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Casado quiere terminar con la Ley del Aborto que ha conseguido reducir el número de intervenciones

El presidente del PP promete si gobierna volver a la ley del aborto de supuestos de 1985 y derogar la actual, a pesar de que tras su puesta en marcha en 2010 se revirtió el aumento de abortos

La anterior norma suponía "seguridad sanitaria pero no jurídica". Durante 25 años se produjeron denuncias contra las mujeres, que normalmente se acogían al supuesto de riesgo para la salud psíquica y dependían por ello de un tercero

Casado se escuda en el "consenso" del 85, pero en 1983 Coalición Popular votó en contra de que se aprobara e interpuso un recurso ante el Constitucional

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Casado presenta su candidatura como de "integración real" y de la unidad

Pablo Casado lleva desde que comenzó su campaña interna para presidir el PP prometiendo que, de llegar al Gobierno, derogará la actual Ley del Aborto, de plazos, para volver a la que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010, de supuestos. "El aborto no es un derecho", ha insistido. El domingo en El Objetivo repitió esta idea, apelando “al derecho a la vida” y señalando que desde que el aborto se despenalizó en España hace 33 años se han practicado unos dos millones de intervenciones que "han costado unos mil millones de euros". Un dinero que él asegura que destinaría a apoyar la maternidad.

El número de abortos en España llevaba en ascenso desde 1985. La tendencia se revirtió cuando, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la actual ley. En 1987, primer año que consta con registros oficiales en el Ministerio de Sanidad, se practicaron 16.766 abortos en nuestro país. Casi cada año desde entonces, la cifra fue aumentando hasta llegar a su pico en 2011, uno después de la aprobación, cuando hubo 118.611. A partir de ese momento y hasta el último registro, de 2016, se ha ido reduciendo el número hasta los 93.131.

Volver a la ley del 85 supondría regresar a la primera despenalización del aborto en España, que se mantuvo hasta el año 2010. Contemplaba tres supuestos bajo los que era posible interrumpir el embarazo: en cualquier momento de la gestación si suponía "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica" de la mujer; en las 12 primeras semanas si el feto era fruto de una violación; y dentro de las 22 semanas por "graves taras físicas o psíquicas". La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva incluye la despenalización total en las 14 primeras semanas, sin tener que alegar motivos. Se amplía a la semana 22 en casos de "graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto".



Menos estigma, más registros y más migración

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y directora de una clínica de Almería, explica que el repunte anual durante esos 24 años años se debía en parte a que “los registros van mejorando. Cada vez hay más centros, y se normaliza que en todos han de hacerse registros”. También al “proceso migratorio” de finales de los 90 y 2000, y a que “la sexualidad va cambiando, ha habido cambios profundos en la sociedad y se ha adelantado la edad en la que se comienza a tener relaciones”. Guillermo Fernández Antón, presidente de la Federación Estatal de Planificación Familiar, lo achaca a lo mismo y a que "a medida que se consolida el derecho, las mujeres tienen mucho menos temor al estigma. Socialmente tienen el respaldo legal y ético”.

Con la ley del 85, casi todas las mujeres que no querían continuar con su embarazo por diversos motivos personales se acogían al supuesto de la salud psíquica. Francisca García señala que por tanto “la decisión de la mujer estaba en manos de una tercera persona. Un psiquiatra decidía”. Ella recuerda que eso implicaba "seguridad sanitaria pero no jurídica". Tanto profesionales como mujeres que abortaban se exponían a ser denunciados: “Dependían de la ideología de un juez”. Guillermo Fernández incide en el mismo problema de aquella ley: “Cualquier persona podía presentarse ante un juzgado y denunciar a la mujer, y el juez tenía que tramitarlo aunque hubiera abortado dentro de algún supuesto”.

