En puertas de un nuevo encuentro entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los Gobiernos vasco y central han celebrado este miércoles una comisión mixta del Concierto Económico y pactado prorrogar el actual techo de déficit y deuda hasta 2028, el último año de la legislatura actual de Pradales. Eso “garantiza una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas en los próximos ejercicios”, según han señalado desde el Gobierno vasco.

En concreto se mantiene un déficit del 0,3% y una deuda pública del 13% para el Gobierno vasco, y un déficit del 0,1% para las Diputaciones forales. Son los mismos parámetros que se pactaron entre ambas administraciones en 2024. Desde el Gobierno vasco han valorado que el acuerdo recoge igualmente las reglas de flexibilización del umbral de endeudamiento acordadas con carácter de permanencia en la anterior comisión, celebrada el 10 de abril de 2025, “consolidando definitivamente un notable avance para el fortalecimiento de la autonomía financiera y la capacidad de inversión de las instituciones vascas”.

El encuentro de este miércoles ha sido telemático, y ha sido también el último de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda, ya que en breve dejará su cargo para ser candidata a las elecciones andaluzas. En cualquier caso, Montero no ha estado físicamente en la reunión, en la que ha estado representada Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, junto a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial; Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; y Mónica García Sáenz, directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Por el Gobierno vasco han participado Noël d'Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas; María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; y el diputado general de Álava, Ramiro González, y las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza; además del viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso.

Además del techo de déficit en la reunión se han aprobado el Cupo líquido y la valoración de políticas activas de empleo definitivas para 2024 y las provisionales para 2025, poniendo al día el marco de relaciones y flujos financieros entre Euskadi y el Estado, conforme establece el sistema de Concierto Económico. Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en materia de salud, por un importe total de más de siete millones de euros entre 2025 y 2026. En concreto, se ha determinado un Cupo líquido definitivo en 2024 de 1.735.618.830 euros y un Cupo líquido provisional en 2025 de 1.464.741.000. Ademas, se ha ratificado la actualización del protocolo de relevo en la secretaría de la Junta Arbitral del Concierto Económico, incorporando algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento y operatividad.

Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en tres dotaciones extraordinarias en materia de salud: el Plan de Acción de Salud Mental, el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y el Programa de Desarrollo de Medidas para Mejorar la Eficiencia y la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En total, supone una financiación de más de siete millones de euros para Euskadi sumando los ejercicios 2025 y 2026. Queda pendiente para otra Comisión Mixta, a celebrar antes del 30 de septiembre de 2026, para aprobar la metodología definitiva para la determinación de la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, tal y como se acordó en la reunión de abril de 2025.

Esta comisión mixta es la quinta que celebran las instituciones vascas con la Administración del Estado desde la que se celebró el pasado 13 de noviembre de 2024 y, en total, se han alcanzado 45 acuerdos en materias de diversa índole que el Gobierno vasco califica que “claves para la defensa y actualización permanente del autogobierno económico, fiscal y financiero de las instituciones vascas”. “Esta relación de acuerdos escenifica la capacidad de acuerdo y diálogo entre distintos gobiernos, poniendo en valor el potencial del Concierto Económico como instrumento útil y plenamente actual para regular el modelo de relaciones entre Euskadi y el Estado, basado en la bilateralidad, el consenso y el respeto mutuo”, han señalado desde el Ejecutivo vasco.

A partir de ahora ambas administraciones tendrán que abordar la renovación de la metodología de fijación del Cupo correspondiente al quinquenio 2027‑2031. La metodología actualmente vigente, aplicable al periodo 2022‑2026, debe ser objeto de actualización, y para lo que desde el Gobierno vasco aseguran que ya se han iniciado los contactos con el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El Gobierno vasco ha realizado el balance del programa de avales para jóvenes destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda habitual, Gazteaval, donde han destacado que se han realizado 61 operaciones con un importe total concedido de 10.624.744,00 euros desde su puesta en marcha en septiembre de 2025. En la presentación del balance han participado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, así como los representantes de las cuatro entidades bancarias que participan en Gazteaval, Laboral Kutxa, CaixaBank, Abanca-Bankoa y Kutxabank.

El acto, que ha tenido lugar en la sede de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en Bilbao, ha servido también a modo de presentación de ING como nueva incorporación al programa, así como de los resultados del estudio “Juventud y educación y gestión financiera” de 2025.

Melgosa ha expresado que el principal obstáculo de los jóvenes a la hora de acceder a la primera vivienda “no es la solvencia, sino la falta de ahorros para la entrada”. “Muchas y muchos jóvenes se encuentran con ese muro: pueden pagar la hipoteca, pero no tienen ese 20% previo. Y es ahí donde GazteAval actúa: como una llave para abrir la puerta a un proyecto de vida”, ha añadido. con medidas complementarias que respondan a necesidades inmediatas.

Por su parte, el consejero Noël d'Anjou ha destacado el “carácter garantista del programa”, que permite completar la financiación hipotecaria sin coste para las personas solicitantes. Según ha explicado, la entidad financiera analiza cada operación con sus criterios habituales, y el aval se mantiene hasta que el préstamo alcanza el 80% del valor de referencia, momento en el que se extingue.

“Una juventud capaz de gestionar su economía”

Por otra parte, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado también los principales resultados del estudio 'Juventud y educación y gestión financiera. Euskadi 2025', elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Melgosa ha señalado que “facilitar el acceso a la vivienda es esencial, pero también lo es reforzar la autonomía económica: disponer de herramientas para entender una hipoteca, comparar condiciones o planificar el ahorro”.

Los resultados “dibujan una juventud que se percibe capaz de gestionar su economía cotidiana, con hábitos de ahorro relevantes y un uso intensivo de canales digitales, pero que al mismo tiempo demanda más formación reglada y presenta brechas de conocimiento en conceptos financieros clave”, han explicado.

El Observatorio Vasco de la Juventud incide en que la juventud vasca combina una percepción de competencia en la gestión cotidiana con una demanda clara de educación financiera desde edades tempranas. En palabras de Melgosa, “conocer para actuar y escuchar para transformar” resulta imprescindible para reforzar la emancipación y reducir desigualdades en el acceso a la información financiera.

El informe se basa en datos recopilados en octubre de 2025 mediante una encuesta que combina cuestionario online autoadministrado y entrevistas telefónicas, realizada a 2.741 jóvenes de 18 a 34 años en Euskadi.

Tras un azaroso viaje de regreso que ha incluido importantes retrasos y la cancelación de parte de la agenda de este viernes, Imanol Pradales está ya de vuelta tras ser el primer lehendakari en el foro mundial que es Davos, que se ha celebrado esta semana. En Instagram, y con la canción 'The one that got away' de fondo, el jefe del Ejecutivo vasco ha mostrado su balance fotográfico de la estancia en Suiza, que ha incluido un encuentro en colaboración con la ONU, reuniones con empresarios vascos allí desplazados como el expresidente de su partido y exconsejero vasco Josu Jon Imaz, el mandamás de Repsol, y una conversación con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien acompañó a Davos su actual pareja, la cantante Katy Perry. Y, sí, Pradales también estuvo con ella.

La delegación del Gobierno vasco ha estado encabezada por Pradales, pero también han viajado a Suiza los consejeros de Hacienda, Noël d'Anjoy, y de Industria, Mikel Jauregi, así como el responsable de Acción Exterior, Ander Caballero, y otros asesores. “Euskadi es un país que ofrece certezas en un contexto de incertidumbres gracias a un modelo de desarrollo que es referencia internacional por la combinación de progreso económico, cohesión social y sostenibilidad”, ha apuntado el Ejecutivo autonómico tras un foro en el que la representación española quedó muy condicionada por la cancelación de Pedro Sánchez, que se quedó a gestionar la crisis tras el accidente ferroviario de Córdoba. Pradales también ha lanzado duras críticas a Donald Trump, algo que ya hizo cuando estuvo de viaje oficial en Washington D.C.

Pero la gran anécdota del viaje ha sido el encuentro con Katy Perry. De hecho, la artista entró a una sala justo detrás de Pradales. La anunciaron como una “vip”. Y en verdad que lo era. De 41 años, la artista ha tenido en el foro de Davos su primer acto oficial junto a Trudeau, aunque la relación ya era conocida por otras vías desde hace meses. En su Instagram, Pradales -que llevaba un colgante con su nombre y dos apellidos- ha mostrado una imagen de ambos muy sonrientes. Eso sí, también ha ofrecido otras en las que se le ve trabajando codo con codo con su equipo en la parte trasera de un coche. Ella, en cambio, ha colgado un discurso de Trudeau.

Datos personales del lehendakari, Imanol Pradales, de su pareja, de los dos vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea del PNV y Mikel Torres del PSE-EE, y de los consejeros de Salud y de Hacienda, Alberto Martínez y Noël D'Anjou, han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es. “Es un asunto que debe tomarse con la máxima seriedad. En estos momentos, se está analizando lo ocurrido para que pueda haber una investigación, esclarecer los hechos y determinar su alcance. Prudencia, responsabilidad y plena colaboración”, exponen fuentes de la Presidencia vasca.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos. Además de estos cargos de “Vascongadas”, como se indica por parte de los responsables, se incluye información personal de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana, de María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, y de María Chivite, presidenta de Navarra.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco hare la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

En el caso vasco, una de las comunidades más afectadas, la información que se proporciona del lehendakari en su teléfono móvil -que es el correcto-, correos personales suyo y de su esposa y DNI. En el caso de Bengoetxea, vicelehendakari primera, aparecen dos correos, el DNI y un fijo. Sobre Mikel Torres viene una vieja dirección de su etapa como alcalde de Portugalete. En el caso de D'Anjou y Martínez aparecen direcciones y, en el segundo caso, también un móvil.

“A pesar de que en mi caso se ha filtrado un correo electrónico viejo, de mi etapa de alcalde de Portugalete, me parece un hecho grave, que debe investigarse para tratar de identificar a la persona o personas que han filtrado esos datos que son personales. Compartir datos personales sin consentimiento es un delito y, por tanto, deberán imponerse las sanciones que establece el Código Penal”, ha señalado Torres.

En una oleada anterior con datos sobre altos cargos relacionados con la gestión ferroviaria ya se habían filtrado datos de José Antonio Santano, secretario de Estado y exalcalde de Irún, del PSE-EE, y de Pedro Marco, máximo responsable de Adif y exviceconsejero vasco de Transportes, también socialista. Se puede ampliar aquí la información.

Bordeando el final de año -más allá de las 23.00 horas del 31 de diciembre- y también el filo del límite del plazo de exclusividad, la 'cuadrilla' vasca conformada por el Gobierno vasco, Kutxabank y la principal pata del banco vasco, la fundación BBK, han acordado finalmente la recompra de la división tecnológica de Ayesa, la antigua Ibermática, solamente tres años y medio después de que fuera adquirida por la familia andaluza Manzanares a PROA Capital, a la ONCE o a la propia Kutxabank. La operación de una compañía que tiene unos 2.000 empleados en la comunidad autónoma ronda los 480 millones y en su momento se esperaba que unos 77 procederían de las arcas públicas, del fondo de arraigo Finkatuz. El consejero Mikel Jauregi, cuyo teléfono ha echado humo en las últimas horas, ha definido la operación como “estratégica” y con ella redondea un año en que esa 'cuadrilla', como él llama jocosamente al consorcio público-privado que acomete las inversiones, también ha tomado posiciones en otros negocios como Talgo, cuya sede será trasladada de Madrid a Álava próximamente, o Uvesco (BM y SuperAmara).

