La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.

En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.

El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.

Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.

Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho

La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.

El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).

La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.

Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

La Junta de Castilla y León apuesta por la robótica, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías satélites para mejorar la gestión forestal, y que sea más adecuada a la nueva realidad climática, anticipando riesgos, evitando incendios y mejorando la respuesta ante los mismos, además de proteger la diversidad y el medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, han inaugurado este martes el I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor), que se celebra en el Fórum Evolución de Burgos hasta este miércoles.

El encuentro, impulsado por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias dentro del proyecto Retechfor, reúne a más de 400 personas, entre expertos, instituciones y empresas, procedentes de todo el mundo, para analizar el impacto de la tecnología en la gestión forestal.

Suárez-Quiñones ha destacado que, gracias al proyecto Retechfor, dotado con un presupuesto de 28 millones de euros para toda España financiados con fondos europeos, se trabaja para transformar la gestión forestal desde la digitalización, la innovación y la investigación.

Se trata de aplicar las últimas tecnologías en inteligencia artificial, tecnología satélite o robótica para una mejor gestión, adecuada a los cambios derivados de una nueva realidad climática, y que afecta no solo a la respuesta ante los incendios forestales, sino a todo lo que engloba la gestión forestal.

El consejero ha insistido en que la Junta ya está aplicando estas innovaciones tecnológicas en el operativo Infocal, tanto en prevención como en extinción de incendios, pero el objetivo es “maximizar” esa aplicación, mejorando la planificación y la seguridad medioambiental.

A modo de ejemplo ha recordado que las tecnologías satélites ayudan a tener un inventario forestal continuo, porque permiten conocer a tiempo real el estado de las masas arbóreas, si tienen humedad o están secas o cuáles son los árboles que hay que cortar, o las zonas afectadas por algún problema.

Esa información ayuda tanto a identificar riegos de incendio forestal y anticiparse como a plantear una gestión forestal más sostenible, a través de la industria maderera; también la tecnología ayuda a disponer de información a tiempo real sobre los incendios para mejorar la planificación de la extinción.

“No podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio, tenemos que prevenir más e invertir más en todos y cada uno de los medios tecnológicos que ayuden a proteger los pueblos, los montes y las personas que viven y trabajan en ellos”, ha indicado el delegado del Gobierno.

Nicanor Sen ha destacado esa inversión de 28 millones de euros, con fondos europeos, destinada ala digitalización forestal para prevenir incendios, anticipar riesgos, proteger la biodiversidad, y gestionar de una manera más inteligente el territorio.

El Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) reúne entre este martes y mañana miércoles en Burgos a 400 asistentes de perfil técnico -con 65 comunicaciones científicas- procedentes de España, Reino Unido, Países BAjos, Estados Unidos, Alemania, Pakistán, Ecuador o Uruguay.

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que podría incurrir en un delito de prevaricación si autoriza la ampliación del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) pese al informe urbanístico municipal desfavorable.

La Consejería llevará este martes al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la propuesta de modificar la autorización ambiental del vertedero para aumentar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, que se sumarían al millón ya autorizado, ante la próxima colmatación de la instalación, según ha señalado la organización ecologista en un comunicado.

Según Ecologistas, la ampliación ha sido solicitada por la empresa titular del vertedero, Centro de Transferencias S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Sin embargo, según ha recordado la organización, el proyecto no estaría amparado ni por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental actualmente vigente, ni tampoco por la declaración de Proyecto Regional aprobada por la Junta en 2015.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo en el que concluye que la ampliación “no es autorizable”, al prohibir expresamente el Plan General de Ordenación Urbana municipal la ampliación del centro de tratamiento de residuos de Cetransa. Ecologistas en Acción ha indicado que dicho informe es vinculante y que, de acuerdo con la legislación estatal sobre prevención de la contaminación, debería haber supuesto el archivo del expediente, algo que, como han defendido, la Consejería ha eludido.

La organización ambiental ha criticado lo que considera un trato de favor reiterado de la Junta hacia Cetransa y el grupo Urbaser, recordando que en 2001 la empresa ya se benefició de una ley “ad hoc” para mantener la actividad del vertedero tras la anulación de sus licencias municipales por el Tribunal Supremo, una norma que fue declarada inconstitucional años después. A ello añaden el riesgo ambiental que, a su juicio, supone la ampliación para el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

Ecologistas en Acción, según han adelantado, propondrá en la reunión del Consejo que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental y advertirá de las posibles responsabilidades penales tanto del consejero como de los vocales del órgano si se aprueba la ampliación en contra de lo establecido legalmente.

La organización también ha insistiado en la necesidad de sustituir el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vigente desde hace más de una década, después de que en marzo de 2024 una sentencia judicial anulara el intento de la Junta de revisarlo sin un nuevo procedimiento completo. A su juicio, esa revisión buscaba consolidar a la Comunidad como destino de residuos industriales peligrosos procedentes de toda España.

El vertedero de Santovenia de Pisuerga inició su actividad en 1993 y, según Ecologistas en Acción, ha acumulado desde entonces diversos incidentes, entre ellos vertidos de residuos no autorizados, fugas de sustancias contaminantes, problemas con aguas subterráneas e incluso un incendio. En la actualidad alberga más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los que más de un tercio proceden de fuera de Castilla y León.

Castilla y León afronta nuevo ciclo electoral: los comicios autonómicos del 15 de marzo servirán para ver la fortaleza o debilidad que afrontará el todavía presidente del Ejecutivo autonómico, cuya segunda legislatura —esta vez sí, agotada— ha sido especialmente tensa en Medio Ambiente. Las políticas que durante diez años ha ostentado Juan Carlos Suárez-Quiñones han pasado por mejores momentos políticos después de una legislatura marcada por la coalición con Vox, los incendios más graves de su historia en 2022 y 2025, los conflictos constantes con los sindicatos y la presión de la oposición para que la Junta cambie su estrategia y refuerce al personal, que también acumula paralizaciones de denuncias ambientales.

¿Las polémicas más recientes? La empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de la empresa pública Somacyl a pesar de su incompatibilidad y otra condena por la estrategia de gestión forestal, por la que el Tribunal Superior de Justicia anuló parte de la Orden de guardias del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

La Consejería de Medio Ambiente es la tercera con más crédito presupuestario (con casi 697 millones de euros a 30 de noviembre de 2025), según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda. Se encarga de la gestión del patrimonio natural, del sector forestal (y los incendios), caza y pesca, biodiversidad, cambio climático, vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Es una de las consejerías que más temas aborda, y eso que en 2022 Fernández Mañueco decidió que la gestión de las carreteras merecía una consejería propia (Movilidad y Transformación Digital). Durante los dos años de coalición con Vox, Suárez-Quiñones suavizó su discurso frente al cambio climático —el exconsejero de Presidencia y ahora alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, negó en 2022 que los incendios fueran como consecuencia del cambio climático y buscó a pirómanos como responsables, a pesar de que solo tres de los 17 grandes incendios de ese año habían sido intencionados— e incluso retiró las referencias a la Agenda 2030 en su Estrategia de Educación Ambiental.

Al frente continúa Suárez-Quiñones, que ha conseguido aguantar en el puesto a pesar de la presión política, social y mediática por su gestión de los incendios en 2022 —con tres muertos y 95.000 hectáreas quemadas en espacios naturales como la Sierra de la Culebra— y 2025 —cinco fallecidos y 143.880 hectáreas afectadas—. Está aún por saberse qué futuro deparará a uno de los consejeros más veteranos, con interrogantes como si volverá a encabezar la candidatura del PP por León al parlamento autonómico.

La presión que tiene Suárez-Quiñones

La figura de Suárez-Quiñones lleva años en cuestión, aunque crisis tan crisis consigue salir airoso: la última estaba relacionada con la empresa que dio un puesto directivo a su hijo —autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo—, y muchos todavía recuerdan los audios 'pinchados' por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y su 'Yo soy la Administración' al constructor y empresario mediático José Luis Ulibarri. Las Cortes de Castilla y León —en las que el PP perdió su fuerza después de la ruptura de Vox, puesto que Mañueco gobierna en minoría— reprobaron al consejero por su gestión forestal. Los sindicatos y organizaciones profesionales de extinción de incendios han pedido en muchas ocasiones su dimisión (y la del director general de Patrimonio Natural, el verdadero ideólogo de la gestión forestal, José Ángel Arranz, que lleva en el cargo desde 2007).

El último acto público de Suárez-Quiñones es prueba de la debilidad del actual gobierno: las formaciones de la oposición acordaron habilitar el mes de enero para forzar así la comparecencia en Cortes —la semana previa a la convocatoria electoral— del consejero y Arranz, que en total sumaron una duración de ocho horas. Una comparecencia que en un primer momento ofreció —solo ante los medios— Suárez-Quiñones, aunque luego no ha cristalizado hasta ahora, a pesar de que es habitual que el consejero comparezca después del periodo de riesgo alto de incendios para hacer balance.

Las críticas de los sindicatos

Los trabajadores llevan años reclamando un operativo actualizado para el siglo XXI y que funcione todo el año y la solución autonómica ha sido 'parchearlo' con dos decretos-ley no negociados con los sindicatos y que ha rechazado la cámara legislativa, lo que ha obligado a Fernández Mañueco a convertir en fijos los puestos de trabajo del operativo de incendios forestales que hasta ahora trabajaban con contratos fijo-discontinuos para decir así que en la próxima campaña el operativo estará todo el año. Los sindicatos están recrudeciendo su presión sobre el Ejecutivo autonómico: Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Consejería de Medio Ambiente por incumplir la Ley de Bomberos Forestales; mientras que CSIF ha presentado junto a UPL y Soria ¡YA! una Ley de Agentes Medioambientales, cuyo trámite deberá reanudarse con la nueva legislatura. También queda pendiente la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL).

La Consejería tiene otros frentes abiertos, como la paralización de cientos de denuncias medioambientales, que revierte en una menor seguridad para los agentes medioambientales y celadores que interponen las denuncias, puesto que los infractores se ven indemnes. Y todo, de nuevo, por falta de personal.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido ante las Cortes autonómicas para dar cuenta del balance de incendios de 2025 con dos meses de retraso sobre las fechas habituales, ya que tradicionalmente se suele hace en noviembre, tras acabar la campaña de incendios en octubre. En esta ocasión, tras los incendios más graves de la historia de Castilla y León se ha tenido que habilitar la primera quincena del mes en las Cortes de manera extraordinaria, a pocos días de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, disuelva el parlamento autonómico y convoque elecciones debido a la dilatación del consejero y el PP para dar explicaciones. “Vengo porque es mi devoción”, ha apuntado el consejero.

Su comparecencia ha tenido escasa autocrítica, echando las culpas a la extraordinaria meteorología del verano, en particular del mes de agosto y en concreto en la provincia leonesa, y responsabilizando también a los demás. Al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que deben vigilar.

