Con todos los respetos: ya está bien de decir que el modelo chino de supervigilancia es lo más eficiente para parar el COVID-19. Para empezar, el régimen que multa por beber entre semana o cruzar fuera del paso de cebra y te encarcela por leer el Corán se olvidó de prohibir los mercados de animales salvajes, a pesar de su penosa experiencia con la gripe A en 1957 y el SARS en 2002. La eficiencia totalitaria, si es que existe, nunca tiene como objetivo la protección de los ciudadanos sino la supervivencia del régimen.

Dicho esto, es justo admitir que la misma pandemia podía haber nacido en África, donde millones de personas cazan animales salvajes para comer y vender. En Ghana se estima que se consumen al año más 128.000 murciélagos frugívoros, presuntamente portadores del ébola. En la cuenca del Congo se cazan seis millones de toneladas de animales salvajes, incluyendo la clase de monos y chimpancés que nos transmitieron el VIH. Los suyos son pecados de hambre y de ignorancia, a diferencia de los nuestros. Cuando hayamos esquivado el zarpazo del COVID-19 nos atropellará el tren de las superbacterias que hacen ahora la mili en las granjas de producción intensiva de todo el planeta, incluyendo España.

Hace años que la resistencia a los antibióticos comparte el medallero de las mayores amenazas existenciales para la raza humana con la crisis climática y la guerra nuclear. Por poner un ejemplo, un tercio de las bacterias que causan gonorrea ya son resistentes contra todos los antibióticos disponibles. Según los conservadores cálculos de la OMS, en 2050 las superbacterias serán la principal causa de muerte en el mundo. “Esta ganadería intensiva junto con el aumento de la población humana viviendo juntos en el mismo planeta es realmente el caldo de cultivo donde los brotes pueden ocurrir y van a ocurrir”, decía recientemente David L. Heymann, el epidemiólogo que lideró la respuesta global al brote de SARS en 2003.

Somos tan obtusos con nuestras hamburguesas y nuestros pollos asados como los chinos con su sopa de murciélago. Igual de analfabetos que el más terco devorador de murciélagos del mercado de Wuhan. Pero nuestros gobernantes han sido más irresponsables que el régimen chino porque la democracia sí tiene como objetivo la supervivencia de los ciudadanos, y no la de las industrias que producen enfermedad.

Segundo, valoremos las cifras que nos llegan de China con higiénico escepticismo. El Partido Comunista chino es uno de los mayores productores mundiales de desinformación. No sabemos si sus victoriosas cifras oficiales son ciertas porque no han sido contrastadas, ni por la prensa libre, ni por organismos de transparencia porque allí están prohibidos. Lo que sí sabemos es que los primeros avisos de la existencia del coronavirus fueron silenciados por los funcionarios del régimen, gracias al eficiente sistema de vigilancia ciudadana que ahora consideramos una opción.

El primer caso confirmado de coronavirus fue un hombre de 55 años, el 17 de noviembre de 2019. Diez días más tarde, la jefa del departamento de cuidados respiratorios del hospital de Hubei, Jixian Zhang, advirtió de la existencia de un nuevo SARS y aisló a siete pacientes para tratamiento. El 30 de diciembre, un oftalmólogo del mismo hospital llamado Li Wenliang mandó a su grupo privado de WeChat un mensaje titulado “Siete casos de síndrome agudo respiratorio severo (SARS) del mercado de mariscos de Huanan” que fue rápidamente compartido con otros grupos. Dos días después, la policía local los había amenazado a ambos, junto con otros seis médicos, por distribuir rumores infundados acerca de una enfermedad pulmonar.

El gobierno chino comunicó a la OMS la existencia del virus el 31 de diciembre de 2019 diciendo que se trataba de “una enfermedad prevenible y controlable”. Según el South China Morning Post (periódico que se publica en inglés y tiene su sede en Hong Kong), el 1 de enero las autoridades chinas habían registrado al menos 381 casos, pero la cifra oficial de mediados de enero fue de 41. En esas tres semanas, siete millones de personas salieron de Wuhan para celebrar con sus familias el año nuevo lunar y el tráfico internacional continuó con su ritmo navideño habitual.

El peor de los males

Tercero y quizá más importante, recordemos que hay cosas peores que el coronavirus. Por ejemplo, la enfermedad que ataca a muchos más grupos de riesgo: activistas, periodistas, disidentes, abogados, médicos, defensores de los derechos humanos, estudiantes que se manifiestan por la democracia, granjeros que se manifiestan contra el robo de sus tierras, mujeres que se manifiestan para poder denunciar a su violador. Personas de otras etnias u orientación política, religiosa o sexual. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Los diez mil manifestantes pacíficos que fueron masacrados en la plaza Tiananmen.

Hoy muchos europeos razonables abrazan el autoritarismo con la esperanza de habitar un orden moral predecible, un mundo de valores comprensibles y vintage. En tiempos de incertidumbre buscamos refugio en la certeza, aunque sea una certeza brutal. A menudo me pregunto si no hay cierta compulsión de repetición, donde las sociedades que han crecido en dictadura buscan nuevos maltratadores, igual que los niños maltratados se emparejan con réplicas de su primer agresor. Despreciar esa nostalgia como estúpida o criminal demuestra un profundo déficit de empatía, porque esa ansia por la certeza está en todos, aunque se manifieste de manera desigual.

“El bacilo de la peste nunca muere o desaparece completamente- escribía Camus en el libro estrella de esta cuarentena, donde la enfermedad bacteriana era alegoría de la otra enfermedad peor - puede permanecer inactivo durante docenas de años en muebles o ropa, espera pacientemente en dormitorios, sótanos, troncos, pañuelos y papeles viejos, y quizás llegará el día que, por instrucción o desgracia de humanidad, la peste despertará sus ratas y les enviará a morir en alguna ciudad bien contenta”. Como todos los bacilos, la enfermedad que nos acecha tiene más éxito cuando el sistema inmunológico del anfitrión se encuentra abatido por otras causas, como la angustia de no saber cómo pagaremos el alquiler del piso, la siguiente factura eléctrica o la cena del día después.

El autoritarismo es una enfermedad crónica cuyos síntomas se manifiestan no solo en las marchas, las banderas, los mítines de Vox y las peleas en Twitter. También en el regocijo bipartisano de ver cómo se humillan los políticos en el Congreso, cómo se ningunean los periodistas en la tele y cómo se regocijan y aplauden los vecinos cuando la policía esposa a otro vecino por huir de la cuarentena oficial. Jamás pensé que vería a la generación del 15M aplaudir a la Policía por derribar a un ciudadano desobediente. El déficit de empatía nos deja muy expuestos a este virus. La historia nos dice que, una vez contraído, el ciclo de infección es largo y las consecuencias muy graves. Que la recuperación es lenta e imperfecta. Como dice Camus, el bacilo se instala en nuestros músculos, esperando una nueva oportunidad.

Menos vigilancia y más pruebas

Hay otros espejos en los que mirarnos, como Corea o Alemania, en los que hay tres claves perfectamente democráticas que acompañan la gestión de la pandemia: mascarillas para todos, información contrastada y tests, muchos tests. Las tecnologías de vigilancia masiva no pueden ser el atajo que sustituya las responsabilidades de un gobierno democrático, que es cuidar a sus ciudadanos antes de castigarlos. No dejemos que esta crisis se convierta en la versión médica del Huracán Katrina, como ha sugerido el sociólogo Mike Davis. No dejemos que la vigilancia masiva se instale en la administración. No seamos víctimas del Capitalismo Desastre que tan oportunamente describe Naomi Klein en Capitalismo Desastre y La Doctrina del Shock. Incluso si las cifras de China son ciertas y su sistema de control ciudadano funciona, una vez se haya instalado en nuestras vidas como herramienta de gobierno, no tenemos anticuerpos para repeler sus efectos secundarios.

Aprovechemos el encierro para hablar con los vecinos por el patio y asegurarnos de que no pierden la cabeza. De que los mayores están atendidos, que los pequeños pueden jugar. Seamos más comprensivos que nunca, más humanos que nunca. Rechacemos la vigilancia y el castigo en favor de la empatía, el diálogo y la solidaridad.

Los medios públicos no son como los demás. Si bien todos los medios tenemos, o deberíamos tener, una misión de servicio público, que es la que justifica que tengamos una protección especial en la Constitución, los medios pagados con el dinero del contribuyente y con recursos y acceso privilegiado tienen un papel especialmente importante en estos tiempos de atención fragmentada e intereses espurios.

Su razón de ser es cubrir con frialdad el debate político más allá de lo que quieran los anunciantes o incluso la audiencia, informar sobre lugares descuidados por los medios comerciales, promover espacios de conversación sosegada y atender la información de servicio más básica en caso de inclemencias y otras emergencias. Muchos de estos puntos no se cumplen o no se han cumplido en España, donde los políticos han utilizado los medios públicos como un ministerio más de propaganda para hacer campaña o los han puesto al servicio de sus círculos de amigos famosillos o han amparado programas que no cumplen ningún servicio público.

Las interferencias políticas han variado según el tiempo, el político de turno y el lugar, pero la estructura ha cambiado poco pese a los intentos, por ejemplo, de elegir de manera más transparente y menos partidista los órganos de gestión de RTVE. Sin una estructura permanente que garantice la independencia de la elección de los gestores y consagre la importancia de la autonomía de los periodistas, el resultado queda al libre albedrío del partido de turno o de las circunstancias.

José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los pocos presidentes que apreció el valor de la prensa discrepante y se creyó (algo) la independencia de los medios públicos. Al menos en comparación con sus predecesores del PP y del PSOE.

Desde la moción de censura de 2018, el ambiente de transición ha contribuido a que sean periodistas quienes estén a cargo de los medios y actúen como tales con pocas instrucciones del despistado poder. La diferencia se ha notado en los telediarios de TVE, los informativos de RNE y la cobertura de la agencia EFE, con ejemplos de información menos dirigida, más abierta, mejor.

Pero las señales que está dando el nuevo gobierno de coalición son otra vez poco alentadoras. El cese de Fernando Garea al frente de la agencia EFE es tan descorazonador como la pseudoexplicación de la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, de que esto “forma parte del proceso normal y habitual del inicio de legislatura donde diferentes equipos profesionales o humanos se renuevan para adaptarse”. No es “normal”. Sólo se convierte en “habitual” si los políticos siguen tratando a los medios públicos como parte de su gobierno. Y exigir a los profesionales que se “adapten” a las necesidades políticas es contrario a la esencia del periodismo.

Tampoco parece que el Gobierno tenga interés en resucitar un concurso público, abierto y competitivo para nombrar a la persona encargada de administrar RTVE.

Para cambiar las reglas hace falta que el Gobierno y los partidos políticos de la oposición se tomen en serio crear estructuras que garanticen la independencia de estos medios más allá de la tentación de controlarlos el rato que les toca.

No hay que dejar de recordar que en una democracia los medios públicos no son el altavoz del gobierno ni una extensión de su política de comunicación. Sólo tiene sentido que existan si se les deja cumplir su función de informar lejos de las presiones políticas y comerciales para llegar donde otros medios privados no llegan por falta de interés, recursos o garantías contra las presiones.

Lo que está en juego es especialmente importante ahora. Entre las voces estridentes en casi todos los medios privados, informar sin opiniones fuertes es más esencial que nunca. RTVE llega por igual a ciudadanos de izquierda y de derecha, y los sesgos de su audiencia son menores que los de la audiencia del resto de canales españoles y de la mayoría de las radiotelevisiones públicas europeas, según un informe reciente del Instituto Reuters para el estudio del periodismo.

Mantener los medios públicos sólo tiene sentido si cumplen su función de hacer periodismo con el lujo de no tener que vender ni clics ni favores a los anunciantes ni complacer al público más sectario ni a los políticos que tienen la mayoría.

Hay pocos ejemplos donde los medios públicos hayan logrado cumplir con su misión y algunos de los más exitosos están en peligro.

En Reino Unido, la BBC ha sido y sigue siendo referente de información más allá de preferencias partidistas y ha servido de contrapunto para una prensa privada que, salvo excepciones, deja mucho que desear y suele estar plagada de bulos. El Gobierno de Boris Johnson quiere acabar con su sustento y su independencia como todos los populistas de nuestra era, obsesionados con cargarse las instituciones que pueden ejercer de árbitro en el debate público.

En Estados Unidos, la radio pública NPR, uno de los mejores medios del mundo y el que mejor simboliza lo que es el servicio público, no tiene la misma influencia, pero ha conseguido crear un modelo que se basa en gran parte en las aportaciones de sus oyentes. El Gobierno de Trump ya ha intentado varias veces cortarle el presupuesto público que sigue recibiendo.

España apenas está dando sus primeros pasos en el camino por la autonomía de los medios públicos, pero el último año y medio ha demostrado que es posible una televisión, una radio y una agencia donde el poder político deje trabajar más o menos en paz a los periodistas. Sería una mala noticia que hubiera sido un espejismo o un accidente.

“Vamos a probar un experimento. Un experimento amistoso”. Aquel día de la primavera de 1967, el profesor Ron Jones decidió empezar su clase de estudios sociales de forma distinta. Hacía calor en Palo Alto, California, y no había mucha alternativa para espabilar a sus febriles alumnos de Secundaria. “¿Por qué el ciudadano de a pie alemán permitió que sucediese el Holocausto?”, les preguntó.

En lugar de dar una perorata sobre la compleja psicología del ser humano, Jones usó a sus pupilos como conejillos de indias. El experimento, que en principio solo iba a durar un día, terminó dando lugar al movimiento fascista Tercera Ola, a un libro que recogió el polémico ensayo y a una película que removió por primera vez en muchas décadas las conciencias de los jóvenes alemanes: La Ola (2008), dirigida por Dennis Gansel. Ahora, Netflix recupera la idea en Somos la Ola, una serie que aborda la erótica del fascismo diez años después.

Desde su estreno, La Ola ha servido como método docente en institutos y universidades para alertar de que la historia es peligrosamente cíclica y de que ser facha no consiste solo en levantar el brazo derecho o predicar ideas racistas y antisemitas. El investigador de la Universidad de Murcia, Juan José García Escribano, la proyecta cada año en sus clases de Sociología.

