Justicia asimétrica confianza democrática

He seguido con interés la evolución de las causas FGE, BG y DS. Más allá de su contenido concreto, lo que me llama la atención es la forma en que han evolucionado. Algunas ya han sido sentenciadas y otras siguen en instrucción, pero observadas en conjunto parecen plantear una cuestión de fondo: la percepción de diferencias en la velocidad de las investigaciones, en su alcance, en la valoración de los indicios y en la gestión de la duda.

Varias de estas causas nacieron de denuncias impulsadas por organizaciones con una clara orientación política. A medida que avanzaban, las investigaciones incorporaron nuevas hipótesis, nuevos protagonistas y nuevas líneas de actuación que en ocasiones parecían alejarse significativamente de los hechos iniciales.

También resulta difícil ignorar las filtraciones constantes, la repercusión mediática y la conocida “pena de telediario” que acompaña a algunos investigados mucho antes de que exista una resolución firme. En determinados momentos, además, actuaciones procesales de gran impacto público han coincidido con períodos de especial sensibilidad política o electoral.

Sin embargo, lo más preocupante no es quién es investigado, sino cómo se investiga.

Durante años, las grandes causas que afectaron al Partido Popular alimentaron un debate recurrente: si determinadas investigaciones encontraban límites difíciles de superar cuando se aproximaban a ciertos niveles de responsabilidad política.

En algunas causas más recientes relacionadas con figuras de la izquierda política, la percepción parece ser la contraria. No la de investigaciones limitadas, sino la de investigaciones expansivas. No la de procedimientos que se van cerrando sobre unos hechos concretos, sino la de causas que incorporan progresivamente nuevas derivadas, nuevos protagonistas y nuevas hipótesis.

Mientras en unos casos la pregunta parecía ser «¿por qué no se sigue investigando hacia arriba?», en otros parece transformarse en «¿hasta dónde se pretende llegar?».

A ello se añade una aparente asimetría en la valoración de los indicios. En algunos procedimientos, conversaciones de terceros, referencias indirectas o interpretaciones sobre relaciones personales y profesionales sirven para justificar nuevas diligencias y ampliar investigaciones. En otros, grabaciones, audios o declaraciones directas no parecen haber producido efectos equivalentes.

La cuestión no es si unos indicios son válidos y otros no. La cuestión es si el mismo criterio se aplica siempre.

Porque la confianza en la justicia no depende únicamente de las resoluciones finales. Depende también de la percepción de que hechos comparables reciben un tratamiento comparable, con independencia de la identidad política de los afectados.

Existe, además, una percepción de asimetría en la gestión de la duda. Allí donde los hechos admiten varias interpretaciones, unas investigaciones parecen inclinarse hacia hipótesis cada vez más amplias mientras otras optan por soluciones más restrictivas.

Puede discutirse el fundamento de esa percepción. Lo que resulta más difícil discutir es su existencia.

Algún destacado miembro de la Judicatura ha calificado de tragedia la creciente desconfianza de los ciudadanos en la justicia. Y probablemente lo sea.

Pero toda tragedia tiene causas. Y ningún problema puede comprenderse, y mucho menos resolverse, si el análisis se limita exclusivamente a factores externos. Cuando las explicaciones señalan siempre fuera de la institución, el diagnóstico corre el riesgo de quedar incompleto.

Porque la confianza no se recupera atribuyendo todas las responsabilidades a los demás. También exige la disposición a examinar si parte del problema puede encontrarse puertas adentro.

La autocrítica no debilita a las instituciones. Las fortalece. Y quizá la verdadera tragedia no sea solo la pérdida de confianza ciudadana, sino la dificultad para reconocer que sus causas pueden ser más amplias y complejas de lo que algunos están dispuestos a admitir.

Porque la fortaleza de un Estado de Derecho no se mide solo por su capacidad para investigar. También por su capacidad para convencer a los ciudadanos de que investiga a todos con los mismos criterios. Y esa confianza, como cualquier otra, no se exige: se gana.