Francisca García cuenta cómo vio a muchos “maridos o exmaridos” que iniciaban un proceso judicial porque querían “hacer daño”, y especialmente se acuerda del caso de una menor “que había denunciado a su pareja por violencia de género. Ella vino a la clínica con sus padres y su pareja la denunció a ella por abortar. Un juez lo admitió, lo investigó y nos hizo revisar 5.000 historias clínicas para Inspección Sanitaria. Tuve que comprobar que se había respetado la indicación del psiquiatra en todas las pacientes. Al final se archivó porque no encontraron nada”.

Aun con los buenos resultados, la actual ley podría haberse desarrollado más para ser aun más efectiva, opina García. Se trata de una Ley de Salud Sexual que incluye el aborto, no una ley específica para regularlo, y por ello “la parte de prevención se desarrolla poco”. Encuentra otras razones por las que se han reducido los abortos este lustro: la mejora en el acceso a la píldora del día después, a anticonceptivos gratuitos y a información. Guillermo Fernández lo contempla como un todo: “Era de suponer que el número de interrupciones iba a disminuir y así fue. Una buena educación sexual, anticoncepción habitual y de urgencia… todo eso, incluido en la ley, reduce la tasa de abortos”.

Otro argumento de Casado es que le parece excesivo el plazo para abortar: las 14 primeras semanas de manera libre y las 22 en casos de grave malformación. Francisca García sin embargo aduce que con esta ley “sobre todo los abortos se hacen en semanas con gestación muy temprana” . Según el Instituto de Política Familiar con datos del Ministerio, en 2015, el 94% del total de abortos se produjo durante las primeras 14 semanas. García también responde a la alternativa de dar recursos para que las mujeres continúen con sus embarazos no deseados: “El que no haya ley no quiere decir que no haya abortos. Las mujeres se encuentran con embarazos no deseados y cuando no existen esas condiciones, abortarán poniendo en riesgo su salud”.

Una norma sin consenso

Casado alude al "consenso" del 85. Pero no era tal. La ley,  presentada por el PSOE y que modificaba el artículo 417 bis del Código Penal , se aprobó por primera vez en el Congreso de los Diputados en 1983. El texto recibió 186 votos favorables y 109 negativos, entre estos últimos los del Grupo Popular. Coalición Popular, la marca bajo la que entonces estaba Alianza Popular –germen a su vez del PP– la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

El recurso fue admitido por no garantizar los derechos del no nacido y el Gobierno de González tuvo que incluir en abril de 1985 las enmiendas recomendadas por el alto tribunal. Éstas consistían en que  se asegurase que no se producirían extralimitaciones en la aplicación, por lo que siempre debía mediar un médico. A la cabeza de ese recurso estaba José María Ruiz-Gallardón, padre de Alberto, ministro de Justicia de Mariano Rajoy que tuvo que dimitir en 2014 tras su intento de lograr algo parecido a lo que ahora propone Casado por las encuestas desfavorables y la presión feminista.

Casado explicaba a la periodista Ana Pastor que con ese consenso se refiere también a que José María Aznar no tocó la ley durante sus dos legislaturas en La Moncloa. Pero en 1995, con él como jefe de la oposición, tampoco existió acuerdo total. El Gobierno de Felipe González presentó en julio de ese año un anteproyecto de ley para añadir un cuarto supuesto: que el embarazo supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer. El Congreso aprobó esa modificación por mayoría absoluta, pero el adelanto de las elecciones del 96 impidió que pasase por el Senado. Luego, PP y CiU bloquearon en la Mesa que se celebrase un debate parlamentario extraordinario.

Aznar defendía, como Casado  y otros dirigentes populares como Andrea Levy, que el aborto “no es un derecho”.  El expresidente declaró en 2009 que mantuvo la norma como estaba porque presentaba igualmente el aborto "como un delito, con alguna excepción". Actualmente, el recurso que interpusieron ante el Tribunal Constitucional 50 diputados del PP en 2010 contra la ley de Zapatero sigue a la espera de resolverse.

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