Según los datos que se han hecho públicos, Finkatuz (el instrumento financiero del Gobierno vasco), Indar Kartera (el de Kutxabank), la BBK y Teknei (socio tecnológico) comprarán las participaciones de Ayesa IT, como se llama la división digital, a A&M Capital Europe y a la familia Manzanares. Ahora bien, el consorcio vasco ha decidido “mantener la confianza” en José Luis Manzanares como CEO “hasta culminar la transición”.

El acuerdo se irá perfeccionando en los próximos meses, cuando se complete el cambio accionarial. En ese tiempo, la intención es que se sume otra de las patas de Kutxabank, la fundación Vital, de Álava. Por el contrario, la guipuzcoana Kutxa ha considerado de “riesgo” este movimiento y no aprecia su rentabilidad. Esto ha abierto una brecha política porque las antiguas cajas de ahorros, que han vuelto a ponerse el traje inversor en los últimos meses, siguen bajo control político. Las tres, BBK -con el recién nombrado Unai Rementeria, exdiputado general de Bizkaia-, Vital -con Jon Urresti- y Kutxa -Rafael Amasorrain- las lideran excargos del PNV y, de hecho, se explicó que la decisión de Kutxa de no pujar por Ibermática, a pesar del peso de la compañía en ese territorio, se tomó tras una votación interna con el 'no' de los representantes nacionalistas y de Podemos, entre críticas de EH Bildu, PSE-EE y PP.

El PNV de Gipuzkoa lleva años operando con dinámicas propias y el movimiento de Kutxa las ha vuelto a dejar entrever tras los recientes cambios internos con María Eugenia Arrizabalaga al frente del GBB después de las décadas de mandato de Joseba Egibar. Jauregi, el consejero del ramo, es guipuzcoano y del PNV, pero ha eludido entrar en el cuerpo a cuerpo con Kutxa. Su tesis es que en Euskadi en las cuadrillas son voluntarias y ha indicado que se han hecho “siete operaciones en cinco años” con Kutxa y que hay otras dos “en marcha” con su participación.

Quien sí entraría en este movimiento es Teknei, una empresa que ha asesorado el proceso y que ha sido noticia recientemente por incorporar a la ex 'número dos' del PNV Mireia Zarate. Dice el Goberno que Teknei “es una empresa líder en el sector tecnológico, radicada en Euskadi, especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, IA y BPO”. “Con una facturación estimada de 300 millones de euros en 2026, cuenta con presencia en varias ciudades de España, así como en México y Estados Unidos. Gracias a su sólida trayectoria en los sectores de banca, seguros y administración pública, Teknei se ha posicionado como un referente en innovación y en el desarrollo de soluciones para impulsar la transformación digital de sus clientes. Su oferta abarca proyectos de Business Automation, Identidad Digital, Inteligencia Artificial y gestión y explotación del dato, además del despliegue de infraestructuras y la modernización de aplicaciones”, se explica.

Ayesa compró Ibermática hace tres años. En tiempos de desinversiones, Kutxabank salió con la toma de posiciones de la familia Manzanares. Pagó entonces por la empresa vasca 160 millones. Ahora la oferta es del triple, pero es por toda la división tecnológica de Ayesa, Ayesa IT. En esta etapa, la denominación comercial Ibermática ha desaparecido. Esta firma es de 1973 y fue una de las pioneras en el negocio informático en España.

“Desde 2022, Ayesa Digital ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros, y genera un 'ebitda' de casi 50 millones de euros. Además de en Euskadi, la compañía opera en la práctica totalidad del mercado nacional y cuenta con presencia permanente en Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile”, ha expuesto el Gobierno vasco sobre la operación. Destaca también que ya mucho antes, en 2013, salió de Euskadi el centro de decisión, que regresará ahora como lo ha hecho el de Talgo, por ejemplo.

“Es la apuesta de Euskadi por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento, como el de las soluciones digitales avanzadas, y abre un nuevo ciclo de crecimiento para consolidarlo como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa. El nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, 'cloud' o 'quantum computing'. Es un sector que apuesta por la innovación y la generación puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado”, dice el Ejecutivo, que remarca que la compañía tiene 2.000 empleados en la comunidad autónoma.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, cuya confirmación de la noticia llegó a pocos minutos de las campanadas, el momento límite fijado para cerrar la operación antes de que otros inversores pudieran pujar también por la antigua Ibermática, bidió un “brindis” con las uvas por el movimiento. “Hoy es un día de celebración. Hemos firmado el acuerdo de compra de Ayesa Digital. Hoy vuelve a casa una empresa nacida aquí, en Donostia”, expuso. Y agregó: “Este acuerdo da tranquilidad a los más de 2.000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi y sus familias. Hemos quitado el cartel de 'Se vende' y damos continuidad a estos puestos de trabajo. Éstos son los puestos de trabajo de calidad que queremos crear para nuestras hijas e hijos, que es el corazón de nuestro plan de Industria”. Jauregi remarcó, finalmente, que la 'cuadrilla' queda “abierta” a nuevos socios, en referencia a la Vital.

De su lado, el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, también del PNV y también guipuzcoano, se ha congratulado de que “esta adquisición para el arraigo y crecimiento de una empresa líder en su sector es otro ejemplo más de lo que la Alianza Financiera Vasca puede conseguir uniendo nuestras fuerzas”. “El nuevo grupo tecnológico está llamado a jugar un papel determinante en la transformación de la industria y el desarrollo de la nueva economía”, sostiene Kutxabank, por su parte.

Sin sorpresas, el Parlamento Vasco ha aprobado este martes los presupuestos de 2026, con un techo de gasto de unos 17.300 millones de euros, un 10% más que en las cuentas anteriores y el máximo histórico de nunca. PNV y PSE-EE han hecho valer su mayoría absoluta y los segundos presupuestos del Gobierno de Imanol Pradales, como los primeros, no han contado con apoyo alguno entre la oposición. De hecho, la sesión ha escenificado una gran brecha con EH Bildu, que ha llegado a utlizar términos como “amiguismo”, “clientelismo” o “matonismo político”.

En el paquete aprobado se han acordado al mismo tiempo otras modificaciones legales para retocar las normativas de víctimas policiales, de cooperación y medioambientales, como ha venido adelantando este periódico. En un contexto en que Francia y España se ven incapaces de aprobar anualmente sus números, Euskadi logra ese objetivo por séptima vez consecutiva después del fiasco de 2019, justo cuando el PP se descabalgó como socio de PNV y PSE-EE tras la moción de censura de Pedro Sánchez.

La sesión presupuestaria ha sido la última de 2025 en la Cámara vasca, que ahora encara un largo parón hasta febrero. Las vacaciones navideñas se estiran aquí todo el mes de enero, que es inhábil como lo son julio y agosto. Antes del arranque, se ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Barakaldo, el sexto por violencia machista en el año, y la presidenta, Bakartxo Tejeria, ha leído una declaración de condena.

Las cuentas ofrecen las mayores subidas, superiores al 6%, para Vivienda o Seguridad, fijadas como prioridades por el Ejecutivo. En ese porcentaje se cuela también la cartera de Ciencia, Universidades e Investigación, aunque en dos meses de tramitación presupuestaria no se ha modificado la partida inicial planteada por el Gobierno para la EHU a pesar de que el rector, Joxerramon Bengoetxea, ha venido clamando contra la infrafinanciación de la Universidad pública. Salud y Educación se llevan la mitad del disponible departamental, más de 8.000 millones, y las cuentas tienen una inyección extraordinaria de casi 1.000 millones con cargo a un endeudamiento extraordinario para planes extraordinarios en el marco de la denominada “alianza financiera vasca”.

¿Más cifras? Los altos cargos y asesores del Gobierno de Pradales pasarán de 480 a 497 en 2026, según los presupuestos. La renta de garantía de ingresos y los salarios de los funcionarios se revalorizarán un 2,5%, pero se congelarán las prestaciones de vivienda (PEV, PCV, Gaztelagun o Emantzipa) en 300 euros mensuales. Cuando se crearon en 2008 llegaban a los 320 euros. El 18% del total lo gestiona el PSE-EE dentro de la coalición con el PNV.

Tres leyes modificadas de una tacada

En dos meses en el Parlamento, PNV y PSE-EE han introducido enmiendas para modificar tres leyes que, con la aprobación de los presupuestos, quedan ya acordadas. Se trata de las reformas de la normativa de víctimas policiales -cuya comisión de reconocimiento de nuevos casos estaba bloqueada por problemas con los forenses-, de una moratoria en una ley ambiental para evitar un sobrecoste de 84 millones en la gestión de residuos y de un ajuste en el texto de cooperación que a última hora ha concitado el rechazado de entidades sociales. El Ejecutivo ha negado que se rompa el espíritu “pacifista” de la normativa en vigor.

Respecto de la propuesta original del Ejecutivo, apenas se han movida dos millones en partidas. PNV y PSE-EE aceptaron propuestas de la oposición (cuatro del PP, una de EH Bildu y una de Sumar) que apenas tocan el 0,01% del disponible. Asimismo, se habilitan disposiciones para gestionar la competencia de los permisos de trabajo a extranjeros y para extender las oposiciones más ágiles de plazas de difícil cobertura en Osakidetza a los hospitales.

“Euskadi va a tener presupuestos. Viendo el contexto, es excepcional. Parece que algunos quieren eso para Euskadi también”, se ha felicitado en euskera Alaitz Zabala, portavoz económica del PNV. “No son un ejercicio contable. Son una herramienta para responder a las preocupaciones de la ciudadanía”, ha señalado también. El socio minoritario, el PSE-EE, ha destacado el dato de que el 63% de los recursos son para gasto social. Ekan Rico ha criticado que fuerzas de izquierdas como EH Bildu y Sumar no se sumen a estas cuentas. Sostiene que les interesa más “el relato de confrontación” que el del acuerdo, particularmente a la coalición abertzale. También ha despejado la tesis de que haya “rodillo” porque nacionalistas y socialistas sí han accedido a apoyar seis enmiendas de otros partidos. El senador socialista Alfonso Gil ha seguido el debate desde el hemiciclo, algo a lo que tienen derecho los senadores de designación autonómica. En el palco, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y la presidenta de los nacionalistas alaveses, Jone Berriozabal, han seguido la jornada.

Los mensajes de la oposición

El jefe de la oposición y líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha seguido insistiendo en que los presupuestos no abordan las medidas estructurales precisas para hacer frente a problemas como la vivienda. “Los 20 millones del fondo social son insuficientes”, ha indicado. Como dato adicional, ha apuntado que los salarios de los jóvenes vascos deberían subir un 74% para poder acceder a un alquiler “en precios aceptables”. “Los partidos del Gobierno no pueden comparecer en el Parlamento con ese nivel de autosatisfacción. Hay que ser un poco más humildes y asumir responsabilidades”, ha insistido. Con ironía, ha señalado que quizás en el futuro sus propuestas sean atendidas, como ha ocurrido en el pasado con otras que fueron desechadas y luego aplaudidas, como los descuentos en el transporte o las ayudas familiares.

También ha pedido “valentía” ante la “asignatura pendiente” de la modernización administrativa y la regeneración democrática y ha alertado de la creciente desafección ciudadana por el “amiguismo” e incluso el “matonismo político”. Lo ha hecho citando expresamente el caso “clientelar” de Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, que ahora ha saltado a Movistar Plus lo mismo que antes había saltado a Price Waterhouse Coopers (PwC). Antes, el PNV les había atacado por plantear reducir gastos de publicidad institucional cuando, supuestamente, la izquierda abertzale destina grandes cantidades incluso para mejorar su forma de vestir. Otxandiano ha implorado que ese tipo de cuestiones personales se dejen fuera del debate parlamentario.

