Las tradiciones no pueden convertirse en rutinas irreflexivas acaudaladas décadas tras décadas. Conviene adaptarlas a los nuevos tiempos sin que por ello pierdan su esencia. El devenir de la vida no es algo estático y, afortunadamente, la sociedad avanza -con todas sus limitaciones- en valores, participación e igualdad. Aunque solo sea por adaptarse a los nuevos tiempos y a las generaciones más jóvenes, que no es poco, no abandonamos la esencia por caminar coherentes al siglo XXI. No hace falta recurrir a prácticas en el pasado aplaudidas y hoy denostadas.

Es el caso de la Semana Santa y la presencia de la Marcha Real. Un hecho impostado por el franquismo en su interés por estandarizar ritos y actividades públicas, e introducir en momentos claves de la vida social la reafirmación de aquella España, tan católica como una, grande y libre. No se trataría aquí de cuestionar la presencia de su interpretación en actos procesionales. En ningún caso. Solo recordar el origen de un acto asociado a otros “ritos de victoria”: condecoraciones militares a imágenes, creación de nuevas cofradías, hermanamientos, acompañamientos… 

Lo cierto es que con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad, su complementariedad con la marcha de granaderos, estando los dos protegidos y reconocidos oficialmente. Podríamos incluso polemizar sobre la presencia de himnos civiles en ceremonias religiosas como algo impropio de un Estado aconfesional, pero tampoco es nuestro caso ahora. Afortunadamente, estamos lejos de aquellos momentos donde para la consagración se escuchaba los sones de la marcha real como certificación de una España victoriosa de una cruzada contra rojos e infieles. Algunos sectores de la Iglesia, empapados del espíritu vaticanista, avanzan más que muchos cofrades. 

Con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad

Dicho esto, es justo reconocer que, aunque aun son pocas, va calando con normalidad la interpretación del himno andaluz en actos procesionales. Entre otras, la Hermandad del Señor de la Resurrección y Sta. Mª del Triunfo en Granada, así como la Virgen de los Dolores en el Cerro del Aguila sevillano, disputan ser las primeras. Es más, el palio de la cofradía escolapia granadina -Mayor Dolor- entró en la Plaza de San Pedro en el Vaticano bajo sones andaluces, cuando fue la primera en peregrinar a Roma a propósito del Jubileo de las Cofradías en el año 2000.  

Dicho estos ejemplos, no es arriesgado que bandas y vírgenes acojan el himno andaluz entre sus marchas de acompañamiento o, bien, en entradas y salidas de sus templos. Es más, el origen religioso de su melodía lo avala. Defiendo que es un gesto hermoso y consecuente. Cabe recordar así su origen sobre la base del canto del Santo Dios, que el propio padre de la patria andaluza según el Estatuto de Autonomía, Blas Infante, cantaría según reza en el Reglamento de los Padres Escolapios, donde estuvo escolarizado interno en Archidona. El propio notario de Casares anota entre sus escritos que dicha letra trinitaria la escucha por la Cuenca del Guadalquivir, desde Cantillana en Sevilla (en honor a su Pastora aun) a Alosno en la Sierra de Huelva. Es más, en su obra Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo apunta que se trata de un himno de segadores interpretado a la salida y puesta del sol. Es decir, asociado al trabajo y la naturaleza desde el imaginario del mundo agrario y jornalero. Sus primeros párrafos rezan así: “Santo Dios/ Santo fuerte/ Santo Inmortal/ Líbranos Señor de todo mal”.

Desde sus vivencias y estudios, Infante adoptará así su melodía para el himno de su movimiento, reforzando su origen popular, siendo registrado en 1933 por la Junta Liberalista ya con nueva letra. Es estrenado oficialmente el 7 de julio de 1936 en un concierto de la Banda municipal en la sevillana plaza de San Lorenzo dirigida por José del Castillo; aunque el intento autonomista andaluz en tiempos de la II República popularizó al pasodoble Giralda, del maestro Juarranz. Durante la transición, en junio de 1977, Carlos Cano y la Coral Polifónica Heliópolis de Sevilla presentaron en Ronda en un acto del Partido Socialista de Andalucía el posterior himno oficial. En esta ocasión, bajo formato de disco acompañado en la cara B de su conocido tema 'Verde, blanca y verde'. Lo cierto es que aquel símbolo nacido del testimonio de lo que fue una primera generación de andalucistas con Infante y los suyos, fue restituido y popularizado de la mano del andalucismo de segunda generación constituido en partido y asumido por el conjunto social en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, primer Día de Andalucía. Hoy, como sabemos, ya reconocido oficialmente mediante Ley del Parlamento de Andalucía para gozo de todos y todas. 

El Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977.

En una carta dirigida a las hermanas de Caparrós, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Directora General de apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera “execrables los hechos ocurridos” en los que “lamentablemente (...) un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós causándole la muerte”.

Sin embargo, a renglón seguido, Interior advierte de que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

La familia del joven sindicalista tiene ahora un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, significaba colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

El carpetazo del departamento de Fernando Grande Marlaska llega a pocos días del 28 de febrero (28F), día de Andalucía, que conmemora la conquista del autogobierno de Andalucía, consolidada en el Estatuto de Autonomía de 1981.

García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía, un título que le concedió la Junta a título póstumo, y la solicitud de su familia para que el Gobierno le otorgara el reconocimiento de víctima fue respaldada por todos los grupos del Parlamento andaluz, excepto Vox.

El 4 de diciembre del 77, un millón de andaluces salieron a las calles a manifestarse por una autonomía plena. García Caparrós murió de un disparo en la movilización que tuvo lugar en Málaga. Cada año, los partidos de izquierdas conmemoran esa fecha como el primer episodio del proceso autonomista, comandado por el pueblo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno fijó esa efeméride en el calendario oficial como el Día de la Bandera Andaluza.

Una cuenta pendiente desde 2007

En junio del año pasado, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que albergaba el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente. Sólo la primera de las tres peticiones se les ha concedido.

El pasado 11 de noviembre, en el marco de la Ley de Memoria Democrática y en virtud de una reforma ad hoc del reglamento de archivos del Congreso, la Mesa de la Cámara Baja aprobó por unanimidad permitir a las hermanas García Caparrós el acceso al expediente desclasificado del asesinato Manuel José.

Dolores, Francisca y Purificación visitaron el Congreso y pudieron consultar personalmente el archivo “sin anonimizar” de la comisión que investigó su asesinato, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplieron así un anhelo con casi 50 años de reivindicación.

Pero tras colmar ese objetivo, las hermanas de Caparrós continuaron escribiendo a Sánchez en busca del reconocimiento oficial como víctima del terrorismo. El 22 de octubre, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, les respondió por carta, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

Sin embargo, la solicitud de la familia García Caparrós se traspapeló y durante dos meses el departamento de Fernando Grande Marlaska no había estudiado aún si la petición para el reconocimiento del joven malagueño como víctima del terrorismo tenía encaje en la ley.

El abogado que representa a la familia volvió a remitir el escrito a Interior el pasado 4 de diciembre, al cumplirse 49 años del asesinato del joven sindicalista, y es ahora cuando la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha resuelto de forma desfavorable a sus intereses.

“Les trasladamos nuestras disculpas por la demora en atender la solicitud de información de su primer escrito. La recopilación de la información sobre el expediente tramitado en 2007 y el estudio de la situación actual nos ha llevado más tiempo del inicialmente estimado”, reza la carta, firmada por Torija.

En efecto, en 2007, año en el que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las hermanas de García Caparrós presentaron por primera vez ante el Ministerio del Interior una solicitud de indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, de 1999.

Esta solicitud fue inadmitida por “extemporánea” en octubre de ese mismo año, y al Ministerio “no le consta” que la familia recurriese luego esa resolución en los tribunales.

En 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que regula “indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista”.

La carta que han recibido las hermanas de García Caparrós apela a esa misma ley, que establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

En estos casos, concluye la misiva, “la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos pueden acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”.

La muerte de García Caparrós, que fue objeto de una investigación interna en el Congreso, no responde a ninguno de estos supuestos que establece la ley, razón por la que Interior ha rechazado su reconocimiento como víctima del terrorismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin tramitar la solicitud para reconocer como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por la Policía durante la masiva movilización de andaluces por una autonomía plena que tuvo lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977, hace ahora 48 años.

El pasado mes de junio, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que alberga el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.

El 22 de octubre, recibieron una carta de vuelta firmada por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

“En relación con su solicitud de reconocimiento a su hermano como víctima del terrorismo, le informamos de que esta materia corresponde al Ministerio del Interior, órgano competente a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. En consecuencia, damos traslado de su carta a dicho ministerio para que estudie y valore su petición conforme a la normativa vigente”, reza la misiva.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, supondría colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Sin embargo, dos meses después de la carta y habiéndose celebrado el pasado 4 de diciembre los actos de homenaje por el aniversario de la muerte del joven sindicalista, y habiéndose reunido ese mismo día la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con las hermanas García Caparrós, en Málaga, la petición de éstas no ha sido tramitada por el Gabinete del Presidente del Gobierno, pese al anuncio de su misiva.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este periódico que “no ha entrado” la solicitud de la familia para iniciar el proceso administrativo para el reconocimiento como víctima de terrorismo. Y desde el Gabinete de la Presidencia reconocen que la petición no se ha gestionado aún, pero no aclaran por qué ha quedado varada la tramitación ni por qué no se ha remitido la solicitud al Ministerio de Interior desde que respondieron a la carta de las hermanas, hace dos meses.

El pasado 4 de diciembre, ante la ausencia prolongada de respuesta por parte del Gobierno, Francisca, Purificación y Dolores escribieron una segunda misiva, esta vez dirigida a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para saber si Presidencia les había derivado su solicitud. “Instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada”, reza la carta.

La figura de Manuel José García Caparrós está reconocida como una suerte de mártir del proceso autonomista andaluz. La Junta le nombró Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y todas las fuerzas políticas -excepto Vox- votaron hace unos años en el Parlamento para que el Congreso facilitara a la familia el expediente de la comisión que investigó su asesinato, en 1987, con información bajo secreto.

Después de muchas gestiones y lances políticos, la Cámara Baja aprobó una reforma del reglamento de archivos que sirvió para sortear la Ley de Secretos Oficiales y permitir a las García Caparrós consultar el expediente íntegro de hermano el pasado 18 de noviembre.

La otra reclamación histórica de la familia es el reconocimiento del joven como víctima del terrorismo de Estado, que podía suponer alguna indemnización para las hermanas por el asesinato de Manuel José. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, gestiona este recocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en España, regulado por una ley de 2011.

El Gobierno ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y jurídica a los familiares y un certificado oficial para acreditar su condición de víctima, que le permite acceder a beneficios como excenciones fiscales para la vivienda o en el pago de determinadas tasas. La Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo amplió el marco temporal para la consideración de víctima, pero desde Interior aseguran que se gestionan los expedientes que llegan sin mirar la fecha.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que no han tramitado nunca una petición de reconocimiento de víctima del terrorismo por excesos policiales durante la transición o el periodo preautonómico, pero sí para víctimas de grupos de extrema derecha. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a Vicente Cuervo Calvo, con una asunción automática de su condición de víctima del terrorismo.

Cuervo, un joven militante de la CNT que no había cumplido aún los 22 años, fue asesinado por elementos ultraderechistas en Vallecas, en Madrid, el 10 de febrero de 1980. 

Desde que se dio el pistoletazo de salida a la precampaña para las próximas elecciones autonómicas, observo a Juanma Moreno y su círculo hablar constantemente de “la vía andaluza”. Incluso ha titulado su reciente libro de memorias Manual de convivencia: la vía andaluza. Según proyecta el PP-A, esa vía sería una forma de hacer política centrada en la moderación, los términos medios, la tranquilidad, etc. No en vano, a Juanma se le llama mordazmente “el moderado” y él mismo se refiere a sus políticas como “el cambio tranquilo”. Todo esto, lejos de ser verdaderamente una forma de entender la política institucional, no se trata sino de un refinado juego de espejos para cautivar al electorado.

El PP-A desliza conceptos que entran muy bien porque nos dan una falsa sensación de seguridad. La ciudadanía tiene la percepción, debido a muchos de esos juegos de espejos, de que vivimos una época de inseguridad e incertidumbre: la economía, la vivienda, la cesta de la compra, la intolerancia, … Todo nos hace sentir desasosiego, conque cualquier cosa mínimamente revestida de estabilidad supone un asidero al que es difícil negarse. Juanma lo sabe y lo aprovecha, por eso se permite decir cosas como que los andaluces no saben lo que tienen, presentándose con este discurso como única opción de estabilidad, aunque no haya nada detrás de esas palabras. Ahí está el quid de esta cuestión.

Y es que vaciar lo simbólico es una especialidad del actual gobierno andaluz. Día a día Juanma Moreno pinta una Andalucía ideal que poco tiene que ver con la que tú y yo vivimos. Para más inri, ese ideal tiene escasos visos de realizarse debido precisamente a sus decisiones como presidente. Sin embargo y por si eso no fuera suficiente, el ejemplo más claro lo tenemos en su gestión de la celebración del 4D. Mucho se ha escrito sobre esto, así que no profundizaré. Baste decir que Juanma ha cogido una efeméride capital en la historia andaluza, siempre ignorada a nivel institucional, y la ha querido convertir en una insulsa apuesta personal. La ha denominado “día de la bandera”, buscando así vaciar de contenido simbólico, histórico y político lo que dicha fecha conmemora: la multitudinaria manifestación popular del 4 de diciembre de 1977, que nos llevó a la Autonomía.

Exactamente eso es lo que está haciendo con la vía andaluza. Todo responde a la misma estrategia. Ahora mismo, si buscamos en internet “vía andaluza”, saldrán exclusivamente referencias al presidente, su libro y su partido. Desde luego, la campaña de marketing ha sido un éxito. Y lo más sangrante no es siquiera la ironía de que se predique algo tan alejado de su forma real de hacer política; lo peor es que “la vía andaluza” es algo que existe desde hace mucho y nada tiene que ver con Juanma ni con el PP-A.

Teniendo en cuenta lo mucho que se ha codeado Moreno Bonilla con Rojas Marcos en los últimos años, el PP-A debe conocer esto sobradamente. Pero en vez de honrarlo como merece, ha optado por obliterar este episodio histórico y apropiarse del sintagma, tal como ha hecho con la fecha del 4D

¿Qué es, entonces, la vía andaluza? Hay que retrotraerse a la Transición, cuando se preparaba la autonomía de Cataluña, Galicia y Euskadi. Para Andalucía, aunque podía optar al mismo estatus (de hecho tenía un proyecto autonómico previo al golpe militar), se reservó la llamada “vía lenta” o “autonomía de segunda” del artículo 143 de la Constitución (con menos agilidad y competencias que la otorgada por el artículo 151). Además, el Gobierno estatal aprobó una ley que, de cara a un referéndum por la autonomía, basaba los resultados no en el número total de votos sino en el censo provincial. A pesar de ello, el 28 de febrero de 1980 salió un abrumador “sí” en toda Andalucía excepto Almería. Según la ley antes mencionada y al art.143, había que esperar cinco años para repetir el referéndum y el resultado debía ser unánime. La injusticia y la jugarreta eran mayúsculas.

