La CIG, principal sindicato gallego, lleva ante la Justicia la orden de la Xunta que refuerza las mutuas privadas en la gestión de las bajas

La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.