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PP y Ciudadanos salvan ahora la reforma del estatuto de autonomía de Cifuentes, bloqueada un año y medio

El PP de Cifuentes avanza ahora en la limitación de mandatos que ha bloqueado un año y medio.

Sofía Pérez Mendoza

La propuesta de reforma del estatuto de autonomía del Gobierno de Cristina Cifuentes empieza a avanzar ahora tras un año y medio bloqueada porque ni el propio grupo popular ni tampoco el resto activaban que continuara la tramitación en la Asamblea de Madrid.

Este jueves la Cámara ha debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE (con texto alternativo) y por Podemos (con devolución al Gobierno). Ambas han decaído tras tres votaciones consecutivas con empate técnico dada la ausencia por baja por paternidad del portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado. Esta circunstancia hace perder temporalmente al bloque PP-Ciudadanos la mayoría en la Asamblea. Los socialistas han apoyado la enmienda de Podemos y viceversa; y Ciudadanos ha votado en los dos casos en contra, en la misma línea que el PP. 

El proyecto de ley, registrado por el Gobierno en la Asamblea hace un año y medio, incluye la limitación de mandatos a ocho años sean o no consecutivos (una medida que afectaría no solo a la presidencia sino a la vicepresidencia y a los consejeros y consejeras), la reducción del número de diputados a entre 80 y 100, la eliminación de aforamientos de los diputados y diputadas y la creación de nuevas circunscripciones electorales. Es el resumen que ha hecho el vicepresidente Ángel Garrido en su intervención, en la que ha calificado el texto como “un acuerdo de mínimos en busca de un apoyo mayoritario”. “Partamos de acuerdo mínimo y ya tendremos tiempo del debate en la comisión y del contenido del proyecto de ley”, ha dicho. 

Ciudadanos ha acusado al PP de dar este paso ahora y no antes, a lo que Garrido ha respondido que hay tiempo “suficiente para llevar a cabo la reforma”. “No es momento de dar plazos concretos y materialmente si hay voluntad hay que tener el dictamen de la comisión para remitirlo al Congreso antes del julio de este año”, ha proyectado.

“Llega muy tarde. La realidad es que lo podían haber activado antes. El estatuto de autonomía no va a salir, sigo sin creerles en nada. Queda muy bien en campaña decir que lo vamos a reformar”, ha señalado César Zafra, de Ciudadanos, en un discurso crítico con el Ejecutivo que le ha sido afeado por el grupo popular. No obstante, el voto del grupo finalmente ha ido en consonancia con el del PP. 

El discurso de los populares se ha basado en hacer responsables a los grupos de no fomentar la regeneración por no apoyar su propuestas “de mínimos”. “Habrá grupos interesados en estirar el chicle de la regeneración política. Hay quien quiere llegar a la campaña electoral con el: nosotros lo intentamos”, ha dicho el diputado del grupo popular que ha intervenido en el debate. 

Podemos y PSOE han vertebrado la defensa de sus enmiendas en la pobreza del texto del Gobierno. “Ustedes pretenden una mini reforma a la medida de sus necesidades políticas”, ha recriminado el diputado y secretario general del PSOE de Madrid José Manuel Franco, quien ha defendido la propuesta más amplia de los socialistas. Su texto incluye, igual que el del PP, la limitación de mandatos, la supresión de aforamientos y la reducción de diputados, pero diverge (y en eso coincide toda la oposición) con el cambio de las circunscripciones. 

“Ni su contenido ni la forma es la que merece. Necesitamos un texto ambicioso que venga del debate con la ciudadanía y que los madrileños la puedan votar como en cualquier otra comunidad”, ha apuntado Hugo Martínez Abarca, de Podemos, que ha reconocido el texto del PSOE “es un buen punto de partida”. 

Ahora el texto pasa a la fase de enmiendas parciales y discusión en comisión donde puede modificarse notablemente. Como resultado de ese trabajo, se elaborará un dictamen que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. La reforma, por ser de estas características, necesita para salir adelante de una mayoría cualificada y su tramitación es más larga que la de una ley ordinaria. Un proceso demorado durante un año y medio que se activa ahora que quedan 14 meses para las elecciones.

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