Finalmente, gracias a la perseverancia del PSA en el Congreso de los Diputados, al apoyo a la autonomía en las urnas y a las movilizaciones del 4 de diciembre, se aplica para Andalucía otro artículo, el 144, que validaba “por motivos de interés nacional” la mayoría simple de votos almerienses. Así, el 20 de octubre de 1981 se ratificó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. A esta peripecia histórica en la que el pueblo andaluz luchó por conseguir lo que consideraba justo, se la conoce desde entonces como “la vía andaluza”.

Teniendo en cuenta lo mucho que se ha codeado Moreno Bonilla con Rojas Marcos en los últimos años, el PP-A debe conocer esto sobradamente. Pero en vez de honrarlo como merece, ha optado por obliterar este episodio histórico y apropiarse del sintagma, tal como ha hecho con la fecha del 4D. Se ha vuelto un experto en acomodar hitos históricos del andalucismo a su conveniencia. Esta es una muestra más de que el suyo es un andalucismo vacío, inanimado, dispuesto como un bonito decorado para ganar elecciones.

Del mismo modo que hay sólo una forma de entender el 4D, hay sólo una forma de entender “la vía andaluza”. Es cuestión de honestidad, justicia y memoria democrática. Algo de lo que, por muchos libros que escriba y por buena imagen que presente, carece “el moderado”.

En estos días nos han preguntado los periodistas en infinidad de ocasiones si la familia García Caparrós va a revelar el contenido de la documentación clasificada de secreta a la que han tenido acceso. Ellas mismas despejaron cualquier duda cuando dijeron: la verdad se conocerá. Y así de sencillo se responde a una amenaza de cárcel por revelación de secreto de estado, porque callar sería de nuevo matar a su hermano ¿O no?

¿Cómo es posible en una democracia avanzada, en pleno siglo XXI, que tengamos que guardar secreto sobre un asesinato de la policía franquista después de que Franco haya muerto? ¿Qué se está guardando o escondiendo? A las claras no es solo una cuestión de quién o quiénes perpetraron el crimen (el policía que disparó y el mando que ordenó), porque incluso lo más seguro es que hayan fallecido alguno de ellos. Se trata en todo caso de que la transición fue además de una ley de punto y final, un proceso complejo donde algunas vidas fueron segadas por “el bien” del mismo. El Estado se protege de airear el pasado oscuro en el que la impunidad ha sido parte del proceso hacia esta nueva época democrática tras la Dictadura. Y por decirlo de otra forma, la impunidad es el manto de silencio que nos hace a todos cómplices y que sigue siendo lo que permea y la hace imperfecta y hasta cierto punto injusta con aquellos que dejaron su vida por la libertad.

¿Cómo hemos podido tolerar durante 48 años que esta documentación no se haya mostrado a la familia García Caparrós? Ya lo dijo el abogado Luis Ocaña en un acto, si se han desclasificado los papeles del asesinato de Kennedy por qué no los de García Caparrós. En todo este proceso se suceden las anomalías que no son otra cosa que una serie de hechos como estrategia bien organizada para tapar los asesinatos que se dieron durante la transición. Se necesitaban poner sobre la mesa los cuerpos sin vida de la gente normal y sencilla que luchaba por la libertad. Y eso es lo que hicieron después de muerto Franco con los asesinatos de Teófilo de Valle, Marc Muñoz o de Ángel Almazán en 1976, del sangriento año de 1977 con Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, abogados de Atocha 55, entre otros…

Y así la nómina se amplió en 1978 con Germán Rodríguez en aquel fatal San Fermines… y podríamos seguir hasta los jóvenes del Caso Almería de 1981. Y todavía queda tanto por esclarecer de todos estos casos que lo único que podemos pensar es ¿a quién le interesaba que hubiera muertos sobre la mesa para negociar esta democracia? A los hechos nos remitimos si sabemos que la mayoría de los pistoleros asesinos de la ultraderecha (policial o no) se les recompensó y se les protegió incluso en países como Argentina y Brasil. Vencieron en aquel tiempo con el miedo, pero ahora las familias ya no tienen miedo, ahora no, como la familia García Caparrós y muchas otras que comienzan a exigir la verdad.

Los días después al asesinato de García Caparrós, Málaga se convirtió en una batalla campal, con una huelga general y con un entierro que ha sido uno de los más numerosos de la historia y que muchos recordarán por siempre

¿Cuántas veces han matado a García Caparrós? Quizás tantas veces como sus hermanas lo han levantado del olvido.

Los días después al asesinato de García Caparrós, Málaga se convirtió en una batalla campal, con una huelga general y con un entierro que ha sido uno de los más numerosos de la historia y que muchos recordarán por siempre. El poeta malagueño Laurentino Heras fue el primero en escribir un poema dedicado a García Caparrós, que además lo acompañó del primer dibujo que también se le hiciera a Manuel José, realizado por el genial pintor del Perchel, Manolo Garvayo. La dureza del poema es la misma sensación de vacío que dejó esta muerte en la sociedad malagueña:

Yo también he llorado tu muerte/ junto al río Guadalmedina, Manolo/ compañero, malagueño/a balazos asesinado tan pronto./Este paréntesis que sigue en blanco/es para los versos que ahora no acierto a escribirte./Quizá mañana lo rellene con las letras ensangrentadas/ de mi muerte como la tuya:/(                            ). Escrito el 6 de diciembre de 1977 en el Hospital Carlos Haya.

Quisieron esconder al muerto y no pudieron los primeros días, ni tampoco en los primeros aniversarios. El empuje del padre y de las fuerzas democráticas consiguió la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en el año 1978, y durante meses el caso fue noticia. Después llegó la larga década de los 80 donde se intentó olvidar… pero cada 4 de diciembre aparecían flores en la esquina donde cayó antes de ser conducido en coche al hospital.

En los años 90 y al comienzo del siglo XXI la figura de García Caparrós se reivindicó como mártir de la causa andaluza. Memorable es la gran exposición y homenaje que se hiciera por parte de la Diputación de Málaga, García Caparrós. Memoria de Libertad (homenaje a los anónimos) (Málaga, 2008). El periplo de lucha de las hermanas ha sido constante desde entonces y gracias a su tesón han conseguido dar pasos que antes eran impensables. Hubo un hito institucional en todo este camino que fue cuando se declaró hijo predilecto de Andalucía, la primera vez que se daba a una persona fallecida y fue gracias a la petición de José Manuel Mariscal y Antonio Romero que se consiguiera en lo formal en 2013.

El abrazo del pueblo andaluz a la memoria de Manuel José ha seguido cosechando nombres para calles, plazas, avenidas, paseos o la constitución de los premios García Caparrós con la Fundación Memoria y Cultura y la cooperativa Atrapasueños… Y todo aquello llegó como colofón de una lucha intensa de divulgación. Así fue tras presentar por toda la geografía posible el documental “García Caparrós, memoria de nuestra lucha” (Hazeína Rodriguez, 2016) y que visitáramos todos los parlamentos que nos abrieron sus puertas (Catalunya, Pais Vasco, Navarra, Europeo…). Un trabajo político que hizo reaccionar a la misma Junta de Andalucía con Susana Díaz al frente a constituir un consejo conmemorativo del 4D que liberó rápidamente dinero para celebrar el 40 aniversario, pues casi el PSOE pierde la vez en la comba y así surgieron producciones como la estupenda película “23 disparos” y otras iniciativas al calor de este impulso institucional casi a última hora. El ayuntamiento de Málaga también fue corresponsable en aquel tiempo de esta efeméride y renovó la placa institucional en la esquina y dedicó, gracias a las gestiones de Remedios Ramos y de Gema del Corral, un nuevo lugar a los restos de Manuel José y sus padres, en el Jardín de la Memoria en Parcemasa.

Dentro de poco estaremos en el 50 aniversario de 1977, un año en el que la ultraderecha policial o paramilitar asesinó desde enero a diciembre, desde Arturo Ruiz a García Caparrós y Quesada… y  ahora es cuando más que nunca la sociedad nos tenemos que hacer fuertes en valores y en memoria para poder afrontar lo que viene

Todo al final ha sumado en la lucha de las hermanas donde el papel de los medios de comunicación ha sido también fundamental. Periódicos, radios y televisiones han dado un tratamiento tan responsable con la argumentación de las hermanas que siempre me ha parecido cuanto menos curioso. Y ahora con más perspectiva lo entiendo más todavía. El pasado día 18 de noviembre en el Congreso de los Diputados cuando por fin se consiguió que el Estado diera la documentación de la comisión de encuesta de 1978 a la familia, se vieron a muchos periodistas con lágrimas en los ojos y una sintonía con las hermanas que no es fruto de otra cosa que de esa verdad encarnada en tantos años de sufrimiento y de lucha por la memoria de su hermano. La verdad es muy difícil pararla.

Dentro de poco estaremos en el 50 aniversario de 1977, un año en el que la ultraderecha policial o paramilitar asesinó desde enero a diciembre, desde Arturo Ruiz a García Caparrós y Quesada… y  ahora es cuando más que nunca la sociedad nos tenemos que hacer fuertes en valores y en memoria para poder afrontar lo que viene. Carlos Portomeñe en su libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado retrata bien cómo hay un hilo que une toda esta maraña de crímenes e impunidad. No son balas que caían del cielo ni muertes accidentales y aisladas. Hay un hilo negro que lo une todo, por eso iniciativas como la película documental El hilo negro que va a dirigir el malagueño José Antonio Castro, son fundamentales para seguir protegiendo la democracia y la libertad, como herramienta contra la ignorancia y la impunidad y que se puede apoyar por la ciudadanía gracias a su proceso ahora abierto de crowdfounding. La ciudadanía debe dar el paso y defender con iniciativas como esta los valores de la libertad.

El pasado 27 de febrero fue Manuel José García Caparrós reconocido como víctima del tardofranquismo, un término muy concreto que para nada completaba las esperanzas de las hermanas, que muy educadamente y con gratitud aceptaron pero para poder exigir el siguiente paso, que sea declarado su hermano víctima del terrorismo, porque lo que hizo el estado fue terrorismo. Por eso cada vez que quieren matar a Manuel José salen las hermanas con más fuerza, y por eso en este 4D de 2025 han reclamado ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que se atienda su demanda… de esta forma se podrá cerrar un poco más el círculo de la verdad, justicia y reparación, abriendo grietas contra los que quieren de nuevo asesinar la memoria de Manuel José.

Hoy ya la familia puede gritar bien alto quién es el asesino de Manuel José, porque siempre ha estado ahí, siempre ha sido un secreto a voces y ya hoy no lo podemos dejar nunca más de nombrar: la impunidad.

La marcha que ha organizado este domingo en Sevilla la Plataforma 4D, para conmemorar la jornada que protagonizó el pueblo andaluz en demanda de la autonomía política el 4 de diciembre de 1997, ha concluido su recorrido ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía con una advertencia: “Sin sanidad, sin educación, sin servicios sociales, sin pensiones, sin atención a la dependencia, sin servicios básicos, no hay autonomía ni igualdad posible”.

La Plataforma 4D ha organizado este domingo en Sevilla una manifestación con motivo del 'Día Nacional de Andalucía', bajo el lema 'Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz'. Al término, en la lectura de manifiesto han puesto el foco en los servicios sociales, especialmente en la sanidad, a la que han descrito “troceada y entregada al negocio privado”, mientras han señalado que se trata de “una transformación de nuestra salud en mercancía; nuestras enfermedades, en contratos y nuestros cuerpos, en beneficios para las empresas sanitarias”.

El manifiesto de la Plataforma 4D ha criticado “el escándalo de los cribados de cáncer de mama, las listas de espera que se inflan para derivar a clínicas concertadas, los hospitales públicos que se vacían de personal mientras se desvía dinero público a lo privado”. Esta hoja de ruta para la gestión de la sanidad pública andaluza han considerado que “constituye ataques contra nuestra salud y queremos gritar alto y fuerte que nos defenderemos y que las personas responsables tendrán que rendir cuentas y serán juzgadas”.

Una tierra rica con un pueblo empobrecido

Después de recordar que “los servicios públicos fueron construidos con el esfuerzo de la clase trabajadora”, el manifiesto de la Plataforma 4D ha lamentado que en estos momentos “son degradados, desmantelados y, finalmente, privatizados”, de manera que “nuestras vidas, nuestra salud y nuestros derechos en negocio para unas pocas élites”, según la organización convocante.

Asimismo, han sostenido en su texto que casi 50 años después de aquella movilización “la conquista de los sueños y aspiraciones que movieron a millones de andaluzas y andaluces siguen pendientes” al argumentar que “la autonomía no es solo cuestión de estatutos”, ya que han considerado que la realidad es que “Andalucía es una tierra rica con un pueblo empobrecido”.

“Seguimos padeciendo paro, precariedad, desigualdad, dependencia energética e industrial, y un modelo económico basado en la especulación, el rentismo y la explotación que convierte nuestra tierra en campo de expolio y mano de obra barata”, ha continuado su retrato en este sentido.

Fuerzas de izquierda en apoyo a la marcha

Este acto reivindicativo ha contado con el respaldo por formaciones de izquierda como Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

La significación política de este acto se ha reforzado con la asistencia de líderes nacionales, como ha sido el caso de la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, quien se ha sumado a un evento que ya contaba con la asistencia del coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026, Antonio Maíllo.

Estos líderes políticos nacionales han participado con otros representantes políticos presentes en el acto, como han sido los casos del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba; la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en las elecciones autonómicas previstas en 2026.

Una “izquierda fuerte” para derrocar a Moreno

En sus declaraciones previas antes de participar en la marcha Irene Montero ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “de políticas de muerte y desmantelamiento y reventón que le ha pegado a los servicios públicos, a la sanidad andaluza, a la educación” y ha considerado que en consecuencia “Andalucía tiene que sacarse de encima a Moreno Bonilla”.

Ha lamentado que “frente a eso el Partido Socialista no puede con esta derecha corrupta, privatizadora y desmanteladora” y ha reivindicado la necesidad de “una izquierda fuerte que sea capaz de sacar a Moreno Bonilla del gobierno de Andalucía y que permita que el gobierno de Andalucía sea para los andaluces y andaluzas”.

Por su parte, Antonio Maíllo ha sostenido que el presidente andaluz se encuentra “encerrado en sus datos, en sus cifras y con una absoluta insensibilidad a los grandes problemas que acucian al pueblo andaluz”, y ha considerado que la “marcha atrás del Partido Popular ha empezado ya”.

Maíllo ha argumentado que nos encontramos “en un momento crucial tras el Debate de la Comunidad, donde se ha evidenciado a un gobierno acorralado” y ha afirmado que “se ha abierto una ventana que va a conformar un espíritu de cambio”. Ha precisado que Juanma Moreno ya no es el mismo “de hace siete años, ni mucho menos el de hace tres años”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reivindicado este domingo que “solo queda andalucismo” cuando las opciones políticas que tienen los andaluces ante sí son que “uno lo que quiere es darle dinero a Asisa”, en alusión velada al Partido Popular de Andalucía, mientras que “otro quiere dárselo a las élites de Madrid y Cataluña”, en referencia al modelo de financiación que diseña el PSOE.