Quiñones ha comenzado su comparecencia, realizada por PSOE y Vox, reprochando a la oposición la necesidad su comparecencia, al enumerar las explicaciones que se han facilitado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco desde el pleno extraordinario del presidente autonómico del 29 de agosto y las respuestas a preguntas de la oposición. “Confío permita resolver las cuestiones que los Grupos Parlamentarios, sus Señorías, consideren pendientes de explicación/aclaración”, ha asegurado. Acto seguido ha trasladado su solidaridad con los afectados por los graves incendios del verano, que dejaron miles de hectáreas arrasadas y cuatro víctimas mortales, y ha agradecido el trabajo realizado a los miembros del operativo.

Reparto de culpas: oposición, Estado, administraciones locales, incendiarios y meteorología

El consejero, juez en excedencia desde el 2012 que se dedica a la política, comenzó a desgranar la legislación que afecta a la extinción de incendios y sus sucesos, reprochando a la oposición que tumbaran los decretos aprobados por el Gobierno autonómico sin negociar con nadie, para señalar de formas concretas cuáles son las competencias de cada administración.

Suárez-Quiñones ha defendido en varias ocasiones que la Junta “cumple con sus obligaciones normativas” y ha señalado la falta de desarrollo reglamentario del Estado en materia de incendios forestales, recordando que siguen pendientes directrices clave sobre formación, normalización de medios y gestión común de emergencias previstas en la Ley de Montes

 “Ninguno de estos importantes desarrollos reglamentarios se ha efectuado por el Estado”, ha lamentado el consejero, quien ha defendido que la lucha contra los incendios debe basarse en la “colaboración y coordinación” entre administraciones.

A ello ha añadido la intencionalidad, especialmente en la provincia de León, donde reconoció que el 64 % de los incendios registrados entre junio y octubre fueron provocados. “León presenta una problemática específica y persistente”, ha afirmado, subrayando que la provincia concentró casi el 44 % de los incendios de nivel 2 de toda la Comunidad.

También ha atribuido el papel de los ayuntamientos y diputaciones, recordando que la normativa estatal atribuye a las entidades locales competencias en prevención, autoprotección y defensa de los núcleos urbanos. En este sentido, ha destacado que muchos pueblos siguen siendo “especialmente vulnerables” por la acumulación de combustible en su entorno inmediato

Quiñones ha señalado que la magnitud de los incendios no puede explicarse por fallos del operativo, sino por un escenario meteorológico “ni visto ni registrado hasta la fecha”, con una ola de calor de 16 días, humedades relativas de entre el 5 y el 20%, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y tormentas secas que provocaron múltiples igniciones casi simultáneas

 “Se han producido incendios que han superado ampliamente en pocas horas la superficie de un gran incendio forestal, con velocidades de propagación de hasta seis kilómetros por hora”, ha afirmado Suárez-Quiñones, quien llegó a señalar que en algunos casos los fuegos “han estado fuera de capacidad de extinción desde sus inicios”.

Además, atribuyó a “una alta carga de disponibilidad del combustible” la generación de “comportamientos explosivos”, que unidos a la “simultaneidad de grandes incendios” y otros factores como “alto riesgo de interfaz urbana tanto agrícola como forestal”, “intencionalidad” y “perímetros activos con alto número de superficie afectada”. “Agosto fue algo extraordinario, excepcional y desconocido”, ha remarcado.

La comunidad registró un total de 1.220 incendios

Según los datos de la Junta de Castilla y León que ha expuesto Quiñones, la comunidad registró un total de 1.220 incendios, un 10% menos que en 2024. A pesar de ellos la gravedad de los incendios asciende a las 143.880 hectáreas afectadas —más de seis veces que la media de la última década—, de las que 42.815 correspondieron a superficie arbolada. Todavía falta por conocer los datos de superficie agrícola.

La voracidad del fuego se deja ver en el índice de eficacia, que mide la superficie arbolada media quemada por incendio. En la última década pasó de 4,8 hectáreas en el período 2015-2024 a más de 35 hectáreas en 2025, evidenciando que los incendios que superaron la fase inicial alcanzaron dimensiones extraordinarias. Del mismo modo, el índice de gravedad se multiplicó por más de cinco, al quemarse en un solo año más del 1,3 % de toda la superficie arbolada de la Comunidad, el mayor dato de la serie histórica.

Desde el punto de vista territorial, el impacto se concentró especialmente en las provincias de León y Zamora, donde se registraron numerosos incendios de gran tamaño, muchos de ellos superiores a las 500 hectáreas. Las causas predominantes fueron los rayos y los incendios intencionados, lo que, unido a condiciones meteorológicas adversas,como ha señalado el consejero, y a una elevada carga de combustible, explica la aparición de 'megaincendios' tan difíciles de controlar.

Quiñones defiende el aumento en inversión

Frente a las críticas surgidas desde verano, el consejero ha defendido la actuación del operativo INFOCAL y ha explicado que su Consejería ha realizado un aumento de la inversión pública, asegurando que el presupuesto destinado a extinción se ha duplicado y que el dedicado a prevención ha crecido todavía más.

Según los datos expuestos por Quiñones, durante 2025, la Junta ejecutó más de 50 millones de euros en selvicultura preventiva, con actuaciones sobre más de 20.000 hectáreas, además de ayudas forestales, mantenimiento de cortafuegos y aprovechamiento de biomasa para reducir la carga de combustible.

El dispositivo de la campaña en situación de alto riesgo, de junio a octubre, contó con 4.720 profesionales, 33 medios aéreos con base en la Comunidad, más de 200 cuadrillas y casi 400 autobombas, a lo que se sumó la solicitud de refuerzos estatales y de otras comunidades durante los picos de simultaneidad de agosto .

 “El operativo ha mantenido una alta eficacia en el control temprano de los incendios”, ha apostillado Suárez-Quiñones, destacando que el 71 % de los fuegos se quedaron en conato, aunque reconoció que la simultaneidad y la duración de los grandes incendios dispararon la superficie quemada.

Plan de recuperación

Según el consejero de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León activó un plan de recuperación integral tras los incendios con el objetivo de restaurar los daños personales, materiales, económicos y ecológicos que ha cifrado en un presupuesto inicial de 114 millones de euros, de los que asegura ya están comprometidos 85,5 millones de euros.

De ellos, 21,76 millones de euros han sido para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad. La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo es de 3,62 millones de euros.

Promesas de futuro

Pese al horizonte de elecciones en marzo de 2015 el consejero Suárez-Quiñones ha detallado el plan 2026-2028 de gestión antiincendios, incluyendo las promesas de tener un operativo todo el año y que dependa de empresas públicas y no privadas como sucede hasta ahora. De las 111 cuadrillas existentes se renovará el contrato de 49 de ellas en 2026 pasando a depender de Tragsa tras el vencimiento de sus contratos privatizados, y operarán 12 meses al año en vez de los 9, 10 u 11 hasta ahora.

Para el 2026 ha asegurado que la dotación total será de 169,63 millones: 151 millones de los capítulos 6 y 7, a los que hay que sumar 16 millones de gasto de personal, y la subvención al Consejo Comarcal de El Bierzo para sus 5 cuadrillas que son 2,63.

En esta planificación está previsto que los medios aéreos de la Junta, actuales de 23 aeronaves, pasarán a ser 27 en 2026 y 33 en 2027. Se incorporarán 10 nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida entre los años 2026 y 2027. En 2026 se incorporarán las 4 primeras cuadrillas, 2 en León, 1 en Zamora y 1 en Ávila, las provincias más afectadas por los incendios.

Unidas Podemos pregunta a Vox si apoyará al PP de nuevo si Quiñones es consejero

En su turno el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha hecho una “pregunta clave” a Vox, planteando si estaría dispuesto a apoyar un futuro Gobierno del Partido Popular en el caso de que Suárez-Quiñones repitiera como consejero de Medio Ambiente, una cuestión que, según ha firmado, “es la única que de verdad interesa a la ciudadanía” ante las elecciones autonómicas.

Fernández también ha acusado a Suárez-Quiñones de comparecer “a rastras y obligado”, sin asumir “ni el más mínimo atisbo de autocrítica” tras una campaña que, a su juicio, se saldó con “180.000 hectáreas calcinadas, cuatro personas fallecidas y miles de damnificados”. Asimismo, ha leído un mensaje de los agentes medio ambientales que protestaban a las puertas del edificio de las Cortes pidiendo la dimisión del consejero.

El procurador ha calificado la intervención del consejero de “trufada de mentiras y falta de escrúpulos” y situó la responsabilidad política directamente en el Ejecutivo autonómico, al que acusó de haber “desmantelado, precarizado y privatizado” el operativo de prevención y extinción de incendios, así como de haber ignorado las lecciones de anteriores grandes fuegos como los de la Sierra de la Culebra en 2022.

En el turno de duplica, Pablo Fernández ha ironizado con que Quiñones hable de dificultades para determinar la intencionalidad de los incendios y a la vez señales que hay muchos provocados: “¿Es juez o pitoniso?”, ha apostillado.

Críticas de los grupos, menos del PP, que carga contra la financiación autonómica

Desde el PSOE, su portavoz en la comisión, Nuria Rubio, ha tachado la comparecencia de “decepcionante” y reprochó al consejero haber recurrido a datos generales y a la meteorología sin dar respuesta a las denuncias de colectivos profesionales y vecinos afectados. Rubio ha centrado buena parte de su intervención en las carencias del operativo, especialmente en los sistemas de comunicación, la falta de cobertura en incendios clave y las incoherencias en los registros oficiales, llegando a señalar que los bomberos forestales “fueron abandonados y puestos en riesgo”. La oposición también ha criticado que el consejero no haya nombrado a los cuatro fallecidos en los incendios y a otro fallecido en un conato.

El portavoz de Vox, José Antonio Palomo, ha indicado en que la campaña evidenció un fracaso estructural de la política de prevención, aunque defendió la profesionalidad de los servicios de extinción. Vox ha culpado al consejero de haber priorizado un modelo “burocrático y prohibicionista” que, a su juicio, ha favorecido el abandono del monte y la acumulación de combustible, y llegó a plantear la posible existencia de negligencias que deberían ser investigadas por los tribunales.

Por su parte, UPL–Soria ¡Ya! ha reclamado directamente la dimisión del consejero, al considerar que ni la Junta ni su presidente estuvieron “al volante” en los momentos más críticos de la emergencia. El grupo ha incidido en la relación entre incendios y despoblación rural, y ha criticado que, pese a reconocer la importancia de la ganadería extensiva y la gestión activa del monte, la Junta haya votado en contra de iniciativas concretas para impulsarlas.

