El balance del peor año de incendios en Castilla y León: reparto de culpas, escasa autocrítica y reproches de la oposición

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido ante las Cortes autonómicas para dar cuenta del balance de incendios de 2025 con dos meses de retraso sobre las fechas habituales, ya que tradicionalmente se suele hace en noviembre, tras acabar la campaña de incendios en octubre. En esta ocasión, tras los incendios más graves de la historia de Castilla y León se ha tenido que habilitar la primera quincena del mes en las Cortes de manera extraordinaria, a pocos días de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, disuelva el parlamento autonómico y convoque elecciones debido a la dilatación del consejero y el PP para dar explicaciones. “Vengo porque es mi devoción”, ha apuntado el consejero.

Su comparecencia ha tenido escasa autocrítica, echando las culpas a la extraordinaria meteorología del verano, en particular del mes de agosto y en concreto en la provincia leonesa, y responsabilizando también a los demás. Al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que deben vigilar.

Quiñones ha comenzado su comparecencia, realizada por PSOE y Vox, reprochando a la oposición la necesidad su comparecencia, al enumerar las explicaciones que se han facilitado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco desde el pleno extraordinario del presidente autonómico del 29 de agosto y las respuestas a preguntas de la oposición. “Confío permita resolver las cuestiones que los Grupos Parlamentarios, sus Señorías, consideren pendientes de explicación/aclaración”, ha asegurado. Acto seguido ha trasladado su solidaridad con los afectados por los graves incendios del verano, que dejaron miles de hectáreas arrasadas y cuatro víctimas mortales, y ha agradecido el trabajo realizado a los miembros del operativo.

Reparto de culpas: oposición, Estado, administraciones locales, incendiarios y meteorología

El consejero, juez en excedencia desde el 2012 que se dedica a la política, comenzó a desgranar la legislación que afecta a la extinción de incendios y sus sucesos, reprochando a la oposición que tumbaran los decretos aprobados por el Gobierno autonómico sin negociar con nadie, para señalar de formas concretas cuáles son las competencias de cada administración.

Suárez-Quiñones ha defendido en varias ocasiones que la Junta “cumple con sus obligaciones normativas” y ha señalado la falta de desarrollo reglamentario del Estado en materia de incendios forestales, recordando que siguen pendientes directrices clave sobre formación, normalización de medios y gestión común de emergencias previstas en la Ley de Montes

 “Ninguno de estos importantes desarrollos reglamentarios se ha efectuado por el Estado”, ha lamentado el consejero, quien ha defendido que la lucha contra los incendios debe basarse en la “colaboración y coordinación” entre administraciones.

A ello ha añadido la intencionalidad, especialmente en la provincia de León, donde reconoció que el 64 % de los incendios registrados entre junio y octubre fueron provocados. “León presenta una problemática específica y persistente”, ha afirmado, subrayando que la provincia concentró casi el 44 % de los incendios de nivel 2 de toda la Comunidad.

También ha atribuido el papel de los ayuntamientos y diputaciones, recordando que la normativa estatal atribuye a las entidades locales competencias en prevención, autoprotección y defensa de los núcleos urbanos. En este sentido, ha destacado que muchos pueblos siguen siendo “especialmente vulnerables” por la acumulación de combustible en su entorno inmediato

Quiñones ha señalado que la magnitud de los incendios no puede explicarse por fallos del operativo, sino por un escenario meteorológico “ni visto ni registrado hasta la fecha”, con una ola de calor de 16 días, humedades relativas de entre el 5 y el 20%, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y tormentas secas que provocaron múltiples igniciones casi simultáneas

 “Se han producido incendios que han superado ampliamente en pocas horas la superficie de un gran incendio forestal, con velocidades de propagación de hasta seis kilómetros por hora”, ha afirmado Suárez-Quiñones, quien llegó a señalar que en algunos casos los fuegos “han estado fuera de capacidad de extinción desde sus inicios”.

Además, atribuyó a “una alta carga de disponibilidad del combustible” la generación de “comportamientos explosivos”, que unidos a la “simultaneidad de grandes incendios” y otros factores como “alto riesgo de interfaz urbana tanto agrícola como forestal”, “intencionalidad” y “perímetros activos con alto número de superficie afectada”. “Agosto fue algo extraordinario, excepcional y desconocido”, ha remarcado.