Tras asegurar que “hoy nos colocamos detrás de la plataforma de 4D” y reivindicar que “tenemos la suerte de tener dos días de Andalucía: el 28 de febrero y el 4 de diciembre”, ha sostenido que “Andalucía está sistemáticamente maltratada”, un problema que ha atribuido tanto a gobiernos “del PSOE, el PP, PSOE y Sumar”, por cuanto ha esgrimido que “siempre somos los últimos de los últimos, las últimas de las últimas” y ha instado a que “esto se tiene que acabar”.

La Plataforma 4D organiza este domingo 30 de noviembre en Sevilla una manifestación con motivo del 'Día Nacional de Andalucía', en referencia al 4 de diciembre, en el que se recuerdan las manifestaciones que por la autonomía andaluza se celebraron aquel día de 1977, en la etapa de la transición española a la democracia.

La manifestación se encuentra respaldada por formaciones de izquierda como Izquierda Unida (IU), Podemos Andalucía, Adelante Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, así como por otras organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y partirá desde la Plaza del Altozano a las 12:00 horas en dirección al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Allí concluirá, según se recoge en el cartel que anuncia esta movilización, consultado por Europa Press.

La marcha cuenta con el lema 'Por la soberanía, por la defensa de los servicios públicos, por la paz', y a ella está previsto que asistan dirigentes políticos como el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, o la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Oficialmente, el 4 de diciembre se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que instituyó el Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) en la presente legislatura, y que contará con un acto institucional organizado por la Junta en el que la periodista almeriense y presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera.

Una tarde del 4 de diciembre de hace 48 años, alguien que dijo ser celador se personó en el hogar de la familia García Caparrós. “Papá, te buscan por Manolito”, avisó Loli, que entonces tenía 13 años. “Ahí empezó nuestro calvario”, cuenta tanto tiempo después.

Ni ella, ni sus padres ni sus hermanas han sabido jamás, hasta hoy, quién fue aquel hombre misterioso vestido con bata blanca que dio a su padre la fatal noticia de que su hijo Manuel José había muerto en un accidente de tráfico, ni quién fue el que apretó el gatillo de la pistola de la que salió la bala que mató a su hermano muy cerca de la Alameda de Colón, en Málaga. Primero les engañaron, y luego se lo ocultaron todo. Y eso las ha martirizado, añadiendo pena a la pena. “De aquel día recordamos muy poco, es como si me lo hubiesen borrado. Pero nos queda el sufrimiento”, dice Puri camino de Madrid.

Cuando llegó al hospital, a su padre le vetaron el acceso al lugar donde reposaba el cuerpo de hijo. Fue al dar la vuelta al cadáver cuando vio el orificio de la bala, a la altura de la axila, que mató a Manuel José cuando tenía 19 años. El proyectil desapareció para siempre y el padre regresó a casa con la ropa que el muchacho vistió en su último día de vida.

Casi medio siglo después, las hermanas Purificación, Dolores y Francisca (Puri, Loli y Paqui) García Caparrós se personaron este martes en el Congreso para recibir al fin dos cajas con más de 2.000 documentos, audios y un pendrive en los que esperan encontrar la verdad de lo que pasó aquel día de 1977 que marcó a Andalucía y a su familia para siempre: cuando cientos de miles de andaluces salieron a la calle pidiendo autonomía plena, y una bala disparada por el arma reglamentaria de un agente de la policía armada acabó con la vida de su hermano Manuel José. “La bala fue para Andalucía entera, pero el que no llegó a casa fue él”, dice Loli.  

A las puertas del Congreso las esperaba el vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y los diputados de Sumar Toni Valero y Esther Gil de Reboleño, que ha impulsado la modificación normativa que ha permitido la consulta de la documentación: “Es un honor como andaluza haber colaborado. Se abre un momento nuevo respecto a la apertura de expedientes aún cerrados”. Para Valero, el caso evidencia el “mito de la Transición”: “La lucha de las hermanas es la lucha de Andalucía por la verdad, la justicia y la reparación”.

“Para cerrar el duelo tenemos que saber la verdad”

Las hermanas llevan días nerviosas y emocionadas, avistando el final de un capítulo que no cierra la historia. “Parecía que esto no iba a llegar nunca”, exclama Loli en el patio del Congreso, aliviada cuando ya sujeta entre sus manos lo que llevan tanto tiempo anhelando: los documentos secretos de la Comisión de Encuesta que investigó los sucesos en el Congreso.

En esos papeles esperan encontrar nombres, culpables, responsables de la cadena de actos que acabó con la bala en el cuerpo de su hermano: quién dio la orden de evitar a toda costa que ondeara la bandera andaluza en el balcón de la Diputación de la Plaza de la Marina; quién dio órdenes a la Policía; quién disparó. Pero aún queda camino para conseguir la reparación total de su memoria. Quieren que sea declarado víctima del terrorismo, algo que ya estudia el Ministerio del Interior. Creen que lo sucedido con su hermano y con tantos otros en los años de la Transición entra en la categoría de “terrorismo de Estado”, lo que ha facilitado la impunidad durante tantos años. “Todo el mundo miraba a otro lado”, dicen las hermanas. “Pero para cerrar el duelo tenemos que saber la verdad”.

En el Congreso las han preparado para ver y oír cosas muy emotivas. El Departamento de Documentación y Archivos ha digitalizado los audios registrados por aquella Comisión de Encuesta. Cuentan con escuchar la voz de su padre o la declaración de Carlos Carmona, que acompañó a su hermano a bordo del misterioso vehículo que lo depositó en el hospital, y que quizá recordó ante los diputados las últimas palabras de Manuel José.

También están los documentos. Más de 2.000, que algunos diputados han podido consultar en los últimos años, pero siempre anonimizados. La reforma de la norma que regula el acceso a los archivos del Congreso, gracias al acuerdo entre Sumar y PSOE, ha permitido que también las hermanas puedan verlos, ya sin tachones. Ahí está el informe de la Policía Armada, donde se da cuenta de la acción represiva de aquella tarde.

“Yo no quiero que sea un secreto para toda la vida”

Puri, Loli y Paqui se mueven como una sola, pero cada una lleva el trance a su manera. Se despertaron a las 5:30 tras pasar la noche sin dormir, y se plantaron en el Congreso de los Diputados, donde las recibió el responsable de sus archivos, cuyo informe ha dado el visto bueno final al acceso a unos documentos bajo el aviso de que su contenido sigue siendo secreto, y solo ellas pueden consultarlo. Allí les han recomendado que busquen el consejo de un abogado para cerciorarse de qué pueden decir y qué no.   

“El pendrive no lo vamos a poner en un cuadro...”, avisa Puri: “Aunque sea secreto, no lo vamos a guardar otros 50 años. Yo lo que quiero es saber los culpables, no que sea un secreto para toda la vida”.

Ellas recogieron el testigo de sus padres. La madre de Manuel José murió a los tres años del asesinato del joven, “de pena”. Su padre en 1986, dejando la investigación de lo que pasó en manos de sus hijas. “Creo que hoy mis padres estarían felices”, dice Loli: “Hemos tenido días de decir que lo dejamos, pero te levantas y dices ”¡qué porras!“, él se lo merecía y vamos a llegar hasta el final”. “Hoy nos hemos acordado de mis padres, y de él”, dice Puri antes de emocionarse. 

Ellas se encontraron con todas las puertas cerradas y, en particular, la del Congreso. En esos años sólo tenían el apoyo de algunos diputados malagueños del PC, Tomás García y luego Antonio Romero, y la figura de García Caparrós seguía siendo semi-desconocida. Por aquel entonces, ni siquiera su nombre se recogía correctamente: para la prensa fue inicialmente José Manuel Caparrós, un error amplificado luego por una copla carnavalera, hasta acabar en una placa conmemorativa oficial. En todos estos años el reconocimiento era disperso e irregular. IU y algunos andalucistas toman el 4 de diciembre como fecha alternativa al 28 de diciembre y a García Caparrós como símbolo, pero no hay empuje institucional por parte de la Junta de Andalucía.

Entre 2016 y 2017 todo cambia. En diciembre de 2016 se estrena en el cine Albéniz de Málaga 'García Caparrós, memoria de nuestra lucha' dirigida por Hazeina Rodríguez. De la mano de la cooperativa Atrapasueños, las hermanas comienzan una gira por Andalucía y España para lograr su reconocimiento como víctima. En 2018 abanderan la creación de una asociación estatal de víctimas de la Transición, que organiza sendos encuentros en Málaga y en el Parlamento Europeo al que acuden más de 80 personas de toda España.

La concejala de IU Remedios Ramos logra que cambien la placa; el Ayuntamiento de Málaga sufraga los gastos de exhumación, traslado, incineración y entierro de los restos al Jardín del Recuerdo del cementerio municipal; y la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz, da el paso de reconocerlo Hijo Predilecto, el primer reconocimiento no en vida de este tipo. Un emotivo discurso de Antonio Banderas hace el resto. “Es el momento en que culmina el reconocimiento civil de la figura de García Caparrós”, señala Joaquín Recio, vocal de la asociación y editor de Atrapasueños, que las ha acompañado en este camino.

Desde entonces, la figura de García Caparrós ha crecido hasta convertirse en una especie de mártir del andalucismo. Eso sí, con una historia incompleta, en tanto que su muerte sigue hasta hoy cubierta por la sombra de la Ley de Secretos Oficiales, y con la espina clavada de que Andalucía aún no lo reconoce oficialmente como víctima, algo que sí han logrado de los parlamentos de Catalunya (como víctima del “terrorismo de Estado”) y Navarra (como víctima de la “violencia política”).

Este martes, algo de eso empezó a cambiar. Es la tercera vez que entran al Congreso, pero en esta ocasión las puertas se les abrieron de par en par. La agenda del día estaba cargada: diputados, café y visita al hemiciclo con la presidenta del Congreso Francina Armengol, cámaras de televisión, decenas de periodistas. Por la tarde, a la televisión y después, a una cita con la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

Les queda una tarea dura por delante. Revisar la documentación en torno a la que ha girado su vida durante tanto tiempo. “¿Expectativas? Todas. Si no, ¿para qué estamos luchando tanto?”, se pregunta Puri: “Mis padres se fueron muy jóvenes y no pudieron terminar la lucha, pero nosotros la hemos seguido. Hasta que no se sepa la verdad no vamos a parar”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a las hermanas de Manuel José García Caparrós en la que les invita a gestionar con el Ministerio del Interior la petición de que el joven malagueño, asesinado de un disparo durante una marcha por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, sea reconocido como víctima del terrorismo y les agradece el “compromiso” con la memoria democrática. La carta, a la que este medio ha tenido acceso, está firmada “en nombre del presidente” por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y fue remitida el pasado 22 de octubre. Ellas la recibieron la semana pasada.

El reconocimiento como víctima del terrorismo es una reclamación que las hermanas reiteraron el pasado junio, en una rueda de prensa en la que también exigieron al Gobierno que cumpliera con su compromiso para desclasificar de forma completa y sin anonimizar los documentos de la investigación en el Congreso de los sucesos que acabaron con la vida de Manuel José. Algo a lo que la Mesa dará luz verde este martes, si todo discurre como está previsto.

Manuel José García Caparrós, malagueño de 19 años, murió de un impacto de bala en las cargas policiales tras la manifestación por la autonomía andaluza que se celebraron en todas las capitales andaluzas el 4 de diciembre de 1977. Después de que grupos de ultraderecha reventaran la protesta, hubo disparos al aire y a las personas, y del arma de un agente de la policía armada salió la bala que mató a Manuel José, que se ha convertido con el paso de los años en el principal símbolo de la autonomía andaluza. Es Hijo Predilecto, hay calles en su nombre y su memoria ha sido recuperada mediante películas, libros y artículos de prensa. Antonio Banderas le rindió un emotivo homenaje al dedicarle su reconocimiento como Hijo Predilecto.

Las hermanas defienden que la declaración de Manuel José como víctima del terrorismo supondría, casi cincuenta años después, su reparación íntegra. Abriría también la puerta a eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Presidencia no les cierra la puerta y las deriva a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, al que da traslado para que estudie su petición “conforme a la normativa vigente”. Según han explicado en alguna ocasión, a las hermanas no les satisface el término “víctimas del posfranquismo”, que pretende el Gobierno, porque ni siquiera saben bien qué significa ni qué implicaría.

Desclasificación en marcha

Por otro lado, la carta de Presidencia subraya la desclasificación completa de “los documentos completos, sin anonimizar” está sólo pendiente de la autorización final para que Dolores, Francisca y Purificación puedan presentarse en el Congreso.

La vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió en febrero, durante un acto de homenaje a García Caparrós, a facilitar el acceso íntegro a los documentos secretos de la investigación de su muerte en el Congreso. Sin embargo, la falta de pasos efectivos en los meses siguientes soliviantó a las hermanas, que en junio cargaron con dureza contra el Gobierno, a cuyo Presidente remitieron una carta, pidiéndole celeridad en el acceso, el reconocimiento como víctima y una reunión. “En esta lucha está toda nuestra vida”, advertían.

Ahora, el director de gabinete de Presidencia subraya que la desclasificación ya está en marcha gracias a la reforma de las normas de acceso a la documentación del Congreso, impulsada en septiembre, que va a permitir, dice, “que la familia pueda conocer por fin lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977”.

Sánchez no acepta la propuesta de reunión, pero la carta insiste en la disposición del Gobierno a colaborar “en todo lo que esté en nuestra mano” para “avanzar en la verdad, la justicia y la reparación”. En ocasiones anteriores las hermanas no habían recibido respuesta. Las hermanas la “agradecen”, aunque subrayan que la petición era mantener un “encuentro formal” como “familiares de víctimas de la transición”.

Las hermanas quieren conocer quién fue el agente de la policía armada de cuya pistola salió la bala que mató a su hermano durante las manifestaciones por la autonomía andaluza. Ese nombre jamás se ha sabido con certeza, porque quienes en estos años han accedido al expediente se lo han encontrado anonimizado. La investigadora y secretaria judicial Rosa Burgos accedió al expediente y en 2017 publicó Las muertes de García Caparrós (Ediciones El Observador), donde se concluye que el autor del disparo responde a las iniciales M.P.R.

La carta de Presidencia a las hermanas incluye en dos errores sorprendentes. Uno, con el nombre del asesinado, a quien llama “Manuel Caparrós”, y no Manuel José García Caparrós. Hace unos años, también el Ayuntamiento de Málaga se equivocó y colocó en el punto declarado Lugar de Memoria Democrática una placa en recuerdo a “José Manuel García Caparrós”. El otro error de la misiva es anunciar la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de “1987”, cuando los documentos datan de 1978.

Votación en la Mesa del Congreso, este martes

Las hermanas han recibido la carta en vísperas de que llegue el momento que llevan años deseando. Si todo va como está previsto, accederán al fin a los documentos en los que esperan encontrar el nombre completo de la persona que apretó el gatillo de la pistola que mató a su hermano. Según fuentes próximas a la familia, Dolores, Francisca y Purificación acudirán la próxima semana al Congreso de los Diputados, en cuyos archivos están los papeles hasta ahora anonimizados de la Comisión parlamentaria que investigó este suceso hace casi medio siglo.

