La quinta enmienda de los 84,73 millones: por qué se cambia la norma ambiental para que no se encarezca la obra pública

Los partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, modificarán varios artículos de la normativa ambiental vigente para evitar que a finales de este año las instalaciones que acogen y tratan los residuos de las obras pierdan su autorización, lo que supondría un sobrecoste en la obra pública, que se ha calculado en más de 84 millones de euros, e incluso la imposibilidad de llevar a cabo las obras previstas en las distintas áreas de gestión del Gobierno. Lo adelantó este periódico, pero, ¿qué implica esto?

Las modificaciones se introducirán vía enmienda en los presupuestos vascos, con rango de ley. Es la quinta de las enmiendas que PNV y PSE-EE han presentado a las cuentas de 2026, y con ella se pretende establecer un silencio administrativo positivo en la concesión de la autorización ambiental única a la que obliga la ley aprobada en 2021, y que fijaba un plazo límite en el 31 de diciembre de este año para estar concedida.

Es decir, siempre que hayan presentado la solicitud de dicha autorización, las empresas podrán seguir adelante con su actividad, aunque no haya resolución por parte de la Administración al respecto. Además, modifica la obligación de la autoridad ambiental única para este tipo de instalaciones, que estarán sometidas al régimen general de autorización o comunicación contemplado en la ley 7/2022 de 8 de abril residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Según señalan los partidos del Gobierno en esta enmienda, en Euskadi hay 38 instalaciones que perderían su actual autorización para tratar residuos de construcción y demolición el 31 de diciembre del presente año. “Esas instalaciones almacenan, descontaminan y tratan la práctica totalidad de los residuos de construcción y demolición generados en Euskadi”, aproximadamente un millón de toneladas que “necesitan ser gestionadas”, dicen, para mostrar la importancia de eliminar ese plazo temporal ya imposible de cumplir.

Además, estas instalaciones tratan los residuos para la fabricación de árido secundario, necesario para “cumplir con la exigencia normativa de sustitución de materiales de cantera” en la obra pública, evitan el “elevado coste” que supondria la eliminación de estos materiales en el vertedero, y realizan una “importante función logística” de almacenamiento de estos materiales durante el año hasta la temporada de picos altos de obra pública, normalmente coincidiciendo con la etapa estival.

El incumplimiento del plazo límite del 31 de diciembre de 2025 para disponer de la autorización ambiental única “implica que las autorizaciones sectoriales de las instalaciones de tratamiento de residuos pierdan su vigencia y con ello, que no puedan gestionar residuos ni producir los materiales áridos que necesita la obra de edificación y la obra civil”, señalan, insistiendo en que supondría un sobre coste de 84,73 millones de euros en las obras públicas presupuestadas para 2026.

La ley de Administración Ambiental de Euskadi aprobada en 2021 incorporó el concepto de autorización ambiental única como ventanilla única para las actividades industriales, que hasta la fechacontaban con distintos permisos sectoriales. En dicha norma se establecían unos plazos para la transición administrativa desde permisos sectoriales, entre otros los de gestores de residuos, focos atmosféricos, vertidos, etc. a los nuevos permisos unificados. En el caso de los gestores de residuos no peligrosos, entre los que se encuentran las plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, tanto las plantas fijas como las plantas móviles, el plazo para la obtención de la autorización ambiental única es de 31 de diciembre de 2025, cuatro años después de que entrase en vigor la Ley. Esta normativa es la que establece también para las obras públicas un porcentaje mínimo de uso de materiales reciclados del 40%.

Por otra parte, un año después de la aprobación de la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, en 2022 se aprobó la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece nuevas condiciones para los gestores de residuos de construcción y demolición, “refiriéndolas a un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido”.

El Gobierno justifica esta especie de colpaso administrativo en que el uso de materiales reciclados como productos de construcción en la obra de edificación y obra civil “implica una importante complejidad técnica en lo que a criterios y especificaciones para el tratamiento de materiales residuales se refiere”. Señalan que en función de las especificaciones que se exijan las plantas “deberán instalar distintas modificaciones en los procesos de transformación”. Por otra parte, indican que el actual marco normativo “también regula las plantas móviles bajo la autorización ambiental única, figura vinculada en la norma a un emplazamiento concreto. Esto está suponiendo una importante demora en la autorización de plantas móviles, ya que implica realizar un proceso autorizatorio cada vez que la instalación cambia de emplazamiento”.

Señala además que no se trata únicamente de un perjuicio económico, sino que “se afecta a los objetivos de las políticas industrial y medioambiental”. Recuerda la enmienda en este sentido que las empresas de construcción vascas “vienen trabajando que sus materiales tengan la menor huella de carbono posible, lo que en la práctica significa un fortalecimiento del mercado y una menor afección ambiental por unidad de producción industrial”. “Queda por tanto acreditado el impacto económico que podría suponer no realizar estas modificaciones, y, por ello, su relación directa con el estado de gastos del presupuesto”.

Además, consideran que es evidente su relación directa con la política económica “por el impacto que podría suponer, de forma directa en la política industrial y ambiental, o de forma indirecta en otros ámbitos, como vivienda o salud”. Y recuerdan que “la no admisión de esta modificación” y por lo tanto, tener que asumir un sobrecoste dee 84,73 millones de euros, “supone tener que adaptar múltiples partidas presupuestarias, pudiendo dar lugar incluso a la modificación del importe del estado de gastos total de sociedades públicas,, entes públicos de derecho privado, o el de la propia Administración general.

De hecho, los 84,73 millones de sobrecoste en diferentes obras se desglosan en 19,2 en obras de vivienda, 5,61 en Sprilur, 4,48 millones en parques tecnológicos, 4,29 millones en las obras relacionadas con URA, 21,12 millones para obras de Osakidetza, 2,22 y 4,02 illones en diferentes actuaciones en Educación y 23,43 para el Departamento de Movilidad.