“Los ingredientes que dan forma a una mentalidad totalitaria en la película son los que el fascismo usa actualmente”, explica Escribano en conversación con eldiario.es. Aquel día en Palo Alto, el maestro comenzó enseñando a sus alumnos a sentarse erguidos, a ponerse de pie de forma rápida y les obligó a dirigirse a él como “señor Jones”. Practicaron toda la clase y se lo pasaron bien, aunque flotaba en el aire una sensación de miedo y autoridad. Él pensó que el experimento quedaría ahí, pero se equivocaba.

Al día siguiente, al entrar en el aula, los jóvenes repitieron el saludo sin tener que pedírselo, por lo que Jones fue un paso más allá. Escribió en la pizarra un eslogan improvisado, fuerza mediante disciplina, y creó un saludo que consistía en cruzar una mano ahuecada hacia el hombro contrario. Si participaban en el movimiento Tercera Ola, obtendrían un sobresaliente. En cambio, si intentaban rebelarse o derrocarle, suspenderían.

“Es una ideología simple y maniquea que designa al otro como el enemigo y se focaliza en la formación de un grupo muy cohesionado entorno a una simbología y a un estímulo identitario”, dice Escribano. En el caso de la película eran las camisas blancas, el saludo imitando a la onda acuática y la existencia de un líder carismático que, de nuevo, recaía en el profesor.

Pero, ¿cuál era el enemigo? En principio la motivación de este grupo no era ideológica ni estaba impulsada por el odio, pero esto fue algo que el profesor se encargó de revertir. Jones designó una “policía secreta” que le informase de aquellos alumnos que transgredían sus normas. Además, prohibió las reuniones de más de tres. Y, cuando parecía que los integrantes se venían abajo, les amenazaba con la expulsión del centro. ¿Quién era el enemigo entonces? El otro en su concepción más amplia, es decir, cualquiera que tuviese boca y pudiese dar un chivatazo.

El director Dennis Gansel introdujo además en 2009 el enfrentamiento ideológico con un grupo de anarquistas. “El último elemento, que también aparece en la película, es la violencia física y verbal como recurso”, reconoce el investigador. Tanto en La Ola como en la nueva propuesta de Netflix son los marginados los que abrazan la radicalización con más ímpetu. Al fin y al cabo, mientras son ellos los que reparten palos, no los están recibiendo. “Hay individuos que son más débiles desde el punto de vista emocional y son más propensos a caer en este tipo de ideologías”, piensa el catedrático.

Aunque La Ola tenía dos finales, Gansel se decantó por el más violento: el que Tim dispara a un compañero y acto seguido se suicida ante la posibilidad de quedarse desamparado sin movimiento. Sin embargo, lo que ocurrió en 1967 se asemejaba más al final alternativo.

El profesor Ron Jones convocó a los alumnos a una manifestación “nacional” de las juventudes de La Tercera Ola en la que debían jurar lealtad al líder. Mientras tanto, tres chicas disidentes fueron escoltadas a la biblioteca y se les mantuvo “bajo arresto domiciliario” en contra de su voluntad.

Al llegar al lugar de la reunión, Jones se quedó en silencio y proyectó en una televisión imágenes reales de la marcha de Nuremberg y el surgimiento del Tercer Reich. Les dijo que habían sido manipulados y engañados. Algunos lloraron de alivio, otros de rabia y otros por la decepción. A Jones le salió caro este experimento, pero aquellos chavales californianos se llevaron de por vida la lección de que ninguno estaba exento de caer en el fascismo.

La emoción antes que la cabeza

Como dijo la filósofa Hannah Arendt en el juicio del criminal de guerra Adolf Eichmann, la mayoría de los miembros de las SS no eran “pervertidos ni sádicos”, sino personas “terriblemente y terroríficamente normales”. Juan José García Escribano piensa que es ese el verdadero peligro de los movimientos fascistas actuales.

“Los acontecimientos que se están dando en Europa están provocando que los jóvenes se dejen llevar más por la emoción que por la cabeza. Lo vemos en otros países, pero también en las calles de Catalunya o en el incremento del voto joven a Vox”, explica. “El momento de incertidumbre social es un caldo de cultivo muy bueno para ensayar cosas de estas características”.

Escribano señala otro elemento actual que alienta estos movimientos: las fake news y el desprecio por la verdad. “Si cada vez que un político miente no se toman medidas reales y se le sigue votando, ¿qué valor tiene la verdad hoy en día? La juventud valora mucho más un discurso relacionado con la pasión que con la honestidad”, razona. El problema es que es justo este segmento de población el que más “identificado” está a nivel político y, por lo tanto, el que más se movilizará en las próximas elecciones.

Ante esto, reparte el mea culpa entre su profesión, las familias y los encargados de una enseñanza superior que “infantiliza a los jóvenes”. “La universidad se ha convertido en una escuela primaria: se le da a la gente verdades en lugar de alentar posibilidades de reflexión”, se lamenta. Pero, para solucionar esto “no vale con ponerles una película”, ni siquiera La Ola, “sino que se requieren muchas más actividades en los centros que estimulen un pensamiento crítico que ahora tienen anulado”.

Ese fue el objetivo del profesor Ron Jones con su experimento en los años sesenta y por él arriesgó su carrera docente. Aunque no salió como esperaba, el cómputo general le mereció la pena. Para su sorpresa, muchas décadas más tarde se encontró con uno de aquellos alumnos en una charla en Berkeley que le hizo el saludo de la mano.

La Tercera Ola no fue solo el simulacro de un pasado aterrador, sino la probeta para un futuro que años después a muchos les sigue pareciendo la opción más sugerente. Y eso es lo verdaderamente preocupante.

En octubre de 2008, Islandia se declaró en bancarrota. Los tres mayores bancos del país no pudieron pagar sus deudas y el valor combinado de sus activos era más de diez veces mayor que el PIB islandés, por lo que el Estado no pudo rescatarlos. De hecho, fue Islandia la que tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional, sus vecinos nórdicos y otros países europeos. Como consecuencia del colapso, unas 50.000 personas —casi la sexta parte de la población— acabaron perdiendo sus ahorros, una cuarta parte de propietarios de viviendas incumplieron los pagos de sus hipotecas, y el paro pasó del 1% en 2007 al 8% en 2009, un porcentaje muy elevado para lo habitual en Islandia.

El estallido de la crisis cogió a la mayoría de los islandeses por sorpresa: hasta ese momento su país parecía un éxito en todos los sentidos. En 2008, Islandia era el número uno en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, durante la primera década de los 2000 la economía islandesa había crecido rápidamente, y con ella la riqueza de sus habitantes: entre 2001 y 2007 el PIB per cápita había pasado de 28.500 a 68.400 dólares nominales. La noticia del colapso cayó como una bomba. “Me dejó totalmente en shock, igual que a la mayoría de la gente”, recuerda el veterano artista y activista Hörður Torfason.

La economía islandesa había crecido a costa de acumular una deuda enorme que explotó al inicio de la crisis financiera de 2008. Los islandeses se sentían traicionados por políticos, responsables financieros y banqueros. Tras unas protestas pequeñas y espontáneas en Reikiavik, Hörður, que hoy tiene 74 años, planeó un encuentro mucho más organizado para el sábado 18 de octubre de 2008: preparó un escenario en la plaza frente al Parlamento e invitó a varias personas para que hablaran desde allí.

A esta protesta acudió más gente y se acabó convirtiendo en un evento semanal. Cada sábado, la gente discutía la situación y finalmente acordó unas exigencias tan básicas como ambiciosas: las dimisiones del Gobierno y de los dirigentes de la Autoridad de Supervisión Financiera y del Banco Central.

Tras el parón navideño, el Parlamento reinició su actividad el 19 de enero de 2009 y la primera cuestión en la agenda no tenía que ver con la crisis sino con la venta de alcohol en los supermercados. Fue entonces cuando las protestas se convirtieron en violentas, al menos para los estándares islandeses.

Los manifestantes encendieron una hoguera, que alimentaron con el árbol de Navidad que había en la plaza, y rodearon el Parlamento y lanzaron piedras, papel higiénico, fuegos artificiales y hasta zapatos al edificio y a la Policía, que respondió con gas pimienta y luego gas lacrimógeno. Cuando el primer ministro trataba de marcharse, la gente rodeó su coche y le tiró huevos y latas de bebida.

Con unas 3.000 personas en temperaturas bajo cero —en una ciudad de 120.000 habitantes y en un país de 315.000—, estas fueron las mayores protestas en Islandia desde 1949, cuando la gente se manifestó contra la adhesión de su país a la OTAN (a la que Islandia se unió igualmente).

Unos días después, el 25 de enero de 2009, el ministro de Asuntos Comerciales anunció que había despedido al director de la Autoridad de Supervisión Financiera. Posteriormente, él mismo presentó su dimisión. El día siguiente, toda la coalición de centro-derecha en el Gobierno dimitió. El 26 de febrero el gobernador del Banco Central —que además era un antiguo primer ministro— también fue obligado a dimitir. Las tres exigencias de los manifestantes se habían cumplido tras unos pocos meses de protestas y de debates ciudadanos en la plaza frente al Parlamento.

Un Gobierno en funciones convocó elecciones anticipadas para el 25 de abril, que dieron una mayoría parlamentaria y el Gobierno a una coalición entre los socialdemócratas, que también habían sido socios en el anterior Ejecutivo, y el movimiento de Izquierda- Los Verdes, anteriormente en la oposición.

Los antecedentes del colapso

La cosa no quedó ahí. Ya antes, y en parte gracias a la presión ciudadana, en diciembre de 2008 el Parlamento había creado una comisión de investigación sobre los antecedentes y las causas del “Colapso”, como los islandeses se refieren al estallido de la crisis. En abril de 2010, el informe de la comisión, publicado en ocho detallados volúmenes, acusó de “negligencia grave” al entonces primer ministro y a otros altos cargos del Gobierno por no haber intervenido mientras los bancos se enriquecían a costa de una deuda que acabó llevándose por delante al sistema financiero islandés.

La cosa tampoco quedó ahí. En 2009, el nuevo Gobierno creó un puesto de fiscal especial para investigar los posibles delitos durante el periodo anterior al “Colapso”. En un principio nadie se postuló para el trabajo, pero finalmente un policía de un pueblo cercano a Reikiavik, sin experiencia en delitos financieros, ocupó el puesto y empezó a investigar. El resultado es 31 personas condenadas a un total de 99 años de cárcel entre todas las sentencias (aunque algunos casos están en fase de apelación) por delitos que van desde uso de información privilegiada y manipulación de mercados.

Y esto tampoco fue todo: la crisis y las protestas supusieron un despertar cívico para muchos islandeses, que hasta entonces habían confiado casi ciegamente en sus representantes políticos y en otros dirigentes, y que de golpe se dieron cuenta que no basta con votar una vez cada varios años: que si uno quiere ser un ciudadano responsable, ha de asumir la dimensión política de su ciudadanía más allá del voto.

Las conversaciones en la plaza habían servido de foro en el que los manifestantes debatieron cómo implicarse en la vida política de su país: democracia directa, partidos ciudadanos, una nueva Constitución… La crisis sirvió también de oportunidad y dio lugar a varias formas de experimentación política desde la ciudadanía.

El caso de Islandia se convirtió en un aviso y en un ejemplo para políticos y ciudadanos de otros lugares a medida que la Gran Recesión y la desconfianza hacia políticos y banqueros extendían las protestas y la ocupación de las plazas internacionalmente, como en España durante el 15-M.

Hoy, diez años después de aquel 2009 en el que los islandeses trataron de recuperar las riendas de su país, ¿qué ha sido de aquellos experimentos ciudadanos políticos en Islandia?

Democracia digital

Durante las protestas, una de las ideas más repetidas fue que los ciudadanos pudieran participar directamente y de forma continua en el proceso de toma de decisiones. “En aquel momento pensamos, '¿Qué podemos hacer con Internet para dar a la gente más influencia?' Y lo que se decía era, 'Oh, lo único que necesitamos es democracia directa, deshacernos de los políticos”, recuerda Róbert Bjarnasson, emprendedor y activista medioambiental.

Róbert y Gunnar Grímsson, desarrollador web y consultor, construyeron una página llamada Parlamento en la Sombra (Skuggaþing), que ya en mayo de 2009 era funcional. El sitio web recogía automáticamente las propuestas de ley que se estaban debatiendo en el Parlamento, y permitía a los usuarios informarse, monitorear y comentar esos debates, y también sugerir sus propias enmiendas a las propuestas de ley. Pero la web del Parlamento en la Sombra no estaba afiliada con el Parlamento real, y los diputados podían ir y leer lo que decía la gente o —como solía ocurrir— simplemente ignorarlo.

Parlamento en la Sombra recibió atención en la blogosfera islandesa, apareció en algunos medios de comunicación, y un cierto número de gente llegó a ser bastante activa en el sitio. Pero a Róbert y Gunnar les sorprendió y decepcionó que no hubiera más gente que visitara y participara en este parlamento paralelo. “Había tanta indignación en la sociedad, había tanta gente reclamando, 'Tenemos que cambiar esta situación, no podemos seguir viviendo así, tenemos que mejorar las cosas, bla bla bla'. Creíamos que todo el mundo empezaría a usar el sitio web”, comenta Gunnar.

Pensaron que una de las razones de la falta de participación era que la gente está más inclinada a intervenir en las decisiones que afectan a su día a día que en cuestiones de Estado. Así que Róbert y Gunnar usaron la misma tecnología que habían desarrollado para Parlamento en la Sombra (que llamaron Tus Prioridades —Your Priorities— y que hicieron disponible como software de código abierto para que cualquiera pudiera usarlo gratuitamente) y lanzaron un nuevo sitio llamado Ciudad en la Sombra (Skuggaborg) unas semanas antes de las elecciones locales previstas para mayo de 2010.

Todos los partidos que se presentaban a las elecciones en Reikiavik recibieron espacio en Ciudad en la Sombra para publicar su programa electoral y para interactuar con los ciudadanos. Pero casi todos los partidos ignoraron este espacio en Internet, excepto uno que sí decidió tratar de aprovechar las posibilidades que ofrecía: el Mejor Partido (Besti flokkurinn).

Esta agrupación se llamaba realmente así, ya que en un principio la habían creado como una parodia de los partidos tradicionales el cómico Jón Gnarr y algunos amigos suyos, incluyendo expunks, cantantes y artistas. Burlándose de la banalidad habitual de los programas electorales, el Mejor Partido prometió, primero, incumplir todas sus promesas. Y luego se lanzó a prometer construir un parque de atracciones Disney World, dar toallas gratis en las piscinas, adquirir un oso polar para el zoo de Reikiavik… Su “Programa de 10 puntos” tenía en realidad 13 puntos, y en su vídeo promocional aparecían Jón Gnarr y sus colegas cantando en islandés con la música de la canción The Best de Tina Turner.

