimiento o reforzar determinados dispositivos y fomentar la buena gestión en toda la vertiente de calidad asistencial”.

Uno de los médicos de familia que ve potencial en la medida es Jaume Sellarès, vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), aunque se muestra preocupado por una “mala comunicación” del incentivo de la Generalitat.

Sellarès coincide con Salut en que los CAP pueden incorporar procesos o profesionales especialistas para avanzar diagnósticos. “No estamos hablando de pagar a un médico para dar altas, sino quizás de tener a alguien en el CAP que puede hacer infiltraciones en casos de tendinitis, o una resonancia en el caso de un joven que se ha hecho daño esquiando…”, ejemplifica. 

También en pacientes con problemas de la salud mental, sobre todo en aquellos malestares menos graves, plantea facilitar el acceso a profesionales de la psicología o la psiquiatría que puedan hacer una intervención rápida desde el centro de salud.

A la espera de ver cómo los médicos lo acogen en su día a día tras las quejas iniciales, en el ámbito político también ha habido protestas. Los partidos de izquierdas han acusado en más de una ocasión a la consellera Pané de querer instalar la idea de que se hace un mal uso de las bajas en Catalunya. 

En esta ocasión, ERC, Comuns y CUP han exigido a Pané que rectifique y han reclamado la comparecencia de los secretarios generales de Salud y de Empresa y Trabajo. “La propuesta supone desplazar el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas al control del gasto”, lamentan.

El Govern catalán ha trasladado a los Centros de Atención Primaria (CAP) que una parte de su presupuesto estará condicionado a la duración de las bajas laborales que se concedan. Según ha adelantado la cadena SER, la Generalitat concederá incentivos económicos para que las bajas relacionadas con la salud mental y las lesiones osteomusculares no se alarguen más de lo debido.

Tras la publicación de la noticia, el Govern ha asegurado que se trata de una “prueba piloto” para “mejorar la gestión” de las bajas laborales en los CAP. Según el Departament de Salut, se trata de pruebas voluntarias que no conllevarán penalización en la financiación de los CAP y cuyo objetivo es “reducir el tiempo de diagnóstico” de las personas en situación de incapacidad temporal.

El Govern ha precisado que los incentivos serán para los centros que consigan acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes. El Ejecutivo catalán defiende que así se quieren evitar situaciones como tener que pasar cinco meses de baja para obtener un diagnóstico en situaciones no graves. También añade que, en cualquier caso, las incapacidades temporales se concederán “siempre bajo criterio médico”.

“El objetivo es evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas”, ha señalado el Departament de Salut en un comunicado. “Ahora, muchas personas están de baja durante meses porque las pruebas tardan demasiado”.

La conselleria ya ha empezado a informar a los CAP de este escenario, cada centro mantendrá su presupuesto y, en todo caso, recibirá un suplemento del 5% si se alcanzan los objetivos fijados. La duración óptima de las bajas, subraya la Generalitat de Catalunya, viene marcada por el Gobierno estatal a través de la Seguridad Social.

La Dirección Provincial de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido una resolución por la que estima que el periodo de baja, con diagnóstico de epicondilitis, de la trabajadora del sector de ayuda a domicilio es una enfermedad profesional y condena a Mutualia al pago de una prestación económica, según ha informado CCOO en un comunicado. La trabajadora es auxiliar domiciliaria de la empresa Grupo Urgatzi cuyo trabajo implica, entre otras cosas, limpieza funcional, apoyo a la movilidad de los usuarios del servicio y en última instancia toda tarea que “conlleve que estas personas puedan continuar viviendo en su hogar mientras sea posible”.

Estas tareas, según ha recordado CCOO y recoge Europa Press, implican movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de cargas que afectan, entre otras articulaciones, al codo. Tras la aparición de dolores y molestias en su codo derecho durante el trabajo, la empleada acudió a Mutualia, entidad responsable de las contingencias profesionales de Grupo Urgatzi. Esta mutua basó la denegación del reconocimiento del origen profesional de la epicondilitis en que no hubiera un “hecho traumático, lo que habitualmente se asocia a golpes, caídas o similiares”, por lo tanto “no hay accidente de trabajo”. De la misma manera, Mutualia incluyó en el informe de urgencias que la epicondilitis que la propia mutua diagnosticó “no forma parte del listado de enfermedades profesionales para el trabajo que realiza la paciente”.

CCOO ha mostrado su estupor ante estos argumentos de la mutua que “no guardan relación alguna con la realidad”. En primer lugar, el sindicato ha señalado que las enfermedades profesionales, por ser enfermedades y derivarse de exposiciones a condiciones de trabajo que pueden durar años, “carecen de hecho traumático concreto desencadenante”. “En segundo lugar y más grave aún Mutualia ha ignorado, cabría preguntarse si deliberadamente o no, que la epicondilitis sí está reconocida en el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, para el tipo de condiciones ergonómicas y riesgos músculo-esqueléticos a los que están expuestas las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio”, ha asegurado.

El sindicato ha señalado que esto último se lo recuerda la propia Seguridad Social a Mutualia en la resolución, trasladándoles que la epicondilitis está recogida en el epígrafe 2D0201 del real decreto citado“. A la vista de estos ”débiles argumentos“ de Mutualia, CCOO se ha preguntado ”en manos de quién está la salud de las personas trabajadoras“.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha recordado igualmente que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, (TSJPV) emitió en febrero del pasado 2025 una sentencia que reconocía como accidente de trabajo un periodo de baja de esta misma trabajadora.