Antes de que eso ocurra, la Mesa del Congreso debe ratificar este martes que, de acuerdo con la nueva norma de acceso a la documentación de sus archivos, las hermanas pueden ver los documentos. Fuentes de la Mesa confirman que el Departamento de Archivos y Documentación ha emitido un informe y ya ha preparado la documentación.

El visto bueno parece garantizado gracias a los votos favorables de los diputados del PSOE y de Sumar, que ya dieron su conformidad a la modificación de las normas de acceso a documento el pasado 23 de septiembre. En cambio, para el PP se trata de una votación endiablada: sus miembros en la Mesa deben optar por autoenmendar su negativa de entonces y votar a favor, o mantener el voto en contra, evidenciando una ruptura con el discurso en Andalucía de Juan Manuel Moreno, quien en 2022 prometió a las hermanas que apoyaría su lucha por acceder a esos documentos.

En septiembre, el voto en contra de los diputados nacionales del PP obligó a improvisar una respuesta al PP de Andalucía, donde la muerte de García Caparrós ha adquirido con el paso de los años un estatus simbólico que todas las fuerzas políticas, salvo Vox, pelean por capitalizar. También el PP, que por boca de sus portavoces andaluces alegó primero que los diputados nacionales “no sabían lo que votaban” y se equivocaron (“una cagada”), y después ha restado valor a que las hermanas puedan ver los documentos ahora. “La familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”, dijo el portavoz Toni Martín.

En realidad, la motivación del PP para votar “no” al acceso a los documentos era evitar “favorecer los intereses de Sumar”, tal y como recogen las actas de aquella votación desveladas por elDiario.es. Pese a su teórico apoyo a la lucha de las hermanas por acceder a la documentación (que el propio PP andaluz pudo consultar en 2017), en el PP siguen considerando que esta es una batalla que alimenta a la izquierda. Durante años, IU (ahora en Sumar) ha acompañado a las hermanas en sus reclamaciones y últimamente ha sostenido la reclamación de modificar la normativa si era necesario, llegando incluso a advertir a su socio de Gobierno de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si no se daban pasos efectivos hacia la desclasificación.

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, durante la gran manifestación de andaluces por una autonomía plena, registraron el pasado 2 de octubre en el Congreso la solicitud formal para consultar el expediente desclasificado del malagueño, en virtud de la reciente reforma legal de acceso al archivo de la Cámara.

La consulta presencial de documentos custodiados en el Congreso debe aprobarla la Mesa, de modo que la solicitud de Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós va a obligar a los diputados del PP a retratarse sobre un asunto aparentemente inocuo en Madrid, pero terriblemente eléctrico en Andalucía. La dirección del Archivo de la Cámara Baja está elaborando ahora el informe de evaluación de dicha solicitud -que previsiblemente será favorable- para posteriormente elevar el documento a la Mesa, donde los populares ya lo han rechazado dos veces.

El pasado 23 de septiembre, los cuatro miembros del PP en la Mesa del Congreso votaron en contra de una medida que el PP andaluz -y personalmente el presidente Juan Manuel Moreno- habían defendido tres años antes en el Parlamento autonómico. Esa contradicción puso en un brete a Moreno, que trató de justificar a sus compañeros alegando que “no sabían” que se votaba nada relacionado con García Caparrós, sino una modificación “genérica” del reglamento de acceso al archivo de la Cámara.

En realidad, el debate en la Mesa sobre la desclasificación del expediente del asesinato de García Caparrós había derivado en esa propuesta de reforma legal para actualizar el acceso al Archivo del Congreso, sobre la que el PP ya se había manifestado en contra en sesiones anteriores.

El contenido de las actas de la Mesa el día de la votación, reveladas por elDiario.es, desmienten al presidente andaluz y demuestran que los diputados del PP sabían que aquella reforma legal afectaba directamente a la familia García Caparrós. La Secretaria Cuarta de la Mesa, la popular Carmen Navarro, denunció a puerta cerrada que “la finalidad de la norma” que se votaba “no es modernizar el acceso a los archivos de la Cámara en el marco del Plan Parlamento Abierto, a diferencia de lo que trata de defender el Secretario General, sino modificar el acceso para favorecer los intereses de un grupo parlamentario que solicitó el acceso a toda la documentación en relación con la Comisión de Encuesta celebrada en 1977 relacionada con el asesinato de García Caparrós”.

El grupo parlamentario al que se refería Navarro es Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses antes, el 4 de febrero, el partido de Yolanda Díaz había llevado a la Mesa del Congreso la primera propuesta para desclasificar el expediente de García Caparrós “sin anonimizar” -esto es, sin tachar los nombres de los implicados-, pero esa vez la iniciativa fue tumbada con los votos de PSOE y PP porque carecía de cobertura legal, según el informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

Ahora el Congreso debe gestionar la petición formal de las hermanas García Caparrós según el nuevo reglamento, publicado en el Boletín del Congreso la semana pasada. Su visita y personación en el archivo de la Cámara Baja “deberá efectuarse en los días y horas establecidos al efecto de forma que no perturben el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”.

La documentación sobre el joven malagueño asesinado podrá consultarse “exclusivamente” en la sala de lectura o espacios habilitados al efecto dentro de las dependencias del Archivo, y el Congreso “no permitirá la salida o el préstamo de las actas originales fuera de dichas instalaciones”.

“Pase lo que pase, la familia tendrá acceso cuando se cumplan 50 años”

Cuando la Mesa tenga que valorar la solicitud de la familia García Caparrós, los diputados del PP tendrán que decidir si vuelven a votar en contra (dado que lo hacen en virtud de una reforma legal que ya han rechazado) o si se abstienen o votan a favor de la medida. El sentido de esta tercera votación -el PP ya ha rechazado tres solicitudes para abrir a la familia el expediente secreto de su hermano- va a dirimir también la influencia y el peso político de Moreno en el grupo parlamentario popular del Congreso, que dirige Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reiterado este miércoles que sus compañeros en Madrid no votaron contra una iniciativa sobre la apertura del expediente de García Caparrós, sino contra “una norma general”. Preguntado por cuál será el voto del PP en la Mesa del Congreso cuando llegue la solicitud de acceso a los archivos de las hermanas del joven malagueño asesinado, Martín ha sugerido que su grupo no cambiará el sentido de su voto y volverá a rechazarlo, esta vez, de manera explícita: “Pase lo que pase, la familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”.

La ley establece que los archivos secretos que custodia la Cámara Baja se desclasifican y son de acceso libre cuando se cumplen 50 años desde su registro, algo que en el caso del expediente del asesinato de García Caparrós se cumplirá en menos de dos años. Sin embargo, no es esto lo que votó el Parlamento andaluz ni lo que defendió entonces el PP regional y el propio Moreno.

La decisión que adopten los cuatro miembros del PP de la Mesa, en un par de semanas, volverá a tener una lectura política de amplio espectro en Andalucía. Moreno fue el primer dirigente popular que hizo suya la reivindicación de las manifestaciones de andaluces, el 4 de diciembre del 77, por una autonomía plena, al mismo nivel que la plasmada en el Estatuto vasco, catalán y gallego. Hasta el punto de convertir el 4D en una efeméride oficial -desde hace tres años se celebra el “Día de la Bandera de Andalucía”- y esgrimir públicamente un marcado perfil de “andalucismo moderno”.

Ese capital político del presidente nace precisamente del voto favorable del PP en el Parlamento a una propuesta del partido de Teresa Rodríguez -Adelante Andalucía- que instó al Congreso a facilitar el acceso a la familia García Caparrós al expediente de su hermano asesinado, hace tres años. Ese compromiso es el que sale magullado del rechazo de los populares en la Cámara Baja.

Frente a la resolución de denegación del acceso o de concesión de un acceso parcial a la solicitud de las hermanas García Caparrós, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. La Mesa, previo informe de la Dirección de Documentación Biblioteca y Archivo y de la Asesoría Jurídica, deberá resolver el recurso en el plazo de tres meses, transcurrido el cual, el recurso se entenderá desestimado.

El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, presidía este miércoles en el Palacio de San Telmo el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía, una efeméride que no existía hasta hace dos años, cuando la creó su propio Gobierno.

Envuelto de andalucismo por el 4D, en el aniversario de la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, Moreno pidió en su discurso hacer ondear junto a la blanca y verde “la memoria de nuestros padres y la fe en nuestros hijos”, citando “desde Blas Infante hasta Manuel Clavero”.

En ese punto también trajo a su intervención “el recuerdo del joven Manuel José García Caparrós, que siempre está presente en esta fecha, y el de los andalucistas que a lo largo de décadas supieron despertar, cuando más difícil y arriesgado era, la conciencia andaluza”.

Pero ahora hace justo hace dos años, también en torno al 4D, que los populares registraron en el Parlamento andaluz una iniciativa que instaba a la Junta (es decir, a sí mismos) a incluir a García Caparrós en un “censo de víctimas por su lucha y defensa a favor de las libertades democráticas del pueblo andaluz”. Y que el sitio donde le mataron, hace hoy 47 años, fuera declarado Lugar de Memoria.

Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido a fecha del 4 de diciembre de 2024, porque el censo de víctimas -un mandato de la Ley andaluza de Memoria- ni siquiera se ha creado aún. Moreno no ha cumplido con este precepto de la ley, que data de 2027, ni con la proposición de ley del Parlamento andaluz, aprobada hace dos años, ni con las hermanas de García Caparrós -Loli, Puri y Paqui-, quienes recibió en el Palacio de San Telmo y les prometió personalmente lo que su propio partido había registrado y aprobado en la Cámara.

La Junta tampoco ha inscrito la esquina de la calle de Málaga donde cayó muerto de un disparo el joven sindicalista como Lugar de Memoria, como propuso el PP y aprobó mayoritariamente el Parlamento. En su lugar hay una placa conmemorativa del Ayuntamiento de Málaga y un cartel efímero de la Junta que data de 2017.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra en el Parlamento en marzo de 2017, dedica el artículo 6 al 'censo de víctimas'. “La Consejería competente en materia de memoria democrática confeccionará un censo de víctimas en Andalucía, de carácter público, que establecerá las condiciones de confidencialidad de los datos cuando así lo requiera la víctima directa”.

La “inacción en políticas públicas de memoria”, denunciada por el movimiento memorialista y los partidos de la oposición desde que el PP gobierna en San Telmo, no impidió que el partido de Moreno se enarbolara en la bandera andaluza para afianzar el perfil autonomista que trata de consolidar el presidente para enfado del PSOE andaluz y de los grupos de la izquierda.

Recogido en el Plan Andaluz de Memoria, aún sin aprobar

Pero aquella iniciativa presentada por Adelante Andalucía, con esos dos gestos concretos del PP en forma de enmiendas de adición hacia la figura de García Caparrós, no se ha materializado dos años después, pese a la voluntad expresada negro sobre blanco por parte de los populares y el apoyo mayoritario de la Cámara (sólo Vox votó en contra).

Entre otras cosas porque ese censo no está ni planteado formalmente siete años después de quedar establecido legalmente y dos años de aquella propuesta del PP. La proposición no de ley aprobada por el Parlamento (página 80), alimentada en esos puntos relativos a Caparrós, recibió el respaldo mayoritario de la Cámara en presencia de las tres hermanas de García Caparrós, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, excepto cuando intervino el portavoz de Vox, momento en el que se ausentaron en señal de protesta.

Aquellas enmiendas de adición del PP a la propuesta de Adelante Andalucía aludían al héroe que murió por la bandera andaluza. Pedían, en primer lugar, que García Caparrós “sea incluido en el censo de víctimas” por su lucha y defensa a favor de las libertades del pueblo andaluz, “hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, el 11 de enero de 1982”, periodo hasta el que abarca la ley andaluza.

La norma mandata la creación de “un censo en el que se relacionarán las víctimas y la información relativa a los mismos, que será público, pero que en todo caso respetará la normativa de protección de datos de carácter personal y de cualesquiera otros datos protegidos”, pero que aún el Gobierno de la Junta no ha ejecutado.

“Nunca se ha planteado, ni llevado al Consejo Andaluz de la Memoria, ni preguntado ni iniciado nada”, zanjan respecto a ese censo fuentes de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. Fuentes de la Consejería de Cultura y Deportes, que dirige Patricia del Pozo, confirman a elDiario.es Andalucía lo apuntado por los memorialistas.

Las políticas memorialistas son competencia del área de Cultura pero, hasta la crisis de Gobierno que acometió Moreno hace cuatro meses, no existía una consejería propia para asuntos culturales, que quedaron orillados por el peso de la cartera de Turismo, en manos de Arturo Bernal.

Ahora, con el nuevo organigrama, el departamento de Cultura tiene pendiente desarrollar aún lo dispuesto en la Ley de Memoria de 2017, incluido ese censo de víctimas que el propio PP trajo a la actualidad hace dos años. La consejería explica que aún no es una realidad, pero admite que “dentro de las actuaciones encaminadas a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la posguerra, como medida de identificación y reconocimiento a las víctimas, el nuevo Plan Andaluz de Memoria Democrática, que está en la fase final de tramitación, incluye la creación del censo de víctimas que recoja información sobre las circunstancias de fallecimiento o desaparición de cada persona, el lugar o la fecha fehaciente o aproximada, en la que ocurrieron los hechos”.

Manuel José García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria, 18 años, sindicalista y muy futbolero, murió de un disparo aquel 4 de diciembre cuando miles de andaluces (200.000 solo en Málaga, según las crónicas) salieron a la calle a exigir más autonomía. Sus hermanas reivindican su memoria cada año en torno a esa fecha.

Este mismo miércoles, después de que sus familiares lamentaban estar “hartísimas” de que no se desclasiquen los documentos del asesinato, Sumar ha registrado un escrito en el Congreso solicitando a la Mesa desclasificar el archivo del asesinato del joven malagueño que PSOE y PP ya apoyaron en Andalucía.

Es un requerimiento que ya ha llegado al Congreso al menos dos veces, una a demanda del último Gobierno socialista (presidido por Susana Díaz) en 2017, y la otra a petición del Parlamento andaluz, hace dos años. García Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía a título póstumo en 2013 con aquel recordado discurso de Antonio Banderas (“hermano, dame la mano y volvamos al Día de Andalucía del año 77, y completemos lo inacabado”).

En 2022, el Parlamento andaluz pidió por primera vez la desclasificación del expediente del asesinato de García Caparrós, una iniciativa del partido de Teresa Rodríguez, que fue negociada y ampliada por los de Moreno. Desde 2019, cuando el PP llegó al poder, sólo se han aprobado tres Lugares de Memoria, cuya tramitación comenzó en los últimos meses de la etapa socialista. La consejera Patricia del Pozo ha admitido “retrasos”, acumulando 37 sin inscribir, y se ha comprometido a solucionar las trabas.

Existe desde 2017 una placa conmemorativa dedicada a Manuel José García Caparrós en la avenida Comandante Benítez en su intersección con la alameda Principal, que dice: 'El Ayuntamiento de Málaga / en memoria de / Manuel José García Caparrós / asesinado en la manifestación / por la autonomía de Andalucía. / 40 Aniversario del 4 de diciembre de 1977 / Málaga 2017'.