El Partido Popular, en cambio, cerró filas con Suárez-Quiñones. Su procuradora Mercedes Cofreces ha defendido la comparecencia como “necesaria y transparente”, y ha respaldado la gestión del operativo INFOCAL y subrayó tanto la dificultad de actuar en una comunidad que concentra el 20 % del territorio nacional como el volumen de ayudas movilizadas tras los incendios, atribuyendo parte de las limitaciones presupuestarias al sistema de financiación autonómica.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado al consejero como la persona más “deshumanizada” de la política autonómica y ha contrapuesto que haya afirmado que todo “estaba bien” y que se necesitan el doble de medios, como con helicópteros que se tienen que duplicar “de un día para otro”.

“Es incomprensible que este señor siga dirigiendo a la consejería y mucho más incomprensible que se presente a las elecciones por esa tierra de delincuentes que él ha descrito a la precisión”, ha apuntado sobre la posible candidatura por León de Suárez-Quiñones

La ausencia de instructores jurídicos deja sin tramitar cientos de denuncias medioambientales en Castilla y León. Los servicios de Medio Ambiente de Castilla y León están colapsados por la falta de personal y un número indeterminado de denuncias medioambientales están a la espera de ser tramitadas o con unos procedimientos que han caducado por la sobrecarga. “Los servicios jurídicos que tramitan esto están bajo mínimos”, aseguran los sindicatos. La mitad de los puestos de instructor jurídico están vacantes o autorizados (pero no ocupados por un profesional), según ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. Poco importa qué tipo de agente ponga la denuncia: un celador, un guardia civil, un agente medioambiental (hay más de 700 en Castilla y León) o un guardia de campo.

“Lo de los servicios jurídicos es un desastre. Llegan las denuncias y dicen: 'que prescriben las que sean'”, denuncian los ecologistas. “Las infracciones leves ya ni las tramitamos porque el volumen ya sería brutal, pero es que las denuncias más graves no se van a tramitar y los infractores se ríen de ti”, lamenta un celador medioambiental, que prefiere mantener el anonimato. Aún se desconoce el impacto que tendrá esta situación en el número de infracciones no tramitadas, aunque elDiario.es ha pedido esa información a través del servicio de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Cada instructor jurídico tramita un tipo (o varios) de casos: caza y pesca, montes e incendios, residuos y calidad ambiental, etc.. La ausencia de uno (o más) de estos instructores jurídicos provoca un 'vacío' en esas áreas, cuyas infracciones dejan de tramitarse. “Puede ser que haya provincias que tramiten denuncias en montes, pero no en residuos”, explican desde CCOO. Por eso es tan difícil cuantificar la gravedad del problema.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija 26 puestos de instructor jurídico en el área de Medio Ambiente, tres en todas las provincias salvo en Salamanca, donde hay dos puestos. Sin embargo, hay 7 puestos vacantes: 2 en Burgos y uno en León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Además, se ha solicitado en 2025 la cobertura de dos plazas en Ávila, Burgos y Valladolid y una en León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. De estas, ya se han autorizado 6 plazas, que se espera que se cubran próximamente: dos en Ávila y uno en Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La Consejería de Medio Ambiente no ha querido explicar ni valorar qué supone esta situación que viven las Delegaciones Territoriales, pero hay asociaciones como Ecologistas en Acción que llevan meses alertando de la situación: “las denuncias no se tramitan, amontonándose expedientes que ni tan siquiera se inician, con riesgo serio de que en muchos casos caduquen sin resolver sobre el fondo de la cuestión”. El delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, lamenta que este puesto es “poco goloso económicamente” porque hay otros puestos similares con mejor retribución que el de instructor jurídico de Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, considera que se está “jugando con la seguridad de los agentes medioambientales”. “Todas esas denuncias se tienen que instruir y sancionar por parte de la Junta, que las deja caducar o prescribir y al final la gente se ríe de ti”, lamenta Escolar. Además de la inseguridad, CSIF agrega que la Junta de Castilla y León está perdiendo su capacidad recaudadora y reduce los ingresos económicos. CCOO agrega que una sola persona es insuficiente para tramitar los expedientes en todas las materias: “No da tiempo y las denuncias prescriben porque no se inicia el procedimiento”.

“Nosotros sabemos que casi todas las denuncias relacionadas con caza y vías pecuarias no llegan a tramitarse porque el interino se marchó y ahora es un desastre”, aseguran desde Ecologistas en Acción Palencia, que no tiene noticias del Servicio Territorial desde mediados de 2025. “Sabemos que algunos expedientes no se han abierto, tenemos un trámite pendiente de resolver desde 2023, por ejemplo, y hay otros cuatro o cinco en los que estamos personados y de los que no sabemos nada”, explica a elDiario.es el presidente de Ecologistas en Acción de Palencia, Alberto Fuentes.

Puestos vacantes desde hace años

En Palencia recuerdan que hasta 2023 no se resolvió una denuncia interpuesta en 2018: “El mismo agricultor ha vuelto a roturar en una zona de hábitat de la alondra ricotí en 2024, pero la especie ya no estaba catalogada como vulnerable, sino como especie en peligro de extinción. Y la Junta de Castilla y León mantuvo sus fundamentos de Derecho como si siguiera siendo una especie vulnerable. Hicieron copia y pega”, denuncia el representante de Ecologistas en Acción Palencia.

En Valladolid hay una plaza vacante desde agosto de 2023 y otra vacante desde septiembre de 2025. El año pasado se solicitó la cobertura de ambas plazas, pero solo una de ellas ha sido autorizada recientemente. Este jueves se notificó la adjudicación de la plaza a una funcionaria interina que tomará posesión “en los próximos días”. Según fuentes internas, en Valladolid falta un instructor que aborde las denuncias de Medio Natural, por ejemplo. “Es una vergüenza”, reprocha un trabajador público consultado por este medio.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en su sección de Régimen Jurídico, tiene establecidos tres puestos de jurídicos que se reparten diferentes campos. Un jurídico se encarga de los expedientes relacionados con “montes”, otro de los expedientes de “caza y pesca” y el tercero de los expedientes de “protección ambiental”.

Fuentes internas aseguran que en Burgos la persona que se encargaba de tramitar los expedientes de Protección Ambiental dejó su puesto en octubre de 2024, al igual que la persona que tramitaba los expedientes de Caza y Pesca, que también se marchó en marzo de 2025. Ambos empleados públicos causaron baja porque llevaban tres años como interinos en ese puesto. Estas plazas siguen sin cubrirse. Fuentes internas calculan que solo en Burgos podría haber cerca de doscientas infracciones denunciadas cuyo futuro es incierto.

El jefe de Burgos pide que intervenga la Inspección

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio. En julio del año pasado Ecologistas en Acción escribió un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos solicitando poner fin a dicha situación, aunque no se ha planteado ninguna solución. “A lo largo de estos tres años de contratación interina no se haya desatollado actuación alguna encaminada a cubrir las plazas de modo definitivo”, alertó hace seis meses, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes sindicales también critican que el Ejecutivo no haya convocado estas plazas en los procesos de estabilización de funcionarios.

Ecologistas en Acción advirtió entonces de “la impunidad absoluta” de los incumplidores medioambientales que deberían ser objeto de sanción. Poco después, respondió el jefe del Servicio Territorial que se había requerido la ocupación de esta plaza desde febrero de 2025. Además, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, uno de los funcionarios recibió 106 denuncias; y desde marzo hasta julio de 2025, el otro trabajador público recibió 67 denuncias. Ninguno de esos expedientes habían sido instruidos en julio del año pasado, según ha podido confirmar este periódico. Hace tan solo unas semanas, a finales de diciembre de 2025, la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos envió un escrito a la Delegación Territorial de Burgos pidiendo que se cubrieran las dos plazas vacantes.

El nuevo jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente descarga la responsabilidad sobre la Secretaría General de la Consejería, dado que ha pedido que se hicieran las gestiones convenientes en ocho ocasiones entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. “Esas plazas siguen vacantes no por desidia del Servicio Territorial, sino porque desde Secretaría General no consiguen que Función Pública autorice la cobertura de las mismas, ya que al haber estado ocupadas durante tres años por interinos, solo pueden ser cubiertas por personal funcionario o en un proceso selectivo”, señaló en un documento del 30 de diciembre, al que ha tenido acceso este diario.

El jefe de Servicio Territorial ha instado a la Junta de Personal a que haga “las gestiones oportunas” para cubrir las plazas, dado que está entre sus funciones “la defensa de los funcionarios”. Los trabajadores públicos temen que, cuando se cubran las plazas vacantes, dé carpetazo a todos los expedientes antiguos porque lo considerarán un trabajo “excesivo”, algo que ya ha sucedido en circunstancias similares.

PSOE y Vox fuerzan al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, a comparecer en las Cortes de Castilla y León por los incendios de este verano, en los que fallecieron cinco personas y que quemaron más de 150.000 hectáreas según los datos provisionales. La Mesa de las Cortes ha acordado este lunes habilitar la primera quincena de enero de 2026 como periodo extraordinario de sesiones a petición de “la mayoría absoluta de los procuradores”, según ha informado el parlamento a través de un comunicado.

En el último pleno, Suárez-Quiñones defendió que se había cumplido “bien” con la información sobre incendios a pesar de que no se han hecho públicos datos definitivos y no confirmó si iba a comparecer, como es habitual, en la cámara de representantes. “Quieren cazar pieza, acabar con el consejero y así atacar al Gobierno y al presidente (de la Junta)”, reprochó entonces. El gobierno de la Junta de Castilla y León ha comprometido en varias ocasiones la comparecencia de Suárez-Quiñones, que se produciría después de la tramitación de unos presupuestos que fueron rechazados por el parlamento autonómico.

Vox solicitó en septiembre la comparecencia de Suárez-Quiñones y de Arranz, y el PSOE pidió en diciembre la comparecencia de Suárez-Quiñones para valorar los resultados y conclusiones del operativo contra incendios. Además, se espera tramitar la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, registrada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! para incluir mejoras en los salarios y las condiciones laborales. PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea acordaron tramitar esta Proposición de Ley a finales de noviembre pese al rechazo del PP.

La propuesta para habilitar un periodo extraordinario de sesiones viene amparada por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.5 señala: “Las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, con especificación del orden del día, a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Procuradores, y serán clausuradas una vez agotado dicho orden del día”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Miguel Ángel García Nieto, ha asegurado que las explicaciones que dio el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por los incendios forestales antes de que acabara la temporada de riesgo alto de incendios “son suficientes”.

“Si da explicaciones el número uno, es decir, el presidente, yo creo que las explicaciones son suficientes”, ha respondido a los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre el hecho de que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, no haya realizado su habitual comparecencia tras la campaña de incendios.