Esta empleada llegó a estar de baja médica por accidente de trabajo al dañarse el codo izquierdo por sujetar a una persona usuaria del servicio que se iba a caer. En aquel momento Mutua Universal emitió un alta médica sin que la trabajadora estuviese recuperada, por lo que tuvo que acudir al sistema público de salud, que prescribió una baja médica por enfermedad común, periodo que la sentencia reconoció finalmente como derivado de accidente de trabajo. El sindicato considera que este cúmulo de situaciones vivido por esta trabajadora es “muy representativo” de las condiciones de trabajo que existen en el sector de ayuda a domicilio, así como “evidenciador de la actitud que las mutuas tienen a la hora de no reconocer el origen profesional de las patologías de estas trabajadoras”.

La vida de Carmen Calderón (Sevilla, 1964) cambió en apenas dos segundos. El mismo tiempo en el que el desinfectante utilizado por el cirujano para la operación de ojos tardó en deslizarse fuera de la piel y caer en el interior de sus globos oculares. La intervención, sencilla y rápida, terminó con la quemadura de sus córneas en 2020 y, desde entonces, la pérdida de visión es imparable. Tras cinco años y un dictamen a favor, tendrá que recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para lograr la incapacidad permanente absoluta.

“Trabajaba en la banca, conducía, era muy independiente, tenía vida social, me arreglaba, me ponía tacones... A partir de ese momento, mi vida cambió, pasé a ser dependiente y la visión cada vez la tengo peor, pero mi lucha ahora es con la Seguridad Social”, relata en diálogo con SevillaelDiario.es. Se mantiene entera, y detalla los hechos uno por uno desde su hogar, en Chiclana, acompañada por su familia y la perra guía que han educado para que la ayude en su día a día.

La operación quirúrgica en la zona de los ojos a la que se sometió el 16 de noviembre de 2020 tuvo unos resultados trágicos. En aquel entonces, demandaron a la clínica y al especialista responsable por la negligencia y, pese a que reconocían en conversaciones privadas con la paciente lo ocurrido, no lograron hasta el año pasado recibir una indemnización. “Me dieron 40.000 euros después de haberme destrozado la vida”, aunque se estima que los gastos podrían haber superado los 200.000 euros, “pero estaba agotada de pelear y pensé, hasta aquí”.

Reducción de la visión

Cuatro años para reconocer el fallo médico, mientras la visión se reducía paulatinamente. Veía borrones, siluetas desfiguradas, colores, fogonazos de luz, tropezaba, y tuvo varias caídas y lesiones a raíz de los impedimentos en movilidad. Tal y como muestra un informe oftalmológico al que ha tenido acceso este periódico, el 7 de enero de 2025 presentaba una agudeza visual (AV), sin corrección, del 0,05 en el ojo derecho y del 0,1 en el ojo izquierdo, así que, según la Escala Wecker, tendría una incapacidad permanente absoluta que la eximiría de trabajar.

En términos técnicos, Calderón tiene un leucoma corneal cicatricial central en el ojo derecho y otro central y paracentral en el izquierdo, es decir, tiene dañado el tejido que cubre el iris y la pupila de forma irremediable y definitiva. Además, se notifica que sufre una “fotofobia insoportable” que la hace extremadamente sensible a la luz, por lo que se recomienda no conducir ni realizar esfuerzos visuales, entre ellos, uso de ordenador o trabajo de oficina.

El documento añade: “Debería solicitar minusvalía”. Una sentencia para la que Calderón casi no tiene palabras. La paciente lleva en esta batalla un lustro, pero no logra el reconocimiento por parte de la Seguridad Social. Tras el incidente, estuvo dos años de baja laboral y, tras este período, le dieron el alta porque se consideraba que su patología no llegaba al grado de incapacidad permanente. Tomó sus vacaciones e, inmediatamente después, solicitó una segunda baja por enfermedad secundaria asociada a la afectación de sus ojos: un trastorno ansioso-depresivo.

Tras cuatro años de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social decide aprobar su alta, y se reincorpora a su puesto de trabajo en el BBVA en septiembre de 2024. “Mis compañeros y mi jefe fueron muy empáticos”, asiente, “tengo un trabajo de nueve a seis de la tarde, metida en un edificio muy grande con luces y ordenadores, y lo que hacía era estar sentada en una silla, con una gorra y unas gafas de sol, bajo un paraguas, sintiéndome fatal, tanto físicamente por lo perjudicial del entorno y anímica y mentalmente, porque tienes la autoestima por los suelos”, recuerda con un hilo de voz. “Te sientes inútil, porque no puedes valerte por ti misma ni ayudar a tus compañeros...”, motivo por el que decidió pedir un mes de permiso sin sueldo. Huyó de aquel encierro que solo la hundía más.

A juicio contra la Seguridad Social

Cumplido el plazo legal, volvió a pedir una nueva baja laboral tras seis meses y le ofrecieron la única solución terapéutica: un trasplante de córnea. “Es un tratamiento agresivo y conlleva posibilidades de rechazo, se te hace en un ojo y, tras año y medio, en el otro, así que estás tres años esperando a que todo salga bien, por lo que es una opción que hemos decidido postergar hasta que no quede más remedio”, mantiene. Calderón, sin nada más que perseguir salvo la estabilidad para lograr una mejoría de la salud, fue a juicio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el 4 de febrero de 2025.

