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Las ideas de Vox sobre aborto, homosexualidad y violencia de género: la vuelta de tuerca a lo que ya intentó el PP

La formación de extrema derecha enarbola un discurso sin tapujos contra los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI que siguen la estela de propuestas que los populares han mantenido durante décadas

Pablo Casado ha manifestado su idea de derogar la Ley del Aborto, algo que ya intentó Gallardón en 2014 tras interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que aún está pendiente de resolver

El PP también recurrió las bodas entre parejas del mismo sexo argumentando que "desnaturalizan" el matrimonio y en la hemeroteca se encuentran declaraciones homófobas de sus dirigentes

Aznar pide al PP volver a ser "reconocible" para no ser un partido "desahuciado" ante el auge de Cs

Pablo Casado y José María Aznar.

Una extrema derecha que habla sin tapujos de "yihadismo de género", de derogar la ley de violencia machista, sacar el aborto de la sanidad pública y fomentar "la familia natural". La irrupción de los 12 diputados de Vox en el Parlamento andaluz hace aflorar los mensajes ultra contra el feminismo, los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI que la formación ha defendido en entrevistas y mítines y que cristaliza en su programa con medidas concretas. Un discurso sin complejos propio de la extrema derecha, que siempre ha convivido en el seno del Partido Popular, y que sigue la estela de algunas propuestas que los populares han mantenido, de forma más o menos explícita, durante las últimas décadas.

El pasado 11 de julio, el entonces candidato a presidir el PP, Pablo Casado arremetía en una entrevista contra la "ideología de género" para referirse al feminismo en un claro intento de captar el voto más a la derecha en la pugna por la presidencia del partido. Un término, arraigado desde principios de los 2000 y utilizado con frecuencia por la jerarquía de la Iglesia y los grupos ultracatólicos, que también emplea Vox. Junto a ello, el partido de Santiago Abascal hablan de su intención de derogar la Ley de Violencia de Género para promulgar una de violencia intrafamiliar, suprimir "organismos feministas radicales subvencionados" o sacar el aborto de la sanidad pública y defender "la vida desde la concepción hasta la muerte natural".

Aunque en su cara más pública, el PP ya no pelea de forma manifiesta en algunos de estos ámbitos, sí lo ha hecho claramente en el pasado. De hecho, Santiago Abascal abandonó el partido en 2012 y la formación de extrema derecha pugna por ser el destino de los votantes desencantados y acordes al ala más dura de los populares. Un caldo de cultivo que se plasma en propuestas como las que enarbola actualmente Pablo Casado sobre la Ley del Aborto, que piensa derogar para volver a la de 1985 si gobierna.

Este derecho ha sido siempre un caballo de batalla para los conservadores, hasta el punto de su ministro de Justicia en 2014, Alberto Ruiz Gallardón, se vio obligado a dimitir tras la retirada del proyecto de reforma de la ley que llevaba el PP en su programa electoral. El rechazo social y el empuje feminista logró que finalmente no se presentara la que auguraba ser la ley más restrictiva de la democracia, aunque el PP limitó el derecho a las menores de 16 y 17 años

Este intento procedía de su frontal oposición a la ley de 2010, aprobada un año antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los conservadores no solo votaron en contra, sino que presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, coordinado por el exdiputado Federico Trillo, aún pendiente de resolver. "La nueva ley crea un sistema en el que la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación queda absolutamente desprotegida", decían en su recurso.

Pero no era la primera vez. La norma de interrupción voluntaria del embarazo de 1985, que fue una luz al final del túnel de clandestinidad, condenas y viajes al extranjero de las ciudadanas españolas, contó con el voto en contra del Grupo Popular en la votación celebrada en el Congreso de los Diputados en 1983. Además, Coalición Popular, bajo la que entonces estaba Alianza Popular –origen del PP– la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que obligó al Gobierno de Felipe González a incluir las enmiendas recomendadas. Finalmente, la norma fue publicada en el BOE el 12 de julio de 1985.