Desde la bancada del PP, Álvaro Gotxi ha formulado una dura crítica a las cuentas. En el plano macroeconómico, ha asegurado que existe una “tendencia estructural” a que Euskadi crezca menos que España en los últimos años y comparado su supuesta falta de dinamismo con la de la Comunidad de Madrid, aunque no la ha mencionado expresamente. “Son ustedes más sanchistas que Sánchez”, ha ironizado igualmente Gotxi, quien ha criticado el volumen creciente de altos cargos y ha denunciado los incumplimientos del Gobierno vasco ante los avisos de la Airef.

La coalición Sumar, de la mano de Jon Hernández, procedente de IU, ha criticado que la política de ingresos en Euskadi se sustente en una reforma fiscal que comportará una caída de recaudación en 2026 de unos 335 millones, según cálculos de las tres Haciendas forales. PNV y PSE-EE la pactaron con Podemos, pero IU se opuso a ella. Ha criticado también la reforma legislativa sobre cooperación que se ha introducido vía enmienda. Vox, una vez más, ha aprovechado el debate para criticar la migración. A juicio de Amaia Martínez Grisaleña, Euskadi “exporta” jóvenes autóctonos muy preparados e “importa personas con baja cualificación”. Después, ha cerrado su discurso en euskera para felicitar la Navidad a sus señorías.

PNV y PSE-EE se han valido este martes en el Parlamento Vasco de su mayoría absoluta para tumbar en el pleno las cuatro enmiendas de totalidad presentadas contra los presupuestos autonómicos de 2026, tantas como partidos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox. Es el antepenúltimo trámite para la aprobación de las cuentas, que tienen un techo de gasto histórico de 17.300 millones. En los próximos días, se debatirán en comisión las enmiendas parciales y se realizarán algunos ajustes en la propuesta original del Gobierno de Imanol Pradales impulsados por los propios nacionalistas y socialistas. Después, el 23 de diciembre, otro pleno visará el presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

La sesión, de más de cuatro horas y media a pesar de que de antemano se conocía su resultado y los argumentos que se iban a lanzar, la ha arrancado el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Ha empezado citando la “rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China” y ha seguido poniendo en valor la “estabilidad” y “solidez” de la que goza Euskadi, en contraposición con España y con Francia. Los presupuestos “no son un mero ejercicio contable”, ha insistido D'Anjou.

Ha señalado que, en 2026, las cuentas tienen una inyección adicional de casi 1.000 millones de euros para inversiones extraordinarias con cargo a la deuda autorizada este año, que se suman al disponible ordinario, de algo menos de 16.400 millones, también récord. Ha agregado que el proyecto combina “rigor” en lo tocante a deuda y déficit -“Euskadi es de las comunidades con la ratio deuda/PIB más bajo del Estado”- con “ambición” en la defensa de los servicios públicos o contra el problema de la vivienda. Y eso que el grifo de los fondos europeos se ha cerrado, según ha repetido en varias ocasiones el titular de Hacienda.

D'Anjou se ha puesto la venda antes de la herida y ha replicado a la oposición antes incluso de que sus portavoces tomaran la palabra. “Ningún grupo ha querido apoyar el proyecto de presupuestos”, se ha quejado. Hubo una ronda de contactos con todas las fuerzas salvo con Vox. Ha ironizado que a la vez se le ha criticado por ofrecer unos números de la “derecha reaccionaria” y “socialistas y de izquierda radical”. “Parece algo extraño que pueda ser al mismo tiempo de un extremo y del otro. No nos distraemos en esas polémicas”, ha zanjado.

Otxandiano y el “problemón” de la vivienda

El líder de la oposición y portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de defender el 'no' a los presupuestos. Lo ha hecho sin leer un discurso y con unas notas manuscritas que ha ido preparando en un cuaderno de tapas verdes. Ha señalado, en una primera parte, que los números no son tan “expansivos” como parecen, ya que el crecimiento real sería del 1,5% si se tiene en cuenta la evolución de los precios. Y ha vuelto a sacar el 'elefante' de los problemas estructurales que el Gobierno parece no querer enfrentrar. “En la política hay un problema endémico, la mirada corta. Hay cosas de las que no quiere hablar nadie”, ha insistido después de repetir que “en los próximos años habrá dificultades en los servicios públicos”, como Sanidad y Educación.

Después, se ha referido al “choque institucional” entre la EHU y el Ejecutivo por la financiación universitaria y ha demandado que se explore un acuerdo. También ha calificado de “problemón” el acceso a la vivienda. Sin embargo, ha afeado al Gobierno que no cuente con EH Bildu para llegar a consensos. Ha recordado las 53 enmiendas rechazadas en el plan director y las 47 a la reforma urgente de la normativa de suelo y vivienda. “Habéis rechazado todas. No la mitad. Ni tres cuartas partes. Todas y cada una de ellas. ¿A qué responde esa actitud política? ¿Cuál es la oferta de diálogo y negociación que se traduce de esa actitud? La vivienda es un problemón, que está generando una fractura social”, ha lanzado Otxandiano, adelantándose a las críticas de falta de voluntad de acuerdos prespuestario que sabía que le iban a arrojar PNV y PSE-EE. En ese momento de su intervención, el lehendakari ha abandonado su escaño.

Las palabras de Otxandiano han motivado un cruce dialéctico, sobre todo con el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi. “No esperen que hagamos las políticas de [EH] Bildu. Nos han votado para hacer otras políticas. Tenemos modelos distintos. Asúmanlo. Ésta es la confianza que podemos tener con un interlocutor que un día dice una cosa y otro la contraria”, ha manifestado Díez Antxustegi, que ha visto “enfadado” al líder de EH Bildu, extremo que él ha negado. Y ha replicado que hay margen para el acuerdo, pero entiendo que ello implicaría que los partidos del Gobierno salgan del “confort” y no sean “ofensivos” hacia la oposición. Díez Antxustegi, con todo, ha llamado a la tranquilidad porque Euskadi, a pesar de las críticas, tendrá presupuesto por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE.

El PP critica el gasto en cargos y asesores

El PP también ha formulado una dura crítica al Gobierno. Javier de Andrés ha insistido en que se ha disparado el gasto en altos cargos y asesores. “El criterio no es la excelencia en el servicio, sino excelencia en el partido”, ha denunciado. Después, ha seguido asegurando que hay “73” sociedades públicas cuando Catalunya, con cuatro veces más población, “tiene 62”. “Y Madrid muchas menos. Veinte sociedades o algo así”, ha apuntado, sin concreciones, poniendo en valor a Isabel Díaz Ayuso. Ha agregado que este gasto aparentemente superfluo hace que el peso proporcional de Salud, por ejemplo, haya caído algunas décimas en los últimos años. Y ha criticado el “modelo intervencionista hasta el extremo” en Vivienda y el excesivo, a su juicio, gasto en Educación sin resultados -“está todo muy mal”- y que, supuestamente, busca publificar la concertada.

Tirando de ironía, Díez Antxustegi ha bromeado que De Andrés, periodista de profesión, habría titulado la noticia sobre el seísmo en Vitoria con un “Terremoto sacude un sitio a 360 kilómetros de Madrid y el PNV no hace nada para evitarlo”. “El PP está perdido en la política vasca”, ha sostenido el portavoz nacionalista, asegurando que el foco de De Andrés está en la capital de España y no en Euskadi y que sigue herido con el PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como le ha dicho a EH Bildu, el PNV también ha indicado en este tramo de la sesión que tampoco comparten “modelo” con los 'populares'. “Sí, somos previsibles y estables”, ha apostillado, aunque, a la vez, también ha lanzado un dardo a los socialistas por los “escándalos” que “acechan” a Pedro Sánchez día tras día.

Sumar critica a Podemos y Vox a los extranjeros

Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández, su único representante, ha avisado de que Euskadi tiene encima de la mesa presupuestos “envueltos en un lenguaje de progreso” pero “pensados para no cambiar nada, para mantener el statu quo” en 2026. “Es conservador [...]. Crecen las cifras, pero no el país”, ha sentenciado Hernández. Sobre la negociación, ha asegurado que el Ejecutivo ha mostrado voluntad de acuerdo sólo “de cara a la galería”, mientras en las reuniones únicamente ofrecía “lentejas”. “Se renuncia a fortalecer unos servicios públicos debilitados”, ha agregado citando que “se gastan dos euros en Policía por cada euro en Vivienda” y que la educación “privada-concertada sigue blindada”.

Hernández, que procede de IU, ha aprovechado, asimismo, para lanzar un dardo a Podemos por haber pactado la reforma fiscal en el ámbito foral, donde mantiene representación, con PNV y PSE-EE. “Mantienen una arquitectura de ingresos injusta”, ha avisado sobre los últimos cambios fiscales. El dato oficial es que esa modificación acarreará una bajada de la recaudación de unos 335 millones, “que no estarán ni en Sanidad, ni en cuidados ni en Vivienda”. El PSE-EE, por boca de Susana Corcuera, ha salido en defensa de una reforma fiscal “justa” y ha lamentado que Sumar se “ensañe” con sus antiguos socios. Durante toda la sesión, ha ido despachando las críticas de la oposición al igual que Díez Antxustegi y ha reivindicado que las cuentas son “progresistas” gracias a los socialistas vascos.

Vox, en su turno, ha tirado de su principal bandera. Ha situado la “inmigración” como “causa principal del incremento de los delitos” y de un “ingente” gasto público en otras materias. Ha culpado incluso a los extranjeros de las “listas de espera que se prolongan en el tiempo” en Osakidetza o del problema de la vivienda. “El presupuesto es altavoz del efecto-llamada”, ha argumentado Amaia Martínez Grisaleña. Luego, ha seguido con se segunda bandera, la crítica al euskera y a la “imaginaria nación vasca”. Y ha acabado su intervención atacando a los medios de comunicación privados, a los que considera “correa de transmisión” del “binomio gubernamental”.

El Parlamento Vasco ha cerrado este viernes plazo de presentación de enmiendas para retocar los presupuestos de 2026. Sin acuerdos con la oposición, como se ha anunciado, las correcciones que adquieren relevancia son las presentadas por los propios PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno y que harán valer su mayoría absoluta para introducirlas en el proyecto original del consejero Noël d'Anjou. Las autoenmiendas no son muchas, una modificación económica para que los 450.000 euros para un torneo de rugby los gestione Bilbao Ekintza y no la federación, y seis cambios en el articulado.

Pero en esa media docena de ajustes se prevén hasta tres modificaciones legislativas, y de cierto calado. En concreto, afectan a la normativa de víctimas policiales, a una normativa ambiental que podría comportar un gasto extra de 84 millones de euros y a un retoque en la ley de Cooperación para dar seguridad a 325 inversiones que podrían ser consideradas de “doble uso” militar. Y los otros tres puntos son para ayudas a víctimas de violencia sexual, para ampliar a los hospitales la OPE de plazas de “difícil cobertura” de Osakidetza en 2026 y para ajustar la normativa de contratación pública.

Retoque en la ley de víctimas policiales

Euskadi dispone de una normativa autonómica que complementa las leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de la Guerra Civil y de la dictadura. Se trata de un marco para el reconocimiento de víctimas de la violencia policial de entre 1978 y 1999 y una comisión tramita las solicitudes. Sin embargo, en los últimos años sus integrantes se han venido quejando de que el trabajo está bloqueado y de que, entre otros problemas, los forenses no están retribuidos.