“Mi abogado expone todos los hechos y los informes de estos años, llevamos un perito médico y el juez lo resolvió en una semana”, indica. El Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla sentencia el 10 de febrero que la demandante tiene una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Quedaba liberada. Parecía que, por fin, se había logrado terminar con la batalla legal, pero, en los cinco días hábiles que contempla la ley, el INSS decidió apelar el fallo ante el TSJA.

El informe médico pericial, que ha podido consultar esta cabecera, recoge hasta 30 expedientes en los que se detalla en el periodo comprendido entre 2020 y 2025 todos los padeceres a los que se ha visto abocada Calderón. El desinfectante que originó este rosario de problemas provocó hasta diez males numerados en el documento: úlcera corneal, queratitis punctata, blefaritis anterior seborreica, úlcera epilial y haze estromal, fibrosis corneal bilateral, disfunción de la glándula de Meibonio y síndrome de ojo seco, así como una catarata corticonuclear bilateral, un leucoma cicatricial central y paracetral bilateral, y un síndrome ansioso-depresivo.

Ceguera legal

“La situación óptica de Carmen Calderón Cid se clasifica dentro de visión gravemente disminuida (ceguera legal). La orientación y la movilidad son adecuadas, pero se presenta dificultad en distinguir signos de tráfico, números del autobús, etc. La lectura también se hace muy difícil”, recoge el peritaje médico en sus conclusiones. Por tanto, se recomienda la incapacidad permanente y absoluta a la examinada, debido a los “requerimientos físicos, biomecánicos y carga mental” que exige su puesto de trabajo.

Pese a la larga lista de pruebas, el INSS recurrió el fallo en base a dos cuestiones: un implante intraocular al que se sometió la afectada en febrero de 2022 con el que consiguió una agudeza visual del 0,9. Sin embargo, la recuperación duró solo solo unos meses ante el mal estado del ojo y volvió a reducirse su capacidad al 0,1.

Así, se ignoraron los informes más recientes en los que se detalla que, en la actualidad, Calderón posee una agudeza visual del 0,1 y el 0,05, en cada ojo. El segundo argumento es que este incremento de la visión supuso ser “dada de alta como trabajadora del BBVA desde el 9 de julio de 2024”, omitiendo que era una reincorporación al alcanzar el límite legal de la baja laboral.

Con todo, el TSJA falló el 16 de octubre que se revocaba la anterior sentencia, absolviendo al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a todos los efectos. “Hemos presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero si lo admitieran, serían de dos a tres años para lograr un fallo... Todo ese tiempo, con una sensación de incertidumbre. Ahora mi prioridad no es preocuparme de mi enfermedad, sino de ver si me dan el alta; no entiendo a la Justicia”, lamenta. En un túnel cada vez más estrecho, “llevo sin salir días y días”, ahora queda lo más arduo: la espera.

A preguntas de este medio, el INSS solo ha determinado que acatarán “todas las resoluciones judiciales”. Por su parte, Calderón se pregunta por qué no se aceptó la primera sentencia, “tras 35 años cotizados contribuyendo a la financiación de las pensiones, se me niega una prestación” y, con ello, concluye que “quitan la poca paz y dignidad que queda con y contra una enfermedad grave y degenerativa”.

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para empezar la tramitación del incremento de los días del permiso por fallecimiento de un familiar y para un nuevo permiso para cuidados paliativos, que no contará con el apoyo de la patronal.

El acuerdo recoge ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos de un familiar. Tras la reunión convocada este lunes por el Ministerio de Trabajo, secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha agradecido a los sindicatos haber estado “a la altura de las circunstancias”.

Yolanda Díaz ha anunciado también el acuerdo en sus redes sociales. “Alcanzamos un acuerdo con sindicatos para ampliar los permisos por fallecimientos y cuidados paliativos. Despedirse y llorar sin fichar no solo es un derecho, también es sentido común”, señala su mensaje.

Pérez Rey ha señalado que “es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han auto excluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad”.

Para el 'número dos' de Trabajo, este acuerdo debería haber sido de “todos”, pero la patronal no ha querido estar por “cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo”.

Trabajo dio por finalizada la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, tras su negativa a modificar el permiso por duelo y a poner en marcha otros dos nuevos, fundamentalmente por el coste que supone para los empresarios.

A pesar de ello, ha asegurado que este no es un acuerdo “menos importante y decisivo”. “Que la patronal no esté no le resta importancia”, ha aseverado.

En este sentido, el secretario de Estado ha pedido a la patronal española que, en lugar de perseguir trabajadores enfermos, se dedique a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país.

“No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo”, ha añadido.

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Además, el Real Decreto que Trabajo quiere impulsar es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

Se pondrán a trabajar “ya” para garantizar el apoyo parlamentario

Además, Pérez Rey ha asegurado que se pondrán a trabajar “desde este mismo instante” para garantizar el apoyo a esta norma de las formaciones políticas y ha trasladado su convencimiento en que esta norma tendrá el respaldo de los grupos parlamentarios.

“Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión que sienten todos y todas, de la clase social que sean, y se encuentren en el lugar donde se encuentren”, ha expuesto.

“Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Pero ya no puedo más”. El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha pronunciado estas frases en el discurso con el que ha anunciado su dimisión como jefe del Consell, unas palabras que dan a entender el estado anímico que atraviesa.

Tras anunciar su dimisión en diferido, seguirá como presidente en funciones hasta que se concrete el acuerdo con Vox sobre su sucesor. De hecho, está previsto que asista al pleno del Consell de este martes.