García Nieto ha recordado las intervenciones del consejero en el parlamento autonómico en plenos y durante la presentación del anteproyecto del Presupuesto General de la Comunidad y ha acusado a los grupos de la oposición y en particular a la “unión voxcialista” de rechazar las Cuentas de la Comunidad, y de buscar “crear un circo mediático” y “hacer ruido” con los incendios forestales.

“Si hubieran querido de verdad atajar medidas para poner solución al tema de incendios, podrían haberse fijado en que en los presupuestos había muchas soluciones que no han querido aprobar, parece que se les ha olvidado y ahora lo único que haremos es estirar el chicle a ver hasta dónde llegamos”, ha opinado.

El viceportavoz popular ha incidido en que Suárez-Quiñones ha trasladado en varias ocasiones su disposición a comparecer, pero ha justificado que no haya dado cuenta por los fuegos de este verano en que “la actividad de las Cortes es la que es” y les han “atropellado los acontecimientos”, así como ha señalado que la comparecencia depende de los grupos parlamentarios y la Consejería.

La posición dada ahora por el PP difiere por lo que ha ido defendiendo hace una semana tanto por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo o por el El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes. Ambos defendían que su grupo tiene voluntad de que el consejero de Medio Ambiente comparezca en las Cortes para que analice y ofrezca el balance de todos los años sobre los incendios forestales de una devastación histórica este verano, pese a que sólo queda una comisión. Esa postura contrastaba con el argumento del propio Quiñones, que aseguró que la culpa de no haber comparecido hasta ahora era del Parlamento autonómico y no suya, deslizando que ya no le daría tiempo a hacerlo por la proximidad

Por su parte, tanto la portavoz socialista, Patricia Gómez, como el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se han mostrado dispuestos a habilitar el mes de enero para que el consejero dé cuenta del resultado de la campaña de incendios, aunque han señalado que no pueden registrar la petición hasta que culmine el período legislativo ordinario y carecen de la mayoría suficiente para hacerlo.

Gómez se ha referido a los incendios de verano como “la mayor tragedia social, humana y ambiental que ha ocurrido en Castilla y León” y ha criticado que Quiñones no haya dado ninguna explicación.

También ha reprochado a Mañueco que siga “escondido” y que no haya “vuelto a pisar los territorios arrasados por las llamas” aunque sí ha acudido a “hacer propaganda a otros territorios para vender su programa electoral”.

En Castilla y León sigue sin haber cifras oficiales de cuánto se quemó en la comunidad autónoma durante el pasado verano cuatro meses después del inicio de los peores incendios de su historia. Y no está seguro que el Gobierno del PP en la autonomía vaya a dar las cifras en sede parlamentaria, como hace cada año para hacer el balance de la temporada, ya que apenas quedan semanas para la disolución de la legislatura y el consejero de Medio Ambiente se resiste a hacerlo entre duras críticas de la oposición.

El 31 de octubre se cerró la peor temporada de incendios de Castilla y León y habitualmente en el mes de noviembre el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en el parlamento autonómico para poner cifras definitivas a la situación. Pero ni el consejero ni el verdadero cerebro del operativo antiincendios autonómico, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal José Ángel Arranz, han comparecido todavía en el legislativo. Solo el consejero ha dado cifras sueltas a preguntas parlamentarias pero no hay balance oficial. Mañueco tuvo que comparecer, obligado por la oposición, el 29 de agosto para responder sobre el operativo, pero todavía estaban los montes echando humo tras tres semanas sin parar de arder y sus datos fueron incompletos.

Quiñones ha echado la culpa a las Cortes de no tener fecha de comparecencia, tras haber retrasado el PP la misma por el debate de presupuestos, que se cayeron a mediados del mes de noviembre. El PP ha asegurado que habrá comparecencia, como exige toda la oposición, pero el calendario se aprieta y nada se sabe del balance de incendios.

De lo que quedan pocas dudas es que ha sido el peor año de incendios de las cuatro décadas de historia de la comunidad autónoma, en un año que se cebó especialmente con la provincia de León donde se han calcinado más de 100.000 hectáreas en cifras provisionales. Pero los grandes incendios forestales también afectaron de forma grave a Zamora, Palencia, Salamanca o Ávila con pérdidas patrimoniales incalculables en la Montaña Palencia, la sierra de Gredos o el patrimonio de la humanidad de Las Médulas, entre otros. Pero es que el anterior peor año de la historia de incendios fue solo hace tres, en el 2022, cuando los dos incendios en la zamorana Sierra de la Culebra calcinaron 55.000 hectáreas.

La única estimación provisional se proporcionó a finales de agosto y se cifraba en unas 150.000 hectáreas, pero la Junta de Castilla y León no ha proporcionado datos de edificios y negocios afectados, así como cabaña ganadera o biodiversidad arrasada. Para entender la comparación en todo Castilla y León entre el año 2006 y el 2017 se quemaron 169.000 hectáreas, prácticamente lo mismo que este año. Solo los registradores de la propiedad hablan de más de 1.000 edificios afectados de alguna manera en la provincia de León por los incendios forestales.

Los incendios del verano han costado cuatro vidas en la provincia de León, más una quinta persona que participó de voluntaria en una extinción en Salamanca y que falleció a los pocos días, pero que la Junta excluyó del recuento asegurando que fue por otros motivos. Además, hubo miles de desplazados por la cercanía de los incendios a las localidades así como cientos de afectados que vieron hogares, propiedades y negocios arrasados por el fuego.

Decretos antiincendios caídos sin negociar

La estrategia de la Junta de Castilla y León tras los graves incendios fue aprobar dos decretos sin negociar con nadie para intentar solventar las críticas al operativo, considerado insuficiente por sindicatos, oposición y sociedad civil. Mañueco señaló en sede parlamentaria que “tenemos un buen operativo” pese a la incapacidad de extinción demostrada este verano y Suárez-Quiñones ha mantenido una línea argumental parecida señalando que solo las circunstancias “extraordinarias” del verano por la ola de calor hicieron fracasar el operativo. Pero pese a esto se lanzaron a prometer un operativo público, dependiente de empresas del sector público en vez de las privadas que lo gestionan hasta ahora.

Primero el Gobierno de Mañueco lanzó un decreto de gestión forestal que incluía rebajas ambientales bajo la prevención de incendios. Eliminaba la autorización para el aprovechamiento de maderables y leñosos si el volumen es inferior a 100 toneladas (o 100 metros cúbicos) y suprimía los supuestos de autorización previa para la apertura de vías forestales que no supongan cambio de uso forestal, entre otras cuestiones.

A mayores la Junta de Castilla y León aprobó el nuevo modelo de gestión del operativo, que pasaría a ser 'público' cuando finalicen los contratos con el sector privado que rigen actualmente en la mayor parte del operativo. El Gobierno de Mañueco no negoció este asunto con ningún sindicato, que conocieron los textos pero sin negociar y lo rechazaron de plano, ni con ningún partido de la oposición. Al final los dos decretos han decaído por el rechazo de las Cortes autonómicas y tendrá que ser el nuevo gobierno que salga de las elecciones de marzo del 2026 el que diseñe un nuevo y necesario operativo, con el verano ya a las puertas.

El problema de Quiñones en León

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha activado mientras tanto la maquinaria electoral para intentar mantener en el poder al partido que gobierna la autonomía de forma ininterrumpida desde 1987. Actos de partido en todas las provincias y actos institucionales de todo tipo salpican su agenda semanal mientras que su consejero leonés, y presidente interino del PP de León, permanece en bajo nivel y acumula más actos públicos en Valladolid que en su provincia, donde fue la cabeza de lista autonómica en la cita del 2022.

Tras los incendios, el consejero de Medio Ambiente y el director general fueron objeto de una campaña ciudadana que llenó de carteles la provincia de León pidiendo sus dimisiones por la gestión del operativo, que se han ido extendiendo al presidente autonómico. El consejero ha estado semidesaparecido desde que tras los incendios realizó unas polémicas justificaciones de su presencia en Gijón cuando el fuego llegaba a Las Médulas, “Tenemos la mala costumbre de comer”. Mañueco tomó el mando comunicativo y Quiñones tardo un mes en volver a la esfera pública. Por su parte el director general José Ángel Arranz ha mantenido un perfil tan bajo que solo se ha dejado ver en escasas ocasiones y sin hablar nunca de incendios, que son parte de sus competencias. La última vez hace unos días para presentar una titulación sobre la gestión del lobo, donde reivindicó la gestión de la Junta sobre el animal en la calcinada Sierra de la Culebra.

Suárez-Quiñones debería ser, en la teoría, el cabeza de lista del PP a las elecciones por la provincia de León, por su posición como consejero como su mando en el partido provincial provisional. Buena parte del PP leonés considera que eso sería una decisión que les deja en una complicada situación electoral, pero asumen que será una decisión de Alfonso Fernández Mañueco en solitario y que poco tendrán que decir. Tanto si va en la lista como si se cae de la misma. En el PP se intenta descifrar la situación de Suárez-Quiñones mientras ha vuelto a acompañar al presidente Mañueco a todos sus actos en la provincia leonesa. Mañueco le manifestó su respaldo firme en las Cortes con un “Sí, le apoyo” y le agradece su labor en los actos del partido pero nadie conoce su futuro.

La oposición insiste en que Quiñones se vaya —“el Mazón de Castilla y León” le llaman— pero exigen que antes comparezca y ponga cifras a la tragedia ambiental y patrimonial de los incendios del verano del 2025, la mayor que se recuerda. Cifras de su dimensión y de lo que cuesta o costará a los ciudadanos salir de la misma. Tras los incendios del 2022 en Zamora en el balance el director general habló de que harían falta al menos diez años para recuperar la zona. Ahora mismo no se sabe ni cuánto se ha quemado ni mucho menos cuánto tiempo haría falta para recuperar lo perdido.

La oposición de las Cortes de Castilla y León, formada por PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, ha vuelto a imponer su mayoría parlamentaria al Partido Popular del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En esta sesión plenaria, tras tumbar la semana pasada con enmiendas a la totalidad el proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo autonómico, las siete formaciones han sacado adelante la votación para tramitar la proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, registrada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! para incluir mejoras en los salarios y las condiciones laborales, aunque no dará tiempo a aprobarla al no haber margen en esta legislatura.

El PP también ha visto cómo la oposición ha tumbado los dos decretos que ha presentado sobre el operativo de incendios forestales. El consejero de la Presidencia, Luis González Gago, quien ha presentado el primero de ellos, ha instado a los grupos a aprobar las dos iniciativas, ya que la campaña de incendios está “a la vuelta de la esquina” y hay unas elecciones en marzo. Gago ha defendido que el decreto era fruto de varias reuniones con representantes sindicales y que su derogación afectará a la preparación del dispositivo para el próximo verano.

