La Junta de Castilla y León considera que la sentencia contra el Plan de Residuos se basa en una cuestión de “procedimiento” y no de “fondo”

La Junta de Castilla y León ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en contra la adaptación del Plan Integral de Residuos autonómico se debe al “procedimiento” más que al “fondo”. Así lo ha valorado el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien ha abierto la posibilidad de recurrir al fallo, como recoge la propia resolución. “De lo que se está hablando es del procedimiento, examinaremos el procedimiento y veremos en qué medida cabe y si es oportuno el recurso, y si es así se presentará para que la sentencia sea favorable”, ha indicado.

La sentencia hace decaer este plan al considerar que se aprobó la necesaria adecuación legal del plan a la normativa europea y estatal haciéndolo pasar por una mera “adaptación”, hecho que descartan los jueces al considerar que es en realidad “una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”.

Este nuevo revés judicial se suma al conocido en febrero del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad del Decreto de especies cinegéticas de Castilla y León de 2018 “por un error de procedimiento al no facilitarse suficiente información del expediente administrativo a los miembros del Pleno del Consejo Regional del Medio Ambiente de dicha comunidad para que pudiera emitir su informe”.

Preguntado por la acumulación de fallos recientes en contra de la Consejería de Medio Ambiente, al que también se suma el de la estación de esquí de Navacerrada, Fernández Carriedo ha señalado “hay unos colectivos en el ámbito de la protección de la naturaleza muy potentes, muy relevantes, con un gran conocimiento jurídico y que presentan con carácter habitual, pues, una serie de demanda en torno a las Administraciones Públicas”.

Para el también consejero de Economía y Hacienda, estos colectivos “tienen una capacidad jurídica y también una cierta tendencia a la presentación de demandas” con una “especial litigiosidad”. Precisamente, el recurso contra el plan de residuos fue presentada por Ecologistas en Acción, quien este miércoles recordaba al titular de la Consejería de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez en excedencia, que “él no es la Administración, por lo que debe respetar las normas y la participación pública” en referencia a la mención de vulnerar el derecho de participación constitucional.

Sentencia del TJUE contra España por la contaminación de las aguas con nitratos

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz ha hecho alusión a la condena a España por la contaminación de sus aguas con restos de la agricultura y la ganadería por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) . En el fallo se recoge que no se ha hecho suficiente para evitarlo y que comunidades como Castilla y León no han implantado medidas adicionales.

Fernández Carriedo, cuestionado también por ello y qué ha hecho la Junta para evitarlo, ha criticado, sin especificar cómo la Junta ha actuado para evitar la contaminación, que se “responsabilice” a agricultores y ganaderos de la contaminación de nitratos. “Creo que es un error poner el foco en los agricultores y ganaderos como responsables de la contaminación. Muy al contrario, son algunos de los principales protectores de la naturaleza”, ha afirmado.

El portavoz ha invitado a la Unión Europea a reflexionar. “Hay que hacer un análisis global del problema de la agricultura y la ganadería en Europa. No podemos abocarles a una imposible ejecución y cumplimiento de normas mientras importamos productos que vienen de fuera de la UE que no cumplen esos requisitos que sí exigimos para los profesionales de Castilla y León”, ha significado Carriedo.

“Lo que no podemos es convertir a la agricultura y ganadería en Europa en una de imposible ejecución, de imposible cumplimiento”, ha apostillado el portavoz. Es por eso que desde la Junta de Castilla y León no pueden “compartir” esa “filosofía de la Unión Europea”.

La Junta recurre el cierre de la estación de Navacerrada

La Junta ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJ en la que se instaba a desmantelar la estación de esquí de Navacerrada por su impacto ambiental. Carriedo ha confirmado que el Ejecutivo de Castilla y León optará por esta vía para tratar de evitar el cierre de la instalación.

Tras conocerse la sentencia que publicó elDiario.es, el propio Carriedo aseguró que ejecutarán esta opción “en defensa de estos intereses de Castilla y León” para salvaguardar el empleo y la actividad productiva de la zona.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldaba así al Gobierno central ordenando que la Junta declare la caducidad de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada debido a su impacto ambiental en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El fallo establece que la comunidad autónoma es responsable de desmantelar la estación y debe cumplir con los procedimientos de liquidación y retirada de instalaciones. La situación se complicó cuando Castilla y León se declaró “incompetente” para declarar la caducidad de la estación permitiendo continuar más allá de la fecha de vencimiento en abril de 2021. El escrito subraya que es la comunidad es la competente para declarar esta caducidad.