Sin embargo, fuentes cercanas a Mazón han confirmado que posteriormente bajará sensiblemente el ritmo de su agenda, momento en el que solicitará asistencia médica por petición de su familia, por lo que podría acabar con una baja, aspecto que podría condicionar los plazos de su relevo. Desde la Generalitat han aclarado que en la actualidad Mazón “no tiene prescrita ninguna baja médica” y hará en todo momento “lo que le diga su facultativo”.

El presidente no ha comunicado formalmente a las Corts todavía su marcha, según informan fuentes parlamentarias, un paso necesario para que el calendario empiece a correr. Desde que se comunique la renuncia hay 12 días hábiles para presentar candidato.

Los plazos los marcan la ley del Consell, la ley electoral valenciana y el reglamento de las Corts Valencianes, que regulan las normas de investidura. Se prevén unas dos semanas entre que se comunica la dimisión, se publica en el Boletín Oficial del Estado, se convoca un pleno y se produce una nueva investidura. Todo ello contando con que el presidente oficialice su salida en las próximas horas, un escenario que no se ha confirmado. Mazón no ha dado ningún plazo ni ha detallado cuándo se marchará.

Si se estiraran los plazos todo lo posible, Mazón podría seguir en funciones entre cinco y seis meses más, hasta una convocatoria electoral y una nueva propuesta de investidura.

Extremadura Avante deberá indemnizar con 38.000 euros por despido improcedente a un trabajador, que padece una espondiloartrosis lumbar y un trastorno de ansiedad generalizado, por lo que se encontraba de baja médica. Sin embargo, participó en una prueba de 'fitness indoor' durante ese periodo, lo que suponía una incompatibilidad, a juicio de la compañía.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social 5 de Badajoz, que declaraba “improcedente” el despido disciplinario del trabajador y condenaba a Extremadura Avante a la citada indemnización.

Expone la sentencia del Juzgado, que ratifica el TSJEx, que el empleado, durante su último período de incapacidad temporal, se desplazó a la ciudad de Valencia para participar en una competición deportiva que se celebró en octubre de 2023. En concreto, una edición de fitness indoor HYROX, en la modalidad de dobles, junto a otra persona.

Tres meses después (enero de 2024), y con el trabajador ya reincorporado, la empresa pública le abrió un expediente disciplinario tras conocer la participación de éste en la prueba deportiva.

Aunque el empleado presentó alegaciones en dicho procedimiento y adjuntó un informe médico y otro de su fisioterapeuta avalando que éste podía participar, Extremadura Avante lo despidió.

La sentencia del Juzgado refleja que el trabajador tenía recomendado por su facultativa la práctica de actividad deportiva pautada, la cual estaba dirigida por su fisioterapeuta, “quien fue la que le indicó lo que podía y no podía hacer” en esa prueba deportiva. “Las cargas y volúmenes de trabajo asignadas a la modalidad del evento en que participó el actor no eran superiores a las cargas y volúmenes de entrenamiento que realiza bajo la supervisión” de su fisioterapeuta, recoge el fallo judicial.

Ademas, las fotografías y los vídeos que fueron aportados en el juicio “reflejan la leve implicación física del trabajador” en la prueba deportiva. Por ello, la sentencia remarca “la perfecta compatibilidad” entre la participación del trabajador en la prueba deportiva y su proceso de baja médica. “Ni había simulación, ni se produjo lesiva afectación o agravación del mal inicial”, remarca el auto.

Aunque la empresa pública recurrió ante el TSJEx, este Tribunal ha confirmado la sentencia del Juzgado. Expone que en la conducta del empleado “no concurren las condiciones para que se justifique su despido por parte de la empresa demandada, pues ni la actividad que llevó a cabo podía interferir en su curación retrasándola ni suponía que tenía capacidad laboral para desarrollar normalmente su trabajo”.

El Ayuntamiento de Tarragona ha admitido que contrató a un servicio de detectives privados para controlar el “cumplimiento de las obligaciones laborales” de los trabajadores de la empresa municipal de transportes (EMT). Concretamente, las investigaciones se han centrado en el absentismo laboral, tal como han apuntado en un comunicado.

Desde el consistorio evitan hablar de “espionaje” y asegura que los detectives sólo han llevado a cabo “medidas de seguimiento y verificación” y se escudan en que “en determinados casos y siempre dentro del marco legal vigente, la empresa puede recurrir a profesionales externos para verificar situaciones específicas que puedan afectar al servicio”.

También insisten en que el comité de empresa está al caso de la contratación. De hecho, esta comunicación fue la que destapó el caso, que fue publicado por el medio 'Porta Enrere'. La empresa también asegura que, en el próximo consejo de administración, trasladará oficialmente esta información a todos los consejeros de la empresa municipal.

El grupo municipal de ERC en Tarragona ha pedido explicaciones al alcalde, Rubén Viñuales, y ha hecho una petición de información para saber por qué se ha requerido el servicio. También requieren conocer cuántas veces se han pagado detectives desde el inicio del mandato. “Llevamos dos años y es la segunda vez que oímos hablar de prácticas de espionaje”, ha asegurado la portavoz republicana, Maria Roig.

La primera hace referencia a una trabajadora municipal encargada de la puja del nuevo contrato de limpieza y que también fue seguida por detectives. El caso está actualmente siendo investigado por un juzgado.