La enmienda en la ley de presupuestos introducirá un cambio en la ley de víctimas, que es de 2016, y añadirá un párrafo para facilitar que los profesionales del Instituto Vasco de Medicina Legal puedan ser remunerados. Las cuantías concretas las fijará el propio Gobierno más adelante. “Según los datos facilitados por la comisión de valoración [de las solicitudes], en este momento hay una gran cantidad de expedientes por resolver (344). Uno de los problemas con los que se encuentra es la dificultad de encontrar médicos forenses disponibles para poder realizar los peritajes, así como la discrepancia sobre la forma de abonar su trabajo. Para resolver esta cuestión, que ha sido señalada como la principal dificultad, se propone la modificación [de la normativa] para indemnizar a los peritos forenses designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal”, señalan nacionalistas y socialistas.

PNV y PSE-EE, asimismo, cambiarán la ley de presupuestos para que sean créditos “ampliables” las nuevas ayudas a víctimas de “violencia sexual”, exactamente igual que lo son las de “violencia de género”. Son prestaciones que aún no están en vigor y que están dotadas de 1,6 millones para el ejercicio 2026, pero se estima oportuno que figure como “ampliable” para que, si se agotaren los fondos, no se cerrara la ventanilla.

OPE de Osakidetza

Osakidetza ha puesto en marcha en esta legislatura procesos especiales para llenar plazas “de difícil cobertura”. Esos procesos requieren habilitación legal. Lo que se busca ahora es que, de cara a la convocatoria de 2026, se ajuste la propuesta inicial anunciada. Así, a vacantes en atención primaria, pediatría, psiquiatría y psiquiatría infantil extrahospitalaria, se añaden ahora “otras plazas” de “especialista” en la red hospitalaria. Se va a requerir una permanencia mínima de “dos años” en el puesto asignado por este sistema extraordinario.

“En el ámbito de atención hospitalaria existen puestos, de diferentes especialidades, que presentan una importante dificultad de cobertura en algunos de los centros, hospitales comarcales. [...] Estas circunstancias pueden deberse a factores relacionados tanto con aspectos clínicos, derivados de la cartera de servicios, como organizativos y de gestión y también influyen factores geográficos por la propia localización de los hospitales, sin olvidar la escasez de profesionales en determinadas especialidades”, se explica. Y se abunda: “Se ha considerado muy acertado valorar aplicar la misma medida extraordinaria prevista para la cobertura de plazas de difícil cobertura en el ámbito de atención primaria y salud mental extrahospitalaria, en el ámbito de la atención hospitalaria respecto de aquellos puestos de facultativos especialistas que han planteado dificultades de manera reiterada para su cobertura y permanecen vacantes”.

Cambios en la normativa ambiental

La ley de Administración Ambiental es una ley de 2021. Según exponen los partidos del Gobierno, esa normativa fijaba “en el caso de los gestores de residuos no peligrosos, entre los que se encuentran las plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, tanto las plantas fijas como las plantas móviles, el plazo para la obtención de la autorización ambiental única es de 31 de diciembre de 2025”. “El incumplimiento del plazo límite del 31 de diciembre de 2025 para disponer de la autorización ambiental única implica que las autorizaciones sectoriales de las instalaciones de tratamiento de residuos pierdan su vigencia y con ello, que no puedan gestionar residuos ni producir los materiales áridos que necesita la obra de edificación y la obra civil. En Euskadi se genera aproximadamente un millón de toneladas de residuos de construcción y demolición al año que necesitan ser gestionadas y que, por otra parte, necesitan las obras públicas como árido secundario que les permita cumplir con la exigencia normativa de sustitución de materiales de cantera, pero también que evite el elevado coste que supondría su eliminación en vertedero”, indican.

Ahora mismo “hay 38 instalaciones identificadas” que “perderían su autorización para tratar residuos de construcción y demolición el 31 de diciembre del presente año”.“ Esas instalaciones almacenan, descontaminan y tratan la práctica totalidad del millón de toneladas de residuos de construcción y demolición generados en Euskadi”, avisan PNV y PSE-EE. Lo que se plantea es crear un silencio administrativo positivo, es decir, que esas instalaciones sigan funcionando si acreditan que han presentado la solicitud, aunque no haya sido resuelta. De lo contrario, solamente en obras públicas habría que gastar 84 millones más, según se estima. De hecho, el Ejecutivo incorpora una lista de licitaciones que podrían ver disparado su presupuesto.

Inversiones de “doble uso”

Según nacionalistas y socialistas, “es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco”. Aparentemente, la normativa de Cooperación de 2024 “genera una distorsión económica que impide el alineamiento de la política industrial vasca con los fondos europeos (como el Fondo Europeo de Defensa, EDF)”. Mediante una enmienda, se busca cambiar la ley de 2024 y acotar que determinadas inversiones en ciberseguridad, renovables o industria aeroespacial se puedan hacer.

Se fja como límite “objetivo” la Estrategia Europea de Seguridad. “Constituye un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional” y “permite objetivizar los ámbitos excluidos en materia de promoción económica en el contexto del marco estratégico y financiero de la UE, haciendo efectiva la posibilidad de alineamiento de la política industrial vasca con los fondos europeos”, exponen desde el Ejecutivo. “Si esta enmienda no se aprueba, peligra la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi”, llegan a plantear PNV y PSE-EE.

El Gobierno vasco ha ratificado este viernes su intención de prorrogar los descuentos en los transportes públicos, pero siempre que haya “seguridad jurídica” para llevarlos a cabo, algo que hoy por hoy sigue sin estar claro, dicen. Dos consejeros del Ejecutivo vasco, Noël D'Anjou y Susana García , cada uno de los dos partidos que los sustentan, PNV y PSE-EE, respectivamente, han respondido a sendas preguntas sobre el tema en el pleno de control de este viernes con la misma conclusión. Habrá descuentos, pero sólo se extenderán los actuales, del 40%, si hay “seguridad jurídica para aplicarlos”.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou (PNV) ha respondido a la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba sobre la prórroga de los descuentos después de que en la última reunión del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), los representanten de Hacienda se ausentaran e hicieran perder la votación a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, del PNV y que apostaba por aprobar la prórroga sin esperar a si el Gobierno central decide mantenerlos o no. Por su parte, Susana García Chueca (PSE-EE) ha sido interpelada por el voto en contra de los representantes de su departamento y de su partido en esta misma reunión del Consorcio de Bizkaia por el parlamentario del PP, Santiago López Céspedes. PP y EH Bildu han recriminado a los dos consejeros que bloqueasen la aprobación de la prórroga de los descuentos y se han convertido así en defensores en el Parlamento Vasco de la tesis de la diputada general de Bizkaia.

“Es nuestra responsabilidad garantizar que todas nuestras decisiones cuenten con plena seguridad jurídica, y ese es precisamente el problema con la prórroga de los descuentos”, ha señalado el consejero D'Anjou. “No se trata de falta de voluntad política para su aplicación, sino de una duda real sobre las garantías de esa aplicación en el marco legal actual”, sostiene.

El consejero ha recordado que “estas ayudas dependen de un real decreto ley que dejará de estar en vigor el 31 de diciembre, y sin esa cobertura no podemos garantizar que la prórroga sea viable. Lo responsable es actuar con rigor y plenas garantías, no generar incertidumbre ni de las administraciones, ni a las y los ciudadanos”, ha señalado.

La parlamentaria de EH Bildu se ha aferrado a las declaraciones de la diputada general de Bizkaia asegurando que “no hay dudas jurídicas al respecto”. “Por lo tanto, ¿en qué quedamos?”, se ha preguntado, y ha recriminado al consejero de Hacienda que “si había esas dudas jurídicas, han tenido tiempo de sobra para resolverlas”. Ha acusado al Gobierno vasco de hacer “la del avestruz”. “Ante un problema, han cogido y han agachado la cabeza, se esconden. Yo le pregunto, ¿esta es la forma que tienen ustedes de gobernar? ¿Esta es la forma que tienen ustedes de hacer políticas públicas?”, ha señalado. “Mientras, quien pierde es la ciudadanía y, sobre todo, los usuarios y usuarias de transporte público que ven que no se le da el suficiente impulso ni se les trata con la suficiente importancia”, ha argumentado.

El consejero de Hacienda ha reiterado que “no es un debate sobre la voluntad o la conveniencia de las bonificaciones”. “Eso no está en duda”. Pero ha insistido en que “guste o no”, hay una “realidad normativa”. No obstante, ha señalado que el hecho de que existan “dudas legales” no significa que “brazos cruzados”. “En absoluto”, ha dicho. “Tenemos el compromiso de seguir trabajando, con rigor y voluntad, para encontrar una solución viable”. Y ha confiado en que todavía hay margen para hacerlo. “Es cuestión de estudiar bien el encaje jurídico, de explorar las vías adecuadas y de buscar la fórmula que garantice que las ayudas puedan mantenerse sin vulnerar la ley”, señala.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca (PSE-EE), ha sido interpelada por el tema de los descuentos por el PP, que ha recriminado a los socialistas “presumir de apoyar las bonificaciones al transporte, pero a la hora de la verdad las boicotean”, afeando también a los representantes del departamento en el Consorcio de Transportes de Bizkaia, que votaran en contra de la prórroga. “Queda clarísimo que para ustedes es más importante quién capitaliza la medida que el beneficio final del ciudadano”, ha señalado el también secretario general del partido en Bizkaia.

La consejera ha recordado que su posición respecto a estas bonificaciones es “clara”, y que “si el Gobierno de España mantiene las bonificaciones, Euskadi se sumará a ellas”, y ha reiterado que, en el caso de que no se prorroguen por parte del Estado, “Euskadi pondrá en marcha su propio plan para mantener un descuento del 20% en abonos y títulos personalizados y la gratuidad de los y las menores de 12 años, mientras se avanza en el proceso de integración tarifaria”.

García Chueca ha explicado que “prever lo que va a pasar es complicado”. No obstante, ha indicado que está “en contacto” con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que este le ha trasladado que “tiene interés en prorrogar las bonificaciones existentes”. “Esperemos que sea así, porque resultaría muy beneficioso para la población vasca”, ha indicado.

Tras reconocer las “dificultades técnicas y administrativas” para poner en marcha este sistema de bonificaciones “en los distintos operadores y administraciones” ha ironizado sobre el “interés” que ahora muestra el PP vasco por esta medida. En este sentido, ha animado al parlamentario del PP a que “hable con sus compañeros en Madrid y les inste a no entorpecer la aprobación del Real Decreto” que, en su caso, pueda aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para prorrogar este mecanismo.

El Gobierno de Imanol Pradales, de cara a sus segundos presupuestos, mantiene la estrategia política de mostrar que no aplica el rodillo de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE y que está dispuesto a “ensanchar” los acuerdos. Sin embargo, las negociaciones iniciadas este lunes con EH Bildu, PP y Sumar -todos los grupos de la oposición salvo Vox, a quien se aplica un 'cordón sanitario'- no parecen arrancar con visos de que se pueda producir una fumata blanca a la luz de los comentarios lanzados por todas las partes. Además, mientras se producían los encuentros -por separado con cada partido- nacionalistas y socialistas cerraban la redacción final de la reforma de la normativa de Vivienda sin aceptar ninguna de las decenas de enmiendas de los otros partidos.

