Esther Arizmendi, la defensora de la transparencia por la que nadie apostó

Cuando se aprobó la primera Ley de Transparencia en España, en diciembre de 2013, muy pocos apostaban por el recién creado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva normativa. Hoy, los expertos no dudan de la labor del Consejo durante casi cuatro años a favor del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública, a veces enfrentándose al Gobierno que la nombró. Una metamorfosis que solo puede entenderse gracias a la labor de la presidenta Esther Arizmendi, fallecida este domingo después de una larga enfermedad, según informó el propio organismo en un comunicado.

“Hay que cambiar la mentalidad para crear una cultura de la transparencia en España”, defendía Arizmendi en entrevistas como esta a eldiario.es. Recibida con escepticismo, su gestión al frente del Consejo deja un legado en defensa del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia desde las instituciones. Cuatro años después, se han registrado 2.000 reclamaciones resueltas y, lo que es más importante, 44 recursos del Gobierno en los tribunales en contra de sus resoluciones.

Arizmendi presidía el Consejo desde diciembre de 2014, cuando fue nombrada a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Periodistas y organizaciones en favor de la transparencia se mostraron muy críticos con este aspecto de la ley, que garantizaba al Gobierno la capacidad de elección del presidente del CTBG. Su nombramiento no contó en el Congreso con el apoyo de PSOE y de UPyD.

Fue la propia Arizmendi quien se encargó de disipar las dudas sobre su independencia. Criticó abiertamente la ley de transparencia, exigió más recursos para el Consejo e, incluso, se atrevió a criticar la candidatura de José Manuel Soria al Banco Mundial. “La candidatura de Soria no era ética”, llegó a decir en una entrevista para El Español.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, dedicó toda su vida a la función pública. Técnico superior de la Administración General del Estado desde 1982, ocupó puestos de responsabilidad en distintas instituciones públicas durante su vida profesional. En 2012, fue nombrada directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración electrónica, su último puesto antes de recalar en el CTBG.

“Esther Arizmendi supo sacar un gran partido a un CTBG que en la Ley tenía un papel muy limitado”, explican fuentes de la organización Access Info Europe, dedicada a promover el acceso a la información pública. La ley de transparencia establecía funciones limitadas para el Consejo y no le otorgó el poder de sancionar a las administraciones que no cumplieran sus resoluciones.

Gracias a resoluciones del CTBG presidido por Arizmendi se impulsó la publicación de información pública sobre sobrecostes de obras, agendas de los ministros, publicidad institucional, sociedades regularizadas en la amnistía fiscal o los costes de RTVE. También, los detalles de la tramitación del decreto de autoconsumo, publicado por eldiario.es y Access Info.

“Esther decidió tomarse muy en serio su labor y ponerse del lado de los ciudadanos”, explica un comunicado de la Fundación Civio junto a otras asociaciones en defensa de la transparencia. La organización destaca el convencimiento de Arizmendi en remover “estructuras opacas y crear una nueva manera de ejercer desde lo público”.

“Con la muerte de la presidenta, se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país”, ha señalado en un comunicado el Consejo de Transparencia, que ha destacado que “ante todo, siempre defendió los intereses de los ciudadanos”.