El Ayuntamiento ha comunicado que la contratación referente a la ETM se cerró en julio, a través de un contrato menor que no requirió de licitación pública, pero apunta que, a pesar de eso, hará públicos los detalles durante este mes de septiembre.

En 2024, hubo casi 9,2 millones de bajas laborales por enfermedad común en España. Es casi el doble que en 2016, cuando hubo 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal iniciados. El incremento se repite en todos los sectores, edades, territorios y patologías, según los datos de la Seguridad Social de los últimos nueve años a los que ha tenido acceso elDiario.es vía Ley de Transparencia. Ciertos sectores empresariales y económicos han intensificado sus discursos contra el fraude y el abuso del “absentismo” de los trabajadores, pero múltiples factores están propiciando este auge de las bajas y dejan huella en las estadísticas. Desde el efecto de la pandemia a la saturación de la sanidad pública, más gente mayor trabajando, el estallido de los problemas de salud mental y cierto cambio generacional, entre otros. 

Antes de analizar su incremento, lo primero es aclarar qué son las bajas laborales, un derecho de los trabajadores a ausentarse de su puesto por estar enfermos o haber sufrido un accidente, remunerada con una prestación cuando han cotizado lo mínimo para ello, y siempre con la acreditación de un médico. 

Es lo que a diario las mutuas, gran parte del sector empresarial y conservador –y cada vez más actores– denominan “absentismo”, que la RAE define como “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación”. Un término que los sindicatos piden excluir del debate, ya que condiciona el marco de análisis hacia una supuesta intencionalidad del trabajador. “Las bajas no se cogen, las da un médico. Criminalizar a las personas en incapacidad temporal es muy injusto”, advierte Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de Comisiones Obreras. 

Los datos son contundentes. Las bajas por enfermedad común de trabajadores están creciendo de manera continuada y mucho en los últimos años, con un salto cualitativo después de la pandemia de coronavirus, como refleja el siguiente gráfico.  

En 2016, hubo 4,9 millones de procesos de baja por incapacidad temporal iniciados. Año tras año, el dato fue aumentando hasta los 6,6 millones de bajas en 2019. Y llegó la COVID, que disparó los procesos al pico registrado en 2022, cuando tuvo lugar la explosión de casos por la variante Ómicron. Tras la pandemia, las bajas descendieron en 2023, pero se quedaron por encima del nivel previo al coronavirus. En 2024, volvieron a aumentar, hasta los mencionados 9,2 millones de bajas médicas. Un 88% más que en 2016. 

Aumentan las bajas y también los días totales de trabajadores en incapacidad por enfermedad. Pero no así la duración media de los procesos, que se ha ido manteniendo, e incluso reduciendo, aunque con un marcado efecto por la pandemia. Los datos de 2024 están infraestimados porque aún hay procesos abiertos.

En este contexto, son continuas las críticas empresariales al abuso del absentismo, como a la supuesta existencia de “bajaciones”, en expresión del presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, a cuenta del mayor número de bajas los lunes y de altas los viernes. O el foco puesto sobre los “repetidores”, como denomina un estudio de la mutua Umivale a los trabajadores que tienen más de una ausencia por enfermedad en un año. 

Ciertos casos de abusos y de fraude existen, como en cualquier otra prestación o ayuda, indican varias fuentes del diálogo social, que insisten también en que es residual y piden no criminalizar a las personas enfermas. “No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que hay un aumento del fraude”, explican fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, que está analizando el alza en una mesa de negociación con las patronales y los sindicatos. Todos comparten su preocupación respecto al auge, que ha disparado los costes empresariales y de la Seguridad Social (quienes pagan las bajas), pero hay diferencias a la hora de abordar la cuestión. 

“Se está enfocando más desde la perspectiva económica, del coste, que desde el sanitario, y así no vamos a solucionar el problema, que es de salud”, considera Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT. Fuentes de la patronal CEOE sostienen que “el problema es primero sanitario, de salud, pero nos genera un problema organizativo y económico enorme”. Por ello ponen el foco en solucionar la saturación del sistema sanitario y la falta de personal en la Seguridad Social, que asume las bajas a partir del año de duración. “Si una persona se tiene que curar en un mes, y lo hace en dos, no es normal”, denuncia la parte empresarial. 

No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que hay un aumento en el fraude

Ministerio de la Seguridad Social

La cuestión es, ¿por qué están aumentando tanto las bajas por enfermedad de trabajadores? 

Hay que tener en cuenta que este auge no es exclusivo de España. Está ocurriendo también a nivel internacional, con aumentos en casi todos los países de la Unión Europea en la última década, como recoge el reciente Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), analizando microdatos de las encuestas de población de activa de cada país en Eurostat.

España destaca como el tercer país de la UE con más trabajadores de baja laboral, tras Francia y Portugal, y también por su importante auge, al pasar de un 2% en 2014 a un 4,1% en 2022. Pero el crecimiento es generalizado –salvo las contadas excepciones de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Bulgaria– y con muchos otros países con alzas muy abultadas: Malta, Estonia, Letonia, Chipre, Irlanda, Lituania, Croacia y Hungría, entre otros, también han duplicado aproximadamente sus registros. 

Salud mental y saturación sanitaria

La dimensión internacional del fenómeno hace pensar que, más allá de los condicionantes nacionales –que los hay–, parecen existir causas transversales que explican este aumento en muchos países del mundo. Entre ellos, en la Seguridad Social destacan “las consecuencias de la pandemia”, cuya magnitud aún está por determinar, consideran. La COVID supuso un salto en las ausencias por enfermedad que ha dejado el nivel mucho más elevado que antes de la crisis sanitaria.  