Aún había desconfianza hacia los partidos tradicionales, las bromas de Jón Gnarr conectaron con la gente, y poco antes de las elecciones el Mejor Partido era líder en las encuestas y se enfrentaba a la posibilidad de ganar y tener que gobernar realmente la ciudad. Fue entonces cuando el Mejor Partido decidió aprovechar el sitio web Ciudad en la Sombra, para escuchar al electorado y recabar propuestas políticas por parte de la ciudadanía por si acaso acababa teniendo que gobernar desde el Ayuntamiento.

Llegó el día de las elecciones, el 29 de mayo de 2010, y el Mejor Partido fue el más votado, con un 34,7% que le dio seis de los 15 regidores. Mientras el partido de Jón Gnarr iniciaba conversaciones con posibles socios de gobierno, Ciudad en la Sombra abrió una sección llamada Una Mejor Reikiavik (Betri Reykjavík), donde la gente podía hacer propuestas de mejora para la ciudad para que los partidos las tuvieran en cuenta en las negociaciones. Unas 5.000 personas usaron el sitio (casi el 9% de los electores) y crearon casi 2.000 prioridades, muchas de las cuales acabaron formando parte del acuerdo de gobierno al que finalmente el Mejor Partido llegó con el partido Social Demócrata.

Róbert y Gunnar convirtieron Una Reikiavik Mejor en un sitio web autónomo, y al nuevo alcalde Jón Gnarr le gustó tanto que quiso institucionalizarlo como parte de la administración local. “Los burócratas no sabían cómo hacerlo porque algo así les era muy ajeno, que de repente hubiera tantos ciudadanos participando de algún modo en el Gobierno”, comenta Róbert. “No es que los propios funcionarios estuvieran contra el sitio web, pero el sistema sí lo estaba, porque los sistemas burocráticos generan mucha resistencia ante cualquier cambio”, cuenta.

Tras varios meses de negociaciones, en octubre de 2011 el Ayuntamiento de Reikiavik firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Ciudadanos (Citizens Foundation, CF, una organización sin ánimo de lucro creada por Róbert y Gunnar en diciembre de 2010) para institucionalizar Una Reikiavik Mejor como parte de la administración local. Desde entonces, la CF ha mantenido el sitio web como un servicio público, y cada mes las prioridades ciudadanas con más votos positivos, en total y en diferentes categorías (medio ambiente, transporte, educación…), pasan automáticamente a la agenda del departamento en cuestión del Ayuntamiento. Y así sigue funcionando aún hoy.

Durante todo ese tiempo, Róbert y Gunnar habían ido modificando el software —Tus Prioridades— y el sito Una Reikiavik Mejor para que el sistema fuera más funcional, más gráfico, más simple. “(Se trata) de que sea ameno y entretenido. Queremos que sea fácil, entretenido, informativo, educativo. Hay tantísima competición (en Internet)”, dice Róbert.

Cuando lanzaron Parlamento en la Sombra, y como a menudo ocurre en foros de Internet, en los comentarios la gente acababa insultándose y discutiendo cuestiones no relacionadas con el tema original. Así que Róbert y Gunnar habían ido desarrollando un sistema particular para tratar de incentivar que los usuarios tuvieran conversaciones productivas.

Ahora, en la parte superior de la página está la propuesta ciudadana en cuestión, descrita con un texto breve y que los demás usuarios pueden votar como buena o mala. Bajo la propuesta, hay dos columnas en las que la gente puede publicar notas breves para argumentar a favor en una columna y en contra en la otra. Los usuarios no se pueden responder directamente sino que tienen que escribir notas independientes argumentando por o contra la propuesta en cuestión. Lo que la gente sí puede es votar como buenos o malos los diferentes argumentos, que la página muestra ordenados de “mejores” a “peores” según estos votos, lo que en teoría debería recompensar a los comentarios más constructivos a ambos lados del debate.

Basándose en la misma idea y usando la misma tecnología, la CF desarrolló también una herramienta de presupuestos participativos para la plataforma Una Reikiavik Mejor. La llamaron Unos Barrios Mejores (hoy se llama simplemente Mi Barrio —Hverfið mitt—) y empezó a funcionar en 2012, cuando el Ayuntamiento asignó 300 millones de coronas islandesas (unos 1,85 millones de euros) del presupuesto municipal para la construcción o mejora de infraestructuras propuestas, discutidas y priorizadas por la ciudadanía a través del sitio web.

“La idea es también que sea una herramienta educativa que instruya a los ciudadanos sobre el presupuesto, sobre cuánto cuesta construir algo en la ciudad, que hay limitaciones, que no es posible tener todo lo que se quiere”, dice Róbert, que está convencido del potencial del sistema también para la toma de decisiones políticas de más calado.

En Mi Barrio, los usuarios —que al contrario que en Una Reikiavik Mejor deben estar registrados con su identidad real— proponen, discuten y votan por unos proyectos u otros. Luego el Ayuntamiento envía las propuestas con más votos a una serie de comités técnicos que estiman su coste. Entonces los proyectos vuelven al sitio web etiquetados con este precio, y ahora los usuarios pueden elegir sus preferidos de una forma muy gráfica que va restando el dinero disponible a medida que se van eligiendo proyectos. La idea es que la gente experimente las limitaciones presupuestarias y cómo se está obligado a elegir solo algunos de todos los proyectos que la ciudadanía querría llevar a cabo.

Entre 2012 y 2018, cerca de 700 propuestas ciudadanas fueron aprobadas a través de este sistema, según las cifras de la CF y del Ayuntamiento. “Cada barrio al que vayas contiene ideas de los ciudadanos. Cuando la gente mira por la ventana, (ve que) ha estado participando en el proceso y la prueba la tiene a la vista, ve que realmente puede tener influencia”, explica Róbert. Durante 2018, un 12,3% de la población de Reikiavik mayor de 15 años participó en las deliberaciones, y el Gobierno local destinó 450 millones de coronas (unos 2,78 millones de euros) a financiar los 88 proyectos finalmente escogidos. Estos van desde la construcción de canchas de baloncesto, carriles bici y caminos para viandantes, a plantar árboles y distribuir más contenedores para la basura, pasando por la edificación de un mercado de alimentación y de saunas.

En cuanto a Una Reikiavik Mejor, actualmente hay unos 20.000 usuarios registrados, aunque en total más de 70.000 personas lo han usado en un momento u otro desde su lanzamiento (en una ciudad hoy de unos 122.000 habitantes), y la gente ha creado más de 6.800 propuestas, todo según las cifras de la CF. De esas propuestas, el Ayuntamiento ha revisado más de 3.000 y alrededor de un centenar han acabado siendo aprobadas.

Tras el rápido éxito en Reikiavik, ya a finales de 2011 la CF había lanzado un sitio que llamó Una Mejor Islandia (Betra Ísland), una versión renovada de Parlamento en la Sombra que ahora funcionaba de un modo similar a Una Mejor Reikiavik. Cuando un cierto número de usuarios apoyaban o rechazaban alguna iniciativa o propuesta parlamentaria, el sitio web enviaba automáticamente los temas de discusión y los comentarios de los usuarios al Parlamento.

Sin embargo, y al contrario que su equivalente municipal, Una Mejor Islandia no estaba integrada en la administración nacional, y los diputados y los comités parlamentarios aún podían simplemente ignorar los comentarios y propuestas que les llegaban del sitio web. Tal y como pasó con Parlamento en la Sombra, Una Mejor Islandia no consiguió el nivel de aceptación y participación que sí tiene Una Mejor Reikiavik, y de nuevo puede ser en parte debido a que los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas públicas en el plano nacional no generan tanto sentimiento de inmediatez o de conexión personal como sí ocurre con el plano local.

Desde 2014, Una Mejor Islandia aloja páginas de otras ciudades que funcionan al modo de Una Mejor Reikiavik. Y una sección dentro del sitio madre, Querido Parlamento (Kæra Alþingi), sigue funcionando tal y como lo hacía Parlamento en la Sombra.

¿Democracia directa… para qué y para quién?

Aparte de las trabas para que estas plataformas consigan que suficiente gente participe más allá del ámbito local —o incluso más allá del ámbito de ciudades pequeñas y muy desarrolladas como Reikiavik—, también existe la cuestión de qué tipo de ciudadanos acaban siendo activos en estos sitios. Parece que los usuarios más participativos tienden a ser los mismos que ya están implicados políticamente fuera de Internet. Muchos, además, cuentan con bastantes recursos educativos, económicos y materiales, por lo que existe el temor de que estas tecnologías participativas contribuyan a discriminar a quienes ya tienen dificultades para acceder al proceso político debido al idioma, la educación u otras barreras socioeconómicas como inmigrantes, personas mayores y las clases bajas.

Asimismo, estas plataformas suelen carecer de mecanismos que permitan a los ciudadanos insistir o presionar a los representantes políticos si estos no responden o el proceso no avanza. Y también está el peligro de que incentivar la participación individual mediante plataformas digitales acabe conllevando que prácticas colectivas más tradicionales, como la participación a través de la sociedad civil organizada, pierdan relevancia.

La CF reconoce estos riesgos y limitaciones, y ya en 2013 Róbert y Gunnar empezaron a trabajar en un sistema de inteligencia artificial (AI) al que llaman Ciudadano Activo (Active Citizen) y con el que esperaban reducir las diferencias en el acceso a las plataformas participativas. La idea es que este sistema de AI, que funcionaría como una especie de asistente digital, siga la actualidad política y la actividad parlamentaria y la de otras instituciones, para luego mantener a cada usuario al día mediante notificaciones y mensajes sobre las cuestiones que le interesan. El objetivo es que así sea más práctico y fácil para el usuario simplemente responder y seguir o participar en el debate público sobre tales cuestiones mediante sus propios comentarios o propuestas.

El software Tus Prioridades que desarrollaron Róbert y Gunnar se ha usado también fuera de Islandia. Uno de los ejemplos más exitosos es el de Estonia, donde se ha usado para abrir al público la elaboración de varias leyes nacionales. También las plataformas participativas Decide Madrid (en la que la CF participó como consultora) y Decidim Barcelona son en cierto modo herederas del software iniciado por Róbert y Gunnar en 2009.

Aunque, tal y como ocurre por ejemplo con Una Mejor Islandia, de momento sigue abierta la cuestión de si estas dos plataformas españolas han conseguido un nivel suficientemente inclusivo y significativo de participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y en la gestión de las dos ciudades. Igualmente, y más en general, aún no sabemos si estos sistemas deliberativos y las herramientas de presupuestos participativos pueden acabar consiguiendo una masa crítica de usuarios en el plano nacional y cuando se trata de cuestiones de Estado.

Además, una página web participativa que pretenda enganchar a la gente tiene que recompensar de algún modo esa implicación, tiene que hacer sentir a los usuarios que están perdiéndose algo importante si no entran en esa web. Pero eso es exactamente lo que hacen redes sociales como Facebook para que los usuarios queden atrapados en su plataforma y pasen el mayor tiempo posible en ella. Y tanto Gunnar como Róbert creen que ese no es el modelo a replicar para construir páginas web participativas. Porque un sitio como Facebook genera todo tipo de incentivos perversos para que sus usuarios acaben obsesionados o adictos al uso de la plataforma: tiende a desatender debates moderados y constructivos en favor de titulares, declaraciones y comentarios sensacionalistas y escandalosos, y de clickbait o ciberanzuelos.

“Lo cierto es que es muy difícil desarrollar una página web participativa que funcione bien, que atraiga a la gente y que les haga querer volver una y otra vez para hacer algo, y esto con una página que solo hable de ideas y de nada más”, comenta Gunnar, que dejó la CF en enero de 2017. “Si quieres que la gente participe en algo de forma regular, entonces tiene que ser ameno y divertido, tiene que ser entretenido de alguna forma”, concluye.

“Quiero advertir a todos los criminales que no juzguen la situación de manera equivocada y confundan contención con debilidad”, declaraba este martes Yang Guang, portavoz del Consejo de Estado [Chino] para los Asuntos de Hong Kong y Macao. La huelga general del día anterior tras dos meses de protestas se había cerrado con un saldo de 800 bombas lacrimógenas, 20 granadas esponja, 140 pelotas de goma y 148 arrestos. “Es solo cuestión de tiempo que los manifestantes reciban su castigo”, advirtió Guang dramáticamente. “Los que juegan con fuego se quemarán”. 

No es el primer aviso. Una portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino advirtió hace semanas que el Ejército de Liberación Popular podría ser llamado para mantener el orden en la región. El jueves de la semana pasada, el ejército distribuyó desde su cuenta oficial en Hong Kong un vídeo épico de tres minutos en el que se ve a las tropas enfrentándose a diferentes retos, incluyendo manifestaciones. Parece el trailer de un videojuego de acción, con un soldado que grita ¡todas las consecuencias bajo tu cuenta y riesgo! La guarnición local del Ejército de Liberación chino tiene entre 6.000 y 10.000 soldados. La cifra oficial de miembros del Ejército de Liberación es de 2.035.000.

Técnicamente, todo empezó cuando las autoridades de Hong Kong presentaron una enmienda a la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos que autoriza la extradición de cualquier persona, local o extranjera, a cualquier país, incluyendo China. Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, argumentó que las enmiendas servirían para “tapar los agujeros” de la legislación e impedir que la región se convirtiera en un “refugio de criminales”. Su percha fue un sombrío asesinato que tuvo lugar el año pasado, cuando un ciudadano de Hong Kong de 19 años asesinó a su novia de 20 cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El hombre regresó rápidamente a la región y no pudo ser deportado porque Hong Kong no tiene acuerdo de extradición con Taiwán. Las autoridades locales solo pudieron juzgarlo por usar la cuenta corriente de su víctima sin autorización, cuando ya estaba muerta. Lam quiso aprobar la enmienda de forma rápida, pero se encontró con el bloqueo del parlamento. Después, con el del resto de la población.