Volviendo al contexto del apoyo del PP a aquella iniciativa parlamentaria, el texto salió adelante apenas unos días después de que el Gobierno de Moreno declaró el 4 de diciembre 'Día de la bandera de Andalucía', respondiendo a una solicitud que le hizo el ex fundador del extinto Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, que este miércoles volvía a reunirse en San Telmo con el presidente andaluz, con motivo del 4D, para la firma del protocolo para la puesta en valor del habla andaluza.

También hace dos años, y en torno al 4D, Moreno aceptó recibir a Purificación, Dolores y Francisca Caparrós, que llevaban casi cuatro años pidiéndole una cita, desde que fuera investido en 2019. “Le hemos pedido la desclasificación de las actas y que lo hagan víctimas del terrorismo o del franquismo, de lo que ellos quieran, pero víctima porque para nosotras fue una víctima”, dijo a posteriori una de sus hermanas en el viaje de vuelta de Sevilla a Málaga.

Después de que el Gobierno andaluz dejara de invertir más de la mitad del presupuesto previsto para el primer plan de memoria democrática, y de que para 2025 haya sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años, el memorialismo viene también lamentando en todo caso la “falta de información” en la materia.

Manuel José García Caparrós, un joven malagueño, sindicalista de CCOO y trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria, murió por el disparo de un policía mientras participaba, junto a otros 200.000 andaluces, en la gran manifestación por la autonomía andaluza, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Coincidiendo con el 47 aniversario de su asesinato, el grupo parlamentario Sumar ha registrado este miércoles un escrito en la Mesa del Congreso de los Diputados solicitando la desclasificación de su expediente, esto es, las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó aquel suceso, que fueron declaradas secretas entonces y algunas de ellas aún hoy lo son.

Sumar reclama que se “permita el acceso a toda la documentación que obre en su poder, y en concreto, aquella que se obtuviera en el desarrollo de la actividad de la Comisión de Encuesta celebrada en 1977, relacionada con el asesinato de García Caparrós, sin anonimizar nombres propios”, reza el escrito.

La solicitud del grupo de Yolanda Díaz para desclasificar los archivos del asesinato de García Caparrós debe dirimirse en el órgano de control del Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol y de mayoría progresista: cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar. La decisión, no obstante, compromete a las dos fuerzas mayoritarias, porque tanto populares como socialistas han rechazado en Madrid lo que antes habían apoyado en Andalucía.

Se trata de un requerimiento que la Mesa del Congreso ya ha recibido (y desestimado) en el pasado al menos dos veces: una a petición expresa del Gobierno andaluz de Susana Díaz (en el último año de mandato socialista tras 37 en el poder), y otra a demanda del Parlamento andaluz hace dos años, ya bajo la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno.

En esta última ocasión, fueron los socialistas andaluces quienes intentaron enmendar el punto de la desclasificación de los archivos del joven malagueño recogido en una proposición no de ley de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez.

El PSOE propuso, como alternativa, una fórmula más laxa: “instar al Gobierno de España a adoptar las medidas previstas en la Ley de Memoria para que los familiares de Manuel José García Caparrós tengan acceso a la verificación de los hechos y circunstancias en que se produjo su asesinato el 4 de diciembre”.

Sin embargo, el PP de Moreno negoció y pactó con Teresa Rodríguez la redacción final de la PNL -los populares añadieron sus propias enmiendas de adición- y avalaron la solicitud de desclasificación de los archivos, forzando al PSOE a apoyar la iniciativa para no quedarse solos con Vox en el voto contrario.

Acceso parcial a las actas

En 2017, la Mesa de la Cámara Baja ya autorizó a la diputada malagueña de Unidas Podemos, Eva García Sempere, a consultar parcialmente el expediente, pero los nombres propios que aparecían en él fueron tachados “para proteger los datos de carácter personal”. Con los años, gran parte del trabajo de la comisión parlamentaria que investigó los hechos ha ido saliendo a la luz, pero quedan tres sesiones cuyas actas han permanecido parcialmente precintadas.

Ahora, Sumar vuelve a remover el polvorín y forzará un posicionamiento de la Mesa del Congreso, comprometiendo a sus socios socialistas, que siempre han sido ambivalentes respecto a la solicitud de desclasificación del asesinato del joven sindicalista malagueño. Hasta hoy, PSOE y Sumar siempre han votado en bloque dentro de la Mesa, anteponiendo la mayoría progresista a los cuatro diputados del PP.

El escrito de Sumar se nutre de toda la experiencia previa para evitar tropezar en las mismas piedras, por ejemplo, que esta vez las actas se hagan públicas “sin anonimizar”. “El criterio de la Mesa para autorizar el acceso a la documentación, sin la previa disociación de los datos de carácter personal, estaría amparado por el principio de autonomía de esta Cámara que, en todo caso, tendría como única limitación respetar el marco constitucional y legal, en particular, los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas de leyes como la de Memoria Democrática”, dice el escrito, que cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además de la Ley de Memoria y la Ley de Transparencia.

El texto, además, subraya que “la autonomía parlamentaria no puede convertirse en un refugio para evitar el escrutinio público o perpetuar la opacidad” y señala que “la documentación solicitada no afecta a intereses estratégicos, de seguridad nacional o de defensa, sino que se refiere a un hecho histórico y político -”de interés público innegable“- cuya relevancia trasciende al propio Congreso de los Diputados”.

Querella criminal contra el Ministerio de Interior

La historia de García Caparrós es una historia sin epílogo, porque su familia -sus hermanas- lleva años peleando para lograr fundamentalmente dos objetivos: uno es la desclasificación del expediente de su asesinato, y el otro es el reconocimiento como víctima de la violencia política al mismo nival que las víctimas del terrorismo. Esto último es importante porque añadiría a la reparación moral, una reparación económica.

Precisamente las hermanas de García Caparrós -Loli, Puri y Paqui- anunciaron hace dos días que ultiman la presentación de una querella criminal contra el Ministerio de Interior, porque consideran que “se ocultó el crimen de nuestro hermano”, y señalan al Gobierno de España como “cómplice de aquel asesinato”.

La iniciativa de Sumar en el Congreso viene precedida de otras propuestas que recorrieron el mismo camino sin mucho éxito. En noviembre de 2022, el Parlamento andaluz pidió por primera vez la desclasificación del expediente de García Caparrós, a partir de una proposición no de ley de Adelante Andalucía, que obtuvo el respaldo de PP, PSOE y Por Andalucía. Sólo Vox votó en contra.

La Cámara autonómica hizo suya aquella reivindicación y remitió la decisión al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, pero no pasó de ahí. Un año después, el 4 de diciembre de 2023, Sumar registró otra proposición no de ley en el Congreso solicitando exactamente lo mismo: el reconocimiento de García Caparrós como víctima del terrorismo e instar al Gobierno a desclasificar los archivos de su asesinato.

La Mesa admitió el primer punto, pero no calificó el segundo, argumentando que el citado expediente sobre la muerte del joven malagueño pertenecía a una Comisión parlamentaria y, por tanto, el Gobierno de España no tenía competenias para decidir sobre los archivos. En un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este periódico, el Congreso ofrece una “propuesta” al grupo parlamentario Sumar para salvar su iniciativa con una “reformulación” de este punto.

“Teniendo en cuenta que no cabe instar al Gobierno a la realización de actuaciones que exceden de su competencia”, el órgano de control del Congreso sugiere al grupo de Yolanda Díaz que le envíen a ellos la misma solicitud, dado que sí son competentes para resolver.

Dos iniciativas de Sumar en paralelo

A partir de ahí, la iniciativa de Sumar se bifurca y regresa al Congreso partida en dos iniciativas: por un lado, la proposición no de ley que se registra, se debate y se aprueba hace dos semanas en la Comisión de Interior, con el voto de la mayoría de partidos que sostienen al Gobierno de Sánchez (PSOE, Sumar, Bildu, ERC y PNV), y la abstención del PP.

De ahí sale la obligación del Congreso de “rendir homenaje” a García Caparrós, e instar al Gobierno a considerarle “víctima de la represión por razones políticas en la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 por la consecución de las libertades democráticas y del autogobierno para Andalucía”.

En la negociación previa, Sumar acepta retirar la consideración de “víctima del terrorismo” para así afianzar el apoyo del PSOE y que el PP se abstenga, en vez de votar en contra. Los populares no se plantearon un voto afirmativo, porque el texto definitivo sitúa a García Caparrós como víctima mortal en el año 77, es decir, en el periodo de Transición a la democracia, que entra dentro de la nueva Ley de Memoria Histórica a la que el PP se opuso radicalmente.

Algo similar ocurrió dos años antes con la proposición no de ley que registró el partido de Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz. Para ganarse el respaldo de los populares de Moreno -con mayoría absoluta-, Adelante Andalucía eliminó el término “víctima del terrorismo”, y lo sustituyó por un texto más genérico -menos comprometedor, de hecho, que el que acaba de aprobar el Congreso: “Instar a la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a considerar” a García Caparrós “víctima por su lucha a favor de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”.

La segunda iniciativa que Sumar llevó al Congreso es esta solicitud de desclasificación de los archivos, registrada este miércoles y dirigida directamente a la Mesa, siguiendo la “propuesta” del propio órgano de control de la Cámara, que ahora deberá resolver si hace públicos los archivos o no.

32 agentes disparando al aire

Sobre el asesinato del joven sindicalista malagueño se han escrito varios libros con información sacada de las actas del Congreso. Uno de ellos -Las muertes de García Caparrós, de la secretaria judicial Rosa Burgos- señaló al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el policía que disparó la bala que mató al muchacho mientras se manifestaba en Málaga por una autonomía andaluza.

En 2017, cuando la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sempere, tuvo acceso a las actas secretas -casi 700 páginas con los nombres propios tachados- denunció que la investigación en la comisión del Congreso había orillado el informe policial que señalaba el origen de los disparos, incluido el que mató a García Caparrós.

El informe de la Policía Armada recogía tres cargas policiales -32 agentes dispararon al aire- después de que los manifestantes colgaran la bandera andaluza de la fachada de la Diputación de Málaga, una de ellas en el lugar en el que recibió el tiro mortal. Agunos de esos agentes fueron “expedientados y arrestados” por aquel suceso, según el expediente.

Muy próxima a la esquina donde cayó muerto, en una calle de la capital malagueña, hay una placa del Ayuntamiento en su memoria, y cada 4 de diciembre recibe una ofrenda floral de su familia y sus allegados.

Todas las mañanas, mientras ando faenando en casa, se rompe la quietud de mi calle y suenan los siguientes versos bajo mi balcón: 

Tengo que hacer un rosario

Con tus dientes de marfil,

Para que pueda besarlo

Cuando esté lejos de ti,

Sobre sus cuentas divinas,

Hechas con nardos y jazmín,

Rezaré pa que me ampare

Aquella que está en San Gil.

Adiós mi España querida,

Dentro de mi alma

Te llevo metida,

Aunque soy un emigrante,

Jamás en la vida

Yo podré olvidarte

Lo que suena es “El emigrante”, del jiennense Juanito Valderrama. La que lo escucha es una de mis ancianas vecinas, y quien se lo pone es la auxiliar de ayuda a domicilio que la saca a dar su paseo matutino. Mi vecina no canta, apenas puede andar, pero la auxiliar la anima constantemente a que termine los versos. Apela a su memoria, apela a la vida que, trabajosa, discurre entre las callejuelas de un pueblo andaluz de Sierra Morena que cuenta por centenares a sus jóvenes emigrantes y sus casas cerradas. La canción es de 1949 y homenajea a los exiliados -que no emigrantes- del franquismo (ese período que, según algún sinvergüenza, no fue tan malo como se pinta), aunque dicho régimen, como hizo con tantas otras cosas, la tomó como símbolo nacional. A la canción y a la de San Gil.

Cuando salí de mi tierra

Volví la cara llorando,

Porque lo que más quería

Atrás me lo iba dejando,

Llevaba por compañera

A mi virgen de San Gil,

Un recuerdo y una pena,

Y un rosario de marfil

Escribo esto ante una semana convulsa: para empezar, se entrega en Sevilla a la virgen de San Gil, conocida universalmente como La Macarena, la distinguida Rosa de Oro. Sólo un poco después se celebrará en la misma ciudad una Magna Procesión, con motivo del Congreso de Hermandades y Piedad Popular (todo muy en mayúsculas, como no puede ser de otra forma), a la que acudirá en masa gente de toda Andalucía y resto de España. Y ahí en medio, casi pidiendo por favor su hueco, tendrá lugar la conmemoración del 4 de diciembre. Día de la Bandera desde hace pocos años; Día Nacional de Andalucía desde hace unos cuantos más.

¿Qué hemos conseguido exactamente? ¿Aulas de institutos masificadas? ¿Esperas de varias semanas para coger citas telefónicas en el ambulatorio? ¿Universidades concertadas que se comen la financiación de las públicas? ¿Pozos ilegales en parques naturales que siguen siendo siendo usados con impunidad? ¿Liderar las tasas de pobreza y paro una y otra vez? ¿Dirigentes políticos que se montan tramas de corrupción en un tris? ¿Es eso lo que nos tiene que llenar de orgullo?

Para tan señera efeméride (la de la bandera, aclaro), la Junta de Andalucía ha lanzado un anuncio donde, entre blanca nieve y verde campo, blancas fachadas y verdes geranios, se habla del orgullo de ser andaluces. Al menos esta vez el acento de la locución es el que toca, demos gracias. Lo que pasa es que una ve el anuncio y se queda preguntándose que esto de qué va. Ser andaluza es estupendo, sublime y todo eso, lo tenemos aprendido. Pero… ¿por qué es tan chuli? No lo dicen en el anuncio; sólo nos cuentan que por ser de Andalucía hay que sentir orgullo, por lo que somos y hemos conseguido, pero… Concretarlo no lo concretan, mecachis. ¿Qué hemos conseguido exactamente? ¿Aulas de institutos masificadas? ¿Esperas de varias semanas para coger citas telefónicas en el ambulatorio? ¿Universidades concertadas que se comen la financiación de las públicas? ¿Pozos ilegales en parques naturales que siguen siendo siendo usados con impunidad? ¿Liderar las tasas de pobreza y paro una y otra vez? ¿Dirigentes políticos que se montan tramas de corrupción en un tris? ¿Es eso lo que nos tiene que llenar de orgullo?

Afortunadamente, justo después del spot de marras aparece un banner de la nueva campaña de la Junta que esclarece algo la cuestión. Reza: si nace en Andalucía, ya es bueno. El producto andaluz es bueno porque sabor, calidad y valor también lo son. Y su fotito de la aceitera y sus aceitunitas en rama. Eso era. Hay que estar orgullosa de la calidad de los productos andaluces, cultivados en caciquiles latifundios o en hectáreas de pequeños agricultores mal pagados; productos que se comen el agua que no hay y de los que se lucran en otros códigos postales; productos que se van volviendo ridículamente caros para los paladares que los evocan y que son exportados para delicia de quienes los pueden apreciar de verdad. Europeos de bien que no se quiebran la espalda en un mal surco y que no degustan el saborcito a explotación, a sequía, a acoso sexual que destila una flamante fresa onubense o un espléndido calabacín almeriense. Gloria bendita: el éxito andaluz era esto.