Las medidas de la Junta: “sin escuchar” y “tarde y mal”, según la oposición

El consejero ha tratado convencer a última hora el sentido de voto los grupos. Durante el debate, el PSOE adelantó la semana pasada había anunciado su voto en contra y ha criticado que la Junta “legisle sin escuchar” a los profesionales del operativo. Vox, que había sido sondeado en la tarde del martes por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones para intentar salvar el decreto, también se alineó con el resto de grupos de la oposición al considerar que las medidas llegaban “tarde y mal”.

Las nuevas medidas previstas en los decretos contemplaban una inversión de 16 millones de euros. De ellos, 12,5 millones serían destinados a transformar a los fijos discontinuos en trabajadores estables durante todo el año y 3,5 millones para financiar un nuevo complemento específico para los bomberos forestales. Asimismo, la Junta quería contratará con Tragsa parte de los trabajos de prevención y extinción que hasta ahora se encargaban a empresas privadas. En paralelo, la Escuela de Administración Pública (ECLAP) prepara un programa de formación específico para los nuevos bomberos forestales a partir de 2026.

Los grupos han reprochado a la Junta haber presentado un texto “impuesto”, sin consenso sindical ni de la patronal forestal, y sin negociación previa pese a las protestas del sector ante la sede parlamentaria.

Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea ha criticado que la Junta recurriera a decretos ley “sin urgencia justificada”, mientras Unidas Podemos ha tildado de “vergonzoso e indecente” que se hubieran ignorado los informes de los representantes laborales. Por Ávila y UPL-Soria ¡Ya! han defendido en que el operativo necesita “reformas de fondo” y una planificación estable “más allá de la guerra política”.

El consejero de la Presidencia ha alertado de que la derogación del decreto compromete la preparación del dispositivo de incendios para 2026 y responsabilizó a los grupos de bloquear unas medidas “largamente reclamadas”. “Cada uno debe ser responsable de sus actos”, ha dicho , antes de lamentar que las Cortes hayan dejado sin efecto las reformas diseñadas para evitar otro verano crítico como el vivido en 2022 y 2025.

Quiñones asegura que “es la única oportunidad para dar seguridad”

Para Suárez-Quiñones los decretos sobre el operativo contra incendios son “la única oportunidad en términos de ley para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios forestales en la próxima temporada de verano”.

El segundo decreto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, también afrontaba modificaciones en la organización del operativo. Los grupos han rechazado por las mismas razones: ausencia de diálogo efectivo, oposición sindical y una reforma que consideraron insuficiente tras un verano marcado por los peores incendios forestales en la historia reciente de la Comunidad.

Este decreto creaba “anillos de seguridad” urbanos y modificaba varias leyes —montes, patrimonio natural, urbanismo y carreteras— con el objetivo de facilitar tareas preventivas, reducir burocracia y trasladar competencias a las administraciones locales. Suárez-Quiñones ha manifestado que el decreto introducía reformas necesarias para afrontar incendios de gran intensidad.

En el texto, según el consejero, recogía un “paquete relevante de reformas” dirigido a eliminar burocracia, integrar la perspectiva de la prevención en las administraciones, facilitar a propietarios públicos y privados la limpieza del entorno y el cumplimiento de normas que ya existen, entre otras cosas.

Los grupos han reprochado que la norma no contara con acuerdo social y que trasladara demasiadas obligaciones a ayuntamientos con escasos medios. El PSOE ha apuntado que los cambios no incluían incrementos de personal ni de recursos y que no constituían una estrategia forestal integral. Vox ha cuestionado el desplazamiento de responsabilidades hacia los propietarios forestales y dudó de la eficacia de las medidas.

UPL ha indicado que se pretendía cargar sobre entidades locales —incluidas juntas vecinales sin personal propio— obligaciones que la propia Junta no puede asumir. Por Ávila ha afirmado en que se imponían exigencias sin financiación adicional. Igea, por su parte, ha afirmado que Quiñones “hace tiempo se tenía que haber ido”. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, no ha intervenido al no encontrarse en el hemiciclo cuando ha sido llamado a la tribuna de oradores.

La Junta considera excesivo los 10 millones que costaría implementar la ley de agentes Medio Ambientales

La Mesa de las Cortes había trasladado al pleno el criterio contrario de la Junta, que considera excesivo el coste previsto de estas mejoras laborales, cifrado en unos diez millones de euros anuales. Pese a ello, la iniciativa fue respaldada por todos los grupos de la oposición, mientras el PP y los dos procuradores no adscritos, ex de Vox, optaron por la abstención. Solo ha votado en contra el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, que se ha confundido a la hora de marcar el voto.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha defendido que la regulación es “necesaria” para dar seguridad jurídica y reforzar el papel de los agentes medioambientales en la protección del territorio, especialmente en materia de prevención y extinción de incendios.

Durante el debate, PSOE, Vox, Unidas Podemos, UPL-Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto ha recordado que los agentes trabajan sobre más del 50% del territorio autonómico y han pedido una normativa específica acorde con la ley estatal aprobada hace un año. El PP, sin embargo, ha avisado del carácter “electoralista” de la propuesta y la imposibilidad de tramitarla antes de la disolución de las Cortes.

300 personas se manifiestan contra de los decretos de la Junta

A las puertas de las Cortes, varios centenares de trabajadores del operativo —unos 300 según fuentes policiales— se han concentrado desde primera hora de la mañana convocados por UGT, CCOO, CSIF, Uscal y CGT para denunciar lo que califican de “engaño”, “mentira” y “trampantojo” de la Junta con los decretos ley. Los sindicatos han acusado al Gobierno autonómico de intentar “vender” una reforma sin mejoras reales en vísperas de las elecciones autonómicas de marzo, y han exigido un operativo “estrictamente público”, “totalmente profesional” y permanente los doce meses del año. Según han apuntado, ni aumenta el número de efectivos ni los complementos específicos llegan a quienes “se queman las pestañas a pie de monte”, mientras las cuantías más altas recaen en personal alejado de la primera línea.

Los portavoces sindicales han coincidido en señalar que el texto ha sido una “imposición” sin negociación efectiva, y han recordado que también ha recibido el rechazo de asociaciones de propietarios forestales y de empresas del sector. “Cuando todos los colectivos afectados están en contra, será por algo”, han indicado antes de exigir a la Junta que “rectifique” y reformule el modelo para garantizar la profesionalización y la dignificación laboral del operativo. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron petardos y tocaron bocinas, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de este verano y ha mostrado pancartas reclamando un operativo “100% público”, además de figuras satíricas con las caretas del presidente Mañueco, del consejero Suárez-Quiñones y del director general José Ángel Arranz, a quienes han pedido su dimisión.

El responsable del área de Medio Ambiente de CSIF, Agustín Argulo, ha afirmado que el decreto “no mejora absolutamente nada” y mantiene los 4.700 efectivos que la Junta anuncia “cada año”, por lo que alertó de que “cuando llegue otro verano extremo, volveremos a vivir pueblos desalojados, casas quemadas y pérdidas de vidas”. UGT ha lamentado que el Ejecutivo busca únicamente “poner un parche” para tranquilizar a la ciudadanía antes de las elecciones, y CCOO ha criticado que la reforma “solo cambia cromos” entre empresas públicas, semipúblicas o privadas sin garantizar condiciones de empleado público. Uscal, por su parte, ha aseverado que hay un “ataque frontal” a los agentes medioambientales por la incorporación de 97 técnicos —una medida de 6,5 millones— que, según el colectivo, busca “solapar” sus funciones y erosionar su autonomía como policía medioambiental.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León está esperando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para trabajar en la Ley contra la despoblación, que prometió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en 2020 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Esta norma tendrá que esperar al próximo gobierno que se constituya tras las elecciones, previstas para marzo de 2026.

“Es una Ley que exige un consenso y todo esto que estamos haciendo: la Estrategia de Dinamización Demográfica, este Consejo, el informe de la OCDE que es muy importante”, ha enumerado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que “lo más urgente” era blindar por Ley los Servicios Públicos básicos en el medio rural. En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron —con los votos favorables de PP y Vox— esta Ley con el rechazo de todos los partidos de la oposición, porque pensaban que no garantizaría el mantenimiento de estos servicios.

El jefe de la división regional de Desarrollo Regional y Gobernanza multinivel de la OCDE, José Enrique Garcilazo, ha señalado que está terminando la primera fase del proyecto en el que participa Castilla y León, que está subvencionado por la Comisión Europea. “En cuanto lo tengamos todo listo vendremos a reportar todos los resultados”, ha avanzado Garcilazo, que ha preferido no dar un plazo para esta presentación.

La OCDE: “Esto va más allá de los cambios electorales”

También ha explicado que están viendo una “megatendencia estructural” en algunos países cuya población está decreciendo —entre ellos, Letonia, Japón, Corea y Lituania—, con dinámicas muy diferentes dentro de los territorios. “Los retos son mucho más fuertes para las regiones rurales. El 47% de las regiones rurales que están cerca de las ciudades están perdiendo población en los últimos 20 años”, ha indicado Garcilazo. Desde la OCDE se está trabajando con los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para ver cómo se puede afrontar a largo plazo esta tendencia. “Esto va más allá de los cambios electorales y de los cambios de gobierno. Muchos países de Asia como Japón y Corea están desarrollando una visión a 40 o 50 años para ver cómo pueden afrontar la situación”, ha señalado Garcilazo.

El Consejo para la Dinamización Demográfica, en el que están representados distintos sectores económicos, políticos y administrativos para evaluar políticas públicas para hacer frente al reto demográfico. “Es un órgano vivo, asesor y de participación social”, ha insistido Suárez-Quiñones, que ha destacado que la población ha crecido “de manera sostenida” desde 2022, con casi 40.000 habitantes más que hace tres años.

“Vamos por buen camino”, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha mencionado algunos pilares como la actividad económica o la calidad de vida como puntos de atracción de esta nueva población.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén, ha ensalzado el valor de estas administraciones para enfrentar el reto demográfico a través de medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 tres años, la atención a domicilio para las personas mayores y los servicios sanitarios, entre otros. “Somos interlocutores muy válidos con el día a día de los ciudadanos para coordinarnos como estamos haciendo con la Junta de Castilla y León”, ha reiterado.

La Junta de Castilla y León no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL) que le obliga a entregar información sobre las instalaciones energéticas eólicas y solares en la provincia de Burgos, reclamada desde hace más de tres años por Ecologistas en Acción.

Así lo ha asegurado este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en rueda de prensa en Valladolid, en la que ha defendido que la transparencia del ejecutivo autonómico en estos proyectos “es total”.

Quiñones ha explicado que en estos casos “la información es pública” y que tanto la ciudadanía como las organizaciones tienen acceso a todos los documentos técnicos, tanto durante sus durante su fase inicial como cuando se autoriza, ya sea a través de la web de la Junta como del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

“Hay que tener en cuenta que esto fue en el año 2021 y desde entonces hemos tenido casi 500 actuaciones de entrega de documentación: que en una de ellas haya habido una disparidad de criterios que haya conllevado que finalmente el Tribunal determine cuál es el criterio correcto, está dentro de lo mínimo”, ha afirmado.