Hong Kong mantiene ya acuerdos de extradición con una veintena de países y China no está en la lista. En la República Popular China, el poder judicial está subordinado a la autoridad del Partido Comunista y ha sido denunciado numerosas veces por arrancar confesiones con tortura, entre otras cosas. Aceptar la enmienda implicaría entregarse a las idiosincrasias de un régimen no democrático y renunciar a la esperanza de un proceso justo. Los hongkoneses aseguran que la nueva ley servirá para extraditar disidentes políticos, activistas, periodistas y enviarlos a los campos de reeducación que ha implementado el partido, considerados como una reencarnación del Gulag. O para legitimar los secuestros que ya tienen lugar. También temen por la integridad de su economía, que podría quedar supeditada a los intereses de los oligarcas chinos favorecidos por Jinping. Pero, sobre todo, creen que la intromisión de China en su sistema de justicia marcará el final de su precaria independencia, cuyo contrato vigente termina en 2047. 

Independencia relativa y temporal

China perdió Hong Kong en la primera Guerra del Opio en 1842, y había sido una colonia británica hasta que, en 1997, Reino Unido la revirtió a China como Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Lo hizo bajo el extraordinario principio de “un país, dos sistemas”, un concepto que se inventó Deng Xiaoping para recuperar la región sin hacer peligrar su condición de gallina de los huevos de oro. Era el centro financiero de Asia. No se podía romper. 

La constitución de la ciudad le dió derecho a mantener su propio sistema judicial -basado en el antiguo derecho común anglosajón-, su propia legislatura, sus canales de inmigración, su economía capitalista y hasta su equipo olímpico con su correspondiente himno. Tienen su propia bandera y su propia divisa, cuya moneda de un dólar lleva todavía la cara de la reina Isabel II. El gobierno chino tiene la defensa, la política exterior y el derecho a elegir al Presidente del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, que sustituye la colonial figura del gobernador de Hong Kong. Ese es el cargo que ocupa Carrie Lam, la impopular instigadora de la polémica enmienda. 

Los términos del acuerdo también establecían un cambio en el sistema electoral de la isla hacia un sufragio universal. Ese cambio tenía que haber ocurrido en 2007, pero nunca sucedió. China estableció que las enmiendas electorales de Hong Kong deberían ser aprobadas por el gobierno chino, cosa que nunca ha hecho.  Y el año que viene se celebran nuevas elecciones, precedidas este noviembre por las elecciones de los 18 distritos de la ciudad. 

Este acuerdo se firmó por 50 años. Caduca en 2047. Es por eso que la protesta inicial ha evolucionado hacia un movimiento civil por la soberanía de la región. Una amenaza que el gobierno chino solo sabe gestionar de una manera. Pero Hong Kong tiene otra cosa que la sociedad china no tiene: derecho a manifestarse, a expresarse y reunirse libremente, a mantener una prensa libre, a rezar a quien les de la gana y a declararse en huelga. Tienen los típicos derechos civiles que caracterizan una democracia, algo completamente nuevo para el régimen de Jinping. Y, por descontado, algo incompatible al modelo Tiananmén de gestión del malestar ciudadano. 

Siete manifestaciones, 500 detenidos

La primera marcha civil contra las enmiendas, el domingo 9 de junio, congregó a más de un millón de personas, en una ciudad de siete millones. Es la mayor protesta registrada desde la “independencia” en 1997 (las autoridades reportaron solo 240.000). Lam asegura que la enmienda no viene del gobierno central y el proceso sigue su curso. Tres días después, un grupo mucho más pequeño de manifestantes se congrega alrededor del parlamento para impedir, físicamente, que la ley sea aprobada. La actuación de la policía fue desproporcionada.

“La respuesta excesiva de la policía está calentando la tensión y es probable que contribuya a empeorar la violencia. Las feas imágenes de la policía tirando gases lacrimógenos y rociando pimienta a los pacíficos manifestantes es una violación del derecho internacional”, declaró el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam. Esa misma tarde, Lam llamó a los manifestantes niñatos malcriados en televisión. La siguiente manifestación, el 16 de junio, congrega a dos millones de personas. Es casi un tercio de la población. Lam recula y anuncia en una rueda de prensa que “tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”. Pero tienen delante el primero de julio. Ya no hay nada que hacer. 

El primero de julio es la fiesta nacional de Hong Kong, porque marca el aniversario de su independencia del imperio británico. Pero también es el día que los hongkoneses aprovechan para reivindicar la independencia total del régimen comunista. Esta función doble se inauguró en 2003 con otra impopular enmienda, el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong. El nuevo texto introducía el crimen de “traición, secesión, sedición y subversión” contra el gobierno chino. Aunque nunca llegó a aprobarse y el jefe ejecutivo del momento dimitió, el artículo 23 no murió del todo. De hecho, sirvió como referencia para prohibir la existencia misma del Partido Nacional de Hong Kong, en septiembre de 2018. Así fue que este primero de julio se volvieron a congregar dos millones de personas para exigir la ruptura con China. El recuento oficial fue de 338.000.

Cientos de jóvenes enmascarados tomaron al asalto el Parlamento, una imagen que recuerda poderosamente a otras imágenes icónicas. La policía tardó horas en sacarlos de allí. Días más tarde, Lam declara muerta la enmienda, pero ya da lo mismo. La marcha se ha convertido en un movimiento civil por la soberanía de la región. Las batallas se suceden y se recrudecen. Los himnos proliferan. Unos cantan Sing Hallelujah to the lord para reivindicar la libertad de culto. Otros Do You Hear the People Sing de Los Miserables, que ya había sido popular en las protestas de 2014. Las dos son prohibidas por el gobierno chino para evitar que se contagie a través de las fronteras. Hay paraguas en homenaje a los Umbrella 9, los líderes estudiantiles condenados por organizar la revuelta prodemocracia de 2014. Entonces las protestas paralizaron la ciudad durante 79 días. Un récord a punto de perecer. 

En la manifestación del 21 de julio se recrudecen los encuentros. Aparecen grupos de hombres enmascarados y armados con barras de hierro que atacan a los manifestantes, dejando 45 heridos. Algunos son identificados como miembros de las temidas mafias locales. Las asociaciones acusan al gobierno central de haber reclutado a las mafias para hacer el trabajo sucio. El gobierno acusa a los manifestantes de trabajar para Trump. El 27 de julio hay trincheras en las calles de todos los distritos de la ciudad. 

La huelga general del 3 de agosto ha conseguido paralizar la puerta financiera del continente asiático. El aeropuerto funciona en un 50%. No ha habido una huelga semejante desde los disturbios de 1967, que empezaron en una fábrica de flores artificiales y se saldaron con 51 muertos (15 por atentado con bomba); un millar de heridos, 5.000 arrestados y casi 2.000 condenados. Después de la huelga del pasado lunes, más de 500 personas han sido arrestadas, algunas de ellas con cargos de revuelta, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. China estaba usando a Hong Kong para esquivar la guerra arancelaria con los EEUU, gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Si pierde la región, pierde la trampa. Si se la queda, también.

La nueva guerrilla antivigilancia

Desde que empezó la protesta, los manifestantes han ido refinando su estrategia con tácticas que marcarán un antes y un después en el manual de la desobediencia civil. Llevan cascos y máscaras de pintura para esquivar las pelotas de goma y van armados con punteros láser para cegar las cámaras de reconocimiento facial de la policía. El gobierno chino presume de haber instalado seis millones de cámaras para vigilar y reeducar a sus ciudadanos, un sistema que ya ha sido calificado como la primera dictadura digital. Todos han desactivado la identificación facial y dactilar en sus móviles. Demasiado fácil de desbloquear si te detienen.

También hay escuadrones especializados en neutralizar las latas de gases lacrimógenos con conos de tráfico y botellas de agua. Todo ha sido tipificado como “objetos ilegales” por las autoridades. 

El asedio ha despertado la solidaridad de la ciudadanía. Los viajeros del metro dejan monedas y tickets de viaje para que los manifestantes puedan moverse sin usar sus tarjetas identificativas. En repulsa por la detención de un estudiante por posesión de punteros láser, este miércoles cientos de ciudadanos se han reunido en Tsim Sha Tsui para hacer su propio espectáculo de lásers. Todo mientras esperamos que Jinping mueva ficha: dejar que las protestas se disipen por sí mismas y arriesgarse a que Hong Kong se le escurra entre los dedos o aplastar la revuelta y anexionarse la región como hizo Putin con Crimea en marzo de 2014. 

Les ha costado casi un año más de lo previsto, pero parece que lo han conseguido. La asociación de estudiantes URJCrítica, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha anunciado que ha presentado en el registro una moción de censura contra el rector, Javier Ramos.

Los estudiantes han asegurado que ya están presentadas las 101 firmas de miembros del claustro que los estatutos contemplan como necesarios para solicitar una moción de censura. Fuentes de la universidad han explicado a este diario que no tienen constancia de que el hecho se haya producido, que desconocen en qué registro se han presentado y que se darán por aludidos cuando llegue a la Secretaría General del centro.

❗#ÚLTIMAHORA | Acaban de ser depositadas las 101 firmas de miembros del #ClaustroURJC necesarias para presentar la Moción de Censura al Rector @javierramosl en el registro de la @urjc. #MocióndeCensuraURJC

— URJCrítica (@URJCritica) July 30, 2019“>

Antes de proceder con la moción, la URJC deberá recibir la solicitud y confirmar la validez de las firmas. Según la normativa y siempre que todas las firmas de la moción presentada tengan validez, el rector tiene un mes para convocar un claustro extraordinario en el que se debata y vote la moción, por lo que en ningún caso será antes de septiembre (la universidad cierra en agosto) y probablemente se vaya a octubre.

Los estudiantes de URJCrítica habían hecho de la moción de censura a Ramos su razón de ser en el claustro tras las elecciones de junio del año pasado. “Todo empezó con la gestión del caso Cifuentes, seguimos sin tener claro qué pasó y todo lo que se hizo [por parte de la Universidad] se hizo tarde y porque no había alternativa”, explica Rubén Hernández, miembro de la asociación. “Necesitamos una regeneración de la universidad y que se eliminen las redes clientelares”, añade.

Los estatutos de la URJC contemplan que para que la moción de censura salga adelante es necesario que la apoyen dos tercios de los claustrales. El máximo órgano de representación de la universidad, y único con capacidad de deponerle, está formado por 300 miembros, por lo que para que la moción salga adelante hacen falta otros 100 apoyos que se sumen al centenar que ahora mismo tienen asegurados los estudiantes. Si más de 200 personas votan a favor, Ramos dejará de ser rector.

Los 300 miembros del claustro se reparten entre 160 PDIs funcionarios o contratados (Personal Docente e Investigador), 45 PDIs que no cumplan los requisitos anteriores, 61 estudiantes y 34 miembros del PAS (Personal Administrativo y de Servicios).

Capítulo 1 - El sobre

Capítulo 2 - 6,11

Capítulo 3 - Dudas

Capítulo 4 - Las firmas

Capítulo 5 - Olay

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Producción: Toni Garrido

Dirección: Álvaro de Cózar

Guion: Álvaro de Cózar y Pablo G. Batista

Grabación y diseño de sonido: Yago Mendívil

Música: Juan Arance

Tema: No hay amor sin dolor de Los Bengala

Créditos: Al rojo vivo (La Sexta), Más vale tarde (La Sexta), La Sexta Noticias, Hoy por hoy (Cadena SER), La ventana (Cadena SER), Hora 25 (Cadena SER), Hora 14 (Cadena SER), Más de uno (Onda Cero), Antena 3 Noticias, Dos días y una noche (Antena 3), Noticias cuatro, El cascabel (13TV), Es la mañana de Federico (esRadio), Millenium (TVE), Telediario 1 (TVE), Telenoticias (Telemadrid).Créditos:

En marzo de 2018, eldiario.es destapó una trama de títulos de máster irregulares en una universidad pública que acabó en la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afectó al actual líder del PP, Pablo Casado, y obligó a dejar el cargo meses después a la ministra socialista de Sanidad Carmen Montón.

El trabajo periodístico de Raquel Ejerique y gran parte de la redacción de eldiario.es ayudó a descubrir el comportamiento de un grupo que operaba dentro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que no respetó los principios de igualdad y mérito académico. Se había establecido y consentido una ruta privilegiada para que políticos y personas influyentes obtuvieran títulos en un centro público.

Este podcast, que lanzaremos dentro de unos días, relata cómo fue esa investigación periodística. La cuentan los reporteros de eldiario.es y otros medios de comunicación, algunas de las personas que ayudaron en la investigación y los estudiantes que sufrieron sus consecuencias. Con audios inéditos.

Producción: Toni Garrido

Dirección: Álvaro de Cózar

Guion: Álvaro de Cózar y Pablo G. Batista

Grabación y diseño de sonido: Yago Mendívil

Música: Juan Arance

Tema: No hay amor sin dolor de Los Bengala

Con audios de: Al rojo vivo (La Sexta), Más vale tarde (La Sexta), La Sexta Noticias, Hoy por hoy (Cadena SER), La ventana (Cadena SER), Hora 25 (Cadena SER), Hora 14 (Cadena SER), Más de uno (Onda Cero), Antena 3 Noticias, Dos días y una noche (Antena 3), Noticias cuatro, El cascabel (13TV), Es la mañana de Federico (esRadio), Millenium (TVE), Telediario 1 (TVE), Telenoticias (Telemadrid).

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan la Ley de Transparencia, ha dejado sin ejecutar el 37% de su presupuesto desde su creación en 2015. En total, cuatro millones de euros en partidas incluidas por Hacienda durante el gobierno del PP en las cuentas del Estado que nunca se llegaron a utilizar, según los datos de la Intervención General del Estado analizados por eldiario.es.

“El Ministerio de Hacienda metió un presupuesto tipo para organismos y puso partidas para inversiones y gastos que nosotros no necesitamos” explica Javier Amorós, subdirector del Consejo de Transparencia, que asegura que la estructura de los presupuestos, decidida por el Ministerio de Hacienda y no por ellos, no se corresponde con las necesidades del organismo. Necesitan sobre todo personal.

Aunque el porcentaje de ejecución de 2018 alcanzó el 92%, coincidiendo con el recorte del presupuesto, entre 2015 y 2017 el CTBG solo utilizó la mitad de los fondos que les habían consignado en los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, un 37% sin utilizar.

Tras el rechazo del Congreso a las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, las previsiones del Consejo para este año no son muy favorables. Tendrán que aguantar con los presupuestos prorrogados del año pasado, los más bajos que ha tenido el organismo, hasta el momento en el que se aprueben unas nuevas cuentas públicas.

Cuando se concibió el primer presupuesto del Consejo, en 2014, el organismo no había entrado en funcionamiento y estaba sin presidente. Desde entonces, la estructura de las partidas se ha mantenido igual sin que se haya tenido en cuenta la opinión del Consejo. “No hemos tenido ni voz ni voto en nada de los presupuestos”, afirma Amorós, presidente en funciones del Consejo.