La comunidad registró un total de 1.220 incendios

Según los datos de la Junta de Castilla y León que ha expuesto Quiñones, la comunidad registró un total de 1.220 incendios, un 10% menos que en 2024. A pesar de ellos la gravedad de los incendios asciende a las 143.880 hectáreas afectadas —más de seis veces que la media de la última década—, de las que 42.815 correspondieron a superficie arbolada. Todavía falta por conocer los datos de superficie agrícola.

La voracidad del fuego se deja ver en el índice de eficacia, que mide la superficie arbolada media quemada por incendio. En la última década pasó de 4,8 hectáreas en el período 2015-2024 a más de 35 hectáreas en 2025, evidenciando que los incendios que superaron la fase inicial alcanzaron dimensiones extraordinarias. Del mismo modo, el índice de gravedad se multiplicó por más de cinco, al quemarse en un solo año más del 1,3 % de toda la superficie arbolada de la Comunidad, el mayor dato de la serie histórica.

Desde el punto de vista territorial, el impacto se concentró especialmente en las provincias de León y Zamora, donde se registraron numerosos incendios de gran tamaño, muchos de ellos superiores a las 500 hectáreas. Las causas predominantes fueron los rayos y los incendios intencionados, lo que, unido a condiciones meteorológicas adversas,como ha señalado el consejero, y a una elevada carga de combustible, explica la aparición de 'megaincendios' tan difíciles de controlar.

Quiñones defiende el aumento en inversión

Frente a las críticas surgidas desde verano, el consejero ha defendido la actuación del operativo INFOCAL y ha explicado que su Consejería ha realizado un aumento de la inversión pública, asegurando que el presupuesto destinado a extinción se ha duplicado y que el dedicado a prevención ha crecido todavía más.

Según los datos expuestos por Quiñones, durante 2025, la Junta ejecutó más de 50 millones de euros en selvicultura preventiva, con actuaciones sobre más de 20.000 hectáreas, además de ayudas forestales, mantenimiento de cortafuegos y aprovechamiento de biomasa para reducir la carga de combustible.

El dispositivo de la campaña en situación de alto riesgo, de junio a octubre, contó con 4.720 profesionales, 33 medios aéreos con base en la Comunidad, más de 200 cuadrillas y casi 400 autobombas, a lo que se sumó la solicitud de refuerzos estatales y de otras comunidades durante los picos de simultaneidad de agosto .

 “El operativo ha mantenido una alta eficacia en el control temprano de los incendios”, ha apostillado Suárez-Quiñones, destacando que el 71 % de los fuegos se quedaron en conato, aunque reconoció que la simultaneidad y la duración de los grandes incendios dispararon la superficie quemada.

Plan de recuperación

Según el consejero de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León activó un plan de recuperación integral tras los incendios con el objetivo de restaurar los daños personales, materiales, económicos y ecológicos que ha cifrado en un presupuesto inicial de 114 millones de euros, de los que asegura ya están comprometidos 85,5 millones de euros.

De ellos, 21,76 millones de euros han sido para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad. La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo es de 3,62 millones de euros.

Promesas de futuro

Pese al horizonte de elecciones en marzo de 2015 el consejero Suárez-Quiñones ha detallado el plan 2026-2028 de gestión antiincendios, incluyendo las promesas de tener un operativo todo el año y que dependa de empresas públicas y no privadas como sucede hasta ahora. De las 111 cuadrillas existentes se renovará el contrato de 49 de ellas en 2026 pasando a depender de Tragsa tras el vencimiento de sus contratos privatizados, y operarán 12 meses al año en vez de los 9, 10 u 11 hasta ahora.

Para el 2026 ha asegurado que la dotación total será de 169,63 millones: 151 millones de los capítulos 6 y 7, a los que hay que sumar 16 millones de gasto de personal, y la subvención al Consejo Comarcal de El Bierzo para sus 5 cuadrillas que son 2,63.

En esta planificación está previsto que los medios aéreos de la Junta, actuales de 23 aeronaves, pasarán a ser 27 en 2026 y 33 en 2027. Se incorporarán 10 nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida entre los años 2026 y 2027. En 2026 se incorporarán las 4 primeras cuadrillas, 2 en León, 1 en Zamora y 1 en Ávila, las provincias más afectadas por los incendios.