Si miramos la evolución mes a mes, hemos pasado de entre 400.000 y 500.000 bajas mensuales antes de la pandemia a las 700.000-800.000 actuales. 

Por un lado, se analiza si la pandemia ha dejado un deterioro de la salud en ciertas patologías, como se está viendo de manera clara respecto a la salud mental. Patronal y sindicatos hablan de “problema de salud pública” en este ámbito y denuncian la “insuficiencia de recursos” del sistema sanitario público.

“Después del COVID, la salud mental está muy mal, viene muchísima gente con ansiedad y otros problemas”, explica Amparo Naranjo Álvarez, médica de un centro de salud de Las Rozas y portavoz del sindicato médico Amyts, que reconoce la insuficiencia de recursos especializados para sus pacientes. “Psicólogos hay poquísimos en la Seguridad Social y la oferta es muy limitada, prácticamente se reduce a que te vea un psicólogo cada tres o cuatro meses. Eso no es una terapia psicológica, no es un control de la clínica de una persona con una patología psiquiátrica”, añade la médica de familia. 

Las ausencias por este motivo son más del doble que en 2016. Es la tercera patología que más ha aumentado sus incapacidades, según los datos a los que ha accedido elDiario.es, que permiten ver el diagnóstico de las bajas en grandes capítulos de CIE10, una clasificación internacional de enfermedades. 

Las bajas por salud mental en términos absolutos no suponen tantos procesos (+377.000) sobre los cuatro millones de aumento desde 2016. Pero suelen tener duraciones más prolongadas que otras patologías y suponen un motivo de preocupación por la suma de días de ausencia de los pacientes. En UGT alertan de la falta de especialistas en la sanidad pública, pero también de la escasísima prevención de los riesgos psicosociales en las empresas, a pesar de estar obligadas a ello. “Si hay tanta preocupación por este tema, los empresarios tienen mucho por hacer aquí y se solucionarían muchos problemas”, considera Patricia Ruiz.

Además, el rastro de la pandemia se aprecia también de manera clara en el salto al alza de las “enfermedades respiratorias” y las “enfermedades infecciosas y parasitarias”, con casi 1,2 millones de bajas más en este periodo. Aquí se engloban por ejemplo las gripes y otros procesos infecciosos, como los intestinales, sobre los que todas las fuentes consultadas perciben un cambio social tras la COVID. Es decir, antes se iba a trabajar enfermo y con síntomas, pero tras la pandemia muchas personas han dejado de hacerlo.

“Creo que la gente fue mucho más consciente de la cadena de transmisión. Que, evidentemente si vas al trabajo enfermo, luego van a caer los compañeros, y luego otros tantos y sus familias, que puede haber personas mayores, etc.”, sostiene Paulino Cubero, con una larga carrera como médico de familia y portavoz de la sociedad semFYC. 

El rastro de la pandemia también es clave en el auge de las patologías que más aumentan, que han triplicado sus bajas, con casi 800.000 procesos más en 2024 que en 2016: “Los síntomas, signos y resultados anormales de pruebas sin clasificar”. Los sanitarios contactados explican que esta categoría es “un cajón de sastre”. En él los médicos de Atención Primaria incluyen a muchos pacientes a la espera de que sus dolencias o patologías tengan nombre, una vez pasen por el especialista en cuestión. El problema es que la saturación del sistema sanitario demora las listas de espera y la realización de esas pruebas y sus tratamientos, lo que “está alargando mucho las bajas”, coinciden los médicos Amparo Naranjo y Paulino Cubero. 

Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada

Amparo Naranjo, médica de familia

“Hay gente que está mucho tiempo de baja porque no le hacen la resonancia o la ecografía que le tienen que hacer, y no están para trabajar. Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada”, pone como ejemplo Naranjo. Fuentes patronales y sindicales en la mesa de diálogo sobre incapacidad temporal de la Seguridad Social coinciden en señalar este como el principal motivo evitable del aumento de días de baja y de su “prolongación innecesaria”: la saturación del sistema sanitario. 

Las bajas de más de 365 días se han duplicado en estos años, destacan también en el Ministerio de la Seguridad Social. Estos procesos, aunque suponen solo el 2,4% del total, representan el 34% del total de días de baja, recoge el citado estudio de Umivale y el IVIE. Por ello, son muy relevantes en términos de coste económico, reconocía la mutua. 

“No hay suficientes médicos, tampoco para el control del INSS (Seguridad Social)”, insisten desde la CEOE, que pide que las mutuas tengan “un mayor papel” para solucionar este ‘tapón’ del sistema público, como ha ocurrido con el acuerdo social firmado para que agilicen pruebas y tratamientos en patologías traumatológicas. Casi dos años después, solo lo han suscrito tres comunidades (Baleares, Catalunya y Asturias).

En los sindicatos reconocen el problema, pero muestran muchos recelos a la hora de dar más competencias a las mutuas. Estas, aunque se financian con dinero público y son colaboradoras de la Seguridad Social, también son organizaciones empresariales. “No son neutras, tienen objetivos de reducción de bajas, persiguen a la gente”, denuncia Carlos Bravo. “Si se les quiere dar más protagonismo, cambiemos su modelo, que se refuerce el control público, pero no pueden seguir siendo asociaciones empresariales”, considera el representante de CCOO.