Precisamente, la partida que más se ha quedado sin gastar es la destinada a las inversiones asociadas al funcionamiento operativo de servicios: apenas se ejecutó el 3% del presupuesto y más de 1,2 millones se quedaron sin utilizar entre 2015 y 2017. Le siguen los estudios y trabajos técnicos, para los que solo se gastó el 14% del presupuesto (342.000 euros sin usar) y la partida de telefónicas, que solo se ejecutó el 2% (200.000 euros sin utilizar).

Un problema que se une a la situación actual del Consejo: llevan más de un año sin presidente -desde el fallecimiento de la anterior responsable, Esther Arizmendi-, las reclamaciones se han duplicado, la plantilla no crece y además ha tenido que lidiar con los pleitos de la administración para no acatar sus resoluciones.

El volumen de actividad ha ido creciendo año a año y los recursos siguen siendo los mismos. Ahora, además de tramitar los expedientes de la Administración General, desde 2016 también gestiona las de ocho comunidades autónomas que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Principado de Asturias, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Mientras que en el primer año de funcionamiento solo recibieron 517 reclamaciones, en el último año ya gestiona 1.338, más del doble. En el mismo periodo, el presupuesto se ha recortado un 12%.

En su último informe, el Consejo de Transparencia pedía más recursos y medios para poder llevar a cabo sus funciones y cumplir la ley que aprobó el Congreso en 2013. Ahora mismo el organismo cuenta con 20 personas en plantilla para evaluar la transparencia de la actividad pública, resolver las reclamaciones, asesorar en materia de transparencia o adoptar recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la ley.

“Los cálculos que hemos hecho para poder atender el volumen de actividad actual es que necesitaríamos el doble de gente”, asegura Amorós, que pide un trasvase de recursos al capítulo de gastos de personal. En las cuentas presentadas por Pedro Sánchez para 2019, rechazadas por el Congreso de los Diputados, el Consejo había recuperado el recorte que sufrió en 2018 y había destinado parte de las partidas que existían para inversiones en gastos de funcionamiento. Hasta que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, el CTBG seguirá funcionando con los presupuestos prorrogados de 2018.

Cuando la transparencia acaba en los tribunales

Casualmente, el Consejo pide más fondos a un Gobierno con el que mantiene numerosos conflictos que han acabado en los tribunales. Según los últimos datos disponibles, los ministerios y los organismos de la Administración General han presentado 82 recursos en los tribunales para oponerse al criterio del Consejo de Transparencia durante estos años.

Así, tanto los Gobiernos de Rajoy como Pedro Sánchez han destinado recursos de la Abogacía del Estado para evitar responder a solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia. Entre ellos, los recursos presentados por 8 ministerios para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional, para no revelar los sobrecostes de obra pública, el listado de sociedades regularizadas en la amnistía fiscal o los costes de los programas de RTVE.

Una vía judicial que no ha cambiado de rumbo con el nuevo Ejecutivo. “Se siguen recurriendo nuestras resoluciones y nos gastamos unos 40.000 euros al año acudiendo a profesionales privados para defendernos ante la Administración”, afirma el subdirector del Consejo, Javier Amorós, sin director oficial porque la Comisión de Hacienda del Congreso no ha sido capaz de consensuar ningún candidato.>

Aunque la directora Arizmendi disipó las dudas sobre su independencia durante su mandato y enfrentó las demandas del Gobierno, la ley de 2013 garantizó que el presidente del Consejo sería nombrado a propuesta del Ejecutio. Un aspecto de la ley que no garantiza la neutralidad del próximo candidato y que tampoco le concede capacidad sancionadora al Consejo de Transparencia.

La plataforma Osoigo ha presentado este lunes una nueva herramienta con la que proponen desarrollar una Ley Orgánica de Participación Ciudadana redactada con las aportaciones de los ciudadanos que quieran colaborar. Si sale adelante, será la primera legislación de este tipo en España.

“La ley desarrollaría el derecho de participación que recoge el artículo 23.1 de la Constitución”, ha explicado en la presentación el jurista y consultor Francisco Jurado, miembro de Osoigo. “Introducimos otros mecanismos como la deliberación participativa antes de elaborar una política pública, una primera fase de presupuestos participativos a nivel estatal o un Observatorio Ciudadano para fiscalizar la acción de los poderes públicos”, ha añadido.

El proyecto parte de un borrador, ya disponible en la web, realizado en un grupo de trabajo de las Jornadas de Inteligencia Colectiva para la Democracia que organizó el Ayuntamiento de Madrid en noviembre. Consta de 63 páginas sobre las que cualquier usuario registrado en la plataforma puede realizar correcciones, proponer mejoras o argumentar qué eliminarían. Se nutrirá de las ideas de ciudadanos −también en actos presenciales−, centros de investigación, asociaciones y expertos antes de intentar que llegue al Congreso de los Diputados, según han expuesto en rueda de prensa.

Este proceso se alargará un mes y medio. El 15 de marzo finaliza el plazo para el debate de ideas y el colectivo comenzará a redactar un texto definitivo, que se publicará unos días después. Para la elección de las propuestas que se mantendrán en el texto final habrá dos criterios: en primer lugar, su encaje jurídico (que no choque con otras leyes y no contradiga la Constitución), y en segundo lugar, un criterio subjetivo basado en la valoración de esas ideas de la propia comunidad.

A partir de ese momento se dará inicio a una campaña de apoyo al texto y un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios para llevarlo al Congreso. Desde la plataforma han señalado que ya se ha contactado con algunos grupos de manera “informal”, pero esperarán a la fase de búsqueda de apoyos públicos para comenzar los contactos formales. Al tratarse de una Ley Orgánica, para salir adelante necesitaría la mayoría absoluta de la cámara.

Unifica el marco jurídico y lo amplía

La propuesta de Ley, que debe ser Orgánica porque el derecho a participar directamente en los asuntos públicos está recogido en la Constitución, unifica el marco jurídico relacionado con la materia −las leyes que desarrollan la Iniciativa Legislativa Popular y los modos de referéndum, ambas de los años 80− pero, además, amplía este marco con una actualización “que comprenda los avances sociales, culturales, políticos y tecnológicos de las últimas décadas”.

Par Francisco Jurado, el siguiente paso es que “el debate sobre la participación política y su necesidad” se extienda por todo el territorio: “Que cualquier persona, sepa más o sepa menos, nos traslade su objetivo, sus fines o lo que esperan que debería ser una participación ciudadana en las administraciones públicas a la altura de los tiempos que corren”.

El investigador César Cruz, miembro del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha señalado que esta legislación daría una “cobertura legal mínima” para controlar a los poderes públicos. “Controlar el poder es uno de los grandes objetivos de la participación. Entendemos que de alguna forma una Ley Orgánica lo garantizaría, porque a veces las administraciones intentan desarrollar procesos de participación pero no tienen cobertura legal para ello”, ha incidido. Para el investigador, la propuesta tendría un “impacto importante” sobre la manera “en la que las instituciones se relacionan con la ciudadanía”.

Las novedades que incluye la propuesta

El texto bebe, en parte, de algunas legislaciones autonómicas y municipales que han desarrollado propuestas de este tipo, como la Ley de Participación de Andalucía o iniciativas que ya se dan en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, abrir las posibilidades de las comunidades autónomas y los municipios es uno de los ejes de la propuesta. “Se da una paradoja en España. Muchas comunidades y ayuntamientos tienen leyes autonómicas u ordenanzas de participación, pero se encuentran con que no hay una cobertura jurídica estatal que les permita innovar en regeneración. Ese vacío hace o funciona como un límite”, ha argumentado Jurado.

El borrador también prevé una agilización de las Iniciativas Legislativas Populares. Se facilitaría la recogida de firmas (500.000) con un portal de sistema público de participación digital que permita hacerlo de forma telemática y se amplían las materias sobre las que se pueden proponer modificaciones.

Además, crearía nuevos mecanismos de participación directa: por ejemplo, los procesos de deliberación participativa (intercambio de propuestas de manera pública, vinculados “al proceso de diseño, elaboración y aprobación de una política pública”, según recoge el borrador), medidas para la reducción de las brechas sociales que dificulten la participación o el impulso de un Observatorio Ciudadano. Los objetivos de este último órgano serían, entre otros, realizar un seguimiento de las políticas públicas y proponer alternativas o fiscalizar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado a la exministra María Antonia Trujillo consejera de Educación en la Embajada de Marruecos. Esta profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura fue titular del Ministerio Vivienda en la primera legislatura del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su mandato, realizó varias propuestas polémicas, entre ellas, la inclusión de minipisos de 30 metros en un plan estatal de vivienda, que justificó alegando que “la dignidad no se mide por metros cuadrados”.

Este cargo de libre designación depende del Ministerio de Educación y cuenta con pasaporte diplomático. Según el Real Decreto que regula estos puestos, el nombramiento se realiza previa convocatoria pública entre funcionarios del grupo de titulación A (estudios superiores). Por lo que de acuerdo a esta normativa a este puesto podían optar más candidatos.

Las consejerías de las embajadas son órganos técnicos de las misiones diplomáticas de España. Las funciones de los departamentos de enseñanza en el exterior consisten en facilitar a los españoles el acceso a exámenes, pruebas y convalidaciones; asesorar y asistir en materia educativa a la jefatura y demás órganos de la misión diplomática; gestionar programas de cooperación educativa con Marruecos y organizar actividades de formación del profesorado.

“Se ha valorado su amplia experiencia de gestión”

El nombramiento de Trujillo se produjo el pasado 1 de octubre, según informan fuentes del departamento de Isabel Celaá, que justifican esta decisión alegando que “se ha valorado la amplia experiencia de gestión” de esta profesora universitaria como ministra de Vivienda y consejera de Fomento y de Presidencia de la Junta de Extremadura. Antes de marcharse a Rabat, Trujillo mantenía su plaza como titular en la Universidad de Extremadura. En septiembre el Consejo de Gobierno de este campus aprobó la concesión de una comisión de servicios durante este curso en el departamento de Derecho Público para que pudiese trasladarse a la embajada.

Tras abandonar el Gobierno de Zapatero, Trujillo continuó acaparando titulares por su participación en tertulias de programas de televisión y por sus aportaciones en Twitter. En 2012 se desmarcó de la postura que tenía el partido en materia de vivienda al asegurar en relación a los desahucios que “quien tenga deudas que las pague. Que no se hubiera endeudado”. La actual eurodiputada Elena Valenciano y, vicesecretaria general del PSOE en aquella época, cargó contra ella preguntándole dónde había dejado su “alma socialista”.

Un miembro del Gobierno que ha decidido otorgarle ahora un puesto en una misión diplomática también recriminó el posicionamiento que mantuvo Trujillo en octubre del año pasado –mes en el que se produjo el referéndum del 1-O– lamentando que en un restaurante le sirviesen “12 botellas de #AguaFontvella”. “Ya no volveré a ir...”, añadió. José Luis Ábalos, titular actual del Ministerio de Fomento, le planteó que “así no se impide el secesionismo, sino todo lo contrario”.

También utilizó su cuenta personal en esta red social para posicionarse en el conflicto abierto entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que terminó con la dimisión del actual Secretario General en el Comité Federal socialista. “Anda que si yo estuviera en la Ejecutiva me iba a mandar la gusanita o los barones”, apuntó sobre esta disputa en septiembre del 2016.

Educación no revela su sueldo

Con este nombramiento, Trujillo vuelve a la administración estatal. El Ministerio de Educación no ha facilitado a esta redacción el sueldo que recibe la exministra o los salarios que están estipulados para los funcionarios que ocupan ese cargo. “No estamos autorizadas a dar ese tipo de información”, han apuntado ante una consulta sobre esta retribución pública.

Para optar este puesto hay que ser funcionarios del grupo A (estudios superiores), estar en servicio activo, tener una antigüedad de tres años en puestos docentes y acreditar el conocimiento suficiente de los idiomas necesarios para el desempeño del puesto. Fuentes del departamento educativo aseguran que esta profesora titular de la Universidad de Extremadura cumple estos requisitos, estipulados por el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior.

eldiario.es ha intentando contactar con la exministra, sin haber recibido respuesta por el momento.

“¡Qué país! Soy la única de aquí que en 38 años no he ido a la pelu... porque no me han dejado ir”, resoplaba hace un par de años una Consti exhausta y despeinada en una viñeta de Forges. No tenía nada que ver con La Constitución oronda que dibujó Antonio Fraguas (Madrid, 1942-2018) hace 40 años tras la promulgación de la Carta Magna de 1978. Por aquel entonces, su Consti mecía en una cuna a una España con chupete que salía de la dictadura y acababa de votar en referéndum el proyecto constitucional.

Las crisis políticas e institucionales del último año han dejado claro que el texto que alcanzó un consenso hace cuatro décadas necesita, como mínimo, unos retoques. En pleno debate sobre si la remodelación debe ser total, Espasa reedita La Constitución según Forges con un prólogo que explica la mirada socarrona que tenía el dibujante ya en su día sobre la “árida abstracción del texto legal”.

El historiador José Álvarez Junco firma la introducción a los 169 artículos traducidos por la pluma de Forges para el español antiguo, convencional, mediano, de edad y de clase social, inevitablemente contagiado por sus rutinas diarias, su aburrimiento vital, su escepticismo político y su penuria económica. No quería ridiculizarlo ni instruirlo, solo hacer humor y reflexión sobre la naturaleza humana como había hecho siempre. Al fin y al cabo, “¿a qué les podía sonar el nuevo lenguaje constitucional a aquellos personajes?”.

Consciente de que las cosas cambian, Fraguas reinventó aquellas viñetas hasta sus últimos días, como bien demuestra la historieta del comienzo del texto. Y, ¿cómo han envejecido las tiras que representan algunos de los artículos más polémicos según el filtro político actual? Entre los que se incumplen y los que han quedado desfasados, quizá La Constitución arroje un poco de luz como hizo con aquellos “marianos” que aún hoy no la entienden del todo.

1. Banderas

Forges imaginó las banderas de las comunidades como las hojas que completan las ramas desnudas de la española. Sin embargo, en el último año dos banderas se han enarbolado con un uso partidista y que profundiza en la idea de la España que agita la rojigualda frente a la senyera y el uso del castellano frente al catalán. Es un símbolo tan poderoso que ni siquiera puede usarse en clave de humor, como le ha advertido la Justicia a Dani Mateo.