“Que haya una sentencia en casi 500 entregas de documentación, creo que minimiza totalmente la cuestión y además la aceptamos de buen grado”, ha concluido, tras explicar que en este caso se discutía qué era información ambiental y el formato de la documentación solicitada y ha dado la bienvenida a la sentencia del tribunal.

Por su parte, Ecologistas en Acción informó ayer a través de un comunicado de la condena del TSJCyL y denunció “la opacidad y el desprecio” hacia la ciudadanía de la Consejería que dirige Suárez-Quiñones, que ha incidido en que no es la primera vez que este departamento impide el acceso a la información ambiental en proyectos de parques eólicos y solares.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado en las Cortes de Castilla y León las cuentas de su departamento para 2026, aún sin apoyos suficientes para ser aprobadas, con un total de 1.071 millones de euros, casi un 24% más que el ejercicio anterior. Según ha defendido, este incremento convierte a la Consejería en una de las de “mayor peso inversor” del Gobierno autonómico, al destinar más del 77% del gasto (825 millones) a proyectos de inversión.

De ese total, 663 millones corresponden al presupuesto directo de la Consejería, mientras que 408 millones dependen de sus entes públicos —Somacyl y la Fundación Patrimonio Natural—. El consejero ha asegurado que las cuentas refuerzan los ejes estratégicos de vivienda, protección del patrimonio natural, prevención de incendios y sostenibilidad ambiental, “con el reto demográfico y la cohesión territorial como telón de fondo”.

En materia de vivienda, Suárez-Quiñones ha destacado una dotación de 278 millones de euros, de los cuales 262,5 millones se destinarán a políticas de alquiler, rehabilitación y promoción de vivienda pública. Somacyl construirá 522 viviendas distribuidas en 36 promociones y finalizará otras 1.013 en régimen de ‘cohousing’. Además, la Junta comprará 55 viviendas para ampliar el parque público de alquiler y pondrá en marcha el programa 'Rehabitare' privado para rehabilitar inmuebles en el medio rural. El consejero ha defendido que “Castilla y León es la única comunidad no foral que abona todas las ayudas al alquiler a quienes cumplen los requisitos”.

En el área de infraestructuras y sostenibilidad ambiental, la Junta ha previsto 272 millones, un 38% más que el año pasado, con el objetivo de avanzar en el ciclo del agua, la transición energética y la gestión de residuos. Las inversiones incluyen 68,5 millones en redes de calor con biomasa forestal, 75 millones para depuración de aguas y 4,9 millones para prevenir inundaciones en municipios como Miranda de Ebro, Santa María de Huerta y Valladolid.

La Consejería también ha anunciado un nuevo catálogo tecnológico de medios y recursos de Protección Civil, dotado con 200.000 euros, y un incremento del 25% en el presupuesto de emergencias, hasta los 21 millones, para reforzar personal y medios, entre ellos un segundo grupo de rescate aéreo en León.

El operativo contra incendios: más inversión, mismo conflicto

Buena parte del debate se ha centrado en el operativo de incendios forestales, cuya financiación alcanzará 135 millones de euros, un 42% más que en 2025. Suárez-Quiñones ha defendido que este esfuerzo demuestra “el compromiso con la seguridad y el patrimonio natural”, destacando que las 111 cuadrillas terrestres (Romeo) pasarán progresivamente a integrarse en el sector público y trabajarán durante todo el año.

También ha anunciado 17 millones para cuadrillas helitransportadas y nocturnas, 11 millones para maquinaria pesada, 13 millones para aeronaves y casi cinco millones para renovar autobombas y bases operativas. Según el consejero, se trata de un “operativo permanente y moderno”, con nuevas tecnologías de videovigilancia y coordinación.

A las puertas de las Cortes, los sindicatos del operativo se han manifestado durante su comparecencia para reclamar su cese y denunciar la falta de medios. Y la oposición ha convertido la gestión de los incendios en el eje central del debate político.

Pablo Fernández asegura que Quiñones es “el Mazón de Castilla y León”

Los portavoces de la oposición han coincidido en exigir la dimisión de Suárez-Quiñones por su papel en los incendios del verano. El socialista Miguel Hernández ha calificado la comparecencia de “bochorno institucional” y ha recordado que el consejero “ha sido reprobado por las Cortes y está investigado por la Fiscalía”. En su opinión, los presupuestos son “desalmados e indolentes”, con mucho “cuento y propaganda electoral” y poca ejecución. “Menos fotos y más cortafuegos”, ha resumido.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha ido más lejos y ha asegurado que el consejero “es el Mazón de Castilla y León, porque no ha asumido ninguna responsabilidad tras los incendios”. Fernández ha acusado al PP de haber “aniquilado el medio ambiente” y ha criticado que sólo el 0,87% del presupuesto se destine a vivienda pública. “Con este modelo es imposible que la gente pueda vivir en esta Comunidad”, ha lamentado.

Quiñones asegura que fue una “chulería” decir que “tenía la costumbre de comer”

También ha afeado que cuando comenzaron los incendios estuviera de comida en Gijón y el presidente Mañueco en Cádiz “tomando el sol”. Ante esto, Quiñones ha calificado de “error” la respuesta —dijo que “tenía la costumbre de comer”— que dio a un periodista cuando se le preguntó por la comida en Gijón. El consejero ha afirmado que fue “chulería” o “una sobradez” y se arrepintió. “Fue un error estúpido derivado de los momentos que vive uno en esos momentos y que uno no controla las cosas, esa es la verdad de todo esto”.

Sobre esa comida, Quiñones ha indicado que estuvo en Gijón “defendiendo” ante las autoridades y los empresarios locales la necesidad de compromiso con León junto a otros responsables políticos de UPL, PSOE y también Vox. “No estaban haciendo mal, estaban haciendo lo que tenían que hacer: representando y defendiendo los intereses de su Comunidad en un acto oficial”, ha explicado.

Por parte de Vox, José Antonio Palomo ha acusado al PP de “rendirse a la decadencia” y de haber optado por la “continuidad”. “Estos presupuestos son el reflejo de una gestión sin rumbo, que expulsa a miles de familias”, ha denunciado. Y la procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, ha hablado de “maquillaje contable” y “promesas incumplidas”, recordando que las 279 viviendas prometidas en Ólvega siguen sin ejecutarse desde 2009. “No queremos oír vamos a hacer, queremos oír hemos hecho”, ha reclamado.

El consejero se defiende: “Estoy legitimado, es mi obligación”

Suárez-Quiñones ha replicado con firmeza. Ha afirmado que su actuación ha sido “rápida y eficaz” desde 2022 y que “de momento estoy yo en la Consejería, y lo estamos haciendo con una acción sin precedentes”. Ha negado que haya habido un cambio de paradigma en el operativo de incendios y ha asegurado que se trata de “una continuidad del modelo acordado con los sindicatos”.

También ha insistido en que la extinción de incendios es una “competencia compartida” con el Gobierno central y ha atribuido las críticas de la oposición a la “proximidad electoral”.

La procuradora del PP Mercedes Cófreces ha cerrado filas con el consejero y ha descrito las cuentas como “excelentes y responsables”, con capacidad para construir una Castilla y León “más sostenible y cohesionada”. “Es una responsabilidad compartida de todos los grupos”, ha afirmado.

Los sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León han criticado este viernes el contenido de los decretos ley aprobados por la Junta para reformar el operativo de prevención y extinción de incendios, que ven como un “trágala” sin negociación y que han sido presentados con “mala fe”, por lo que estudian vías legales para impugnarlos precisamente por ausencia de negociación.

En primer lugar, el responsable del sector de Servicios Públicos de UGT-CyL, Tomás Pérez, ha declarado a EFE que están “muy enfadados” con la Junta por su “mala fe negociadora”, ya que no ha dado opción a modificar alguna de las cuestiones planteadas en los decretos, pese a las demandas sindicales de abrir un verdadero diálogo.

Por este motivo, Pérez ha anunciado que los servicios jurídicos del sindicato analizan las posibilidades de recurrir una normativa que, de ser convalidada en las Cortes de Castilla y León, habría obviado la necesaria negociación con la representación de los trabajadores, algo que ya llevaron a los tribunales hace años y que ganaron en el caso de la publicación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de la Junta, ha recordado Pérez.

Sobre el contenido, UGT cree que no hay una mejora sustancial en las condiciones, más allá de lo que la Junta está “obligada” por las leyes ya aprobadas, como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero ha rechazado la solución dada por la Consejería a la consideración pública de todo el operativo, por la vía de la contratación con la empresa pública Tragsa: “Que no nos engañen con las palabras”, ha advertido.

Pérez ha destacado que si el propio presidente Mañueco decía, cuando este verano había desplegados numerosos medios procedentes de otros puntos del país y del extranjero, que no eran suficientes y pidió más, este planteamiento de operativo no puede incluir las mismas personas que había en años precedentes.

Trágala y maquillaje

Por su parte, el sindicato CCOO de Castilla y León ha rechazado el contenido de los decretos ley, que considera “un trágala” de la Consejería de Medio Ambiente que busca “maquillar” la situación tras los graves incendios del pasado verano.

En declaraciones a EFE, el coordinador de Agentes Medioambientales de CCOO-CyL, Jorge Nieto, ha remarcado que “nunca” la Consejería ha llamado a los representantes de los trabajadores para abordar el contenido de estos decretos, por lo que ha negado que se haya negociado su contenido con los sindicatos, como ha hablado la Junta.

En la situación actual, este sindicato rechaza la convalidación de los decretos en las Cortes porque las cuantías de subida de salarios para empleados públicos genera desigualdad de trato y no atiende las mayores necesidades de quienes “se queman las pestañas en los fuegos” y, por otra parte, el planteamiento de contratar exclusivamente con Tragsa no responde a la exigencia sindical de que los integrantes del operativo sean personal laboral de la Junta.

En opinión de Nieto, con el recurso de contratar con la empresa pública Tragsa en lugar de con otras empresas privadas, la Junta trata de “quitarse un marrón” y, aunque ha reconocido que las condiciones laborales serían mejores por contar con un convenio mejor que el existente en el sectorial, no alcanzan las que merecen como personal laboral.

Sobre la continuidad de Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente y José Ángel Arranz como director general de Patrimonio Natural y Gestión Forestal, Nieto ha considerado que ambos están dando “sus últimos coletazos” para intentar dejar “su firma” en la reforma del operativo, pero les ha descartado como interlocutores y ha reclamado nuevamente su dimisión.