En la mutua Umivale engloban las bajas por salud mental y por “algias” (dolores) como patologías “más difícilmente objetivables” y siembran una sombra de duda de posibles abusos de los empleados. Sin embargo, reconocen que entre los autónomos “suponen prácticamente la misma proporción de jornadas perdidas (49%)”.

El siguiente gráfico muestra cuánto ha contribuido cada enfermedad al aumento del número de bajas en cada grupo de edad. ¿Qué vemos? Que para los jóvenes las enfermedades respiratorias, infecciosas y las enfermedades dentro del “cajón de sastre” de síntomas sin clasificar suponen más de la mitad. Mientras, para los trabajadores con más edad contribuyen más al aumento las enfermedades musculares y de los huesos, que empeoran con el envejecimiento.

Un contexto económico favorable: más trabajadores y menos paro

Más allá de estas enfermedades, el aumento de las bajas es algo bastante generalizado entre las distintas patologías. La mayoría se ha incrementado con porcentajes por encima del 80% y, en muchos casos, venía produciéndose antes de la pandemia. Es decir, otros motivos explican también este incremento de las incapacidades, más allá de ese antes y después de la COVID.  

El gran aumento del empleo de los últimos años, hasta máximos históricos de casi 22 millones de trabajadores afiliados, empuja al alza los datos, aunque no explica el grueso del incremento. Si atendemos a la evolución de las bajas por cada 1.000 afiliados (para marginar los cambios en el empleo), se suaviza el incremento de los datos absolutos. Con una mirada mensual, hemos pasado de las 23 bajas por cada 1.000 afiliados en 2016 a las 36 bajas al mes por cada 1.000 afiliados en 2024.

La mejoría del empleo, y en concreto la reducción del paro, está constatado que también aumentan el nivel de bajas, como recordaba recientemente en su informe anual el Banco de España. “Habría que interpretar si cuando hay bonanza económica se cogen más bajas de las debidas o si cuando no la hay se cogen menos de las necesarias. Esto es muy subjetivo, muchas veces nosotros ofrecemos la baja y el paciente la rechaza porque dice que tiene que ir trabajar”, valora el médico Paulino Cubero. En los sindicatos lo tienen claro: la precariedad es un obstáculo para ejercer derechos, por miedo a quedarse sin trabajo. 

Y no solo ha aumentado el empleo, sino que “el mercado de trabajo ha cambiado radicalmente” en España tras la reforma laboral, destacan en el Ministerio de la Seguridad Social. Con más empleo, pero también de “más calidad”, ante una reducción drástica de los contratos temporales, que se está plasmando también en mejores salarios, especialmente entre los sueldos más bajos. Esto también está repercutiendo en la factura final del coste de la incapacidad temporal que pagan las empresas y las arcas públicas. “De todo el aumento del gasto, casi la mitad, el 40% lo adjudicamos a la mejoría del mercado de trabajo”, cifran en el Ministerio de Elma Saiz. 

El Banco de España destaca también en su informe, que complementará con otro análisis en profundidad más adelante, que el repunte de las bajas ha sido generalizado según “el sector de actividad y la región” del país.

El sector con más bajas laborales son las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 1,3 millones de incapacidades en el último año y 655 bajas por cada 1.000 afiliados. Es también el que registra un mayor aumento en el periodo analizado, del 76%. Si atendemos a los incrementos, le siguen el trabajo del hogar, con un 72% más de ausencias, y la Administración Pública, con un 66%. La mayoría de actividades registran incrementos notables, por encima del 50%. 

Por comunidades autónomas, el crecimiento es muy similar en todos los territorios en función de su nivel de trabajadores. Todas ellas tienen incrementos entre el 40% y el 60%.

Aunque el aumento de las bajas es bastante similar en todo el territorio, la incidencia del número de incapacidades temporales por trabajador es mucho mayor en algunas zonas específicas. En el mapa se ve la tasa de bajas iniciadas en 2024 por cada 1.000 afiliados. ¿Cuáles destacan? Catalunya, Euskadi, Navarra, Guadalajara o Canarias. 

A la espera de ese análisis más detallado, el Banco de España ya ha señalado que el hecho de que el repunte de las bajas haya sido tan generalizado “sugiere la prevalencia de determinantes comunes que afectan a todos los trabajadores de forma relativamente similar”.

Un mercado laboral más envejecido y más bajas de jóvenes

Uno de los factores clave, transversal y de fondo, señala al envejecimiento de la población. No solo hay más gente trabajando, sino que cada vez es más mayor. Debido a una pirámide poblacional con menos jóvenes y al progresivo retraso de la edad de jubilación, los afiliados de más de 50 años han pasado de representar el 29% de los trabajadores en 2016 al 35% en 2024. 

¿Se nota esto en las bajas? Sí. Es relevante porque la salud tiende a deteriorarse con la edad, recuerda el Banco de España, y porque los procesos de baja suelen ser de mayor duración y gravedad. En términos absolutos, el grupo de personas de 56 a 65 años es uno de los que más ha incrementado sus bajas por enfermedad y son los que tienen incapacidades más largas, de media 60 días. 

Las ausencias por enfermedad de los trabajadores más mayores explica gran parte del incremento de las “jornadas perdidas por absentismo” que denuncian habitualmente mutuas y patronales. Según el informe de Umivale Activa y el Ivie, y que ha analizado todos los procesos de incapacidad temporal 2016 a 2023, “el grupo de trabajadores de 50 años o más explica el 70% del incremento del indicador”. 