Años de recortes a la violencia machista

Aunque Vox va más lejos e incluye en su programa la derogación directa de la Ley de Violencia de Género "y de toda norma que discrimine a un sexo de otro", la violencia machista no ha sido una prioridad para el Gobierno del PP hasta la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, por otro lado, no puso en marcha. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado que presentó en abril incluyó el compromiso económico, pero no de la forma pactada y lo hizo tras años de recortes del importe destinado a la prevención de la violencia de género:de 2010 a 2015, un 26%.

La ley con la que pretende acabar Vox fue avalada por el Tribunal Constitucional tras razonar que las violencias son más graves y socialmente reprochables dependiendo del contexto relacional en el que se den y argumentar que la de género reproduce un patrón de desigualdad entre hombres y mujeres. Aún así, el objetivo de la formación de extrema derecha es impulsar una ley de violencia intrafamiliar, algo que en cierta medida ya intentó el Partido Popular, que en 2002, siendo presidente José María Aznar, se convirtió en el único grupo que votó en contra de la propuesta integral de Ley contra la Violencia de Género que había presentado el PSOE.

En aquel entonces, Aznar abogaba por "medidas concretas" y no "leyes genéricas" y replicaba con su apuesta por una Ley de Violencia Doméstica, es decir, que incluyera todas las formas de violencia que pueden darse en el seno de la familia. Dos años más tarde, los populares, entonces encabezados por Mariano Rajoy, sí apoyaron la ley de Zapatero, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 8 de octubre de 2004. 

Sin embargo, el PP fue el autor de casi la mitad de las enmiendas presentadas, muchas de ellas en la línea de incorporar a la norma la violencia doméstica. Los populares pedían que los juzgados especializados ampliaran sus competencias también a este tipo de maltrato y opinaban que el ligero agravante penal que prevé la ley para la violencia de género, que algunos colectivos feministas tampoco compartían por considerarlo un enfoque punitivo de la violencia machista y que Ciudadanos propuso eliminar en 2015, no estaba justificado. "No hay razón para diferenciar entre las mujeres y las demás personas víctimas de la violencia doméstica y de género", decía el PP en una de sus enmiendas.

Los homosexuales "desnaturalizan" el matrimonio

Los derechos de las personas LGTBI han sido otra de las tradicionales dianas del Partido Popular. Mientras Vox propone la promulgación de una ley "de protección de la familia natural" y siempre se ha mostrado contrario al matrimonio igualitario, el PP ya lo recurrió ante el Tribunal Constitucional en 2005 unos meses después de que fuera aprobado por el Congreso con su voto en contra. La razón, que la norma "desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio", por lo que también se opuso a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo argumentando que "el ámbito natural" de filiación de los menores es "la unión heterosexual".

Esta fue siempre su punta de lanza homófoba en los meses de debate previos a la aprobación de este derecho. Una especie de "que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio" que la extrema derecha de Vox también ha defendido en alguna ocasión. Así, cuando representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Biseuxales (FELGTB) tocaron a la puerta de Aznar a principios de los 2000 con esta pretensión, él les respondió que uniones civiles sí, pero no matrimonios.

En esta línea contra los derechos LGTBI mantenida por el PP de forma evidente durante las últimas décadas y que de vez en cuando se sigue materializando –fue el único partido no invitado al Orgullo de este año por no apoyar la Ley LGTBI que tramita el Congreso–forman parte de la hemeroteca decenas de declaraciones homófobas de dirigentes populares más allá del clásico "si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas" de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Junto a ello,"el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer" de Mariano Rajoy, "la pervivencia de la especie no está garantizada", en palabras del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz o "un gay es una persona tarada", de Lluís Fernando Caldentey, alcalde de Pontons (Barcelona), que anunció que no casaría a parejas del mismo sexo. Aznar defendió también que no debían ser equiparadas al matrimonio, Botella añadió que tener dos padres causa más sufrimiento a los niños y varios alcaldes de pueblos y ciudades manifestaron su homofobia: "Como la unión entre dos hermanas o un perro y una señora","es una ley contra natura" o "hay que tomar bastante bicarbonato para digerirlo".

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