2. Partidos políticos

La mujer de la historieta insta a su marido a que funde un partido llamado Unión de pies Apestocráticos. Quizá en 1978 pudiese sonar remoto, pero hoy en día hay más de 60 partidos políticos registrados y, aunque alguno base su programa en las consignas racistas y machistas de la extrema derecha, ha quedado demostrado que también es capaz de rascar su porción de electorado en pleno siglo XXI. 

2. Derecho a la integridad física

En el último informe de Amnistía Internacional, la organización se pronunció sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía en las protestas del 1 de octubre. Eso fue un día. Pero basta un breve paseo por los CIE para inferir que ese “todos” del artículo no se refiere a los migrantes sin papeles que son privados de su libertad. Y en su caso el “trato inhumano” es cotidiano. Para los personajes de Forges, en cambio no había mayor tortura que la de “contarme lo bien que guisaba tu madre las gallinejas menier”. 

4. Libertad religiosa

“¿Cómo una multa por escándalo público? Es que no ha oído hablar de mi religión, la fraternidad de los bombos místicos?”. El día que detuvieron al actor Willy Toledo por un supuesto delito de ofensas religiosas se debatió si la libertad de expresión debería acabar en los calabozos. Porque, como vaticinaba Forges hace 40 años y según los expertos hoy en día, hay “libertad religiosa pero no igualdad de las religiones ante la ley”. 

5. Derecho a la intimidad

Ojalá nuestra privacidad solo estuviese en peligro cuando Maruja descuelga el fijo desde otra habitación. En 2013, Snowden desveló que Estados Unidos espió sesenta millones de llamadas en España. Después llegó el escándalo de Cambridge Analytica y los centenares de redes sociales y empresas que trapichean con nuestros datos. El último y más sorprendente caso fue el de la app de la Liga de Fútbol, que espiaba a través del micrófono del móvil a sus aficionados en los bares. 

6. Libertad de expresión  

Los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales -desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hasta un grupo de relatores de la ONU- dicen que estos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la “ley mordaza” o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

7. Sistema tributario

Uno de los mayores lastres para el crecimiento del país es la cantidad de dinero que está oculto a los ojos del Estado, porque no tributa. Esta factura asciende en 2018 a más de 26.000 millones de euros a la que contribuyen los paraísos fiscales y la elusión de impuestos por parte de grandes empresas. Esta vez, el toque exótico al que se refería Forges lo pone Suiza, Bahamas o las Islas Caimán.

8. Derecho y deber del trabajo (paritario) 

Aunque no alude a eso la viñeta de Forges, hoy en día la representación de las mujeres en instituciones y puestos de poder y responsabilidad sigue estando lejos del equilibrio. Ellas son más de la mitad de las personas tituladas en nuestro país, pero apenas tienen presencia en los altos cargos y son minoría entre los catedráticos y los profesores de investigación de organismos como el CSIC. Solo el 12,28% de las compañías cumplen la Ley de Igualdad de 2007 por el que deberían tener un 40% de mujeres en sus consejos.

9. Medio ambiente

Cada verano, los traumáticos incendios de nuestro país alertan de una situación que se obvia el resto del año: que 17 millones de personas viven en un ambiente con concentraciones ilegales de tóxicos y 45 millones respiran aire con niveles superiores a lo indicado por la OMS. Es más, en 2017 hubo un aumento generalizado de todos los contaminantes y en todo el territorio, según el análisis de datos oficiales de Ecologistas en Acción.

10. Vivienda digna

Forges satiriza con las hipotecas, pero hoy en día la situación es igual de dramática con los alquileres. La exconcejala socialista Amaya Egaña se suicidó en diciembre de 2012 cuando la comisión judicial que iba a desahuciarla subía por las escaleras de su casa en Bilbao. Su muerte, en plena crisis económica, conmocionó a la ciudad y fue contestada con una gran movilización. Seis años después, una mujer de 65 años se ha tirado por la ventana su vivienda en Madrid el día de su desahucio. Vivía de alquiler. Una tragedia más que certifica la desprotección de las personas que no pueden pagar la renta. 

11. La monarquía

“Esto sí que no lo entiendo, oye”, dicen los críos de las tiras. Y parece ser que Pedro Sánchez tampoco, pues el presidente del Gobierno sugiere ahora que se puede suprimir la inviolabilidad del Rey recogida en el artículo 56.3 de la Carta Magna, uno de los más discutidos de la ley fundamental.

12. Los referéndum

El Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley de Referéndum, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre de 2017. La norma que permitió la celebración de la consulta del 1-O estaba ya suspendida de facto, tras el recurso aprobado por el Gobierno. El anterior Gobierno arguyó que este referéndum incumplía los artículos 1, 2, 9.1, 23, 81, 92.3, 149.1 y 168 de la Carta Magna.

13. El polémico 155

Forges imaginó la aplicación de este artículo en el caso de la comunidad ficticia de Albasblancas. Sin embargo, el 27 de octubre de 2017, el Senado aprobó la aplicación del 155 para frenar el procés en Catalunya, una solución extrema e inédita en España. La medida supuso el cese del presidente de la Generalitat y del resto de consellers, la restricción de los poderes del Parlament, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma -como los Mossos d'Esquadra- y la convocatoria de elecciones para dos meses después.

Todos los partidos madrileños quieren colgarse la medalla ser los impulsores de una reforma del Estatuto de Autonomía. Coinciden en que hay que eliminar los aforamientos y limitar los mandatos pero, cada uno a su manera, quiere liderar ese cambio. El resultado de los intereses partidistas cruzados es que la Asamblea de Madrid va a empezar ahora, cuando solo quedan cuatro meses para que se disuelva la Cámara por la convocatoria electoral de mayo, a trabajar en una ponencia para redactar una reforma estatutaria que llegará con muchas dificultades a completarse antes del final de la legislatura.

La misma ponencia podía haberse creado hace dos años y medio pero el PP, cuanto todavía estaba al frente Cristina Cifuentes, bloqueó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Gobierno para reformar el Estatuto de Autonomía porque sabía que no contaba con los apoyos suficientes (dos tercios de la cámara) para sacarlo adelante.

El tiempo corrió sin que ningún otro partido activase la maquinaria. Podemos y PSOE habían presentado dos enmiendas a la totalidad y podían hacerlo, pero no les interesaba porque conocían de antemano que el bloque PP-Ciudadanos tumbaría sus propuestas para incluir en la reforma medidas sociales. Y activar las enmiendas suponía de facto hacer avanzar la tramitación del proyecto del Gobierno.

El pasado marzo, el Gobierno de Cifuentes desatascó la situación, justo antes de la crisis del máster que se llevó a la presidenta por delante. Los cambios sobrevenidos y el shock volvieron a retrasas los tiempos hasta que, después del verano, el PP retomó la tramitación. No lo hacía sin garantías: sabía que el grupo parlamentario de Podemos iba a renunciar a su primera propuesta, compartida con el PSOE, de hacer una reforma profunda del Estatuto para blindar los derechos sociales en la norma fundamental de la región.

La portavoz del grupo, Clara Serra, se lo transmitía oficialmente a todos los grupos en una carta enviada este martes, en la que justificaba que ir a un pacto de mínimos era la única manera de “avanzar de forma eficaz y no meramente propagandística”. En la misiva, Serra justifica que hay “dos puntos” de consenso, la limitación a dos de los mandatos en la presidencia y los aforamientos de los cargos públicos madrileños, y llama al resto a elaborar in extremis una reforma del estatuto que solo recoja esos dos cambios “u otros más si encontramos con facilidad ese mismo acuerdo unánime”.

Ciudadanos, pese a que propuso la limitación de mandatos en el Pleno de la Asamblea a través de una proposición de ley propia en febrero, no va a apoyar la iniciativa de Podemos de reducir, en principio, a dos puntos la reforma. Su portavoz, Ignacio Aguado, ha acusado a Podemos de “buscar un titular” y recuerda a la formación morada que “bloqueó”, junto a PP y PSOE, su propuesta unos meses atrás. “Entendemos que no se puede tomar el pelo a los madrileños”, zanjaba Aguado esta semana.

El respaldo de al menos tres partidos

El PP no ha sido tan tajante. Saben que cerrar la legislatura sin haber aprobado ninguna ley de regeneración democrática, un compromiso adquirido con Ciudadanos y, además, una de las banderas de legislatura de Cifuentes antes de que tuviese que dimitir ella misma por el escándalo de su máster, sería un fracaso político. “Aceptamos lo que propone Podemos como punto de partida. Pero aspiramos a convencer en cuatro puntos”, avanzó el martes el diputado del PP, Alfonso Serrano.

Los cuatro puntos son los incluidos en el proyecto de ley del Gobierno regional: limitación de mandatos a ocho años sean o no consecutivos, supresión de aforamientos, reducción del número de diputados a entre 80 y 100 y creación de nuevas circunscripciones electorales. “No se va a resolver de hoy para mañana, pero hay que abordar cuestiones más allá de las dos que plantea Podemos. Lo que no creemos que sea serio es que un proyecto del gobierno se convierta en un parche”, zanjó Serrano. Los conservadores piensan que, de llegar a un acuerdo de mínimos, obligarían a Ciudadanos a “retratarse” después de que este partido lo intentase abanderar por su cuenta con una proposición de ley la limitación de mandatos incluida en el proyecto del Gobierno.

Los socialistas ya han manifestado, por su parte, que no van a moverse su postura y que no aceptarán esos mínimos si no se incluye en la reforma el blindaje de los derechos sociales. “Estamos dispuestos a abordar reformas en el estatuto sin exclusiones pero deben ser más amplias. No vamos a renunciar a los derechos sociales”, asegura Agustín Vinagre, portavoz del PSOE en la ponencia.

Las negociaciones aún no han empezado, más allá de una primera sesión de la ponencia de toma de contacto. Ni siquiera hay calendario y el reloj avanza rápido. Aunque las elecciones son en mayo, la Asamblea de Madrid se disolverá dos meses antes, lo que deja poco más de cuatro meses para abordar una reforma que estuvo sobre la mesa desde 2016 y que los intereses partidistas, de unos y otros, pueden dejar morir. El margen para actuar es mínimo y al menos tres partidos deben ponerse de acuerdo para sumar la mayoría reforzada de dos tercios necesaria para llevar la reforma al Congreso de los Diputados, que debe convalidarla.

El 37% de los españoles cree que abolir la monarquía sería lo mejor para el país, de acuerdo con la última encuesta publicada por Ipsos Global Advisor. El estudio, llevado a cabo en 28 países de todo el mundo y en el que se ha entrevistado a más de 20.000 personas a nivel mundial, sitúa a la monarquía española como la que menos apoyo recibe por parte de sus ciudadanos dentro de Europa.

Esto se traduce en que casi 2 de cada 5 españoles cree que abolir el régimen monárquico sería positivo para mejorar el futuro de nuestro país, frente a un 24% de la población que opina que clausurar la Casa Real tendría un efecto negativo. 

La situación contrasta de manera radical con la situación de otras monarquías europeas, como la británica, ya que tan sólo un 15% de los habitantes de Reino Unido cree que el fin del reinado de Isabel II sería positivo. A nivel mundial, la Familia Imperial japonesa es la que mejor parada sale, ya que cuenta con un 96% de apoyo por parte de sus ciudadanos. 

Vicente Castellanos, director de Public Affairs de IPSOS España señala que “el apoyo a la monarquía en España es mayoritario, pero el porcentaje de quienes la perciben prescindible es igualmente importante”. Por otro lado, apunta que los datos de la encuesta “marcan una fractura generacional, donde las generaciones más jóvenes reclaman su derecho a decidir independientemente de su ideología política”.

Castellanos hace referencia en sus declaraciones a los datos arrojados por el último Omnibus, un estudio independiente realizado por IPSOS España el pasado mes de abril, donde más de la mitad de los encuestados, un 52%, está a favor de celebrar un referéndum sobre la posibilidad de instaurar una república en vez de una monarquía. Dentro de este sector, los jóvenes son los más partidarios de que se lleve a cabo una consulta. En concreto, un 63% de los españoles de entre 25 y 34 años quiere votar para decidir de manera democrática si mantener al rey Felipe VI en su puesto o no. 

Esta fractura se hace aún más evidente a la hora de analizar la intención de voto de los más de 1.000 participantes en esta encuesta, ya que los votantes de izquierdas se muestran mucho más proclives a llevar a cabo un referéndum que los de derechas. Si bien un 86% de los votantes de Podemos apoya la incitativa de una consulta popular, en el caso de los votantes del Partido Popular los datos van a la inversa, ya que tan sólo un 25% de ellos se muestra a favor del referéndum. Sin embargo, para Castellanos la opinión sobre la monarquía “se muestra más como una cuestión generacional que de ideología política, aunque esta potencia o mitiga según los casos las opiniones extremas”. 

Hoy es el máster de Cristina Cifuentes: dos años después de matricularse aparecen dos misteriosos notables en asignaturas en las que aparecía como No presentada en 2012, entre ellas el trabajo final que supone casi la mitad de créditos.

Pero hay más escándalos en la URJC: por ejemplo, la contratación de su hermana, Margarita Cifuentes, de manera irregular: es profesora visitante en la universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC.

Últimamente, la universidad ha afrontado la crisis por los plagios cometido por el exrector Fernando Suárez y la polémica porque la universidad se negaba a retirar el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato pese a estar imputado por las tarjetas black. Antes, el mismo rector daba clases en un campus no autorizado, contrataba profesores a dedo retorciendo el sistema (saltándoselo incluso) o esquivaba las sentencias del Tribunal Supremo para readjudicar, a las mismas personas, unas plazas que la justicia había tumbado.

La URJC fue creada en 1996, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid y Gustavo Villapalos su consejero de Educación. Se convirtió en ese momento en la sexta universidad pública de la región. Maneja un presupuesto de 122.216.259 euros, según sus propias cuentas, para atender a casi 40.000 alumnos, 605 miembros del PAS (personal de administración y servicios) y 1.434 PDI (personal docente e investigador) repartidos por cuatro campus oficiales y uno no autorizado en el que daba clase el propio rector Suárez.

La universidad se ha convertido en una especie de coto cerrado en el que si desentonas, quedas señalado, relatan de forma anónima varios de sus empleados, que prefieren no dar la cara porque temen por sus puestos de trabajo. 