Las cifras por grupos de edad nos revelan otras dos cuestiones relevantes. La primera: que el auge de las bajas laborales va más allá de las personas mayores. Es generalizado, con porcentajes elevados (entre el 50% y el 88%) en todos los grupos. Y la segunda: que los jóvenes son el grupo de población en el que más han crecido las bajas por enfermedad común, tanto en términos absolutos como relativos. Eso sí, sus ausencias son las más cortas. 

“Los jóvenes vienen mucho más a por la baja que antes”, afirma la doctora Amparo Naranjo Álvarez, con 60 años y una larga trayectoria en la consulta. Coincide el médico de familia Paulino Cubero, portavoz de semFYC, que recuerda que “cada generación tiene sus condicionantes”.

“La gente más joven ahora creo que no aguanta lo que aguantábamos antes. Por una parte, está bien porque en nuestra generación hemos ido todos muy enfermos a trabajar”, considera la doctora Naranjo Álvarez, que por otra parte cree que hay casos donde “se acude a la primera de cambio a por una incapacidad al médico”. 

Los datos muestran la brecha generacional: entre los trabajadores más jóvenes, suben más las bajas por “síntomas, signos y resultados de pruebas anormales sin clasificar” (vinculados al colapso del sistema sanitario) y las relacionadas con la salud mental, tal y como se ve en el siguiente gráfico.

Fuentes de la Seguridad Social destacan un “hecho diferencial” de los jóvenes en los últimos años: la estabilidad de sus contratos. Tras la reforma laboral de 2022, los trabajadores temporales se han desplomado y, especialmente entre los jóvenes, pasando de más del 55% al 23,5% entre los menores de 30 años. “Esto también es relevante”, analizan en el ministerio de Elma Saiz, ya que la precariedad impide en muchas ocasiones ejercer ciertos derechos, como faltar al trabajo en caso de enfermedad. “No es lo mismo tener un contrato temporal, que no sabes si te van a renovar, y afrontar una precariedad absoluta a tener un contrato indefinido. La posición es distinta”, subrayan. 

Para algunas patronales y mutuas, este alza de las bajas entre los jóvenes refleja supuestos abusos. “Es inexplicable”, ha denunciado por ejemplo la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). “En teoría, las personas a cierta edad podemos tener más problemas de salud que los más jóvenes”, afirmó su director general en una rueda de prensa sobre absentismo. En cambio, desde la patronal CEOE reconocen a elDiario.es que hay un “problema muy grave” con la salud mental de los jóvenes. Esto se ha reflejado también en un aumento de suicidios hasta 2022, que ha remitido en los dos últimos años. 

Por sexos, las bajas aumentan entre hombres y mujeres, aunque algo más en el caso de las trabajadoras, que tienen tradicionalmente más ausencias por enfermedad, tanto entre asalariadas como en trabajadoras autónomas. 

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, enfoca el análisis “desde lo colectivo” y con mirada larga. “En los últimos años hemos vivido cambios en salud importantes. Los efectos de la crisis de 2008, la pandemia o el cambio climático y todo lo que se asocia a ello, han generado unos cambios en los determinantes sociales de la salud”, argumenta. Y recuerda que “las condiciones que generan salud y enfermedad” son muy variadas, como “las políticas económicas, sociales, la desigualdad, cómo son nuestros barrios, los contextos ambientales…” 

Gullón considera además que se están dando ciertos cambios culturales. “Procesos que podrían ser bajas por incapacidad temporal y en los que la gente continuaba trabajando ahora se visibilizan. Es decir, existe también un cambio por el cual parte de los procesos de salud que tendrían que generar una incapacidad temporal, ahora al fin lo generan”, considera.

Carmen, de 34 años, ha estado de baja en dos ocasiones en el último año, durante un par de meses, debido a dos operaciones quirúrgicas por una enfermedad. “Me ha pesado mucho la culpa, he reflexionado mucho sobre ello. No hay una presión externa en mi caso para incorporarme, pero se siente una presión como adquirida, por la falta de recursos cuando las bajas no se cubren, te sientes responsable sobre el trabajo, que cargas sobre tus compañeros... Es una presión indirecta”, reflexiona. “Una baja no son vacaciones, sino un proceso de curación y recuperación”, añade. En este contexto de culpa y con discursos constantes que denuncian el “absentismo”, reconoce que se incorporó en cuanto pudo, “incluso teniendo la posibilidad de prolongar” un poco más el reposo. 

Sanitarios y sindicatos advierten precisamente del peligro de estigmatizar a las personas por el simple hecho de enfermar, algo que no está en su mano y ya les está perjudicando en sus vidas. “No hay que estar de baja ni un día más de lo necesario, pero añadimos que tampoco ni un día menos”, subraya Carlos Bravo (CCOO). El catedrático de Economía y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, pidió recientemente a los empresarios cautela y actuar con “bisturí” en esta materia.  

“Mi preocupación es que desde el ámbito de las empresas se quiere entrar en este tema a martillazos, por así decirlo. Y creo que es un tema que hay que conocer muy bien los datos, de microcirugía, para saber qué hay detrás. De lo contrario podríamos tener la tentación de responder a este aumento, que en principio no es bueno, con el estilo de hacer políticas que siempre es muy malo en un país: cuando la motivación de hacer algo se adelanta a la comprensión de ese algo. Los resultados acostumbran a ser malos”, advirtió Costas.