Unidas Podemos pregunta a Vox si apoyará al PP de nuevo si Quiñones es consejero

En su turno el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha hecho una “pregunta clave” a Vox, planteando si estaría dispuesto a apoyar un futuro Gobierno del Partido Popular en el caso de que Suárez-Quiñones repitiera como consejero de Medio Ambiente, una cuestión que, según ha firmado, “es la única que de verdad interesa a la ciudadanía” ante las elecciones autonómicas.

Fernández también ha acusado a Suárez-Quiñones de comparecer “a rastras y obligado”, sin asumir “ni el más mínimo atisbo de autocrítica” tras una campaña que, a su juicio, se saldó con “180.000 hectáreas calcinadas, cuatro personas fallecidas y miles de damnificados”. Asimismo, ha leído un mensaje de los agentes medio ambientales que protestaban a las puertas del edificio de las Cortes pidiendo la dimisión del consejero.

El procurador ha calificado la intervención del consejero de “trufada de mentiras y falta de escrúpulos” y situó la responsabilidad política directamente en el Ejecutivo autonómico, al que acusó de haber “desmantelado, precarizado y privatizado” el operativo de prevención y extinción de incendios, así como de haber ignorado las lecciones de anteriores grandes fuegos como los de la Sierra de la Culebra en 2022.

En el turno de duplica, Pablo Fernández ha ironizado con que Quiñones hable de dificultades para determinar la intencionalidad de los incendios y a la vez señales que hay muchos provocados: “¿Es juez o pitoniso?”, ha apostillado.

Críticas de los grupos, menos del PP, que carga contra la financiación autonómica

Desde el PSOE, su portavoz en la comisión, Nuria Rubio, ha tachado la comparecencia de “decepcionante” y reprochó al consejero haber recurrido a datos generales y a la meteorología sin dar respuesta a las denuncias de colectivos profesionales y vecinos afectados. Rubio ha centrado buena parte de su intervención en las carencias del operativo, especialmente en los sistemas de comunicación, la falta de cobertura en incendios clave y las incoherencias en los registros oficiales, llegando a señalar que los bomberos forestales “fueron abandonados y puestos en riesgo”. La oposición también ha criticado que el consejero no haya nombrado a los cuatro fallecidos en los incendios y a otro fallecido en un conato.

El portavoz de Vox, José Antonio Palomo, ha indicado en que la campaña evidenció un fracaso estructural de la política de prevención, aunque defendió la profesionalidad de los servicios de extinción. Vox ha culpado al consejero de haber priorizado un modelo “burocrático y prohibicionista” que, a su juicio, ha favorecido el abandono del monte y la acumulación de combustible, y llegó a plantear la posible existencia de negligencias que deberían ser investigadas por los tribunales.

Por su parte, UPL–Soria ¡Ya! ha reclamado directamente la dimisión del consejero, al considerar que ni la Junta ni su presidente estuvieron “al volante” en los momentos más críticos de la emergencia. El grupo ha incidido en la relación entre incendios y despoblación rural, y ha criticado que, pese a reconocer la importancia de la ganadería extensiva y la gestión activa del monte, la Junta haya votado en contra de iniciativas concretas para impulsarlas.

El Partido Popular, en cambio, cerró filas con Suárez-Quiñones. Su procuradora Mercedes Cofreces ha defendido la comparecencia como “necesaria y transparente”, y ha respaldado la gestión del operativo INFOCAL y subrayó tanto la dificultad de actuar en una comunidad que concentra el 20 % del territorio nacional como el volumen de ayudas movilizadas tras los incendios, atribuyendo parte de las limitaciones presupuestarias al sistema de financiación autonómica.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado al consejero como la persona más “deshumanizada” de la política autonómica y ha contrapuesto que haya afirmado que todo “estaba bien” y que se necesitan el doble de medios, como con helicópteros que se tienen que duplicar “de un día para otro”.

“Es incomprensible que este señor siga dirigiendo a la consejería y mucho más incomprensible que se presente a las elecciones por esa tierra de delincuentes que él ha descrito a la precisión”, ha apuntado sobre la posible candidatura por León de Suárez-Quiñones