Vinculación al PP  

Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como “la universidad del PP”, igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido).

En el caso de la URJC, la universidad ha sido noticia por contratar empleados que tienen relación familiar con personas del PP. Entre ellos se encuentran nombres como Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados). 

Contrataciones ilegales e irregulares

La política de contratación de la URJC también ha dado que hablar en los últimos tiempos por varias causas. Algunas directamente por ser ilegales.

Por ejemplo, la universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas: la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%.

¿Qué hizo el centro? Ignorar las sentencias hasta que no pudo más (tuvo a un vicerrector ejerciendo pese a que legalmente ni era profesor de la URJC) para luego volver a convocar las mismas plazas (en un teórico concurso público) que están ganando, una a una, las mismas personas a las que les fueron anuladas.

En 2016 la URJC también admitió en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están perfectamente estipuladas por tablas según las categorías.

El caso sacó a la luz una política de contratación de profesores visitantes cuanto menos muy particular. Esta figura, el profesor visitante, permite a las universidades contratar profesionales de prestigio para realizar estancias de manera puntual. Está totalmente regulada por ley en cuanto a las características que deben reunir los profesores en cuestión (prestigio, venir de otro centro, etc.) y no pueden estar más de dos años en el centro.

Su presencia en las universidades suele ser anecdótica, apenas un 1% de los profesores. En la URJC uno de cada cinco docentes (20%) ha sido contratado bajo esta figura, que permite saltarse los concursos y contratar a dedo.

A dedo también se han adjudicado varias plazas tanto de PAS como de PDI según han denunciado en varias ocasiones profesores del centro. Convocatorias en las que no se especifican los requisitos necesarios para presentarse o que solo se hacen públicas en la intranet del centro –cuando deben ser abiertas a todos los ciudadanos del país que puedan presentarse– son habituales en la URJC, según algunos empleados.

El 'horroris' causa Rato

La universidad también estuvo en el disparadero por negarse, durante meses, a retirar el doctorado honoris causa que había concedido a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico. Cuando Rato fue detenido acusado de una retahíla de cargos por el escándalo de las tarjetas black, la universidad alegó que no podía retirarle la mención. La presión de estudiantes y algún profesor llevó a la URJC a ceder y anunciar que “estudiaría” el tema. Ocho meses de estudio después, decidió retirar la mención honorífica.

Generalmente las referencias a las deficiencias de nuestro sistema democrático se centran en la parte superior de la pirámide, en las instituciones y los gobernantes. La corrupción, los defectos en el diseño de los poderes del Estado, la falta de independencia de algunos de sus más señeros órganos o las desviaciones de nuestro sistema electoral, son cuestiones que protagonizan la tan manida desafección ciudadana y las críticas al modelo político que rige España. Aunque los elementos anteriores no solo no carecen de importancia, sino que son determinantes en la permanente crisis en que estamos instalados, deberíamos también analizar si las precondiciones básicas de la democracia están presentes entre la misma población que le sirve de soporte.

La expresión de la voluntad popular y el juego alternante de las mayorías, en el respeto del Estado constitucional de Derecho, son elementos esenciales de cualquier sistema que quiera predicarse democrático, pero detrás de dicha voluntad popular ha de materializarse su formación reflexiva, dialógica y fundada. La democracia no consiste en el mero voto o en la emisión continua de opiniones, puesto que tanto uno como otro deben también haberse decidido en un contexto donde exista la posibilidad de un debate público sosegado; un debate que, por otro lado, se dé entre ciudadanos informados y con conocimiento del entorno institucional, social y político en el que sus decisiones se van a desenvolver. Pues bien, en esta última precondición encontramos la primera decepción.

En España los estudiantes, los futuros ciudadanos que participarán en la vida política del país, viven en la completa inopia jurídica. Y hay que decirlo sin cortapisas: salimos de la escuela, de nuestra formación reglada, sin tener ni idea del sistema institucional que nos gobierna ni de los derechos fundamentales que pueden protegernos. Unos completos ignorantes, y no por voluntad propia, sino por la falta abrumadora de contenidos que existe en la materia. Cuántos diputados forman el Congreso, cómo se eligen, cuáles son los derechos fundamentales más relevantes y su alcance, qué es el Tribunal Constitucional o la diferencia entre un delito y una infracción administrativa, son algunas de las cuestiones esenciales que, para cualquier ciudadano, deberían ser conocidas desde el inicio mismo de su llegada a la participación política. No hablemos ya, claro está, de principios básicos del Derecho Penal, tan en boga estos días de venganzas tumultuarias.

La calidad de las democracias se mide, en buena medida, a través de la calidad misma de la información que sus ciudadanos poseen, y no hay información más relevante que la primaria que sirve de base para la formación, examen y criba del cambiante mundo de las noticias, los bulos, las tertulias y las idioteces varias que se propagan por las redes. Hoy un ingeniero con varias titulaciones, conocimientos avanzados de chino mandarín y suahili, puede llegar a desconocer qué es el habeas corpus, cómo se elige al Presidente del Gobierno o en qué consisten las líneas elementales del procedimiento administrativo sancionador, a pesar de que un día (Dios no lo quiera) puede ser detenido o sancionado o puede, simplemente, ejercer su derecho de voto.

Pero no sólo en el debate democrático que ha de preceder a la formación de la voluntad popular esos conocimientos previos brillan por su ausencia, puesto que, aun adquiridos éstos, el debate mismo presenta unas altas probabilidades de viciarse, desvirtuarse y, finalmente, perecer. El clima de intolerancia que desprenden los viejos y nuevos dogmatismos imperantes se une a la falta de empatía que, internet mediante, preside las conversaciones y las discusiones públicas, donde se confunde constantemente las posiciones contrarias con la defensa del adversario, o donde la pasión y la falta de reflexión parecen dominarlo todo, impelidas como están por la necesidad de dar respuesta inmediata a los hechos que saltan en nuestros tablones o telediarios. El debate democrático, para producirse de forma óptima, ha de ser sosegado, informado y reflexivo, no inmediato y puramente volitivo. Y ello ha de predicarse también del debate mediático, donde la abrumadora presencia de periodistas sin especialización convierte a las tertulias en sainetes dignos de escarnio. ¿Cómo puede ser que el mismo tertuliano hable en una hora de garantías penales, de las cuotas de pesca en Galicia o de la guerra en Siria? Ni el Fausto de Goethe, oigan.

En tercer lugar, y aun cuando se diera la coincidencia fabulosa de un grupo de ciudadanos bien informados, conocedores del sistema político y el Derecho que les rodea, reflexivos y respetuosos unos con otros, seguiríamos teniendo un último problema: la falta de adscripción, siquiera simbólica, con la colectividad. En el individualismo imperante, en las esferas de autocomplacencia en que nos instalamos, el sentido de pertenencia a un todo con el que compartimos intereses, objetivos y hasta cierta historia común, se desvanece por completo. Por ejemplo, sería interesante llevar a cabo un estudio, por somero que fuese, para aclarar el grado de conocimiento que los distintos nacionalistas tienen de la historia y la cultura de sus respectivas y pretendidas naciones…porque a lo mejor, nos llevaríamos una sorpresa. Fuera de este ámbito, ya de por sí áspero desde el prisma democrático, el desconocimiento del funcionamiento básico de nuestras instituciones y normas se ha de enmarcar en un contexto, generalizado, de falta de adscripción con las mismas y su sustrato histórico, social y cultural.

Urge, por tanto, que las fuerzas progresistas de este país abanderen con firmeza la necesidad de que la formación básica de los futuros ciudadanos acoja contenidos curriculares sobre nuestro sistema político. Y repito: contenidos… no competencias transversales, emocionales o psicoafectivas que, aupadas por la nueva pedagogía, no sabemos siquiera en qué consisten. Asimismo, se hace necesario que entre todos, con un poco de esfuerzo, recuperemos las esferas de debate público desde el respeto, la argumentación fundada y el reconocimiento de las categorías básicas que han de presidir el intercambio de opiniones. Las redes sociales, tan vilipendiadas, pueden ser utilizadas con objetivos formativos y de enriquecimiento del debate público, no como meros escaparates del meme, o la memez, del día. Y, por último, es de perentoria exigencia democrática mejorar de una vez el sistema educativo, volverlo a adecuar a los principios de esfuerzo y mérito y alejarlo, por completo, de la inmediatez que preside nuestro día a día. Sólo los conocimientos, el tratamiento amable de la cultura compartida y expresada en el valor de la palabra, y la serenidad del estudio reflexivo, pueden hacer que, desde un humanismo renovado, recuperemos el sentido de lo colectivo.

Sin estos factores la democracia no puede, simplemente, sostenerse. Porque si nominalmente lo “consigue” no será por la existencia de una ciudadanía democrática y consciente de serlo, sino por un puro automatismo institucional que puede ser barrido con la próxima noticia de un suceso trágico.

El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, el organismo independiente que vela por el acceso abierto a la información pública y la rendición de cuentas de las instituciones, exige más presupuesto y medios para poder llevar a cabo sus funciones y cumplir la ley que aprobó el Congreso en 2013.

En la actualidad cuenta con 18 personas, incluida su presidenta [Esther Arizmendi, fallecida el pasado noviembre], pese a que según esa norma -en vigor desde diciembre de 2015- tienen entre sus cometidos evaluar la transparencia de más de 17.800 entidades de derecho público y otras 80.000 de derecho privado que tienen relación con las administraciones públicas. El órgano responsable de medir el acceso a la información que dan las instituciones hace un llamamiento en su último informe correspondiente al año 2016, que se publicó el pasado 20 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, para poder dotarse de más medios. Aunque se concibe como una entidad independiente, el Consejo está adscrito orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Se da la circunstancia de que el Consejo de Transparencia hace esa petición para que se le dote de más fondos a un Gobierno con el que mantiene graves divergencias que han llegado a los tribunales. Este organismo llevó sin éxito al contencioso administrativo en la Audiencia Nacional su petición para que el Ministerio de Hacienda difundiese la lista de la amnistía fiscal y también mantiene un pleito para que el Estado revele los sobrecostes de la obra pública. Ocho ministerios acudieron también a la Justicia para no hacer público el dinero que reparten a los medios de comunicación en las partidas de publicidad.

Su dictamen del año 2016 llama la atención sobre su falta de medios y admite que ha tenido que renunciar a evaluar el cumplimiento de la ley en los entes privados porque no disponer de medios para llevarlo a cabo. Según la norma, deberían estar sujetos a fiscalización los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y todas las entidades privadas que perciban ayudas superiores a 100.000 euros o aquellas en las que las ayudas públicas supongan el 40% de sus ingresos (con una cantidad mínima de 5.000 euros).

Entre los factores que el Consejo de Transparencia alega para excluirlos de su fiscalización, el organismo cita en primer lugar “el elevado número de sujetos comprendidos en la categoría (más de 80.000 sin contar las empresas subvencionadas)”, además de “la falta de un censo oficial que permita identificar con garantías a los sujetos involucrados” y la ausencia de un reglamento que desarrolle la ley y permita aplicarla a los sujetos privados.

En el apartado de los entes públicos son 17.800 los que están sometidos a examen según la ley. “Fácilmente se comprende que el análisis pormenorizado de un universo de esta magnitud es difícilmente abordable para cualquier organización, máxime cuando esta cuenta con medios muy limitados, tanto desde el punto de vista humano como material”, señala el dictamen en el preámbulo en el que explica la metodología, que parte de muestreos realizados sobre las obligaciones y sobre las propias administraciones.

Dicho sistema, que se sirve de las respuestas que las instituciones dieron a los cuestionarios de autoevaluación, concluyó que en 2016 todas las administraciones aprobaban: desde el Tribunal Constitucional, con un 9,83, hasta el Consejo Económico y Social que saca un 5,42. El Consejo General del Poder Judicial saca un 9,7, el Banco de España un 9,43 y la Casa Real un 9,42. El Congreso de los Diputados obtiene un 8,33; el Senado, un 8,62; y la Fiscalía del Estado, un 5,66.

Se trata en todo caso de notas que salen de las evaluaciones que se hacen a sí mismas las diferentes instituciones y que el Consejo, con su actual estructura no puede rebatir. El organismo reclamó sin éxito el pasado noviembre en el Congreso a través de uno de sus vicepresidentes que se le otorguen funciones de inspección en una futura ley Anticorrupción. A lo largo del informe sobre el año 2016 que ahora se hace público, este organismo apela varias veces a su falta de efectivos, como un problema que es urgente resolver.

En el apartado de recursos humanos, escribe: “Desafortunadamente, el aumento de tareas desarrolladas por el Consejo no se ha visto acompañado del correspondiente incremento de medios humanos y materiales, de forma que la plantilla del organismo no ha alcanzado el tamaño óptimo de acuerdo con las funciones asignadas. A 31 de diciembre de 2016, la relación de puestos de trabajo comprendía 20 puestos de trabajo, de los que tres se encontraban vacantes por traslados. A efectos prácticos, el organismo contaba con 17 efectivos -18, sumando a su presidenta - lo que representa un 85% de cobertura en una coyuntura de aumento de funciones”. El Consejo contó con un presupuesto aquel año de 2,9 millones de euros.

El dictamen subraya que la aplicación de las nuevas políticas de transparencia se implementaron en España con los medios existentes “sin que prácticamente en ningún caso se haya producido una dotación extraordinaria de recursos económicos o humanos ni ningún programa específico de inversiones”. El Consejo alude a “las políticas de rigor fiscal para paliar las consecuencias de la crisis”, pero concluye que “tres años después de la aprobación de la ley y en una coyuntura económica más favorable, sería imprescindible abordar la cuestión de los recursos asignados a la política de transparencia y acceso a la información si se quiere facilitar su despliegue e impulsar definitivamente el cambio cultural que supone para nuestro sistema político”.

Un organismo sin coste adicional

Sin embargo, desde su creación el Gobierno se ha negado a que el Consejo de Transparencia supusiese un coste adicional en los presupuestos. En el Real Decreto que lo regula de diciembre de 2014 ya se establece que la creación de este ente “no podrá suponer incremento de dotaciones, retribuciones, u otros gastos de personal ni, por otros conceptos, incremento neto de estructura o de personal al servicio del sector público estatal”. Aquel decreto estipulaba que “el Consejo se dotará exclusivamente mediante la redistribución de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sus organismos y entidades públicas, y su funcionamiento se atenderá con los medios materiales y personales de que dispone actualmente la Administración”.