El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, del PNV, ha parecido marcar el camino a las reuniones incluso antes de que se celebraran mostrando a los medios de comunicación su “mano tendida” pero, a la vez, pidiendo “realismo” e incluso “honestidad” a sus interlocutores. Él mismo ya se había mostrado en días anteriores pesimista sobre unas negociaciones que no necesita, porque sus números tienen garantizada la aprobación gracias a la mayoría absoluta. De hecho, D'Anjou ha lanzado también un mensaje de “tranquilidad” porque sí o sí habrá una propuesta “sólida” el 1 de enero de 2026. En esta comparecencia, su equipo había dispuesto que no atendiera a preguntas de los periodistas.

El Ejecutivo, eso sí, quiere acotar las conversaciones a dos semanas. El 28 de noviembre se cierra el plazo de presentación de enmiendas y lo que tenga que hacerse quedará claro ya ese mismo día. El pasado año, en las mismas circunstancias políticas, Gobierno y EH Bildu estiraron el chicle sin ningún resultado pero por el deseo de ambas partes de no figurar ante la opinión pública como el causante de la ruptura.

De la ronda de reuniones, no consta el margen que maneja el Gobierno para que la oposición pueda introducir sus propuestas. Nadie lo ha explicado. ¿Y qué plantea la oposición? La documentación entregada por EH Bildu se centra en la principal preocupación ciudadana, la Vivienda. En su caso, no ha ofrecido un intercambio al uso de partidas y plantea agotar el margen de endeudamiento para disponer de 1.000 millones más en 2026 y 2027 y constituir un fondo “público-privado”. Actualmente, el Gobierno plantea movilizar 20 dentro de la última emisión de 1.000 millones, pero la formación abertzale sositene que hay capacidad para captar otros tantos más y con ellos traccionar más recursos públicos (del ICO, de BEI europeo, de las antiguas cajas o de las EPSV) para disponer de 3.000 millones en una década para construir.

El PP, de su lado, no ha puesto números porque alega que no es prudente hacerlo en plenas conversaciones, aunque la formación conservadora ha adelantado que ve al Gobierno con políticas de “izquierdas” e “intervencionistas” que no comparte. “No hemos empezado bien”, han dicho Laura Garrido y Álvaro Gotxi tras la cita con D'Anjou, aunque formalmente no han roto las negociaciones.

Finalmente, Sumar sí ha especificado que los cambios que pide tienen un valor de 800 millones de euros dentro de un techo de gasto de 17.300. Piden modificaciones de calado en educación o probar una renta básica universal, pero ven una actitud “fría y distante” en PNV y PSE-EE, en definición de Jon Hernández, el único parlamentario de la coalición de izquierdas. Ahora bien, aunque Sumar tiene “diferencias sustanciales” con el Ejecutivo, tampoco se ha dado oficialmente por acabada la negociación.

Tras los encuentros, PNV y PSE-EE han ofrecido también su punto de vista a los medios de comunicación. Los nacionalistas insisten en que, sea cual sea el resultado del diálogo con la oposición, Euskadi, saldrá bien parada. ¿Por qué? Porque España y Francia se mueven en la inestabilidad y no tienen presupuestos, ha recordado Alaitz Zabala. A su juicio, con todos los partidos hay algunas “coincidencias” pero ya adelanta, sin decir a qué se refería, que hay planteamientos que son “irrealizables”. Los socialistas, de su lado, han recordado que la actual propuesta del Ejecutivo es “progresista” y que los posibles cambios se tendrían que ajustar a ese marco.

En paralelo, PNV y PSE-EE encaran la tramitación presupuestaria sin mayoría en Álava y en Gipuzkoa. El pasado año lograron sacar adelante las cuentas con EH Bildu en un lugar y con el PP en otro. Asimismo, durante el año han acordado la reforma fiscal con un tercero, con Podemos, que ya no tiene representación en el Parlamento Vasco pero que sí mantiene presencia en las Cámaras forales.

La polémica sobre los descuentos en el transporte público se adelanta este año. Como las luces navideñas, que se encenderán en muchas localidades vascas este fin de semana, la discusión política sobre cómo deben ser las deducciones en los transportes públicos vascos se ha adelantado a mediados de noviembre, aunque no será hasta el límite de fin de año cuando los usuarios sabrán el importe que se descontará en su tarjeta, como en ejercicios anteriores.

Bizkaia, que otros años ha sido la más rezagada en la aplicación de los descuentos, ha querido tomar la avanzadilla y aprobar la prórroga de las deducciones sin esperar a saber qué decisión toma al respecto al Gobierno central, del que depende la mitad del 40% de descuento vigente en la actualidad. El intento no ha salido bien para la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, del PNV. Y ha puesto de manifiesto otro desencuentro entre el PNV y el PSE-EE, su socio de Gobierno, aunque hasta el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, que dirige el nacionalista Noël D'Anjou ha argumentado “dudas sobre el encaje legal de la prórroga de la medida” para no asistir a la reunión de Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y dejar a Etxanobe y los nacionalistas en minoría. De momento, no habrá prórroga, y como en el resto de los territorios, habrá que esperar.

Etxanobe llevó la discusión a la reunión del CTB del pasado miércoles. La diputada general de Bizkaia se había comprometido en las Juntas Generales a trasladar al Consorcio la propuesta de extender las medidas actualmente vigentes en cuanto a tarifas hasta el 20 de febrero del año 2026, independientemente de la medida que se tome al respecto por parte del Gobierno central. De esta forma evitaba lo que ha pasado los años anteriores, que los descuentos para los vizcaínos han llegado más tarde en los transportes que dependen de su aprobación por CTB, los que no dependen directamente del Gobierno vasco.

Siempre se ha argumentado que la tardanza se debe al propio funcionamiento del organismo que es de decisiones 'lentas', ya que debe estar en exposición pública el acuerdo durante 30 días para recibir alegaciones. Es decir, las decisiones se hacen efectivas al menos con mes y medio de desfase. Sin embargo, ni los socialistas de la Diputación de Bizkaia, ni del departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, que dirige Susana García Chueca, ni tampoco el departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, secundaron la propuesta.

Para ser exactos, los representantes en el CTB del Departamento que dirige Noël D'Anjou decidieron ausentarse -antes de votar en contra- y dejaron la representación del Gobierno vasco en manos del área de Movilidad Sostenible. “Desde el Gobierno vasco se han planteado dudas sobre el encaje legal de la prórroga de la medida que se está valorando. En vista de ello, se tomó la decisión de que acudiera el departamento de Movilidad al consejo del CTB, y consideramos que el Gobierno estuvo debidamente representado”, han señalado desde Hacienda. No obstante, han señalado que “hay margen para explorar las alternativas y buscar soluciones que tengan plena seguridad jurídica y se ajuste al marco normativo vigente”.

También la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, ha asegurado que la institución foral seguirá “trabajando para poder llegar a alcanzar un acuerdo” en el consejo del CTB y extender los descuentos hasta el 20 de febrero hasta tener “certidumbre” sobre la continuidad de la financiación de descuentos en el transporte público por parte del Gobierno central. “Hay opción todavía de poder mantener esa vigencia”, ha dicho.

Lo cierto es que en la votación del pasado miércoles todos los representantes del PSE-EE votaron en contra de la medida y la ausencia de los cinco representantes del Departamento de Hacienda dejó al PNV en minoría en un organismo que componen 26 miembros. 13 representan al Gobierno vasco: siete del departamento de Movilidad Sostenible, cinco de Hacienda y uno de Vivienda y Agenda Urbana. Dos de la Diputación, representados por la propia Etxanobe que es la presidenta, y la diputada de Movilidad, socialista, y 11 representantes de los Ayuntamientos por los que pasa el metro.

Así las cosas, los descuentos actuales del 40% seguirán vigentes en Bizkaia y en el resto de los transportes públicos de Euskadi hasta el 31 de diciembre, a la espera de lo que diga el Gobierno central sobre si prorroga las medidas que dependen de esta administración, en concreto, el 20% de los descuentos y la gratuidad del transporte para los menores de 15 años. En el caso de que decaigan estas medidas, se mantendría la gratuidad para los menores de 12 años, ya que en Euskadi ya es una medida estructural. También se mantendría el 20% de descuento para los títulos de mayor uso ajustadas a las particularidades de cada territorio por parte de los diferentes operadores, como adelantó este periódico. Aunque todo está abierto a la negociación de los diferentes operadores. El Consorcio de Transportes de Bizkaia mantendrá un próximo encuentro a mediados de diciembre.

La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, en un acto público en Vitoria, ha querido ser prudente y no ha aclarado qué ocurrirá con la financiación estatal. Sí ha insistido en que el impulso del transporte público seguirá constituyendo una prioridad.

El Gobierno vasco se ha mostrado este martes dispuesto a “ayudar” en la operación de compra de Uvesco, sociedad propietaria de los supermercados BM y Amara, aunque no ha aclarado la fórmula en la que podría participar, ni si sería a través de financiación o entrada en el capital. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, interpelado por la posibilidad de que adquiera la empresa un grupo de inversores vascos, entre ellos varios directivos de la compañía, al fondo francés PAI Partners, se ha limitado a manifestar esta voluntad de ayuda, además de apelar a la “discreción” en este tipo de operaciones.

En la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, D'Anjou, que anunciaba la aprobación de la puesta en marcha del fondo Indartuz, ha considerado que la operación de Uvesco es “positiva”, porque contribuiría a mantener el arraigo en Euskadi de esta empresa, y ha afirmado que el Gobierno vasco está “dispuesto a ayudar en lo que sea” en este tipo de movimientos empresariales, ya que se trata de una compañía “arraigada aquí, con sede y con miles de empleos” en Euskadi. No obstante, ha señalado que la operación está en una fase “muy inicial” y que el proceso será “largo”, por lo que ha insistido en mantener la “discreción” en torno a este asunto. Ha indicado, eso sí, en que el Ejecutivo está “dispuesto a ayudar en lo que sea” con el fin de que empresas en las que haya fondos de inversión extranjeros, “que a la larga tienden a salir”, no se queden “expuestas” y “se afinquen aquí, en Euskadi”.

Uvesco, sociedad de la que dependen los supermercados BM y Super Amara, es propiedad del fondo de inversión PAI Partners, socio mayoritario de la empresa desde finales de 2021. En 2024, después de que el fondo francés empezara a plantearse su salida de la empresa para rentabilizar su inversión, varios socios tradicionales de la empresa empezaron a organizarse para hacerse de nuevo con el control de la compañía y evitar que la cadena de supermercados vasca cayera en manos de una multinacional de la alimentación, como Carrefour, con la que el fondo mantuvo conversaciones para la venta de su participación, aunque finalmente la operación no salió adelante.

Entonces ya se hablaba de que la valoración de la participación del fondo en la empresa -un 70%- podría estar en el entorno de los 700 millones de euros, y esa parece que será la oferta que han conseguido ahora articular este grupo de inversores, que lidera el actual CEO de la compañía Ángel Jareño, y otros cinco ejecutivos de la misma, a los que se suman Indar (el vehículo de inversión para el arraigo de Kutxabank), Stellum Food & Tech (propiedad de la fundación Artizarra) y la gestora afincada en Donostia Inveready, según señala el Diario Vasco. Esta oferta aún no está planteada oficialmente al fondo PAI Parters.