La cultura andaluza está espléndidamente y es magnánima, conque ¿cómo no va a entregar de forma excepcional y desinteresada cantidades exorbitantes de dinero público a eventos que sí lo necesiten? Por ejemplo, una magna procesión orquestada por entes privados.

Menos mal que nos lo han explicado, porque ya estaba yo erróneamente pensando que el motivo de orgullo eran nuestra historia y cultura. Una cultura tan plena y rebosante que, en su vertiente institucional, puede permitirse dejar sin gastar partidas de cientos de miles de euros. La cultura andaluza no necesita inversión, porque el patrimonio andaluz, sólo por ser andaluz, ya es y está perfecto. Por grietas, humedades, hacinamientos, falta de personal, pérdidas estructurales o masificación que sufra. No le hace falta nada, igual que a las librerías, que cierran porque quieren; o como las compañías de teatro, cuyos integrantes no comen lo que otros mortales porque se alimentan del aire (aire andaluz, por supuesto, qué duda cabe). La cultura andaluza está espléndidamente y es magnánima, conque ¿cómo no va a entregar de forma excepcional y desinteresada cantidades exorbitantes de dinero público a eventos que sí lo necesiten? Por ejemplo, una magna procesión orquestada por entes privados. No en vano, en todo el mundo se nos conoce especial y singularmente por este concretísimo aspecto de nuestra cultura que es la religiosidad popular. ¿O acaso no hemos dicho ya que el mundo entero sabe quién es La Macarena? Pues que no le falte ni gloria a las calles ensilladas y valladas que surcarán las grandes devociones durante la Magna. Que se gasten el Ayuntamiento y el Consejo esos dineros, claro que sí. Porque al final lo que queremos, Andalusian Crush mediante, es que toda la cultura andaluza (y a ser posible, de España entera) se reduzca a esto, ¿verdad?

Yo soy un pobre emigrante

Y traigo a esta tierra extraña,

En mi pecho un estandarte,

Con la alegría de España,

Con mi patria y con mi novia

Y mi Virgen de San Gil,

Y mi rosario de cuentas,

Yo me quisiera morir.

Y así se comprende que no nos haga falta nada. Ya todo lo tenemos: el gozo de vivir en nuestra tierra si así lo hacemos, o la dicha de atesorarla en la memoria si hay que emigrar. No hace falta más cultura que un rosario y el recuerdo de una bella dolorosa. Sólo queda una parte, que juzgo la más complicada: créerselo. No porque el imaginario religioso-cofrade no sea parte fundamental de lo andaluz (precisamente seré la última persona del mundo en ponerlo en duda), sino porque aceptar esto supone aceptar también que nada más importa ni se precisa ni se debe demandar. Ni derecho a la vivienda, ni al trabajo digno y bien remunerado, ni al alimento nutritivo y asequible, ni al acceso a la cultura más allá de la que nos ocupa, ni mucho menos a su conservación, promoción, o difusión. Alegría, que Andalucía no es pa’ sufrirla, sino siempre y ante todo, pa’ presumirla.

Así que, por lo que puedo sacar en claro de todo esto, en el Día de la Bandera se debe asumir que basta con colgar una del balcón y llenarse la boca diciendo que Andalucía es lo mejor el mundo. Nada de rememorar ese 4 de diciembre de 1977 donde toda Andalucía se echó a la calle, a ese Caparrós pa’siempre mártir, a ese Carlos Cano cantando la verde, blanca y verde, a esa Ana Orantes demostrando que ella no era ningún bulto, a esa M.ª Luisa Cobos que por defender a sus vecinas se vio desterrada, a ese Blas Infante gritándole a la muerte a la cara que Andalucía libre viviría, a esa Angustias García guardando en su cómoda la tela alba y omeya que se convertiría en el símbolo de todo un pueblo, a esa Josefina Manresa que nos hizo llegar las cartas del amor, las de la muerte y las de la vida… Nada de evocar esta Andalucía que, suponía yo, tocaba traer a nuestros corazones y memorias cada 4 de diciembre. Nada de exigir una Andalucía de luz, paz, cobijo y estómago y mente llenas. Al parecer, supuse mal.

Si algún viajero poco conocedor de Andalucía aterrizara aquí en torno a este 4 de diciembre podría creer que se encontraba en un país que reivindica de forma generalizada su derecho a la soberanía. Ante sus ojos, en el sevillano palacio de San Telmo, sede de la presidencia del gobierno autónomo, decenas de ventanas estarán engalanadas con la verde, blanca y verde. También en algunos balcones estará desplegada la arbonaida (aunque, en este caso, en diversas versiones: algunas con el escudo oficial, otras con una estrella roja o tartéssica y las más sin escudo). La radiotelevisión pública y cuñas publicitarias en televisiones, radios y prensa recordarán que es el “Día de la Bandera”. Y el domingo anterior una manifestación habrá recorrido las calles de alguna ciudad, encabezada también por la verdiblanca, convocada por una serie de partidos políticos, sindicatos y organizaciones, todos ellos con la A de Andalucía en sus siglas.

Sin embargo, si ese mismo viajero -imposible si se trata de un simple turista- se interesa por profundizar algo en la realidad, verá pronto que la mayor parte de lo que le parecieron evidencias son meras escenografías, representaciones de un espectáculo repetido cada 28 de febrero, y ahora también cada 4 de diciembre, en el que instituciones, partidos y sindicatos se disfrazan de andalucistas. Esta última fecha ha sido convertida en una especie de carnaval prenavideño, en el que los actuales jerarcas peperos instalados en la Junta quieren hacer desaparecer la evidencia de que los progenitores de su partido (la Alianza Popular de Fraga y la UCD de Suárez) se opusieron con fuerza a que Andalucía alcanzara las mismas cotas de competencias que otras nacionalidades del Estado y siguen considerando a Andalucía una “región”, contrariamente a lo que recoge el propio Estatuto de Autonomía, que la define como nacionalidad histórica.

Aunque hay que explicar que, antes que ellos, los jerarcas pesoístas que ocuparon el gobierno de la Junta durante ¡37 años! habían hecho algo equivalente: teñirse de verdiblanco un día al año, aunque en su caso cambiaran para ello la fecha, trasladándola desde el 4 de diciembre al 28 de febrero con el objetivo de sustentar mejor el relato de que la autonomía -la muy limitada, y por ello ineficaz, autonomía que tiene Andalucía- fue obra del PSOE. La explicación del cambio estriba en que el 4D de 1977 fue una explosión identitaria en las calles y el protagonismo de los partidos fue menos evidente que en la campaña del referéndum de iniciativa autonómica y posterior desbloqueo del proceso. La realidad es que, durante décadas, solo para los minoritarios sectores soberanistas el 4 de diciembre ha continuado siendo el Día Nacional de Andalucía, aunque no fuera festivo ni los niños desayunen en las escuelas pan con aceite, porque lo uno y lo otro es ya inherente al oficializado 28 de febrero.

Se trata de estrategias planificadas con un doble objetivo: facilitar el extractivismo político-electoral (es decir, conseguir aquí votos para partidos cuya razón de ser no es Andalucía) y tratar de dificultar la aparición, o consolidación, de organizaciones realmente andalucistas que no sean meras delegaciones o franquicias de partidos cuyas decisiones se toman fuera de Andalucía

Hoy, sin embargo, el 4D, con la excusa de su rescate como fecha histórica, está siendo mitificado, con grave riesgo de pérdida de su significación. En un doble sentido. Por una parte, debido al interés del PP por aparecer como andalucista (aunque agregando al término andalucismo otros, como “moderno” o “constitucional”), haciendo ostentación de la verde y blanca y organizando diversos actos alrededor del que han bautizado como “Día de la Bandera”. Por otra parte, la mayoría de los partidos y grupos a los que suele aplicarse la etiqueta de “la izquierda a la izquierda del PSOE” -una frase idiota que legitima que el partido refundado en 1974 por Felipe González y Alfonso Guerra, con el apoyo de la SPD alemana y la CIA, sea de izquierda)- han tomado la fecha como una más para visibilizarse y declararse también andalucistas, a pesar de que no reconocen a Andalucía como un pueblo-nación ni llevan a las instituciones del estado en que tienen representación los problemas y reivindicaciones propios de Andalucía (el ejemplo del diseño interno de Sumar es reflejo clamoroso de esto).

Se trata de estrategias planificadas con un doble objetivo: facilitar el extractivismo político-electoral (es decir, conseguir aquí votos para partidos cuya razón de ser no es Andalucía) y tratar de dificultar la aparición, o consolidación, de organizaciones realmente andalucistas que no sean meras delegaciones o franquicias de partidos cuyas decisiones se toman fuera de Andalucía. Para facilitar este extractivismo –del que tanto se ha beneficiado el PSOE durante décadas- se amplía ahora el travestismo político: del azul o el rojo (más bien rosa pálido) se pasa al verde y blanco por un día (o por unos pocos días, si es preciso). En el caso de la derecha, es postureo que ni ellos se creen, pero que viene bien a la imagen de supuesta moderación (?) del PP “andaluz”. En el segundo, la izquierda estatal continúa demostrando que es devota de la España Una, aunque la prefiera republicana. E incluso en los casos en que se declara plurinacional, sigue sin considerar a Andalucía como una de las naciones del Estado con todo lo que ello implicaría, aunque no tenga ahora pudor en aceptar en algún manifiesto el término soberanía que hasta ayer mismo rechazaban, para tratar de ocupar el espacio andalucista. Banalizando el concepto, al considerar la soberanía como si fuera un derecho más entre otros muchos derechos: al trabajo, a la vivienda, a la salud, a los servicios públicos… O no entienden o no quieren entender de qué trata la soberanía, como llave para que el ejercicio de los demás derechos no sea una quimera.

¿Por qué el espacio político real del andalucismo (incluido el electoral, pero no solo este) ha estado vacío o ha sido tan débil durante tanto tiempo? ¿Por qué se han frustrado, hasta ahora, los intentos de construir un verdadero andalucismo político con cimientos sólidos?

El viajero en cuestión, si fuera capaz de ver más allá de las apariencias, concluirá que se trata de imposturas. En todos los casos -PP, PSOE e izquierda estatal- posibilitada por el síndrome del colonizado que aqueja hoy a la mayoría de los andaluces, consistente en mirar la realidad con los ojos de los colonizadores, que es lo que se les enseña a hacer en la mayoría de los centros educativos y por los medios de comunicación hegemónicos. Es este síndrome el principal responsable del bloqueo de la conciencia de pueblo y la mejor garantía para que las imposturas supuestamente andalucistas se perpetren con impunidad e incluso con rédito político. Imposturas que no son solo de ahora sino desde aquel ya lejano 4 de diciembre de 1977 en que los andaluces asombramos a todos (e incluso a nosotros mismos) con aquella clamorosa reafirmación de nuestro nosotros colectivo. En aquel entonces, casi todos los partidos agregaron apresuradamente a sus siglas y papeletas electorales la “A” de Andalucía, aunque ello solo tuviera consecuencia en la modificación de sus logos, pero no de sus políticas que continuaron y siguen plenamente enmarcadas en el nacionalismo de estado español.

A nuestro viajero, dos preguntas le asaltarían en este momento: ¿por qué el espacio político real del andalucismo (incluido el electoral, pero no solo este) ha estado vacío o ha sido tan débil durante tanto tiempo? ¿Por qué se han frustrado, hasta ahora, los intentos de construir un verdadero andalucismo político con cimientos sólidos? Las respuestas existen, aunque haya no pocos interesados en que no se visibilicen.

He elegido conscientemente el titular con la esperanza de que alguien me espete el mal gusto de felicitar y rebautizar el día de la reivindicación popular masiva de 1977 que desembocó en el referéndum por la autonomía andaluza, teñido con la sangre de Manuel José García Caparrós entre el cruce de la Alameda de Colón y la Alameda Principal de Málaga. Lo he querido hacer de esta forma por alinear mi enfoque con el del Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, durante la institucionalización del “Día de la Bandera” el pasado 2022. Sin embargo, este 4D no es para los populares andaluces un año de felicitación aséptica y despolitizada como lograron los socialistas con el día de aprobación del estatuto, sino una oportunidad para protestar al calor de los pactos de investidura del pasado 16 de noviembre. Desde las manifestaciones en la sede del PSOE de la calle Ferraz, el ejecutivo de Moreno Bonilla se ha apuntado otro tanto en el pulso territorial contra un gobierno de coalición apoyado en EH Bildu, PNV, BNG, Junts y ERC, representantes de las “nacionalidades históricas” con solvencia y músculo para imponer demandas y quitas de deuda en el marco del proyecto plurinacional de Estado.

Escribo estas líneas convencido de que, a pesar de los esfuerzos de Andalucía Viva y otras plataformas activas en las movilizaciones de cada año, la cesión simbólica del 4-D al ejecutivo de Moreno Bonilla es ya un punto de partida sobre el que operar. Esto es así, en tanto que, objetivamente, hay que concederle cierta razón al PP-A en los motivos para poner el grito en el cielo contra la España de las “dos velocidades”. Si bien, este marco de enfrentamiento interterritorial amenaza con engullir la reclamación de una promesa autonómica insuficiente para un pueblo sin peso real en la vida política española, a pesar de constituir uno de sus territorios más densamente poblados. El asunto del reparto de portavocías en Sumar supuso un precedente a un malestar enquistado que el ejecutivo de Sánchez y Díaz no parece querer abordar por el momento. El abandono político de las fuerzas a la izquierda del PSOE y la propia torpeza estratégica de las propuestas autonomistas del ciclo anterior deja campo abierto a la cooptación del agravio histórico por parte de un Ejecutivo que se sirve de él como oposición efectiva y constitución de un feudo electoral, amparado en una cómoda mayoría parlamentaria. Pero nuestros “benefactores” en el juego territorial tienen, por supuesto, una agenda propia.

Si algo han entendido los populares es que la disputa por el término se gana movilizándolo contra algo, pues es la andaluza una identidad siempre en movimiento, siempre en lucha por no quedarse atrás

Mientras que la apropiación del andalucismo por parte de los precedentes gobiernos socialistas se reservaba el 28 de febrero como fecha oficial, Moreno Bonilla ha confirmado su asistencia para las movilizaciones del 4D, llamando a tomar las calles, “como nuestros padres y abuelos” para no ser considerados españoles de segundo orden. Recordemos que no hace ni un mes, el presidente autonómico hizo acto de presencia en Sevilla para el “Noviembre Nacional” contra la Ley de Amnistía, y en esa misma clave se nos presenta el apoyo institucional brindado a unas movilizaciones coloreadas por arbonaidas pero con un contenido esencialmente rojigualda.