El informe de este organismo duda de que con su actual estructura pueda hacer frente a todos los retos impuestos por la ley. Y revela, por ejemplo, que tres años más tarde de la entrada en vigor de la ley apenas la conoce la mitad de la población. Un 49% de la sociedad española ignora los derechos que reconoce la norma para acceder a la información pública ni las obligaciones de Gobiernos e instituciones. Lo señala en su propio informe el Consejo de Transparencia que subraya que incluso entre la población más formada, aquellas personas con título universitario, el grado de conocimiento de la ley no pasa del 70%. “Con independencia del esfuerzo de difusión y divulgación que, pese a la limitación de sus recursos, ha realizado el Consejo durante 2016, es imprescindible la puesta en marcha a medio plazo planes y programas específicos de formación, comunicación, sensibilización y divulgación de la cultura de la transparencia y sus principios y valores concretos”, reivindica el Consejo de Transparencia.

El Pleno de la Asamblea de Madrid debatirá el próximo 1 de marzo las enmiendas de totalidad de PSOE y Podemos a la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, que atañe a medidas de regeneración, propuesta por el Gobierno regional, gracias a los votos de socialistas y populares.

Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de mayo de 2016, hace ahora un año y medio, y después se registró en la Asamblea, donde ha dormido en un cajón ya que ningún grupo activaba la maquinaria parlamentaria. El primer paso

Ahora, PSOE y PP, precisamente únicas formaciones que acudieron a la reunión de la presidenta de la Comunidad para abordar un pacto de regeneración en la autonomía (aunque luego los socialistas le dieron la espalda), han decidido desbloquear las medidas y llevar a debate las enmiendas de totalidad presentadas. Los socialistas han tomado la iniciativa de activar su enmienda en primer lugar. Al tratarse de una modificación de ley orgánica necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara regional. Es decir, no basta con que el PP obtenga el respaldo de Ciudadanos.

El portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, ha anunciado también que pedirán que se active el debate, previa designación de los miembros de la Ponencia, sobre el Proyecto de Ley de Regeneración Democrática en la Comisión correspondiente a partir del próximo mes de marzo, con el objetivo de avanzar en medidas como la incompatibilidad del cargo de viceconsejero con el de diputado; listas desbloqueadas; dedicación exclusiva de los diputados de la Asamblea; incompatibilidad del ejercicio del cargo de diputado con alcalde o concejal; o las incompatibilidades de altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.

“Esto demuestra que el partido que tiene verdadero interés en avanzar en estas materias es el Partido Popular, el Gobierno de Cifuentes es un referente en materia de regeneración democrática y transparencia, aplicamos un código ético para temas de corrupción que ningún otro partido tiene, los demás partidos solo hablan, aunque hay que reconocer que el PSOE al menos ha activado su enmienda de totalidad y asistió a la reunión convocada por la presidenta Cifuentes hacer 15 días para abordar estas cuestiones”, ha criticado Ossorio.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha incidido en que “casualmente” tanto PP y PSOE “se han apresurado a comunicar la activación de enmiendas a la totalidad”, algo que ha calificado de “extraño” y “curioso” ya que, a su parecer, parecía que luchaban por ver “quién activaba la enmienda de quién para debatirlo y ponerlo en marcha”.

“Este es un debate que nace muerto, que no va a ver la luz. Apenas a un año de las elecciones deciden impulsar esta reforma. Eso es el PP una nueva cortina de humo más y una tomadura de pelo a los madrileños”, ha lamentado.

No obstante, el portavoz de la formación naranja ha sostenido “que van a trabajar para que salga adelante”, pese a que “todos los madrileños saben que es imposible que se tramite en tiempo”. “El PP hace 24 horas decía que el tripartito estaba bloqueando la regeneración, que cómo era posible que nosotros estuviéramos bloqueando la reforma, y hoy ha decidido dar un paso. Llevamos treinta años viendo como PP y PSOE nos toman el pelo porque esta reforma no va a ver la luz, formará parte del pacto del cajón entre PP y PSOE, porque la legislatura acabará y seguiremos debatiendo todos”, ha agregado Aguado.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que esta es la “única opción” que tienen de reformar el Reglamento, que “no se adecúa los tiempos modernos”. “Confío en lo que queda de legislatura seamos capaces de sacarla adelante. A mí no me gusta la reforma que plantea el PP, pero si tiene unas pequeñas mejoras, bienvenido sea, aunque nosotros queremos algo más profundo, que blinde los servicios sociales y ojalá seamos capaces de convencerles”, ha añadido Ruiz-Huerta.

Así, ha celebrado que “después de 35 años” con el mismo Estatuto de Autonomía, se pretende reformarlo para ponerlo “a la altura de las exigencias, a la altura del siglo XXI”. Aún así, ha reiterado que la propuesta popular “no es suficiente ambiciosa” como para que estén conformes con esta apuesta.

Desde el PSOE, su portavoz en la Cámara regional, Ángel Gabilondo, ha señalado que el texto que plantean en su enmienda son asuntos “muy importantes” como la dependencia, la violencia de género, la educación gratuita y garantizar la vida digna de los ciudadanos o derecho a la información pública.

Gabilondo ha indicado que no hará una profecía sobre esta “ley compleja en su ejecución”, pero ha asegurado que intentará “que vaya bien”, aunque sea “difícil”. Así, ha criticado que Aguado haya sostenido que es “imposible” que vea la luz la normativa, porque “entre todos” tienen que buscar el punto común.

Ossorio ha aseverado que han decidido activar estas enmiendas ahora porque querían “llegar a un pacto con los grupos parlamentarios”, y ya han agotado todas las posibilidades, con la reunión en materia de regeneración democrática de la presidenta. “Seguro que podemos llegar a un acuerdo, pero, para ello, es clave que se acuda a las reuniones”, ha añadido el portavoz popular.

El documento marco sobre el que el Gobierno de Cifuentes quiere empezar a construir un pacto de regeneración con todos los partidos está basado en puntos incluidos en sus proyectos de ley que, además, forman parte del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos. El texto se ha vendido como una suerte de código ético común a todos los partidos, que establezca para todos “las mismas reglas del juego”, según las palabras de la presidenta, y que se exigirá a “todos los cargos institucionales y orgánicos”. 

El documento enumera algunas líneas rojas para los firmantes como evitar asuntos que puedan generar conflicto de intereses, “no aceptar regalos ni favores que superen los usos habituales, sociales o de cortesía” o no influir en la tramitación de procedimientos administrativos o de contratación pública. El texto también impone la “dedicación exclusiva de los diputados de la Asamblea de Madrid” y la imposibilidad de ser a la vez diputado y alcalde o concejal. Esto ya está recogido en proyectos de ley ya aprobados por el Gobierno y enviados para la tramitación en la Asamblea, donde están bloqueados. 

El Gobierno dedica un apartado a listar los supuestos en los que los firmantes tienen que renunciar a su cargo. Y son: “ser investigado formalmente por delitos de corrupción o que por su gravedad causen una especial alarma social”; “ser condenado, aunque no haya alcanzado sentencia firme” o “dar, ofrecer o solicitar de forma directa o indirecta regalos, favores, donaciones, invitaciones o viajes en atención al cargo o responsabilidad que ostente que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficios propios o de terceros”. 

El PSOE evita comprometerse

El PSOE se ha comprometido a “leer y estudiar el documento”, pero evita comprometerse con la iniciativa que pretende liderar la presidenta a 15 meses de las elecciones. El portavoz Ángel Gabilondo ha asegurado en la rueda de prensa conjunta posterior a la reunión que la “confianza está herida” y que la propuesta llega en un “contexto complicado”. 

Gabilondo ha afeado al Gobierno que sea ahora y no antes cuando se toma la iniciativa de reunir a todos. “Habría sido más interesante intentar tener un pacto y luego hacer un plan. He escuchado a la presidenta sobre sus plazos y sus tiempos. Queremos preservar la independencia del poder legislativo. Allí tenemos muchas cosas que hacer”, ha indicado el portavoz. 

El encuentro de este martes, en todo caso, ha terminado sin acuerdos concretos. La presidenta ha entregado a los socialistas, en cuyo nombre ha acudido también el secretario general del PSOE de Madrid José Manuel Franco, el documento marco a partir del que empezar la negociación y ha reiterado la invitación a los ausentes, Podemos y Ciudadanos, para que reconsideren su postura. Por eso, también les ha enviado a ellos el documento, afirma. Sin ellos, ha dicho el PSOE, el pacto no saldrá adelante en ningún caso. 

“Si volvemos a ser convocados, estudiaremos la viabilidad de los caminos que empezamos. Trabajaremos en la asamblea y leeremos este documento [...] No hay un acuerdo entre el Partido Popular y el socialista. No apoyamos la investidura y no hemos aprobado los presupuestos”, ha aclarado Gabilondo. 

Proyectos de ley bloqueados

El punto de partida, han dicho los dos representantes, es “llegar a un acuerdo para que las reglas del juego sean las mismas para todos”. “Representamos al 58% del pueblo madrileño, es una representación muy alta pero no significa que entre nosotros vayamos a acordar nada”, ha incidido la presidenta, que ha anunciado que habrá “próximas reuniones” cuando haya dado el tiempo suficiente a los grupos para analizar su documento marco. 

El documento marco se basa en los proyectos de ley que el Gobierno ya ha remitido a la Asamblea –el de regeneración democrática y otro para reformar el estatuto de autonomía– y que se encuentran bloqueados en la Cámara. Cada partido responsabiliza a todos los demás de esta parálisis y el propio grupo popular duda de que los textos completen la tramitación parlamentaria antes de que acabe la legislatura. 

Este martes, Cifuentes y Gabilondo se han comprometido a “trabajar” para que se produzca este desbloqueo. “Creemos que sería positivo que se desbloquearan esos proyectos de ley. Si se tienen que echar atrás se echen, y si salen adelante, que salgan. Nos hemos dado cuenta de que no se trata solamente un proyecto de ley, es algo más amplio. Ver si somos capaces de buscar unas normas mínimas de actuación”, ha apuntado la presidenta. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, y el portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, también han estado en el encuentro. 

La última iniciativa del Gobierno de Cifuentes para la regeneración democrática empieza mal. Todos los grupos, excepto los socialistas y los populares, han decidido plantar a la presidenta en la primera reunión, convocada para este miércoles en la Puerta del Sol. Ciudadanos esgrime que ya firmaron con el PP un acuerdo de investidura con una decena de puntos sobre este tema, y Podemos pide dos condiciones para sentarse a negociar: que el grupo popular vuelva a la comisión de corrupción y que la presidenta comparezca en el pleno por la polémica de las actas del Canal de Isabel II.

Pese al fracaso de la convocatoria, el Ejecutivo ha decidido mantener la reunión y pide a los grupos ausentes que reconsideren su postura. En la Puerta del Sol no concretan cuáles son las propuestas que se llevarán al encuentro con el PSOE, pero aseguran que están abiertos a “intercambiar ideas ”sin condicionamientos previos“ para que ”todos los partidos tengan el mismo criterio ante determinadas conductas“.

La idea de Cifuentes de liderar un pacto por la regeneración no ha sido bien recibida por la oposición después de que el PP saliera del foro parlamentario para investigar la corrupción en Madrid y haya intentado frenar la citación en ella de la presidenta agarrándose a que es ilegal, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara lo desmienten. Cifuentes, además, anunció la iniciativa dos días después de que eldiario.es desvelara que el Gobierno tenía desde hacía meses el visto bueno de un juez para facilitar a la oposición las actas del Canal de Isabel II, unos documentos que les negaba sistemáticamente con el argumento de que esperaba esa resolución.

El PSOE no encuentra grandes esperanzas en lo que resulte del encuentro pero irá. “No deduzcan de que por el hecho de ir vamos a entrar en el asunto. Vamos a escuchar. Si lo que se nos dice responde a un proceso efectivo para regenerar, no nos quedaremos al margen”, aclara el portavoz socialista Ángel Gabilondo, que asegura que su grupo no va a ser “cómplice de una apariencia de pacto”.

La foto de esa primera reunión estará marcada por las ausencias, incluida la de los socios de investidura. El PP ya ha dado por rota su “relación especial” con Ciudadanos. Los de Aguado dan plantón a la presidenta porque “ese pacto ya está firmado”. “Lo firmamos con ella hace tres años. Y lo que tiene que hacer es cumplirlo. Sólo hay dos puntos de los diez que ha cumplido, por eso más que nuevas reuniones le pido a la presidenta regional que lo cumpla y verá que no hacen falta más anuncios y más titulares”, afirma el portavoz Ignacio Aguado. En este sentido, el PP defiende que es mejor abrirlo a todos para que no sea solo bilateral y que el hecho de que ya haya uno firmado “no excluye” un pacto. Cifuentes incluso llegó a decir que, si se mantenía así, era “papel mojado”.

Por su parte, Podemos considera que el “PP no está en condiciones para liderar un pacto por la regeneración”. El grupo pidió por escrito al Gobierno condiciones para asistir a la reunión, a las que no se ha accedido. El PP continúa fuera de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción y la presidenta no ha comparecido para explicar por qué la Comunidad de Madrid extravió durante meses una providencia judicial que le daba vía libre para entregar a la oposición una documentación del caso Lezo que le estaba negando. “Que esto no sea un titular más, un fuego de artificio de la presidenta Cifuentes a costa del resto de grupos parlamentarios”, ha criticado la portavoz Lorena Ruiz-Huerta.

Proyectos estancados en la Asamblea

El Gobierno partirá de sus proyectos de ley de regeneración para liderar el pacto. Son dos textos que se encuentran bloqueados en la Asamblea de Madrid y que el PP da por hecho que no prosperarán en esta legislatura. Uno para reformar el estatuto de autonomía que permitiría limitar los mandatos y suprimir los aforamientos; otro, de “regeneración democrática” que haría incompatible ser alcalde y diputado.

La primera reforma requiere del apoyo de dos tercios de la cámara y “no salen los números”, según fuentes del grupo popular, que responsabilizan al PSOE de no querer sentarse a hablar. Este proyecto de ley, aprobado en mayo por el Gobierno, está enmendado a la totalidad por los socialistas y por Podemos pero esas enmiendas no se han debatido en pleno porque ningún grupo lo ha propuesto, de manera que la tramitación está estancada. El PP admite no lo hará hasta que no tenga “certeza” de que puede salir adelante por contar con los apoyos suficientes. En este caso no les vale con los 17 diputados de Ciudadanos.