El Parlamento Vasco ha iniciado este lunes a las 9.00 horas una larguísima comisión con dieciséis comparecencias -tantas como carteras- y más de 200 intervenciones en la que, hasta el jueves, el Gobierno de Imanol Pradales expondrá el detalle de sus segundos presupuestos. Ha abierto fuego con una primera sesión de más de dos horas el hombre de los números del Ejecutivo, Noël d'Anjou, que ha insistido en ofrecer un techo de gasto de 16.300 millones de euros y no de 17.300, al no sumar la inyección extraordinaria de casi 1.000 millones con cargo a la deuda y para inversiones de la denominada “alianza financiera vasca”. Es para que no se pueda presentar como recorte en 2027. D'Anjou ha escuchado dudas y críticas de las cuatro formaciones de la oposición pero ha terminado con el mensaje de que no renuncia a llegar a acuerdos en las próximas semanas, salvo con Vox, aunque PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y no necesitan a nadie para sacar adelante las cuentas tal y como las han diseñado.

D'Anjou prometió el pasado año, tras unas primeras negociaciones presupuestarias que no llegaron a ninguna conclusión, que este año adelantaría los contactos incluso antes de la aprobación del proyecto que ahora se desgrana en la Cámara. El Gobierno sostiene que ha cumplido el compromiso con una reunión en verano sobre las “directrices” económicas, con la ronda del lehendakari con los partidos en septiembre y con un “café” en el Parlamento entre D'Anjou y los líderes de la oposición. Incluso se desliza la idea de que la contraparte no ha entregado propuestas, una crítica particularmente intensa a EH Bildu. Pero los partidos entienden que no ha sido un esfuerzo extraordinario por tender puentes.

¿Cuál es el diagnóstico del Gobierno? Que ofrece unos números que mezclan “ambición” y “realismo”. Es una propuesta, tirando de argumentario, que facilitará a los jóvenes acceder a una casa y a la ciudadanía pasear con seguridad por las calles porque son ésas, junto con Ciencia, Universidades e Innovación, las áreas porcentualmente más reforzadas.

¿Y cuál es el análisis de la oposición? Pello Otxandiano, líder de EH Bildu, no aprecia que la propuesta sea verdaderamente “expansiva”. Jugando con los 16.300, apunta a un crecimiento del 4,1%, casi parejo a la subida del PIB nominal, del entorno del 4%. Es más, asegura que las mejoras para Vivienda o Seguridad se fundamentan en “recortes” en otras áreas, como Bienestar, Juventud y Reto Demográfico o Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Además, Otxandiano ha pedido poner las luces largas en el vehículo oficial y pensar que, a futuro, las previsiones de crecimiento son limitadas y, sin embargo, las necesidades de Salud o Educación crecientes. Es un “elefante” en medio de la habitación que nadie quiere ver, ha ironizado debido al envejecimiento de la población y a la “complejidad” que acarrea en las aulas la llegada de alumnado “extranjero”.

D'Anjou no ha evitado el cuerpo a cuerpo con Otxandiano. Ha señalado que gobernar es “un ejercicio de priorización” y defendido que, incluso sin los 1.000 millones -“me olvido de la alianza financiera vasca”- las cuentas “son expansivas”. “Expasivas sí son”, ha repetido. El consejero de Hacienda ha indicado que la llegada de fondos europeos se reduce ya de modo importante, al igual que las transferencias del Estado para infraestructuras. “Sin el efecto del MRR”, por ejemplo, el disponible “ordinario” mejora un 5,6%, ha apuntado.

Así, ha agregado que en Vivienda se ha logrado una subida nominal del 6,8% pero efectiva del 31% si solamente se tienen en cuenta los recursos propios. O del 37% si se suman los 20 millones del paquete de la alianza financiera vasca que irán al “fondo social” de la materia. En Educación, la subida mejora del 3% al 5,3% en recursos propios; y en Movilidad de 2,5% al 8,4%.

Desde el PP, Álvaro Gotxi ha criticado el incremento en altos cargos y asesores. Supera el 30% desde antes de la pandemia, ha indicado. Crece “sin límites” el volumen del personal de confianza y es “un modelo para sufragar la fiesta” de PNV y PSE-EE, en palabras del parlamentario 'popular'. A esto, D'Anjou ha replicado que el coste “total” de ese personal es “el 0,17%” del gasto total. “Además, somos personas que estamos al servicio de la ciudadanía, haciendo servicio público”, ha justificado. Según el consejero, la oposición tiene que fijarse en “aspectos mucho más interesantes” a la hora de analizar el proyecto del Gobierno.

Gotxi y D'Anjou se han enzarzado también a cuenta de las inejecuciones -el Gobierno admite de entrada que no gastará unos 300 millones, casi el 2% del total- y del crecimiento de la deuda. El Ejecutivo insiste en que Euskadi tiene cuentas “saneadas”, más que las de otras comunidades autónomas. Y que incluso con el 'one off' -ingreso excepcional e irrepetible- de los 1.000 millones Euskadi está por debajo de los límites autorizados por el Estado, que frisan el 15% del PIB. El PP ha animado al Gobierno a publicar toda la documentación sobre las reglas de gasto ante la sospecha de que haya “incumplimientos” y el consejero ha replicado que hay “trece” autonomías con ese problema, en una velada referencia a que muchas son del PP.

El Gobierno hará una ronda ahora con la oposición, salvo con la ultraderecha de Vox. El Ejecutivo siempre pone un cordón sanitario a esta formación y no cambiará de criterio este año. Sí citará a Sumar, que también ha calificado este lunes de poco “ambiciosos” los números para 2026. El PSE-EE, socio del PNV, ha matizado que las negociaciones están bien pero “siempre y cuando no se pretenda desvirtuar” el plan inicial de un Gobierno con mayoría absoluta. “Si podemos hacer algo por intentar mejorar el presupueto, nos sentaremos a hacerlo”, ha dicho el PP. Y Otxandiano ha adelantado que EH Bildu lanzará una propuesta específica sobre Vivienda. D'Anjou ha insistido en la posibilidad de “explorar” acuerdos pero ha avisado que toca “dejar de lado los intereses partidistas”.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado este martes su segundo presupuesto de la legislatura. El techo de gasto está situado en 17.313 millones, un 10% más que en 2025 y supera todos los registros previos, tanto absolutos como relativos. El Ejecutivo, sin embargo, ha querido evitar las manidas referencias al “récord” de gasto total y gasto social para vender, como gran idea-fuerza, que son unas cuentas que, por un lado, responden a las dos principales preocupaciones ciudadanas, Vivienda y Seguridad, que son las carteras que más crecen porcentualmente junto con la de Ciencia, Universidades e Investigación, y que, por otro, mantienen la apuesta por los servicios públicos, con Salud y Educación como grandes acaparadores de recursos un ejercicio más, con casi 8.700 millones, exactamente el 50% del total.

De hecho, el Ejecutivo ni siquiera publicita ese techo de gasto de récord y prefiere ir a un presupuesto “ordinario” de 16.378 millones, lo que comporta una subida más acotada, del 4,1% y que sería la menor desde 2020. ¿Por qué? Porque parte del crecimiento se apoya en una emisión extraordinaria de deuda de hasta 1.000 millones autorizada por el Parlamento y de la que se prevén consumir 935. Es la denominada “Alianza Financiera Vasca” o “Euskadi Eraldatuz”. Es un plan único y extraordinario que desaparecerá en 2027 y el Gobierno teme que, de cara al próximo ejercicio, se vea encarando titulares de recorte de gasto que no considera reales y en año electoral, el de las municipales y forales, como poco.

Sin embargo, la posible llegada de nuevas competencias, incluida la Seguridad Social, podría cambiar para siempre los parámetros financieros de la Administración vasca. Solamente las pensiones están estimadas en 12.000 millones, el equivalente al 70% del gasto total actual autonómico. Por otro lado, hay una tercera herramienta para medir el crecimiento del presupuesto. Es el dato de presupuesto real ejecutado, que ya estaba en 15.991 millones según la última actualización.

El presupuesto de Vivienda crece un 6,8%, el área con más subida porcentual. Es la apuesta clara. La cartera de Juan Ignacio Pérez Iglesias lo hace un 6,6% y la de Seguridad un 6,4%. El lehendakari lo llegó a adelantar en el Parlamento Vasco la pasada semana, aunque sea la cartera estrella de los socios, el PSE-EE.

A falta de la letra pequeña, el área que dirige el socialista Denis Itxaso pasa de los 451 millones presupuestados en 2025 a 482 en 2026, además de 20 de los 935 procedentes de la bolsa de la Alianza Financiera Vasca. Eso sí, las tablas de ejecución presupuestaria más actualizadas apuntaban ya a 496 millones para esta cartera en 2025, con lo que el porcentaje es más matizado. Además, hace un año se destacó la cifra de 535 millones, sumadas las partidas para las sociedades públicas Visesa y Alokabide. Hace cinco años, por el contrario, el disponible de lo que entonces era una viceconsejería dentro de un departamento más externo rondaba los 150 millones.

Fuentes internas dan especial relevancia política a la subida porque han desaparecido la mitad de los del orden de 120 millones procedentes de fondos europeos. Además de cubrirlos con recursos propios, se incrementa la dotación. ¿A qué va destinado ese dinero adicional? El Parlamento ultima una reforma legal y el Gobierno la aprobación de un decreto que, 'de facto', ampliarán el número potencial de beneficiarios de las prestaciones económicas.

Sin embargo, quedarán congeladas las cuantías de esas ayudas. Se mantienen en 300 euros mensuales Gaztelagun, la prestación de vivienda (PEV) o la llamada a extinguirse PCV. También se quedan en esta cuantía las prestaciones de Emantzipa, dependientes del PNV en Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y que igualmente tiene pensado incrementar los beneficiarios potenciales. Se da la circunstancia de que cuando las prestaciones del alquiler se crearon en 2008 como complemento a la renta de garantía de ingresos (RGI) se llegó a establecer un tope de 320 euros. En 2011, gobernando el PSE-EE con apoyo del PP, se recortaron a 250 euros en todos los supuestos y nunca se ha recuperado ese umbral de cobertura. La cuantía mensual de la RGI, por cierto, subirá un 2,5% en 2026, según recoge el articulado. La partida total, eso sí, crece algo más, un 4,3%, hasta los 416 millones. Y las nóminas de los funcionarios exactamente otro 2,5%, si bien el resultado final depende del marco estatal.

Salud, en todo caso, continúa como la cartera más potente. Son 5.327,6 millones. Su subida es paralela al incremento del disponible ordinario, del 4,1%. Por vez primera en un lustro, el peso del gasto sanitario en relación al total no pierde fuelle. Son 200 millones adicionales para Osakidetza (2.746 millones) y el resto de servicios dirigidos por el consejero Alberto Martínez. Una “Sanidad pública de referencia en el ámbito europeo”, ha comprometido el Ejecutivo.

En Educación, Begoña Pedrosa tendrá 100 millones adicionales. De ellos, 80 son para gastos de personal después del acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado cerrado en la red pública en 2025. En Seguridad, el dinero sube a los 850 millones. Se anuncian “importantes inversiones” para la mejora de la Ertzaintza, tanto en su flota como en otros materiales. También se incorporan partidas para los acuerdos del nuevo convenio. Se insiste en el argumentario de que se persigue poder permitir a la ciudadanía “pasear por las calles con tranquilidad”.