Estos decretos fueron aprobados la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y serán debatidos y votados para su convalidación o no el próximo 26 de noviembre en las Cortes de Castilla y León, sin que por el momento el Gobierno autonómico haya iniciado conversaciones con los grupos parlamentarios para buscar el respaldo.

Al contrario de lo que ocurre con los proyectos de ley o las proposiciones de ley, en el caso de los decretos no hay margen para la modificación y la inclusión de enmiendas, por lo que en caso de llegar a algún tipo de acuerdo para modificarlos la opción pasaría por la redacción de un nuevo texto y su aprobación de nuevo en el Consejo de Gobierno, pero los plazos son escasos por la cercanía del final de la legislatura.

Además, esta situación se agrava porque acaba de comenzar también la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, que tiene preferencia sobre el resto de cuestiones, aunque en este caso están interconectadas, ya que la Junta ha asegurado que en las cuentas hay partidas contempladas para dar cumplimiento a lo previsto en los decretos.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido el “importante refuerzo” del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León previsto para 2026, con mejoras en materia de personal y estructura.

“Lo que ha anunciado el presidente y yo mismo en las Cortes es el refuerzo de la estructura del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, por tanto, muchísimas mejoras en materia de personal y en el número de personas que trabajarán en él”, ha asegurado Suárez-Quiñones en respuesta a preguntas de los periodistas en Palencia con motivo de las protestas convocadas por los agentes medioambientales este martes coincidiendo con el pleno de las Cortes.

Los sindicatos han denunciado que la contratación de 90 técnicos forestales incluida en el proyecto de presupuestos no ha sido consensuada con la representación sindical y que la figura del bombero forestal continúa fuera de la negociación.

En respuesta, el consejero ha subrayado que “es lógico que siempre haya reivindicaciones por parte de los sindicatos, que luchan por los intereses de los trabajadores”, y ha insistido en que la Junta mantiene el diálogo abierto.

“Contamos con los sindicatos en la mesa de negociación. Estas reclamaciones entran dentro del juego normal de cualquier reforma que afecte a personal público”, ha señalado.

Suárez-Quiñones ha pedido dejar que “las cosas transcurran” y ha confiado en que se alcance “el máximo acuerdo posible” en torno al futuro del operativo autonómico contra incendios.

La idea de la integración ferroviaria en Valladolid ya estaba tocada de muerte, pero este lunes, tras la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) comienza largo camino para la disolución de la entidad que acabará seguramente, como ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en juicio. “Aquí terminó la historia. Lo otro es el corolario”, ha resumido el exalcalde de la ciudad.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, da por cerrada la etapa de la integración ferroviaria de Valladolid. El ministro ha anunciado este viernes que promoverá la disolución y liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), tras el bloqueo de los nuevos pasos de Ariza por parte del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. “Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba”, ha apuntado Puente, que acusó a ambas administraciones de “boicotear” la integración y de actuar “sin ninguna base técnica”.

La reunión del consejo de administración de la SVAV ha terminado sin acuerdo en ninguno de los tres puntos del orden del día: la licitación de los pasos de Ariza, el convenio con el Ayuntamiento para el paso de Unión y Pelícano, y la convocatoria de una junta general para acordar la disolución de la sociedad. La negativa del Consistorio y de la Junta a aprobar las obras de Ariza, valoradas en más de 20 millones de euros, impidió alcanzar la mayoría cualificada del 75 % que requieren los estatutos.

Según el ministro, el rechazo municipal y autonómico supone “un perjuicio grave” para la sociedad, que dispone de 100 millones de euros en caja y proyectos técnicos valorados en un millón listos para ejecutar. “No se ha aportado ningún informe que justifique una decisión tan grave. No hay estudio alguno sobre movilidad ni argumento técnico que sostenga que las obras de la estación y las de Ariza sean incompatibles”, ha asegurado Puente. “Lo único que hay es voluntad de no hacer nada. Es una decisión política y, desde luego, irresponsable”, ha apostillado.

Disolución judicial

Puente ha afirmado que Adif solicitará la convocatoria de una junta general para disolver y liquidar la SVAV, y que, si los socios se niegan, el Ministerio acudirá al juzgado de lo mercantil. “Los órganos societarios están paralizados y la sociedad ya no cumple su fin social. Por tanto, procederemos a su disolución ordenada”, explicó. En el proceso, se repartirán los activos y pasivos —incluida una deuda de unos 400 millones de euros— entre las tres administraciones.

El ministro ha matizado que el Ministerio mantendrá su inversión en la nueva estación ferroviaria, la terminal intermodal y la variante de mercancías, pero consideró “cerrado” el capítulo de la integración ferroviaria urbana. “Quien quiera seguir bailando la danza del soterramiento, que lo haga solo. El Ministerio y Adif no lo harán más”, ha aseverado.

Según Puente, el Ayuntamiento ha defendido la imposibilidad de acometer las obras de la estación y solaparse con los pasos de Ariza por una afectación a la movilidad. Con un horizonte de cuatro años de obra en la terminal de trenes, Puente ha recordado que los pasos de Ariza podrían caducar si no se licitan en los próximos años: “Cuando terminen los 42 meses de obras de la estación, los proyectos ya no valdrán, y habrá que empezar de cero”.

Junta y Ayuntamiento niegan la causa de disolución

Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid rechazaron frontalmente la decisión del Ministerio. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha tildado de “injustificada” la iniciativa del ministro y ha negado que exista causa legal alguna para disolver la sociedad. “No se han alegado motivos concretos ni hechos que encajen en ninguna causa jurídica. La sociedad sigue teniendo objeto útil”, ha defendido. Según el consejero, el Ministerio intenta forzar la disolución “por razones políticas” y advirtió de que, si el caso llega a los tribunales, “allí se verá”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apostado por la continuidad de la sociedad y aunque ha seguido manteniendo su postura a favor del soterramiento del ferrocarril, su gran caballo de batalla como proyecto de ciudad. “Queremos transitar de la integración al soterramiento, pero sin salirnos ni del convenio ni de la sociedad”, ha remarcado. A su juicio, la negativa a licitar los pasos de Ariza responde a “una cuestión de sentido común”: “No nos hemos opuesto a los pasos, solo creemos que ahora no tocan, porque la obra de la estación, de enorme envergadura, colapsaría la movilidad si coincidiera con ellas”.

Carnero ha agregado en que el Ayuntamiento “seguirá trabajando por la ciudad” y que no permitirá imposiciones del Ministerio. “A Valladolid no se le imponen las actuaciones. Nadie me va a marcar los tiempos”, ha afeado a Puente. Asimismo, el regidor ha anunciado que el próximo jueves la Mesa del Soterramiento para analizar la situación tras el choque con el Gobierno. “La integración no sirve a los vallisoletanos; lo que necesitamos es un modelo de ciudad distinto, el del soterramiento”, ha apuntado.

Bloqueo total

La SVAV, creada en 2017 para ejecutar la integración en superficie del tren en Valladolid, vive su momento más crítico. El enfrentamiento político entre las administraciones ha dejado bloqueados casi todos los proyectos del convenio de 2017. Puente lamentó que en los últimos años “solo se hayan completado dos pasos” y que la Junta incumpla su compromiso de levantar una nueva estación de autobuses en los talleres de Renfe, mientras “invierte cinco millones en reformar la actual”.

El ministro comparó la situación con la de otras ciudades “donde sí ha habido acuerdos” para la integración, como Granada o Santander. “En Valladolid no se puede seguir, porque el Ayuntamiento defiende el soterramiento y boicotea la integración”, ha reprochado. Para Puente, la decisión de Junta y Ayuntamiento aboca a la ciudad a “dos años sin integración ni soterramiento”.

“Es triste —ha lamentado Puente—, pero es la decisión legítima de quienes gobiernan Valladolid. Nosotros cerramos esta página. El Ministerio de Transportes no va a seguir en el baile”.

El PSOE de Valladolid acusa a Carnero y Mañueco de “condenar” a Valladolid

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de “boicotear” a la integración ferroviaria forzando la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Para los socialistas ambos asestan “un golpe decisivo al futuro inmediato y a las perspectivas de desarrollo a corto, medio y largo plazo de Valladolid”.

Según han indicado, el PP promueve “una parálisis” de los compromisos vigentes, “frena la economía local, judicializa un proyecto esencial y abre la puerta a una factura millonaria que hipotecará durante décadas el presupuesto municipal, los servicios públicos y las inversiones que necesitan los barrios”.

Asimismo, han señalado que Valladolid “pierde inversiones ya comprometidas y se arriesga a asumir una deuda millonaria vinculada a la sociedad, además de renunciar a cerca de 80 millones de euros en obras de permeabilidad, accesos y reurbanización que estaban previstas”. “Es una decisión irresponsable que condena a la ciudad a la incertidumbre y a la pérdida de oportunidades”, ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero.

“La contumacia y cerrazón del alcalde son inaceptables. Jesús Julio Carnero juega con el futuro de la ciudad, hace daño a Valladolid de forma irreversible y lo hace con plena conciencia de lo que hace, lo que confirma su mala fe y la gravísima irresponsabilidad que comete. Le exigimos que rectifique de inmediato, que cumpla el convenio en vigor y que deje de bloquear unas actuaciones que solo traen beneficios para Valladolid. No hay ninguna justificación técnica ni económica para dinamitar la integración; solo hay un cálculo partidista que pone por delante los intereses del PP frente al interés general”, ha considerado el portavoz socialista.

Una buena gestión forestal, que pasa por el asociacionismo, como ocurre en Soria, requiere normativa, presupuesto y personal adecuados, ha planteado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas tras celebrar una reunión con el presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera, Roberto Bravo.

Suárez-Quiñones ha explicado que la Mesa de la Madera es un órgano intersectorial que resume todo el sector forestal, tanto los propietarios particulares con la industria, como la totalidad del sector forestal de Castilla y León, teniendo en cuenta que en esta Comunidad, de los 5,1 millones de hectáreas forestales, algo más de la mitad no son públicas, son de particulares.

Ha calificado el encuentro de cordial, lo ha situado dentro de las reuniones que se llevan a cabo de forma periódica y ha dicho que la Consejería ha expuesto las medidas que se están poniendo en marcha para favorecer la prevención en el monte, las infraestructuras de defensa antiincendios, la inversión en esas infraestructuras de prevención y defensa en el monte y el refuerzo del operativo. Los asistentes al encuentro han evaluado prevención de incendios, la extinción de los fuegos y una parte previa que es la gestión forestal.

Donde hay una buena gestión forestal, hay prevención y, por tanto, hay menos necesidad de actuar en extinción, ha expuesto Suárez-Quiñones, quien ha considerado que la mejora de esa gestión se lleva a cabo a través de “normativa adecuada, presupuesto y personal adecuado para su gestión”.

