Hubo un tiempo que en Castilla y León se gobernaba a base de leyes. De leyes que se firmaban para sacar adelante proyectos. Es decir, la Junta de Castilla y León tenía una idea, los tribunales ordinarios se los echaban atrás y, como consecuencia, cambiaban las leyes por decreto para sacarla adelante. No fue en una ocasión. Ni en dos. Por lo menos, en cinco.
Y en los últimos tiempos el Tribunal Constitucional está dejando al descubierto esta forma de gobernar. En junio pasado, declaró inconstitucional y nula la aprobación de la Ley del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). La semana pasada, en los mismo términos se pronunciaba el TC cuando decía que era “inconstitucional y nula” la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
La Junta de Castilla y León, a través de la entonces consejera de Medio Ambiente y hoy senadora, María Jesús Ruiz, aprobó en 2007 una Ley que declaraba de ‘interés regional’ esa idea faraónica, una medida que, según el TC, “no es razonable ni proporcionada”. Y va más allá al afirmar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial recogido en el artículo 24.1 de la Constitución “al impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el Proyecto se hubiera aprobado por reglamento”.
Fue el colectivo Ecologistas en Acción quien puso en marcha un mecanismo jurídico para recurrir todos esos proyectos. Y ahora, empieza a recibir sus frutos, después de haber recibido críticas y desconsideraciones.
Pero no ha acabado todavía, ya que aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los proyectos de ‘interés regional’ que se levantaron en Gomecello (Salamanca), con un vertedero de residuos urbanos; en Fresno de la Ribera (Zamora), con un vertedero de residuos industriales; y con un complejo de ocio y de sky, en una zona quemada de Tordesillas (Valladolid).
Ecologistas en Acción ya ha pedido la dimisión de las anteriores consejeras de Medio Ambiente, Silvia Clemente –hoy consejera de Agricultura- y María Jesús Ruiz –hoy senadora- por firmar obras que se han declarado inconstitucionales.
En el caso de Silvia Clemente, no ocurrirá nada, porque seguirá siendo consejera de la mano de Juan Vicente Herrera. Sin embargo, María Jesús Ruiz se ha desmarcado de su partido al afirmar, días después de la sentencia del Constitucional, que ese “no era un proyecto suyo” y que se preguntara al PP “y a las Cortes” por la ejecución de la sentencia. Rápidamente fue contestada por el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago, quien le dijo: “sus palabras se califican por sí solas”. Fuentes del PP regional no descartan que acepten una posible dimisión como senadora de María Jesús Ruiz.
Pero el Gobierno de Castilla y León no quiere hacer caso a los ecologistas, quienes le exgieron “el desmantelamiento de la urbanización ilegal y la restauración del Soto de Garray a su estado anterior, garantizando la protección de este valioso espacio natural de la provincia de Soria”. También ha sido contestado por el actual consejero de Fomento, Antonio Silván: “El proyecto hay que redireccionarlo porque ahora tiene que basarse solo en la actividad empresarial”.
Y todavía quedan más sospechas sobre uno de los proyectos, el vertedero de residuos urbanos de Gomecello (Salamanca), ya que según una información de El País, en noviembre de 2010, había un informe policial en el que se revelaba que el cabecilla de la trama Gürtell, Francisco Correa, había cobrado “384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI”.
Según la misma información, estas “empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones”.