Por partidos, las cinco carteras del PSE-EE manejarán un 18,39% del presupuesto de los departamentos, 2.756 millones de euros. Ya había subido a ese nivel con el cambio de legislatura el pasado año. En la anterior rondaba el 14-15% y en la primera en que los socialistas gobernaron en coalición con el PNV apenas llegaba al 5%. No todos los consejeros mejoran su posición. Pierden recursos Hacienda, Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y Turismo, Comercio y Consumo. Las cuentas recogen también la puesta en marcha del Topo o metro de Donostialdea en 2026. El Gobierno destaca también 1.015 millones en “inversiones transformacionales”.

El Gobierno cuenta como plus este 2026 con 935 millones de los 1.000 autorizados. 65 ya se han gastado este ejercicio para crear el instrumento vehiculizador de inversiones Indartuz, paralelo al ya existente Finkatuz. Esos 935 van al Instituto Vasco de Finanzas, en su mayoría, en concreto 815. Otros 100 los gestionará el consejero Mikel Jauregi desde Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y los restantes 20 son el fondo social de Vivienda. Los proyectos industriales específicos que se quieren impulsar aún no se están detallando.

La variable política

Euskadi sí o sí tendrá presupuestos. El Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y eso garantiza que el 23 de diciembre, previsiblemente, la Cámara dará luz verde a las cuentas. Es un factor diferencial en comparación con España, que lleva toda la legislatura sin actualizar los números. También es una garantía que no tienen nacionalistas y socialistas en todas las instituciones, ya que en Álava y en Gipuzkoa precisan de un tercer socio. En 2025 los unos miraron a la izquierda, a EH Bildu, y los otros a la derecha, al PP.

Con todo, es voluntad del Ejecutivo de Pradales negociar con la oposición. El pasado año el proceso no estuvo exento de críticas porque, a la vez, se mantenían reuniones a diestra y siniestra. ¿Le daba igual la orientación del pacto al Gobierno? Era una pregunta que lanzaba, sobre todo, EH Bildu. El proceso fracasó con estrépito pero los presupuestos se aprobaron igualmente. Para este año se prometió iniciar los contactos antes incluso de la presentación del proyecto, el trámite de este martes. El consejero D'Anjou ha tenido conversaciones tanto con el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, como con el del PP, Javier de Andrés. En otras rondas se ha invitado igualmente a Sumar pero se ha vetado expresamente a Vox. “Se produjo una reunión en verano, muy preliminar. Sin mucha concreción. No nos han convocado para nada. No tenemos ninguna noticia al respecto. Conoceremos los presupuestos cuando se remitan a la Cámara”, ha explicado sobre estos contactos Laura Garrido, portavoz 'popular'.

El consejero D'Anjou, en la presentación de las cuentas, ha admitido que el contexto internacional es de incertidumbre, pero que la propuesta ofrece “estabilidad y solidez”. Euskadi crecerá un 1,9% y creará unos 11.000 empleos. Eso da margen para la “valentía” y la “ilusión” en la gestión, ha señalado el hombre de los números de Pradales. “No son sólo números. Es el reflejo de una sociedad más justa, más solidaria y preparada para el futuro”, ha manifestado el titular de Hacienda.

Las instituciones vascas, Gobierno vasco y las tres diputaciones, aspiran a contar en 2026 con un presupuesto “bueno” y “expansivo”, seguramente el más alto de la historia en los cuatro casos. Pero se encontrarán con un condicionante. La reforma fiscal aprobada este año por la coalición gobernante, PNV y PSE-EE, con el apoyo de Podemos dejará 335,1 millones de euros menos de disponible en 2026, además de los alrededor de 50 que ya se han dejado de ingresar este mismo 2025. Es casi el equivalente al presupuesto total anual de una cartera como la de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Este lunes, antes del 15 de octubre como marca la ley, se ha reunido en Vitoria el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que sienta al Gobierno autonómico con las diputaciones y con la asociación de municipios, Eudel, para establecer las previsiones de cierre de recaudación fiscal del ejercicio en curso y las del entrante, una suerte de techo de gasto para las cuentas de todas las instituciones. Los presentes han asumido el impacto “negativo” de la reforma fiscal en los sumatorios, aunque han destacado que la cara “positiva” es que deja más dinero “en el bolsillo” de los contribuyentes -la expresión es de la vizcaína Elixabete Etxanobe- para dar cauce a los objetivos de premiar a rentas bajas, facilitar el acceso a la vivienda o favorecer la transición verde.

El impacto, en 2025, se nota desde el 1 de julio. Se han reducido los ingresos por retenciones de IRPF al cambiar los mínimos exentos, por ejemplo. En 2026, ya con todas las medidas en vigor, Bizkaia se dejará 160 millones en el camino, Gipuzkoa 120 y Álava 55. Es una circunstancia de la que advirtieron otras fuerzas de izquierda que se opusieron al acuerdo, como EH Bildu, Sumar e IU. El PP, por el contrario, consideró que la Administración debía renunciar todavía a más recursos en vista de la buena marcha de los ingresos hacendísticos.

En cifras, la intención es que en el cierre de 2025 se hayan ingresado en las tres Haciendas forales 20.092 millones de euros. Es un 1,9% más de lo previsto y un 9,7% más en relación a 2024. Aunque, sin el efecto excepcional de las devoluciones de golpe de cuatro ejercicios a los mutualistas, la subida sería más contenida, de entorno al 5%, según estimaciones de Gipuzkoa. De cara a 2026, la base para confeccionar ahora los presupuestos, sube la previsión de recaudación a 21.130 millones de euros. Es otra subida del entorno del 5%, por encima del crecimiento nominal de la economía. Las tres Diputaciones coinciden en que el comportamiento del empleo y de otros factores es muy satisfactorio en Euskadi a pesar de las incertidumbres globales.

El 70% de ese dinero va al Gobierno vasco, que es el que más competencias ejerce. A estas aportaciones le añade otros recursos, como la deuda. En 2026 podrá presupuestar los 1.000 millones adicionales autorizados por el Parlamento y que irán a un plan industrial. El consejero de los números, Nöel d'Anjou, ha asegurado que las cuentas ya iban a ser expansivas incluso sin esa inyección, por la buena dinámica general, e incluso a pesar de la previsible caída de la entrada de los fondos europeos MRR. De hecho, ha pedido que no se hagan sumas con estos 1.000 millones porque lo que ahora podrá ser una cifra de récord y un crecimiento de gasto muy potente en un año, con toda probabilidad, será un recorte de disponible.

El Gobierno de Imanol Pradales presentará el 28 de octubre el proyecto de presupuestos, el segundo de la legislatura. Tiene garantizada su aprobación ya que PNV y PSE-EE disponen de mayoría absoluta. D'Anjou no ha dado pistas del contenido, salvo por el deseo de reforzar el capítulo de “inversiones productivas”. En el caso de Bizkaia, Etxanobe también goza de mayoría absoluta. No es la situación de sus colegas de Álava y de Gipuzkoa, en una posición de minoría que les hace depender de un tercer socio externo.

En Gipuzkoa, Eider Mendoza fue investida con los apoyos del PP, con quien también cerró las últimas cuentas. Ella ha contado que en la legislatura ha pactado también con Podemos. Ahora bien, ha reprochado que no hayan sido posibles los acuerdos de calado con EH Bildu. La coalición es la primera fuerza foral. Su “voluntad” es la de dialogar con “todos” los partidos, ha señalado a los periodistas. “EH Bildu nos ha dicho que no en diez ocasiones. Vamos a ver en la undécima”, ha ironizado.

En Álava, Ramiro González ha recordado que, sí, que no tiene mayoría absoluta, pero ha subrayado que tampoco hay ninguna alternativa más sólida a la de PNV y PSE-EE. Por ello, aboga por “acordar” pero sin estar dispuesto “a aceptar imposiciones de grupos minoritarios”. Las voces que le piden un “cambio radical” en el programa de la legislatura pueden irse descartando, ha añadido. En su caso, los vigentes presupuestos sí los cerró con EH Bildu. La coalición ha abogado por un acuerdo global, por una alianza que afecte a todas las instituciones. PNV y PSE-EE, por el momento, descartan ese formato y apelan a la autonomía y circunstancias de cada lugar.

El Gobierno vasco quiere impulsar las empresas vascas canalizando inyecciones de capital a través de diferentes vehículos financieros entre los que se encuentra la creación de un “fondo de fondos” con el que se abre la participación del Ejecutivo en las empresas de manera indirecta, a través de mecanismos de inversión que no se descarta que puedan ser extranjeros. Además, para facilitar y ampliar las inversiones, se modifican condiciones de vehículos financieros ya existentes, como es el caso de Finkatuz, que se abre a la participación directa en el capital de empresas aunque no tenga su sede social en Euskadi, pero que tengan importante “impacto” en la economía vasca, y se flexibilizan criterios del tamaño de las empresas en las que se puede tomar participación en el capital, para a ampliar así el número de posibles inversiones. Estos dos instrumentos canalizarán parte de los 1.000 millones de euros con los que el Gobierno vasco participará en la Alianza Financiera Vasca y con los que se quiere movilizar inversiones de 4.000 millones.

El programa Euskadi Eraldatuz 2030, como se ha denominado al plan de inversiones que distribuirá estos 1.000 millones que pondrá el Ejecutivo, autorizados antes del verano por el Parlamento y en cuya creación ha colaborado la consultora KPMG, ha tenido este miércoles su puesta de largo en la Bolsa de Bilbao en un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, los consejeros de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, e Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la directora del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar. Entre el público, varios consejeros más y representantes institucionales, miembros del ecosistema financiero e inversor vasco, empresarios e integrantes de las nueve entidades que apoyaron el compromiso fundacional de la Alianza Financiera Vasca en el mes de marzo.

“Hoy activamos y alineamos las capacidades financieras de nuestro país para avanzar en la transformación económica de Euskadi, impulsar nuestra competitividad, defender nuestra industria, y seguir garantizando un empleo de calidad”, ha señalado el lehendakari en su intervención, en la que ha destacado que el contexto internacional de incertidumbre hace necesario “arriesgar”. “Hay diagnóstico, hay receta. Pero hay que ir a la farmacia a comprarla y tomar la medicación. Debemos transitar este camino como pueblo, conjugando responsabilidad individual y colectiva, pública y privada, como siempre hemos hecho. Nos estamos jugando el futuro de este país” ha insistido Pradales.

El nuevo plan de inversiones que se vehiculizará a través de Euskadi Eraldatuz 2030 estará directamente al alineado al Plan Industrial- Euskadi 20230, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Gobierno, y seguirá en cierto modo los sectores estratégicos marcados en dicho plan. Además, tendrá en cuenta las directrices del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y la estrategia Euskadi Global.

Los 1.000 millones se canalizarán a través de cuatro vehículos: el propio Institututo Vasco de Finanzas, dotado con 150 millones de euros, Finkatuz, que se dotará con 350 millones que se añadirán a los 200 con los que cuenta ahora, el fondo Indartuz, de nueva creación, para inversiones directas e indirectas -a través de fondos o entidades- en proyectos transformadores, que recibirá 400 millones de euros, y dos fondos de capital riesgo -Handituz y Ezten II- que contarán con 100 millones de euros con el objetivo de que las empresas, independientemente de tamaño, dispongan de instrumentos para transformación, accedan a financiación y obtengan apoyo en cada caso. “El planteamiento es que la tracción de inversión privada y la colaboración con otros socios e instituciones permitirán un apalancamiento de más de 3.000 millones adicionales, multiplicando el efecto transformador”, ha destacado la directora del IVF, Amaia del Villar.