Todo esto venimos avisándolo desde la gala televisada del pasado 28F, desde las elecciones municipales y generales el pasado verano. La toma del 4D sitúa a los populares andaluces como la opción “andalucista” más solvente, ahora con el beneplácito de históricos como Rojas-Marcos que, recordemos, formalizaron la petición de instaurar el “Día de la Bandera” en tal fecha. La claudicación histórica a un “andalucismo de derechas” en la pretendida tradición de Clavero Arévalo trata ahora de reescribir la historia para arrastrar consigo las movilizaciones que se situaban históricamente a la izquierda del socialismo. En esta operación, cuesta ver la solvencia estratégica de parapetarse en que el andalucismo no puede ser “de derechas” por definición esencial, si es que quiere creerse en tales cosas. Si algo han entendido los populares es que la disputa por el término se gana movilizándolo contra algo, pues es la andaluza una identidad siempre en movimiento, siempre en lucha por no quedarse atrás, por transformar el modelo de Estado en su conjunto para evitarlo.

Por supuesto, fuera de los agravios comparativos y discrepancia de “velocidades” movilizadas por el Ejecutivo andaluz, queda todo lo relativo al dumping fiscal madrileño que abandera su correligionaria de partido, Isabel Díaz Ayuso, y que también influye sobre el balance de fuerzas territoriales en las que Andalucía, una vez más, sale mal parada. Queda fuera toda esa violencia institucional que el modelo urbanístico malagueño, exportado al resto de la comunidad, acomete contra los habitantes de sus propias ciudades y les fuerza a vivir a “dos velocidades”. Dos ritmos hay para quienes no van a heredar nada y para quienes van a hacerlo a coste cero por la supresión del impuesto de sucesiones aprobada por el Parlamento andaluz.

España está descompasada, pero también lo están los centros históricos de las ciudades andaluzas con respecto a sus barrios hartos, expuestos a permanentes cortes de luz. Tampoco las demandas de aquellas personas forzadas a aguardar listas de espera interminables quedan recogidas dentro de las protestas secundadas por los populares, quizá porque las “dos velocidades” en materia de sanidad sea algo que les compete directamente a ellos. Mientras tanto, conviene no olvidar que las actas en las que presuntamente figura el nombre de quién apretó el gatillo y acabó con la vida de García Caparrós siguen cerradas, con connivencia de la Junta y el sempiterno alcalde malagueño. El 4 de diciembre no puede ser el “Día de la Bandera”, sino el día en que, ante todo, las hermanas García Caparrós, Paqui, Loli y Puri, recuerdan cada año que en materia de reparación también se envejece a distintas velocidades.

El proyecto de la Junta para el 4D pasa por despolitizarlo del incómodo asunto de la memoria histórica y las promesas incumplidas de la Transición para reconducirlo en clave de agravio interterritorial, herramienta de envite de las derechas nacionales contra una precaria alianza progresista apoyada sobre un desequilibrio ya endémico. Este programa institucional pretende que, si salimos a protestar, sea como andaluces que se saben “verdaderos españoles”, la salvaguarda última de su unidad, y demandarle al presidente Sánchez más competencias para su propio expolio interior. El 4D del presente año 2023, se ha vuelto una jornada confusa cuando quienes nos dice “levantaos” son aquellos que nos quieren callados y serviciales, un attrezzo para los activos turísticos que Moreno Bonilla se aseguró en la World Travel Market de Londres el pasado noviembre, mientras nos decía que apuntásemos con el dedo a Madrid. No aclaraba, convenientemente, si debíamos señalar a Sánchez o a Díaz Ayuso. Por empezar a replantear objetivos, quizá debiéramos señalarle directamente a él.

Pantalones de pana o de tergal, maxifaldas y trenkas, camisas a cuadros, gabardinas de saldo y jerseys de estampado propio de una película navideña. Así recuerdo aquellos días de diciembre de 1977, con el pelo a navaja o melenas yeyés, barbas modelo Institución Libre de Enseñanza; dentaduras melladas, el brillo en los ojos. El día 4, el gentío salió a las calles en modo blanco y verde. José Manuel García Caparrós fue asesinado en Málaga por un terrorista de Estado.

Estaban todos los partidos, conviene recordarlo, salvo Falange Española. Alianza Popular y UCD siguieron el trayecto de ese mismo tren autonómico hasta el Pacto de Antequera, pero luego, eso sí, se descolgaron del vagón de la autonomía plena cuando se convocó a contramano el referéndum del 28 de febrero de 1980.  No sólo estuvo allí la izquierda, eso es cierto y, por parte de la UCD, seis meses después de su victoria del 15 de junio, no fue Manuel Clavero Arévalo el único representante que se dejó ver por aquellas pancartas y arbonaidas ya apolilladas por el paso del tiempo. 

No fue una manifestación de izquierdas, pero fue una manifestación de izquierdas, incluyendo a los andalucistas que todavía llevaban en sus siglas la ese de socialistas. Junto a los gritos de estatuto de autonomía, también cupieron los de Pan, Trabajo y Libertad, la leyenda que figuraba en la pintada que no le dio tiempo a terminar a Francisco Javier Verdejo, el militante de la Joven Guardia Roja asesinado en Almería por un guardia civil un año y medio antes.

Fue de izquierdas, también, porque la memoria de aquella fecha se preservó especialmente, durante décadas, al este del Edén del PSOE. Tras el 28 de febrero, los socialistas andaluces rentabilizaron la fecha del referéndum por dos motivos: el oficial, fue el día en que se expresó la soberanía popular y no sólo a través de manifestaciones multitudinarias; el oficioso, la UCD terminó cediendo a favor de la autonomía plena para Andalucía, tras el acoso y derribo del PSOE y del PCE, mientras el andalucismo de Alejandro Rojas Marcos quedaba un tanto desdibujado, a pesar de que también intentara buscar una sorprendente pero ingeniosa alternativa para aquella encrucijada histórica.

Tras aquella derrota por puntos de la España de la restauración –Cataluña, País Vasco y Estado Central--, Alianza Popular pareció parapetarse tras los tirantes rojigualdas de don Manuel Fraga Iribarne y, entre sus presidentes andaluces, ni el rockero extremeño-cordobés Antonio Hernández Mancha, ni Gabino Puche sacaron demasiado pecho por Blas Infante. Javier Arenas, eso sí, por poco la lía cuando confesó que le gustaba Carlos Cano. A partir de su mandato, el PP inició una cierta revisión en la percepción del andalucismo como animal de compañía. En esa línea, Juan Manuel Moreno Bonilla ha dado un giro copernicano en el que cabe desde un cariñito a la familia de García Caparrós a la entronización de Clavero por encima de Rafael Escuredo en el panteón de los ilustres verdiblancos. También ha pasado por su photo-call a la vieja guardia del Partido Andalucista. Y ha designado al 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía, que no es mala fórmula. Cabría preguntar, con esa cierta malafollá que no sólo caracteriza a los granadinos, si lo hace por convicción o porque así le quita una mijita de lustre exclusivo al 28 de febrero, donde no sólo salió medio derrotada la UCD sino AP, el anteproyecto de su actual partido.

Resulta notable, perdonen la osadía, que en algunas manifestaciones convocadas al socaire del Día de la Bandera andaluza abunden las españolas

Emparedado por el oficialismo del PSOE y el del PP, ¿qué nos queda finalmente de todo aquello sino un par de fechas que pueden caer en los exámenes de historia? Durante un tiempo, Carlos Cano se negaba a cantar Verde, blanca y verde, porque decía que la había compuesto para un pueblo que soñaba y Andalucía había dejado de hacerlo.

De las distintas manifestaciones, de uno y de otro signo, convocadas en estos días acá, allá y acullá, cabe deducir que la división es notable y que, dado su exiguo número de participantes, se sueña poco o se pesadilla mucho.

Ahora, lucimos ternos de diseño, ropa fashion aunque sea de Wallapop, peinados de estilista y aún estamos pagando el préstamo que pedimos para ir al Rocío. Pero seguimos, eso sí, reclamando pan, trabajo y libertad, aunque en una nueva murga de los currelantes habría que cantar que se acaben las listas de desespera y que vuelvan pronto las inmigrantes de la fresa. Resulta notable, perdonen la osadía, que en algunas manifestaciones convocadas al socaire del Día de la Bandera andaluza abunden las españolas. Y no es que uno tenga nada en contra de la constitucional, salvo el arcaico deseo para que algún día una de las franjas rojas se destiña en lila. Pero si se trata de conmemorar lo que fuera aquello que fuese el 4 de diciembre, malicio que fue un órdago de Andalucía por sí, más que por Iberia –luego, España—y la Humanidad.

De las distintas manifestaciones, de uno y de otro signo, convocadas en estos días acá, allá y acullá, cabe deducir que la división es notable y que, dado su exiguo número de participantes, en Andalucía se sueña poco o se pesadilla mucho

No fue, desde luego, como algunos pretenden, un grito colectivo contra nadie, ni contra las legítimas aspiraciones de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Madrid o de donde fuera, sino a favor de lo propio, de un sitio al sol de la historia para Andalucía. No era una movilización contra el Ja soc aquí de Tarradellas, ni contra la Obaba que estaría ya concibiendo Bernardo Atxaga, ni contra el Estamos Chegando Ó Mar, de Bibiano. Se trataba de sacudirnos el latifundismo y la desidia, la maleta de cartón y el transmiseriano de los emigrantes. La palabra mágica, entonces, era autonomía, aunque bien supiéramos ya entonces que nunca nadie ata los perros con longaniza. ¿Cuál es nuestro grito de ahora, qué queremos ser de mayores? El 4 de diciembre ya no es lo que era. Nosotros, tampoco. Reivindicamos la igualdad, pero debiéramos reivindicar también la diferencia. Volvemos a estar en un momento crucial para la definición futura del Estado español y debiéramos prestar más atención a cómo queremos encajar en dicho rompecabezas que a oponernos como una hinchada futbolística a lo que reclamen los otros territorios de este país que se viene rompiendo desde antes de que naciera.

En casi 50 años, ¿hemos conseguido equilibrar la balanza de la excepción fiscal del País Vasco y Navarra? ¿Cómo podremos conseguir que no nos arruinemos aún más si Cataluña consigue un propósito similar? ¿Cuáles son nuestros recursos, dónde están nuestros lobbies de poder y, sobre todo, dónde está ese pueblo resuelto a no dejarse domeñar que salió en estampía aquel 4 de diciembre? Andalucía lleva demasiado tiempo como Bella Durmiente para saber que el único beso que debiera esperar es el de su propia ciudadanía, a la que le ha hecho más daño el centralismo que las txapelas y las barretinas. 

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha hecho este lunes un llamamiento a la “unidad de todos los andaluces”, como eje central de su discurso para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía, durante un acto institucional en el Palacio de San Telmo. Esta es una efeméride en el calendario oficial de Andalucía desde hace sólo un año: se celebra el 4 de diciembre (4D) para conmemorar el mismo día de 1977 en el que dos millones de andaluces se manifestaron en las calles de las ocho provincias (y en Barcelona) para reclamar una autonomía política que acabase con el subdesarrollo histórico de esta región.

Pero el andalucismo al que apela Moreno está roto y desdibujado por la polarización que reina en España en torno al Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con el independentismo catalán (singularmente contra la ley de amnistía). “Hoy Andalucía vuelve a defender una España de iguales, solidaria y sin privilegios, donde hablemos con una sola voz, ejemplo de unidad, y que defienda los derechos de todos con todas sus consecuencias. Queremos tender puentes, no levantar muros”, ha dicho el dirigente popular.

Sin embargo, el PSOE andaluz -en la oposición desde hace cinco años- ve en el subtexto de su discurso una clara intencionalidad partidista, un megáfono institucional de la “estrategia de confrontación” del PP de Alberto Núñez Feijóo contra Sánchez. “Moreno quiere reescribir la historia”, ha denunciado el jefe de la oposición, Juan Espadas.

El dirigente socialista ha asistido al acto oficial y ha advertido que Moreno ha citado el papel que jugaron Blas Infante y Manuel Clavero Arévalo [ex ministro de UCD y único referente de la derecha en la historia de la lucha autonomista], pero obvió el protagonismo decisivo de Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Andalucía preautonómica, y a Rafael Escuredo, primer presidente electo.

Una hora después, Espadas presidía un reconocimiento público del PSOE-A a Escuredo en la sede de su partido, y éste instaba a la Junta a reclamar al Estado todas las competencias que le permite el Estatuto de Autonomía, como la gestión de los trenes de Cercanías, una propuesta de Por Andalucía y Adelante avalada en el Parlamento con la mayoría absoluta del PP.

En la previa del 4D, Moreno se estaba manifestando a pocos metros de su despacho, en el sevillano barrio de Los Remedios, donde se concentraron el domingo unas 2.000 personas “por la igualdad de todos los españoles”, según cifras de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Una de las conductoras del acto anunció una cifra mayor -“5.000 personas”-, citando a la Policía Local, aunque el Ayuntamiento, gobernado por el popular José Luis Sanz, eludió confirmar este dato. Este lunes, el presidente no se ha salido de los márgenes del discurso institucional, aunque muchos hayan leído sus advertencias entre líneas.

Elegir el 4 de diciembre para conmemorar el día de la Bandera de Andalucía fue una idea de Alejandro Rojas Marcos, uno de los fundadores del Partido Andalucista (PA), y también uno de los que proclamó su defunción, en 2015. Se lo sugirió personalmente y durante un acto público a Moreno, hace un año, y éste lo asumió allí mismo. Días después, el Consejo de Gobierno lo aprobó por decreto, sin pasarlo a debate y votación por el Parlamento andaluz.

Al PSOE-A aquello le pareció una “deslealtad” precisamente con la institución que representa “a todos los andaluces”, más aún, sabiendo que la iniciativa habría tenido el voto de todos los partidos, excepto Vox. La ultraderecha es contraria al Estado autonómico, ni celebra el 28F ni hoy estaba en San Telmo para celebrar el Día de la Bandera (tampoco la coalición Por Andalucía (Sumar), que acusa a Moreno de instrumentalizar la historia autonómica y los símbolos de la comunidad.

Del 4D al 28F

A grandes rasgos, el mensaje del primer presidente andaluz del PP podría haberlo pronunciado cualquiera de sus predecesores socialistas durante los fastos oficiales del 28 de febrero, día de Andalucía, que conmemora el referéndum del Estatuto de 1980. Pero el 4 de diciembre del 77, los andaluces no salieron a la calle para pedir “la igualdad con otros territorios de España”, ni para exigir “una autonomía plena”, como ha repetido estos días Moreno, como ha insistido la alocución que se ha escuchado hoy en San Telmo, o como también dejó dicho su predecesora, la ex presidenta Susana Díaz.

El debate sobre el acceso a la autonomía -por la vía rápida del artículo 155 de la Constitución- es posterior, porque en el 77, de hecho, la Constitución estaba en ciernes. El 4D era un capítulo más primario de la lucha autonomista: entonces, Andalucía no tenía instituciones para construir sus hospitales, sus colegios y sus carreteras -todo pasaba por Madrid- y la movilización de dos millones de personas pedía autonomía “para salir de la miseria” -recuerdan hoy algunos de sus protagonistas-, para “acabar con el subdesarrollo, el paro, el hambre y extender la gratuidad de la sanidad y la educación”.