Sobre la normativa, ha manifestado que, desde el año 2022, con los incendios que se registraron en ese periodo, se ha introducido y está en vigor una serie de normas, en concreto un decreto del año 2024 sobre el cambio de uso forestal agrícola y un decreto del año 2025 que regula el aprovechamiento de los montes de particulares. También ha citado un decreto publicado en agosto, en el que se llevaba dos años trabajando, centrado en la gestión forestal.

“Son tres normas muy relevantes y hemos quedado en tener jornadas para estudiarlas, maximizar sus efectos y que, por tanto, formen parte de esa mejora y ampliación de la gestión”, ha añadido. Además, el consejero ha mencionado como una parte muy relevante dar apoyo a los propietarios privados, que son más de la mitad del territorio forestal, que tiene esa característica del minifundismo.

Medidas para el asociacionismo forestal

En este sentido se ha referido a la necesidad de tomar medidas para el asociacionismo forestal y ha puesto como ejemplo Soria, un territorio de mucho monte, con mucho asociacionismo forestal, donde no hay incendios forestales, se aprovecha al monte y por tanto ese modelo es en el que se está trabajando desde hace tiempo para tratar de llevarlo a la parte oeste de la Comunidad, que es donde se producen los mayores incendios.

“Hay que apoyar a esos propietarios particulares para su asociación, para favorecer la gestión y que sea de interés económico”, de manera que se constate que se saca un aprovechamiento de ese pequeño monte que tiene en unión de los demás y también los apoyos económicos fiscales necesarios para que eso sea así.

“El paquete de gestión es un paquete normativo que ya tenemos en marcha y que vamos a trabajar en el”, ha resumido. Esa serie de medidas abarca también dedicación a más personal y el señalamiento y gestión de la madera que es extraíble. Bravo ha expresado que ha trasladado al consejero la colaboración del sector de cara a la solución de los incendios y el cambio de modelo que se debe abordar tras varios años de incendios, que van a seguir existiendo.

Ha apostado por la gestión forestal como uno de los pilares fundamentales ante esos fuegos, ha recordado que el sector forestal se enclava en su totalidad en el entorno rural y ha abogado por aprovechar un recurso completamente local y generar así actividad donde más se necesita, en una Comunidad despoblada y con una gran extensión,.

“Tenemos que lograr ese arraigo del personal rural con el territorio”, y una forma de hacerlo es unirle a ese sector forestal, ha considerado Brabo, para el que la única forma de hacerlo es con políticas activas que permitan la gestión de esos montes. Se trata de la gestión no solo en la movilización de recursos, sino también en la prevención y en la preparación del terreno, ha opinado.

“Somos más de 700.000 propietarios forestales, micropropietarios forestales, y tenemos que trabajar en la dirección de poder facilitar a esos propietarios forestales que gestionen su microparcela porque al final son muchas pequeñas parcelas que ahora mismo están en estado de abandono, causando también un desarraigo”, ha argumentado. Para dar la vuelta a esa situación, ha propuesto facilitar e incentivar al pequeño propietario para que esa pequeña parecela se ponga en valor, se mantenga limpia y sana y de alguna forma mucho más fuerte con respecto a los a los posibles incendios. Ha especificado que la gestión forestal se excluyó en su día de la ley agraria y ha demandado que vuelva a incluirse.

El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha solicitado a la Comisión de Ética Pública que investigue el papel jugado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respecto a la empresa que contrató a su hijo y que presuntamente se benefició de trámites firmados por el propio consejero, según una investigación de elDiario.es.

Igea ha alertado del posible “grave conflicto de intereses” en el que podría haber incurrido Suárez-Quiñones, al autorizar el pasado 30 de julio la instalación en la provincia de León de un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos a favor de un grupo empresarial en el que su propio hijo figuraba como directivo.

Además, ha añadido Igea, el consejero “avaló la reforma de una cabaña destinada a vivienda en un parque natural, vinculada a otra sociedad cuyo accionista mayoritario también ha dado empleo a su hijo”. El procurador del Grupo Mixto hace referencia a la segunda de las investigaciones publicadas por este medio que señala que el consejero legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo

El procurador reclama que se evalúe si “estas decisiones vulneran lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, en particular sus artículos tercero y cuarto”, que exigen evitar cualquier actuación que pueda generar un beneficio personal o familiar. “Estamos ante una situación que compromete la credibilidad de las instituciones y erosiona la confianza ciudadana. No se puede gobernar con un pie en la administración y otro en los intereses privados de la familia”, ha señalado Igea en su comunicado.

La información, a raíz de una investigación de ILEÓN y elDiario.es, recogía, por un lado, el visto bueno ambiental a un macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en San Justo de la Vega, cerca de Astorga, que había acumulado numerosos y duros informes en contra de técnicos de la Junta. Además, el consejero también firmó para la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, reforma que había denegado el Ayuntamiento y contaba con informe en contra de la Comisión de Urbanismo de la propia administración autonómica.

“Haga usted como yo, no se meta en política”. Dicen que eso aconsejaba Franco a influentes afectos al régimen -cuentan que uno fue el escritor José María Pemán- cuando le iban con sus cuitas quejándose del trato recibido por parte de otros prebostes del franquismo. Y algo equivalente viene a ser lo que manifestó el pasado jueves el consejero Portavoz de la Junta, el incombustible Carlos Fernández Carriedo, a propósito de la reprobación parlamentaria de la que fue objeto un día antes el consejero contra el Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Carriedo ha lamentado que las Cortes se utilicen para la confrontación política. Acabáramos. Por lo visto, el consejero Portavoz no se entera de cómo se las gasta su partido en el Congreso y no digamos del uso que hace de su mayoría absoluta en el Senado.

A la par que consejero de Economía y Hacienda del gobierno Mañueco, Carriedo lleva desde el siglo pasado encadenando cargos públicos, bien en la Junta, donde ha sido titular de cuatro consejerías a las órdenes de tres presidentes diferentes, o en las Cortes, donde ocupa escaño por Palencia ininterrumpidamente desde in illo tempore. Con esa trayectoria, nadie se extrañará que “El topillo” le tenga definido como “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”.

Pues bien, después de 30 años en política -su primer cargo público, director general de Presupuestos, data de 1995, año en el que la malograda Isabel Carrasco era titular de la consejería de Economía y Hacienda- Carriedo sigue teniendo alma de funcionario. O al menos así actúa para escaquearse cuando se le piden cuentas políticas. Lo vimos palmariamente en su contestación a las dos preguntas orales que tuvo que responder en el pleno de las Cortes de la pasada semana. Las dos las formulaba Vox y en ambas la respuesta consistió en leerle al procurador interpelante la normativa vigente en la materia.

La segunda de ella planteaba si la Comisión de Ética Pública existente en la Junta no debiera analizar la actuación de Suárez Quiñones en torno a la autorización por parte de la consejería contra el Medio Ambiente para instalar un macrovertedero en León promovido por el tinglado empresarial de Macario Fernández, que ha tenido empleado como alto ejecutivo a un hijo del consejero.

La “independencia” de la Comisión de Ética

Aparte de leer la normativa, Carriedo, sin que se le escapara ninguna risa, tuvo el desparpajo de remitirse a la “independencia” de una Comisión que está integrada por tres representantes de la Junta -entre ellos el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que la preside- y tres representantes de las Universidades designados asimismo por el gobierno autonómico. No es extraño que ante las denuncias presentadas en su día por el procurador Francisco Igea a propósito de las declaraciones incendiarias contra la inmigración realizadas tanto por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, como por el no menos infausto consejero de Trabajo, Mariano Veganzones, la susodicha Comisión de Ética Pública concluyera por unanimidad que ni uno ni otro habían incumplido el Código Ético al que están supuestamente sometidos los altos cargos de la Administración Autonómica. Declaraciones antidemocráticas aparte, García-Gallardo y Veganzones, que en gloria política estén, participaron en concentraciones ultras convocadas ante sedes del PSOE, sin que la Comisión considerara oportuno intervenir de oficio. El Código Ético afirma literalmente que los altos cargos “en actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”.

A Carriedo, pues, hay que recordarle que, salvo un breve paréntesis durante la etapa de Juan Vicente Herrera en la que solo fue procurador, lo que se dice como funcionario lleva más de 30 años en situación de excedencia especial por designación o elección como cargo público. En la práctica, su carrera funcionarial concluyó cuando fue saltó a la dirección general de Presupuestos desde la jefatura de Servicio que desempeñaba ya en tiempos del consejero de Economía del gobierno Aznar, Miguel Pérez Villar, aquel que resultara condenado por prevaricación por las fraudulentas ayudas que dieron lugar al “caso de la minería”. Y ahí lo dejo.

En estricto cumplimiento de sus obligaciones, lo que a estas alturas ya debiera haber hecho el actual consejero de Economía, es elaborar y presentar la propuesta de “techo de gasto” a someter a las Cortes como paso previo y preceptivo para tramitar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026. Y seguimos sin tener noticia alguna al respecto.

Una engañifa sin precedentes

A propósito de la obligación estatutaria de presentar anualmente ante las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hace un año la Junta, con el presidente “Fonsi” y el consejero Carriedo a la cabeza, perpetró una tomadura de pelo sin precedentes. El mismo día en el que expiraba el plazo establecido en el Estatuto, el 15 de octubre, Mañueco y Carriedo presentaron en rueda de prensa un “borrador” simulando que cumplían el mandato estatutario. Y la inmensa mayoría de los medios de comunicación, agradecidos al pastizal que reciben de la “chequera mediática” del gobierno Mañueco, dedicaron amplios espacios a lo que no era otra cosa que unos Presupuestos “fake” que nunca llegaron al registro de las Cortes, ni siquiera después de que recibiera luz verde el “techo de gasto” y de que el pleno de la Cámara reclamara por unanimidad a la Junta el obligado envío al Parlamento del correspondiente Proyecto de Ley.

Lógicamente, un año después la Junta no puede repetir semejante engañifa, aunque está por ver que por segundo año consecutivo no haga exactamente lo mismo que no se cansa de reprochar el PP de Núñez Feijóo al gobierno de Pedro Sánchez: pasar de presentar ante el Parlamento el Proyecto de Presupuestos para el año próximo. Con Vox esperando una negociación en la que blandirá el “burruño” en que convirtió “Fonsi” sus exigencias para alcanzar cualquier cualquiera acuerdo de calado, el gobierno Mañueco, anclado en una minoría parlamentaria mayor que la que sufre el de Sánchez, tiene prácticamente imposible sacar adelante unas nuevas cuentas para la comunidad autónoma.

Y justamente a un mes de que expire el plazo para presentar en tiempo y forma el Proyecto de Ley de Presupuestos, y si no sobreviene otro aplazamiento, “Sicilia y León” (denominación acuñada por uno de los damnificados de la “trama eólíca”) se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados. Lo dije hace varias semanas: a Mañueco se le ha acabado la baraka.