Entre las novedades destaca el hecho de que el Gobierno vasco se abra a la participación indirecta en las empresas a través de fondos que pueden ser extranjeros. Es decir, el Gobierno participaría a través de Indartuz en un fondo o entidad, en un porcentaje que no superará el 49%, y este fondo sería el encargado de canalizar la inversión o participación empresarial. Aunque la intención es que las operaciones se hagan con fondos de inversión vascos, o que se creen nuevos en Euskadi, el departamento de Hacienda no descarta que esos fondos puedan ser de capital extranjero. El consejero Nöel D'Anjou se ha mostrado más partidario de que sean fondos europeos -“no estará abierto a todo el mundo”, ha señalado-, se aprovecharán las rondas informativas que se hacen en distintos mercados para publicitar la deuda vasca para intentar captar inversores, y se hará un concurso público para determinar los fondos que participan en cada inversión. A través de Indartuz se canalizará también deuda flexible para las empresas

Por otra parte, el que hasta ahora ha sido el principal vehículo del Gobierno vasco para facilitar el arraigo empresarial, Finkatuz, modificará sus condiciones para cubrir más empresas. De entrada, no será necesario que sea una empresa con sede social en el Euskadi en la que se tome la participación y bastará con que genere “impacto” positivo en la economía vasca. Con ello se facilitará la entrada en nuevas implantaciones empresariales. Por otro lado, se flexibilizan las condiciones y se podrá invertir en empresas con una facturación de 50 millones de euros y más de 30 trabajadores. Hasta ahora la facturación tenía que ser de más de 100 millones y contar con más de 50 empleados. El objetivo será “dar un empujón y acelerar” la transformación y que Euskadi esté en “la punta de lanza” de la reindustrialización, ha dicho el consejero D'Anjou. “Es el momento de actuar con visión y decisión”, ha asegurado.

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) suscribirá una ampliación de capital en la sociedad Ekarpen con el fin de dotarla de liquidez suficiente para afrontar el préstamo a Talgo que alivie la carga de su deuda y garantizar la viabilidad de la compra en la que está inmersa en Gobierno vasco junto a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, la BBK y la Vital. En concreto, la sociedad destinada a canalizar inversiones en empresas, ampliará su capital en 75 millones de euros, de los que 26,11 serán aportados por el Instituto Vasco de Finanzas y el resto por los demás socios: grupo Kutxabank (33,2 millones de los que 16,6 corresponden a Kartera 1, propiedad del banco y que también participa en Ekarpen), Diputación de Bizkaia (5,25 millones de euros), Diputación de Gipuzkoa (3,25 millones), Diputación de Álava (1,5 millones), y Mondragon Inversiones (5,55 millones).

La ampliación de capital se ha tenido que aprobar por la sociedad casi de urgencia, ya que Ekarpen no tenía liquidez suficiente para afrontar este préstamo en el momento en el que el Gobierno vasco y el central llegaron a un acuerdo para que parte de la deuda de Talgo -que asciende a 400 millones- se financiara mediante un crédito compartido entre la administración central, a través de la Sepi, y la vasca, fundamentalmente por medio de Ekarpen. En concreto, el acuerdo, que se desbloqueó a mediados de julio tras es el encuentro entre Padrales y Sánchez en Madrid, supone un préstamo de 150 millones que se repartirá entre las dos administraciones a partes iguales, 75 millones cada uno. Por la parte vasca, Ekarpen pondrá 50 millones de euros y los 25 restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo.

El Consejo de Gobierno vasco aprobó la participación del IVF en la ampliación de capital de Ekarpen por 26,11 millones de euros el 22 de julio, y, un mes más tarde, el 21 de agosto, se publicó en el BOPV. Ahora el Gobierno vasco ha aportado al Parlamento la documentación que justifica la medida atendiendo a una solicitud de la parlamentaria de EH Bildu, Lamia Arcas Nogales.

En dicha documentación, en la que se incluyen los diferentes informes que han permitido aprobar la ampliación de capital, se enmarca esta inversión dentro de la Alianza Financiera Vasca, acuerdo que el Gobierno vasco suscribió con varias entidades financieras para reforzar vehículos público-privados de inversión, como es Ekarpen y que “han demostrado un rendimiento histórico positivo para sus inversores, tanto en términos cuantitativos como de impacto cualitativo para el desarrollo económico, industrial, y de arraigo del territorio de Euskadi”.

En la memoria que aporta el Instituto Vasco de Finanzas para justificar suscribir la ampliación de capital, se destaca la “caja disponible reducida derivada de las últimas inversiones ejecutadas por Ekarpen en 2025”. “Dispone de caja para los próximos ocho meses aproximadamente y no puede abordar ningún proyecto nuevo ni necesidades de la cartera actual”, señala, por lo que se hace necesaria la ampliación de capital.

En concreto, este año Ekarpen ha realizado inversiones por 12,5 millones en varias empresas, entre ellas Multiverse Computing, Herko o Lookiero. A esta inversión se une la previsión de “no realizar desinversiones hasta 2029”. Esto supone que en 2024 Ekarpen “disponía de 5,1 millones de euros en tesorería y 10,9 millones de euros en inversiones financieras a corto plazo, relativas éstas últimas a inversiones en bonos y pagarés”, lo que daba lugar a una liquidez de aproximadamente 16 millones. “Tras las inversiones realizadas en el primer semestre de 2025 por importe de 12,5 millones, unido a los gastos ordinarios de la sociedad, la posición de liquidez de Ekarpen a 15 de julio 2025 se ha visto disminuida hasta los 5,7 millones de euros (2,9 millones de inversiones en bonos y pagarés a corto plazo y 2,8 millones de euros de caja). Por último, las inversiones comprometidas y aprobadas en consejo a la fecha ascienden a 5,3 millones de euros”. Es decir, carecía de liquidez para abordar proyectos nuevos.

La memoria señala que hay “tres nuevas operaciones” con un valor conjunto de 57 millones de euros dentro de sus oportunidades de inversión. De ellas, “dos se esperan materializar en los próximos meses”, -una de ellas se espera que sea Talgo-, pero la “una posición de liquidez le imposibilita ejecutar las oportunidades”. Señalan, sin nombrar específicamente a ninguna, que se trata de inversiones que “presentan una especial relevancia estratégica para los socios de Ekarpen debido a su alto grado de arraigo y el impulso económico que significaría para Euskadi. Estas potenciales operaciones son el resultado de una decisión estratégica y bien meditada por la dirección de la sociedad, y responde directamente a la detección de nuevas oportunidades significativas en el mercado vasco, muchas de las cuales ya se encuentran en una fase avanzada y cercana a la ejecución”. “La aportación de los socios en Ekarpen, permitiría dotar a la compañía de suficiente dimensionamiento financiero para poder abordar las inversiones previstas en el medio plazo”.

La ampliación de capital propuesta en Ekarpen, será suscrita por todos los socios en función a sus cuotas proporcionales en el capital de la sociedad. El Gobierno vasco participa en Ekarpen con 34,81%, el Grupo Kutxabank posee el 44,44% (a través de Kutxabank SA con un 22,22% y Kartera 1.L con otro 22,22%) Mondragón Inversiones, S.Cooр. tiene el 7,41%, y las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava un 7,00%, 4,34% y 2,00%, respectivamente.

Ekarpen se constituyó en 2008 como sociedad público-privada para “prestar el apoyo a sectores innovadores con atractivo estratégico para Euskadi”. Algunas de las inversiones más destacadas, a través de préstamo o de entrada en el capital, se han llevado acabo en CIE Automotive, Progenika, Kaiku, GGT-GGM, GLA, Arteche o Arasur. Ahora ha sido el vehículo elegido para materializar el préstamo a Talgo para financiar parte de la deuda y garantizar la vialidad de la compra por parte del consorcio vasco.

EH Bildu ha presentado un escrito de queja y solicitado “amparo” a la Mesa del Parlamento Vasco al entender que el Gobierno de Imanol Pradales ha esquivado atender una petición de información que hizo a finales de julio para profundizar en cómo se había hecho la auditoría de posibles adjudicaciones en Euskadi a la red de empresas investigadas en el marco de la causa de corrupción que mantiene encarcelado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y en la que está imputado el empresario vasco Antxon Alonso, entre otros. Hace unos días, el consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, del PNV, se limitió a informar a la Cámara de que el documento de conclusiones ya se había presentado en su momento, sin entrar a responder a las preguntas concretas de la representante de la formación abertzale Lamia Arcas, que es la que habitualmente hace seguimiento de los asuntos relacionados con contrataciones y corrupción.

El propio lehendakari, Imanol Pradales, anunció la auditoría después del informe de la UCO de la Guardia Civil que supuso un punto de inflexión en esta investigación judicial. El 22 de julio, la consejera-portavoz, María Ubarretxena, dio cuenta de los principales resultados del barrido tras el Consejo de Gobierno al tiempo que la información era remitida al Parlamento, ya que así la había solicitado el PP. La conclusión fue doble. Por un lado, se indicó que la miríada de sociedades mercantiles en torno al empresario guipuzcoano afincado en Bizkaia, particularmente Servinabar 2000, no ha recibido un solo contrato de la Administración vasca. Por otro lado, se apuntó a que el resto de empresas mencionadas en el sumario, como Acciona o Indra, ha participado en 1.393 procesos de licitación, resultando adjudicatarias en 739 de ellos aunque “no existe ninguna irregularidad en ninguno de los procesos de contratación analizados”.

EH Bildu, a las 24 horas, registró una batería con diez peticiones. Quería conocer desde quién había realizado el informe -este periódico pudo saber que lo firmaban el director de la Oficina de Control Económico, David Álvarez, y el viceconsejero Iñaki Alonso-, hasta el “procedimiento” para llegar a esas conclusiones. “¿Qué criterios se han tenido en cuenta para detectar irregularidades? ¿QUé es lo que se ha considerado como irregularidad?”, eran algunas de las dudas formuladas por Arcas en su iniciativa. El 16 de septiembre, es decir, 55 días después, el consejero D'Anjou envió una comunicación al Parlamento en la que señalaba, escuetamente, que “la información solicitada obra ya en el Parlamento en el documento” entregado en su día y que hubo también una rueda de prensa de presentación.

Arcas, en cambio, no ha quedado satisfecha con esa respuesta y pide “amparo” a la Mesa, es decir, que obligue al Ejecutivo a atender más en detalle la petición de información. Argumenta que “el derecho a la información de los parlamentarios ha de entenderse como un elemento fundamental de la actividad política institucional” y que las respuestas han de ser “correctas” y “ajustarse a la solicitud concreta” realizada.

D'Anjou, a juicio de EH Bildu, no ha cumplido con esos criterios. “No es aceptable decir que la información solicitada [...] obra en el Parlamento” porque “no es correcto” que todas las preguntas estuvieran ya respondidas en la iniciativa de julio del PP. “Faltan varios apartados”, incide Arcas, y, sobre todo, no se han entregado los expedientes completos que se querían consultar. “Solicito el amparo de la Mesa del Parlamento por haber vulnerado el consejero de Hacienda [...] el derecho de todo parlamentario a recibir la información solicitada al Gobierno”, plantea la representante de la coalición, que quiere que el órgano de Gobierno del Parlamento “exija” al Ejecutivo “la remisión de la información solicitada en toda su extensión y detalle”. La Mesa del Parlamento, que se reúne este martes, está compuesta por tres miembros de los partidos del Gobierno (dos del PNV y uno del PSE-EE) y por dos de la oposición (ambos de EH Bildu). En esta legislatura, la principal fuerza de la oposición lleva varias reclamaciones en el mismo sentido, según indican.