El PSOE gobernó durante 37 años Andalucía y en los primeros 35 jamás conmemoró el 4D. El 28F se estudia y se celebra en todas las escuelas de la comunidad desde los años ochenta, el 4 de diciembre, desde este curso. En todos esos años, otras fuerzas y asociaciones de izquierdas se han venido manifestando para recordar que el autogobierno andaluz y el Estatuto de Autonomía sacaron a Andalucía de la marginación, sí, pero no del furgón de cola de las regiones más empobrecidas del país.

Esa protesta civil y política -constante a lo largo de cuatro décadas, pero de escaso seguimiento- siempre ha exigido explicaciones en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, y responsable última de las competencias autonómicas y la gestión de las políticas públicas esenciales (sanidad, educación, servicios sociales...).

Esas reivindicaciones, 46 años después, van en las pancartas de los grupos de izquierdas en dirección al Palacio de San Telmo, y también miran al Gobierno central. Andalucía tiene un 18% de la población en paro -710.753 desempleados, según la cifra actualizada hoy mismo por el Ministerio de Trabajo-, más del 50% de tasa de paro juvenil; 960.000 andaluces en situación de pobreza aguda, esto es, con carencia material social severa (un 11,3% de la población), según el informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, publicado en octubre; y un millón de personas en la lista de espera para operarse o para una cita con el especialista (el 12% de la población), según los datos actualizados por la Junta la semana pasada, tras año y medio sin publicar. Una Andalucía, al fin y al cabo, “pobre”, como la ha descrito el propio presidente Moreno en un reciente discurso en el Parlamento.

Antes del discurso del presidente ha intervenido la bailaora gaditana Sara Baras, que ha recitado unas palabras de reivindicación andaluza y un “elogio a la bandera”, encargado por la Junta. El presidente le ha entregado un busto de Hércules con su nombre, que parece ser el primero de sucesivos galardones ligados a este primerizo Día de la Bandera de Andalucía.

“No me conformo” con las Cercanías. Al presidente de la preautonomía de Andalucía, y presidente de la Junta entre 1982 y 1984, Rafael Escuredo, no le basta el traspaso a la comunidad autónoma de las competencias sobre los trenes de corta y media distancia, pedido por el Parlamento al Gobierno autonómico a iniciativa de la izquierda y respaldada por el PP el pasado jueves, y con la abstención del PSOE, emulando el reciente pacto de PSOE y ERC para el traslado de Rodalies a Catalunya. Durante el acto de cesión de fondos documentales e históricos del también presidente autonómico a la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, Escuredo ha enfatizado que quiere “todo” lo que se le ha dado a otras comunidades y que se contemple el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, esto es, la gestión de la Seguridad Social, la creación de una Policía Autonómica, las políticas penitenciarias y una financiación autonómica “que satisfaga las necesidades” de la ciudadanía andaluza.

Escuredo, que se ha mostrado reivindicativo con “la verdad” de proceso autonómico andaluz en torno al 4 de diciembre de 1977, aunque con una actitud de “respeto” hacia quienes “pacíficamente” se han manifestado este domingo para rememorar aquel espíritu por la autonomía plena (en respuesta a preguntas de este medio por la presencia del presidente de la Junta en la marcha respaldada por el PP y los empresarios contra los pactos de Sánchez y el independentismo catalán), ha dicho que, de igual manera que esos traspasos de competencias estatales, no quiere “que la sanidad se quede en manos privadas”. “Cualquier manifestación pacífica es respetable. No tengo nada más que decir”, ha insistido acerca de la presencia de Moreno en la marcha convocada por el Foro Economía y Sociedad.

“Yo defiendo la valentía de Pedro Sánchez”

“No nos vamos a conformar con eso”, ha dicho en referencia a la transferencia de los Cercanías. “Ahora es el momento de hacerlo”, ha añadido en aras de una “igualdad” entre autonomías históricas porque “ya nos robaron lo que le dieron gratis a catalanes y vascos”, recordando que la huelga de hambre que hizo en febrero de 1980, antes del referéndum del 28F, era “la única manera” que tenía para hacer oír su “voz silenciada” en aquellos años para defender la autonomía plena para Andalucía.

“Hay que ser valiente, como lo fue Adolfo Suárez”, y “yo ahora defiendo la valentía de Pedro Sánchez”, ha dicho a continuación como “hombre de la Transición” y conocedor directo de la Ley de Amnistía de 1977, recordando en ese punto los indultos del PP (“de Aznar”) a las 1.432 personas integrantes de Tierra Lliure. “No lo pasamos bien quienes estuvimos encerrados aquel día el Congreso de los Diputados”, ha dicho en alusión al 23F, solicitando “serenidad” para ver “cómo se hicieron las cosas” durante el paso de la dictadura a la democracia en España. “Tiempos difíciles y de confusión”, ha dicho en otro pasaje de su intervención.

“La historia está escrita”

Escuredo ha pedido “respeto desde la verdad”, para lo cual ha querido “aportar un grano de arena” contribuyendo con la cesión del archivo documental. “La historia está escrita”, ha insistido, cediendo igualmente el protagonismo de aquellos años de la petición de la autonomía plena “al pueblo andaluz”, sin ánimo de desmentir a su predecesor en la palabra, Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, quien le había asignado en su presentación su papel de “gran líder andaluz” en la consecución de aquel fin. “Ya tenemos bastante con un padre de la patria andaluza”, ha bromeado Escuredo a quienes le otorgan ese 'cargo' en paralelo al de Blas Infante, “como dice el preámbulo del Estatuto”, ha querido aclarar, y a quien “sacaron de su casa de Coria para asesinarlo”.

“Bienvenidos sean quienes lleguen ahora al andalucismo”, ha dicho también, sin señalar a personas o partidos en concreto, porque “ni la bandera ni el himno ni el escudo son de nadie”. “Son de todos”, ha aclarado, pero “sin olvidarse de la historia ni de quienes intentan manejarla”. “Dónde mejor” que en la Fundación Socialismo y Democracia para contar con ese archivo que tenía en su casa, ha comentado Escuredo, descartando el traspaso al PSOE, según ha comentado.

Acompañado de la plana mayor del PSOE-A en la sede de San Vicente, Pezzi ha repasado la figura de Escuredo en el proceso autonómico andaluz, refrendado el 28F de 1980 impulsado el 4D. “A esta hora estábamos ya convocados para pedir la autonomía plena y salir del subdesarollo”, ha rememorado Pezzi cuando “aprendimos el mensaje que nos daba la ciudadanía” mientras “la derecha estaba en contra porque decían que España se rompía”, a la cabeza con Fraga, “el gran jefe de Moreno, Ayuso o Mañueco”.

En cuanto al archivo cedido por Escuredo ha dicho que “era de primer orden conservarlo”, de modo “digitalizado y ordenado”, para “que nadie nos reescriba la historia”. “Ni estaban ni se les esperaba a quienes hoy se envuelven en la bandera andaluza”, ha resumido el presidente del PSOE andaluz. Su secretario general, Juan Espadas, presente en el acto, pero que salía con premura hacia Huelva, ha comentado brevemente que suponía “un honor” asistir a la firma de cesión y ha reforzado la idea de que “hay que leer la historia”.

Este mes se cumplen 46 años de las históricas manifestaciones del 4D por la libertad, la amnistía y la autonomía y 104 años de la Asamblea de Córdoba de 1919 en la que se acordó el Manifiesto andalucista de Córdoba en pro de la patria andaluza.

En aquella asamblea, en el contexto de las luchas campesinas del trienio bolchevique andaluz, Blas Infante y quienes allí se congregaron dijeron dos cosas de plena actualidad:

 1. “Hay que romper con el centralismo depredador”. Y así es, hoy sigue habiendo unos poderes económicos que someten a Andalucía a un rol de periferia con una economía dependiente. Andalucía padece un capitalismo depredador de recursos humanos y naturales. Un capitalismo extractivista en el que los fondos de inversión desecan nuestros campos, se hacen con el parque de viviendas y con nuestro tejido productivo. Un capitalismo extractivista que lo primero que exprime es el bienestar y la calidad de vida de la gente. Por eso seguimos encabezando las tasas de precariedad de toda la UE, un tercio de los niños andaluces están en riesgo de exclusión social y diez de los quince municipios más pobres de España son andaluces. Hoy como entonces hay que romper esa relación de dependencia económica para ver progresar a Andalucía. La historia de Andalucía es la historia de sus campesinos y campesinas, por eso que no le quepa duda a nadie: habrá futuro para Andalucía si hay futuro para el campo andaluz.

2. También en aquella asamblea de Córdoba dijeron: “Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos”. Así es, las derechas reaccionarias de hoy quieren enfrentar a los pueblos de nuestro país, son quienes de verdad azuzan la división para romper la convivencia. Los verdaderos separatistas son ellos. Es la derecha del Partido Popular la que hoy rompe España generando más desigualdad cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas, cuando otorga privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras cierra plantas de hospital. Son los gobiernos del Partido Popular los que ponen el patrimonio de todas y todos al servicio del enriquecimiento de unos pocos. Que no intenten engañar a nadie porque sus mentiras son más viejas que el hilo negro. Ya lo dijeron también en aquella asamblea de Córdoba: “cuando os inviten a luchar entre regiones hermanas, luchad por la libertad de Andalucía”.

Hoy nuestro país afronta un debate territorial en el que tiene que estar Andalucía. Somos una nacionalidad histórica, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y debemos jugar un papel en ese debate

Hoy nuestra tierra necesita acometer grandes transformaciones para resolver sus problemas estructurales, unas transformaciones que necesitan políticas valientes y menos propaganda como a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. Necesitamos dar futuro al sector agroganadero mediante la protección de la agricultura social y profesional frente al expolio de los fondos de inversión. Hay que tener una política hídrica valiente gestionando el agua en función de la oferta que hay, es decir, del agua de la que realmente disponemos, y no de la demanda, mucho más alta que los recursos hídricos disponibles.

Hemos de luchar por el tren público y social, que vertebre nuestro territorio, que contribuya a evitar la despoblación del medio rural, que reduzca la huella ecológica y que sea un motor económico para fortalecer el tejido de pymes y cooperativas. El tren de cercanías y de media distancia es hoy una formidable palanca de transformación en nuestra tierra.

Y se tiene que extender una potente red de servicios públicos. Para garantizar nuestros derechos a la salud, a la educación, a la dependencia hacen falta servicios públicos fuertes. El gobierno andaluz está desmantelando nuestros servicios públicos para que los fondos de inversión hagan negocio con ellos. Están regando de dinero público a clínicas privadas mientras aumentan las listas de espera.

Y hoy nuestro país afronta un debate territorial en el que tiene que estar Andalucía. Somos una nacionalidad histórica, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y debemos jugar un papel en ese debate. Para situar bien a Andalucía en el futuro demandamos un nuevo modelo de financiación y el despliegue de las competencias de nuestro autogobierno que hoy tiene amordazado el gobierno andaluz.

Para todo eso hay que apelar al andalucismo que defiende los intereses de nuestra tierra, sin folclore ni pandereta. Interpelamos a los jóvenes, a las mujeres, a las trabajadoras y trabajadores, a quienes madrugan para levantar la persiana de sus negocios, a quienes trabajan la tierra y a quienes han llegado de muy lejos buscándose la vida y hoy contribuyen con su esfuerzo a que todo funcione porque son todos ellos y ellas quienes tiran de Andalucía.

Es ese andalucismo popular el que debe liderar el debate territorial. Lo que hace Moreno Bonilla es envolverse en la bandera para atizar al gobierno central o para hablar de Cataluña. Usa la bandera para tapar los problemas de Andalucía. Su pretendido andalucismo de pandereta es un fraude. Por eso pretende reescribir la historia.

Cualquier persona, incluso las más jóvenes, pueden entrar en internet y comprobar que el 4 de Diciembre de 1977 el pueblo andaluz salió a las calles para reivindicar su autonomía, mientras los “padres políticos” del PP se posicionaron en contra

La estratagema del PP para usar el 4D en su campaña para deslegitimar al Gobierno de coalición es un intento muy burdo de querer reescribir la historia. Se agarra al clavo ardiendo que le ofrece la ultraderecha saliendo a la calle para torpedear a un proceso de entendimiento en Cataluña y entre Cataluña y España.

Cualquier persona, incluso las más jóvenes, pueden entrar en internet y comprobar que el 4 de Diciembre de 1977 el pueblo andaluz salió a las calles para reivindicar su autonomía, mientras los “padres políticos” del PP se posicionaron en contra. Ver a la derecha intentando encabezar el 4D es como ver a Vox intentando encabezar el día del orgullo LGTBi. El falso andalucismo del PP sirve más para hablar de Cataluña que de los problemas reales de nuestra tierra. Resulta un tanto ridículo escuchar al partido de los privilegiados venir a reivindicar la igualdad. Es hipócrita envolverse en la bandera andaluza y clamar por la igualdad de los españoles mientras se otorgan privilegios fiscales a las familias enriquecidas mientras se recortan los servicios públicos de los que depende el bienestar de las familias trabajadoras.

Hoy en la sociedad andaluza hay malestares y aspiraciones que debemos representar o lo harán otros para remar en favor de sus intereses y no de los intereses de las mayorías sociales. Hay una indignación generalizada, algo difusa en sus planteamientos, que puede ser el caldo de cultivo de la reacción o del avance progresista en función de cómo actúen los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda.

Nosotras y nosotros tenemos que conseguir que esa indignación no se hunda en posiciones estériles o frustradas sino muy al contrario, brindar la oportunidad para que sea motor de cambios y avances sociales en Andalucía.

La calle debe ser un espacio de disputa en el que las fuerzas progresistas movilicen a su base social. Sería una absoluta imprudencia dejar ese terreno político a las fuerzas reaccionarias

La derecha quiere ocupar la calle para frenar avances, como intentaron contra el matriminio homosexual, para acosar a mujeres que van a clínicas a interrumpir su embarazo o, como quieren hacer ahora, para instalar la idea de que el Gobierno de coalición será provisional e ilegítimo.

La calle debe ser un espacio de disputa en el que las fuerzas progresistas movilicen a su base social. Sería una absoluta imprudencia dejar ese terreno político a las fuerzas reaccionarias. Unas derechas que llevan adelante un proceso destituyente de los consensos democráticos, derechos sociales y concepción territorial del Estado anclados en la Constitución del 78. Por eso seguimos advirtiendo que la encrucijada actual está entre la involución o el avance progresista. Y en esa encrucijada el impulso de Andalucía es crucial para seguir la senda del avance progresista.

Conmemoramos aquel 4 de diciembre en el que el pueblo andaluz rompió el guion previsto en la Transición y lo hacemos comprometiéndonos a seguir luchando por aquel ideal que sigue tan vivo: la justicia social y la igualdad. Manuel José García Caparrós no dio su vida para nada. Fue una víctima de un franquismo que se resistía a los avances democráticos que traía la lucha obrera, campesina y del mundo de la cultura. Ni su muerte ni aquellas luchas se hicieron para ver ahora cómo la derecha horada nuestro Estatuto de Autonomía, cómo maltrata nuestro Estado del Bienestar o cómo pretende utilizar la bandera andaluza para confrontar con los avances progresistas en nuestro país. Hay que poner a Andalucía en las nuevas coordenadas antineoliberales que defiendan lo común. Seamos dignos herederos de la lucha de Caparrós. Viva Andalucía Libre.